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EL USO DE LAS CATEGORIAS SOSPECHOSAS EN EL DERECHO ARGENTINO.
Por HERNAN VICTOR GULLCO1-
1. INTRODUCCION
La interpretación de las cláusulas de igualdad que, tradicionalmente, se encuentran incluidas en
las constituciones y declaraciones de derechos en forma prácticamente universal ha planteado,
desde hace mucho tiempo, fuertes discusiones teóricas2.
Los temas más comunes en esta discusión suelen ser los siguientes:
-¿Cuál es la pauta interpretativa que deben utilizar los tribunales cuando deben resolver un caso
en el cual una de las partes sostiene que una disposición legal determinada viola la cláusula de la
igualdad? Esto significa, a su vez, resolver si los tribunales deben adoptar una postura estricta
acerca de las clasificaciones adoptadas por el legislador y, en consecuencia, aceptar únicamente
aquéllas que parezcan cumplir un objetivo estatal verdaderamente importante o, si por el
contrario, corresponde que los jueces adopten un criterio “deferente” acerca de las
clasificaciones adoptadas por el Poder Legislativo?
-Aún aceptando que determinado criterio debe ser aplicado en ciertos casos (p.ej; uno “estricto”
en casos de distinciones basadas en el origen étnico de las personas), ¿corresponde extender
dicho criterio a otros casos en los cuáles la distinción impugnada se funda en criterios
 
1 Abogado Universidad de Buenos Aires (1982). LLM University of Miami (1992).
2 El concepto clásico de igualdad aparece en el art. I de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales respecto de sus derechos. En consecuencia,
las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. Por su parte, el art. 16 de la Constitución
argentina, sancionada en 1853, dispone: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento:
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Finalmente, la Enmienda 14º, aprobada en 1868, de la Constitución estadounidense dice así: “Todas las personas
nacidas y naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y
del Estado en el que residan. Ningún estado sancionará o aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad
económicos? ¿O en este último campo es necesario mantener el criterio “deferente” respecto de
las clasificaciones estatales? Si se adopta esta última solución, ¿cómo es posible justificar un
tratamiento diferente en estas dos áreas?
Gran parte de estas discusiones se han originado en los Estados Unidos y es fácil advertir la
razón de ello: la pobreza del texto constitucional de ese país en el tema de igualdad ha obligado a
los tribunales y a los autores de derecho constitucional ha elaborar un complejo aparato
conceptual para intentar resolver numerosos problemas de igualdad que, por cierto, eran
desconocidos al momento de adoptarse la Enmienda 14º y respecto de los cuáles el escueto texto
de dicha cláusula no da respuesta directa alguna.
Si bien el texto original de 1853 de la Constitución Argentina es tan poco explícito como el
estadounidense3, la reforma constitucional argentina de1994, que incorporó al texto
constitucional las convenciones internacionales de derechos humanos más importantes, cambió
sustancialmente esta situación al establecer criterios mucho más estrictos en materia de
igualdad4.
 
o propiedad, sin el debido proceso de ley; ni negará a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección
equitativa de las leyes”.
3 Conf. “supra” nota 2. Sin embargo, la Constitución argentina, ya en su redacción original de 1853 (que mantiene
en la actualidad), poseía una cláusula igualitaria que no tiene equivalente en la de los Estados Unidos. Así, su art. 20
prevé que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden
ejercer su industria, comercio y profesión: poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas;
ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a
pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación,
pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la
República”. El art. 20 “... tenía como objetivo desarrollar políticas inmigratorias para poblar, estimular el comercio y
la industria, acabar con el desierto y engrandecer, de ese modo, el país...” (Gelli, “Constitución de la Nación
Argentina. Comentada y Concordada” , editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, pág. 188).
4 La reforma constitucional de 1994 incorporó a la Constitución argentina, entre otros, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 1.1. de la Convención Americana
establece: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Por su parte, el Pacto
Internacional contiene una cláusula idéntica en su art. 2º. Finalmente, la Convención de la Mujer dispone en su art.
1º que “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda
La sanción de nuevas constituciones locales en la Argentina, como la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, también ha venido ha plantear cuestiones novedosas respecto del alcance del
principio de igualdad en la República Argentina5.
El objetivo de este trabajo consistirá, entonces, en una breve reseña de la tradicional
jurisprudencia de Estados Unidos y de la Argentina en materia de igualdad. A continuación, se
intentará mostrar cómo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
interpretado la cláusula de la igualdad prevista en la Convención Europea de Derechos Humanos,
que es sustancialmente idéntica a la que exista en la Convención Americana. Seguidamente, se
analizará la jurisprudencia del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que ha aplicado
el citado art. 11 de la Constitución local. Finalmente, se planteará la cuestión de si la citada
jurisprudencia es o no aplicable a jurisdicciones que no poseen una cláusula de igualdad tan
amplia como la de la Ciudad de Buenos Aires.
2. El concepto tradicional de la cláusula de la igualdad.
Es fácil advertir, del examen de la tradicional jurisprudencia estadounidense y argentina sobre el
alcance del principio de igualdad, que aquélla no ponía grandes limitaciones a la acción de las
 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
5 La citada reforma constitucionalde 1994 otorgó, en su art. 129, a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de
gobierno autónomo, análogo al de las provincias. En consecuencia, la Ciudad sancionó, en 1996, una Constitución
que organiza su sistema de gobierno y establece una declaración de derechos y garantías. El principio de igualdad se
encuentra reconocido en el art. 11 de la citada constitución y está redactado en los siguientes términos: “Todas las
personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no
admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social,
económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad
promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el
pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.
autoridades estatales de crear clasificaciones entre las personas para negar a algunas personas lo
que se reconocía a otras.
Un ejemplo paradigmático de esta forma de interpretar el citado principio lo encontramos en el
caso “Wiliamson v. Lee Optical”, 348 U.S. 483 (1955) en el cual se discutió la validez
constitucional de una ley del estado de Oklahoma que prohibía a cualquier persona que no fuera
un optometrista licenciado o un oftalmólogo colocar lentes, duplicarlos o reemplazarlos en un
marco nuevo sin una receta escrita realizada por u oftalmólogo o u optometrista. La
consecuencia práctica de la norma era que impedía que los dueños de casas de óptica pudieran
colocar los lentes viejos en marcos nuevos sin una receta de los profesionales mencionados. Sin
embargo, al mismo tiempo, la ley exceptuaba específicamente de la prohibición a los que
vendían anteojos que no requerían receta (“ready-to-wear glasses”) La Corte Suprema
consideró que esta distinción era válida: “El problema de las clasificaciones legislativas es
permanente; no admite una definición doctrinaria. Los problemas que se producen en un mismo
campo pueden ser de diferente dimensión y proporciones, de forma tal de requerir remedios
diferentes. O eso es que lo pudo haber pensado la legislatura. O puede ocurrir que la reforma
requiera un paso por vez, dedicándose a resolver la fase del problema que parezca más aguda
para la mente del legislador. La legislatura bien puede elegir una fase de un problema y aplicar
allí un remedio, despreocupándose de las demás. La prohibición impuesta [al estado] por la
Cláusula de la Protección Igualitaria no va más allá de la discriminación odiosa. No podemos
decir que se haya llegado a ese punto en este caso. Por lo que muestra el expediente, la rama del
negocio que vende anteojos que no necesitan receta puede ser que sea considerable en el estado
de Oklahoma o puede ser que presente problemas de regulación distintos de la otra rama”.
La Corte Suprema argentina también ha utilizado criterios similares para declarar la validez de
clasificaciones de naturaleza económica. Así, en el caso “Vega” (Fallos: 311:1565), resuelto en
1988, el tribunal declaró constitucionalmente válida una ley dictada por el Congreso de la
Nación que prohibía al actor (dueño de una planta de fraccionamiento de vinos ubicado en la
provincia de Entre Ríos) realizar dicha actividad por estar fuera de la zona de cultivo y
extracción de las uvas. La Corte basó su solución en el hecho de que “... las distinciones
normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es
decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa
objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable. En el caso, la ley 23149 y la
resolución 248 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, no procuran crear un privilegio a favor
de las platas fraccionadoras de vino ubicadas en ciertas zonas del país, ni perseguir a la actora en
el ejercicio de su industria, sino que tienden a obtener el ordenamiento de los mercados donde se
comercializan los productos y una mejor fiscalización del proceso de fraccionamiento de los
vinos, para ofrecer productos tipificados y de calidad a los consumidores”.
La técnica empleada en ambos casos es la habitual cuando un tribunal desea rechazar un planteo
de inconstitucionalidad fundado en la cláusula de la igualdad: si el objetivo declarado del estado
es legítimo (en ambos casos, proteger la salud publica), no es función de los jueces cuestionar las
clasificaciones legislativas que excluyen a unos de lo que se otorga a otros. También es esencial
en dicha técnica de interpretación la aceptación por parte de los jueces del objetivo declarado por
el Poder Legislativo al sancionar la norma, lo que impide a los tribunales investigar las
verdaderas razones que pudo haber tenido el estado para realizar las citadas clasificaciones. Esto
es decisivo ya que, en muchos casos, la investigación judicial puede llegar a demostrar, tal como
parece que ocurría en ambos casos examinados, que las clasificaciones legislativas impugnadas
no tenían como objetivo primordial proteger la salud pública sino que, en realidad, eran el
producto del esfuerzo de “lobby” de un determinado grupo económico para lograr, a través del
apoyo estatal, un control monopolístico sobre el mercado6.
Por cierto que no es objetivo del presente trabajo discutir el acierto de esta jurisprudencia que
considera que los derechos económicos merecen menor protección que otros, tales como la
libertad de expresión o religiosa7. Quiero tan solo mostrar que su aplicación determina que la
cláusula de la igualdad, en determinados ámbitos (especialmente los vinculados con la
regulación económica) no impondrá trabas relevantes al accionar del estado. Esto significa que
si, en otros campos, se desea otorgar una protección verdaderamente relevante a determinados
grupos será necesario utilizar un criterio interpretativo de la cláusula de la igualdad radicalmente
diferente al de la mera “razonabilidad”. Este criterio es de las “categorías sospechosas” que es el
que se examinará a continuación.
3. LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS
Uno de los ejemplos más viejos de la utilización de esta categoría (aunque sin emplear tal
denominación) lo encontramos en el fallo de la Corte Suprema estadounidense “Strauder v.
West Virginia”, 100 U.S. 303 (1879), en el cual el tribunal declaró inconstitucional la ley del
citado estado que excluía a los ciudadanos afroamericanos de los jurados criminales. La Corte
explicó en esa oportunidad que la Enmienda Catorce “... era uno de una serie de disposiciones
constitucionales que tenían un contenido común, esto es, asegurar a la raza recientemente
 
6 Ver apoyo de esta conclusión, respecto del caso “Lee Optical”, a Barnes y Stout, “Cases and Maerials on Law
and Economics”, West Publishing Company, 1992, págs. 487/491.
7 Para una crítica de esta jurisprudencia, ver a Posner, “Economic Análisis of Law” , 3ª. Ed, 1986, págs. 589/593,
transcripto en Garvey y Aleinikoff, “Modern Constitutional Theory: A Reader”, 4ª. Ed., West Group, 1999, págs.
676/679.
emancipada, una raza que había sido sometido durante muchas generaciones a la esclavitud,
todos los derechos civiles que goza la raza dominante...”.
El concepto mismo de “categoría sospechosa” fue utilizado mucho tiempo después en el caso
“Korematsu v. United States”, 323 U.S. 214 (1944). En ese caso, se discutió la validez
constitucional de un decreto del poder ejecutivo, dictado poco tiempo después del ataque japonés
a los Estados Unidos, que prohibía a las personas de ese origen –fueran o no ciudadanos
estadounidenses- residir en la costa oriental de los Estados Unidos. Si bien esa oportunidad, la
Corte resolvió que la restricciónera válida, sentó un principio jurisprudencial que posteriormente
fue utilizado en numerosas ocasiones: “... En primer lugar, debe ser señalado que todas las
restricciones legales que limitan los derechos civiles de un determinado grupo racial son
inmediatamente sospechosas. Esto significa que los tribunales las deben someter al escrutinio
más estricto. Una urgente necesidad pública puede, a veces justificar la existencia de tales
restricciones; el antagonismo racial, nunca”. 
En Argentina, el mencionado art. 20 de la Constitución fue empleado de manera similar en el
caso “Repetto” (Fallos: 311:2272), de 1988. En tal oportunidad, todos los jueces de la Corte
Suprema estuvieron de acuerdo en declarar la invalidez de una ley provincial que vedaba el
acceso a la docencia, en escuelas públicas o privadas, a los extranjeros.
Además, dos de los magistrados del tribunal (Petracchi y Bacqué) se remitieron expresamente al
criterio estadounidense de “categoría sospechosa” para sostener que sólo “un interés estatal
urgente” podría justificar el tratamiento desigualitario entre argentinos y extranjeros, el cuál no
se advertía en ese caso. Es fácil advertir que el citado concepto de “interés estatal urgente” es el
equivalente al criterio de “pressing public necessity” utilizado en el caso “Korematsu” para
examinar la validez constitucional de las categorías sospechosas8.
Un criterio muy parecido fue seguido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso
“Adulaziz, Cabales y Balkandakli v. Reino Unido” (1985). Allí, el citado tribunal declaró la
invalidez, respecto del art. 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos9, de las reglas
inmigratorias del Reino Unido que imponían mayores restricciones a las mujeres residentes en
dicho país, que querían lograr la radicación de sus esposos, que a los hombres residentes que
deseaban la radicación de sus esposas. A pesar de que el tribunal reconoció que el objetivo
buscado por el gobierno al establecer tal distinción era válido (reducir el número de personas
desempleadas), consideró que el medio utilizado no era compatible con la Convención. La pauta
interpretativa para llegar a esa conclusión presenta grandes similitudes con el concepto de
“categoría sospechosa”: “... En lo que respecta a la cuestión en tratamiento, puede decirse que el
desarrollo de la igualdad entre los sexos es, hoy día, un objetivo central de los estados miembros
del Consejo de Europa. Ello significa que deberían presentarse razones de mucho peso antes que
una diferencia en el tratamiento con base en el sexo pueda ser considerada compatible con la
Convención” (considerando 78).
Ahora bien, es indiscutible que existe una gran diferencia entre el criterio de “razonabilidad”,
que se examinó en el punto anterior, y el de “categoría sospechosa” empleado en los casos
“Korematsu”, “Repeto” y “Adulaziz”. En el criterio de “razonabilidad”, se advierte una gran
tolerancia judicial respecto de los medios y los fines elegidos por el legislador. Ello determina
 
8 Ver, sin embargo, para una crítica de esta opinión, el artículo de Bianchi y Gullco, “La cláusula de la igualdad:
hacia un escrutinio más exigente”, J.A. 2000-I-1241. Los autores consideran que el art. 20 de la Constitución no
establece una “presunción de inconstitucionalidad” de las normas que discriminan a los extranjeros, sino que
directamente las prohíben. Al mismo tiempo, proponen una interpretación del concepto de “derechos civiles” más
restringida que la utilizada en la citada opinión judicial.
9 Redactado en términos muy parecidos a los del art. 1.1. de la Convención Americana que se encuentra transcripto
“supra” en la nota 4.
que, en la mayoría de los casos, la clasificación impugnada será declarada constitucional.
Conforme a la segunda de las pautas, en cambio, hay una presunción de invalidez respecto del
objetivo perseguido por el estado, que se funda en una pauta considerada “sospechosa” y, en
consecuencia, es éste el que debe presentar fuertes razones (“una necesidad social imperiosa”)
que justifiquen la utilización de la categoría sospechosa. Dado que los jueces rara vez encuentran
que las razones aducidas por el estado son suficientes, por lo general declaran la invalidez de
dichas clasificaciones.
4. LA APLICACIÓN DE LAS “CATEGORÍAS SOSPECHOSAS” A OTROS
SUPUESTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE EN EL TEXTO DE LA
CONSTITUCIÓN.
No es difícil justificar las categorías empleadas en “Korematsu”, “Repetto” y “Adulaziz” en
razón de que los tres casos el texto de la disposición constitucional o sus antecedentes históricos
parecían indicar una especial preocupación del autor del texto constitucional o convencional en
prohibir determinadas clasificaciones legislativas.
La cuestión interpretativa se vuelve, en cambio, más compleja cuando ni el texto constitucional
ni los antecedentes históricos indican un interés específico en proteger a un grupo determinado.
La idea de que los jueces, al ejercer control de constitucionalidad, deben otorgar una protección
especial a determinados grupos, más allá del texto expreso de la Constitución aparece, por
primera vez, en la famosa nota 4 del caso “United States v. Carolene Products Co.,”, 304 U.S.
144, 153 (1938), en el cual se señaló que el principio acerca de la presunción de
constitucionalidad de las leyes10 podía tener un alcance más restringido cuando la ley parecía ir
 
10 El concepto de la « presunción de constitucionalidad” de las leyes también es muy común en Argentina (conf.
Bianchi y Gullco, op. cit., pág. 1243, nota 12 bis).
en contra de una prohibición expresa de la Constitución; cuando restringía el funcionamiento del
proceso democrático o cuando discriminaban respecto de minorías “discretas e insulares”11.
La discusión de si corresponde o no otorgar una protección más fuerte a determinados grupos,
respecto de los cuáles ha existido una larga historia de discriminación, es particularmente
importante en el caso de las clasificaciones fundadas en el género que perjudican
específicamente a las mujeres. Así, es altamente dudoso que los constituyentes argentinos y
estadounidenses hubieran tenido la intención, en 1853 y 1868 respectivamente, de otorgar una
protección especial a las mujeres de la discriminación que fueran similares a las previstas para
los esclavos recientemente liberados –en los Estados Unidos- y a los extranjeros en Argentina.
Ello aparece con claridad en casos antiguos de ambos países en que mujeres impugnaron
infructuosamente disposiciones legales que establecían graves limitaciones a los derechos de las
mujeres. Así, la Corte Suprema estadounidense declaró en el caso “Bradwell v. Illinois”, 83
U.S. 130 (1873) la validez de una ley de ese estado que prohibía a las mujeres el ejercicio de la
abogacía. Por su parte, la Corte Suprema argentina en el caso “Lantieri Renshaw” (Fallos:
154:289), resuelto en 1929, no encontró problemas constitucionales a la legislación nacional
electoral que no preveía el voto de las mujeres. En ambos casos, se hizo referencia a las
supuestas diferencias “naturales” que existían entre hombres y mujeres, que justificaban las
clasificaciones legales impugnadas.
Sin embargo, a partir de una decisión de 1971, la Corte estadounidense comenzó a declarar la
inconstitucionalidad de normas que discriminaban a las mujeres utilizando, primero, un criterio
de “razonabilidad” y luego un “escrutinio intermedio”12.
 
11 Barnes y Stout (conf. « supra » nota 6) consideran que, en muchos casos, las minorías “discretas e insulares” se
encuentran –contrariamente a lo que se supone en la nota del caso “Carolene”- en mejores condiciones que las
mayorías para manipular en su provecho el sistema político (op. cit., págs. 487/491 y 528).
12 Para una reseña de jurisprudencia, Stone y otros, “Constitutional Law”, 4º ed., Aspen Law & Bussiness,pág. 598.
El ejemplo más reciente de esta última técnica de interpretación lo encontramos en el caso
“United States v. Virginia”, 518 U.S. 515 (1996), en el cual se declaró la inconstitucionalidad
de una norma local que prohibía el acceso de las mujeres a una academia militar. A pesar de que
en el voto mayoritario de la juez O´ Connor no se utiliza expresamente un criterio de “categoría
sospechosa” al invalidar la disposición legal, los términos con que se expresa parecen indicar la
adopción de esa pauta: “... la Corte ha reconocido repetidamente que ni el gobierno federal ni el
local actúan en forma compatible con el principio de igual protección cuando una ley o una política
oficial le niega a las mujeres, simplemente porque son mujeres, el pleno reconocimiento como
ciudadanas -igualdad de oportunidades para aspirar, alcanzar, participar en la sociedad y contribuir a
ella con base en sus talentos y capacidades individuales... Resumiendo las actuales pautas de esta
Corte para los casos de clasificaciones oficiales basadas en el sexo: al examinar el tratamiento
diferente o la denegación de oportunidades con base en las cuales se busca la tutela federal, el
tribunal que realiza el examen debe determinar si la justificación alegada resulta ser
`extremadamente persuasiva'. La carga de la justificación es muy exigente y está en cabeza
exclusiva del estado. El estado debe demostrar `al menos que la clasificación impugnada' tiende a
satisfacer `objetivos estatales importantes y que los medios discriminatorios utilizados' tienen `una
relación sustancial con el logro de esos objetivos'. La justificación debe ser genuina, no basada en
hipótesis o inventada posteriormente en respuesta al litigio. Y no debe estar basada en
generalizaciones excesivamente amplias acerca de los diferentes talentos, capacidades o
preferencias de los hombres y las mujeres...".
La jurisprudencia argentina ha seguido un curso similar. Así, mientras que en una decisión de la
década del 70 declaró la invalidez de normas discriminatorias en perjuicio de mujeres con base en
un criterio de “razonabilidad”13, en el caso “González de Delgado” (Fallos: 323:2659), resuelto en
2000, algunos jueces del tribunal se remitieron a un criterio de “categoría sospechosa” al discutir la
validez constitucional de una práctica que impedía el ingreso de mujeres a una escuela secundaria
estatal.
En tanto que en el derecho argentino es muy fácil justificar dicho criterio en casos de discriminación
de género ante el claro mandato de las convenciones internacionales que poseen rango
constitucional14, en los Estados Unidos tal solución encuentra obstáculos en la historia de la
Enmienda 14º. Así, tal como lo admite el profesor Ginsburg: “... Se necesita una interpretación
que sea audazmente dinámica, que se aparte radicalmente del entendimiento original, para
vincular a la cláusula de la protección equitativa a la obligación que tiene el estado de tratar a
hombres y mujeres como individuos iguales en derechos, responsabilidades y oportunidades.
Cuando las Enmiendas posteriores a la Guerra Civil fueron agregadas a la Constitución, las
mujeres no tenían el derecho de voto. Las mujeres casadas no podían contratar en muchos
estados, ser propietarias, litigar en su propio derecho o aún controlar sus propios ingresos. La
Enmienda Catorce dejó todo eso sin modificar”15.
Aun cuando se rechace el “originalismo” como pauta de interpretación constitucional16 y se
considere que el criterio de “categoría sospechosa” es un método aceptable de interpretación de
textos como el art. 16 de la Constitución argentina y la Enmienda 14º de la Constitución
estadounidense, no es posible escapar al siguiente problema: ¿qué justificación existe para
utilizar un criterio de “categoría sospechosa” u otro similar en algunos casos (por ejemplo, el
 
13 Caso “Carballo c. Nación Argentina” (Fallos: 287:42), resuelto en 1973. Cabe aclarar que, al momento en que
se dictó el citado fallo, la Argentina no había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
14 Conf. “supra” nota 4.
15 “Sexual Equality under the Fourteenth and Equal Rigths Amendment” , 1979 Wash. U. L.QU, 161-163,
transcripto en Stone y otros, op. cit. 3a., ed., pág. 709.
16 Para una reseña de los problemas que plantea el originalismo como método de interpretación constitucional, ver
Stone, op. cit., 4ª. Ed., págs. 40/42.
género) y rechazarlo en casos de regulación económica, cuando no existe en el texto
constitucional una base expresa para realizar tal distinción?
Así, no sería posible sostener tal posición con el argumento de que los derechos económicos, a
diferencia de otro tipo de derechos, no se encuentran receptados expresamente en la
Constitución17. En realidad, una de las características de la cláusula de la igualdad es que no
impone necesariamente al estado reconocer un derecho sustantivo determinado; el objetivo
central de las cláusulas igualitarias es que sí el estado decide reconocer un derecho, debe hacerlo
de manera equitativa 18. Por tal razón, no parece demasiado relevante, a los fines de discutir si es
correcta o no la aplicación un mero estándar de “razonabilidad” en temas de regulación
económica, si el derecho a realizar actividades comerciales se encuentra o no reconocido en la
Constitución19.
Permanece, entonces, el problema que ya se mencionó anteriormente: la falta de apoyo expreso
en el texto constitucional deja al juez sin una guía segura, obligándolo a recurrir a pautas tan
vagas como la “moral dominante” o el “consenso social”. Sin embargo, es posible formular dos
objeciones en contra de tal solución: “... En primer lugar, no es evidente que los jueces sean
mejores que los legisladores como registradores del consenso social. Segundo, a la luz del hecho
 
17 Aún cuando tal argumento fuera aceptable respecto de la Constitución estadounidense, no lo sería respecto no de
la argentina. Precisamente, uno de los objetivos primordiales de Juan Bautista Alberdi –el autor intelectual de la
Constitución argentina- era incorporar a aquélla los derechos a la libertad económica. La obra de Alberdi, que más
influyó en el texto constitucional argentino de 1853, es “Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina” , Buenos Aires, editorial Eudeba, 1966, escrita en 1852.
18 Ver la jurisprudencia del Tribunal Europeos de Derechos Humanos al interpretar el art. 14 de la Convención
Europea de Derechos Humanos en el sentido de que, aun cuando un estado no tenga la obligación de reconocer un
derecho si lo hace, debe hacerlo en forma equitativa (conf. DJ Harris y otros en “Law of the European
Convention on Human Rights”, Butterworths, 1995, págs. 464 y ss.
19 Tal como se explicó en la nota 17, aún cuando fuera posible sostener que la Constitución estadounidense no
muestra una especial preocupación por tutelar la libre empresa, muy distinta es la situación con la argentina. Así, su
art. 14 dispone: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita: de navegar y comerciar; de peticionar a
las autoridades: de entrar, permanecer, transitar y salir del teritorio argentino: de publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa: de usar y disponer de su propiedad: de asociarse con fines útiles: de profesar libremente su culto: de
enseñar y aprender”.
de que la Constitución, o al menos la Declaración de Derechos, es considerada como un
resguardo respecto del consenso social, podría ser extraño sugerir que el contenido de aquélla
derive de ese consenso...”20.
Tampoco parece ser una solución satisfactoria encontrar una pauta de interpretación en la
concepción moral del juez de lo que es “justo”. En tal sentido, señaló el juez estadounidense
Learned Hand:”.... En lo que a mi respecta, sería muymolesto ser gobernado por un grupo de
nueve guardianes platónicos, aún cuando supiera como elegirlos, lo que por cierto no sé’...”
(transcripto por Stone, op. cit., 4ª ed., pág. 72).
Las dificultades que existen al intentar formular criterios igualitarios que no tienen apoyo
expreso en el texto constitucional aparecen nuevamente con gran claridad en los supuestos de
discriminación por edad y en orientación sexual, que serán tratadas en el siguiente punto.
5. LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Como se señaló “supra”, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe expresamente, a
diferencia de lo que ocurre con la Constitución federal argentina, la discriminación con base en
la edad.
Es así que en el caso “Salgado c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, el Tribunal
Superior de esa ciudad declaró que era contraria al art. 11 de la Constitución local21 una
disposición del Estatuto Docente de la Ciudad que impedía ingresar o reingresar como docente al
sistema educativo inicial a las personas mayores de treinta y cinco años pero que, al mismo
 
20 Stone, op. cit., 4a. edición, pág. 43.
21 Conf. “supra” nota 5.
tiempo, permitía el ingreso a las personas que, a pesar de tener esa edad, tuvieran antigüedad
docente22.
Si bien los cinco jueces que integraban el tribunal estuvieron de acuerdo en que la disposición
era inconstitucional tres de ellos, además, hicieron mención a la doctrina estadounidense de las
“categorías sospechosas” para llegar a esa solución, descartando así el argumento de la Ciudad
de que la distinción legal era “razonable”.
Así, en el voto del juez Muñoz, se dijo expresamente: “... A igual solución se podría arribar, si se
enfoca la cuestión desde la perspectiva de las ‘categorías sospechosas’, como lo hizo la actora en
la audiencia... Es cierto que para la Corte norteamericana, la raza (desde Korematsu v. United
Sates, 323 US 214, de 1944), el sexo (desde Reed v. Reed, 404 US 71, de 1971), la filiación
(desde Levy v. Louisiana, 391 US 68, de 1978), entre otras categorías, hacen que no sea aplicable
el test de razonabilidad. La norma que aplique esos estandares no será constitucional si el poder
publico no prueba que el fin que persigue la norma es un interés constitucional extraordinario. En
casos, se exige una ponderación más estricta que la mera razonabilidad, pues se debe justificar
una norma que establece una desigualdad frente al valor constitucional que la igualdad de raza,
sexo, etc., supone...” (considerando 4º).
Por su parte el juez Maier, luego de describir el concepto de “categoría sospechosa”, agregó: “...
El empleo por parte del legislador o del poder reglamentador de calidades referidas a estas
clasificaciones [sospechosas] no queda absolutamente vedado: simplemente se establece una
presunción de ilegitimidad de la norma portadora de tales criterios de distinción. Desde el punto
de vista del control judicial de constitucionalidad de las normas, esta presunción de ilegitimidad
se traduce en dos técnicas procedimentales: la inversión de la carga justificatoria y el
 
22 Expte. Nº 826/01, sentencia del 21 de noviembre de 2001. El autor de este trabajo fue uno de los abogados que
representó a la actora en el caso “Salgado”.
sometimiento de esa justificación a un estándar de escrutinio judicial elevado. La inversión de la
carga justificatoria pone en cabeza del Estado la fundamentación de la medida, una vez
acreditado por quien impugna la norma el empleo de una distinción sustentada en una
clasificación sospechosa. De este modo, cabe al Estado demostrar las razones concretas que
condujeron a acudir a la clasificación cuestionada para establecer una distinción legal. A falta de
demostración suficiente por parte del Estado, la presunción de ilegitimidad queda confirmada y
la norma no supera el examen de constitucionalidad. El estándar probatorio que debe cumplir el
Estado para justificar la norma es, además, un estándar más elevado que el de mera racionalidad.
El estado debe probar que el empleo de la clasificación sospechosa es estrictamente necesario
para el cumplimiento de un fin legítimo. No basta, entonces, con señalar la ilicitud del fin a
alcanzar, sino que el Estado debe justificar por qué era necesario acudir a una distinción fundada
en una clasificación sospechosa para cumplir esos fines...” (considerando 4º).
Finalmente, la juez Ruiz también se remitió expresamente al concepto de “categoría sospechosa”
al interpretar el art. 11 de la Constitución local y sostuvo que “... El Estado tiene la carga de
demostrar que el empleo de la clasificación ‘sospechosa’ es estrictamente necesario para el
cumplimiento de un fin legítimo y que no disponía de otro medio menos gravoso...” (consid. 4º).
La solución a que arribaron los jueces parece inobjetable porque la Constitución local prohíbe
expresamente la discriminación por edad, lo que hace muy razonable incorporar el estándar de
“categoría sospechosa” para interpretar el art. 11 de la Constitución local.
Ahora bien, esta conclusión aparentemente obvia se funda en el hecho de que el texto de una
constitución es importante y que la mención de la edad como “categoría sospechosa” en la
Constitución no es una mera fórmula retórica. Por el contrario, ella demuestra la intención, en el
supuesto de las clasificaciones por edad, de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires,
expresada por sus representantes en la Convención Constituyente, de poner restricciones más
estrictas al poder estatal de las que existen en otras jurisdicciones argentinas.
Pero esta afirmación nos lleva, a su vez, a otra cuestión que resulta un poco más compleja: ¿es
posible sostener que la edad es una “categoría sospechosa” a la luz de constituciones que, como
la argentina (en su texto originario) y la estadounidense, no la mencionan como tal.
En mi opinión, la respuesta tiene que ser negativa: si el texto de la Constitución es utilizado
(correctamente, en mi opinión) como lo fue en el caso “Salgado”, para fundar una mayor
protección contra la discriminación, no parece leal tratar de llegar a esa misma conclusión
respecto de un texto que no otorga dicha mayor protección. No parece, así, razonable sostener
que, cuando un texto constitucional otorga mayores derechos es porque el constituyente lo “quiso
así”; en cambio, cuando el texto nada dice, dicho “silencio” sería irrelevante.
Es por eso que me parece acertada la solución, pero no así el fundamento utilizado, a la que
arribó la Corte Suprema estadounidense en “Massachussets Board of Retirement v. Murgia”,
427 U.S. 307 (1976), en tanto resolvió que la edad no debía ser considerada una categoría
sospechosa. Entre los fundamentos utilizados, el tribunal señaló: “Si bien es cierto que el
tratamiento de las personas ancianas en esta Nación no ha sido completamente libre de
discriminación tales personas, a diferencia de aquéllas que, por ejemplo, han sido discriminadas
sobre la base de la raza o del origen nacional, no han experimentado una ‘historia de tratamiento
desigual intencional’ o ha sido sometidas a inhabilidades específicas sobre la base de
características estereotipadas que no eran el fiel relejo de sus capacidades. La edad avanzada no
define a un grupo ‘discreto e insular’ que necesite una ‘extraordinaria protección del proceso
político mayoritario’. Por el contrario, marca una etapa que cada uno de nosotros alcanzará si
llegamos a una edad normal”.
Tal como ya lo señalé, si bien estoy de acuerdo con la solución del tribunal, no coincido con sus
fundamentos. Así, el argumento “sociológico” utilizado por la Corte, basado en la intensidad de
la discriminación respecto de las personas mayores, me parece muy poco convincente. En primer
lugar, no creo que los jueces estén en mejor condiciones que los legisladores para saber si las
personas de edad han sido sometidas, a lo largo de la historia,a “un tratamiento desigual
intencional” o que constituyan o no un “grupo discreto e insular”. Por otra parte, sería posible
aportar argumentos que, sin ser concluyentes, podrían servir para demostrar que las personas de
edad, al igual que las mujeres, si han sido sometidas tradicionalmente a una fuerte y específica
discriminación en el campo laboral. En realidad decidir si ello es o no así, es una cuestión
básicamente empírica que parece bastante ajena a la tarea del control de constitucionalidad23.
Esto demuestra, en mi opinión, la debilidad de formular un concepto de “categoría sospechosa”
sin un fuerte respaldo en el texto constitucional: las decisiones de los jueces de incluir o no a un
grupo dentro de tal categoría aparecen, así, como el producto de una “especulación sin guía”, en
las palabras del juez Harlan al emitir su voto en disidencia en el caso “Poe v. Ulman”, 367 U.S.
497, 542 (1961).
En realidad, la razón más obvia y evidente para sostener que, tanto las decisiones en “Salgado” y
“Murguia” son correctas es que, mientras que en el texto de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires la edad es una categoría sospechosa, no lo es en la Constitución estadounidense.
En ambas casos, parece existir una decisión del pueblo soberano de las respectivas jurisdicciones
de buscar soluciones diferentes respecto de una misma cuestión. Y tal decisión debería ser
 
23 El rechazo a la idea de que los tribunales puedan reemplazar al poder legislativo en la determinación de las
cuestiones fácticas que sirvieron de fundamento a la sanción de la ley es uno de los principales argumentos
utilizados por la Corte estadounidense en el citado caso “Lee Optical”. En esta decisión, se dijo expresamente que la
Corte ya no aceptaba el criterio anterior de ella misma, conforme al cual los tribunales estaban facultados a someter
a un estricto escrutinio –que incluía el examen de las conclusiones de hecho a las que había arribado la legislatura- a
las leyes que restringían la libertad económica. Los ejemplos más conocidos de la jurisprudencia, que reconocía a
respetada en ambos casos por los jueces de esas jurisdicciones. Por tal razón, también sería una
solución arbitraria y carente de fundamento la decisión de un juez de la Ciudad de Buenos Aires
quien, al interpretar el art. 11 de la Constitución local, utilizara un mero criterio de
“razonabilidad” para determinar la validez de las disposiciones legales que discriminan a las
personas de edad.
Una solución similar debería arribarse respecto a la discriminación fundada en la “orientación
sexual”. Así, parece muy claro que aquélla es una “categoría sospechosa” en la Ciudad de
Buenos Aires ante los claros términos del art. 11 de la Constitución local. Por tal razón, si la
regulación del matrimonio fuera en Argentina una cuestión reservada a las jurisdicciones
locales24, sería fácil concluir a favor de la invalidez de las prohibiciones de matrimonio de
personas del mismo sexo. En cambio, tal solución no parece tan clara a nivel federal ante la falta
de una prohibición expresa de discriminación en ese campo25.
6. CONCLUSIÓN
El fuerte compromiso que existe, por parte de numerosas personas y organizaciones en distintos
países, en tratar de eliminar tradicionales y arbitrarias discriminaciones que afectan a minorías
determinadas lleva, naturalmente, a la utilización del sistema judicial para lograr tal objetivo.
Tal situación plantea, a su vez, en forma concreta la vieja cuestión acerca del alcance que
corresponde otorgar a las formas vagas y genéricas con que suelen estar redactadas las cláusulas
constitucionales, como las que reconocen el derecho a la igualdad ante la ley.
 
los jueces tal facultad, son los casos “Allgeyer v. Lousiana”, 165 U.S. 578 (1897) y “Lochner v. New York”, 198
U.S. 45 (1905). 
24 Según el art. 75 inc. 12 de la Constitución argentina, el Congreso federal posee la facultad exclusiva de dictar un
Código Civil en el cuál están previstas, entre otras cuestiones, lo vinculado con la regulación del matrimonio.
25 Es más, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos parece descartar el derecho al casamiento de
personas del mismo sexo al establecer en su art. 17.2: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
En los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros
tratados de derechos humanos, la cuestión interpretativa no parece ser tan problemática porque,
tal como hemos visto, las cláusulas de las citadas convenciones parecen haber sido redactadas
con el propósito expreso de eliminar, a través de la utilización del sistema judicial, las
discriminaciones más graves que existen en nuestros países. Es así que, paradójicamente, la
utilización del concepto de “categorías sospechosas”, elaborado por la jurisprudencia
estadounidense para paliar las deficiencias de la Enmienda 14º, es mucho más apropiado en
países que, como la Argentina, han incorporado a su constitución convenciones de derechos
humanos que, en forma expresa, presumen la invalidez de determinadas clasificaciones que
afectan a grupos determinados.
Por otra parte, en los países que se encuentran organizados bajo un sistema federal, existe la
posibilidad de que los estados o provincias reconozcan derechos en forma más amplia que los
que aparecen en la constitución del gobierno central y los jueces, al resolver los casos que se les
presenten, deben hacer plenamente efectivo dicho mandato constitucional.
Por otro lado, en aquellas jurisdicciones en las cuáles el constituyente no ha sido tan audaz en
someter a la Legislatura a restricciones más estrictas respecto de la facultad de restringir
derechos, aparece la natural inclinación de desarrollar argumentos constitucionales que, al ir más
allá del texto constitucional, reconozcan por vía judicial derechos similares a los que existen en
países que sí lo han reconocido expresamente en constitucionales y convenciones.
Si bien tal inclinación es entendible ella presenta, tal como hemos vistos, ciertos riesgos. El más
importante es, en mi opinión, que convierte al texto constitucional en algo banal y poco
importante, creando la impresión de que las decisiones acerca del alcance de los derechos
 
matrimonio y fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la
medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”.
depende mayormente del arbitrio judicial. En algunos casos, esta pauta de interpretación puede
ser utilizada por jueces progresistas para expandir los derechos pero, tal como lo demuestra la
experiencia de algunos países, también puede ser empleada para restringirlos26.
Es por eso que la tentación de “inventar” derechos debe ser resistida y las falencias y omisiones
que presentan los textos constitucionales y convenciones de derechos humanos deberían ser
subsanadas mediante el procedimiento democrático de su reforma.
En consecuencia, parece saludable en este punto seguir la opinión de Tribe acerca de la
importancia del texto constitucional sin dejar de lado, por cierto, su advertencia acerca de las
dificultades que ello plantea al intérprete: “... En el principio era la palabra. En un fuerte
contraste con formas de interpretación que colocan a la tradición y a la autoridad en el centro de
la creencia, se presenta el método que se centra en el texto como la corporización más obvia de
la verdad constitucional. Tratar al texto como supremo en esta forma parece inevitable si se va a
considerar seriamente a la Constitución como una ley y parece invulnerable a las objecionesmás
importantes en tanto no se pretenda que el texto otorgue todas las respuestas a todas las
cuestiones vinculadas con el significado. Existe, por cierto, siempre la necesidad de enfrentar
aquí, al igual que en otras partes, los problemas ordinarios de interpretación: cuestiones de
 
26 Un claro ejemplo de esta “banalización” del texto constitucional (en el caso, con el objeto de restringir los
derechos) lo encontramos en la decisión del Juez argentino a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal de la
Capital, dr. Carbone, quien hizo lugar a una medida cautelar para que se prohibiera la difusión por televisión de
cable de la película “La Ultima Tentación de Cristo” en razón de considerar que su difusión podía violar el art. 2º
de la Constitución argentina, conforme al cual el Estado se compromete a “sostener el culto católico” (Expte. Nº
101.692/96, resolución del 16/9/96). En la breve decisión del magistrado no hay mención alguna a la prohibición,
casi absoluta, que existe en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de la
posibilidad de ejercer la censura previa. Precisamente, los claros términos del citado art. 13 llevaron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a resolver que la justicia chilena había incurrido en su violación al hacer lugar
a una medida similar respecto de la misma película (sentencia del 5 de febrero de 2001). La diferencia sustancial
que existe, en este punto, con la Convención Europea de Derechos Humanos, que no contiene una prohibición
expresa respecto de la censura previa, ha permitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarar como
válidas restricciones a la libre expresión que no lo serían bajo la Convención Americana (ver, entre otros, el fallo del
tribunal europeo en el caso “Handyside v. United Kingdom”; 1976).
ambigüedad, vaguedad, oscuridad, y similares...” (“American Constitutional Law”, 3ª. Ed.,
volumen I, págs. 32/33, Foundation Press, 2000).

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