GUIA N 20

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Cátedra B I Mg. Alfonsina Guardia 
Abog. Francisco N. García I Docente Ayudante Graduado 
Abog. Fabián Roberto Mazzitello I Docente Ayudante Graduado 
 
El presente análisis da cuenta del trabajo realizado en clase por los docentes y fortalece 
la identificación de los ejes claves de la unidad. 
Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 
HISTORIA DEL DERECHO 
Y CONSTITUCIONAL ARGENTINA 
20. 
La Profundización 
de la Antinomia 
La llamada Revolución Libertadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. LA PROFUNDIZACION DE LA ANTINOMIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 2 
Introducción 
El gobierno Peronista como ya dijimos, se encontraba cada vez más aislado, sólo contaba 
con el apoyo de un reducido sector empresarial y con los trabajadores representados por la CGT. 
Perón, en un durísimo discurso, el 31 de agosto en la Plaza de Mayo, instó a la defensa de las 
conquistas sociales obtenidas: “La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una 
organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de nosotros 
caiga, caerán cinco de ellos.” 
La antinomia había terminado de configurarse y de convalidarse a partir del primer 
mandatario de la Nación. A partir de allí todo se desarrolló con inusitada rapidez, y los sectores 
más antiperonistas generaron las acciones para acelerar la caída, mientras la sociedad toda en su 
conjunto veía como el desenlace se acercaba. 
No había posibilidad de marcha atrás, el 16 de septiembre de 1955, un nuevo golpe de 
Estado, autodenominado “Revolución Libertadora”, y encabezado por el almirante Isaac rojas y los 
generales Pedro E. Aramburu y Eduardo Lonardi, destituyó al gobierno de Juan D. Perón y 
estableció un gobierno provisional. 
 
LA PROCLAMA DE LA LIBERTAD 
Con el poder en las manos el ejército debía justificar su acción en este llamado nuevo 
Gobierno Provisional, y es así que el 17 de septiembre, el general Lonardi, en su carácter de Jefe 
de la revolución en marcha, firmó un mensaje que poco después fue transmitido por radio en 
Córdoba, conocido como “La Proclama de la Libertad” donde se daba el mensaje a la sociedad 
acerca de la misión que esta Revolución buscaba, y los objetivos de la misma, lo que amerita 
transcribir sus párrafos más significativos: 
“Al pueblo argentino y a los soldados de la Patria: 
En mi carácter de jefe de la Revolución Libertadora, me dirijo al pueblo y en especial a mis 
camaradas de todas las armas, para pedir su colaboración en nuestro movimiento. 
La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la Patria abandonan otra vez sus bases y cuarteles para 
intervenir en la vida cívica de la Nación. Lo hacemos impulsados por el imperativo del amor a la 
libertad y al honor de un pueblo sojuzgado, que quiere vivir de acuerdo con sus tradiciones y que 
no se resigna a seguir indefinidamente los caprichos de un dictador que abusa de la fuerza del 
gobierno para humillar a sus conciudadanos. 
Ningún escrúpulo deben abrigar los miembros de las fuerzas armadas por la supuesta legitimidad 
del mandato que ostenta la dictadura. Ninguna democracia es legítima si no existen los 
presupuestos esenciales, libertades y garantías de los derechos personales. La revolución no se 
hace en provecho de partidos, clases o tendencias, sino para restablecer el imperio del derecho. 
Lo decimos sencillamente, con plena y reflexiva deliberación: la espada que hemos desenvainado 
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para defender la enseña Patria no se guardará sin honor. No nos interesa la vida sin honra y 
empeñamos en la demanda el porvenir de nuestros hijos y la dignidad de nuestras familias.” 
 Una vez más las fuerzas militares, y los sectores concentrados del poder “venían a reparar” una 
sociedad “víctima de los excesos de líderes democráticos”, o al menos eso era parte de la 
justificación, y además venían a restablecer el orden y el imperio de la ley, con una interpretación 
bastante difícil de entender que era la de violar la Constitución y el mandato democrático para 
restablecer la Constitución y la Democracia. Y aquí nos volvemos a preguntar como cuando 
analizamos cualquier Golpe de Estado, alguien puede hablar de restablecimiento de la 
Constitución, de respeto por la ley o democracia si asume e interviene el Poder Ejecutivo, o 
clausura al Poder Legislativo e impide la participación política. Sin dudas como cada uno de ellos 
resultan ser algo inadmisible y claramente incompatible con el Estado de Derecho. 
 
Publicación del Diario Clarín del 23 de Septiembre de 1955 
 
Lonardi, y su fugaz gestión 
El 20 de septiembre Lonardi asumió en Córdoba la presidencia provisional de la República. 
El 23 de septiembre el jefe revolucionario se hacía cargo del poder en Buenos Aires, y frente a una 
multitud que colmaba la Plaza de Mayo, sintetizó su programa de gobierno con la frase “imperio 
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del derecho”, pero además lanzó una idea de pacificación que no profundizara aún más las 
diferencias y prometió que no habría vencedores ni vencidos, agregando que bregaría por un 
arreglo del diferendo con la Iglesia, que los sindicatos serían libres y que las legítimas conquistas 
serían mantenidas y superadas. 
Rojas asumió como vicepresidente y así se abría el corto período de gobierno del general 
Eduardo Lonardi, que con sus palabras había sellado su suerte. El nuevo presidente se encontró 
ante una Argentina dividida, por un lado, los victoriosos, aspiraban a tomarse lo que consideraban 
una justa revancha, pero que en el fondo era egoísmo torpe, y los que, por el otro lado, gemían 
por la extinción de una experiencia política que los había mejorado materialmente y dignificado. 
Ante tal cuadro de situación Lonardi cometió un claro error estratégico, el cual si bien era bueno 
para la sociedad en su conjunto, iba contra la sed de revancha de los grupos que llevaron adelante 
el Golpe, y levantó la bandera del “Ni vencedores ni vencidos”, con el objetivo de pacificar las 
aguas, situación esta que no fue seguida por la gran mayoría de los jefes revolucionarios. 
Sus supuestas buenas intenciones, y su imperio del derecho, chocaba en la práctica por 
ejemplo con la decisión tomada de disolver el Congreso, intervenir todas las provincias y las 
universidades, como así también el hecho de dar por finalizadas las funciones de los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia, y declarar en comisión a todos los jueces. 
El Gobierno a su vez, puso en funcionamiento una Comisión Nacional de Investigaciones, 
cuya misión era detectar los enriquecimientos ilícitos que pudieran haberse cometido en los 
últimos años. 
Ante la exigencia de profundizar estas medidas, quienes formaban parte del sector de 
Lonardi, expresaban que estas medidas eran lógicas y necesarias para una gestión, que venía a 
restablecer el imperio del derecho y que era revolucionaria, y que debía subsanar el marco de 
corrupción y los excesos del Gobierno anterior. Pero los sectores más radicalizados tenían 
exigencias más fuertes, exigían desmantelar la CGT, disolver el partido peronista, perseguir a los 
derrotados; la voz de orden de esta tendencia era desperonizarlo todo, no dejar rastros de la obra 
justicialista, aun de lo positivo que pudiera haberse hecho. 
Lonardi, concentró su crítica hacia Perón pero al mismo tiempo buscó mantener buena 
relación con los sectores sindicales, lo que lo configuraba en negativa permanente a intervenir la 
CGT, sino que por el contrario autorizó la elecciones en la misma. 
El Presidente de facto creía que era posible construir un peronismo sin Perón, pero esto no 
era compartido por los demás sectores de las fuerzas, y ello le creó fuertes resistenciasdentro de 
sectores del ejército, especialmente en el seno de la marina, y en un organismo asesor del 
gobierno provisional, la Junta Consultiva, donde estaban representados todos los partidos 
políticos, con excepción del peronismo. 
La renuencia firme de Lonardi a aceptar presiones revanchistas, cuyo principal objetivo 
era hacer conformar de cero la organización de los trabajadores, y a admitir cogobernar con una 
junta militar, llevó a grupos castrenses a relevarlo el 13 de noviembre de ese año 1955, sin que 
el jefe de la revolución hubiese formalizado su renuncia. 
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Gobierno de Aramburu 
En lugar de Lonardi fue designado por esos grupos el general Pedro Eugenio Aramburu, y el 
almirante Rojas mantuvo la Vicepresidencia. La CGT fue intervenida, muchos dirigentes 
peronistas fueron a la cárcel, iniciándose así una política persecutoria de todo lo que estuviera 
vinculado con el justicialismo. 
Esta decisión de los grupos duros dentro de las fuerzas armadas, esta determinación de 
que en el proceso post-revolucionario hubiese efectivamente vencedores y vencidos, es uno de los 
errores políticos más graves cometidos y que sin dudas retoma la profundización de las diferencias 
que Perón había exacerbado al fin de su mandato y que generó consecuencias nefastas para la 
historia futura de nuestro país, en especial durante el siglo XX. De él se derivarían, una división 
más tajante aun, entre la Argentina peronista y la Argentina antiperonista, una secuela de odios 
difíciles de extinguir y abundante derramamiento de sangre; y permanente disenso. La larga 
inestabilidad política nacional de las décadas que siguieron, mucho tiene que ver con esta actitud 
revanchista, que se iniciara al fin del Gobierno de Perón, a partir de los bombardeos de Plaza de 
Mayo, la respuesta del Presidente, y una Revolución que buscaba borrar del mapa el movimiento 
peronista. 
 
Diario Clarín del 14 de Noviembre de 1955 
Desperonización 
Durante el gobierno de Aramburu encontramos una política represiva con detención de ex-
legisladores, ex-funcionarios, sindicalistas, dirigentes políticos y militares adictos al régimen 
peronista, quienes fueron confinados en lugares remotos del sur del país. Se disolvieron el partido 
peronista y la Fundación Eva Perón, se clausuraron periódicos filo-peronistas; se declaró la 
interdicción de personas y empresas que por ende no pudieron comerciar sus bienes hasta tanto 
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demostraran un origen legal de los mismos; se prohibió el uso de símbolos, denominaciones y 
canciones que hicieran alusión al peronismo, y hasta se hizo desaparecer el cadáver de Eva Perón 
por largo tiempo. A la actitud autoritaria del peronismo, especialmente de la última etapa, se 
contestó con otra tesitura autoritaria, por más que a ésta se la llamara liberal y democrática. 
Todas estas medidas fueron tomadas al amparo del Decreto Ley 4161 del 5 de marzo de 1956 que 
entre sus partes más considerables podemos encontrar: 
1) En primer lugar remite al decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en 
sus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida. Entre sus fundamentos 
considera que el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se 
valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual 
creo imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras 
artísticas con el fin de la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el 
sentimiento democrático del pueblo Argentino, lo que constituía para éste una afrenta que 
es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la 
población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación. 
2) Fundamentaban que en el campo internacional, también afecta el prestigio del país 
porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto 
tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones 
similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió 
parangonar. 
3) Que todo ello era un fundamento suficiente que tornaba indispensable la radical supresión 
de esos instrumentos o de otros análogos, 
 
El articulado del decreto establecía: 
Artículo 1º “Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: 
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o 
propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de 
individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o 
privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras 
artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes 
o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. 
Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o 
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el 
nombre propio del presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, 
“peronista”, ” justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura PP, las fechas 
exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales “Marcha de los Muchachos 
Peronista” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto 
o su esposa o fragmentos de los mismos. 
b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, 
símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina artículos y obras artísticas que pretendan tal 
carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de alguna 
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manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del 
peronismo. 
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier 
procedimiento, de las imágenes símbolos y demás, objetos señalados en los dos incisos anteriores. 
Articulo 2 º Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público y en 
consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las 
marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones comerciales o anexas, que 
consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del art. 1º. 
Articulo 3 º El que infrinja el presente decreto-ley será penado: 
a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n. 1.000.000; 
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse 
como funcionario público o dirigente político o gremial; 
c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se 
trate de empresas comerciales. 
Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena 
accesoria la disolución. 
 
El objetivo era la desperonización, pero sin dudas la medida tomada no solo resultaba ser 
una afrenta y un desafío a los sectores peronistas, sino que era claramente insostenible, e 
imposible de poder tener una pacífica aplicación, o lo que es más, resulta difícil pensar que esto 
sirviera para pacificar la nación. 
Mientras tanto, los viejos partidos de la Unión Democrática, vivían la euforia de su ahora 
privilegiada posición en relacióncon el peronismo. Pero los problemas internos surgieron a raíz de 
las apetencias electoralistas que cada uno de los sectores tenían, ya que todos aspiraban a llegar 
al poder y que los militares les sirvieran en bandeja el Gobierno, a partir de garantizar la 
proscripción del peronismo, de allí que radicales, conservadores y socialistas entraron en diversas 
pujas y se dividieron a la hora de bregar por una salida democrática o electoral. 
 
La Economía Libertadora 
Las medidas económicas del nuevo Gobierno mostraban grandes diferencias en relación a 
las política del régimen depuesto, ya que la misma estuvo diseñada por Raúl Prebisch el cual era 
funcionario de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU) 
retomando el liberalismo económico y reduciendo claramente el rol del Estado en el control e 
intervención de la economía. 
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Prebisch entendía que la economía debía afrontar la escasez de divisas, la fragilidad del sector 
industrial y las dificultades para aumentar la productividad, para lo cual se hacía imperioso reducir 
el gasto público y aumentar los fondos del Estado, como así también incrementar el trabajo en las 
industrias, lo que según su diagnóstico tendría como consecuencia el aumento de la productividad 
y de la exportación para obtener más divisas, lo cual dependía de que la cantidad de exportaciones 
de materias primas fuera superior a la importación de manufacturas, bienes de capital y 
combustibles para las industrias. El plan diseñado consistía en devaluar la moneda y aumentar la 
rentabilidad del sector agropecuario, lo cual iría acompañado de eliminar el control de cambios 
y el IAPI. 
Estas medidas eran claramente cortoplacistas, ya que el incentivo del sector agropecuario 
en detrimento del industrial que se veía seriamente perjudicado por la eliminación de políticas 
proteccionistas y por la devaluación que encarecía notablemente sus insumos, nos retrotraía a un 
modelo de producción primaria básica. 
A esto debemos añadir que la Argentina se incorporó así al FMI y al Banco Mundial, se 
privatizaron los depósitos bancarios, se pusieron nuevamente en actividad la Junta Nacional de 
Carnes y la Junta Nacional de Granos, buscando la regulación de la producción respectiva. Se 
volvió al comercio multilateral, abandonando el bilateralismo, mediante nuestro ingreso a la 
Unión Europea de Pagos formalizado en una reunión con nuestros acreedores, en el llamado Club 
de París. 
Las medidas impuestas por el Gobierno no condujeron a la estabilización económica, ni 
tampoco a equilibrar la balanza de pagos ya que se produjo un aumento de las importaciones, 
pero además las consecuencias fueron la reducción del consumo y un creciente endeudamiento 
externo. 
Todo ello trajo como consecuencia además un ajuste masivo de los salarios del 40% a fines 
de 1956, la participación del sector asalariado en la renta nacional bajó del 47 al 42 por ciento, 
entre 1955 y 1957. El producto bruto creció moderadamente pero la inversión disminuyó. 
 
La Resistencia 
Claramente existió un movimiento de resistencia peronista, el cual no era homogéneo, 
pero todos sus participantes compartían elementos ideológicos y reivindicaban el nacionalismo 
económico, la justicia social y la intervención del Estado. También estos movimientos se 
caracterizaban por el hecho de utilizar la acción política directa en respuesta al planteo discursivo 
de la Revolución Libertadora que hablaba de conceptos como libertad, democracia y justicia pero 
practicaban otra cosa. La figura de Perón y el sueño de su retorno eran el centro identificatorio de 
la resistencia. 
A parte de hechos menores aislados, fue ante este estado de situación que se produjo un 
suceso más lamentable en el plano político, el cual aconteció con motivo de un levantamiento 
peronista liderado por militares retirados de esta filiación, que estalló en La Plata, Santa Rosa de 
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Toay, Buenos Aires y Rosario, el 9 de junio de 1956. Aplastado el movimiento, fueron fusilados 
dieciocho militares y nueve civiles implicados, entre ellos el jefe del movimiento, general Juan 
José Valle. 
 
 
Publicaciones de la época que reflejaban el levantamiento 
La República volvió a ser escenario de medidas represivas de delitos políticos, de grueso 
calibre, que habían sido abandonadas hacía cerca de un siglo. Los frutos fueron amargos: 
resentimiento y sed de venganza en muchos de los correligionarios de las innecesarias víctimas. 
Félix Luna expresa “En la década anterior se había detenido arbitrariamente a ciudadanos, se 
había torturado y vulnerado la libertad de expresión en nombre de la Justicia Social: ahora se 
fusilaba en nombre de la Libertad”. 
Asimismo es de remarcar que en el campo gremial, los dirigentes sindicales peronistas 
fueron perseguidos y encarcelados en buena cantidad. A pesar de las maniobras de la izquierda, 
sin embargo la dirigencia gremial justicialista conservó el control de la mayoría de los gremios. En 
1957 el movimiento obrero se encontraba dividido entre los 32 gremios democráticos, dirigidos 
por socialistas, radicales e independientes, y las mayoritarias 62 organizaciones de conducción 
peronista. Debe puntualizarse, que las conquistas obtenidas por la clase obrera durante la gestión 
justicialista, fueron en general respetadas en este período. 
Mientras tanto en las Universidades, la persecución respecto de los docentes que habían 
actuado durante las dos presidencias de Perón, fue implacable. Fueron sustituidos prácticamente 
en su totalidad, y durante largos años se los inhibió para presentarse a los concursos abiertos para 
proveer las distintas cátedras. 
 
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LA CONSTITUCION 
El Gobierno de Aramburu, se encontraba ante el hecho de que la Constitución vigente era 
la sancionada en 1949 durante el Gobierno de Perón, y resultó ser tal la voluntad de borrar todo 
atisbo de peronismo, que en un hecho sin precedentes en abril de 1956 el Gobierno de Facto 
procedió a derogar nada menos que toda una reforma constitucional. 
 
En efecto, la proclama del 27 de abril de 1956 especificaba en su artículo 1° “Declarar 
vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 
exclusión de la de 1949, sin perjuicio de los actos y procedimientos que hubiesen quedado 
definitivamente concluidos con anterioridad al 16 de septiembre de 1955”. El artículo 2° establecía 
asimismo: “El Gobierno provisional de la Nación ajustará su acción a la Constitución que se declara 
vigente por el artículo 1° en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución, 
enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955, y a las necesidades de la 
organización y conservación del gobierno provisional”. 
 
Es decir, que los fines de la Revolución eran puestos por encima del propio articulado de 
la Constitución Nacional, lo cual hace caer el clásico discurso dictatorial de reestablecer el respeto 
a las normas o a la Constitución. La Revolución planteaba entre sus fines el desmantelamiento de 
las estructuras y formas totalitarias de la sociedad, y desintegrar el Estado policial, procesar a 
todos aquellos que hubieren cometido delitos, integrar los cuadros de la administración pública 
con personas de antecedentes democráticos e idoneidad, establecer la libertad sindical en un 
marco de prescindencia partidista, suprimir las trabas que oprimen las actividades económicas, 
etc. 
 
Como ya expresamos además la proclama declaraba vigentes las Constituciones 
Provinciales anteriores al Peronismo, y sedejaban sin efecto las constituciones sancionadas para 
las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones. 
 
Esta situación resultaba ser jurídicamente compleja, en primer lugar porque esta 
derogación de la reforma constitucional de 1949, era producida por un gobierno de facto, 
situación que generaba un panorama sumamente confuso en materia de vigencia del derecho 
público fundamental de la República, y más aún cuando el Gobierno Militar produjo un llamado a 
elecciones para la reunión de una Convención Constituyente, que habría de intentar reformar el 
texto constitucional de 1853 con sus enmiendas de 1860, 1866 y 1898. 
 
Esto resultaba claramente anómalo, ya que cual era la facultad que tenía el Gobierno de 
Facto para establecer la necesidad de la reforma, de qué forma podía declararla válidamente, pues 
el artículo 30 de la Constitución Nacional establece que “la necesidad de reforma debe ser 
declarada por el Congreso”, y este Gobierno había cerrado el Congreso. 
 
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El gobierno provisional proponía se enmendase la Constitución tendiendo al 
establecimiento del régimen electoral más conveniente, a afianzar el federalismo, las libertades 
individuales y de expresión y los derechos individuales y sociales; a vigorizar las autonomías 
municipales; a dar al Poder Legislativo independencia funcional y facultad de contralor del Poder 
Ejecutivo; a delimitar las facultades de este poder más severamente; a fortalecer el Poder Judicial; 
a establecer un régimen satisfactorio de dominio y explotación de las fuentes naturales de 
energía. En fin por más que invocara un cúmulo de buenas intenciones lo que estaba claro es que 
el Gobierno de Facto por más Acordada justificatoria del Corte que avalase sus actos 
administrativos, no tenía forma de suplantar al Congreso. 
 
La Constituyente y la Reforma 
 
Las elecciones de convencionales constituyentes realizadas el 28 de julio de 1957, no 
contaron con la presencia del peronismo, que estaba proscripto, lo que ya ponía en tela de juicio 
la validez de esos comicios. Por su parte la Unión Cívica Radical fue al acto electoral dividido, ya 
que en la convención nacional del partido, que fuera celebrada en Tucumán en noviembre de 
1956, se proclamó la candidatura presidencial de Arturo Frondizi, uno de los líderes de la corriente 
interna denominada Intransigencia y Renovación. Esta situación no fue aceptada por el unionismo, 
y las fracciones intransigentes que lideraban Balbín y Sabattini, quienes se opusieron y no acataron 
este pronunciamiento del máximo organismo partidario, y formaron lo que se nombró como 
Unión Cívica Radical del Pueblo, cuya cabeza más notoria fue Balbín. Los seguidores de Frondizi en 
la Intransigencia, constituyeron la Unión Cívica Radical Intransigente. 
 
En los comicios de que hablamos Perón ordenó a sus seguidores votar en blanco, logrando 
2.116.000 sufragios de ese tipo, esto es, el 24,3%. La UCR del Pueblo obtuvo 2.107.000 votos, el 
24,2% del total, y la UCR Intransigente 1.848.000 sufragios, el 21,2%. Socialistas con el 6% y 
democristianos con el 4,8%, fueron las fuerzas minoritarias más apoyadas. En esta elección se 
aplicó el sistema electoral proporcional, lo que permitió que además de las mencionadas, otras 
corrientes minoritarias como conservadores, demoprogresistas, contaran con algún convencional. 
Los votos en blanco y los obtenidos por la UCR Intransigente, dos tesituras que se oponían a la 
reforma por entender que la Convención no tenía legitimidad, sumando sus caudales, significaban 
una proporción parecida a los votos obtenidos por los partidos que estaban dispuestos a reformar 
la Constitución, aunque con pareceres discordantes. 
 
Cuando el bloque radical intransigente impugnó la convocatoria y la legalidad misma de la 
Convención retirándose del recinto de sesiones, la Convención quedó con un quórum estricto. Los 
bloques partidarios restantes no se pudieron poner de acuerdo respecto a los términos de la 
reforma. A consecuencia de ello, sólo se pudo dejar sin efecto la reforma constitucional de 1949, y 
además, agregar el artículo 14 bis a la Constitución, que quedó redactado así: “El trabajo en sus 
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación 
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en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical 
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda 
garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y 
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral 
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por 
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de 
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 
 
De todas estas disposiciones incluidas se destacan, por su condición de avanzada en la 
materia, las que establecen el salario mínimo vital móvil, la participación en las ganancias de las 
empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, la estabilidad del empleado 
público, el derecho de huelga y la protección integral de la familia. También se modificó el artículo 
67, inciso 11, relativo a las atribuciones del Congreso en materia de dictado de códigos. 
 
El Fracaso de la Revolución 
 
Los principios declamados por la dictadura al comienzo, no pudieron ser cumplimentados y 
la situación política para sostenerse era difícil, a ello se sumaba que como bien lo expresa Marcos 
Novaro, la fractura del único partido del campo antiperonista con peso electoral real terminó de 
debilitar el intento de la Libertadora por cerrar el ciclo peronista inaugurando un nuevo período en 
el que la legitimidad constitucional fuera inobjetable. La crisis del radicalismo, la elección de los 
convencionales constituyentes, y la forma en la cual se desarrolló la misma, le quitaba más 
legitimidad aún a este Gobierno ilegítimo. 
 
Esta situación irregular complejizaba la continuidad, y de allí que el llamado a elecciones 
para elegir presidente a inicios de 1958 presentaba un conflicto de difícil resolución acerca de las 
reglas de juego aplicables para dicha elección, y lo que es peor aún como sostener, justificar, y dar 
carácter legitimo a un proceso electoral en el cual se sostenía la prohibición del peronismo y por 
ende su proscripción para participar del proceso electoral. 
 
A esto debemos sumarle el clima de resistencia que si bien no había logrado que las 
distintas sublevaciones prosperaran, ni que el peso sindical o popular incidiera en forma 
determinante en la competencia electoral, claramente el peso que sostenía en las urnas alcanzaba 
para relegitimarlo, y para que el mismo siguiera representando al menos desde lo simbólico a una 
porción importante de lo que los peronistas denominaban el pueblo. 
 
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La división del Radicalismo y la salida Electoral 
 
El conflicto social y político, conjuntamente con la imposibilidad del control de la CGT por 
parte del Gobierno, hacían avizorar una necesaria salida democrática, aunque este escenario 
contaba con dos cuestiones no menores, en primer lugar la proscripción del peronismo, y en 
segundo lugar un nuevo elemento dado por la división de la UCR. El radicalismo conservaba una 
fuerte adhesión del electorado incluso durante el Gobierno Peronista, que lo había situado como 
la principal fuerza opositora y había licuado la representación de socialistas y conservadores que 
habían quedado reducidos a la mínima expresión. Esta situación hacía pensar que la salida 
electoral tendría como principal beneficiario al Radicalismo, lo cual no fue así porque este como 
en distintos momentos de su historia quedo preso de sus internas. La dirigencia luchaba 
internamente por saber quién vendría a completar la obra, ya que consideraban que la futura 
salida electoral era su oportunidad y tal como bien lo explica Novaro “los radicales estaban 
convencidos de que sus errores había surgido el peronismo. Corrigiéndolos, podrían reabrsorber 
las adhesiones populares de las que éste se había nutrido. Por esta vía se concretaría el 
movimiento nacional que el radicalismo había buscado desde sus orígenes y realizaría la 
“revolución inconclusa” demorada por el golpe de 1930 y por la aparición de Perón: liquidar el 
latifundio con una auténtica reforma agraria, completar el desarrollo industrial del país y 
detener la penetración imperialista; en suma eliminar el orden oligárquico y conservador y 
fundar una auténtica república”, todo este argumento convencía al Radicalismo que esta salida 
electoral era una oportunidad única. 
 
Las diferencias de los líderes radicales tenían que ver también con su visión sobre el 
peronismo, así Balbín sostenía que la proscripción debía mantenerse a rajatabla porque el 
peronismo no tardaría en disgregarse, una vez que se revelara su carácter espurio y sus conquistas 
fueran superadas por las nuevas propuestas radicales, mientras que Frondizi planteaba una 
política de seducción a los sectores peronistas con el objeto de absorberlos. 
 
 
 
Balbín y Frondizi lideraron las corrientes en las cuales se dividió el Radicalismo 
20. LA PROFUNDIZACION DE LA ANTINOMIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 14 
 
Como ya expresamos el quiebre se dio a partir de la Convención de Tucumán en 1956, y 
Frondizi profundizó las diferencias expresando que se debía a cuestiones ideológicas insuperables 
y tildando de oligarcas a los radicales del pueblo. A medida que el proceso electoral se avecinaba 
la UCRI reclamaba por la suspensión de las medidas represivas, pedía levantar las intervenciones a 
los sindicatos y reclamaba aumentos salariales, pero asimismo Frondizi encomendaba a su 
colaborador Rogelio Frigerio a buscar un acuerdo con Perón para lograr captar los votos 
peronistas de las elecciones de febrero del 58. Este acuerdo que finalmente se lograra en las 
sombras permitiría a Frondizi lograr los votos necesarios para triunfar con el compromiso de una 
vez en el Gobierno levantar la proscripción del peronismo. Frondizi en su campaña proponía la 
integración de un gran frente, en el que debían nuclearse empresarios, obreros, industriales, 
eclesiásticos, militares, y la incorporación de los sectores populares para dar impulso a un 
desarrollo de la Nación. Entendía que se debía planificar un gobierno en donde se propugne la 
renovación de la infraestructura, y el desarrollo de las industrias básicas como una forma de lograr 
el crecimiento. 
 
Las elecciones de febrero de 1958 le dieron el triunfo a la UCRI de Frondizi, el cual recibió 
las mieles del acuerdo con Perón y duplicó su caudal electoral cosechando el 44,8% de los votos, lo 
que despertó la reacción del ala más antiperonista de las fuerzas armadas, que presionó a 
Aramburu para que evitara la llegada al poder del presidente electo, las cuales no tuvieron éxito 
asumiendo Frondizi la presidencia el 1 de mayo de 1958. 
 
La salida democrática no dejaba de ser una salida condicionada, tanto por un peronismo 
que esperaba el cumplimiento de los acuerdos, como de los poderes militares que condicionarían 
todo este nuevo período. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
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