Di Iulio Jr , Koch, Kelling, Wilson, Kopel, Scheidegger et al Soluciones al crimen 18 cosas que podemos hacer para luchar contra él

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Soluciones al crimen. 
18 cosas que podemos hacer para luchar contra el crimen
1
 
 
 
1. Rescatar a los jóvenes de la barbarie. 
Por John DiIulio Jr. 
(Universidad de Princeton/Brookings Institution´s Center for Public 
Management) 
 
Los huérfanos crecen y se convierten en psicópatas insensibles en 
números abrumadores, suponiendo un gran peligro para el público. 
Los jóvenes maltratados o severamente descuidados deben ser 
arrancados de las manos de sus padres desaprensivos para darles 
una oportunidad en un nuevo ambiente. 
 
Escuche atentamente. Ese “tick-tick” constante que se oye a la 
distancia es la bomba de tiempo del delito en América. El aparato está 
conectado a tendencias demográficas irreversibles. La bomba está 
programada para explotar en el año 2000, cuando habrá alrededor de 
500.000 jóvenes masculinos de entre 14 y 17 años más de los que hay 
hoy en día. La explosión eliminará lo que queda de orden y civilidad en 
las áreas más degradadas de las ciudades, donde predominan negros y 
latinos; estallarán las ventanas en los enclaves urbanos de la clase 
trabajadora blanca a la deriva; y se hará sentir en los más encumbrados 
barrios de la ciudad, en los suburbios protegidos con sus alarmas 
antirrobo, en los ricos distritos de negocios con sus policías privadas. Lo 
peor es que la inminente explosión del delito será especialmente 
violenta, pues la próxima generación de delincuentes juveniles, negros, 
blancos y latinos, será especialmente perversa. 
 Las tasas de crímenes entre adolescentes y jóvenes adultos se 
han multiplicado en las últimas dos décadas, sobre todo entre los 
negros. Conocemos poco acerca de dónde vienen estos predadores 
 
1
 Publicado originariamente en The American Enterprise, May/June, 1995, pp. 32-51. 
Traducción al castellano de Mariano H. Gutiérrez (Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora), Máximo Sozzo y Gustavo González (Universidad Nacional del Litoral). 
Publicado en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Nº 15-15. 
adolescentes. La mayoría procede de familias destruidas. Alrededor de 
la mitad de los niños alojados por periodos prolongados en los 
reformatorios estatales tienen uno o más miembros directos de su 
familia (padre, madre, hermano) que ha estado encarcelado. Se estima 
que un 75 por ciento de los jóvenes encarcelados más violentos son 
muchachos que han sido maltratados por un miembro de su familia. El 
mismo porcentaje ha presenciado hechos de violencia extrema 
(homicidios, violaciones, asaltos) antes de que ellos mismos los 
cometieran. 825.000 jóvenes menores de 18 años hoy en día tienen 
uno o ambos padres en prisión. 
 Policías veteranos, fiscales y personas que se ocupan de estos 
problemas advierten que el nivel de violencia homicida por parte de 
estos muchachos de las áreas degradadas de los centros urbanos era 
“impensable” tan sólo una década atrás. Leo y escucho lo mismo de los 
presos. En un libro próximo a salir titulado From Behind the Walls, 
Mansfield Frazier, un hombre que ha sido arrestado 15 veces por 
distintos delitos y condenado cinco veces, escribe acerca de la 
“amenaza que viene”: una clase de delincuentes de las áreas 
degradadas de los centros urbanos que “prometen ser monstruos... 
Nunca antes en la historia tanta cantidad de niños ha sido tan 
descuidada y brutalizada”. 
 Tiene razón. Hace unos meses hablé con un grupo de presos con 
condenas a largo plazo o perpetuas en una gran cárcel estatal de 
máxima seguridad. La mayoría de ellos eran negros, menores de 40 
años y condenados por múltiples delitos, incluso homicidios. Estos 
hombres habían dominado las peligrosas calles de Newark y Camdem 
en los años 70 y principio de los 80. Ahora todos ellos están trabajando 
en un programa especial que acerca a los niños que han tenido 
problemas con la ley a la cárcel, para que vean una “muestra” de la 
vida institucional –como si se les preguntasen: “¿Es este tu futuro?”. 
Les pregunté: “¿Cómo explicar el incremento de la violencia juvenil 
homicida en sus antiguos barrios?” 
 Pocos presos hablaron sobre la pobreza, la desocupación y otras 
“causas profundas” convencionales. Ninguno sostuvo que los niños se 
conviertan en criminales por sus privaciones económicas. La mayoría 
sostuvo, en cambio, que -en las palabras de un preso- “Los chicos que 
vienen ahora a la cárcel están totalmente perdidos. El Crack mató a sus 
madres”. “No escuchan nada ni a nadie, no tienen respeto, ni miedo” 
agregó otro, advirtiendo que “no se trata de mandarles a los 
‘rubios’[los asistentes sociales blancos]”. “Yo era un gladiador callejero 
muy jodido”, un preso dijo, “pero [los chicos del barrio hoy en día] son 
predadores fríos como una piedra.” 
 Las crecientes filas de “fríos predadores” consisten 
principalmente en hombres negros de las áreas degradadas de los 
centros urbanos que alcanzan la madurez física sin conocer la caricia 
del amor de una madre, hermana o abuela o la mano disciplinante de 
un padre, hermano, vecino, profesor o entrenador. Los “modelos de 
rol” que tienen importancia en sus vidas aisladas son “gangsta 
rappers”2 millonarios, que practican la gratificación material y sexual 
instantánea y predican la violencia impulsiva contra cualquiera que les 
falte el respeto de cualquier manera. Gracias a la disolución de la 
familia, nadie les ha impartido a estos individuos las normas de una 
vida civilizada, ni siquiera las básicas, de respeto a sus pares y a las 
autoridades, de superación personal, de trabajo duro y otros valores 
“de clase media”. En sus vidas casi todos les han enseñado con su 
ejemplo a estar extremadamente orientados sólo al presente y a 
pensar solamente en ellos mismos. 
 Los “fríos predadores” no son intimidados fácilmente por las 
condenas penales porque casi no valoran el futuro, el suyo o el de 
cualquier otro. No pueden ser constreñidos por el estigma, las 
mortificaciones de la conciencia, o la angustia del encarcelamiento, 
porque no poseen un nivel normal de empatía o emoción humana. 
Nada, ni Head Start3, ni, con seguridad, jugar basketball a la 
medianoche, es suficiente para desviarlos de sus planeadas incursiones 
criminales. No están anclados moral ni psicológicamente a ningún 
futuro, ningún pasado, ningún amor, ningún odio, ninguna pena, 
ningún remordimiento. Son una nueva raza de criminales más letal que 
ninguna vista antes. 
 Esto nos puede turbar, pero no sorprendernos. Aristóteles 
advertía hace mil años que los hombres “aislados de la ley y la justicia” 
 
2
 N. Del T. : Literalmente ‘Raperos Pandilleros’ (de “gangsta”, deformación de 
“gangster” o pandillero); se utiliza para denominar los cantantes de rap que difunden 
una estética y un discurso violento, que suelen estar emparentados con las pandillas 
juveniles. 
3
 N. del. T: Se trata de un programa de prevención del delito juvenil. 
son los peores animales. La gente se vuelve buena (capaz de querer, 
amable, responsable, obediente a la ley) sólo cuando están “ 
debidamente entrenados y habituados” y utilizan su tiempo en 
“propósitos valiosos, bajo alguna forma de orden correcto, siempre que 
este orden tenga la suficiente fuerza”. Porque la mayoría de la gente de 
cualquier estrato socio económico que nace de padres decentes, no se 
convierte en delincuente. Pero si se permite a las comunidades que 
evolucionen hasta llegar a que el 75 por ciento de los niños sean hijos 
extramatrimoniales, que el uso de drogas sea algo común, que la 
economía local pase por el delito, que las políticas del Estado 
Benefactor frustren la formación de la familia, que las influencias cuasi-
familiares (maestros dedicados, vecinos preocupados) se evaporen; 
entonces, la barbarie no estará muy lejos. 
 Podemos intentar lidiar con los predadores antisociales 
mediante la elusión - cambiar los lugares donde vivimos, trabajamos, 
compramos, vamos a clase, vacacionamos e invertimos.Podemos 
demandar que las leyes penales establezcan el cumplimiento efectivo 
de las sentencias condenatorias para que saquen de circulación por 
muchos años a individuos peligrosos mayores de 16 años. Podemos 
focalizar los recursos humanos policiales en los barrios de alto nivel de 
delitos. Pero la única estrategia realmente efectiva para controlar el 
delito será aquella que, en primer lugar, mantenga a los niños alejados 
de convertirse en delincuentes. Esto implica someter a los niños al 
cuidado de adultos que les enseñen a distinguir lo bueno y lo malo, que 
les provean la disciplina del amor y que les estimulen el respeto por la 
dignidad y la humanidad de los otros. 
 Antes que esperar al tercer o cuarto “contacto” con la 
burocracia del servicio social o de los jueces, desde la primera vez que 
un niño es maltratado o desatendido, debe ser retirado de la casa y 
todos los derechos paternos sobre él deben ser eliminados. Como el 
etnógrafo urbano Mark Fleisher escribe en su próximo libro Beggars 
and Thieves, debemos hacer algo más que seguir pidiendo a los padres 
que dejen de pegar a sus hijos. Debemos rescatar para siempre a los 
jóvenes de sus padres irresponsables que los han maltratado o 
descuidado. En lugar de aceptar que es muy probable que se 
conviertan en delincuentes en un futuro cercano, debemos enviarlos a 
orfanatorios, casas grupales o colegios internados. 
 Lo que tengo en mente para las áreas degradadas de los centros 
urbanos son instituciones residenciales, privadas, basadas en una 
iglesia, a cargo de hombres y mujeres negros integrantes de la gran 
población negra urbana que paga impuestos, trabaja duro, profesa su 
culto con fe y cría buenos niños. Pienso en ellos como un “kibutz negro 
urbano.” 
 ¿Pueden estas instituciones parroquiales ser creadas frente a la 
férrea oposición de los burócratas de los servicios de cuidado sustituto 
y sus perversas políticas de “preservación familiar” que devuelven una 
y otra vez al niño a sus padres biológicos, incluso los más violentos? ¿Y 
una vez instituidas, porqué habría que esperar que estas instituciones 
funcionen? ¿Podrían mantener sus rigurosos estándares y su 
independencia mientras reciben fondos del gobierno con todos los 
manejos y obstáculos políticos que ello trae aparejado? ¿Podrían 
sobrevivir a las impugnaciones legales por parte de la iglesia o el 
estado, producidas por los mismos defensores de los derechos civiles 
que nos dejaron políticas de vivienda pública sin posibilidad de 
desalojo, escuelas sin reglas, códigos criminales blandos y otros 
desastres? 
 Con toda honestidad, no lo sé. Pero sugiero que mejor 
probemos y lo averigüemos - pronto. 
 
2. Salvar los ‘bebes de la droga’. 
Por Paul. A Logli 
(Fiscal en Winnebago, Illinois). 
 
Los años ochenta produjeron una oleada de bebes afectados por 
la droga –dañados en el útero por el consumo irresponsable de 
drogas ilegales por parte de su madre, y una vez nacidos, por la 
negligencia y el abandono - que no muestra signos de menguar. 
Las legislaturas deben sancionar textos legales específicamente 
para atacar el abuso de drogas por parte de los niños. 
 
 En los tardíos años 80 esta nación se conmocionó al saber 
nacían que cerca de 380.000 niños por año con evidencias de cocaína u 
otras drogas ilegales en su sangre. Las imágenes que ilustraban las 
historias de este nuevo grupo de niños en riesgo exhibían bebés 
pequeños y débiles nacidos prematuramente, acostados en cunas de 
hospital con cables y tubos conectados a sus cuerpos. Otras imágenes 
mostraban niños mayores afectados por drogas, fácilmente irritables e 
incapaces de concentrarse normalmente en tareas diarias. 
 Entre los cientos de miles de niños afectados por drogas están 
los que simplemente fueron abandonados por sus madres en los 
hospitales donde nacieron. Estos son los llamados “boarder babies” y a 
veces aprenden a caminar estando todavía en la maternidad de un 
hospital. Pierden cualquier oportunidad de crianza temprana cuando 
sus madres los abandonan para consumir drogas, ejercer la 
prostitución, y otras actividades que no dejan tiempo, energía o aptitud 
para criar debidamente a un niño. Números significativos de estas 
madres volverán nuevamente al hospital a dar a luz a niños 
estropeados por la droga. 
 Esta plaga de niños afectados por las drogas ha elevado la 
preocupación en las comunidades médica y jurídica. Los hospitales han 
tenido que soportar grandes gastos por el cuidado de estos niños. Aún 
los jóvenes que no han sido dañados físicamente padecen daños 
emocionales y psicológicos, que a la postre requerirán asistencia 
médica, social y educacional especial. 
 La respuesta legal ha sido un esfuerzo por parte de los fiscales 
para responsabilizar a las madres por daños ocasionados por el uso de 
drogas a los niños por nacer. La mayoría de los esfuerzos por aplicar las 
leyes existentes han fallado. Defensas exitosas han argumentado que 
las madres nunca habían sido notificadas que este comportamiento era 
punible por la justicia. 
 Los esfuerzos para sancionar leyes específicas para prohibir el 
consumo de estupefacientes por parte de las madres durante el 
embarazo, han fallado en casi todas las cámaras legislativas. Todos los 
proyectos legales no han sido sancionados, aun cuando contemplaban 
la inclusión de la imputada en un régimen de probation con la 
condición de realizar un tratamiento de recuperación. A pesar de que 
existe una condena casi universal para el consumo de drogas por parte 
de una madre embarazada, los legisladores no han tenido voluntad de 
oponerse al intenso lobby de los intereses pro-abortistas y de las 
políticas de salud. 
 A los diseñadores de leyes se les dice que las medidas punitivas 
solo llevarán a las madres que abusan de drogas fuera del sistema de 
salud y que darán a luz en sus propias casas o en algún callejón oscuro, 
con tal de evitar que se descubra su abuso de drogas. Estas aserciones 
ignoran que la mayoría de éstas mujeres ya están fuera del sistema de 
salud y no buscan cuidados médicos para su embarazo hasta que están 
a punto de parir. 
 El lobby pro-abortista, por otro lado, argumenta que un 
enfoque punitivo del problema, aún uno que privilegie la probation y el 
tratamiento por sobre el encarcelamiento es simplemente perseguir a 
la mujer y atentar contra su derecho a hacer lo que quiera de su cuerpo 
y de su feto. 
 Paralizados por el miedo de ser etiquetados como sexistas o 
anti-liberales, los legisladores se han rehusado a considerar sanciones 
que reflejarían la reacción social frente a las conductas ilícitas de un 
pequeño grupo de personas abocadas a la destrucción egoísta de sus 
propios niños inocentes. Y de esta forma, grandes cantidades de niños 
continúan siendo dañados. 
 Un esquema legislativo humanitario debería establecer que la 
sangre de todos los niños sea examinada al nacer, a fin de determinar 
la presencia de estupefacientes y otras sustancia letales. Se ha 
demostrado que la intervención temprana en la vida de los niños 
afectados por las drogas puede prevenir muchos de los efectos 
dañinos, a largo plazo, de la toxicidad de las drogas. En muchos casos 
los efectos de los estupefacientes no son evidentes en el niño sin un 
examen de sangre y por ello, muchos son enviados a sus casas con sus 
padres que abusan de drogas y que constituyen una amenaza continua 
a la seguridad, la salud y la debida nutrición de los mismos. El examen 
universal de los bebes permitiría a las autoridades locales y estatales 
intervenir en situaciones potencialmente trágicas, desarrollar una 
intervención temprana adecuada y, tal vez, eliminar algunos de los 
efectos dañosos en los nacimientos afectados por drogas. 
 También debería ser sancionada una legislación que prohíba 
específicamente la provisión de estupefacientes ilegales al feto cuando 
está en el útero materno. Esto situaría las políticas públicas claramente 
del lado del feto inocente, por nacer y contra una madreque no tiene 
derecho de abusar de drogas o poner en peligro el futuro bienestar de 
su prole. También esto atacaría el problema recurrente de niños 
nacidos muertos o que mueren poco después de su nacimiento como 
resultado del abuso de drogas de su madre. En tales supuesto, al haber 
nacido el niño muerto, los tribunales de menores no tienen jurisdicción 
sobre las acciones futuras de la madre. Se les permite salir del hospital, 
sin tratamiento y seguir produciendo a voluntad otros niños dañados. 
 Cualquier legislación que sea sancionada debería proveer en 
primera instancia probation, tratamiento contra las drogas y 
rehabilitación. Entonces sí podrían establecerse sanciones progresivas 
para los individuos que se rehúsen a cooperar con los programas 
establecidos o que subsiguientemente, den a luz niños afectados por 
las drogas. Estas disposiciones legales disuadirían a los padres jóvenes 
de tomar decisiones trágicas que afecten su salud y la de sus hijos. 
Ofrecería ayuda y establecería límites morales apropiados a la 
conducta que atropella los derechos de los otros. Apenas una pizca de 
valentía política produciría leyes que prevendrían que esta terrible 
amenaza siga cayendo sobre más niños norteamericanos. 
 
3. Controlar a los terroristas juveniles. 
Por Ed Koch 
(Ex - Alcalde de New York) 
 
Las disposiciones especiales establecidas desde hace décadas en 
nuestras leyes para proteger y excusar a los jóvenes ya no 
corresponden a esta era de violencia sin precedente entre los 
delincuentes juveniles. Las leyes para manejar ofensores 
juveniles deben ser endurecidas, los padres burdamente 
negligentes deben perder a sus hijos y deben crearse nuevas 
organizaciones para inculcar valores morales en los niños. 
 
 Demasiado frecuentemente, en New York y otras jurisdicciones, 
el derecho trata a los jóvenes criminales como niños delincuentes, a 
pesar de que actúan más bien como animales feroces. Los jóvenes 
parecen ver esta falta de límites como una licencia para atacar a los 
mayores, los débiles y los otros niños que no pueden defenderse a sí 
mismos. 
 Cada año, los jóvenes cometen más delitos que nunca. De 
acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia el número de 
jóvenes arrestados por homicidio aumentó 104% a nivel nacional desde 
1970 hasta 1992. Desde 1980, las muertes provocadas por pandillas 
juveniles -la causa de muerte que más rápido se incrementa- aumentó 
371%. 
 Los jueces y los fiscales no tienen capacidad para tomar 
medidas adecuadas para enfrentar este baño de sangre, porque hemos 
creado irracionales eximentes y atenuantes legales para los jóvenes 
que cometen delitos graves. En nuestra búsqueda por proteger la 
privacidad de los jóvenes malvivientes, que en muchos casos crecerán 
hasta ser malvivientes adultos, hemos establecido un sistema en el que 
los delincuentes juveniles condenados no pueden ser identificados por 
el público. ¿No le gustaría saber si el chico de mitad de cuadra ha sido 
condenado como incendiario? ¿O es un delincuente sexual? En New 
York, los adolescentes no pueden ser fichados dactilarmente ni 
fotografiados por ciertos delitos, incluyendo posesión de un arma 
cargada o haber disparado a una persona causándole lesiones 
corporales. ¿Por qué no? 
 Los fiscales de los tribunales de familia en New York no tienen 
permitido obtener ordenes de allanamiento y detención cuando un 
joven está involucrado - aunque el fiscal sepa que un arma homicida 
está en la casa del joven. Créase o no, no hay mecanismos legales para 
conseguir la orden de allanamiento y secuestrar ese arma homicida en 
el estado de New York. 
 Cuando los jóvenes condenados en los tribunales de familia son 
requeridos en los tribunales de adultos, los fiscales y jueces no pueden 
acceder por completo a su historia criminal, porque los archivos sobre 
jóvenes están protegidos por restricciones de confidencialidad. 
 Muchas veces se les informa a los tribunales que son ofensores 
primarios, cuando no son nada por el estilo. A nivel nacional, la tasa de 
reincidencia de los ofensores juveniles alcanza el 75%. Y esto no será 
controlado hasta que los archivos de información sobre los jóvenes 
estén disponibles en las cortes para que puedan imponer el castigo 
adecuado a los ofensores crónicos. 
 Los jóvenes se dedican al delito porque no hay respeto por la 
ley o la autoridad y existen pocas probabilidades de ser arrestados o 
castigados. Nuestros legisladores estatales no reconocen que los 
crímenes de estos “pequeños pillos” han ido mucho más allá de hurtos, 
pinchaduras de gomas y beber cerveza en público. Las leyes creadas 
para controlar estas ofensas menores simplemente ya no son 
adecuadas para tratar los delitos graves que los jóvenes cometen hoy 
en día. 
 En New York, por ejemplo, la máxima condena posible para 
delitos graves cometidos por jóvenes, como disparar contra alguien con 
un arma de fuego, robar en banda o con violencia, es de 18 meses. Para 
los más aberrantes, como el homicidio y la violación, las condenas para 
jóvenes pueden ir de tres a cinco años y el máximo raramente se aplica. 
 Toda Inglaterra se horrorizó cuando dos niños de 10 años 
secuestraron y mataron un bebé. El primer ministro John Major 
resumió los sentimientos de las personas más responsables cuando dijo 
“Siento que la sociedad necesita condenar un poco más y comprender 
un poco menos”. Desgraciadamente, esa respuesta con sentido común 
raramente puede ser encontrada en nuestras legislaturas estatales. 
 Recientemente en New Jersey, dos mellizos de siete años 
fueron arrestados por irrumpir en una iglesia -su tercer robo con 
violencia en dos semanas. Previamente, de acuerdo a la prensa, 
robaron y saquearon una escuela -causando $30.000 de daños- y 
también una casa privada. Luego de su tercer arresto fueron devueltos 
a su madre, una drogadicta en recuperación. La División Estatal de 
Servicios Juveniles y de Familia “enviará ahora un tutor para asegurarse 
de que estén en casa y fuera de problemas”, de acuerdo al periódico 
local de New Jersey. 
 ¿Por qué no se hizo nada luego del primer robo? Aún si tenía 
alguna clase de sentido no hacerlo en la primera ocasión, seguro que 
no tiene sentido dejar a esos niños en custodia de su madre ahora. Sin 
intervención, la experiencia nos muestra que sus prontuarios crecerán 
más y más. 
 Además de endurecer las leyes para tratar los delitos cometidos 
por los jóvenes, ¿qué podemos hacer para sacar a los jóvenes de la 
senda delictiva?. Es reconocido, casi universalmente, que las escuelas 
públicas, por una gran cantidad de razones, no transmiten moralidad. 
Una propuesta que, creo, el Congreso debería explorar y tal vez, testear 
en Washingnton D.C., son operaciones de vigilancia de niños desde 
cinco años de 3 a 6 p.m. 
 La segunda propuesta, diseñada para los mayores de 17 años es 
formar Cuerpos de Conservación Civil, diseñados para enseñar a los 
jóvenes oficios, proveerles tratamiento de recuperación de las drogas, 
si lo necesitan, y asistirlos para que completen la escuela secundaria. 
Luego de servir dos años en estos cuerpos, aquellos que hayan entrado 
con prontuarios delictuales serían elegibles para el otorgamiento de un 
perdón si no consumen drogas y evitan conflictos con la ley por un 
período de tres años. 
 Para lidiar con la explosión actual de la delincuencia juvenil 
debemos ser muy duros, duros con los delincuentes y duros con 
nosotros mismos. No debemos ver más a las conductas aberrantes 
como una fase de la infancia que será superada por el niño. La 
delincuencia juvenil grave es ahora parte de nuestra cultura y 
necesitamos medidas urgentes para castigar y rehabilitar a los jóvenes 
que están violando los derechos de los demás. 
 
4. Reducir los crímenes graves restaurando el orden 
Por George Kelling 
(Northeastern University - Harvard University) 
 
Para atacar los delitos graves y mantener los barrios habitables 
debemos reforzar el orden público. Faltas como la vaganciao el 
mendigar no son problemas menores; indican un colapso más 
amplio de las normas sociales. La Policía debe atacar el 
desorden público para resolver el problema en lugar de 
reaccionar ante los delitos una vez que ya comenzaron. 
 
 El debate nacional sobre el delito ronda alrededor de grandes 
temas como el control de las armas, la regla “three strikes and you’re 
out”4 y la pena de muerte. Pero en el ámbito cotidiano, los ciudadanos 
reclaman algo más simple: que la policía se les una nuevamente para 
 
4
 N. Del T.: Literalmente “tres golpes –fallidos- y estás afuera”. Hace referencia con 
una expresión del vocabulario del béisbol a las diversas leyes sancionadas en EEUU 
durante los años 80 y 90 que contemplan para los casos de triple reincidencia en cierto 
tipos de delitos la condena a cadena perpetua. 
restaurar el orden público. Ciertamente los ciudadanos están 
preocupados por los “grandes” crímenes, especialmente los violentos. 
Pero sus prioridades acerca de lo que más se necesita combatir el 
delito en su propio barrio suelen diferir de las de los dirigentes a nivel 
nacional. 
 En “focus groups”, encuentros comunitarios y encuestas, los 
ciudadanos regularmente plantean como sus preocupaciones centrales 
en torno a la seguridad, el mendigaje, la juventud descarriada tomando 
posesión de esquinas o plazas, el beber en público, la prostitución, y 
otras conductas desordenadas. Tales preocupaciones van más allá de 
las diferencias de clase, raza u origen étnico y se dan en cualquier lugar 
del país. En New York durante los ochenta, las encuestas a los 
ciudadanos que dejaron de utilizar el subterráneo como medio de 
transporte, mostraron que no estaban escapando de crímenes graves 
sino de problemas comúnmente asociados con los vagabundos: orinar 
y defecar en público, mendigaje agresivo, individuos tirados en los 
bancos o en el piso de los trenes y de las estaciones. Respondiendo a 
los reclamos ciudadanos, los funcionarios encargados del subterráneo 
usaron su policía para reforzar vigorosamente las reglas y, al mismo 
tiempo, proporcionar respuestas genuinas a los verdaderamente 
necesitados. 
 En San Francisco, los ciudadanos demandaban que los parques, 
espacios públicos y veredas sean liberados de prostitutas, mendigos y 
adictos a las drogas. Por ello, el alcalde Frank Jordan instituyó la 
“Operación Matrix”, un esfuerzo multiagencial, combinando las 
acciones de los servicios sociales, la agencia de mantenimiento de 
parques y la policía. Nuevamente, los funcionarios ofrecían a los 
desviados ayuda si la necesitaban, pero paralelamente abogaban por 
un cumplimiento estricto de ordenanzas y leyes. 
 ¿Porqué están los ciudadanos tan preocupados por el 
desorden? ¿Acaso no es el crimen grave el tema de debate? No tanto. 
Como James Q. Wilson y yo argumentamos en 1982, en un artículo en 
The Atlantic, los ciudadanos intuitivamente comprenden los lazos entre 
desorden, decadencia urbana, miedo y crimen. Nosotros describimos 
estos lazos a través de la siguiente metáfora: así como una ventana 
rota sin reparar resultará en más graves perjuicios porque es un signo 
de que nadie, en particular, se preocupa por el edificio; el desorden 
público que no se corrige en un barrio es un signo de indiferencia, y 
llevará a delitos más graves y a la decadencia urbana. Los posteriores 
estudios empíricos de Wesley Skogan probaron nuestra hipótesis: 
encontró que en muchas ciudades a lo largo del país el desorden era el 
caldo de cultivo de delitos más serios futuros. 
 Por supuesto que los intentos de restaurar el orden suelen traer 
aparejadas demandas por parte de activistas, frecuentemente 
abogando por aquellos eufemísticamente llamados “sin techo” -una 
población que sufre privaciones y es extremadamente problemática. 
Han argumentado que la presencia de estos individuos es, en realidad, 
buena para la sociedad porque proveen el necesario estimulo para 
incrementar los servicios sociales. Algunos jueces han tomado el 
comportamiento desordenado de estos individuos como expresión de 
sus derechos individuales y negaron cualquier intento de restringir su 
presencia es espacios públicos. Otros, sin embargo, han reconocido las 
consecuencias de la falta de regulación de tales conductas 
desordenadas y han permitido que se tomen medidas para limitarla. 
Cómo habrán de resolverse estas batallas legales aún no es claro, pero 
su resultado determinará cuántos de estos barrios prosperarán o 
caerán en la espiral de la decadencia urbana. 
 Ahora tenemos muchos ejemplos de qué pasa cuando el orden 
básico es restaurado en los espacios públicos. Como resultado de los 
esfuerzos de la policía para mantener el orden en las líneas 
subterráneas de la Ciudad de New York, los robos se han reducido un 
55% en cuatro años. El Parque Bryant de New York ha sido recuperado. 
Los espacios públicos del centro de San Francisco han sido restaurados 
para su uso público. La degradación del área comercial de la 
Universidad de Seattle ha sido revertida y la plaza Oregon’s Pioneer 
Square de Portland ha sido mantenida como un espacio público 
utilizable. 
 Las demandas ciudadanas de orden han cambiado 
sustancialmente las respuestas oficiales frente al delito. La policía, en 
particular, está comenzando a re-orientase. Sin embargo, las tácticas 
reactivas que enfatizan el patrullaje, el responder rápidamente a los 
llamados de emergencia (911) y a un grupo concentrado de delitos 
graves todavía dominan muchas fuerzas policiales. 
 La respuesta rápida a llamados telefónicos de emergencia como 
el núcleo de una estrategia policial puede parecer sensata, pero las 
investigaciones indican que es un camino sin salida. El sistema de 
respuesta centralizada, fuerza a los oficiales a focalizarse puramente en 
delitos graves, impidiendo que se integren a los barrios y encerrándolos 
en sus autos, esperando que el desastre ocurra, en lugar de ponerlos a 
trabajar con los ciudadanos para prevenir el crimen. Por todo esto, la 
respuesta rápida solo produce algún resultado en menos del 3% de los 
crímenes graves. 
 La policía siempre ha pasado un tiempo considerable en 
actividades de mantenimiento del orden, pero extraoficialmente, en 
gran medida sin reconocimiento y sin compensación. Los políticos y los 
oficiales de policía que han invertido mucho en las promesas del 
sistema respuesta rápida a veces resisten su reemplazo. Pero si la 
policía ha de ser una fuerza preventiva en la comunidad, no tienen otra 
opción. 
 Las buenas noticias son que los policías están comenzando a 
responder a las demandas de los ciudadanos y están regresando a los 
barrios. Algunos fiscales también están cambiando sus prioridades. 
Estamos dándonos cuenta de que si el crimen grave debe prevenirse, 
los oficiales públicos deben trabajar con los residentes locales para 
restaurar las defensas naturales contra el desorden, que no es otra 
cosa que un primer paso hacia la predación. 
 
5. Simplemente, quitar las armas a los criminales. 
Por James Q. Wilson. 
(University of California at LA) 
 
Olvídese del control de la tenencia de armas. Para quitar las 
armas a la gente que mata, permitamos que la policía retenga 
sujetos que parecen sospechosos en la calle, los requise y 
secuestre sus armas. 
 
 El público sospecha que las leyes de control de armas no sirven 
como un medio para sacar las armas de las manos de los criminales. 
Está en lo cierto. 
 Hay 200 millones de armas en propiedad de particulares, cerca 
de un tercio son armas de fuego cortas. Solo el 2% de éstas últimas son 
empleadas para cometer delitos. Aún más, sólo cerca de un sexto de las 
armas de fuego cortas usadas por los delincuentes son compradas. La 
mayoría de estas armas son robadas, prestadas u obtenidas a través de 
compras entre particulares que no se ven afectadas por las leyes de 
regulación de la tenencia de armas. 
 Lo que es peor, cualquier esfuerzo exitoso para reducir el stockde armas (y municiones) compradas legalmente reduciría la capacidad 
de los ciudadanos obedientes de la ley de defenderse a sí mismos. Los 
partidarios del control de las armas se mofan de la importancia de la 
autodefensa pero se equivocan al hacerlo. Gary Kleck, criminólogo de 
la Florida State University, ha estimado que las armas son exhibidas o 
disparadas por los ciudadanos para defenderse más de un millón de 
veces al año. Esto es más que el número total de arrestos policiales en 
un año por crímenes violentos y robos de viviendas. 
 La gente que se defiende con un arma es menos vulnerable a 
perder su propiedad en un robo o ser lastimada en un asalto que los 
que no lo hacen, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización. 
Las estadísticas demuestran que las chances de un ladrón que penetra 
en una casa de ser baleado, son las mismas que las que tiene de ir a la 
cárcel. Los delincuentes saben esto, aunque los partidarios del control 
de armas consideren que no y ésta es la razón de que las casas en 
EE.UU. sean mucho menos pasibles de ser robadas que las de Europa, 
donde los residentes raramente tienen armas. 
 Algunos partidarios del control de armas reconocen esto pero 
responden que el costo de la autodefensa es la auto-lesión. Sin 
embargo, la mayoría de los accidentes involucran rifles y armas de tiro, 
no armas cortas. Aún más la tasa de accidentes fatales ha declinado 
mientras que el número de propietarios de armas ha aumentado. Hay 
accidentes fatales con armas, así como hay accidentes fatales con 
autos, pero sólo en menos del 2% de todos los accidentes fatales con 
armas ha sido víctima una persona confundida con un intruso. 
 Aquellos que prohibirían o restringirían severamente la venta de 
armas ignoran estos hechos. Peor, promueven un curso de acción 
moral y políticamente absurdo. Ellos dicen, en efecto, “tu gobierno, 
habiendo fallado en protegerte del asalto de un delincuente, ahora 
intenta privarte de la oportunidad de protegerte a ti mismo”. 
Los opositores al control de armas cometen un error diferente. 
La National Rifle Association y sus aliados nos dicen: “las armas no 
matan; mata la gente” y urgen al gobierno a castigar más severamente 
a la gente que comete delitos con armas. Encerrar a los delincuentes sí 
ayuda a proteger a la sociedad de futuros crímenes. Y la probabilidad 
de ser encerrado bien puede disuadir a los delincuentes. Sin embargo, 
la experiencia muestra que las condenas más severas son también 
menos pasibles de ser impuestas como consecuencia de la resistencia 
de ciertos jueces y fiscales. 
 La NRA, al focalizarse en los crímenes ya cometidos, ignora el 
hecho de que la mera presencia de armas ilegales puede tornar los 
encuentros callejeros más peligrosos. Los delincuentes llevan armas no 
sólo para cometer delitos sino para protegerse de otros malvivientes 
armados. Las armas suelen convertir explosiones espontáneas de furia 
en encuentros fatales que resultan una amenaza tanto para los 
ocasionales presentes como para sus participantes. Debe ser una de 
nuestras metas sacar las armas de las manos de estos inestables 
jóvenes antes de que sean utilizadas en algún delito, y no sólo después 
de ello. 
 Desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley no es el 
camino a seguir para ello. En cambio, debemos reducir el número de 
gente que lleva armas ilegítimamente en sitios públicos. Esto importa 
impulsar a la policía a realizar requisas callejeras. 
 La Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe “revisaciones y 
detenciones arbitrarios”. En 1968 la Corte Suprema decidió en Terry vs. 
Ohio que palpar las ropas de una persona es procedente si el oficial de 
policía tiene “sospecha razonable” de que la persona está armada y es 
peligrosa. Si al palpar se encuentra un objeto que pueda ser un arma, el 
oficial puede meter la mano en el bolsillo del sospechoso para retirarla. 
Si el arma es portada ilegalmente, el sospechoso puede ser arrestado. 
 Este test de sospecha razonable es mucho menos restrictivo que 
el standart de la causa probable, que la policía debe tener para 
efectuar arrestos. Una sospecha razonable, sin embargo, es mucho más 
que una corazonada; debe estar apoyada en hechos específicos. Los 
tribunales han sostenido, no siempre consistentemente, que estos 
hechos pueden incluir supuestos tales como: escaparse ante la 
presencia de un policía, existencia de bultos sospechosos en los 
bolsillos de conductores que son retenidos por faltas de tránsito, o 
información de una fuente confiable acerca de que alguien está 
portando un arma. La Corte Suprema incluso ha ratificado la requisa de 
personas bajo probation o libertad condicional. 
 Algunos departamentos de policía requisan mucha gente, pero 
muchos otros no. En 1992 la policía arrestó cerca de 240.000 personas 
por portación ilegal de armas. Cerca de cuatro veces más, fueron 
arrestados por ebriedad. El policía promedio no hará en todo el año 
confiscaciones ni arrestos por tenencia de armas. El profesor Mark 
Moore ha encontrado que la mayoría de los arrestos por portación 
ilegal de armas han sido realizados por la denuncia de un ciudadano y 
no porque la policía estuviera abocada a descubrir la posesión ilegal de 
armas. 
 Es fácil ver porqué. Muchas ciudades sufren de escasez de 
personal policial, y aún aquellas con gran cantidad de agentes policiales 
se preocupan de no ser acusados de atropellos policiales, o por no ver 
sus casos anulados por razones constitucionales. Pero los riesgos de 
violar la Constitución o de atropellar a los ciudadanos pueden ser 
reducidos sustancialmente. 
 Se puede entregar a cada oficial encargado de un patrullero una 
lista de gente en libertad condicional o probation que viva en la zona 
que le corresponde y se lo puede recompensar por detenerlos 
frecuentemente para asegurarse de que no lleven armas. Los oficiales 
pueden ser entrenados para reconocer las clases de conductas que la 
Corte aceptará como prueba de la “sospecha razonable” necesaria para 
la detención y requisa. La ley y la jurisprudencia podrían establecer que 
formar parte de una banda conocida por asaltos y comercio de drogas 
sea condición que justifique la requisas en busca de armas. 
 Y la ciencia moderna puede ser llamada a ayudar. Los 
detectores en los aeropuertos han reducido a casi cero el número de 
atentados y secuestros de aviones. Pero estos aparatos funcionan sólo 
en ámbito muy limitado. Lo que se necesita es una máquina que 
permita a la policía detectar un arma en el bolsillo de alguien desde 
una distancia de 3 o 5 metros. Recibir una señal de este tipo 
significaría, para el agente, tener una base razonable para la requisa. 
Físicos nucleares e ingenieros electrónicos sub-empleados 
seguramente tienen el talento para desarrollar útiles detectores de 
armas hoy en día. 5 
 Aún si hacemos todas estas cosas, seguirá habiendo quejas. 
Gente inocente seguirá siendo detenida. Los jóvenes masculinos negros 
e hispanos seguramente serán retenidos con más frecuencia que los 
adultos masculinos blancos y que las mujeres de cualquier raza. Pero si 
pretendemos ser serios en reducir los tiroteos ocasionales, las guerras 
entre bandas y las peleas mortales en lugares públicos, debemos sacar 
las armas ilegales de las calles. No podemos hacer esto alargando los 
formularios que hay que completar en las tiendas de armas o 
pretendiendo que las armas no son un problema hasta que las usa un 
delincuente. 
 
6.- Poner más armas en los bolsillos de la gente obediente de la ley. 
Por Dave Kopel. 
(Independence Institute) 
 
Un número creciente de estados están permitiendo a los 
ciudadanos respetuosos de la ley portar armas con las cuales 
defenderse. Las investigaciones muestran que estas leyes 
incrementan la seguridad personal y no tienen efectos 
secundarios negativos. 
 
 Los expertos en control de armas acuerdan en dos puntos 
básicos: cada año, las armas son usadas muchas miles de veces para 
perpetrar delitos. Y cada año, las armas sonusadas muchos miles de 
veces para protección legítima. 
El sentido común nos sugiere, entonces, que las políticas sobre control 
de armas deben seguir dos caminos: reducir el número de usos 
ilegítimos de las armas, y aumentar el número de usos legítimos de las 
 
5
 Nota del Editor (en la edición originaria): Las propuestas del profesor Wilson en esta 
área han dado frutos recientemente. En marzo, el Departamento de Justicia contrató a 
tres laboratorios para el desarrollo de un prototipo de detector de armas ocultas. En 18 
meses, estarán disponibles aparatos que pueden identificar y describir un arma oculta 
en una persona desde una distancia de 4 metros. De aquí en más, se desarrollarán 
dispositivos móviles utilizables desde las patrullas aún desde distancias más largas. 
 
mismas. Mientras que el primer enfoque ha ganado mayor atención 
por parte de los medios de comunicación, un gran número de estados 
en los últimos año han adoptado leyes utilizando el segundo enfoque. 
Veintitrés estados actualmente tienen políticas que establecen que 
cualquier ciudadano entrenado y obediente de la ley puede obtener un 
permiso para portar arma. 
 Cuando la legislación sobre portación de armas es debatida, los 
opositores típicamente sacan a luz el miedo de que la sangre se 
derrame en las calles mientras ciudadanos armados se disparan entre sí 
en los embotellamientos. Un reciente estudio que hemos realizado con 
Clayton Cramer sobre los resultados en los estados que han legalizado 
la portación de armas descubre que esto no es cierto. Ningún estado en 
los que se permite ha visto un incremento anormal en la tasa de 
homicidios, e incluso un estado –Florida- experimentó una brusca caída 
en su tasa de homicidios luego de que la ley cambió. 
 Más allá de si la habilitación para la portación de armas trae 
aparejado una reducción de la tasa de delitos o no, estos estados 
pasan holgadamente el test “basta con que salve una vida”, propuesto 
por los defensores del control de armas. En octubre de 1991 el 
psicópata George Hennard entró con su camioneta por el ventanal de 
la cafetería Luby´s en Killen, Texas. Usando un par de pistolas, asesinó a 
23 personas en 10 minutos, deteniéndose sólo cuando llegó la policía. 
 La Dra. Suzanna Gratia, encargada de la cafetería, tenía un arma 
en su auto, pero de acuerdo a las leyes de Texas, no podía hacerlo; a 
pesar de su imagen de “salvaje oeste”, Texas fue el primer estado en la 
nación en prohibir cualquier portación de armas cortas (la sanción de la 
reforma sobre la portación de armas es virtualmente un hecho para 
1995). 
 Si la Dra. Gratia hubiera tenido su arma, podría haber disparado 
a Hennard. “Tenía un blanco perfecto”, explicaría posteriormente. 
“Tenía lugar para apoyar mi mano; el tipo ni siquiera estaba atento a lo 
que nosotros hacíamos”. 
 Hennard recargó cinco veces, y tuvo que tirar una de las pistolas 
porque se trabó, así que hubo muchas oportunidades para que alguien 
le dispare. Pero por las leyes restrictivas de Texas, ni la Dra. Gratia ni 
otro ciudadano estaba armado. Los padres de Gratia estuvieron entre 
las víctimas. 
 Dos meses después un par de delincuentes con pistolas robadas 
hicieron entrar a 20 clientes y empleados a la cámara frigorífica del 
restaurante Shonney en Aniston, Alabama. Glenn Terry estaba 
escondido bajo una mesa del restaurante, armado con una pistola 45 
semi-automática que portaba legalmente. Uno de los ladrones lo 
descubrió, pero Terry lo mató de cinco tiros en el pecho. El segundo 
ladrón, que retenía como rehén al gerente disparó a Terry y lo rozó. 
Terry respondió al fuego e hirió gravemente al ladrón. 
 La experiencia de los estados con leyes que permiten la 
portación de armas demuestra claramente que la gente que obtiene los 
permisos -pasando por la toma de huellas dactilares, 90 días de 
examen socio-ambiental y clases de entrenamiento- son ciudadanos 
estables, obediente de la ley y no se convierten en psicópatas cuando 
le es concedido el permiso. Más allá de la histeria del control de armas, 
en ninguna jurisdicción de las que hemos estudiado los poseedores 
legales de armas representan un problema para las agencias 
encargadas de hacer cumplir la ley. 
Habiéndose opuesto decididamente a la reforma legal del 
Estado de Florida, la administración policial del Condado de Dade, en 
1988 comenzó a llevar adelante informes detallados de cada 
enfrentamiento de la policía con un poseedor legal de armas de fuego. 
Los informes fueron dejados de lado en 1992 dado que sólo muy 
excepcionalmente se producían tales enfrentamientos. Más de 200000 
permisos fueron concedidos en Florida desde 1987 y sólo 18 fueron 
revocados como consecuencia de una inconducta con un arma de 
fuego (generalmente, portar el arma en un lugar indebido, como un 
bar). La misma historia se repite en los otros estados. 
La única “evidencia” de que las leyes que permiten la posesión 
legal de armas de fuego son contraproducentes es un trabajo no 
publicado de la Universidad de Maryland que sostiene que existe un 
aumento en el número de homicidios en las ciudades que adoptan este 
tipo de legislación. Esta porción de “ciencia de escaso valor” usa 
información que no distingue entre las muertes ocasionadas en 
legitima defensa y los homicidios, no analiza si los homicidios 
ocurrieron o no fuera del hogar (el único lugar en el que estas leyes 
autorizan la posesión de armas), alteran los años analizados de ciudad 
en ciudad para minimizar las tasas de homicidios anteriores a la sanción 
de la legislación, usa fundamentalmente ciudades de Oregon y Florida 
pero ignora el hecho de que las tasas de homicidios descendieron en 
ambos estados, presumen que el cambio legal sobre la posesión es la 
única explicación plausible del cambio en las tasas de homicidio y, mas 
importante aún, no presentan evidencia de que siquiera un poseedor 
legal de arma de fuego haya perpetrado un homicidio. 
Más allá de las vidas que han salvado y los delitos que han 
evitado, las leyes de portación de armas de fuego han generado en los 
tenedores autorizados una preciosa tranquilidad. Si una mujer puede 
sentirse segura caminando tres cuadras hasta el “7-Eleven” luego de 
que ha oscurecido, en lugar de permanecer prisionera en su propia 
casa, el permiso tiene un valor aun cuando el arma defensiva nunca 
fuera necesaria. Un número importante de mujeres han comenzado a 
demandar el derecho de protegerse a sí mismas de esta manera. 
Cuando promulgó la reforma de la ley sobre portación de armas de 
fuego de Alaska en 1994, el gobernador Walter Hickel explicó que un 
factor decisivo fueron las mujeres que llamaban a su oficina: “Aquello 
que me impresionó más fueron las mujeres que llamaban y decían que 
trabajaban hasta altas horas de la noche y debían atravesar 
estacionamientos oscuros y preguntaban ¿porqué no podían portar un 
arma permitida?” . En Colorado un grupo de 1600 mujeres denominado 
SWAM (Seguridad para las Mujeres y Maternidad Responsable) se 
transformó en la voz líder de las demandas por la reforma legal. 
California ya concede a las víctimas de violencia doméstica que una 
corte considera que se encuentran en un peligro inmediato, el derecho 
de portar una arma corta para protección, sin necesidad de llevar 
adelante el largo proceso para la obtención del permiso. 
Los opositores a las reformas que autorizan la posesión de 
armas de fuego, encontrando que la experiencia de los estados que las 
han realizado han sido bastante positivas, recurren a eslóganes tales 
como: “Qué sucedería si todos tuviéramos un arma?”. 
La cuestión carece de sentido, dado que la información empírica 
de los estados que autorizaron la posesión de armas de fuego, 
demuestra que sólo entre el 1% y el 4% de la población adulta elige 
obtener un permiso. Pero aun si todos tuvieran un arma de fuego, 
llevando al escenario del “Salvaje Oeste” preanunciado por los 
opositores a las reformas,la nación podría estar mucho más segura. El 
historiador Roger McGrath en su análisis detallado de las tasas de 
delitos reales en el siglo XIX en American West, Gunfighters, 
Highwaymen and Vigilantes, ha demostrado que más allá del hecho de 
que la región estuviera poblada, fundamentalmente, por jóvenes 
varones cuya permanencia en la misma era siempre transitoria, sujetos 
a escasos controles sociales y a una débil actividad de hacer cumplir la 
ley, la tasa de robos anual per capita era equivalente al 7% de la actual 
de New York, la tasa de robos en vivienda al 1% y la violación era casi 
inexistente. Todos portaban un arma y los “ancianos, los débiles, las 
mujeres, los inocentes y aquellos que no deseaban pelear eran muy 
raramente los blancos de los ataques”, según McGarth. Salvo a los 
varones jóvenes que les gustaba beber y pelear entre sí por deporte, 
los residentes del bien armado Oeste estaban mucho más seguros que 
los residentes de las ciudades actuales en las que a las personas 
comunes les está prohibido portar un arma de fuego. 
Con reformas legales que permiten la posesión de armas de 
fuego ya sancionadas en 23 estados y bajo atenta consideración en 15 
más, parece inevitable que un proyecto de alcance nacional sea 
considerado. En el corto plazo, el Congreso debería plantear la 
abolición de la prohibición de portación de armas cortas en 
Washington DC y su reemplazo por una ley que requiera a las 
autoridades el establecimiento de un permiso para la portación 
defensiva para cualquier residente obediente de la ley del Distrito que 
lo requiera y esté dispuesto a realizar un curso de seguridad. Dejar que 
los residentes de la capital nacional ejerciten el derecho concedido en 
la Segunda Enmienda de protegerse a sí mismos de la inseguridad 
asesina que actualmente se difunde rápidamente alrededor de ellos, es 
una idea valiente cuyo tiempo ha llegado. 
 
7.- Ir a la gente 
Por John Carlson 
(Washington Institute for Policy Studies) 
 
 La dudas entre los líderes políticos sobre las medidas duras 
contra el crimen puede ser evitada dirigiéndose directamente al 
público. Así fue como los residentes de Washington inventaron la regla 
“three strikes and you’re out” y como forzaron en la ley la introducción 
de nuevas previsiones no carentes de sentido atacando el delito 
armado. 
 
 Cuando se pelea contra el crimen es importante enfocarse en 
sus fuentes reales. La primera y la más grave de las causas es dejar a 
los criminales fuera de la cárcel. Las condenas cortas para violentos 
delincuentes reincidentes perpetúan el problema. Nuestra respuesta 
desde el estado de Washington fue la primera ley “three strikes and 
you’re out” del país que ordena la prisión perpetua para cualquiera 
después de la tercer condena por un delito grave (incluye cualquier 
infracción clase A o clase B violenta). Simple y claro. No “Sin”, “si” o 
“pero”. Sin excepciones, excepto por clemencia oficial del gobernador, 
quien debe responder a sus votantes por sus acciones. 
 Al principio intentamos instituir esta reforma a través del 
proceso legislativo. Ni siquiera nos acercamos. Las ideas frescas del 
exterior tienden a debilitarse rápido en el ambiente denso y asfixiante 
de las capitales federal y estatales. 
 Pero en el estado de Washington tenemos el procedimiento de 
la iniciativa popular, y luego de un trabajoso esfuerzo por juntar 
182.000 firmas, nuestra propuesta fue planteada a la gente en 
Noviembre de 1993. Fue aprobada con el 77% de los votos. 
 Sociólogos, defensores públicos y activistas de los derechos 
civiles se apuraron por definir la nueva ley como un slogan “simplista” 
que en nada ayudaría a reducir el crimen. Pero los oficiales de policía, 
guardiacárceles y fiscales informaban que aún los criminales más duros 
se refrenaron con la nueva ley. El titular del programa de registración 
de ofensores sexuales de Seattle dijo que algunos criminales estaban 
dejando el estado, y que otros estaban procurando el ingreso en los 
tratamientos antidrogas y alcohol, que habían rehusado cuando 
estaban en prisión. Los convictos que ya tenían dos condenas se 
preguntaban en voz alta por qué no les corresponderían tres 
oportunidades nuevas en lugar de restarle solo una. 
 Un móvil de TV de la filial de NBC de Seattle visitó la cárcel King 
County Jail para entrevistar a los internos sobre la nueva ley. La 
mayoría dijo que era injusta, pero todos ellos dijeron que lo pensarían 
mejor antes de dar un tercer golpe (“strike”). 
 Es demasiado pronto temprano para juzgar definitivamente la 
ley “three strike” de Washington. Pero las estadísticas estatales 
muestran un descenso de 10% en homicidios, l8% en violaciones y 4% 
en lesiones en los primeros 6 meses bajo la nueva ley, mientras que el 
homicidio y el asalto habían crecido el año anterior. 
 El paso siguiente que tomamos para combatir el delito fue “un 
tiempo duro para el delito armado”, otro proyecto legislativo fracasado 
fallido que derivó en una consulta popular. Como “trhree strikes”, 
“tiempos duros” está enfocada en un objetivo específico, en este caso 
la gente que utiliza ilegalmente armas de fuego, o de cualquier otra 
clase, y la que obtiene armas ilegalmente. Hasta tiempos recientes la 
ley en el estado de Washington no consideraba como más grave el 
robo de un arma de U$S 350 del robo de un estéreo de U$S 350. 
Muchos de los estados aún no lo hacen. El debate político se centra, 
infructuosamente, en armas y municiones compradas legalmente por 
parte de ciudadanos obedientes de la ley, ignorando el hecho de que 
difícilmente las armas utilizadas en un delito violento provengan de 
esta fuente. 
 “Tiempos duros”, crea el nuevo delito de “robo6 de arma de 
fuego”, y establece más de un año de prisión por robar un arma. Un 
incremento sustancial con respecto a los 60 días que el ladrón de armas 
puede sufrir bajo la ley actual. “Tiempos duros”, también agrega hasta 
5 años de condena por el uso de arma de fuego en un delito (ninguno 
de los cuales puede ser descontado por buen comportamiento), y hasta 
2 años por el uso de otra arma mortal como un cuchillo o un palo de 
jockey. Además ordena al estado mantener registros públicos sobre 
como los jueces condenan a los criminales armados y de cualquier 
negociación de la pena. 
 La esperanza es que “tiempos duros”, estigmatizará el uso y 
tenencia ilegal de armas mortales, particularmente de fuego. Los 
grupos de propietarios legales de armas, cansados de contemplar la 
lluvia de armas usadas por los criminales, apoyan la medida, así como 
los fiscales, los partidarios de los derechos de las víctimas, y por 
supuesto los policías. 
 
6
 N. del T.: según la terminología utilizada puede referirse a robo o hurto 
indistintamente. 
 La iniciativa ha reunido los requisitos para la consulta popular 
del año próximo, pero la legislatura, luego de la elección que ha 
significado un drástico cambio en los escaños (de 35 republicanos a 61 
sobre un total de 98 de la Cámara de Representantes), ha tenido un 
cambio de voluntad y quiere aprobar directamente la iniciativa. El voto 
en la Cámara Baja fue de 88 a 6. Esperamos pronto un voto favorable 
del senado. 
 Nuestra próxima medida contra el delito se dirigirá a los 
delincuentes juveniles y al mal manejo que hace de ellos el sistema 
judicial. 
 
. 
 
8.- Salvar la pena de muerte del simbolismo 
Por John Di Iulio J.R. 
(Universidad de Princeton/Brookings Institution´s Center for Public 
Management) 
 
La pena de muerte se aplica raramente en estos días, por ello 
sabemos poco de sus efectos disuasivos. Estudios muestran que 
muchos asesinos cometerán más crímenes si son liberados, y 
que las condenas a muerte no son injustamente asignadas en 
razón de la raza. Los americanos apoyan la pena de muerte 
como una expresión de justicia – de la que actualmente están 
obteniendo muy poco-. 
 
Entre 1977 y 1993, 300000 fueron asesinados. 
Ahora,tome este test de“múltiple choice” y adivine que les pasó a sus 
asesinos: 
1. ¿Cuánta gente estaba en la “fila de la muerte” en 1993 por 
aquellas vidas robadas desde 1977? 
A) 58.590 
B) 14.152 
C) 2.716 
2. ¿Cuántos de los miles de individuos en la “fila de la muerte” 
en 1993 fueron ejecutados efectivamente ese año? 
A) 491 
B) 164 
C) 38 
3. ¿Entre 1977 y 1993 cuántos homicidas supone Ud. que 
fueron ejecutados en EEUU. en total? 
A) 22.600 
B) 2.260 
C) 226. 
4. ¿Cuál es la condena promedio actualmente en una prisión 
estatal para el condenado por homicidio? 
A) 40 años 
B) 30 años 
C) 20 años. 
5. ¿Cuánto tiempo el homicida promedio permanece 
encerrado antes de ser liberado? 
A) 21 
B) 14.7 
C) 8.5 
 
La respuesta correctas a cada es “C”, lo que significa que el 
mensaje de nuestro sistema de justicia para cualquiera que crea que el 
homicidio debe ser castigado con la pena de muerte en más que 
algunos casos simbólicos, es actualmente algo así como “rajá de acá”. 
En los años recientes ningún estado ha ejecutado más 
homicidas que Texas. En 1993 Texas llevó a cabo 17 penas capitales, 
Virginia fue el segundo con solo 5. Pero Texas, como otros estados, 
conmutó todas las penas de muerte en condenas perpetuas, luego que 
la Corte prohibiera la pena de muerte en 1972; y un estudio reciente 
nos muestra que pasó con esos internos de la “fila de la muerte” 
cuando Texas dejó de ejecutarlos. Revela que desde 1974 los 
prisioneros que fueron retirados de la “fila de la muerte” por revisión 
judicial o conmutación de pena son tres veces más de los que fueron 
ejecutados. Luego de ser incluidos a la población general de las 
prisiones, 12 de 47 presos conmutados fueron responsables de 21 
ataques violentos serios contra otros internos o personal penitenciario. 
Uno de los internos de “la fila de la muerte mató” a otro preso. Y otro, 
luego de un año de libertad condicional mató a una niña. 
Esto no quiere decir que todos los condenados en la “fila de la 
muerte”, matarían nuevamente si son liberados de allí. Pero estos 
individuos sí tienden a ser criminales reincidentes. Más del 40 % de las 
personas en la “fila de la muerte” en 1992, estaban en probation, 
libertad condicional o asistida en el momento en que cometieron 
homicidio. (Investigaciones en curso, realizada por mí mismo y otros, 
indican que quizás un tercio de los homicidios cometidos en el país en 
las últimas décadas, fueron llevados a cabo por personas liberadas 
bajo supervisión judicial, decenas de miles de americanos hoy están 
muertos, simplemente, por que estos criminales fueron liberados). 
Una de las cosas que ha obstruido y retrasado el cumplimiento 
de las condenas a muerte es el temor a que hayan sido dictadas de 
manera injusta en función de la discriminación racial. Hay registros de 
estudios que testean esto ponderando en los factores raciales en las 
penas de muerte. Los estudios que controlan todos los factores 
relevantes, incluidas variables legales (testigos presentes, 
circunstancias agravantes), no encuentran ninguna evidencia de 
discriminación racial en las condenas a muerte contemporáneas. 
De aquellas personas condenadas a muerte en 1993 cerca del 
58 % eran blancos. Esto es mucho más alto que la proporción de 
blancos entre todos los homicidas. Históricamente la tasa de homicidio 
de los negros nunca ha sido inferior a 5 veces la tasa de homicidios de 
los blancos y muchas veces desde 1950 ha sido 10 veces mayor. 
No importa que tipo de reformas sean adoptadas para reducir 
las interminables apelaciones que actualmente bloquean la ejecución 
de la mayoría de las condenas a muerte; América nunca hará simple o 
menos caro la ejecución de homicidas convictos. Además el verdadero 
cuello de botella que refrena el uso de la pena de muerte hoy, no está 
en el final del proceso sino en el principio: los fiscales cansados de la 
polémica no buscan la pena de muerte si pueden evitarlo, menos aún 
en casos con cierta carga racial. Cuando la Corte Suprema terminó con 
la pena de muerte en 1972, los casos de homicidio y otros crímenes 
violentos cayeron en el agujero de las negociaciones de la pena. 
Cuando la Corte reinstauró la pena de muerte en 1976, los fiscales no 
se mostraron muy ansiosos por sacarla a flote. Hoy la cultura 
burocrática y de asamblearia de la mayoría de las fiscalías de las 
grandes ciudades, no favorece el requerimiento de la pena de muerte -
francamente no mucha justicia para un gran esfuerzo y costo 
financiero. 
En las últimas décadas las más importantes encuestas de 
opinión pública muestran que la gran mayoría de los americanos – 
blancos, negros, jóvenes y viejos, sin distinción – apoya la ejecución de 
los asesinos. Los americanos valoran la pena de muerte no solo por su 
utilidad como herramienta para reducir el delito, la valoran como una 
forma de hacer justicia. Sin embargo, salirse con la suya en un 
asesinato sigue siendo relativamente fácil en América. Solo una 
pequeña fracción de los más aberrantes asesinos son ejecutados. Ni la 
disuasión ni la justicia pueden ser conseguidas de esta manera. 
 
9. Cerrar la brecha del habeas corpus 
Por Kent Scheiddeger. 
(Criminal Justice Legal Foudation) 
 
Los delincuentes y sus abogados explotan los procedimientos legales 
con apelaciones inconsistentes y llevan casos penales estatales hasta la 
justicia federal. Esto retrasa en años la ejecución de la justicia y es muy 
costoso. La Cámara Baja ha cerrado esta vía en febrero ¿Seguirán esto 
el Senado y el Presidente Clinton? 
 
El jurado vuelve. Al fin han decidido. Los familiares de la víctima 
asesinada esperan ansiosos. Han soportado el horror de un asesinato. 
Luego la investigación. Luego los meses de maniobras legales antes del 
juicio. Luego el juicio. Luego la etapa de la condena. 
Por fin, el veredicto es leído. La condena es a muerte. Ahora, 
finalmente, piensan, se hará justicia. 
Pero están trágicamente equivocados. Tomando prestada la 
frase de Churchill, no es el final, o el principio del final, en el mejor de 
los casos es el final del principio. 
Nadie niega que las apelaciones sean necesarias en los casos 
penales. Para asegurar que los juicios sean justos, algunos deben ser 
revisados cuidadosamente por el Tribunal de Apelación. En casos 
complejos, especialmente con la pena capital, este proceso lleva un 
largo período. 
Lo que sí es muy discutible, empero es la necesidad de la 
siguiente instancia en el sistema actual. En otra clase de casos, una vez 
que el juicio es confirmado en la apelación, la cuestión queda firme y 
no puede ser disputada en otra sede. Solo en los casos penales 
estatales son las sentencias revisadas en un tribunal distinto y no 
superior. Luego de que el tribunal de alzada ha examinado 
exhaustivamente el caso y no ha encontrado errores reversibles, el reo 
corre a los tribunales federales y consigue una segunda revisión basado 
en argumentos constitucionales. Esta cuidadosa consideración y 
denegatoria de sus reclamos por los tribunales estatales, no tiene peso 
alguno en el procedimiento federal llamado “Habeas Corpus”. 
El caso de Kermit Smith ilustra el retraso innecesario y la 
interferencia con el procedimiento estatal que esto causa. En 1980 
Smith secuestró a tres colegiales porristas y violó brutalmente y asesinó 
a una de ellas de 19 años, Whelette Collin. Luego de su juicio, las 
cortes estatales revisaron su condena en tres procedimientos por 
separado, en el lapso de 7 años. A pesar de esta exhaustiva 
investigación los abogados de Smith retrasaron su ejecución por seis 
años y medio más, planteando una petición federal de hábeas corpus. 
Catorce años después de la muerte de Whelette Collin, su asesino 
finalmente fue ajusticiado. Cerca de la mitad del retraso ocurrió en el 
fuero federal y esto fue en un caso en el que no había duda respecto de 
la identidad del asesino. 
Esta práctica golpea al corazón del federalismo. La aplicación 
delderecho penal es la función más importante de los gobiernos 
locales y estatales. La protección de nuestras personas y propiedades 
de al acecho es una de las principales razones por la cual tenemos 
gobiernos. Si los estados no son capaces de juzgar y castigar a los 
delincuentes por homicidio, violación, robo, deberíamos comenzar a 
preguntarnos para que tenemos estados. 
Como muchos problemas de exceso de gobierno, este tiene su 
razón en un remedio drástico para un problema atroz, un remedio que 
ha sobrepasado su necesidad y rebalsado sus límites. 
El antiguo procedimiento legal del hábeas corpus era un 
remedio para la gente retenida en custodia ilegalmente. Sus 
beneficiarios incluían prisioneros políticos encarcelados por el rey y 
sospechosos a quienes había sido denegada de manera inapropiada la 
posibilidad de una fianza antes del juicio. La ley era clara, sin embargo, 
un condenado por un delito en un tribunal adecuado no podía usar 
este remedio para revisar o retrasar su condena. 
Esta última regla fue seguida en América en el Siglo XX. Caso 
tras caso gigantes legales como el presidente de la corte John 
Marshall, los ministros Joseph Story y Oliver Wendell Holmes reiteraron 
que cualquier reclamo que no se refiriera a la jurisdicción del tribunal 
de juicio no podía ser considerado en un habeas corpus, aunque el 
reclamo estuviera basado en la Constitución. 
En 1920 esta práctica comenzó a cambiar. El procedimiento 
penal estaba necesitando seriamente de una reforma, especialmente 
en los tribunales estatales. Los viejos casos se hallaban repletos de 
confesiones coaccionadas, grupos de favorables al linchamiento 
alrededor de los tribunales e indigentes imputados enjuiciados sin 
asistencia legal o con una representación solo formal descuidada. 
Acechando sobre todo esto estaba el viejo problema del racismo. 
La Corte Suprema expandió la protección constitucional para 
corregir estos abusos. Al mismo tiempo, expandió la garantía del 
hábeas corpus para proteger todos los reclamos constitucionales, no 
solo los que hacían a la competencia del tribunal de juicio. En 1953 
dejó caer la bomba. Ignorando sus posturas anteriores en contrario, 
instó a los tribunales federales inferiores a re-evaluar materias que ya 
habían sido decididas completa y justamente en los tribunales 
estatales. 
Retrospectivamente, no es difícil ver por qué semejante paso 
fue necesario en 1953, especialmente en un caso del sur que 
involucraba discriminación racial en la selección del jurado. Dada la 
magnitud del problema, instituir los tribunales federales inferiores en 
minicortes supremas con poder absoluto para revisar decisiones de 
tribunales supremos estatales bien puede haber sido un mal necesario. 
Los cambios en la ley y en el país desde 1953 sin embargo, han 
hecho esta práctica mucho menos beneficiosa y mucho más perversa. 
América es en gran medida diferente de la que era. Los gobernadores 
no se paran en la puerta de las escuelas, los presidentes no necesitan 
enviar al ejercito para reforzar el cumplimiento de las órdenes 
judiciales. Los jueces estatales no declaran inaplicable la Constitución, 
como lo hizo el Juez en el caso Billie Sol Estes. Los límites 
constitucionales son reconocidos y aplicados cada día, en cada juzgado 
penal del país. 
El uso del hábeas corpus para realizar juicios estatales en el 
fuero federal puede ser justificado en dos situaciones, ambas 
excesivamente poco comunes. Primero, si el defendido tiene nueva 
evidencia sólida de su inocencia que el estado se niega a considerar, 
entonces sí el hábeas corpus puede prevenir un error fundamental de 
la justicia. Segundo, si la Corte Estatal desafía un precedente de la 
Corte Suprema, de manera tan clara que jueces razonablemente no 
puedan deberían diferir, entonces un mecanismo correctivo es 
necesario. 
Lo que necesita ser detenido es el uso de hábeas corpus para 
simplemente ir a la búsqueda de jueces, planteando los mismos 
argumentos que fueron planteados previamente a múltiples tribunales, 
hasta que alguno concuerde con el defendido. El 8 de febrero de 1995, 
la Cámara de Diputados aprobó la resolución HR729, para eliminar este 
abuso. Queda por ver si el Senado y el Presidente acordarán. 
 
 
10- Angostar radicalmente la regla de exclusión 
Por George Dentes. 
(Fiscal del distrito de Tamplens County, New York) 
 
Nuestra actual regla de exclusión es otra brecha, judicialmente 
construida, que obstruye a la justicia. Empantana la mayoría de 
los juicios penales y con frecuencia permite a flagrantes 
culpables, salir libres porque evidencia importante ha sido 
excluida del tribunal. Debe ser reducido radicalmente en el 
mejor de los casos. 
 
 El objetivo del sistema de justicia debería ser castigar al culpable 
y vengar al inocente. En cambio, nuestro sistema suprime con 
regularidad evidencia fehaciente y en consecuencia libera al culpable. 
Este es el resultado de la llamada “regla de exclusión”. 
 La regla de exclusión excluye la prueba de la autoría en un juicio 
penal si la prueba fue obtenida inconstitucionalmente. Por ejemplo, si 
la policía necesita una orden de allanamiento pero no pudo obtenerla, 
la evidencia que encuentran –drogas, armas, manchas de sangre, lo 
que sea- no será admisible en el juzgado. 
 La racionalidad de la regla es que si la policía no puede usar las 
pruebas obtenidas de manera incorrecta, no actuarán incorrectamente. 
Esa es la teoría. En la práctica, la regla fracasa y causa más injusticias 
de las que previene. 
 El problema clave es que la regla de exclusión descansa en una 
presunción falsa; esta es que la ley es clara y que la policía puede tomar 
decisiones sencillas entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho la ley es 
frecuentemente confusa, pasible de distintas interpretaciones cuando 
se aplica a los hechos. 
 Consideremos los hechos que afrontó el oficial James Doyle. 
Patrullaba por Manhattan cuando recibió una llamada por radio para 
ocuparse de “una denuncia de disparos”. La llamada dio la dirección, el 
apartamento 3 C, de calle 163 oeste, n° 450, una conocida casa de 
drogas. 
 Doyle respondió rápidamente, subió las escaleras y encontró la 
puerta semi abierta. Escucho voces adentro. Empujó la puerta y entró. 
Encontró cuatro hombres. Dos de ellos tenían armas de fuego cortas. 
Uno de ellos dejó caer su arma a la orden de Doyle, el otro la tiró por la 
ventana. En una mesa cercana había siete onzas de cocaína, una 
balanza y un fraccionador. Arrestó a los cuatro hombres y se los acusó 
de delitos relacionados con las drogas y la tenencia de armas. Muchos 
considerarían a Doyle un héroe. 
 Entremos al sistema judicial y a la regla de exclusión. Los 
defendidos buscaron excluir las drogas y las armas, alegando que Doyle 
había violado sus derechos entrando en el departamento sin la orden 
judicial. La fiscalía argumento que los disparos reportados presentaban 
una situación de emergencia que hacían la orden innecesaria. El juez 
dictaminó que Doyle estaba, por cierto, en una emergencia, y sostuvo 
la admisibilidad de la prueba. Todos los acusados fueron condenados a 
penas entre quince años y perpetua. 
 En sus apelaciones los imputados renovaron sus argumentos de 
que Doyle entró ilegalmente en el departamento. Dos salas distintas 
de jueces de apelación entendieron en el trámite, de tal manera que 
cada sala tramitó el tema el mismo día, sin saber que la otra lo estaba 
haciendo. 
 Una Sala sostuvo por unanimidad que Doyle entró legalmente, y 
la otra, por unanimidad, que lo hizo ilegalmente. El resultado es que 
uno de los acusados está libre ahora, mientras los otros cumplen 
condenas de quince años a perpetua. 
 Resultados como el precedente no son la norma, pero la 
confusión sobre el derecho de investigación y detención es común. Si 
nuestros jueces, con todo el tiempo y la tranquilidad que necesitan 
para deliberar, no pueden ponerse de acuerdo en cómo aplicar el 
derecho a los hechos, ¿cómopueden pretender que un policía en la 
calle tome decisiones correctas en un instante?. 
 Bajo la actual aplicación de la regla de exclusión, no cuenta en 
absoluto que un policía haya actuado de buena fe. De hecho, las 
nuevas reglas constitucionales son aplicadas retroactivamente, esto 
implica que la prueba es suprimida aunque la policía haya actuado 
legalmente según las normas que en el momento estuvieran en 
vigencia. 
 A la regla de exclusión no le importa en absoluto el impacto 
público de la supresión de la prueba. 
 Si un oficial detiene un auto sin una razón adecuada y encuentra 
la colilla de un cigarrillo de marihuana en el piso, hay poco 
preocupación pública sobre si la falta queda impune. Pero si el oficial 
encuentra un arma que prueba que el conductor cometió un homicidio, 
la supresión de la prueba del arma puede llevar a dejar en libertad al 
asesino y a encender la furia del público. La conducta del oficial en 
ambos casos es la misma, pero las consecuencias para el público varían 
drásticamente. 
 La regla de la exclusión carga nuestros tribunales con una 
multitud de audiencias por supresión de pruebas. Estas son audiencias 
previas al debate en las que el imputado ataca al policía intentando 
mostrar una conducta inconstitucional. Los abogados defensores 
ponen un gran esfuerzo en estas audiencias, porque ganar un dictamen 
de supresión puede excluir prueba vital –el arma en un tiroteo, la 
cocaína en un delito relacionado con drogas, el equipo de música 
robado en un robo de vivienda- y poner fin a la persecución penal. Me 
atrevo a decir que pasamos más tiempo litigando la cuestión de las 
faltas policiales que e problema de la culpabilidad del acusado. 
 Algunos pueden decir que necesitamos la regla de la exclusión 
para protegernos. Pero lo cierto es que la regla sólo protege a los 
culpables. Supongamos que dos hombres caminan por la calle, uno es 
un traficante de drogas, el otro, obediente de la ley. Un policía los para 
a ambos y los requisa, encontrando drogas en el traficante pero nada 
en el otro. El hombre obediente de la ley puede seguir caminando. El 
traficante es acusado de tenencia de drogas y va a los tribunales. 
Solicita la supresión de la prueba y la petición es concedida sobre la 
base de que el oficial carecía de una razón adecuada para detenerlos y 
requisarlos. 
 La regla de exclusión nada tiene que ver con el hombre 
respetuoso de la ley. Él puede apelar a otros remedios –demandar 
civilmente al oficial, o tal vez quejarse ante una junta de supervisión 
policial-. El vendedor de drogas, por otro lado, tiene todos los derechos 
del hombre obediente de la ley más el derecho de evitar el castigo por 
su delito. Los únicos castigados son los miembros de la comunidad en 
general, que sufren la continua presencia del vendedor de drogas. 
 Cambiar la regla de la exclusión no debe ser necesariamente 
una odisea. La Constitución misma no dice nada acerca de excluir 
evidencia. La Corte Suprema impuso la regla en las cortes federales en 
1914 y la extendió a los estados en 1961. Los primeros 
pronunciamientos de la Corte sugerían que la regla era un requisito 
constitucional, pero más recientemente la Corte ha descripto la regla 
como un remedio creado judicialmente más que un derecho 
constitucional del imputado. La Corte, entonces, puede aceptar la 
propuesta de que la regla de exclusión pueda ser cambiada por el 
Congreso. 
 La eliminación completa de los remedios de exclusión no sería 
deseable. Debe haber algunos límites para evitar que la policía 
atropelle brutalmente los derechos individuales. Métodos 
inescrupulosos como la tortura y el suero de la verdad pueden aportar 
evidencia confiable, pero son claramente inaceptables. 
 Asimismo, restringir la regla de exclusión no pondría en peligro 
la libertad. Ninguna de las democracias en Europa o en cualquier otro 
lugar tiene una regla de exclusión como la nuestra. Sin embrago, no son 
estados policiales. Y ninguno tiene una criminalidad como la nuestra. 
 Las opiniones judiciales interpretan que la cláusula 
constitucional del debido proceso prohíbe las técnicas probatorias que 
“sacudan la conciencia”. Un criterio como ese debería ser adoptado 
para las cuestiones de supresión de prueba. El tribunal estaría en 
libertad de sopesar la buena fe del policía, la gravedad del delito, y el 
impacto en el público de suprimir la prueba. 
 Este cambio afectaría únicamente a la admisibilidad de la 
evidencia, sin menospreciar la violación a los derechos civiles. La 
conducta policial incorrecta seguirá siendo incorrecta y se podrá tratar 
a través de los remedios civiles existentes, que permanecerían para 
proteger los derechos del acusado. 
 
11- ...O deshagámonos de ella por completo 
Por Jadish Bhagwati. 
(Columbia University) 
Otra alternativa es deshacernos de la regla de exclusión por 
completo. Otras previsiones legales salvaguardan las libertades 
civiles también y probablemente, mucho mejor. 
 
 La flexibilización de la regla de exclusión en el proyecto de la 
Cámara Baja, que permitiría admitir en los tribunales la evidencia 
conseguida ilegalmente pero de buena fe, ha enfurecido a los liberales. 
Se basan en el argumento convencional de que esto violará nuestro 
derecho fundamental a ser protegido de investigaciones 
inconstitucionales. Los conservadores justifican la revisión de la regla 
en el remañido argumento de que los delincuentes no deben escaparse 
gracias a simples “tecnicismos” (una cuestión que trajo a luz el caso O.J. 
Simpson cuando la evidencia fundamental, supuestamente conseguida 
sin la orden judicial respectiva, casi resulta excluida). 
 No obstante, en rigor de verdad, nuestra actual regla de 
exclusión y la propuesta por la Cámara, son ambas inadecuadas. La 
primera desvía regularmente la justicia colocando pruebas cruciales 
fuera de su alcance; mientras que la última excusa violaciones policiales 
a los derechos fundamentales cuando son hechas accidentalmente 
antes que maliciosamente. 
 Un enfoque mas adecuado emerge de la teoría económica, que 
afirman que para alcanzar de forma eficiente múltiples objetivos se 
suele requerir múltiples instrumentos de resolución de problemas (esta 
es la posición en virtud de la cual Jan Tinbergen ganó el primer Pemio 
Nobel de economía. O como nuestros mayores lo plantearon: no 
puedes matar dos pájaros con una sola piedra). 
 Actualmente en los casos en los que la evidencia ha sido 
obtenida en forma constitucionalmente indefendible, los tribunales 
deben luchas para reconciliar dos objetivos muy difíciles: los culpables 
deben ser castigados y, al mismo tiempo, los ciudadanos deben ser 
protegidos de una policía que se extralimita. 
Al rechazar cualquier uso de pruebas “contaminadas” (como era 
el estándar hasta la excepción limitada del comportamiento de “buena 
fe” cuya extensión ahora está siendo analizada), forzamos a los 
tribunales a utilizar un único instrumento político para perseguir 
distintos, y a veces contradictorios, objetivos. 
 Sería seguramente más efectivo utilizar dos instrumentos para 
manejar los dos problemas que tenemos entre manos. Esto podría ser 
hecho admitiendo toda prueba sólida en los tribunales sin importar 
cómo haya sido conseguida, para que la determinación judicial de la 
culpabilidad sea lo más precisa posible, mientras, simultáneamente, 
proveer mecanismos diferentes para hacer a los policías responsables 
por sus procedimientos, castigándolos cuando las 
inconstitucionalidades sean judicialmente establecidas. 
 Tal solución mejoraría la eficiencia del sistema de justicia penal 
castigando al verdadero culpable, y sería también un instrumento más 
efectivo para proteger nuestros derechos constitucionales. La simple 
exclusión de la evidencia reunida inconstitucionalmente disuade a los 
policías de futuras violaciones sólo indirectamente, por medio de la 
esperanza de que al fracasar en acusar delincuentes ante la justicia se 
sentirán tan frustrado que corregirán sus