Alimentos - Siderio

Derecho Civil I

•

SIN SIGLA

ignacio figueroa

30/9/2023

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Derecho Civil I

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DERECHO DE FAMILIA
ALIMENTOS
MARIANA G. CALLEGARI
ALEJANDRO J. SIDERIO
Directores
Callegari, Mariana
Derecho de familia : alimentos / Mariana Callegari ; Alejandro Siderio. - 1a ed . -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2017.
Libro digital, Otros
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-03-3448-4
1. Derecho de Familia . 2. Alimentos. I. Siderio, Alejandro II. Título
CDD 346.015
© Mariana G. Callegari y Alejandro J. Siderio, 2017
© de esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2017
Tucumán 1471 (C1050AAC) Buenos Aires
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Todos los derechos reservados
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y el autor.

All rights reserved
No part of this work may be reproduced
or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and recording
or by any information storage or retrieval system,
without permission in writing from the Publisher and the author.

ISBN 978-987-03-3448-4
SAP 42139719
ARGENTINA

CAPÍTULO I - DERECHO-DEBER ALIMENTARIO.
PARTE GENERAL. POR LUCILA I. CÓRDOBA Y
FLORENCIA I. CÓRDOBA

CAPÍTULO II - OBLIGACIONES DEL ESTADO.
POR ALEJANDRO J. SIDERIO

CAPÍTULO III - ALIMENTOS DERIVADOS DEL
PARENTESCO. POR LUCILIA I. CÓRDOBA Y
FLORENCIA I. CÓRDOBA

CAPÍTULO IV - ALIMENTOS DERIVADOS DE LA
FILIACIÓN. POR AGUSTINA RIZZO, LUCILA
POMBO, VERÓNICA G. SCHAPIRA Y CLAUDIA
MAINARD

CAPÍTULO V - ALIMENTOS DERIVADOS DEL
MATRIMONIO. POR LORENA LANDOLFI, MAITE
PONS Y SANDRA MARELLI

296

CAPÍTULO VI - ALIMENTOS DERIVADOS DE LAS
UNIONES CONVIVENCIALES. POR LORENA
LANDOLFI, MAITE PONS Y SANDRA MARELLI

395

CAPÍTULO VII - ALIMENTOS DERIVADOS DE LA
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. POR MARÍA
VICTORIA ORDOÑEZ, LUCILA I. CÓRDOBA Y
FLORENCIA I. CÓRDOBA

426

CAPÍTULO VIII - EL DERECHO SUCESORIO Y LA
PRESTACIÓN ALIMENTARIA. POR MARIANA
CALLEGARI

450

CAPÍTULO IX - MODIFICACIÓN DE LA CUOTA
ALIMENTARIA. POR GUILLERMINA VENINI
513

CAPÍTULO X - PROCESO DE ALIMENTOS. POR
RAMIRO G. FLORES LEVALLE

599

Capitulo XI - Ejecución de alimentos. Por
Diego Coria y Javier C. Vissagi

639

CAPÍTULO XII - COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. POR JÉSICA N. ÁLVAREZ
BUSTAMANTE Y JUAN MANUEL DEL CASTILLO

681

ANEXOS

740

PARTICIPANTES
DIRECTORES
Callegari, Mariana G. Abogada, egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Secretaria de un Juzgado Nacional en lo Civil
Patrimonial. Egresada del Programa de Formación de Aspirantes a
Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación; Profesora
adjunta regular por concurso en la materia Derecho de Familia y
Sucesiones, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Miembro del "Seminario Permanente sobre Investigación del
Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones", Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Facultad
de Derecho, UBA. Exprofesora adjunta de Derecho Civil I (Parte
general) en la Universidad del Museo Social Argentino. Autora y
coautora de diferentes libros y publicaciones especializadas en la
materia.
Siderio, Alejandro J. Abogado especialista en Administración de
Justicia. Premio ISEJUS a la orientación de Derecho de Familia.
Juez Nacional Civil con competencia exclusiva en asuntos de
Familia y Capacidad de las Personas. Profesor adjunto regular de la
materia Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del "Seminario
Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona
Humana, Familia y Sucesiones", Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Facultad de Derecho, UBA.
Autor y coautor de libros y publicaciones especializadas en la
materia.

AUTORES
Álvarez Bustamante, Jésica N. Abogada, egresada de la
Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Maestría en Derecho
de Familia, Infancia y Adolescencia, de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires. Auxiliar docente de segunda en la
materia Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires.
Callegari, Mariana G. Abogada, egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Secretaria de un Juzgado Nacional en lo Civil
Patrimonial. Egresada del Programa de Formación de Aspirantes a
Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación; Profesora
adjunta regular por concurso en la materia Derecho de Familia y
Sucesiones, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Miembro del "Seminario Permanente sobre Investigación del
Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones", Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Facultad
de Derecho, UBA. Exprofesora adjunta de Derecho Civil I (Parte
general) en la Universidad del Museo Social Argentino. Autora y
coautora de diferentes libros y publicaciones especializadas en la
materia.
Cava, Sergio W. Abogado, egresado de la Universidad de Buenos
Aires, miembro del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ayudante en la cátedra Derecho de Familia y Sucesiones en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro
del "Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la
Persona Humana, Familia y Sucesiones", Instituto "Ambrosio L.

Gioja", de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Córdoba, Florencia I. Doctoranda de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Relatora interina de la Vocalía Nº 37
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Profesora e
investigadora de la Universidad Abierta Interamericana. Docente e
investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Autora y coautora de libros y publicaciones
especializadas en la materia. Directora de la Revista Jurídica online
Maestros del Derecho Moderno.
Córdoba, Lucila I. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Secretaria del Juzgado de Familia Nº 1 de San Isidro. Profesora e
investigadora de la Universidad Abierta Interamericana, docente e
investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Autora y coautora de libros y publicaciones
especializadas en la materia. Miembro pleno del Instituto
Iberoamericano del Derecho de Familia y de las Personas y
subdirectora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de
Abogados de San Isidro.
Coria, Diego. Secretario en Juzgado Civil con competencia
exclusiva en asuntos de Familia y Capacidad de las Personas.
Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Morón. Cursante
del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados del
Consejo de la Magistratura de la Nación. Docente en la Cámara
Nacional Civil en los cursos obligatorios de formación a los
empleados del fuero Civil.

Del Castillo, Juan Manuel. Abogado egresado de la Universidad
de Buenos Aires. Maestrando en la Maestría de Derecho de Familia,
Infancia y Adolescencia", Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires. Auxiliar docente de segunda Derecho de Familia y
Sucesiones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
Flores Levalle, Ramiro G. Abogado, diploma de Honor de la
Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia
(Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires). Profesor
adjunto regular por concurso en Derecho de Familia y Sucesiones
de la misma Facultad. Miembro del "Seminario Permanente sobre
Investigacióndel Derecho de la Persona Humana, Familia y
Sucesiones", Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
"Ambrosio L. Gioja", Facultad de Derecho, UBA. Autor y coautor de
libros y publicaciones especializadas en la materia.
Landolfi, Lorena I. Abogada egresada de la Universidad de Buenos
Aires. Actualmente cursando la Carrera de Especialización en
Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Ayudante en la materia Derecho de Familia y
Sucesiones de la misma casa de estudios. Empleada del Poder
Judicial de la Nación en un juzgado civil con competencia exclusiva
en asuntos de Familia y Capacidad de las Personas.
Mainard, Claudia B. Abogada, egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Egresada del PROFAMAG. Escuela Judicial del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
Secretaria de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal. Profesora adjunta regular por
concurso de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Exprofesora adjunta de
Derecho Civil I (Parte general) en la Universidad del Museo Social
Argentino. Exprofesora adjunta de Derecho Civil I (Parte general) y
de Derecho Civil II (Obligaciones) en la Universidad de Palermo.
Autora y coautora de libros y publicaciones especializadas en la
materia.
Marelli, Sandra P. Abogada, egresada de la Universidad de Morón.
Maestranda en la Maestría de Derecho de Familia, Niñez y
Adolescencia, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
Ayudante de segunda cátedra de Derecho Civil V, "Derecho de
Familia y Sucesiones", Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Integrante del Registro de Abogados del Niño del
Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
Ordoñez, María Victoria. Abogada, egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Cursante de la Carrera de Especialización de
Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires y de la
maestría en Familia, Vínculos y Diversidad Cultural del Hospital
Italiano. Docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora
General de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pombo, Lucila. Abogada egresada de la UCA, cursando la
especialización en Derecho de Familia, Universidad de Buenos
Aires, y la especialización en Derecho Procesal Civil en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Auxiliar docente en
"Derecho de Familia y Sucesiones", Universidad de Buenos Aires.

Empleada del Poder Judicial de la Nación en un juzgado civil con
competencia exclusiva en asuntos de Familia y Capacidad de las
Personas.
Pons, Maite. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires.
Trabajó en Defensoría de Menores e Incapaces de la Defensoría
General de la Nación. Integrante de la Comisión sobre Temática de
Género de la Defensoría General de la Nación, brindando asistencia
y patrocinio jurídico a mujeres víctimas de violencia de género.
Ayudante docente en "Derecho de Familia y Sucesiones" de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Rizzo, María Agustina. Abogada egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Auxiliar docente de segunda "Derecho de Familia y
Sucesiones" de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Empleada del Poder Judicial de la Nación en un
juzgado civil con competencia exclusiva en asuntos de Familia y
Capacidad de las Personas.
Schapira, Verónica G. Abogada, especialista en Administración de
Justicia, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
Docente de materia de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires. Prosecretaria Administrativa de un
juzgado nacional civil con competencia exclusiva en asuntos de
Familia y Capacidad de las Personas. Autora y coautora de libros y
publicaciones especializadas en la materia.
Siderio, Alejandro J. Abogado especialista en Administración de
Justicia. Premio ISEJUS a la orientación de Derecho de Familia.
Juez Nacional Civil con competencia exclusiva en asuntos de
Familia y Capacidad de las Personas. Profesor adjunto regular de la

materia Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del "Seminario
Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona
Humana, Familia y Sucesiones", Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Facultad de Derecho, UBA.
Autor y coautor de libros y publicaciones especializadas en la
materia.
Venini, Guillermina. Abogada egresada de la Universidad de
Buenos Aires. Mediadora. Juez titular del Juzgado de Familia N° 1
del Departamento Judicial de Junín. Miembro de la Comisión
Directiva de la Asociación Simple "Foro de Jueces del Fuero de
Familia" de la Provincia de Buenos Aires. Profesora adjunta
ordinaria de la cátedra de Derecho Privado I del Área Jurídica del
Departamento Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(Junín). Autora y coautora de libros y publicaciones especializadas
en la materia.
Visaggi, Javier C. Abogado, egresado de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora. Especialización en Magistratura de la Escuela
del Servicio de Justicia, UNLaM, en curso. Secretario de primera
instancia en la justicia nacional civil con competencia exclusiva en
asuntos de Familia y Capacidad de las Personas. Exprofesor en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Instituto Universitario
de la Policía Federal Argentina. Profesor de la Escuela de
Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional.

COLABORADORES
Matteo, Manuel. Estudiante de Abogacía en la Universidad de
Buenos Aires. Empleado del Poder Judicial de la Nación en un
juzgado civil con competencia exclusiva en asuntos de Familia y
Capacidad de las Personas.
Paluzzano, Romina E. Estudiante de Abogacía en la Universidad
de Buenos Aires. Ayudante alumna en la materia "Derecho de
Familia y Sucesiones" en la Universidad de Buenos Aires.

PRÓLOGO
Al designarme a efectos de redactar el prólogo de esta obra se me
ha hecho un obsequio. Digo esto luego de tomar conocimiento de su
contenido que, en virtud de lo que abarca y la profundidad que logran
los pensamientos expuestos, constituye un auténtico tratado de una
de las materias que contiene el más noble de los valores tal cual es
la solidaridad.
Está dicho en este libro que uno de los mayores problemas que
preocupa al derecho de familia es la dificultad social que genera el
alto grado de incumplimiento del deber alimentario. La idea ha sido
expuesta permanentemente y vigorosamente por la más destacada
doctrina de la materia que se ha dedicado a esta cuestión. Basta
recordar como precedente lo expuesto por el jurista argentino, Prof.
Gustavo Bossert, autor del libro que en su época ocupó el espacio
jerárquico que el contenido del que presento permite avizorar le
corresponderá en el futuro.
Muchos prologuistas se han planteado la cuestión referida a cuál
debe ser el centro de atención en lo que expongan. Algunos optan
por el contenido de la obra, otros por los valores o personalidad de
su autor. En el caso específico, la referencia a los autores debe
atender necesariamente a que todos ellos logran la coexistencia en
su intelecto del saber teórico y del conocimiento apto para provocar
que aquello posea además la virtud de la utilidad. Los directores,
profesores universitarios distinguidos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, ejercen además funciones en el
Poder Judicial de laNación, al igual que un número importante de los
coautores. Otros se destacan en la docencia y en el ejercicio

profesional e incluso algunos lo hacen como funcionarios del poder
administrador del Estado, pero en todos los casos en tareas que
requieren de la comprensión profunda de esta especial materia en la
que la solidaridad espontánea debiera ser suficiente para la
satisfacción de la necesidad de quien requiere asistencia pero, no
obstante ello, el legislador debe prever una conducta disyuntiva que
es el incumplimiento y, ante tal posibilidad, crear normas que
provoquen la tendencia a la satisfacción del necesitado.
Al respecto, se sostiene en esta obra que, si bien las recientes
modificaciones de la materia provocadas por la vigencia del Código
Civil y Comercial han brindado soluciones, éstas no han sido
suficientes a efectos de la finalidad perseguida por la estructura
jurídica que rige el deber alimentario. Ante ello acude la doctrina con
este libro, es decir, las insuficiencias de la ley se complementan con
otros elementos que en conjunto con aquélla conforman el derecho.
Recorriendo las páginas de este tratado logramos conocer y
comprender desde las fuentes del derecho alimentario hasta los
recursos de auxilio que a su finalidad asisten. Los autores han dado
debido tratamiento a un desarrollo de la cuestión que nos permite
conocer su naturaleza jurídica, sus sujetos tanto activos como
pasivos, los fundamentos del deber, la función no sólo de la familia
sino de los parientes en general, a efectos de las finalidades de este
derecho y también cuál es la que le corresponde al Estado, no sólo
desde la función legislativa y judicial sino también en el cumplimiento
de una obligación alimentaria propia, pues tal cual nos enseña la
obra, sobre él recae este deber que es ético, político y jurídico, y que
consiste en garantizar que ningún habitante sufra privaciones que lo
excluyan de los beneficios de la comunidad, condenando su dignidad

por sufrir hambre, estar enfermo, ser pobre, carecer de vivienda, ser
niño, niña, adolescente o de la tercera edad.
La extensión del deber según los vínculos entre los sujetos activos
y pasivos se encuentra profundamente desarrollada, abordando los
aspectos que resultan consecuencia derivada de la filiación, del
matrimonio, de las uniones convivenciales, del parentesco en
general, pero también los que son consecuencia de la autonomía de
la voluntad.
Merece subrayarse la atención puesta en el deber alimentario
consecuente de la transmisión sucesoria y las cuestiones que
justifican la modificación de aquello que ha sido considerado como
suficiente para la satisfacción y qué acontecimientos posteriores lo
tornan carente de equidad. No han olvidado los directores
encomendar debido tratamiento de las cuestiones procesales y ellas
se encuentran expuestas desde la visión de la judicatura y desde
aquella que proviene del defensor de los intereses de otro, es decir
el abogado. No puedo dejar de destacar el anexo normativo y la
atención puesta en los medios de auxilio que presta la cooperación
internacional. Resalta respecto de todos los tratamientos ilustrados
la capacidad de los autores que les permite transmitir de modo
sintético aquello que constituyen los conflictos interpretativos de la
doctrina autoral y jurisprudencial en la relación efectuada con el
derecho positivo.
Este libro tiene la infrecuente virtud de dar lo necesario para
obtener el dato y para comprenderlo.

CAPÍTULO I - DERECHO-DEBER ALIMENTARIO. PARTE GENERAL. POR
LUCILA I. CÓRDOBA Y FLORENCIA I. CÓRDOBA
I. FUENTES DE LA REFORMA DEL DERECHO ALIMENTARIO.
ANTEPROYECTOS DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN DE
LOS AÑOS 1993 Y 1998
Uno de los mayores problemas que preocupa al derecho de familia
es la dificultad social que genera el alto grado de incumplimiento del
deber alimentario en las relaciones de familia. Las normas del Código
Civil y Comercial de la Nación sancionado por ley 26.994 del 1 de
octubre de 2014, son prueba de ello ya que reforman
sustancialmente la institución asistencial alimentaria.
Debemos mencionar que tales normas resultan coincidentes con
las contenidas en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la
Nación del año 1998, el que reprodujo la idea contenida en lo que el
profesor Marcos Mauricio Córdoba introdujo, como integrante de la
Comisión Federal de Juristas, en la sanción del Código Civil y
Comercial Unificado de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación del año 1993.
El Código sancionado en Diputados estimó insuficiente la
determinación legal contenida en el art. 372 del Código Civil que
consideraba comprensivo de la prestación de alimentos sólo lo
"necesario para la subsistencia, habitación y vestuario...", y, proponía
en el art. 311 la siguiente norma: "La prestación de alimentos
comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario,
asistencia en las enfermedades, esparcimiento y educación,
correspondiente a la condición del que la recibe, en la medida de sus
necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante". De
esta forma la propuesta incorporaba a lo que pretendía ser la
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determinación legal, aquellos rubros no considerados en el Código
Civil preexistente. Así también, el Proyecto de 1998, en su art. 619
reproducía de manera textual: "Contenido de la obligación
alimentaria. La prestación de alimentos comprende lo necesario para
la subsistencia, habitación, vestuario, asistencia en las
enfermedades, esparcimiento y educación, correspondientes a la
condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de
las posibilidades económicas del alimentante". El Código Civil y
Comercial de la Nación tomó tales propuestas regulando en su art.
541: "Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de
alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación,
vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del
que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades
económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor
de edad, comprende, además, lo necesario para la educación".
Además de tal norma, muchas otras fueron las que surgieron en
esta materia del Proyecto presentado por Comisión Federal de
Juristas, y que fueron receptadas en el Código Civil y Comercial,
como por ejemplo lo referido a la retroactividad del efecto de la
sentencia judicial que el art. 315 del Proyecto del año 1993
establecía: "Los alimentos se deben desde el día de la demanda
judicial o desde el día de la constitución en mora del obligado por
medio fehaciente, siempre que se interponga demanda judicial en el
término de seis meses contados desde la interpelación", reiterándose
en el Proyecto de 1998 en el art. 625: "Retroactividad de la sentencia.
Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día
de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se
interponga la demanda dentro de los seis (6) meses de la

interpelación" y en el Proyecto de 2012 en el art. 548: "Retroactividad
de la sentencia. Los alimentos se deben desde el día de la
interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por
medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde
los seis (6) meses de la interpelación".
Asimismo, en cuanto a la omisión de cumplimiento de la orden
judicial de retención de la obligación alimentaria por parte del
dependiente o acreedor, el Proyecto de 1993 en su art. 324
establecía que "(q)uien no cumpla inmediatamente la ordenjudicial
de retener la suma correspondiente a una obligación alimentaria de
su dependiente o acreedor, será solidariamente responsable de la
obligación"; la solución presentada en el Proyecto de 1998 en el art.
630 refiere que "(q)uien no cumpla la orden judicial de retener la
suma correspondiente a una obligación alimentaria de su
dependiente o acreedor, pagando directamente a éstos, es
solidariamente responsable de la obligación hasta la concurrencia de
la retención omitida" y el art. 551 del Código Civil y Comercial de la
Nación establece que "(e)s solidariamente responsable del pago de
la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la
suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro
acreedor".
Reiteramos, la gran reforma normativa producida demuestra la falta
de efectividad de la ley para lograr el cumplimiento de los derechos
que la institución citada tiende a proteger. Debemos expresar, que
sin embargo consideramos que lo allí previsto resulta insuficiente
como solución del problema social y jurídico que denunciamos, tal
como fue planteado por una de las aquí coautoras en su tesis
doctoral(1).
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Además debemos poner de resalto que existen también, fuera del
ámbito de la legislación civil, otros tipos de sanciones legales para
aquellas personas que incumplen con sus deberes alimentarios,
como lo son las que derivan de los efectos de la inscripción en los
Registros de Deudores Alimentarios y las de tipo penal establecidas
en la ley 13.944. Cabe exponer al respecto, que se ha demostrado la
ineficacia de tales sistemas legales para el logro del objetivo
propuesto, el cumplimiento espontáneo y efectivo del deber
asistencial alimentario entre parientes.

II. INTRODUCCIÓN
Abocándonos ahora al análisis específico de la cuestión, debemos
decir que abordar el derecho-deber alimentario no resulta tarea
sencilla, ya que si bien a diario se suele analizar la temática,
principalmente por la cantidad de procesos judiciales que se inician
con el objeto de obtener la satisfacción de la prestación debida y en
la actualidad también, por la gran reforma operada en la materia con
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, son
muchos los aspectos involucrados en este tipo de prestaciones, y
además se trata de cuestiones que poseen gran dinamismo, en razón
de los cambios que operan en la sociedad, en la economía y en la
cultura en general.
Es de interés resaltar que la prestación alimentaria, como toda
institución jurídica, no puede sino ser comprendida cabalmente a
partir del análisis integral del derecho y específico del caso concreto.
Ello, aun debe efectuarse con mayor rigorismo cuando se encuentran
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=externalLink&crumb-action=append&docguid=i2213B3EF10E444B8AAC14D0962E2A4D7

involucrados derechos de sujetos vulnerables como son los niños o
personas que fueron restringidas en el ejercicio de sus capacidades,
por cuanto el principio rector en tales relaciones jurídicas será el
interés superior del sujeto que mayor protección requiere y por eso el
Estado debe ampararlo a través del ejercicio de sus funciones y
dentro de ellas se destaca la función legislativa.
Lo dicho resulta, entre otras normas jurídicas, del contenido del art.
4º del Cód. Civ. y Com. que establece la obligatoriedad de la ley y los
arts. 1º y 2º de dicho cuerpo legal que regulan las reglas de
interpretación de la ley. De ese conjunto normativo analizado en su
conjunto resulta que la interpretación debe hacerse mediante la
relación armónica de todo su contenido teniendo en consideración
las jerarquías normativas, los tiempos de su vigencia, la especialidad
o generalidad de su naturaleza, entre otros elementos. Es por ello
que la función de aplicar la ley no consiste en la elección de una
norma sino la relación del conjunto de reglas y principios que se
relacionan con la cuestión tratada de modo tal que constituyan la
norma especial que se produce así para su aplicación al caso
concreto.
La función de la ley no es la aplicación ante el conflicto, tiene una
tarea previa que es indicarle a todos los sujetos cuál es la
consecuencia de sus actos y las relaciones jurídicas por las que se
encuentra alcanzado, de manera tal de constituir un instrumento
elemental a las relaciones jurídicas armónicas. Si cada uno sabe
cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, según lo
establecido por aquel poder del Estado al cual la Constitución le ha
atribuido la función de dictar las leyes se evita el conflicto.

Es así que la función disyuntiva o secundaria de la ley es aquella
que le corresponde una vez producido el conflicto. Las normas
obligatorias, según lo establece el art. 4º del Cód. Civ. y Com. deben
ser conocidas y aplicadas por todos los sujetos de todas las
relaciones jurídicas, sólo cuando esto no ocurre es que se llega a la
judicatura. Pero todo sujeto en cada una de esas relaciones está
aplicando la ley y para ello debe comprenderla, interpretarla,
razonarla y cumplirla. Ante su incumplimiento el derecho aporta la
consecuencia secundaria a través de sanciones de tipo punitivo,
resarcitorio, cancelatorio.
Expuesto ello, resulta útil analizar en forma conjunta algunas de las
normas que regulan la responsabilidad parental y aquellas que
garantizan derechos de la maternidad. Encontramos por un lado, que
el art. 638 del Cód. Civ. y Com. establece que "(l)a responsabilidad
parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a
los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de
edad y no se haya emancipado". Los arts. 658 y 659 respectivamente
disponen que "(a)mbos progenitores tienen la obligación y el derecho
de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición
y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos"
—art. 658— y que "(l)a obligación de alimentos comprende la
satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención,
educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos
por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión
u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones
monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades
económicas de los obligados y necesidades del alimentado" —art.

659—. Por otro lado, vemos que parte de las normas que regulan las
relaciones de trabajo disponen: "(t)oda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar
a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período
no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado..." —art. 179, ley 20.744—. La norma
laboral citada se encuentra íntimamente relacionada con las normas
relativas a la responsabilidad parental, ya que la facultad que se le
otorga a la madre de disponer de horas de lactancia, lo son a efectos
del cumplimiento del deber de alimentar a sus hijos. Debemos tener
especialmente en consideración que tales derechos son
indisponibles para la progenitora, es decir que no puede optar si
ejerce o no tal facultad, en la medida de sus posibilidades y
capacidades debe hacer efectivo el cumplimiento de tales intereses
y brindar a su hijo la mejor nutrición que se encuentre a su
disposición.
Sentado ello, pasaremos a continuación a analizar el concepto de
la institución que nos ocupa.

III. CONCEPTO
Podemos decir que en términos generales asistir comprende servir,
cuidar, socorrer, ayudar, atender a alguien. Las normas legales
establecerán en cada uno de los supuestos específicos el contenido
y alcance deldeber. En razón de las diferencias que pueden existir
en los distintos supuestos en que se impone o se acuerda el derecho
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=externalLink&crumb-action=append&docguid=i3C9C1FE3175E54D6B566BC9DC5C5864A
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=externalLink&crumb-action=append&docguid=i97A2CDC86E52142014F5F860C6F9E18D

deber alimentario, resulta difícil establecer un concepto único de
alimentos.
Sin perjuicio de ello, prestigiosa doctrina autoral se ha expresado
sobre el significado de la prestación. Cabe aclarar que resultan
vigentes los conceptos que a continuación citaremos a pesar de las
modificaciones producidas con la entrada en vigencia del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Planiol ha expuesto que la obligación alimentaria es una obligación
legal fundada en el parentesco o en el matrimonio de dar a una
persona lo necesario para vivir. Esta obligación requiere que una de
las personas se encuentre en estado de necesidad y que la otra en
estado de socorrerla. Es en principio recíproco. Expresa que la
obligación alimentaria reposa sobre la idea de solidaridad familiar y,
haciendo referencia al Código Civil, refiere que el mismo aceptó tal
obligación en limitados casos(2).
Por otro lado, Fanzolato explica que "(j)urídicamente, el vocablo
alimentos no se restringe al sentido vulgar de nutrición, de sustento
físico para el cuerpo, de provisión de boca o comida y bebida que la
persona toma para subsistir; sino que está referido a la carga familiar
de suministrar a ciertos allegados lo que necesitan para mantener
una vida humana digna y decorosa conforme al estado de familia, a
la condición social y a las necesidades y recursos del alimentista y
del obligado"(3).
Los Mazeaud indican que "(l)a palabra 'alimentos' designa todo lo
que es necesario para la vida. El importe de crédito varía en función
de las necesidades del acreedor y de los recursos del deudor; por
eso, su fijación es siempre provisoria"(4).
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Asimismo, Pitrau sostiene que "(l)os alimentos son el medio a
través del cual se realiza el principio de asistencia. Se integran por
un conjunto de prestaciones que comprenden las necesidades de la
vida física como la vivienda, la comida, la vestimenta, la higiene, la
salud, y todo lo que haga a la normalidad fisiológica de la vida
humana, y también, todas aquellas necesidades de orden espiritual
como la instrucción y la educación imprescindibles para el desarrollo
ético e intelectual de la persona"(5).
Marcos Córdoba expone que "(l)os alimentos constituyen un deber
legal, con fundamento moral y finalidad asistencial que comprende la
satisfacción de las necesidades de subsistencia, formación y
recuperación en la medida de los recursos y necesidades de los
sujetos indicados en la ley"(6).
Es decir que el Estado a través de la ley les garantiza a
determinadas personas la satisfacción de sus necesidades
esenciales —como son los casos de cónyuges o parientes—, y a
otras la satisfacción de aquellos aspectos necesarios para su plena
protección y pleno desarrollo —los hijos—. Para garantizar tales
satisfacciones impone el cumplimiento a determinadas personas que
se vinculan con el sujeto activo de la prestación, como es el caso de
los parientes, progenitores o quienes han tenido una actitud de
gratitud como el caso del donante. Y, ¿cuál es la razón por la cual el
Estado se entromete en tales relaciones y garantiza mediante la
imposición del cumplimiento de tales deberes? La razón es porque el
derecho último que se encuentra involucrado es el derecho a la vida.
El ser humano necesita satisfacer necesidades de alimento, de
cuidados de salud, de vestimenta, entre otras, para poder preservar
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su vida. Los niños que no son bien alimentados, no tienen un
desarrollo físico integral, son más propensos a sufrir enfermedades,
a que su vida esté en riesgo. Los niños que reciben educación,
seguramente tendrán más posibilidades de alcanzar diversos y
variados puestos de trabajo. Niños felices seguramente tendrán una
actitud más propulsora a desarrollar su personalidad profesional o
laboral. Niños que son asistidos afectiva y espiritualmente
seguramente serán más propensos a sufrir menos enfermedades de
variado tipo —físicas, psicológicas—. Entendido ello y teniendo
presente que es objetivo del Estado procurar que los ciudadanos
vivan una vida en plenitud, vemos que el cumplimiento del deber de
asistencia familiar importa a toda la Nación y tiene efectos directos
en el desarrollo del país.
Debe tenerse presente que para alimentar no alcanza con
proporcionar alimentos propiamente dichos, es decir comida y
bebida, sino que implica abastecer a quien lo necesita de todo aquello
que nutra su cuerpo y su alma, es decir que requiere también brindar
afecto, establecer conexión. Nótese por ejemplo que resulta
radicalmente distinto, y por lo tanto los efectos también lo son, que
un niño sea amamantado por su madre a que reciba leche por
mamadera de una tercera persona. Se ha comprobado que el apego
que se genera con la lactancia modifica no sólo la conformación física
y emocional del niño, sino también la neuronal.
En ciertas situaciones resulta difícil para el Estado lograr que se
generen lazos de afecto, pero en otras ocasiones, la realización de
acciones positivas puede favorecer la formación de conexiones
afectivas entre las personas. Tal el caso del dictado de normas

positivas que favorezcan la atención y cuidado de los niños
pequeños, de los lactantes, etc.
No resulta tarea sencilla imponer el cumplimiento del deber
alimentario, la realización de conductas solidarias, por cuanto
requiere por parte del obligado la entrega de cuestiones propias
(afecto, bienes, dinero, etc.). En una sociedad que tiende cada vez
más al individualismo, obligar a disponer de lo personal para que
satisfaga necesidades ajenas no resulta una tarea sencilla.

IV. NATURALEZA JURÍDICA
La naturaleza jurídica es la esencia, propiedad característica que
según el derecho posee cada una de las instituciones que sus
normas regulan. Existen distintas teorías sostenidas por la doctrina y
jurisprudencia respecto de la naturaleza jurídica de la prestación
asistencial alimentaria.
Una corriente sostiene que importa una deuda de dinero, por
cuanto pertenece al campo del derecho creditorio obligacional
aunque tenga carácter moral. Por otra parte, están quienes entienden
que el carácter de deuda dineraria lo es solamente con respecto a las
cuotas alimentarias vencidas y no pagadas por cuanto las mismas se
convierten en un crédito obligacional. Otros opinan que se trata de
una obligación de categoría especial, por presentar facetas
peculiares que le son propias. Por último, los que piensan que se
trata de una deuda de valor.
En la actualidad, es mayoritaria la doctrina que considera que se
trata de una deuda de valor, y fue la que dio fundamento a un

tratamiento específico en cuanto al contenido y forma de
cumplimiento de las prestaciones alimentarias. Se sostiene que el
objeto y fin de la prestación no es una suma de dinero sino la entrega
de bienes y valores, como la subsistencia, habitación, vestuario,
asistencia en las enfermedades, etc., o sea una suma de bienes y
valores que responden a necesidades concretas(7).
Agrega López del Carril "que el derecho alimentario entraña una
obligación familiar de ética subjetiva que se convierte en una ética
intersubjetiva, de carácter extrapatrimonial, que corresponde a un
vínculo cuya existencia encarna, por sí misma, un interés familiar y
un interés social con motivos espirituales y materiales que se asocian
al mismo vínculo, derivándose en todos los casos de un estadode
familia y/o de un estado filiatorio". Aclara "que el derecho y obligación
alimentaria es de origen legal y apoyada en un determinado vínculo
familiar" y "el derecho a alimentos de los hijos es un efecto de la
filiación legítima o de la extramatrimonial (...) En todos los casos se
deriva de un estado de familia o de la filiación".
El mismo autor ilustra sobre la postura de calificada doctrina
extranjera al indicar que, para el tratadista español Castán Tobeñas,
"la deuda alimenticia es aquella relación jurídica, en virtud de la cual
una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para su
subsistencia", y que por su parte, Puig Peña entiende que el derecho
y consecuente obligación alimentaria existe como una obligación
impuesta por el orden jurídico en vista de la propia naturaleza del
organismo familiar. Así también Bonet explica que es en el ámbito de
la familia donde la exigencia de subvenir a las necesidades de
nuestro prójimo adquiere un mayor relieve, que autoriza a reclamar
imperiosamente la intervención de la ley y a ese fin y efecto el
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legislador establece el núcleo familiar como la primera relación social
en que se manifiesta la obligación de seguro y asistencia.
Para Marty-Raynaud, la ley consagra el derecho y la obligación
alimentaria y la coloca dentro de las relaciones familiares a fin de
mantener la unidad y la solidaridad de la familia. Según Josserand,
la obligación alimentaria es el deber impuesto jurídicamente a una
persona de asegurar la subsistencia de otra persona. Savigny
entiende que el derecho alimentario debe ser considerado un
"derecho anormal" por cuanto no es requerida la capacidad jurídica
ni tiene influencia la capitis diminutio, para exigir su cumplimiento.
Según Rubbiani, la obligación alimentaria se funda en la solidaridad
familiar y es una obligación personalísima(8).
La jurista nacional Lidia Makianich manifestó que "(l)os alimentos
tienen una naturaleza asistencial y constituyen un derivado del
derecho a la vida"(9).
Para Salvador Fornieles el deber de los padres de dar alimentos a
sus hijos importa un deber moral y a la vez una obligación jurídica.
Expresa en tal sentido que "(l)a moral y el Derecho están tan
íntimamente ligados, que muchos deberes morales lo son también
jurídicos; por ejemplo: la obligación del padre de dar alimentos a sus
hijos..."(10).

V. FUNDAMENTO DE LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA. LA SOLIDARIDAD
FAMILIAR
Corresponde en esta oportunidad adentrarnos a analizar cuál es la
razón por la que el Estado impone a determinadas personas prestar
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alimentos a quienes los necesitan. Resulta evidente que debe
encontrase una solución a la falta de satisfacción de alimentos
cuando nos encontramos con alguien necesitado. El derecho último
en juego es el derecho a la vida, todas las personas necesitamos
alimentarnos para mantenernos con vida y el Estado no debe
procurar la supervivencia de las personas sino que cada uno de los
individuos viva una vida digna, y en la medida de las posibilidades
que alcancen la plenitud.
Nos encontramos también en este punto con una relación
normativa con las leyes específicas de la Seguridad Social, por
cuanto el Estado efectúa prestaciones públicas asistenciales de
carácter económico a efectos de auxiliar a las personas, mediante los
denominados subsidios. Pero como dijimos el Estado debe procurar
no sólo la cobertura de las necesidades mínimas, que son las
comúnmente cubiertas por los subsidios, sino que también debe
procurar que sus ciudadanos tengan una vida digna, y es por eso que
les impone a las personas más allegadas, ya sea porque las une un
vínculo familiar, o porque tuvieron una unión de trascendencia como
lo son las uniones convivenciales o matrimoniales, que se asistan y
auxilien en caso de necesidad. Tal auxilio es lo que se denomina
solidaridad familiar.
Jurisprudencialmente se ha dispuesto que "(e)l art. 27, inc. 2, de la
Convención sobre los Derechos del Niño —de jerarquía
constitucional— establece que a los padres u otras personas
encargadas del niño les incumbe la responsabilidad de proporcionar,
dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida que
sean imprescindibles para su desarrollo. También es dable destacar
que el artículo 6°, inc. 2, del mentado instrumento internacional,
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=externalLink&crumb-action=append&docguid=i413B6CA708C4E11E0D011ACDF32DDCEE

determina que los Estados Partes garantizarán en la máxima medida
posible la supervivencia y el desarrollo del niño. A su vez, más
específicamente —en lo que aquí interesa— el art. 27, ap. 4°, de este
Tratado, prescribe que deberán tomarse todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte
de los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera
por el niño"(11).
En tal sentido, Fanzolato explica que "en el plano moral, cuando
hablamos de solidaridad, nos referimos a una actitud, consciente,
querida por la voluntad, que nos induce a asumir un deber, una
especie de responsabilidad hacia los semejantes, por razones de
justicia". Citando a Bourgeois, refiere que el autor francés "parte de
la idea de que el hombre es un asociado necesario. Al nacer entra en
una sociedad preexistente y, como todo socio, participa de los
beneficios y también de los quebrantos. Al participar de los logros y
ventajas en la sociedad en la que está inmerso, debe aceptar y
asumir las cargas comunes y cooperar, según sus posibilidades, en
las acciones tendientes a superar los males, las estrecheces, las
privaciones que se produzcan en esa asociación. Es decir que desde
su origen es acreedor y deudor"(12).
Expresa Medina que "(l)a solidaridad se da entre personas que
tienen algo en común, entre personas que la ley considera que
forman parte de una relación jurídica por la que la necesidad de uno
debe concurrir con la posibilidad de otro". Agrega la autora que no se
trata de igualdad de prestaciones, sino de situaciones fácticas
vinculantes, a partir de la cual se crea la obligación solidaria(13), y que
"(d)icha igualdad fáctica se da ejemplarmente en la familia donde el
individuo desarrolla principalmente sus vínculos sociales, satisface
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sus necesidades primarias y recibe la orientación inicial que posibilita
todo su desarrollo actual y posterior"(14).
Malaurie y Aynès refieren que todos los hombres somos hermanos,
todos somos moralmente responsables de ayudar a quienes están
en la desgracia. Pero todos los hombres son desigualmente
hermanos y sus deberes de solidaridad son desiguales. El núcleo
más fuerte es la familia legítima nuclear. En tal fundamento, la
legislación de todos los tiempos y de todos los países prevé una
obligación alimentaria entre cónyuges y parientes legítimos en línea
directa. Agregan los autores franceses que la solidaridad familiar
domina las relaciones pecuniarias que se establecen en el seno de
una familia, que en el pasado ellos hacían de la familia una unidad
de producción económica y que, hoy en día, traducen solamente la
dependencia mutua de sus miembros, siendo más intensos los lazos
entre padres e hijos o entre cónyuges, con relación a otros miembros
de la familia. Refieren que ellos están en retroceso ya que a medida
que se extiende el individualismo y, sobre todo, la solidaridad
nacional, el rol de la familia decrece(15).
Es que como explica Bossert "no se concibe nuestro modelo social
sino vinculado, en su base, a la estructura familiar", ya que la vida del
hombre, en los aspectos esenciales se desarrolla integrada en los
hábitos y el afecto dentro de un grupo familiar, y una sociedad de
hombres solos es una ideaajena a todas las formas sociales
conocidas. Agrega el autor nacional, que "(d)esde el nacimiento y en
los comienzos de su desarrollo, el individuo satisface sus
necesidades y recibe orientación y educación en el ámbito familiar en
el cual crece, integrado por los ascendientes y los descendientes; ese
mismo individuo, ya maduro, organiza su vida sobre la base de una
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pareja estable, en el ámbito de la cual quienes la integran se asisten
recíprocamente y, además, cumple los roles de orientación y cuidado
de sus descendientes y de asistencia a sus ascendientes". Y que es
a partir de esos datos que surgen de la realidad y que están en la
base de la estructura social, que se advierte la existencia de un deber
moral de solidaridad entre los miembros de un grupo familiar, al
menos los más próximos, y es ese el fundamento de los textos
legales que erigen en obligación civil el deber moral de asistencia
entre ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, e incluso,
entre un cónyuge y los progenitores e hijos del otro(16).
Así también, Makianich refiere que elementales principios de
solidaridad determinan que una persona no pueda permanecer
impasible ante la necesidad de otra con la que se encuentra
estrechamente vinculada por un nexo de naturaleza familiar, y que
en ello se funda el deber alimentario legalmente establecido(17). Por
su parte, Tanzi y Suárez expresan que "(e)n materia de alimentos es
dable destacar la solidaridad que nace de la relación paterno filial
porque la principal, si no la única, manera de ir mejorando el género
humano en conjunto, consiste en que los menores hallen en sus
padres disposición suficiente para hacer de ellos adultos
positivos"(18). Y es así, tal como enseña Laje: "la solidaridad legal es
aquella que tiene como pauta válida la ecuación que resulta de la
concurrencia entre necesidad y posibilidad"(19).
Córdoba es contundente al expresar que debe reconocerse a la
solidaridad familiar como principio general del derecho, fundando su
expresión en que ésta constituye una noción de contenido ético
moral, reconocido por el estándar social. Agrega el jurista que hasta
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la actualidad sólo ha sido introducido al derecho positivo en
contenidos de normas particulares(20).
Con Ramiro Córdoba hemos expuesto que "(l)os alimentos tienen
una función vital, que se asienta sobre un fundamento tan ético como
es el de solidaridad social y familiar, que preexistiendo al derecho
positivo, éste consagra con alcances precisos"(21).
Finalizando este apartado debemos aclarar que las conclusiones a
las que arribamos en este capítulo fueron precedidas de una
elaboración previa, que incluyó, entre otras actividades, aquellas que
en coautoría Lucila Córdoba publicó con Carabio, consistentes en
que si bien, hasta el día de hoy, la solidaridad familiar es entendida
más como un fundamento de prestaciones que como un principio del
derecho, "a nivel internacional se entiende que constituye un pilar
fundamental su reconocimiento y protección por parte de los Estados
a través del Derecho"(22) y, que es mediante la solidaridad la única
forma en que una Nación consagra los derechos fundamentales de
los seres humanos. Un hombre necesita indefectiblemente de los
otros, no sólo para subsistir sino para desarrollarse en plenitud
conforme su condición(23).

VI. FUENTES DEL DERECHO DEBER ALIMENTARIO
Para Lagomarsino y Uriarte, "(l)as fuentes de la obligación
alimentaria son la ley, el contrato, el testamento o la sentencia que
manda abonar una indemnización de daños y perjuicios derivados de
la comisión de un acto ilícito"(24). Por su parte, Córdoba y Solari
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sostienen que "(l)a obligación alimentaria nace de la ley, el contrato
y el testamento"(25).
Explicaba Bossert, respecto de la fuente de la obligación
alimentaria derivada de las relaciones de familia, refiriéndose al
Código Civil, pero cuya doctrina resulta aplicable a la normativa legal
del Código Civil y Comercial, que "la ley, al establecer el derecho y la
obligación alimentaria, fundada en los vínculos de familia, no hace
sino reconocer la existencia del deber moral de solidaridad existente
entre parientes y cónyuges. De manera que la fuente de la obligación
alimentaria, fundada en los vínculos de familia, es la ley"(26). Dentro
del derecho de familia la ley impone esta obligación como efecto del
matrimonio, las uniones convivenciales, la responsabilidad parental y
del parentesco.

VII. CARACTERES DE LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS EN GENERAL
Como explican los Mazeaud, "la obligación alimentaria es un
vínculo de derecho en virtud del cual una persona, el deudor, está
obligada hacia otra, el acreedor, a entregar una suma de dinero o a
cumplir con ciertas prestaciones. Por lo tanto, salvo en los casos
excepcionales en que constituye una obligación natural, es una
obligación civil. Creada por la ley, es una obligación legal. Pero, al
tener por finalidad asegurar la existencia del acreedor, y por estar
fundada sobre el deber de caridad y de solidaridad familiares, está
sometida a un régimen jurídico muy especial, que la opone a la
obligación ordinaria en numerosísimos puntos. La obligación
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alimentaria presenta, pues, algunos caracteres particulares,
atinentes los unos a su finalidad, y a su fundamento los otros"(27).
Agregan los juristas franceses que "(l)a obligación alimentaria, por
constituir la manifestación de un deseo de caridad y de solidaridad
familiares, y por tener por finalidad asegurar la existencia del
acreedor, obedece a reglas particulares, que la opone a la obligación
ordinaria". Explican los autores que "(e)l crédito de alimentos es
necesario para la vida del acreedor"(28).
Así también, la prestación alimentaria analizada en su generalidad
posee los siguientes caracteres:
a. La reciprocidad, ya que en la relación parental, el que tiene
derecho a alimentos a su vez los debe cuando el otro lo necesita, y
la excepción está dada en la paterno-filial ya que los padres los deben
a los hijos menores, aunque éstos posean medios propios, mientras
que los hijos menores no los deben a sus padres.
b. Es un derecho personalísimo, por cuanto se trata de una
obligación de carácter estrictamente personal, lo que implica que
resulten intransmisibles; el derecho alimentario familiar es
intrasmisible en razón de que no puede transferirse la calidad de
pariente.
c. Es de orden público, ya que las "normas que impiden la
negociación del alimentista y las agresiones de terceros respecto del
derecho alimentario, fundadas en el propósito de asegurar la
satisfacción de las necesidades de aquél, aun contra sus propias
actitudes imprudentes e irreflexivas, responde no sólo al interés
individual de éste, sino también al de la sociedad, ya que ella resulta
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afectada cuando los individuos que la componen carecen de lo
necesario para desarrollar su vida"(29).
d. Incompensabilidad: En virtud de que la prestación alimentaria
está destinada a satisfacer necesidades actuales, la obligación de
alimentos no puede compensarse ni aun con deudas anteriores del
alimentado, aunque tengan igual causa. El art. 539 del Cód. Civ. y
Com., bajo la denominación "Prohibiciones", ordena que "(l)a
obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el
derecho a reclamarlos, o percibirlos, ser objeto de transacción,
renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo
pagado en concepto de alimentos".
e. Intransaccionabilidad: La obligación de prestar alimentos no
puede ser objeto de trato, convenioo negocio. Ello, sin perjuicio de
que puedan celebrarse acuerdos conciliatorios entre los parientes.
f. Irrenunciabilidad: Este carácter es de aplicación al derecho
alimentario, en virtud del carácter de orden público que reviste el
derecho en cuestión, y no corresponde sobre cuotas devengadas e
insatisfechas, ya que éstas se han convertido en un crédito dinerario
y como tal admite su renuncia. Es así, que el art. 539 Cód. Civ. y
Com. prohíbe la renuncia al derecho a reclamarlos o percibirlos, no
obsta a ello que el art. 540 Cód. Civ. y Com. permita la
compensación, renuncia o transmisión a título oneroso o gratuito de
los alimentos ya devengados y no percibidos.
g. Inembargabilidad: Conforme establece el art. 539 Cód. Civ. y
Com. la obligación de prestar alimentos no puede ser objeto de
gravamen o embargo alguno. Tal prohibición implica que la
prestación asistencial no puede ser objeto de retención por
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mandamiento de juez o autoridad competente. Ello por cuanto la
misma está destinada a satisfacer las necesidades vitales del sujeto
beneficiado, su finalidad es la protección y asistencia del mismo.
Como explica Bossert, "(n)o procede, entonces, el embargo de la
cuota alimentaria, ya que, por su carácter asistencial, está destinada
a satisfacer necesidades del alimentado, que quedarían insatisfechas
en caso de que un acreedor, mediante el embargo impidiese la
percepción íntegra de la cuota"(30). Los alimentos tienden a satisfacer
las necesidades vitales del alimentado, en la medida en que el sujeto
vea cubiertas las mismas irá recuperándose en todos sus aspectos
trascendentales y saldando, en su caso, las deudas que posea. En
modo alguno corresponde entonces que sea el alimentante quien
abone las deudas contraídas por el asistido, siempre y cuando ello
no resulte indispensable para que se cubran las necesidades
básicas. A modo de ejemplo, piénsese que el alimentado posee una
deuda con la obra social en la que resulta beneficiario, y resulta
imprescindible saldar la misma a efectos de que la prestadora de
salud continúe brindándole los servicios médicos. En tal caso,
consideramos que resultaría idóneo que parte de la cuota alimentaria
se vea destinada a cancelar lo debido a efectos de que el asistido
pueda continuar recibiendo los servicios de salud, si ello resulta una
necesidad vital para el mismo.
h. Imprescriptibilidad: La obligación alimentaria se renueva día a
día, ya que diariamente nacen las necesidades del alimentado. Por
ello el tiempo de prescripción comienza a correr en forma continua,
lo que produce que jamás se la tenga por operada. Ello resulta así en
cuanto al derecho de alimentos, sin embargo las cuotas atrasadas se
convierten en un crédito dinerario, y en virtud de lo determinado por
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el art. 2560 Cód. Civ. y Com., prescribe a los cinco años la obligación
de pagar atrasados de pensiones alimenticias. Debe destacarse que
en el Código Civil y Comercial, su art. 2543 prevé expresamente la
suspensión de la prescripción entre las personas incapaces y con
capacidad restringida y sus padres, durante la responsabilidad
parental.

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CAPÍTULO II - OBLIGACIONES DEL ESTADO. POR ALEJANDRO J. SIDERIO

I. INTRODUCCIÓN
Un desarrollo conceptual requiere un sinceramiento del
posicionamiento iusfilosófico desde el cual se realiza el aporte para
luego discurrir acerca de la concepción del derecho, la justicia o el
modelo de Estado.
En pleno siglo XXI y en momentos donde la tecnología permite
recuperar la historia de la humanidad y visualizar al instante el
acontecer en las distintas partes del mundo, parece anacrónico
sostener que el derecho en general, el de familia en particular y el de
alimentos en forma específica proceden de un orden natural, ya sea
divino o racional, de aplicación universal y atemporal de instituciones
que el hombre ha regulado diferencialmente a lo largo del tiempo y
en las distintas latitudes.
Es por ello que sin gran esfuerzo, puede identificarse como a lo
largo del tiempo se definió qué era el derecho de alimentos, cuándocorrespondía su pago, quién debía suministrarlo y en ese mismo
momento se definía por exclusión, qué no estaba comprendido
dentro del derecho de alimentos, cuándo cesaba la obligación y
quiénes no debían suministrarlo.
De esta forma, el imperio de la norma positiva, brinda certeza y
seguridad jurídica, aunque pueda traslucir que la misma resulta
incompleta, ambigua, insuficiente y deba integrarse con y a otros
actos jurídicos para cumplir con los altos propósitos de organización
pacífica y equitativa de la sociedad.

Desde alguna posición de interpretación filosófica de las
denominadas "corrientes críticas" se ha concebido al derecho como
un discurso, discurso jurídico(1). Al respecto debemos recordar que
según ha dicho M. Foucault(2), "en toda sociedad la producción del
discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un
cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su
pesada y temible materialidad". Desde esta perspectiva es
interesante analizar quién es legitimado para formar ese discurso,
desde qué posicionamiento de clase lo hace y cuál es el contenido
que le da a ese discurso. Lo que las escuelas críticas pretenden es
descubrir qué es lo que está ausente del discurso jurídico y quiénes
quedan excluidos en su formación.
Cuando los Estados brindan facultades a sus delegados
diplomáticos para participar en eventos internacionales donde se
debaten y ponen en común las preocupaciones globales y se arriban
a consensos que luego se plasman en instrumentos de exigibilidad
de dichos compromisos debidamente ratificados, se constituyen
importantes herramientas que posibilitan el aggiornamento de los
plexos normativos nacionales, cuando los canales internos para la
modificación de las leyes sufren demoras que sólo justifican
desigualdades u olvidos de los más necesitados.
Estos instrumentos internacionales posibilitan que en el orden
nacional se le pueda exigir al Estado el cumplimiento de estos
compromisos, las modificaciones de las leyes y respuestas efectivas
y expeditas para el ejercicio de los derechos reconocidos.
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El derecho internacional de derechos humanos ha logrado el efecto
paradojal de conseguir consensos entre los Estados sobre tópicos
que en los respectivos países son violados sistemáticamente por
acción u omisión.
El contenido de los tratados internacionales no debe identificarse
con concepciones universales atemporales, sino por el contrario,
nuevos contractualismos que generan instrumentos positivos para su
exigibilidad local y que se encuentran en permanente cambio,
generándose modificaciones ascendentes, es decir, nuevos y más
amplios reconocimientos, imposibilitando los retrocesos, las
renuncias o menoscabos a los derechos y garantías logrados.

II. EL DERECHO DE ALIMENTOS DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO
Aída Kemelmajer de Carlucci citando a Grace Ganz Blumbert, nos
recuerda que "desde siempre el régimen alimentario de los hijos en
Inglaterra y en los EE.UU. comprendió aspectos de Derecho Público
y Privado. Las primeras leyes que establecieron verdaderas
obligaciones no estaban diseñadas para amparar a los niños sino
para proteger a la autoridad local (civil o religiosa) de la carga de
mantener a niños indigentes; en otros términos, en sus inicios, en
el common law los padres no tenían una obligación de mantener a
sus hijos ejecutable judicialmente, por esta razón, recurrentemente
los juristas afirmaban que los padres tenían hacia sus hijos una
obligación moral, pero no responsabilidades legales; en
consecuencia, no había un remedio procesal contra el padre que no
pasaba alimentos. Esta situación persistió hasta entrado el siglo XX".

"...En las últimas décadas, en varias oportunidades, el Congreso
de la Nación (EE.UU.) mostró su preocupación por la carga
inadecuada que debían soportar los gobiernos (federal y estatal),
particularmente a través de los programas de asistencia pública, el
antes llamado 'Ayuda para familias con hijos dependientes' (Aid to
Families with Dependent Children —AFDC—) y el denominado
'Asistencia temporal a familias necesitadas' (Temporary Asistence to
Needy Families —TANF—). En 1988, el Congreso requirió que se
dieran reglas concretas sobre cómo se entregan estas ayudas
públicas y una vez dadas, si en un caso particular no se seguía la
regla, se justificara ese apartamiento por escrito..."(3).
Ello resulta interesante e ilustrativo para debatir cómo una
responsabilidad del Estado se "privatiza" legalmente imponiendo una
carga a un determinado particular. El Congreso en su función política
distribuye los efectos de la administración económica, deslindando al
Estado y ligando con fuerza legal a determinadas personas.
La extensión de esta obligación también es cualitativa y
cuantitativamente funcional a un modelo de Estado determinado,
atravesado por sus cosmovisiones económicas, culturales, sociales
y religiosas.
El Estado se desentiende de su deber de amparar a los
ciudadanos, creando legalmente responsabilidades en el orden
familiar para atender los requerimientos económicos de quienes por
su edad o condición no pueden procurárselos en forma autónoma.
La ley, mediante su regulación, busca la protección del individuo
que la necesita por carecer aun de aquellos atributos que emergen
del desarrollo psicofísico. El hombre no es uno mismo en todas las
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edades, "por ello la ley le sigue benéfica en todas las épocas, le
protege en su debilidad, le dirige en su inexperiencia, lo preserva en
los peligros, y le exige a su vez el tributo de sus luces y de su fuerza
para bien de sus semejantes; de modo que le confiere derechos y
privilegios según sus necesidades, le impone obligaciones y deberes
según sus facultades y sus medios, combinando siempre el bienestar
de cada individuo con el interés general, estableciendo la armonía en
el estado"(4).
Esta distribución de responsabilidad entre Estado y particulares ha
admitido distintos enfoques.
En nuestro país el tratamiento del derecho alimentario admitió
diferentes regulaciones a través del tiempo, incluso en virtud de
diferencias que la propia ley realizaba en materia de filiación.
Nos ilustra Bossert(5) al informar que en el régimen originario del
Código de Vélez Sarsfield, se efectuaba una doble distinción entre
los hijos: por una parte los legítimos y los ilegítimos, y entre éstos a
su vez, se distinguía entre los naturales (arts. 311, 324 y ss.), los
adulterinos (art. 338), los incestuosos (art. 399) y los sacrílegos (art.
330). Los legítimos tenían en plenitud el derecho de reclamar
alimentos a sus padres. Los naturales podían hacerlo hasta los
dieciocho años, y siempre que se "halle en circunstancias de no
poder proveer a sus necesidades" (art. 331). Los adulterinos carecían
de este derecho, salvo cuando fueran reconocidos voluntariamente
por sus padres (art. 343), ya que no tenían acción para indagar la
paternidad o la maternidad, y su derecho alimentario estaba sujeto al
mismo límite de edad y requisito que el derecho de los hijos naturales.
La ley 14.367, en su art. 1º, suprimió las distinciones entre los
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diferentes tipos de hijos extramatrimoniales. El art. 10 de dicha ley
extendió "los deberes inherentes a la patria potestad a los
progenitores de los hijos nacidos fuera del matrimonio".
Posteriormente, la ley 23.264 de 1985, al reformar el Código Civil,
introdujo el art. 240, conforme al cual la filiación matrimonial y
extramatrimonial surten los mismos efectos.
El nuevo Código Civil y Comercial extiende para el caso de los hijos
la obligación alimentaria hasta los 25 años en caso de que su
capacitación impidiera proveérselos(art. 663), cuando anteriormente
sólo se extendía hasta los 21 años. Posibilita el ejercicio de la acción
de reclamo de los mismos en forma conjunta contra los obligados
principales y subsidiarios (art. 668), cuando con anterioridad debía
agotarse la primera para que quedara habilitada la segunda; en la
actualidad hasta podrían ser acreedores alimentarios los hijos del
cónyuge o de la ex pareja conviviente (art. 676), aunque no exista
entre ellos vínculo biológico ya que el orden jurídico ha impuesto a
ciertas situaciones de hecho la carga de responder económicamente
en virtud del vínculo de solidaridad familiar. Familia que trasciende el
viejo concepto del vínculo jurídico familiar tradicional.
En materia de derecho alimentario entre cónyuges(6) también el
ordenamiento jurídico brindó diferente tratamiento de conformidad
con el distinto estatus jurídico con que concebía a mujeres y
hombres, e incluso subordinó esta prestación de naturaleza
asistencial destinada a asegurar la subsistencia, a la culpabilidad o
inocencia de los actos que habrían constituido las causas de la
separación de los matrimonios.
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=externalLink&crumb-action=append&docguid=i6532D6E4096C2E007746EA884078A293
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Es sin duda una decisión política del Estado a través de sus
órganos, establecer el contenido, alcance y legitimaciones activas y
pasivas dentro del derecho alimentario, pero ello debe encontrar
debida compatibilidad con el contenido del bloque de
constitucionalidad compuesto por la Carta Magna, Convenciones y
Tratados Internacionales de Derechos Humanos que lo conforman(7).
Quedan aún pendientes por parte del Estado los mecanismos
idóneos para auxiliar a los alimentados ante la insolvencia o fraude
de los obligados(8) y la expresa consagración de la cobertura por
parte del Estado de las necesidades materiales de los jóvenes entre
18 y 21 años y ahora en realidad hasta los 25 años que no cuentan
con referentes familiares que los igualen en oportunidades con el
resto de sus semejantes(9).

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES DEL
DERECHO ALIMENTARIO
En varios instrumentos internacionales incorporados a la
Constitución Nacional por el art. 75, inc. 22, se hace referencia al
derecho a toda persona al derecho de alimentos, e impone a los
Estados la obligación de adecuar sus legislaciones internas a efectos
de garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en
dichos instrumentos. Podemos citar, p. ej., el art. XI de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los arts. 2º, 10 y
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el art. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, etc. Todos estos instrumentos reconocen el derecho de
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toda persona a contar con los medios necesarios para la
subsistencia, haciendo especialmente mención al derecho a la
alimentación (acepción restringida). El Estado argentino, a fin de
garantizar la prestación de alimentos, establece un sistema legal de
distribución de estas responsabilidades y a través del Código Civil y
Comercial se estipula en razón de qué relaciones jurídicas debe
atribuirse la obligación de dar alimentos, en qué oportunidades y con
qué extensión. Es por eso que entendemos que este derecho se
encuentra amparado constitucional e internacionalmente.
Sin embargo, donde el derecho a recibir la pensión alimentaria
encuentra más plenamente expresado en su carácter de derecho
humano tutelado internacionalmente es en el caso de los menores.
En efecto, el art. 3.2 de la Convención de los Derechos del Niño
establece que: "los estados partes se comprometen a asegurar al
niño la protección y los cuidados que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres,
tutores u otras personas responsables...." ; por su parte, el art. 27.2
establece que: "a los padres u otras personas encargadas del niño
les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de
sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño". Mientras que el art. 27.4
establece que: "Los estados partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte
de los padres otras personas que tengan la responsabilidad
financiera por el niño...".
Es por ello que incluso resulta constitucional la restricción de
ciertos derechos de los obligados alimentarios a fin de compeler el
cumplimiento de la obligación asistencial a su cargo(10).
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Pero, ¿qué pasa cuando los legalmente obligados no se
encuentran en posibilidades de contribuir con las cargas impuestas,
o cuando éstos no existen?
La mirada común nos interpela: cómo puede ser que en el mundo
actual, de sofisticada tecnología, acumulación de capital, existan
personas con necesidades básicas insatisfechas; niños en situación
de calle, sin adultos, ni opciones. ¿Cómo puede ser que exista
hambre, exclusión, pobreza?
Ello nos confronta con el papel del Estado, su rol de analista,
espectador, regulador o activista de la reivindicación de los derechos
humanos.
Si bien cada partido político puede tener una propia concepción del
modelo de Estado que ofrece al electorado y los ciudadanos que
votan —ya que hay un gran número de niños, adolescentes y
personas con capacidad restringida que no lo hacen pero también
son ciudadanos—, pueden elegir la propuesta electoral; existe un
contenido mínimo de actividad del Estado que se encuentra reglado
por las leyes y el bloque de constitucionalidad, es decir la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
Estas obligaciones del Estado son inderogables y hacen al piso de
garantías mínimas que debe imponérsele a cualquier gobernante.
Los derechos que surgen de este bloque, por el solo hecho de
formar parte de la Constitución, tienen fuerza normativa propia. Esto
quiere decir que el contenido es inmediata y directamente aplicable
por su propio imperio porque posee un mínimo contenido esencial

que siempre debe hacerse efectivo y que no puede obviarse ni
restringirse por ninguna regulación(11).
Estos contenidos son operativos, no requieren de la actividad
normativa del Congreso o del Ejecutivo para que sean exigibles y por
ello ante la falta de instrumentación, se encuentra expedita la vía
judicial para su reclamo.
En efecto, se ha sostenido que "al Pacto de San José de Costa
Rica le resulta aplicable la presunción de operatividad de sus normas,
sin necesidad de disposición legislativa alguna"(12).
Es dable contemplar también que para posibilitar la exigibilidad de
estos derechos debe garantizarse el acceso a la justicia, el cual
muchas veces se encuentra vedado por situaciones fácticas, como
ser la falta de documentación, el desconocimiento de los canales de
acceso, la imposibilidad de sostener el vínculo
profesional/institucional.
Cuando el Estado ha delegado su función de cobijo en otros
miembros de la comunidad, y éstos no pueden desempeñar la
función, nuevamente el Estado retoma su responsabilidad —asumida
internacionalmente— para garantizar la salvaguarda de los
ciudadanos necesitados y desamparados.
Según ha investigado la Dra. Grosman, existen países como
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania o Suiza que han entendido
esta responsabilidad y por ello han instrumentado mecanismos por
los cuales ante el incumplimiento por parte del padre de la cuota
alimentaria, el Estado otorga una suma de dinero para el niño o niña
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y se subroga en los derechos del padre que posee la custodia