SOBERANIA Y GEOPOLITICA

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SOBERANÍA Y GEOPOLÍTICA
	La geopolítica designa la influencia determinante de elementos tales como las características geográficas, las fuerzas sociales y culturales y los recursos económicos en la política de una nación. Desde este punto de vista reviste de gran importancia para la soberanía nacional. De esta manera, la soberanía desde el punto de vista geopolítico aborda las contradicciones entre por el poder en el territorio, así como la estrategia que definen los estados y otras organizaciones humanas, con el propósito de dominar, controlar o influir en la totalidad o en partes del espacio geográfico. Por ello, la seguridad nacional ha de atender a una estrategia por parte del Estado con el objetivo de asegurar el logro de los objetivos de desarrollo y la gobernabilidad de una sociedad.
	En esta tendencia, el objetivo general de la presente producción escrita de naturaleza documental, consistió en analizar distintos hechos históricos que de manera categórica han incidido en la sociedad venezolana, entre ellos, el Plan Colombia, los sucesos de Abril de 2002 que incluyeron el paro petrolero y golpe de Estado, así como algunas amenazas internas y el movimiento Cívico-Militar venezolano. Para ello, se consultaros fuentes documentales, tanto impresas como digitales que aportaron referentes en la materia, determinantes para el análisis breve de cada componente temático en estudio relacionado con la Soberanía y Geopolítica, importantes para el entendimiento y defensa de la nación. 
PLAN COLOMBIA
	Plan Colombia conforma un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suscrito en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con el propósito de generar una revitalización social y económica, así como finalizar con el conflicto armado en Colombia y activar una estrategia antinarcóticos. No obstante es necesario precisar el alcance y eficiencia del mismo en la sociedad colombiana. Para ello, se analizan específicos elementos existentes en dicho plan desde una perspectiva geopolítica.
	En primer orden, el Plan Colombia emerge como un conjunto de proyectos para generar un proceso de paz en pleno reconocimiento de la causa objetiva del conflicto, atribuida a los desequilibrios sociales y la inequidad reinante en el país. El Plan se proyectaba como un proceso simultáneo a la negociación que permitiría la financiación de proyectos sectoriales vinculados con los acuerdos obtenidos. Para ello, designaba recursos a la rehabilitación y estimular la inversión principalmente en zonas afectadas por la violencia, los cultivos ilícitos o los conflictos ligados al medio ambiente, fundamentado lo anterior en una articulación con las comunidades y el Estado.
	En este sentido, el gobierno de Pastrana que el la coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado; por tanto, los países desarrollados deberían brindar apoyo en un marco similar al Plan Marshall para Colombia, el cual permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a la población campesina alternativas diferentes a los cultivos ilícitos. Se inicia de esta manera un intercambio en materia militar entre Colombia y Estados Unidos mediante la cooperación exclusiva a la Policía Nacional de Colombia y a los componentes de las Fuerzas Militares de Colombia. 
	Es preciso destacar que el citado Plan Colombia en teoría se concibió para la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa es ampliamente considerada como un programa fundamentalmente de ayuda militar y antinarcóticos, eje de la justificación oficial en Estados Unidos de Guerra contra las drogas, no obstante, fuertes críticas exponen que el Plan tiene como objetivo la lucha contra las fuerzas de guerrilla del país como uno de sus principales objetivos, motivado a que son grupos que ejercen gran influencia en amplias áreas geográficas del territorio colombiano, e incluso, algunos críticos denuncian que algunos sectores campesinos e indígenas podrían ser considerados como blancos del Plan Colombia debido a que estos reclaman reformas sociales y la protección y legalización de estos cultivos puesto que son fuente de ingreso así como también una forma de expresión cultural.
	Otra crítica al Plan Colombia denuncia que los grupos intervinientes podrían participar potencialmente con planes internacionales para la explotación de los recursos naturales incluyendo el petróleo, del cual Colombia es considerado como el séptimo u octavo proveedor de petróleo a Estados Unidos, sin embargo, estudios recientes indican una reducción de las reservas actualmente conocidas. De esta manera, la asistencia es denominada como ayuda antinarcóticos, orientada prioritariamente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FRC), por ser consideradas partícipes de la producción y tráfico de drogas en el país.
	Para Amnistía Internacional, el Plan Colombia se fundamenta prioritariamente en el conflicto de drogas y la crisis de los derechos humanos, desprendido completamente de las responsabilidades históricas del propio estado colombiano. El Plan proyecta elementalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. 
	Paralelamente, las Naciones Unidas señala que componentes de las fuerzas de seguridad, que han sido fortalecidos con el Plan Colombia, entre otras iniciativas, en algunas regiones continúan manteniendo relaciones próximas con grupos paramilitares, en ocasiones ayudando a organizar o participando directamente en abusos y masacres o, como se argumenta que es principalmente el caso, deliberadamente permaneciendo inactivas para prevenirlas. Los críticos del plan y de otras iniciativas de ayuda a las fuerzas armadas de Colombia señalan éstas continuas acusaciones sobre abusos para argumentar que el estado y las fuerzas militares colombianas deberían erradicar todo nexo que persista con las fuerzas paramilitares ilegales, y que para ello necesitan enjuiciar las crímenes pasados de los paramilitares y de su propio personal. 
	Según estadísticas de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), los cultivos de amapola y la producción de heroína, se redujeron en un 50%, no obstante, los cultivos de coca se incrementaron en un 15%, pero debido a que los campesinos cocaleros se movieron a zonas remotas selváticas para evitar su erradicación. Igualmente, la producción de cocaína aumentó en un 4% durante el periodo 2000-2006. Según las autoridades norteamericanas, Colombia mejoró su seguridad por medio de la estrategia antinarcóticos, acciones militares y policiales, tales como el programa de desmovilización y deserción de grupos violentos. Entre los años 2000 y 2007, el gobierno colombiano reseño que la estadística de secuestros y homicidios se había minimizado a un tercio, igualmente, los ataques a oleoductos se habían reducido a cero. La asistencia económica estadounidense a Colombia totalizó US$ 4.900 millones de dólares en dicho período, con un fuerte apoyo al fortalecimiento de la movilidad aérea, necesaria para lograr los objetivos antinarcóticos.
	
PLAN ABRIL Y PARO PETROLERO
Un referente histórico político-social de Venezuela lo conforma el lapso entre el 11 y el 13 de abril, en 48 horas, un gobierno democráticamente elegido y ratificado en una nueva elección por un elevado porcentaje de la población electoral venezolana, fue derrocado y reinstalado en el poder, mientras que el efímero gobierno de facto que había asumido tras el derrocamiento del presidente Chávez, desaparecía con la misma rapidez con la que había surgido. El Golpe de Estado fue la culminación de un proceso conspiratorio iniciado con huelga general en todo el país.
Entrelas variadas causas de la acción de Golpe de Estado, se menciona que en febrero de 2002 el Presidente Chávez reestructuró la directiva de la plana mayor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objetivo de reactivar el motor y la columna vertebral de la economía venezolana. A causa de las protestas generadas a partir de esta decisión por parte de las anacrónicas cúpulas de PDVSA, durante más de tres meses las exportaciones se vieron mermadas creando un enorme déficit e inflación en el país. A esta situación se sumó la cúpula de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, la alta jerarquía de la iglesia católica, algunos partidos políticos, las televisoras privadas de Venezuela y Fedecámaras que convocaron otra huelga general el 9 de abril, esta vez de carácter indefinido en protesta contra las leyes de Tierras, de Hidrocarburos, de Pesca, además de otros instrumentos aprobados vía habilitante, para forzar la renuncia del Presidente Chávez.
En este sentido, el 11 de abril, el tercer día de la huelga, las protestas se convirtieron en disturbios, y una marcha opositora antichavista fue desviada de su recorrido hacia el palacio de Miraflores a sabiendas de que desde tempranas horas miles de simpatizantes se encontraban concentrados alrededor de Miraflores en defensa del proceso de revolución Bolivariano. La marcha opositora al aproximarse al centro de Caracas se tornaba cada vez más violenta. Funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) y francotiradores ubicados en las azoteas de los edificios, se apostaban para generar los muertos que justificarían el golpe. Manifestantes de ambos lados fueron emboscados en lo que constituyó una verdadera masacre en las cercanías de Puente Llaguno en la Av. Baralt y las azoteas.
Cabe destacar que los hechos, demostrados científicamente fueron manipulados por el efecto de la mediatez periodística para responsabilizar al Gobierno del Presidente Hugo Chávez. El saldo fue de 19 muertos. El movimiento de conspiradores militares del alto mando pedía la renuncia al presidente Chávez y amenazan con bombardear el palacio de Miraflores. El Presidente Chávez decide entregarse para evitar un derramamiento de sangre a cual amenazaban las fuerzas golpistas, quienes mostraban sin prueba alguna una supuesta renuncia del Jefe de Estado. 
El 12 de abril, Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se auto-juramentó como presidente de la República, teniendo como primer acto oficial la disolución del Parlamento (Asamblea Nacional), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del contralor, y del Defensor del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules, Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 48 leyes habilitantes, y el cambio de la Constitución, al reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana.
Por su parte, el conocido Paro Petrolero entre 2002-2003, constituyó la mayor huelga patronal de la historia latinoamericana producto de la extrema polarización política que se ha generado en Venezuela. Desde el punto de vista oficialista, esta huelga, calificada como sabotaje petrolero, fue un paro patronal, con el objetivo de derrocar al gobierno de Chávez, promovida desde el exterior por Estados Unidos, e internamente por factores de la central patronal Fedecámaras, secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), los partidos de oposición reunidos en la para entonces coalición Coordinadora Democrática, la máxima central sindical de Venezuela Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), diversas organizaciones civiles como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión.
Desde la perspectiva no oficialista, la huelga general fue generada por los conflictos laborales entre el gobierno del presidente Chávez y los empleados petroleros opuestos a su política de sustituir la asignación de cargos de un sistema de meritocracia (por meritos laborales), a un sistema de exclusivos simpatizantes del gobierno. A la huelga petrolera se sumaron posteriormente en solidaridad, las máximas centrales de patronos Fedecámaras y de trabajadores (CTV), quienes dejando a un lado sus diferencias, que convocaron a una huelga general exigiendo inicialmente, la paralización de un paquete de leyes impopulares y de un referéndum a la gestión del Presidente Chávez, pero posteriormente la exigencia se concentró en la renuncia del presidente Chávez.
La presión de la huelga petrolera y general no obtuvo ninguno de los objetivos que se planteó. En el ámbito petrolero, el gobierno del Presidente Chávez ordenó un despido general de todos los trabajadores petroleros directos o indirectos, involucrados activamente en la huelga. Para atender la paralización de la industria petrolera, el gobierno delegó a la empresa, a nivel administrativo, a personal afecto al gobierno. A nivel operativo contrató a personal internacional para que dirigiera las refinerías venezolanas. Por su parte, en el área de transporte marítimo, el gobierno ordenó el arresto y desembarco forzado de todos los marinos mercantes en huelga, iniciándoles causas judiciales por sabotaje y traición a la patria. Estas causas fueron declaradas contra los otros huelguistas. Por su parte, las demandas de FEDECAMARAS y CTV, tampoco fueron logradas: el gobierno obtuvo préstamos internacionales para sobrellevar la situación crítica. La huelga fue suspendida en enero de 2003, generando en la sociedad venezolana una división más profunda.
AMENAZAS INTERNAS
	Según diferentes fuentes afectas al Gobierno Bolivariano de Venezuela, el proceso denominado revolucionario confronta profundas amenazas tanto internas como externas. Por un lado, Estados Unidos, dentro de sus planes pretende erradicar el proceso que lidera el gobierno venezolano, así como invadir y ocupar a Venezuela a cualquier costo. Es una amenaza seria y constante. No obstante, la amenaza interna opositora es la que mayor persistencia e irracionalidad desarrolla, incluso dentro sector del propio gobierno, ya sea por los infiltrados o por los negligentes que no hacen sus tareas encomendadas.
	No obstante, las amenazas a la soberanía nacional que se gesta desde el mismo país siempre se visualiza latente, puesto plantea la existencia de ideales antipatriotas afectas a las ideas imperiales y sus fieles seguidores de su sistema ideológico político-económico, normalmente aceptado en todo el planeta, pero ampliamente mediatizado por los medios de comunicación privados, afectando principalmente sentimientos, domando voluntades, propaganda, publicidad e informaciones, hacen la trilogía de preparación y dominio ideológico, para luego arremeter con el poder de las armas, si es necesario. Se estima que estas amenazas son constantes, internamente y externamente, ejemplo de ello a diario, manifiestos en guerra psicológica, tergiversación informativa, golpes de Estado, bases militares y el desplazamiento de tropas en países próximos del dominio del gobierno norteamericano. 
	Se asume que las amenazas internas son permanentes y peligrosas, están dentro del marco socio-político venezolano, muchas visibles, otras ocultas. Obviamente estas amenazas son promovidas por factores del imperialismo norteamericano en América latina, lo cual apunta a la agresión de la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de factores radicales adversos en alianza acuerdo con sectores retrógrados, fascistas oligárquicos, aliados y al servicio de intereses oligarcas internos y externos de agresión a toda nación o pueblo que desarrolle una política independiente al imperio norteamericano en permanente agresión al Estado Nacional, al gobierno y pueblo de Venezuela, una agresión directa de injerencia bajo variadas y diversas formas, utilizando para ello a componentes políticos y sociales del país.
UNIÓN CÍVICO MILITARLa Unión Cívico Militar en Venezuela conforma un componente entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y el pueblo como eje fundamental de la nueva doctrina militar para obtener la seguridad integral de la nación. Por ello, la nueva concepción de la defensa fundamentada en la unidad cívico militar ha pasado de la teoría a la práctica orientada a la activación de nuevas unidades militares con un criterio de trabajo con la población y las autoridades civiles, una nueva doctrina militar. Dicha apreciación emerge de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, en consecuencia, la Fuerza Armada Nacional asume reconsiderar sus principios doctrinarios en cumplimiento con el postulado de la corresponsabilidad, para posteriormente aprobar de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN). 
El cambio de doctrina pretende erradicar viejos esquemas y patrones asumidos de las grandes potencias como Estados Unidos y trabajar en una doctrina propia basada en nuestros principios, fundamentada en la doctrina de Simón Bolívar, Francisco de Miranda y la liberación, el nacionalismo liberador, y de la unión del soldado con su pueblo, un modo de participación popular y defensa integral , tal como consagra el artículo 322 de la Constitución Nacional en el título VII, de la seguridad de la Nación, Capítulo I, De las Disposiciones Generales que establece las líneas fundamentales de la nueva concepción de la defensa integral, por cuanto la seguridad de la Nación es responsabilidad y competencia absoluta del Estado, cimentada en el desarrollo integral de ésta. Su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, tanto naturales como jurídicas, en su instancia de derecho público como de derecho privado, que ocupen el espacio geográfico nacional.
	Por su parte, el artículo 326 consagra que la seguridad de la Nación es corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia y solidaridad, entre otros, cuya intención pretende promover una actitud de defensa nacional integral a fin de salvaguardar la soberanía nacional ante amenazas que se fraguan desde el interior y exterior de Venezuela. Dicha intencionalidad se sustenta ideológicamente en un nuevo pensamiento militar venezolano, que debe considerar las raíces patrias, del pensamiento antiimperialista, unificador, patriótico, igualitario, justiciero, fraterno y liberador. Para ello, es necesaria la cooperación activa del pueblo en defensa de la soberanía. La referida doctrina tiene tres líneas elementales: Fortalecimiento del poder militar de la Nación, profundización de la unión cívico militar (soldados y pueblo), además de la promoción de la participación popular en la defensa nacional.
 
Desde la perspectiva cívico-militar venezolana, la misma supone una preparación para conflictos asimétricos o desiguales. Así pues, el nuevo pensamiento militar permitirá a la Fuerza Armada Nacional diseñar estrategias para confrontar amenazas a la seguridad interna, con la participación de la población en diferentes áreas. Para ello, los contenidos académicos y los ejercicios militares incluyen la participación popular en las actividades de defensa integral. Expresión de ello la importancia al fortalecimiento de la Reserva Nacional y de la Guardia Territorial, regido por un Comando General de la Reserva Militar y la Movilización Nacional subordinado a la presidencia de la República, cuya competencia abarca la organización de las reservas destinadas a la guardia territorial.
	En este particular, la Reserva Nacional está conformada por todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no presten servicio militar activo, o que hayan cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a las unidades de reserva que al efecto sean conformadas. La función de la Guardia Territorial es preparar y mantener al pueblo organizado para operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión interna y/o externa, así como la participación en misiones especiales de defensa y desarrollo integral de la Nación. Estos grupos deben ser debidamente registrados por la Comandancia General de la Reserva Nacional y de la Movilización Nacional, quedando bajo su mando y conducción. Tiene como objetivo permanente evaluar las amenazas al Estado, entre ellas, la guerra asimétrica, la desestabilización y los conflictos regionales por lo que es necesaria esta tarea de unidad cívico-militar para facilitar la defensa. 
CONCLUSIÓN
	Una vez desarrollados de manera analítica los componentes temáticos en estudio, como es el caso del Plan Colombia, el Plan Abril, Paro Petrolero, algunas de las amenazas internas y la Unión Cívico Militar, producto de la consulta a fuentes documentales relacionadas con los mismos, se logro establecer una síntesis conclusiva acorde a cada tema. Dichas conclusiones no pretenden establecer un criterio político en particular, sino por el contrario, producir un análisis de los componentes mismos.
	En un primer orden, el Plan Colombia ha constituido un medio de profunda intervención armamentista militar en gran parte del territorio colombiano, si s e asume que el mismo, lejos de aportar un beneficio social de las clases más vulnerables, ha conformado una herramienta para la violación de los derechos humanos, particularmente de quienes habitan regiones rurales, percibidos como principales y potenciales centros de siembra de coca ilícita, siendo éstos focos de la acción militar colombiana y estadounidense, e incluso de las guerrillas nacionales. En tal sentido, valorar la eficiencia y eficacia del referido Plan Colombia, el mismo puede entenderse como un medio que las fuerzas imperialistas norteamericanas han ejercido para la justificación y ocupación de territorios que por razones geopolíticas representan un potencial espacio para la explotación de sus oportunidades económicas en detrimento de las clases sociales.
	Por su parte, el denominado paro petrolero en Venezuela, conformó el avance progresivo de conspiración de fuerzas internas y externas al país, cuya intencionalidad manifiesta ha recaído en el ejercicio de permanentes presiones de orden político, social y económico que trasgreden la soberanía nacional con el objetivo de erradicar el denominado proceso revolucionario en el territorio, e incluso latinoamericano y mundial, que con fuerza ha emergido contrario a las doctrinas opresoras, particularmente de las lideradas por Estados Unidos. En tal sentido, el paro petrolero conformó una artimaña más de clases sociales opuestas al gobierno venezolano desde 1998 en detrimento de la población venezolana, cuyas consecuencias fueron ampliamente reconocidas en el ámbito económico y social.
	Entre algunas de las amenazas internas que se han visualizado en el territorio nacional, una de las más acentuadas y permanentes ha sido la de posturas políticas opositoras que han pretendido el desconocimiento de la voluntad popular expresada por numerosas incursiones electorales que evidencian el alto grado democrático que se dispone en Venezuela. Los diversos factores políticos han cuestionado significativamente el proceso que lidera el gobierno venezolano a partir de la implementación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), cuyo contenido consagra un conjunto de preceptos ampliamente democráticos de participación social.
	Por último, la Unión Cívico Militar en Venezuela pretende hacer frentes desde el ámbito endógeno a las fuerzas extremistas que constituyen un permanente riesgo parea la estabilidad social en el país. Para ello, permanece en organización con el propósito de atender potenciales riesgos que se generen desde el contexto local y que de manera manifiesta intenten generar situaciones opuestas a los fundamentos constitucionales que consagra la Carta Magna; una manera de poseer una movimiento cívico-militar dispuesto a enfrentar transgresiones internas que busquen favorecer los intereses trasnacionalesconsiderados violatorios a la seguridad y soberanía nacional.
BIBLIOGRAFÍA
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Lindón, A. Castro, Tratado de Geografía Humana. México, Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana. 
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