20140901 ciendias83

Vista previa del material en texto

771
772
Editorial
Desafíos del posconflicto, 
entre el deseo y la realidad ........................ 3
Por Luis Guillermo Guerrero Guevara
Conflicto y Paz
La confrontación armada
en medio de los diálogos ............................ 8
Por Teófilo Vásquez y Javier Benavides
Justicia transicional para 
víctimas en Colombia. 
Más allá del posconflicto ............................ 15 
Por Camilo Andrés Hernández Barreto
Se cambian armas por curules: 
una reflexión acerca de los posibles 
desafíos de la transición de grupo 
insurgente a partido político legal .............. 21 
Por: David Rampf 
Paz territorial sí, pero, ¿cómo? 
La propuesta de las Zonas de 
Reserva Campesina .................................... 26 
Por: Pablo Andrés Durán Chaparro
Desarrollo
¿Fracking para la paz? ................................ 31 
Por: Catalina Serrano y Tatiana Cuenca
Restitución en la Costa Caribe: 
procesos judiciales y 
perspectivas de paz .................................... 39
Por: Andrea Jeannette Lopera Lombana
Contenido
Director 
Alejandro Angulo Novoa, S.J.
Comité Editorial
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Martha Cecilia García
Sergio Andrés Coronado
Fernando Sarmiento
Ana María Restrepo
Teófilo Vásquez
William Rozo
 Mónica Osorio Aguiar
Colaboran en este número
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Teófilo Vásquez 
Javier Benavides
Camilo Andrés Hernández
David Rampf
Pablo Andrés Durán
Catalina Serrano
Tatiana Cuenta
Andrea Jeannette Lopera
Zohanny Arboleda
Martha Cecilia García
Giselle Medina
Marcela Fernanda Pardo
Juan Carlos Merchán Zuleta
Dillyane de Sousa Ribeiro
Julián Gómez Delgado
Carlos Figueroa Ibarra
Equipo Editorial
Mónica Osorio Aguiar
Alejandro Angulo Novoa, S.J. 
Diseño y edición fotográfica
Mónica Osorio Aguiar
Impresol Ediciones Ltda.
Portada
Impresol Ediciones Ltda.
Diagramación 
Impresol Ediciones Ltda.
www.impresolediciones.com
Centro de Investigación y Educación 
Popular/ Programa por la Paz
(CINEP/PPP)
Carrera 5 No. 33B-02
Tel: 2456181
www.cinep.org.co
comunicaciones@cinep.org.co
Bogotá D.C., Colombia
Septiembre - Noviembre 2014
ISSN: 0121-3385
Esta publicación es posible gracias al 
apoyo solidario de Brot für die Welt y 
Cafod.
Suscríbase
Suscríbase GRATIS a Cien días vistos por CINEP/PPP 
y reciba la revista en su correo electrónico.
 Formulario de inscripción revista Cien Días
Nombres y apellidos*
 
Correo electrónico*
 
*Campos obligatorios
comunicaciones@cinep.org.co - Bogotá D.C., Colombia - ISSN: 0121-3385
Enviar
Movimientos Sociales
¿Habrá reparación, justicia, verdad 
para las víctimas de 
las multinacionales? ................................... 43
Por: Zohanny Arboleda y Martha Cecilia García
Retos y coyuntura sindical 
en Colombia. 
¿Qué hacer durante y 
después de los diálogos? ............................ 48
Por: Giselle Medina
Bogotá
La configuración de lo público 
como condición de una 
ciudadanía en posconflicto
El mecanismo político de los 
presupuestos participativos 
de Bogotá ................................................... 54 
Por: Marcela Fernanda Pardo García y 
Juan Carlos Merchán Zuleta
La educación como parte del proceso de repa-
ración de derechos de las víctimas.
Retos para el escenario pos-Habana a partir 
de la experiencia con víctimas estudiantiles de 
Bogotá ........................................................ 59
Por: Dillyane de Sousa Ribeiro y
Julián Gómez Delgado
Internacional
Del terror militar a la violencia neoliberal .. 64
Por: Carlos Figueroa Ibarra
http://www.cinep.org.co/
http://www.impresolediciones.com
http://www.cinep.org.co/
http://www.cinep.org.co/
http://www.cinep.org.co/
Un primer desafío es que los colombianos y colom-bianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto 
social, político y armado que hemos vi-
vido en el país y, en consecuencia, nos 
apropiemos seriamente, del gran reto 
que significa construir la paz. No hay 
duda que una gran mayoría queremos 
la paz para Colombia, pero la gran di-
ficultad está en las diferencias de cómo 
la queremos lograr y qué estamos dis-
puestos a ceder social y políticamente, 
para alcanzar una paz integral, justa y 
duradera.
Una encuesta sobre las negociaciones 
de paz en La Habana, publicada por el 
Centro de Investigación en Comunica-
ción Política de la Universidad Externa-
do de Colombia el mes de octubre de 
este año, ilustra este primer desafío. El 
estudio mostró que un 64 por ciento de 
las personas indagadas respaldaron la 
salida negociada del conflicto y confir-
maron que el diálogo es el camino ideal 
para ponerle fin a la guerra. A su vez, el 
27 por ciento manifestó que el Gobierno 
debe apostar por la vía militar y el 9 por 
ciento dijo estar indeciso frente a las dos 
opciones. La encuesta también pone de 
manifiesto las dudas que tiene la ciuda-
danía sobre la participación de los gue-
rrilleros en la política del país. En este 
sentido, en un escenario de posconflic-
to, el 64 por ciento no está de acuerdo 
con la participación de los exguerrilleros 
de las Farc en la política, el 21 por cien-
to se mostró indeciso y el 15 por ciento 
apoya esa idea. Otros resultados de la 
encuesta confirman la dudosa capaci-
dad de cambio que tiene en estos mo-
mentos la sociedad para transformar sus 
posiciones: el 57 por ciento dijo que se 
sentiría “incómodo” con un exguerrille-
ro de las Farc como compañero de traba-
jo y el 59 por ciento si fuera un vecino1.
Un segundo desafío es superar la 
fragmentación del Estado y armonizar 
sus responsabilidades para fortalecer 
y hacer posible el posconflicto, sobre 
la base de unas instituciones públicas 
consistentes y una clase política que 
busque el bien común y posponga los 
intereses particulares.
Un primer desafío es que los 
co lombianos y co lombianas 
comprendamos de manera más 
compleja las seis décadas de conflicto 
social, político y armado que hemos 
vivido en el país y, en consecuencia, 
nos apropiemos seriamente, del gran 
reto que significa construir la paz
En estos momentos estamos presen-
ciando un complejo juego de intereses 
al interior del Estado. Las posiciones del 
Procurador Alejandro Ordoñez cuestio-
nando de oficio los diálogos de La Ha-
bana y esgrimiendo argumentos que lla-
man la atención sobre la entrega de “la 
riqueza acumulada por las Farc” a raíz 
del despojo y de sus relaciones con el 
narcotráfico para hacer reparación a las 
víctimas. O, diciendo que “sin entrega 
de sus dineros guardados (refiriéndose 
Editorial
Desafíos del posconflicto, 
entre el deseo y la realidad 
Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara*
Existen profundas contradicciones y ambigüedades sobre lo que debe ser el posconflicto en 
Colombia y lo que realmente es posible. Esta disyuntiva nos obliga a pensar, más allá de los 
deseos, en cuáles pueden ser los mayores desafíos para la construcción de un posconflicto en 
el país
. Editorial . 
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
774
a las Farc) no hay justicia transicional”. 
Mientras que el Fiscal General de la Na-
ción, Eduardo Montealegre, hace visible 
el hecho de que en el proceso de paz se 
está presentando una “profunda estig-
matización -pues, según sus palabras-, 
se ha vuelto costumbre en el país estig-
matizar a todos los que defendemos el 
proceso de paz, a las mentes progresis-
tas, que pensamos en una salida nego-
ciada al conflicto. Los que no hacemos 
la apología a la guerra, como la hace el 
procurador General con sus propuestas, 
nos llaman voceros de las Farc”.
De otra parte, en la casa de gobier-
no, mientras el Ministro de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón, con sus múltiples 
intervenciones, cumple con su oficio 
de desprestigiar los actos de guerra de 
las Farc como una gran incoherencia en 
tanto dialogan de paz en La Habana, 
el Ministro del Interior, Juan Fernando 
Cristo, pareciera ser el único ministro 
del gabinete del presidente Santos que 
trabaja en consolidar los acuerdos de 
paz, mientras los demás ministros bri-
llan por su ausencia, como si los temas 
de sus administracionesno fueran parte 
de las realidades que se están dilucidan-
do para construir la paz.
Estas situaciones contradictorias y 
críticas, al interior del Estado como del 
Gobierno, generan interrogantes sobre 
la fuerza, la consistencia y la voluntad 
política que tienen estas dos instancias 
determinantes para el apoyo al proceso 
de diálogo en La Habana y, en conse-
cuencia, para construir el posconflicto. 
Igualmente se puede percibir en estos 
debates, el indicador de apoyo que el 
presidente Santos tiene en su haber y 
las agudas debilidades de su gestión en 
los diálogos de paz.
Preocupa la capacidad de resistencia 
y de contención que pueda tener el Go-
bierno para blindar los diálogos de paz 
frente a sus crisis y el respaldo que pue-
da tener el presidente en el Congreso, en 
la clase política y en los sectores más ac-
tivos de la sociedad civil. Transcurridos 
dos años y bajo la hipótesis que de no 
firmarse los acuerdos de La Habana en 
el corto plazo, es decir un año, las elec-
ciones locales y regionales en 2015 pue-
den darle al diálogo giros inesperados. 
En especial para avanzar en temas que 
tienen que ver con los contextos regio-
nales como la llamada “Paz Territorial”: 
propuesta que el gobierno ha puesto 
en boca de sus negociadores, pero que 
aún es una gran “caja negra” o teoría 
abstracta de analistas que falta llenar de 
contenido y llevar a la acción.
Un segundo desafío es superar 
la fragmentación del Estado y 
armonizar sus responsabilidades 
para fortalecer y hacer posible 
el posconflicto, sobre la base 
de unas instituciones públicas 
consistentes y una clase 
política que busque el bien 
común y posponga los intereses 
particulares.
Un tercer desafío para el posconflic-
to es desatar el “nudo gordiano” de la 
propiedad, concentración y uso de la 
tierra y de los patrimonio naturales. 
Para resolver este crónico y aplazado 
conflicto colombiano de la tierra necesi-
tamos, en primera instancia, acercarnos 
a una comprensión más concertada y 
profunda del problema. El complicado y 
confuso juego de las soluciones legales, 
lo hemos visto históricamente, ofrecen 
herramientas que son necesarias, pero 
al mismo tiempo son vulneradas, limi-
tadas y en últimas violadas por poderes 
superiores al poder judicial del Estado. 
En concreto, la justicia privada, ampara-
da por ejércitos privados de soldados y 
abogados con baja ética, ha dado como 
resultado cerca de siete millones de ha-
bitantes del campo despojados de “por 
lo menos 8,3 millones de hectáreas y 
350.000 predios”.2 Se necesita que en 
el posconflicto funcione la legalidad y 
la justicia para revelar a los victimarios 
de todos los sectores y extremos, tanto 
de la insurgencia armada como de los 
sectores de la economía y de la política 
que participan de las formas mafiosas y 
violentas de operar, amparados en el pa-
ramilitarismo, para amasar y concentrar 
los capitales que producen los patrimo-
nios de la tierra.
Actualmente existen territorios que 
experimentan una pugna no resuelta 
sobre la alta concentración de la tierra 
y sus patrimonios naturales. “La con-
centración de la tierra y la desigualdad 
han crecido en la última década en el 
campo. El índice de Gini rural, que mide 
la desigualdad en la concentración de la 
propiedad de la tierra,3 pasó de 0,74 a 
0,88 (para el año 2012). La mayor con-
centración de la tierra está en Córdoba 
y Caquetá. La más alta desigualdad está 
en Antioquia y Valle. Este alto grado de 
concentración de la tierra está asociada 
a la mayor persistencia de los mismos 
grupos políticos en las regiones, es de-
cir, donde el sistema democrático está 
capturado por grupos de interés”.4
Para el Gobierno Santos una solución 
a esta situación es la “Paz Territorial”. 
Los negociadores del gobierno en La 
Habana hablan de ella para significar 
que la paz tiene que pasar por una ver-
dadera transformación de las zonas ru-
rales del país. Este concepto es de suma 
importancia porque hace una clara dis-
tinción entre el fin del conflicto armado 
y construcción de la paz; además, reco-
noce que una transformación rural pro-
funda es una condición sin la cual no 
se puede llegar a la paz. En esta lógica, 
al parecer el gobierno tiene claro que la 
paz va más allá de la terminación del 
conflicto armado, pues también afirma 
en palabras del negociador, Sergio Jara-
millo, que “se requiere una transforma-
ción de las condiciones que han mante-
nido vivo el conflicto”. 
A pesar de esta clara conceptualiza-
ción propuesta por el gobierno, existe 
una alta contradicción con las acciones, 
las políticas que están cursando y con 
las que el gobierno está impulsando en 
el seno del Congreso de la República. 
Un claro ejemplo es el actual debate 
sobre el proyecto de “Ley de Tierras” o 
como popularmente se conoce: “ley del 
77 5
www.cinep.org.co
baldíos” que cursa en el Congreso des-
de los primeros días del mes de octubre 
del presente año. Con esta ley se quiere 
“hacer crecer la producción agrícola y 
aumentar el potencial económico de la 
tierra en el país, sobre todo en las zo-
nas más aisladas” (Vichada es un claro 
ejemplo). Para hacer efectivo este pro-
ceso el mecanismo que se propone es 
crear las “Zonas de Interés de Desarrollo 
Rural y Económico (ZIDRE)”. Zonas que 
“demandan elevados costos de adapta-
ción productiva, tienen baja densidad 
poblacional y altos índices de pobreza, 
carecen de infraestructura mínima para 
el transporte y la comercialización de 
los productos, y, por sus características 
agrológicas y climáticas, resultan ina-
propiadas para desarrollar unidades de 
producción familiar”. Se supone que así 
se podrán realizar proyectos asociativos 
entre empresarios y campesinos”, pero 
lo que realmente puede pasar es que va 
a permitir que sociedades empresariales 
agroindustriales “accedan y acumulen 
terrenos baldíos de la nación, en conce-
sión o arriendo, levantando así la prohi-
bición contenida en el artículo 72 de la 
Ley 160 de 1994. 
Preocupa la capacidad de resistencia y de 
contención que pueda tener el Gobierno 
para blindar los diálogos de paz frente a 
sus crisis y el respaldo que pueda tener 
el presidente en el Congreso, en la clase 
política y en los sectores más activos de 
la sociedad civil. 
En resumen, es un nuevo intento de 
legalizar por métodos irregulares el re-
parto concentrado en pocas manos de 
los baldíos, tierras del Estado que desde 
la ley 200 de 1936 (sobre régimen de tie-
rras) están destinadas a los campesinos 
pobres. Esta dinámica va en contravía 
de lo que se alcanza a leer en los borra-
dores de acuerdo de La Habana sobre 
el punto de la agenda que se denomina 
Reforma Rural Integral, especialmente 
en lo que desarrolla sobre el impulso a 
la “pequeña economía campesina y las 
Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”
Otros procesos e iniciativas que están 
en marcha y que impactan de manera 
negativa la vida de los territorios y por 
tanto una “paz territorial” en un posi-
ble posconflicto, es la llamada “loco-
motora minera” del plan de desarrollo 
del gobierno. Según se especula, en el 
próximo plan de desarrollo del gobier-
no la política minero-energética se va 
a profundizar a favor del crecimiento 
económico pero en contra de un desa-
rrollo humano integral y sostenible que 
necesitan las regiones directamente im-
plicadas y en general el país. No ofrecen 
buenos augurios la aprobación del uso 
de la tecnología del “fracking”, la idea 
de acelerar el trámite de las licencias 
ambientales “exprés” para autorizar rá-
pidamente los proyectos “estratégicos” 
de infraestructura, minería e hidrocar-
buros, o el impulso que va tomando la 
propuesta de reformar el mecanismo 
constitucional de la consulta previa, 
que el Vicepresidente Vargas Lleras ca-
lifica de ser una “estrategia extorsiva”, 
que las comunidades indígenas y negras 
utilizan para ganar dinero y detener el 
verdadero desarrollo. 
Estas realidades nos deben interpelar 
sobre si es posible hacer un posconflicto 
bajo las condiciones que se van desa-
rrollandoy que contradicen de manera 
profunda los acuerdos que se han ido 
logrando en La Habana. Mucho se ha-
bla de las contracciones de las Farc en-
tre lo que dicen en las negociaciones y 
lo que hacen en las regiones en medio 
del conflicto, y realmente son incohe-
rencias graves e infortunadas porque 
siguen produciendo dolor y violencia. 
Pero muy poco se hacen visibles estas 
contradicciones de la macro política 
económica del gobierno que le hacen 
un raquítico favor a la paz pero que le 
trabajan a los intereses de los grandes 
capitales nacionales y transnacionales.
Un cuarto desafío es el papel de la 
amplia, diversa y difusa sociedad civil 
Se necesita que en el posconflicto 
funcione la legalidad y la justicia para 
revelar a los victimarios de todos 
los sectores y extremos, tanto de 
la insurgencia armada como de los 
sectores de la economía y de la política 
que participan de las formas mafiosas 
y violentas de operar, amparados en 
el paramilitarismo, para amasar y 
concentrar los capitales que producen 
los patrimonios de la tierra.
(SC), en el posconflicto. Un balance crí-
tico de la actuación de la SC en la actual 
etapa de diálogo, arroja algunas percep-
ciones que pueden dar luces sobre cómo 
actuar en el posconflicto. En primer lu-
gar es evidente el fraccionamiento de 
actividades: la multiplicidad de foros, 
de congresos y expresiones públicas. 
Estas acciones desconectadas han traído 
como consecuencia la debilidad de cada 
una de ellas en particular y, por tanto, el 
desperdicio de una fuerza conjunta, ca-
paz de incidir como proceso social glo-
bal en La Habana. En segundo lugar, se 
percibe la incapacidad de formular una 
estrategia conjunta como SC entre las 
diversas redes gremiales, académicas, 
eclesiales y de los movimientos sociales. 
Sale a flote la realidad de fragmentación 
del tejido social, de los gremios y de las 
organizaciones sociales. Se actúa bajo 
los condicionamientos y desconfianzas 
del pasado político, y de los prejuicios 
ideológicos, de uno y otro extremo de 
la sociedad. A pesar de esta realidad, 
también se debe reconocer la fuerza 
de trabajo y propuesta que han tejido 
espacios como las redes y plataformas 
de derechos humanos, de los progra-
mas regionales de desarrollo y paz, de 
los esfuerzos de las universidades por 
convocar a los eventos académicos a la 
sociedad en su conjunto y de las iglesias 
por tejer relaciones a favor de una paz 
justa y duradera, mucho más allá de sus 
diferencias.
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
776
Por eso, el mayor reto para la SC, de 
cara al posconflicto, es profundizar es-
tas sinergias e interacciones sociales y 
esforzase por concentrar capacidades 
y competencias a favor de una paz que 
responda a la incesante violación de 
los derechos políticos, sociales, econó-
micos, culturales y ambientales que ha 
vivido el pueblo colombiano en su con-
junto. Si bien las experiencias por la paz 
en Colombia abundan y son un avance 
importante para arraigar el posconflic-
to, de esto da cuenta el Premio Nacional 
de Paz que se celebra cada noviembre 
y que según sus estadísticas, después 
de 16 años, se han postulado cerca de 
mil seiscientas prácticas concretas de 
paz, es necesario seguir profundizan-
do y ampliando esta dinámica desde la 
SC en articulación con el Estado, por-
que los problemas del país demandan 
mayores grados de esfuerzo. No cabe 
duda, que estas experiencias necesitan 
ser cuidadas, sistematizadas y multipli-
cadas, para que sean referentes de peda-
gogía social que aporten, desde la base 
de la SC, a la construcción de tejido y a 
la creación de una nueva cultura, con-
ciencia y práctica política en la sociedad 
colombiana.
Otros procesos e iniciativas que están 
en marcha y que impactan de manera 
negativa la vida de los territorios y por 
tanto una “paz territorial” en un posible 
posconflicto, es la llamada “locomotora 
minera” del plan de desarrollo del 
gobierno.
Cabe aquí decir una palabra de reco-
nocimiento al empuje creciente de uno 
de los actores más activos de la SC, el 
movimiento social colombiano y sus 
múltiples procesos de resistencia en los 
territorios. Uno de estos movimientos es 
el proceso de convergencia que consti-
tuye la “Cumbre Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular”. Este proceso nace 
luego del paro agrario del año 2013 con 
la convicción de construir una perspec-
tiva colectiva sobre la problemática del 
sector agrario y un discurso reivindicati-
vo para trabajar con el Estado. La Cum-
bre Agraria (CA) se instaló oficialmente 
entre el 15 y 17 de marzo de este año y 
reunió a dos de los más amplios y sig-
nificativos movimientos para el poscon-
flicto: el “Congreso de los Pueblos” y la 
“Marcha Patriótica”, así como también a 
los indígenas de la ONIC, a los afrodes-
cendientes del PCN y a los sindicalistas 
del agro, con Fensuagro. Posteriormente 
en mayo del presente año, como segun-
do resultado del paro nacional agrario, 
la CA propone al gobierno la creación de 
una “Mesa Única Nacional” para nego-
ciar los ocho ejes temáticos de su pliego 
unitario de exigencias, Mesa que se ins-
taló oficialmente el pasado 3 de octubre, 
en la que se han ligado los movimientos 
y organizaciones ya mencionados, la 
Coordinadora Nacional Agraria (CNA), 
la Mesa de Interlocución y Acuerdos 
(MIA) y las zonas de reserva campesi-
nas reunidas en Anzorc. Se espera que 
de estos diálogos, entre el movimiento 
social agrario y el Gobierno, resulten lo-
gros significativos que se articulen a la 
lógica en que se está acordando sobre 
el desarrollo rural en la agenda de La 
Habana.
Un quinto desafío para el posconflic-
to es la definición y aplicación de la jus-
ticia transicional. En la citada encuesta 
de la Universidad Externado de Colom-
bia, a la pregunta de “si los miembros 
de las Farc deben ser enviados a la cár-
cel, el 57 por ciento respaldó esa opción, 
frente al 31 por ciento que dijo estar in-
deciso y al 12 por ciento que no está 
de acuerdo”. Por otra parte, aprobar un 
acuerdo con la guerrilla sobre un marco 
jurídico parece ser hoy más difícil. “Los 
problemas se concentran en cuál puede 
ser el alcance de la justicia transicional 
y sobre cuáles serían los beneficios ju-
rídicos que se pueden o no conceder a 
los guerrilleros desmovilizados y sobre 
qué conductas de los múltiples críme-
nes que han cometido”. No cabe duda 
que esta situación muestra un gran reto 
tanto para la actual negociación como 
para la aplicación de los acuerdos a que 
se llegue en la etapa de posconflicto.
Mucho se habla de las 
contracciones de las Farc entre lo 
que dicen en las negociaciones y 
lo que hacen en las regiones en 
medio del conflicto, y realmente 
son incoherencias graves e 
infortunadas porque siguen 
produciendo dolor y violencia. 
Pero muy poco se hacen visibles 
estas contradicciones de la macro 
política económica del gobierno 
que le hacen un raquítico favor a 
la paz pero que le trabajan a los 
intereses de los grandes capitales 
nacionales y transnacionales.
Durante la segunda semana de no-
viembre, en un evento organizado por 
la Universidad del Rosario, el Procura-
dor Ordoñez recordó los límites que ten-
dría un eventual acuerdo de aplicación 
de mecanismos de justicia a la guerrilla 
y, de otra parte, el Fiscal Montealegre 
reiteró su propuesta de crear mecanis-
mos alternativos de cierre definitivo de 
los casos penales una vez se suscriba el 
acuerdo y se surtan los procedimientos 
de verdad y justicia que allí se conven-
gan. A su turno, el negociador del go-
bierno Humberto De la Calle, propuso a 
las posiciones contrarias del Procurador 
y Fiscal, reabrir la discusión sobre el 
delito político y especialmente sobre las 
conductas que pueden ser consideradas 
conexas al mismo, con el fin de buscar 
nuevos caminos de solución.
Las soluciones no están fáciles de 
encontrar. Sin duda es imprescindible 
“construir y aprobar un marco jurídico 
para la paz que traiga las reglas defi-
nitivas que se acuerden en materia de 
justicia, que adopte un procedimientoad hoc de refrendación y que permita 
(constituir) instituciones también ad 
hoc para su implementación, inclusi-
77 7
www.cinep.org.co
ve la de tribunales especiales para ga-
rantizar la ejecución de los acuerdos”. 
Esto lo han pedido las víctimas en La 
Habana, pues para ellos es uno de los 
caminos más plausibles para que apro-
ximarse a la construcción de una verdad 
compartida y, para que no toque cargar 
durante décadas con la impunidad a 
cuestas, con el grave riesgo de que los 
colombianos nos volvamos a cobrar la 
factura y generemos nuevos estadios de 
violencia.
...el mayor reto para la SC, 
de cara al posconflicto, es 
profundizar estas sinergias e 
interacciones sociales y esforzase 
por concentrar capacidades y 
competencias a favor de una 
paz que responda a la incesante 
violación de los derechos 
políticos, sociales, económicos, 
culturales y ambientales que ha 
vivido el pueblo colombiano en 
su conjunto.
Un sexto desafío radica en el costo 
financiero del posconflicto. ¿Cuánto val-
drá y cómo se financiará el posconflicto? 
Según algunos estudios de economistas 
las cuentas no dan. A pesar de que el go-
bierno ha dicho que cualquier cosa que 
se diga al respecto es una especulación 
y que el Departamento Nacional de Pla-
neación apenas está empezando a hacer 
esas cuentas para el Plan de Desarrollo 
que presentará al Congreso, existen opi-
niones calificadas que dan luces sobre 
el tema. Una de estas es la del exminis-
tro, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien 
habla de una cifra preliminar solamen-
te para el posconflicto rural, que puede 
fluctuar entre 80 y 100 billones de pesos 
para los próximos diez años. Este cál-
culo equivaldría a destinar anualmente, 
durante la próxima década, una suma 
parecida a la del impuesto al patrimo-
nio para este solo propósito. A esta ci-
fra hay que sumar el compromiso de la 
reparación a las víctimas del conflicto, 
que según el propio presidente Santos 
puede costar, en los próximos diez años, 
la suma de 54 billones de pesos. Lo que 
significa destinar casi un punto del PIB 
por año. De otra parte, el Bank of Amé-
rica calcula el costo del posconflicto en 
187 billones de pesos –casi la mitad del 
PIB del país– para extenderlo en diez 
años. De esta suma, la mitad correspon-
dería al programa rural y otra mitad a 
pagos de reparación.
Durante la segunda semana de no-
viembre, seis Estados europeos recibie-
ron al presidente Santos, el objetivo de 
su visita era buscar tanto apoyo político 
como crear un fondo para financiar el 
posconflicto. Todos los analistas coinci-
den en que tuvo más éxito en lo primero 
que en lo segundo. Santos logró el apo-
yo político y generó un ambiente favo-
rable para el proceso de paz. En cambio 
para el fondo solo logró un crédito y no 
una donación que Alemania aprobará 
por un valor entre 75 y 100 millones de 
euros anuales hasta 2016, ligado a la 
agenda del proceso de paz. Préstamo 
que agrandará la deuda externa colom-
biana y del cual aún no conocemos las 
condiciones que nos impondrán.
Considerar que la comunidad in-
ternacional sea quien deba pagar, por 
donación o incluso por créditos, el pos-
conflicto es una salida facilista para el 
Estado y la sociedad colombiana. Así 
como los colombianos hemos asumido 
los costos de la guerra debemos asumir 
los costos de la paz. Políticas de reforma 
tributaria, control a la evasión y elusión 
de impuestos, persecución a la corrup-
ción y un mejor diseño en la planeación 
y ejecución de los dineros públicos, son, 
entre otras, acciones que se hacen nece-
sarias para financiar el posconflicto.
En síntesis, el país debe alistarse para 
costear el posconflicto y poner todos sus 
esfuerzos para lograrlo, a pesar de los 
cambios y vicisitudes de la economía 
nacional y mundial. Hace tres años, en 
el 2011, el país vivía un ciclo económico 
positivo con un crecimiento envidiable 
del 6%, hoy la realidad económica de 
Colombia está cambiando. Estamos pa-
sando de una bonanza de los precios al-
tos de materias primas (commodities), 
gracias a la fuerte demanda de China 
y la India, a un ciclo menos próspero. 
Los altos porcentajes de crecimiento 
de China están bajando y no necesitan 
de nuestras materias primas. Según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Latinoamérica a duras penas crecerá 
este año por encima del 1% y del 2% 
en el 2015. Para Colombia los bajos pre-
cios del petróleo, el carbón y el níquel 
será un duro golpe económico. Por eso 
es importante prender las alertas, ahora 
que se comienza a pensar en financiar 
el posconflicto. Todo lo anterior signi-
fica que la financiación del posconflic-
to requerirá de una gran imaginación 
para que las cuentas puedan cuadrar. 
El desafío de los costos del posconflic-
to, según las proyecciones económicas 
nacionales e internacionales, se torna 
sumamente complicado de resolver, por 
eso es necesario que, tanto el gobierno 
como la propia guerrilla, en lugar de 
asumir compromisos económicos in-
flexibles, “labrados en piedra”, comien-
cen a pensar en fórmulas más ajustadas 
a lo que se viene. Lo más sensato sería 
hacer unos compromisos que dependan 
sustancialmente del desempeño de la 
economía mundial y no de definiciones 
a priori y sin fundamento.
Considerar que la comunidad interna-
cional sea quien deba pagar, por do-
nación o incluso por créditos, el pos-
conflicto es una salida facilista para el 
Estado y la sociedad colombiana. Así 
como los colombianos hemos asumido 
los costos de la guerra debemos asumir 
los costos de la paz.
En conclusión, es necesario admitir 
que los desafíos del posconflicto son 
múltiples y complejos, y que si bien el 
apoyo a la paz es necesario, también lo 
es apelar a la crítica sobre los límites y 
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
778
evidentes problemas a los que ella se 
está enfrentando. Hasta ahora, el discur-
so del presidente Santos está enfocado 
en los teóricos frutos del posconflicto y, 
para la comunidad internacional, en la 
promoción de Colombia como el nuevo 
país líder económico latinoamericano, 
sin exponer cómo será posible alcanzar 
el posconflicto que se está amasando en 
La Habana.
En este sentido, la entrega de esta 
revista No. 83 de Cien Días Vistos por 
CINEP, hace un aporte a la comprensión 
del posconflicto. En su conjunto los ar-
tículos analizan tanto la continuidad de 
la confrontación armada con las Farc y 
el rearme paramilitar en medio de los 
diálogos, como las posibilidades de 
construir el posconflicto desde el con-
texto regional, tomando los casos de 
la Costa Caribe y de Bogotá D.C. Otros 
escritos examinan la relación entre las 
víctimas desplazadas en Bogotá, las 
víctimas de la explotación minera del 
carbón en la Guajira y de las comunida-
des que están siendo impactadas por el 
fracking en Colombia y la superación de 
su situación en un contexto de posible 
posconflicto. Mientras que otros artícu-
los indagan sobre cómo el posconflicto 
puede ofrecer posibilidades reales para 
la participación política y la construc-
ción de la paz, de diversos actores como 
las Farc, el movimiento social y el sin-
dicalismo.
Finalmente, nuestros lectores tienen 
la oportunidad de leer una ponencia 
del Foro “Comunidades y Estado Neo-
liberal en Guatemala”, convocado por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en abril de 2013, en la que se 
muestra el paso en Guatemala del terror 
militar a la violencia neoliberal, luego 
de firmados los acuerdos de paz en 
1996. Una realidad vivida por el pueblo 
guatemalteco y que nos advierte sobre 
los límites y riesgos de los procesos en 
su etapa de posfirma.
Con esta entrega de la revista Cien 
días, deseamos a nuestros lectores una 
navidad colmada de buenas nuevas y un 
año 2015 abundante en esperanza para 
construir una paz son justicia social en 
Colombia.a de no repetición a la gran 
mayoría de las víctimas del conflicto. 
Referencias
1. El estudio fue realizado en alianza con la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos). En ella 
trabajaron los estudiantesde la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado. Fue 
realizada en 10 ciudades del país, de manera presencial, y fue respondida por 1.102 personas. http://www.
eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-del-externado-revela-respaldo-a-los-dialogos-de-la-haba-
na/14624545
2. Basta Ya. Colombia, memorias de Guerra y Dignidad. Informe resumen. Centro Nacional de Memoria 
Histórica. Septiembre de 2013. Pág. 28
3. El índice de Gini mide la magnitud de la concentración, en este caso de la tierra. Cuando se acerca a 
cero (o) la concentración es baja, cuando se acerca a uno (1), la concentración en pocas manos, en este 
caso de la tierra, es alta.
4. http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html. Encontrado en 
Noviembre 15 de 2014. 
5. Si bien, para algunos, esta influencia y objetivo (como la contrainsurgencia) de las Bacrim no es la 
misma http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepa-
ra-el-gobierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 
6. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-go-
bierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 
7. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-go-
bierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 
8. El Fracking o fraccionamiento hidráulico es una forma de explotación de hidrocarburos en la que 
una mezcla de agua, arena y productos químicos es inyectada al subsuelo a alta presión con el fin de 
fracturar la tierra y liberar los hidrocarburos en forma de gas. Ellos están en la parte más profunda del 
subsuelo. Esta práctica ha sido condenada por su impacto en la salud humana, fruto de los gases que 
emana, por los efectos sobre el medio ambiente, sobre todo por contaminación de aguas, y emanación 
de elementos radioactivos, y por alterar las placas tectónicas generando temblores. Sus defensores 
dicen que estos son mitos. El Servicio Geológico de Estados Unidos, donde más de 15 millones de 
personas viven a menos de un kilómetro de un lugar donde se hace fracking, encontró que el número 
de temblores ha pasado de 20 a 100 desde octubre de 2013 en estados como Oklahoma y Ohio debido 
a la reinyección del agua no reciclable en la tierra que se hace en esta actividad. www.semanasosteni-
ble.com 
9. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-gobier-
no-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 
10.http://www.fescol.org/
11. Organización Nacional Indígena deColombia 
12. Proceso de Comunidades Negras
13. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
14. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
15. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-del-externado-revela-respal-
do-a-los-dialogos-de-la-habana/14624545
16. http://lasillavacia.com/historia/hay-que-aprobar-un-marco-juridico-para-la-paz-49113
17. http://lasillavacia.com/historia/hay-que-aprobar-un-marco-juridico-para-la-paz-49113
18. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3
19. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/internacional/item/a-que-vino-realmente-san-
tos-a-europa?category_id=139
20. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3
*Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General del CINEP/Programa por la Paz
. Conflicto y Paz . 
La confrontación 
armada en medio de 
los diálogos
Por: Teófilo Vásquez y Javier Benavides* 
En este artículo nos proponemos analizar las tendencias actuales de la confrontación con las 
Farc y el rearme paramilitar en una perspectiva de largo y mediano plazo, y, en segundo lugar, 
describir las tendencias del conflicto armado y su relación con el debate político en el curso 
del primer mandato de Santos.
E
l gobierno nacional y las 
Farc decidieron adelantar 
un proceso de negociación 
sin cese al fuego. Dichas 
conversaciones han avan-
zado en tres de los cinco puntos de la 
agenda, un adelantamiento sustancial 
en contraste con escenarios pasados. 
Si bien la negociación está llegando a 
un punto de no retorno, realizarla en 
medio del conflicto la hace volátil y 
vulnerable. 
Ello, en buena medida, debido a la 
poca legitimidad y a las expectativas 
que la Mesa de negociación ha desper-
tado en la opinión nacional y en la po-
blación de las regiones más afectadas 
por el conflicto, ya que especialmente 
para ellas son más evidentes las contra-
dicciones entre el discurso de paz que 
se pregona en La Habana y el aumento 
relativo de la confrontación durante el 
primer periodo de Juan Manuel Santos.
 Tal situación coyuntural de la gue-
rra y la paz debe ser explicada en una 
perspectiva de mayor duración. 
Las tendencias de la 
confrontación en medio 
del diálogo: más allá 
de la coyuntura.
A largo plazo1, las estadísticas indican 
que la intensidad del conflicto y la afec-
timas por infracciones graves del DIH se 
han elevado en un 147%. 
Vistas las cosas a largo plazo, tanto 
las tendencias del número de acciones 
como del número de víctimas refuerzan 
el hecho de que es un conflicto que afec-
ta a la población civil, lo cual contrasta 
con la poca intensidad de las acciones 
bélicas o de guerra propiamente dichas.
Relación entre acciones bélicas e infracciones al DIH,
1990 - 2013
2500
2000
1500
1000
500
0
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
514 555 791 710 718 679 847 772 693 739 1154 1302 1653 1196 870 600 701 883 471 383 407 301 496 360
531 734 1144 1028 1141 1020 1445 1887 1273 1837 2487 2265 2378 2223 1692 1355 1124 1107 1099 1100 909 1389 972 1140
Acciones Bélicas
Infracciones al DIH
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tación de la población civil no se han re-
ducido: se mantienen en los mismos ni-
veles de 1990 e incluso en algunos casos 
han aumentado. Por un lado, las accio-
nes bélicas disminuyeron solo un 29,9% 
y, al contrario, las violaciones del Dere-
cho Internacional Humanitario (DIH) 
aumentaron en 53,4%. Por otro lado, si 
bien el número de muertos en acciones 
bélicas se ha reducido en 61,6%, las víc-
Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena. 
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7710
Sin embargo, son notorias las trans-
formaciones encontradas en el media-
no2 y el corto plazo3. Así, con respecto 
al año 2002, los muertos en acciones 
bélicas decrecieron en un 82% y las 
víctimas civiles por acciones de grupos 
armados lo hicieron en un 72,6%. Sin 
embargo, durante la actual administra-
ción de Santos esa tendencia a la baja se 
ha desacelerado, e incluso las víctimas 
por violaciones del DIH aumentaron y 
los muertos en acciones bélicas dismi-
nuyeron escasamente.
Es necesario analizar estas tenden-
cias del comportamiento por cada actor 
armado, tanto de las dos partes que ne-
gocian en La Habana como de los gru-
pos armados que no están en la mesa 
de negociación. En primer lugar, es pre-
ocupante que las Fuerza Armadas, que 
a mediano plazo venían mostrando una 
disminución del número de infracciones 
al DIH, hayan revertido esa tendencia 
en el periodo de Santos, pues de come-
ter 183 acciones en 2012 pasaron a 445 
en 2013. Ni qué decir del constante in-
cremento de las infracciones graves del 
DIH por parte de las Farc, que desde 
2008 vienen mostrando una tendencia 
al alza, ligeramente revertida en el úl-
timo año. 
En cuanto a las acciones bélicas, es 
evidente que, desde finales de los años 
90, la contienda estrictamente militar 
se reduce a la Fuerza Pública y a las 
Farc, mientras la participación del resto 
de grupos armados es marginal. Por su 
parte,el ELN, como es evidente a largo 
y mediano plazo en términos de acción 
militar violenta, aparece como una gue-
rrilla residual; con todo eso, es preocu-
pante el relativo incremento de su acti-
vidad en los años 2011 y 2012. 
Los paramilitares, indistintamente de 
su denominación, presentan una activi-
dad bélica fraccionada y residual –esta-
dísticamente hablando–, en razón de que 
no son un grupo creado, organizado y 
estructurado para enfrentar directamente 
a la guerrilla sino que su actividad está 
orientada a retenerla o disputarle territo-
rio y a golpear sus “bases sociales” me-
diante el terror generalizado. 
Eso explica que los grupos neopara-
militares o las denominadas Bacrim si-
gan siendo los principales infractores del 
Derecho Internacional Humanitario. Si 
bien su acción violenta y su cubrimien-
to geográfico han rebajado a mediano 
plazo, son preocupantes las actuales 
tendencias de incremento de las accio-
nes violentas contra la población civil 
realizadas por las diversas agrupaciones 
armadas de carácter local. 
Más grave todavía resulta 
observar que en el actual 
mandato de Santos –y después 
de una inicial reducción entre 
2011 y 2012–, las acciones de 
guerra se elevaran en 2013. 
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Acciones Bélicas Infracciones al DIH
Comparación de víc�mas en acciones bélicas
(comba�entes) e infracciones del DIH,
1990 - 2013
Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena. 
ELN FARC FUERZA PÚBLICA OTRAS GUERRILLAS PARAMILITARES
Dinámica del conflicto armado en Colombia
Acciones bélicas de actores armados
1990 - 2013
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1200
1000
800
600
400
200
0
Fuente: Banco de datos de DD.HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena. 
77 11
www.cinep.org.co
Esa situación podría estar confirman-
do la tendencia histórica del fenómeno 
paramilitar: reactivarse e intensificar su 
actividad violenta a medida que se de-
sarrollan las negociaciones con las gue-
rrillas, tal como ocurrió en los años 80 y 
durante los diálogos del Caguán. 
A corto plazo el panorama no es alen-
tador. De un lado, las acciones militares 
entre las Farc y las Fuerzas Armadas, 
así como las violaciones de los derechos 
humanos y del DIH cometidas por ellas, 
ELN FARC FUERZA PÚBLICA OTRAS GUERRILLAS PARAMILITARES
Dinámica del conflicto armado en Colombia
Hechos de infracciones del DIH por actores armados,
1990 - 2013
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1200
1000
800
600
400
200
0
Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena. 
no solo no se han detenido sino que 
están dando muestras de una tendencia 
al alza. Por otro lado, es preocupante, 
y debería ser motivo de mayor aten-
ción del gobierno, el alza de las accio-
nes atribuidas a las bandas criminales 
o a los grupos neoparamilitares, lo cual 
constituye sin duda uno de los mayores 
desafíos para el actual gobierno.
Las dinámicas de corto plazo, 
la confrontación armada 
y la disputa política por la 
negociación o la salida militar
El primer semestre de 2010 estuvo 
caracterizado por el debate electoral 
y las discusiones sobre la guerra y la 
paz, y en ese momento el eje de la 
contienda electoral giró alrededor de 
cuál candidato era el verdadero here-
dero de la Seguridad Democrática de 
Álvaro Uribe. En esa coyuntura, ni 
en el debate político ni en la opinión 
publica aparecía posicionado el tema 
de la solución política negociada del 
conflicto, y en el caso específico de 
las Farc se hacían alusiones acerca del 
rescate militar de secuestrados. Eso 
significaba –al menos en el discurso 
de ese momento4– la renuncia a cual-
quier propuesta de intercambio huma-
nitario, ya que, para el gobierno, las 
pruebas de supervivencia presentadas 
en ese momento hacían parte de me-
canismos “tramposos” de las Farc ante 
la ofensiva de la Fuerza Pública.
En medio de dicho debate se pre-
sentó un incremento de la confronta-
ción armada y la violencia. En mayo 
(primera vuelta electoral para la Pre-
sidencia) se produjeron 114 infraccio-
nes del DIH y 39 acciones bélicas, y 
en junio siguiente (segunda vuelta) 79 
infracciones al DIH y 36 acciones béli-
cas, ambas cifras superiores al prome-
dio de acciones registradas en ese año. 
Esta situación confirma la tendencia 
de largo y mediano plazo que tuvo el 
auge militar de las guerrillas destina-
do a sabotear el proceso electoral y la 
imbricación entre el debate político, 
la campaña electoral y las diferentes 
posiciones sobre el conflicto armado 
en el dilema que el país ha arrastra-
do desde hace tiempos: salida militar o 
negociación. 
Con tal entorno, la confrontación 
prosiguió afectando diversas regiones 
del país. El énfasis de la fuerza pública 
fue puesto en “objetivos de alto valor” 
que desencadenaron diversas opera-
ciones contra miembros del Secretaria-
do de las Farc que, en septiembre de 
2010, culminaron en el abatimiento del 
Periodo presidencial Juan Manuel Santos_1
2010 - 2014
250
200
150
100
50
0
08
/yy
10
/yy
12
/yy
02
/yy
04
/yy
06
/yy
08
/yy
10
/yy
12
/yy
02
/yy
04
/yy
06
/yy
08
/yy
10
/yy
12
/yy
02
/yy
04
/yy
06
/yy
08
/yy
10
/yy
12
/yy
02
/yy
04
/yy
06
/yy
Infracciones al DIH Acciones Bélicas
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7712
‘Mono Jojoy’, jefe del Bloque Oriental 
de esa guerrilla, en una de sus zonas 
históricas del suroriente del país. 
No obstante la ofensiva puesta en 
marcha por la fuerza pública, empieza 
a hacerse evidente que las Farc habían 
logrado acomodarse a la Seguridad De-
mocrática y a las ofensivas contra sus 
retaguardias históricas, expresadas en 
el Plan Colombia, el Plan Patriota y el 
Plan de Consolidación Territorial. Ante 
eso, la guerrilla había reforzado el de-
nominado “Plan Renacer”, consistente 
en recuperar la iniciativa militar.
La acción desplegada en 2011 es-
tuvo caracterizada por la puesta en 
marcha del “Plan Renacer” y la muer-
te de ‘Alfonso Cano’. En ese año se 
hizo más notoria la formación de 
nuevos escenarios geográficos de la 
confrontación y la imbricación del con-
flicto armado, las economías de la coca 
y el auge minero, que afectaron espe-
cialmente el Andén Pacifico, el sur de 
Córdoba y el nordeste antioqueño. 
En medio de esa situación de in-
seguridad generalizada, los sectores 
políticos comprometidos con la salida 
militar comenzaron a desplegar las 
primeras críticas contra la política de 
Santos frente a los problemas de la se-
guridad, la paz y el conflicto. Ante tal 
hecho, y como fruto de la ofensiva de 
las Bacrim y la puesta en marcha del 
“Plan Renacer”, el gobierno comienza 
a redefinir su política de seguridad y su 
estrategia militar. Esos cambios impli-
caron reforzar la estrategia en dirección 
a los “objetivos de gran valor” en lu-
gar de la confrontación armada abierta, 
que había demostrado sus limitaciones 
en el gobierno anterior.
El gobierno de Juan Manuel Santos, 
entendiendo que la confrontación con 
las guerrillas en sus zonas de retaguar-
dia no es solamente un problema mili-
tar y que requiere una acción integral 
del Estado y su presencia en esos terri-
torios, ordenó una revisión estratégica 
con la esperanza de que permitiera ca-
pitalizar los aprendizajes de una polí-
tica que llevaba más de seis años en 
funcionamiento (Barrera, 2014).
En ese año la estrategia enfocada 
en objetivos de “alto valor” tuvo su 
máxima expresión en el abatimiento 
de ‘Alfonso Cano’ cuando intentaba 
escapar del cerco militar que las Fuer-
zas Militares habían desplegado en su 
bastión histórico del sur del Tolima. El 
golpe puso en vilo –como se reveló des-
pués– los diálogos que en sigilo ya se 
habían iniciado con las Farc, e implicó 
una contrarréplicade esta organiza-
ción, que intensificó sus acciones en el 
nuevo eje de la confrontación armada, 
ubicado en los límites entre la Cordille-
ra Occidental y el Pacífico nariñense y 
caucano. 
Tras el duro golpe asestado a la di-
rección de las Farc a finales del año 
anterior, el año 2012 se caracterizó 
por el despliegue de la nueva estra-
tegia militar del Ejército –el Plan Es-
pada de Honor–, que contrastó con el 
anuncio público de las conversacio-
nes de La Habana entre el gobierno y 
esta guerrilla. 
En ese año se presentó un aumen-
to de las infracciones del DIH, que al-
canzaron su pico más alto en febrero, 
cuando llegaron a 142 hechos, en tanto 
que, entre julio y agosto siguientes, se 
intensificarían las acciones bélicas y las 
violaciones de ese mismo derecho. En 
ese momento se hicieron más evidentes 
el relativo auge de la actividad guerri-
llera y la intensificación de las acciones 
violentas cometidas por las Bacrim. 
En tal contexto arreciaron las críticas 
públicas del uribismo y la derecha a la 
gestión que en materia de seguridad, 
paz y negociación venía adelantando la 
administración Santos. Como respuesta 
a ellas el gobierno reformula la estra-
tegia militar y comienza la puesta en 
marcha del Plan Espada de Honor y su 
despliegue en aquellas regiones don-
de el orden público daba muestras de 
alcanzar una situación crítica, como 
ocurría en el nordeste antioqueño y 
el Andén Pacífico (Chocó, Tumaco y 
Buenaventura). 
En septiembre de dicho año los con-
tactos existentes entre el Gobierno y 
la guerrilla de las Farc se vuelven no-
ticia pública, suceso que repercute en 
los planes militares de las partes, en 
razón de que en ese momento de con-
tactos exploratorios el cese al fuego 
o la suspensión de hostilidades no se 
habían contemplado.
 Las acciones militares entre las Farc y las Fuerzas Armadas, están dando muestras de una tendencia
al alza. Foto: Archivo CINEP/PPP
77 13
www.cinep.org.co
El año 2013 estuvo caracteriza-
do por la concreción de alianzas 
entre actores armados, el desa-
rrollo de los primeros puntos de 
la Mesa de Conversaciones y la 
continuación de la confrontación 
militar, todo lo cual hizo más evi-
dente la distancia que había en-
tre el discurso de paz de La Ha-
bana y la intensificación regional 
y subregional de la guerra en el 
territorio colombiano. En no po-
cas zonas del país la lógica de la 
acción militar y su relativa auto-
nomía frente al proceso de La Ha-
bana siguieron su curso. 
Sin embargo, igualmente se presen-
taron hechos alentadores, ya que era 
evidente que el desenvolvimiento de las 
negociaciones con las Farc en la capital 
cubana había logrado distender las re-
laciones conflictivas e incluso las dispu-
tas territoriales que en Arauca, el Cata-
tumbo y el Pacífico nariñense se habían 
presentado entre las Farc y el ELN. En 
efecto, los diálogos de paz habían con-
seguido cambiar esa situación, y ahora, 
más bien, se presentaban no solo alian-
zas militares sino asimismo una posición 
pública identificada con la negociación 
y los diálogos. En ese marco se hacen 
más explícitos los reclamos de diferentes 
sectores de la sociedad a favor de iniciar 
diálogos gubernamentales con el ELN, 
aunque este grupo intentaba establecer-
los bajo la vieja premisa de exigir una 
negociación apuntalada en la exhibición 
de su fortaleza militar
En 2013 se agrava todavía 
más el protagonismo de las 
Bacrim: de un lado, se pre-
sentan confrontaciones con 
las Farc y el ELN y, del otro, 
el gobierno logra asestar im-
portantes golpes a algunos de 
sus jefes regionales. 
Para finales del año se presentó el 
mayor desborde de infracciones del 
DIH en el curso del cuatrenio santista, 
caracterizadas por dos factores princi-
pales: de un lado, la intensificación de 
las acciones que contra defensores de 
derechos humanos y líderes sociales de 
restitución de tierras venía adelantan-
do el paramilitarismo, particularmente 
en la Costa Caribe5, y de otro lado, las 
violaciones contra los derechos huma-
nos que miembros de la fuerza pública 
cometieron en desarrollo de los extraor-
dinarios paros campesinos que estalla-
ron en ese año. El saldo de todo ello fue 
un abrupto y alarmante ascenso de las 
infracciones del Derecho Internacional 
Humanitario, que de 58 casos compro-
bados en el mes de julio pasaron a 215 
en agosto inmediatamente siguiente. 
En el año electoral de 2014 se hace 
más notorio el vínculo entre el dinamis-
mo del conflicto, el diálogo y el debate 
político. Es el momento en que la dis-
puta por la Presidencia enfrentó primor-
dialmente a quienes se inclinan por una 
solución política negociada y aquellos 
Para finales de 2013 el paramilitarismo intensificó sus acciones particularmente en la Costa Caribe.Foto: Archivo CINEP/PPP.
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7714
que se han comprometido más acérri-
mamente con la salida militar.
Los resultados de las elecciones gene-
rales de ese año confirman una vez más 
la imbricación entre el debate electoral, 
la disputa política y el conflicto arma-
do interno del país. El debate electoral 
tuvo como eje central una cuestión: la 
reelección de Santos para persistir en la 
búsqueda de la paz o la reedición de la 
política de Seguridad Democrática y la 
solución militar que proponía el candi-
dato del uribismo. 
El examen territorial de los resultados 
así lo confirma: fue evidente que las re-
giones más integradas al país, para las 
cuales los diálogos de paz son una ame-
naza, votaron por el candidato uribista, 
mientras las regiones más periféricas y 
menos integradas a la vida de la nación 
le dieron el triunfo a Juan Manuel San-
tos y al proceso de paz, en el sentido 
de que esta opción representa una es-
tructura de oportunidad para ampliar 
la comunidad política y establecer una 
relación menos conflictiva con el Estado 
central (Vásquez, 2014).
En cuanto a la confrontación armada 
propiamente dicha, salvo algunas accio-
nes aisladas, tanto la tradicional tregua 
de fin de año como la que se prome-
tió por parte de las Farc en medio del 
proceso electoral que reeligió a Juan 
Manuel Santos, se cumplieron notoria-
mente. Hecho que expresa la capacidad 
de mando y el control que sobre las di-
versas estructuras regionales mantienen 
aún los jefes máximos de esta guerrilla, 
dato que además disipó las dudas que 
sobre la fragmentación de este grupo 
venían alimentando los críticos del pro-
ceso de paz. 
En contraste, en este año la ofensiva 
contra la infraestructura petrolera, tanto 
por parte del ELN como de las Farc en 
el Putumayo y Arauca, abrirían nueva-
mente el debate sobre la confrontación 
armada como freno al desarrollo, a la 
inversión extranjera y al auge minero y 
petrolero.
Conclusiones
A la intensificación de la guerra como 
factor que hace vulnerable y volátil el 
Bibliografía
Barrera, Víctor (2014). Reiventar la consolidación. Cien Días vistos por Cinep/PPP(82) agosto, Bogotá.
Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 
2014. Boletín Nº 2, “¿Y si la tierra hablara? Ecos de la restitución”, septiembre, 2014. Disponible 
en: Dttp://issuu.com/cinepppp/docs/boletin_ecos_de_la_restituci__n_2_/0
Vásquez, Teófilo (2014). Geografía electoral y conflicto. Portal Razón Pública. Disponible en: http://
www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7736-geograf%C3%ADa-electo-
ral-y-conflicto.html
Referencias
1. Entendemos como de largo plazo las tendencias que presentó el conflicto entre 1990 y 2013.
2. El mediano plazo se habría presentado en el periodo 2002-2013.
3. Por tendencias de corto plazo entendemos las que tuvieron lugar en el periodo 2010-2013.
4. Tal como se revelaría recientemente, en ese momento el gobierno de Uribe ya había intentado 
realizar acercamientos secretos con las Farc.
5. “[En 2013] en 13 hechos colectivos y nueve individuales 167 personas fueron amenazadas –la cifra 
más alta del periodo revisado […] Durante este año las comunidades de víctimasreclamantes, 
muchas de ellas pertenecientes a organizaciones, presentaron la mayor cantidad de amenazas: 114 
personas. Por su parte, las amenazas a líderes siguieron aumentando, alcanzando un total de 34 
líderes amenazados. ” (Boletín “¿Y si la tierra hablara?”, septiembre de 2014).
*Teófilo Vásquez y Javier Benavides 
Investigadores CINEP/PPP. Equipo Violencia, Paz y Construcción del Estado.
proceso de paz hay que sumar su “poli-
tización negativa”. En estos cuatro años 
últimos se hizo más notorio el criterio 
de que la confrontación armada y el pro-
ceso de paz pasan inequívocamente por 
la dinámica política, las agendas electo-
rales y la opinión pública.
Situación que “ata” de manera nega-
tiva las negociaciones a la polarización 
política suscitada entre el Santismo y el 
Uribismo, y a que como sucedió en el 
pasado, los posibles acuerdos sean ob-
jeto del poder de veto de los sectores 
políticos y económicos que sienten ame-
nazados sus intereses por la implemen-
tación práctica y territorial de lo pactado 
con las guerrillas.
Por otro lado, las expresiones que 
tuvo el conflicto armado en el curso del 
primer periodo presidencial de Santos y 
el inicio del segundo reforzaron una de 
sus principales trasformaciones territo-
riales a mediano plazo: el eje de la con-
frontación pasó de la Cordillera Oriental 
a la Occidental, más específicamente se 
trasladó del Caguán y del piedemonte 
amazónico al Pacífico del sur. 
También se hizo evidente que el pro-
ceso de conversaciones fue un escenario 
que facilitó la distensión en las relacio-
nes entre las Farc y el ELN, viraje que 
los ha llevado a mayores acercamientos 
en materia militar y política. 
No obstante, el mayor obstáculo en el 
camino de la negociación es la reactiva-
ción del fenómeno paramilitar. Es más: 
de confirmarse en el futuro esa tenden-
cia, se podría afirmar que uno de los 
principales retos del posconflicto estriba 
en neutralizar la violencia representada 
en las bandas criminales organizadas.
Finalmente, la conformación de la 
subcomisión encargada del cese de fue-
gos y dejación de armas acordada en La 
Habana, en la cual participan militares 
activos y mandos guerrilleros avezados 
en la confrontación, constituye sin duda 
un paso importante en el desenvolvi-
miento de las negociaciones, la firma 
final de los acuerdos y la preparación de 
la etapa del posconflicto. Por eso la la-
bor de diseñar mecanismos específicos 
dirigidos a debilitar el conflicto armado 
se convierte en una posibilidad viable 
de “blindar” políticamente los diálogos 
y facilitar un escenario propicio para la 
implementación y concreción territorial 
de los posibles acuerdos. 
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7736-geograf%C3%ADa-electoral-y-conflicto.html
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7736-geograf%C3%ADa-electoral-y-conflicto.html
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7736-geograf%C3%ADa-electoral-y-conflicto.html
 
Introducción
U
na de las particularidades 
del actual proceso de diá-
logo entre las Farc-EP y el 
Gobierno hace alusión al 
hecho de que en la agen-
da se acordara incluir el tema de las 
víctimas, un asunto que históricamen-
te no ha sido explícito en esa agenda 
de negociación sino resultado de ella, 
en la mayoría de los casos varios años 
después de la firma de acuerdos de 
paz. En los últimos años el paradig-
ma de la Justicia Transicional (JT) ha 
ganado espacio dentro de nuestro or-
denamiento jurídico mediante la adop-
ción de diversos mecanismos, con los 
cuales se ha intentado reivindicar los 
derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación sin dejar de 
lado los anhelos de conseguir la paz. 
En el proceso han sido determinantes 
la presión de la comunidad interna-
cional, el fortalecimiento e indepen-
dencia de las instituciones judiciales 
y la persistencia de las víctimas y de 
Justicia transicional para 
víctimas en Colombia. 
Más allá del posconflicto 
Por: Camilo Andrés Hernández Barreto*
En este artículo se presenta una panorámica sobre algunos debates y tensiones frente al tema 
de las víctimas del conflicto armado interno colombiano, que destaca algunas limitaciones 
de los mecanismos de justicia transicional implementados para garantizar los derechos de las 
víctimas.
. Conflicto y Paz . 
Las víctimas reclaman la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Foto: Archivo CINEP/PPP.
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7716
sus organizaciones que en medio del 
conflicto continúan reclamando sus 
derechos. 
Para entender cómo se ha debati-
do este problema en el contexto na-
cional hacemos un breve análisis del 
contexto político bajo el cual se han 
ido adoptando mecanismos de Justicia 
Transicional en Colombia y de la mane-
ra como estos se han adecuado para res-
ponder a la tensión entre las garantías 
de derechos para las víctimas y los bene-
ficios jurídicos para adelantar procesos 
de negociación, primero con las AUC y 
luego con las Farc-EP. En este periodo 
(2002-2014) surgieron dos leyes que se 
inscriben en modelos de JT, como son la 
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) 
y la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley 1448 de 2011), las cuales, 
si bien han permitido una mayor visibi-
lidad y reconocimiento de las víctimas, 
han resultado insuficientes para garan-
tizar su reparación integral, entendida 
como medio para la reconstrucción de 
proyectos de vida. Finalmente se identi-
fican algunos aprendizajes de este pro-
ceso de cara al posconflicto.
Implementación de Ley de Justi-
cia y Paz en el tema de víctimas
El proceso adelantado por la admi-
nistración de Uribe Vélez con las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC) 
(2002-2006) no contemplaba en sus ini-
cios la aplicación de mecanismos de JT. 
Estos se fueron adoptando con el trans-
curso del proceso para ganar credibili-
dad frente a la comunidad internacional 
y, en el plano interno, frente a los pode-
res judiciales, en particular las altas Cor-
tes. Ante todo, el objetivo principal del 
Gobierno era lograr la desmovilización 
de las AUC, y por eso la agenda que se 
pactó no incluyó temas políticos ni so-
ciales; tal fue el afán por lograr un resul-
tado, que el proceso no se interrumpió 
a pesar de las sucesivas violaciones al 
cese de hostilidades decretado por este 
grupo armado.1 
Desde el comienzo, el proceso fue 
muy criticado por organizaciones in-
ternacionales y nacionales, temerosas 
de que alrededor de la desmovilización 
se estuviera gestando un proceso de 
impunidad. Aun así, el gobierno logró 
expedir la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 
de 2005), lo cual provocó serios enfren-
tamientos con las Cortes nacionales y 
condujo a revisiones y reformas2 de fon-
do de la misma.
Si bien estos impedimentos hechos 
por las Cortes3 buscaron defender y rei-
vindicar los derechos de las víctimas, 
también contribuyeron a convertir un 
proceso concebido como “negociación 
política” entre las AUC y el Gobierno en 
un proceso de sometimiento a la justi-
cia de estos grupos armados. Lo ante-
rior provocó el estancamiento de varios 
procesos judiciales, mientras el tiempo 
Foto: Archivo CINEP/PPP. 
77 17
www.cinep.org.co
de condena continuaba corriendo. En la 
actualidad, muchos de los paramilitares 
postulados a Justicia y Paz han cumpli-
do o están por cumplir sus condenas sin 
haber confesado todos los crímenes co-
metidos y sin reparar a sus víctimas. 
En este contexto de tensiones políti-
cas entre el poder ejecutivo y el poder 
judicial se hizo el primer intento de ins-
talar los derechos de las víctimas como 
eje articulador de la Ley 975 y exigir a 
los postulados su contribución a la ver-
dad, la justicia y la reparación sin im-
portar si se desmovilizaban colectiva 
o individualmente, o si pertenecían a 
grupos guerrilleros. Llama la atención 
el hecho de que el objeto de esa ley es 
facilitar el proceso de desmovilización y 
garantizar losderechos de las víctimas, 
es decir, facilitar la transición a la paz 
sin dejar de lado la justicia. 
La Ley 975 de 2005 también promo-
vió la construcción de la memoria his-
tórica del conflicto y ha servido de mar-
co para apoyar proyectos de memoria 
locales y nacionales. Este asunto no es 
nuevo y, por el contrario, desde los años 
80 ha sido una de las exigencias histó-
ricas de las organizaciones de víctimas 
(principalmente víctimas de crímenes 
de Estado). 
En términos de justicia, esta ley indu-
dablemente contribuyó al conocimiento 
de muchos crímenes cometidos por los 
paramilitares y abrió la puerta a la par-
ticipación de las víctimas en procesos 
judiciales, pero éstos no resultaron tan 
exitosos debido a que la metodología 
utilizada en las audiencias y las versio-
nes libres hizo que las intervenciones de 
las víctimas fueran más bien margina-
les o que fueran traducidas por terceros 
(como mediadores o fiscales presentes 
en las salas), a partir de lo que éstos 
consideraban jurídicamente relevante. 
En algunos casos hubo excepciones, 
pues los jueces o fiscales regionales de 
Justicia y Paz permitieron réplicas de las 
víctimas a las confesiones hechas por 
los paramilitares.4
Por lo anterior y a causa de las ten-
siones surgidas entre los magistrados 
de las Cortes y el entonces presidente 
Álvaro Uribe, la ley no sirvió para redu-
cir la impunidad en el sistema judicial 
y mucho menos para desmontar efecti-
vamente todas las estructuras paramili-
tares, muchas de las cuales continúan 
teniendo influencia en la vida política 
y social de las regiones.5 En cuanto a 
la reparación, los resultados son toda-
vía menores, pues la ley solo benefició, 
económica o simbólicamente a algunas 
comunidades y familias victimizadas, 
pero sin dar garantías efectivas de no 
repetición.
La Ley 1448 de 2011, un nuevo 
intento de corregir el rumbo ha-
cia la reparación de las víctimas 
Ahora bien, los vacíos dejados por la 
Ley 975 de 2005 en torno a las exigen-
cias y los derechos de las víctimas han 
sido objeto de especial atención por par-
te de la administración Santos, en parte 
como consecuencia de la presión inter-
nacional hecha contra las ejecuciones 
extrajudiciales, las amenazas y los ase-
sinatos de defensores de derechos hu-
manos y las escandalosas cifras del des-
plazamiento forzado que afecta a más 
de cinco millones de colombianos. Por 
lo anterior, este gobierno buscó crear 
un ambiente propicio para el inicio de 
un proceso de diálogo con las Farc-EP y 
por eso apoyó la iniciativa que llevó a la 
expedición de la Ley de Víctimas y Res-
titución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
 
En comparación con la Ley de Jus-
ticia y Paz, la Ley 1448 de 2011 avan-
za un poco más en la tarea de aclarar 
y regular los mecanismos de JT que 
buscan garantizar los derechos de las 
víctimas. 
Así, en términos de memoria, propo-
ne, entre otras cosas, suscitar un deba-
te más amplio en torno a este tema y 
ampliar la definición de la reparación 
simbólica. Por ejemplo, estipula la cons-
trucción de un Museo Nacional de la 
Memoria. Sin embargo, en la actualidad 
esta idea continúa siendo uno de los es-
cenarios de disputa de la verdad, pues-
to que el bum memorístico que vive el 
país ha servido para promocionar en las 
regiones más afectadas por el conflicto 
armado proyectos de memoria que en 
ocasiones han entrado en confrontación 
con la memoria construida por las pro-
 En la foto pancarta alusiva Jaime Garzón, asesinado en agosto de 1999. Su hermana, Marisol Garzón, hizo parte de la 
segunda delegación de víctimas en La Habana. Foto: Archivo CINEP/PPP.
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7718
pias víctimas o las comunidades victi-
mizadas.5
En cuanto a la mesa de conversacio-
nes, el pasado 2 de junio de 2014 las 
Farc-EP y el Gobierno acordaron una 
serie de principios6 bajo los cuales co-
menzaron a discutir el problema de las 
víctimas, enfatizando en el reconoci-
miento de responsabilidad frente a ellas 
y en el compromiso de su reparación. 
Al igual de lo que había ocurrido con 
los anteriores puntos de la Agenda, se 
realizaron foros regionales en Villavi-
cencio, Barrancabermeja y Barranqui-
lla y uno nacional en Cali, destinados 
a recopilar propuestas e insumos para 
la mesa. Adicionalmente y con el mis-
mo fin, delegados de organizaciones de 
víctimas se han reunido en La Habana 
con las partes negociadoras. Por otra 
parte, se creó la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas (Chcv), la cual 
ampliará en sus informes el periodo his-
tórico trabajado por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica. Aunque sin lle-
gar a tener la estructura, los alcances y 
los estándares mínimos internacionales 
que exige una Comisión de la Verdad, el 
nuevo organismo buscará crear insumos 
que contribuyan al esclarecimiento de la 
verdad.7
La presencia de las víctimas en La 
Habana, más que un acto de represen-
tación es un gesto simbólico, pues el 
universo de víctimas es tan amplio, que 
difícilmente podría llegar a ser represen-
tado por las cinco comisiones que han 
estado viajando para ser escuchadas por 
los delegados de la Mesa de Conversa-
ciones. Por otro lado, no hay que hacer-
se ilusiones de que alrededor del asunto 
haya nuevos resultados que vayan más 
allá de los beneficios que establece la 
Ley 1448 de 2011.8 
Al igual que con los foros, el objetivo 
es recoger insumos para las discusiones 
de la mesa, pues estas comisiones, aun-
que no tienen poder de decisión, pueden 
contribuir a la consolidación del proceso 
y a crear un escenario más favorable a la 
refrendación de los acuerdos que even-
tualmente se firmen. Hasta el momento 
de escribir estas notas la mesa de con-
versaciones de La Habana ha escuchado 
a cuatro comisiones. Los miembros de 
esas comisiones han sido seleccionados 
por la Oficina de Naciones Unidas en 
Colombia y el Centro de Pensamiento 
y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la 
Universidad Nacional, que realizan con-
sultas previas con varias organizaciones 
de víctimas y tienen el acompañamiento 
de la Conferencia Episcopal. El criterio 
para la selección ha sido el de reflejar 
“todo el universo de violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al DIH 
que se hayan presentado a lo largo del 
conflicto interno”.9
En este escenario, la principal ten-
sión política se ha presentado con al-
gunos sectores víctimas de las Farc-EP 
que no se sienten representados en la 
mesa de La Habana. Pero los mayores 
opositores al proceso en general y, en 
particular frente a la discusión de este 
tema con las Farc-EP, pertenecen al gru-
po encabezado por el ex presidente y 
ahora senador Álvaro Uribe.10 Tales sec-
tores consideran que a la mesa deberían 
asistir solo víctimas de las Farc-EP y no 
de los paramilitares y del Estado, olvi-
dando que este no es un escenario para 
judicializar a la guerrilla sino para dis-
cutir una serie de condiciones mínimas 
para su desmovilización. 
Otra tensión que hay que tener en 
cuenta se refiere a los beneficios jurí-
dicos (amnistías o penas alternativas) 
a los cuales eventualmente accederán, 
tanto desmovilizados de las Farc-EP 
como miembros de la Fuerza Pública. 
Hasta ahora se ha creado un Marco Jurí-
dico para la Paz (también con elementos 
de JT), que las Farc-EP han rechazado 
rotundamente por no haber sido pro-
ducto de la negociación y, de momento, 
poco se sabe de posibles mecanismos 
adicionales que se estén discutiendo en 
La Habana. 
Igualmente, el Gobierno está inten-
tando ampliar el Fuero Penal Militar por 
considerar que es esencial para el buen 
 Foto: Archivo CINEP/PPP. 
77 19
www.cinep.org.co
funcionamiento de la Justicia Penal Mili-
tar y para garantizar la seguridad jurídica 
de los miembros de la Fuerza Pública11. 
El problema con ello es que puede seguir 
suscitando interferencias con las investi-
gaciones que la Fiscalía12 adelanta contra 
miembros de la institución castrense por 
crímenes de lesa humanidad.
Retos a la participación de 
las víctimas en la solución delconflicto social y armado 
Ahora bien, el problema de las vícti-
mas se ha vuelto ineludible para la reso-
lución efectiva y definitiva del conflicto 
armado que vive el país. En parte por 
las exigencias y avances de la justicia 
internacional frente al asunto, pero tam-
bién por la visibilidad que han ganado 
las víctimas en el escenario político na-
cional. 
Esto hace que la “victimización” 
sea manipulable políticamente. Como 
señala Tickner,13 el término víctima es 
un concepto en disputa, pues en con-
flictos prolongados como el colombia-
no es muy difícil trazar una clara línea 
divisoria entre víctimas y victimarios. 
Muestra de ello es la apropiación que 
del término han hecho grupos armados 
considerados por el DIH como comba-
tientes, como ocurre con las AUC, las 
Farc-EP o el ELN, y también con la 
Fuerza Pública, que para justificar su 
guerra oculta muchas de las atrocida-
des que ha cometido. Los primeros ale-
gan que son víctimas de la guerrilla y 
del abandono del Estado, los segundos 
que son víctimas de la opresión de la 
clase dirigente que controla el Estado, 
y los terceros que han recibido dicho 
estatus por el hecho de ser “funciona-
rios públicos” que han sido victimiza-
dos por las guerrillas. El escenario es 
más complejo, si se piensa en los miles 
de jóvenes reclutados para la guerra, 
quienes al mismo tiempo son víctimas 
y victimarios. 
En segundo lugar, el actual contexto 
de negociación sin cese del fuego im-
posibilita que las necesidades de las 
víctimas y la exigencia de sus derechos 
sean tramitadas por el simple hecho de 
que la guerra sigue dejando más víc-
timas y revictimizando a quienes ya 
habían sido victimizados en el pasado, 
como es el caso de los líderes de los 
reclamantes de tierra. Un cese al fue-
go verificable con las Farc-EP no solu-
cionaría por sí mismo este problema, 
debido a la existencia de reductos del 
paramilitarismo y bandas de narcotra-
ficantes, pero sí contribuiría a reducir 
a corto plazo la violencia que persiste 
en ciertas regiones del país. Para que 
el fin de la guerra sea efectivo y defi-
nitivo es muy importante contar con el 
fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil y el acompañamiento de 
la comunidad internacional. 
Para las víctimas, además, es impor-
tante que el proceso pueda contribuir al 
conocimiento de la verdad en términos 
de reconstrucción de la memoria histó-
rica. La creación de la Chcv como un 
escenario que espera complementar el 
trabajo realizado por el Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica ha sido una 
decisión que, sin llegar a tener efectos 
judiciales, deberá ayudar a entender las 
causas del conflicto, pero de las vícti-
mas dependerá la dignificación de la 
memoria de sus familiares, sus proyec-
tos de vida y sus proyectos políticos. 
El mayor reto es lograr índices altos 
o siquiera aceptables de justicia, pues 
el logro de esto no depende únicamen-
te de la voluntad política de los nego-
ciadores, ni de las propias víctimas, 
sino de una serie de profundas refor-
mas del sistema judicial que permitan 
reducir la impunidad y dar garantías 
de no repetición. A pesar de que los 
choques suscitados entre los mismos 
órganos estatales han afectado el acce-
so a la justicia, es necesario encontrar 
fórmulas que permitan garantizar los 
derechos de las víctimas, y ello necesa-
riamente incluye que se tenga que dis-
cutir posibles amnistías condicionadas 
para miembros de las Farc-EP y que se 
avance en los procesos en curso respec-
to de los paramilitares. 
El actual proceso podría abrir la puer-
ta al reconocimiento de víctimas que 
han quedado excluidas de las políticas 
estatales. Es el caso de las víctimas de 
crímenes de Estado, las mujeres y los fa-
miliares de guerrilleros, entre otros. 
Por último, es probable que críme-
nes cometidos permanentemente en 
la guerra sobre los cuales poco se ha 
avanzado –como la violencia sexual o 
la desaparición forzada– no logren un 
avance tan significativo en un periodo 
de pos-acuerdo. Los mecanismos de JT 
utilizados en Colombia no son los más 
idóneos para llegar a esclarecerlos, lo 
cual plantea un desafío mayor, no solo 
para las víctimas sino también para la 
sociedad en su conjunto, puesto que 
los mecanismos de la justicia ordina-
ria tampoco han logrado dar cuenta de 
ellos, y aunque se están fortaleciendo 
mediante la adopción de tratados inter-
nacionales, es muy probable que el es-
clarecimiento de crímenes se opere en 
un periodo que va más allá de lo que se 
contempla como una etapa posterior a 
los acuerdos de paz. 
Si bien el escenario político ac-
tual es propicio para discutir en 
torno a las víctimas de la guerra, es 
importante entender que La Habana 
no es la instancia que va a agotar 
estas discusiones, pues las deman-
das de las víctimas superan el pro-
ducto que pueda salir de las mesas 
de negociación. 
Sin embargo, desde este escenario y 
a corto plazo, se puede contribuir a un 
reconocimiento más amplio de las vícti-
mas, especialmente las que no han sido 
especificadas en ninguna de las legisla-
ciones comentadas, como ocurre con las 
víctimas de crímenes de Estado. Lograr 
que las Farc-EP reconozcan y reparen a 
sus víctimas es un estadio que solo se al-
canzará si el Estado hace lo mismo con 
las suyas. Y este proceso se verá refleja-
do, a largo plazo, en cambios profundos 
de la institucionalidad que den garantía 
de no repetición a la gran mayoría de las 
víctimas del conflicto. 
No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014
7720
Bibliografía
Acevedo, Oscar (2012). Geografías de la 
memoria. Posiciones de las víctimas en 
Colombia en el periodo de la justicia 
transicional (2005-2010). Bogotá, Ponti-
ficia Universidad Javeriana.
Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2012). Justicia y paz: ¿verdad judicial 
o verdad histórica? Bogotá, p. 56 y 75. 
Consultar Capítulo 1 y Conclusiones de 
este estudio. 
Orozco, Iván (2009). Justicia transicional en 
tiempos del deber de memoria. Bogotá, 
Temis.
Prieto, Carlos (2013). “Bacrim y crimen or-
ganizado en Colombia”, en Policy Paper 
47, Bogotá, Fescol. 
Villarraga, Álvaro (2013). “El gobierno de 
Uribe frente al conflicto armado y la paz. 
Acuerdo con las AUC”, Biblioteca de la 
paz, 2002-2010, vol. VI, Bogotá. Funda-
ción Cultura Democrática.
Declaración de principios para la discusión 
del punto 5 de la agenda Víctimas. 
Puede consultarse en El Colombiano. 
Gobierno y Farc anunciaron acuerdos 
para iniciar punto de víctimas, 7 de junio 
de 2014.
http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/G/gobier-
no_y_farc_anunciaron_acuer-
dos_para_iniciar_punto_de_victimas/
gobierno_y_farc_anunciaron_acuer-
dospara_iniciar_punto_de_victimas.asp 
Recuperado el 10/09/2014.
GMH (2013). ¡Basta ya! Colombia: me-
morias de guerra y dignidad. Bogotá. 
Imprenta Nacional, p. 236.
Referencias
1. De hecho, en la declaración del cese de hostilidades de 2002, las AUC propusieron hacer “contribución al 
retorno de quienes debieron desplazarse a raíz del conflicto armado”, sin aclarar cómo sería tal contribución. 
Por su parte, la Comisión Exploratoria creada en 2003 entregó al Gobierno una serie de recomendaciones 
referidas exclusivamente a temas operativos del proceso (DDR) y nada relacionado con garantías de derechos 
de las víctimas (Álvaro Villarraga, 2013. “El gobierno de Uribe frente al conflicto armado y la paz. Acuerdo con 
las AUC, en: Biblioteca de la paz, 2002-2010, vol. VI. Bogotá, Fundación Cultura Democrática, p. 70-79). 
2. La polémica con las cortes se presentó desde el inicio mismo del proceso con las AUC, debido a las 
exigencias hechas a la Ley por no cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de 
las víctimas. Adicionalmente, para Orozco, esta tensión y el posterior limbo jurídico en el que quedaron 
quienes estaban postulados en Justicia y Paz se deben a la adopción de enunciados de la justicia internacio-
nal dentro del derecho interno hecha por muchos de los magistrados, lo cual ha fortalecido la autonomía 
del