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LA_CONSTITUCION_DEL_1991_Y_EL_ESPACIO_PÚBLICO_COLOMBIA

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LA CONSTITUCION DEL 1991 Y EL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés General. 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
 
Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 
residenciarse en Colombia. 
 
 
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 
común. 
 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley. 
 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional. 
 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

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