lenguaje y argumentación

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20 C
CUINAP Argentina
El Lenguaje claro como garantía 
de una comunicación eficaz entre 
el Estado y la ciudadanía
Natalia Staiano
Instituto Nacional de la 
Administración PúblicaINAP
Año 2 • 21 uadernos del INAP
Capacitar e investigar para fortalecer las capacidades estatales
ISSN 2683-9644
59
ecS retaría de
Gestión y Empleo Público
ISSN 2683-9644
Año 1 • 2020 Cuadernos del INAP
 
 
CUINAP Argentina
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El Lenguaje claro como garantía 
de una comunicación eficaz entre 
el Estado y la ciudadanía
Natalia Staiano
 RETIRACIONES TAPA Y CONTRA CUINAP 2021
ISSN 2683-9644
Año 1 • 2020 Cuadernos del INAP
 
 
CUINAP Argentina
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El Lenguaje claro como garantía 
de una comunicación eficaz entre 
el Estado y la ciudadanía
Natalia Staiano
Autoridades
Dr. Alberto Ángel Fernández
Presidente de la Nación
Lic. Santiago Andrés Cafiero
Jefe de Gabinete de Ministros
Dra. Ana Gabriela Castellani
Secretaria de Gestión y Empleo Público
Lic. Mauro Solano
Director Institucional del INAP
INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público 5
Índice
Prólogo 6
Introducción 11
1. La brecha cognitiva 16
2. El lenguaje claro 24
3. Antecedentes históricos sobre la claridad 28
4. La simplificación del lenguaje jurídico administrativo 
y documental 32
5. Buenas prácticas internacionales en Lenguaje Claro 36
6. Marco normativo que promueve el uso del 
Lenguaje Claro en la Argentina 42 
Conclusiones y reflexiones finales 47
Referencias bibliográficas 50
El Estado y la Administración Pública tienen una 
responsabilidad fundamental: deben ser capaces de 
comunicarse de forma eficaz con la ciudadanía para 
poder llevar a cabo sus objetivos de reducción de las 
desigualdades y ampliación de derechos. En este artículo, 
Natalia Staiano aborda esta compleja cuestión a partir de 
una herramienta específica: el lenguaje claro.
La autora sostiene que hay múltiples factores que hacen 
que este tema sea un eje central de la gestión pública. Por 
una parte, se refiere a la necesidad de cumplir el derecho 
humano a la comprensión y al acceso a la información. Por 
otra parte, esto está vinculado con la transparencia que el 
Estado debe garantizar. Estos elementos son considerados 
a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
compromiso firmado por la Argentina en 2015, que implican 
profundizar la inclusión social «sin dejar nadie atrás».
El primer apartado del artículo explora las diversas variables 
que dificultan a las ciudadanas y ciudadanos el acceso a 
la información. Entre ellas, Staiano identifica obstáculos 
en la trayectoria educativa, discapacidades intelectuales 
y problemas asociados a la edad. La autora presenta 
en forma precisa este eje, justificando la gravedad del 
problema a través de estadísticas de analfabetismo y 
resultados de exámenes estandarizados.
En la segunda sección, se describe la herramienta 
propuesta, denominada lenguaje claro, que consiste en 
un estilo de redacción destinado a que las personas sean 
capaces de comprender con facilidad los textos. Además de 
citar las experiencias realizadas por el INAP en esta materia, 
la autora hace uso de una expresión muy convincente: el Pr
ól
og
o
7
lenguaje claro es la puerta de entrada a la democracia, ya que permite a la 
ciudadanía comunicarse en forma eficaz.
En el tercer capítulo, Staiano desarrolla una serie de antecedentes históricos 
sobre la necesidad de la claridad, citando a diversos filósofos y juristas, desde 
la antigüedad clásica hasta el presente. El siguiente apartado amplía estas 
reflexiones, al añadir el lenguaje administrativo y documental al ámbito 
legal. De esta manera, se sostiene que es toda la administración pública la 
que debe hacer uso del lenguaje claro para resultar accesible.
En la quinta sección del artículo, la autora continúa su detallada justificación 
de la gran relevancia que tiene esta cuestión a través de un extenso listado 
de buenas prácticas internacionales de lenguaje claro. El siguiente capítulo 
retorna a la Argentina, donde se describe detalladamente el marco legal 
y normativo para la aplicación de esta herramienta, citando convenios y 
leyes aplicados en distintos poderes del Estado nacional y las provincias.
La Administración Pública tiene el deber de garantizar políticas de 
transparencia y acceso a la información para toda la ciudadanía, más allá 
de discapacidades o dificultades de cualquier índole. Al proponer un valioso 
instrumento para lograrlo, el artículo de Staiano recuerda un precepto del 
poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yeats: «piensa como un hombre 
sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente»1.
Dr. Juan Ignacio Doberti 
Director de Gestión del Conocimiento, Investigación 
y Publicaciones del INAP
1 Yeats, W. B. (1957). Teatro completo y otras obras. Aguilar, p. 985.
El Lenguaje claro como garantía de 
una comunicación eficaz entre el 
Estado y la ciudadanía
Natalia 
Staiano
Licenciada en Letras (Diploma de Honor, UBA). 
Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y 
Especial en Letras (UBA). Estudios de posgrado 
en Procesos de Lectura y Escritura (UBA). Ac-
tualmente se desempeña como investigadora y 
capacitadora del Instituto Nacional de la Adminis-
tración Pública (INAP). Docente de posgrado del 
Programa Ejecutivo en Análisis Legislativo (UCA) 
y de la Diplomatura en elaboración de proyectos 
legislativos (UBA). A cargo de numerosas capacita-
ciones y talleres sobre su especialidad en ámbitos 
del sector público y nivel educativo superior (UBA, 
INAP, Ministerio de Defensa, Biblioteca del Congre-
so, H. Senado de la Nación). Ejerció como Directora 
de Capacitación Técnico Profesional del Senado de 
la Nación entre 2016- 2020. Participó en la elabo-
ración de las Pautas de Estilo del Congreso de la 
Nación (2009). Miembro de Clarity International 
(lenguaje jurídico claro), del Comité técnico de la 
Red Argentina de Lenguaje Claro, y coordinadora 
del Programa de Capacitación en Lenguaje Claro de 
la Red Argentina de Lenguaje Claro (RALC). Autora 
de diversos trabajos y publicaciones en materia de 
su especialidad. 
Natalia Staiano
9
Resumen 
En las últimas décadas movimientos internacionales promueven el uso de 
un lenguaje claro en las comunicaciones del Estado con la ciudadanía para 
fortalecer el acceso a la información pública, la confianza en las instituciones, 
la transparencia, los mecanismos de control, la seguridad jurídica y la calidad 
democrática de las instituciones y sus gobiernos. Estos movimientos se 
han comprometido con lo que denominan el derecho a comprender los 
textos legales, jurídicos y administrativos. 
Este artículo aborda los obstáculos que existen hoy para lograr el acceso de 
los ciudadanos a la plena comprensión de las comunicaciones del Estado 
y que se relacionan con la existencia de una brecha cognitiva y con los 
diferentes niveles lingüísticos entre las personas y los textos legales y 
administrativos. Luego se hace una reseña de los antecedentes históricos 
sobre la claridad y del origen de este movimiento de simplificación del 
lenguaje jurídico administrativo. Por último, se enumeran las principales 
experiencias de lenguaje claro en el mundo y en la Argentina.
Palabras clave
Comunicación clara, lenguaje jurídico administrativo, confianza, 
transparencia, información pública, derecho a comprender, accesibilidad 
cognitiva, fortalecimiento institucional.
Abstract
In recent decades, international movements promote clear language in 
communications between the State and citizens to strengthen access to 
public information, trust in institutions, transparency, legal security, and 
increased quality in democratic governments and their institutions. These 
INAP • Secretaría de Gestión y Empleo Público
Cuadernos del INAP
El Lenguajeclaro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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movements are committed to what they call the right to understand legal 
and administrative texts.
This article addresses the obstacles that exist today to achieve citizens’ 
access to a full understanding of State communications related to the 
existence of a cognitive gap and the different linguistic levels between 
people and legal and administrative texts. Then there is a review of the 
historical background on this movement’s clarity and origin of simplify the 
administrative and legal language. Finally, the central experiences of clear 
language in the world and Argentina are listed.
Key words
Clear communication, administrative legal language, trust, transparency, 
public information, right to understand, cognitive accessibility, institutional 
strengthening.
Natalia Staiano
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Introducción
La noción de Administración Pública va unida a la idea de Estado y su 
función se dirige a cumplir e implementar las políticas de Estado, sobre la 
base del servicio público. La relación entre las políticas públicas eficientes 
y la equiparación de oportunidades es muy estrecha e implica la progresiva 
eliminación de las barreras de acceso a la información pública para construir 
una sociedad más equitativa. 
En este sentido, las políticas públicas vigentes deben tender a lograr una 
sociedad inclusiva, donde todas las personas tengan la oportunidad de 
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por ello, para lograr «el 
bien común» que es finalidad del Estado, los organismos públicos tienen 
el deber de prestar sus servicios a la ciudadanía con máxima eficacia y 
eficiencia, y, para ello, deben poder comunicarse eficaz y eficientemente.
Una comunicación clara entre el Estado y la ciudadanía como garantía 
de acceso al derecho a la información y como práctica de transparencia, 
es un objetivo que debieran cumplir todos los organismos públicos. Una 
comunicación eficaz entre las instituciones y los ciudadanos genera 
confianza y entendimiento, fomenta la equiparación de oportunidades 
y brinda herramientas para el autovalimiento y la ciudadanía inclusiva. 
Cuando la ciudadanía comprende los textos que la institución le dirige, se 
genera una relación de mayor empatía y compromiso (Montolío, 2020). 
En cambio, cuando la comunicación es confusa o presenta una cantidad 
considerable de términos técnicos se transforma en una barrera para 
el acceso a la información. Esta es una de las razones por las que los 
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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ciudadanos no pueden ejercer sus derechos y obligaciones y quedan en 
situación de vulnerabilidad. 
Por otro lado, incluir «sin dejar a nadie atrás», como establecen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas implica atender 
la accesibilidad cognitiva de la información escrita2 y asumir plenamente 
el compromiso firmado por la Argentina en septiembre de 2015, junto a 
193 jefes de Estado y de Gobierno, para la implementación de estos ODS. 
A esto se suman los fundamentos jurídicos relacionados con el derecho al 
acceso a la información pública (Ley 27.275) y con la garantía de accesibilidad 
establecida por la normativa vigente (Decreto 891/2017). 
En efecto, los ODS de Naciones Unidas constituyen un llamado para que 
todas las sociedades en su conjunto respondan, concertadamente, al desafío 
de cumplir con los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, acordados 
por los estados miembros de la ONU, entre los que se encuentra y adhiere 
la Argentina. 
2 El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, un programa que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas que 
debemos aplicar de forma universal (los ODS), bajo el lema de «no dejar a nadie atrás». Esta agenda consiste 
en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad a fin de procurar el progreso de la 
humanidad sin destruir el medio ambiente.
Natalia Staiano
13
En este sentido, los ODS son el faro de las políticas públicas comprometidas 
a nivel internacional, y «no dejar a nadie atrás» significa que cada país 
debe procurar el desarrollo sostenible respetando la diversidad humana. 
A modo de ejemplo, la elaboración de materiales escritos en lenguaje claro, 
contribuye a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas con los siguientes objetivos:
 • ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
• ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos; y garantizar 
que nadie se queda atrás.
• ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos (meta 16.3), construir 
en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 
(meta 16. 6); garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales (meta 16.10).
Los ODS nos convocan entonces a brindar información en un lenguaje 
sencillo, reconociendo y apoyando la identidad cultural y lingüística 
específica de todas las personas. Desde la perspectiva del lenguaje claro, 
la comunicación eficaz y eficiente entre el Estado y la ciudadanía es un 
deber democrático y el acceso a la información es un derecho democrático 
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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y un ejercicio de transparencia que supone un ahorro de recursos públicos 
y privados puestos a disposición de la ciudadanía. 
Sin embargo, cuando analizamos la comunicación del Estado con la 
ciudadanía, observamos dos realidades críticas: por un lado, un gran 
porcentaje de la población tiene dificultades lectoras y, por otro, muchos 
de los documentos que se generan en los organismos públicos y destinados 
a la ciudadanía, o a sus propios trabajadores, son difíciles de entender 
debido a un exceso de tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación 
poco clara. El lenguaje aplicado en los diferentes documentos resulta 
incomprensible para la mayoría de los ciudadanos.
Como mencionamos anteriormente, la ciudadanía requiere que la 
información que se le comunica sea comprensible, directa y ajustada a sus 
necesidades porque necesita acceder a la información que le otorga derechos 
e impone obligaciones, y, en muchos casos, afecta sus condiciones laborales. 
Si bien el Estado ha avanzado mucho en otras formas de accesibilidad, en 
materia de accesibilidad cognitiva queda casi todo por hacer: el 30% de la 
población tiene dificultades de comprensión y aún hay poca sensibilización 
para que esas personas dispongan de información y entornos accesibles 
(Estadísticas conf. OCDE, Pruebas Aprender; Pruebas PISA). 
Varios estudios internacionales, entre ellos los llevados a cabo por la 
Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de España (2011), han 
señalado que promover la claridad en la comunicación con la ciudadanía 
exige un alto grado de compromiso y colaboración de diversas instituciones, 
al tiempo que un cambio cultural en algunas de ellas. Este compromiso 
involucra a quienes redactan, editan o autorizan los documentos que 
concretan el vínculo entre los órganos de la Administración Pública o los 
distintos poderes republicanos con la ciudadanía.
Natalia Staiano
15
Este Informe es uno de los más completos que se han publicado hasta 
el momento en el ámbito público. En él se analizan las principales 
problemáticas asociadas con el lenguaje jurídico administrativo, se proponen 
recomendaciones para modernizarlo, basadas en el derecho a comprender 
y en que una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz 
de comprender. 
A menudo,las personas que acuden ante un tribunal no entienden bien la 
razón por la que han sido llamadas y, muchas veces, salen sin comprender 
el significado del acto en el que han participado o sus consecuencias. Sin 
embargo, no hay algo tan complejo en el ámbito jurídico como para que el 
ciudadano de a pie no pueda comprenderlo si se le explica con claridad. Los 
científicos explican en términos sencillos fenómenos tan complejos como 
la física cuántica o la regeneración celular. Lo mismo puede hacerse con 
el derecho. Bastaría con explicar con palabras llanas, antes del inicio del 
acto procesal, la razón que trae al ciudadano ante el tribunal, el significado 
de cuanto ha de acontecer en su presencia y, una vez finalizado, sus 
consecuencias. (Ministerio de Justicia, 2011. p. 3).
Según este Informe, un 82% de los ciudadanos españoles considera que 
el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender.
En este sentido, las instituciones enfrentan hoy el desafío y el esfuerzo que 
supone acercar y conectar el trabajo con la ciudadanía y con sus empleados 
por medio de un lenguaje más comprensible.
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El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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1
La brecha cognitiva
El Lenguaje Claro surge como una herramienta para mejorar la comprensión 
lectora y tiene como objetivo la autodeterminación mediante el ejercicio del 
derecho a comprender. El lenguaje claro propicia la eliminación progresiva 
de barreras en materia de comunicación.
La realidad nos muestra que hay un grupo importante de personas en 
el mundo con dificultades de comprensión lectora por diversas causas: 
dificultad o imposibilidad de acceso a la educación, periodo de estudios 
incompleto, discapacidad intelectual o problemas cognitivos derivados 
de la edad, entre otros. En 2003, la UNESCO calculaba que el 20% de la 
población mundial no sabía leer ni escribir. La Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) elevaba en 2010 esta cifra 
hasta el 30%, si se contabilizaba al grupo de analfabetos funcionales, que 
incluye a las personas que saben leer y escribir, pero no pueden comprender 
textos complejos o incluso noticias. Es decir, que 3 de cada 10 personas en 
el mundo tiene dificultades de lectura.
Las dificultades lectoras de estos ciudadanos pueden tener causas 
transitorias o permanentes. Las transitorias afectan a personas lectoras 
con competencias limitadas en la lengua no nativa (neolectores adultos), 
inmigrantes recientes, personas en proceso de alfabetización, escolarización 
Natalia Staiano
17
deficiente, analfabetas funcionales o en desventaja educativa, niños y 
adolescentes con trastornos de aprendizaje (dislexias, TDHA, etc.). En el 
caso de la tercera edad, muchas personas con problemas de senilidad, 
Alzheimer, deterioro cognitivo, pérdidas de memoria, etc., llegan a perder 
el gusto o el hábito de la lectura y les resulta difícil leer y entender la 
información cotidiana. Por su parte, entre las dificultades permanentes se 
incluyen las derivadas de alguna condición, enfermedad o discapacidad.
 
Por tanto, nos encontramos ante una situación en la que hay un número 
importante de personas que tiene problemas para enfrentarse a situaciones 
cotidianas que exigen la comprensión lectora. El lenguaje claro puede 
convertirse en una valiosa herramienta para mejorar este escenario. Ello 
requiere de políticas públicas que fomenten la comunicación accesible en 
equidad con los restantes ciudadanos. 
Por otro lado, la comunicación del Estado con los ciudadanos con educación 
precaria o disfuncionalidades lectoras requiere de herramientas que 
propicien, no solo su inclusión en el sistema, sino también el desarrollo 
y autovalimiento ciudadano. En este sentido, de acuerdo con datos 
estadísticos resultantes de las Pruebas Aprender 2017 del Ministerio de 
Educación de la Nación, el 41% de los alumnos no puede resolver problemas 
matemáticos sencillos, y el 18% no comprende textos básicos. 
El siguiente gráfico presenta los niveles de desempeño alcanzados en 
Lengua y Matemática de los estudiantes de escuelas secundarias de 5° 
y 6° año que participaron de la evaluación Aprender 2017. En el caso 
de Lengua, el 62,5% de los estudiantes alcanza niveles de desempeño 
satisfactorio o avanzado, mientras que el 37,5% no logra los requerimientos 
necesarios para comprender un texto. En Matemática solo el 31% de los 
estudiantes alcanza los niveles de desempeño satisfactorio o avanzado. 
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80
90
100
70
60
50
40
30
20
10
0
NIVEL DE DESEMPEÑO (%)
AVANZADO SATISFACTORIO
Lengua Matemática
BÁSICO POR DEBAJO DEL NIVEL BÁSICO
17.9
41.3
27.5
27.0
4.2
19.6
45.4
17.1
El nivel de desempeño que concentra la mayor cantidad de estudiantes 
es por debajo del básico con el 41, 3%.
En las pruebas Aprender 2019 se incrementa este porcentaje: en Lengua, 
de un 18% de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en 2017 
pasa a un 19% en 2019. En cuanto a los indicadores de desempeño en 
Matemática, también ponen en evidencia un incremento en el porcentaje 
de estudiantes que se ubican por debajo del nivel básico y de un 41,3% en 
2017 pasa a un 42,8% en 2019. 
Fuente: Aprender 2017. Informe de Resultados Secundaria
Por otro lado, en la Evaluación de la educación secundaria en Argentina 
2019 elaborado por el Ministerio de Educación y la Secretaria de Evaluación 
e información Educativa en 2020, indica que 2 de cada 10 estudiantes 
Natalia Staiano
19
2 de cada 10
estudiantes
pudieron resolver
actividades que 
requieren:
El hallazgo de equivalentes léxicos o sinónimos de
términos de uso poco frecuente, propios de la cultura
escrita o de disciplinas específicas, identificando vocablos
más cercanos a su registro lingüístico.
El reconocimiento, a partir de la lectura global del escrito,
de la estructura textual y de la sumatoria de recursos
utilizados, la intención del autor de textos expositivos.
•
•
del secundario no pueden reconocer palabras difíciles o alejadas del 
uso común, propias de disciplinas específicas, como lo son el Derecho 
y la Administración, y que corresponde al lenguaje que se utiliza en los 
organismos públicos y en la Justicia.
Fuente: Evaluación de la educación secundaria en Argentina 2019
Estos datos son alarmantes si pensamos que estos alumnos son los que 
ingresarán al futuro mercado laboral y comenzarán a participar de una 
vida cívica y política.
Asimismo, existen otras referencias educativas relativas a la población 
de jóvenes adultos y adultos en general, como las dificultades lectoras 
derivadas de la dislexia, que afecta a entre el 5% y el 10% de la población 
(conf. fundamentos de la Ley 27.306). A ello, deben agregarse a aquellos 
jóvenes adultos que no aparecen en las estadísticas de nivel educativo, pero 
sí en las de deserción escolar. Todas estas personas son también ciudadanos 
con la necesidad de acceder a la información que les otorga derechos e 
impone obligaciones, y en muchos casos afecta sus condiciones laborales.
Por último, existe otro universo de personas que si bien tiene competencias 
satisfactorias en cuanto a la comprensión de textos, no están familiarizados 
con el lenguaje de especialidad, como lo es el lenguaje jurídico administrativo. 
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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Y esto genera también una barrera que dificulta la comprensión y el 
ejercicio ciudadano.
Existen también algunos datos estadísticos elaborados por organismos 
públicos, como es el caso de la Dirección Nacional del Sistema Argentino 
de Información Jurídica (DNSAIJ). Entre noviembre y diciembre de 2017, 
realizó una encuesta a las personas que concurrían a los operativos «El 
Estado en tu barrio» en diferentes localidades de la provincia de Buenos 
Airespara indagar sobre la comprensión del lenguaje jurídico. De las 150 
personas encuestadas, el 81,33 % reconoció que nunca o solo a veces podía 
comprenderlo. Según manifiesta la coordinadora del área de Lenguaje 
Claro de la DNSAIJ, Constanza Solari3:
De las respuestas se evidenció también que el mayor conflicto en la 
comprensión del lenguaje jurídico (81%) aparece en el vínculo con los 
operadores jurídicos y la administración de justicia. Cuando se hace un trámite, 
se es parte de un proceso judicial o se habla con un abogado.
De este relevamiento, surgió la idea de crear un glosario con 921 términos 
jurídicos en lenguaje claro para que las personas puedan consultar. En la 
actualidad hay 1841 usuarios registrados, de los cuales 97 de cada 100 
que consultaron desde abril de 2017 hasta hoy valoraron positivamente la 
utilidad de este glosario jurídico. Los términos jurídicos fueron seleccionados 
a partir de un relevamiento de notas periodísticas publicadas en los ocho 
diarios de mayor circulación del país durante junio de 2016. 
Este glosario colaborativo está escrito por una comunidad de diez editores 
curadores referentes de las áreas de Trata, Violencias y ADAJUS y CONSAVIG 
3 Dicho testimonio está disponible en http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/derecho-simple/
Natalia Staiano
21
y de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia.
Una experiencia similar se detectó en los juzgados Penal, Contravencional 
y de Faltas N.° 10 y N.° 13 del Poder Judicial de la CABA. Como bien señalan 
los jueces de cada uno de estos juzgados, Dr. Pablo Casas y Dra. María 
Lorena Tula del Moral4:
En los procedimientos de faltas de la CABA (Ley 1217) no es obligatoria la 
asistencia de un abogado: sólo es necesario que se presente la persona 
acusada de cometer una infracción (art. 29 de la Ley 1217).
Los juzgados de primera instancia son los primeros en atender y resolver los 
conflictos que ingresan a la justicia. No sólo tienen la función de juzgar las 
conductas y establecer las penas, sino también la obligación de garantizar 
el derecho a comprender sus fundamentos y de qué forma impactará en la 
vida personal y familiar de los infractores.
En reiteradas oportunidades, las personas que concurrían al tribunal a ejercer 
este derecho manifestaron no comprender la notificación recibida por 
el lenguaje jurídico utilizado. Esta situación impactaba negativamente en 
el cumplimiento del proceso de faltas.
La solución que propusieron ambos jueces fue diseñar un nuevo documento 
de notificación en lenguaje claro para el procedimiento de faltas. Lo 
interesante de este nuevo documento es que fue validado tanto por la 
ciudadanía a través de las redes sociales (Twitter), como por los profesionales 
y especialistas en la temática de lenguaje claro. De este modo, lograron 
4 El testimonio de ambos jueces está disponible en http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/lenguaje-claro-
en-los-procedimientos-de-faltas-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-ley-caba-12127/
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El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
22
implementar un nuevo documento de notificación en el procedimiento de 
faltas, ajustado según las sugerencias de ambos colectivos. Con esta acción 
concreta, se vio beneficiada la ciudadanía en general y, en particular, todos 
los usuarios y agentes del servicio de justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Este alto nivel de comprensión del nuevo documento se vio reflejado en 
el resultado de las encuestas de satisfacción anónima elaboradas por cada 
juzgado a las personas que participaban en los procedimientos de faltas. 
Por su parte, la Oficina de Estadística de la Secretaría de Coordinación de 
Políticas Judiciales del Consejo de la Magistratura de la CABA junto con 
la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad 
publicó en 2015 una Encuesta de Acceso a la Justicia- Informe sobre 
la percepción de los habitantes de la CABA respecto de los niveles de 
acceso a la Justicia. Los resultados indicaron que sobre más de 2 millones 
300 mil casos relevados sólo al 18,3% de los encuestados le resultaba 
«comprensible el lenguaje utilizado en la Justicia».
Frente a estos datos estadísticos, el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió desarrollar un Programa de 
formación en lenguaje claro para todos los mediadores que participaran 
en las audiencias de mediación que se desarrollan en el Consejo de la 
Magistratura de la CABA. Cabe recordar que en este Consejo funciona un 
Centro de Mediación, cuyo cuerpo de mediadores realiza a diario audiencias 
de casos derivados por magistrados y funcionarios de la Jurisdicción. 
En estas audiencias de mediación, participan los ciudadanos involucrados 
en el conflicto y un/a abogado/a mediador/a que busca acercar a las partes 
para que puedan acordar una solución. 
Natalia Staiano
23
Este Programa de formación dio como resultado:
 � 17 mediadores formados en lenguaje claro, que comenzaron a 
aplicar las estrategias gramaticales y discursivas aprendidas en 
la capacitación en las audiencias de mediación a partir de enero 
de 2018.
 � Un mayor grado de comprensión de la terminología jurídica. A partir 
de una encuesta realizada a la población que asistió a las audiencias 
de mediación de junio a agosto de 2018, se detectó que el 98,9% de 
los asistentes a los procesos de mediación consideró comprensible 
el lenguaje de los mediadores.
Todos estos ejemplos intentan ejemplificar que esta brecha cognitiva 
solamente se salva con comunicación accesible. Por eso, el Lenguaje Claro 
es una herramienta muy valiosa que beneficia la accesibilidad cognitiva de 
la información escrita en el ámbito público y construye democracia lectora.
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2
El Lenguaje Claro
El lenguaje claro es un estilo de redacción que permite a las personas 
entender con facilidad lo escrito y se fundamenta en el derecho que tiene 
todo ciudadana/o a comprender los documentos públicos.
El objetivo es que los textos, sobre todo los legales, jurídicos y 
administrativos, se comprendan en una primera lectura, a fin de encontrar la 
información apropiada que permita tomar una decisión o iniciar una acción. 
Este estilo de redacción tiene en cuenta, además del texto, la estructura, 
la edición, el lenguaje visual y el diseño. Todos estos componentes son 
centrales para lograr claridad en la comunicación escrita. 
En este sentido, podemos decir que el lenguaje claro es la puerta de 
entrada a la democracia: todas las personas deben tener acceso a los 
textos redactados por las autoridades, y este acceso no es un solo un 
acto físico de estar disponibles en un lugar, sino que significa el acceso a 
la comunicación con alguien (Poblete, y Fuenzalida, 2018, p. 123).
Si bien las democracias actuales han incorporado la transparencia como uno 
de sus medios y principios clave de actuación, la transparencia y el acceso a 
la información no implican necesariamente conocimiento o entendimiento. 
Como bien sostiene, Cruz Rubio:
Natalia Staiano
25
La transparencia y el acceso a la información pública son medios necesarios, 
pero no suficientes para conocer, entender y comprender las decisiones y 
acciones del gobierno. En este sentido, el lenguaje claro es una herramienta 
clave que permiten mejorar la eficacia institucional, generar confianza e 
incrementar la calidad democrática de las instituciones y sus gobiernos. 
(2020, p.148)
Según la definición de Plain Language Association International (PLAIN) 
—asociación internacional que promueve el uso del lenguaje claro —, 
reafirmada por la norma ISO TC 37, una comunicación está en lenguaje 
claro si el lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público 
al cual se dirige, puede rápidamente:
 � encontrar lo que necesita,� comprender lo que encuentra y
 � utilizar dicha información. 
En este sentido, la comunicación con la ciudadanía y el objetivo de que 
comprenda aquello que la Administración Pública quiere transmitirle, pasa 
a ser lo primordial. Y este es el gran cambio cultural que este movimiento 
promueve: poner el foco en las necesidades de la persona destinataria.
Este cambio de paradigma implica, entre otros recursos, utilizar un estilo claro 
y directo; centrarse en el propósito comunicativo de lo que se dice o escribe, 
con el fin de simplificar los trámites y, fundamentalmente, promover un 
cambio cultural donde lo complejo y rebuscado deje de estar sobrevalorado. 
(Poblete y Fuenzalida, 2018, p.122).
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Por eso, un documento o mensaje en lenguaje claro privilegia un léxico, 
sintaxis y contenidos apropiados al lector, tiene un diseño que permite 
ubicar lo importante enseguida, se entiende con una lectura y además, 
cumple con los requisitos legales; en síntesis es comprensible. (Montolío, 
2018, p.53). Para el lenguaje claro, la comunicación se consuma cuando la 
persona destinataria comprende lo que se le transmite. Si este proceso 
no se culmina, se produce lo que se denomina «el fracaso comunicativo».
Es importante destacar que la claridad de los mensajes no supone una 
simplificación de los contenidos, ni una subestimación del receptor. Por el 
contrario, está vinculada con la efectividad de los mensajes. Desde esta 
perspectiva, un texto es eficaz si se comprende. 
Cualquier texto puede ser redactado en Lenguaje Claro. Esta metodología no 
implica merma de contenido, ni vulgarización del lenguaje, sino el reemplazo 
de giros, expresiones y términos, distanciados del uso habitual del lenguaje, 
por otros más cercanos y que todos puedan comprender.
El profesional del derecho debe esforzarse por ser claro y hacerse comprender, 
de la misma forma que el profesional de la sanidad, por ejemplo, adapta su 
lenguaje para que el paciente y su entorno le comprendan. (Ministerio de 
Justicia, 2011, p. 5).
En definitiva, una comunicación clara supone una responsabilidad para 
quienes elaboran los mensajes, por eso, la capacitación al personal y 
a sus funcionarios es clave para poder comenzar a aplicar estrategias 
gramaticales y discursivas, que apunten a esclarecer el contenido del 
mensaje para sus destinatarios.
Natalia Staiano
27
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha tomado un fuerte 
compromiso con el lenguaje claro. El año pasado ha dictado una capacitación 
virtual Democracia lectora y claridad administrativa en la que participaron 
agentes y funcionarios de diferentes jurisdicciones con el compromiso de 
fomentar y aplicar ese conocimiento en su entorno laboral. Fue un espacio 
de gran intercambio, que buscó reflexionar acerca del rol que cumple el 
lenguaje claro en el acceso de la ciudadanía a la información pública y 
brindó herramientas conceptuales para conocer las estrategias gramaticales, 
discursivas y de diseño en textos específicos para lograr comunicaciones 
claras y precisas. 
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28
Antecedentes históricos sobre la claridad
La preocupación por la claridad no es nueva, se remonta a la época clásica. 
Desde Quintiliano con su famosa frase «el primer requisito de la elocuencia 
es la claridad» en Instituciones Oratorias se ha reflexionado sobre la 
importancia de la claridad, precisión y concisión en el discurso jurídico. 
 
En el Renacimiento, Erasmo de Rotterdam en la Educación del príncipe 
cristiano, ya señala sobre la necesidad de que las leyes que rigen una 
ciudad o un reino sean claras y muy bien conocidas por el pueblo. Las leyes, 
según Erasmo, deben formularse en términos claros, sin asomo alguno de 
ambigüedad (Castán Vásquez, 1977).
Los problemas vinculados con la redacción y aplicación de las leyes se 
convertirán en un asunto de mayor importancia a partir de mediados del 
siglo XVIII, especialmente por la influencia Del espíritu de las leyes, obra 
del filósofo y jurista francés Montesquieu, para quien el estilo era un factor 
determinante en la elaboración de las leyes. Montesquieu elabora un tratado 
en el que pondera la fuerza influyente que ejercen las leyes en la vida del 
hombre. Específicamente en el libro XXIX «Del modo de componer las 
leyes», Montesquieu, a través de diecinueve capítulos, expone con claridad 
y ejemplos históricos y jurídicos del derecho romano y leyes griegas, temas 
3
Natalia Staiano
29
como el espíritu del legislador, el fin de las leyes, qué factores deben tenerse 
en cuenta para la redacción de los textos legales:
Su estilo debe ser conciso. Las Leyes de las Doce Tablas son un modelo de 
precisión (...). El estilo de las leyes ha de ser sencillo; la expresión directa se 
entiende siempre mejor que la expresión redundante. Cuando el estilo de 
las leyes es ampuloso se consideran como obras de ostentación. Es esencial 
que las palabras de las leyes susciten las mismas ideas en todos los hombres 
(...). Después que se han fijado bien las ideas de las cosas en una ley, no 
hay que explicarlas por medio de otras expresiones vagas (...). Las leyes no 
deben ser sutiles, pues están hechas para gentes de entendimiento medio. 
No son un arte de lógica, sino el argumento sencillo de un padre de familia 
(...). (Montesquieu, 2000, pp. 399 a 401).
En este mismo siglo, el penalista italiano Marqués de Beccaría consideraba 
que cuantas más personas entendieran las leyes, menos frecuentes serían 
los delitos «porque no hay duda de que la ignorancia y la incertidumbre de 
las penas ayudan la elocuencia de las pasiones» (2015, p.24). En el capítulo 
5, «sobre la oscuridad de las leyes», de su obra De los delitos y las penas, 
podemos leer: 
Si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidentemente la oscuridad, 
que arrastra consigo necesariamente la interpretación, y aun lo será mayor 
cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo, que 
lo ponga en la dependencia de algunos pocos, no pudiendo juzgar por sí 
mismo cual será la suerte de su libertad o de sus miembros, en una lengua 
que forma de un libro público y solemne uno casi privado y doméstico (p. 24).
Cuadernos del INAP
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También en el siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham analiza la 
conexión entre la ley y el lenguaje. En su Tratados de legislación civil y 
penal se encuentra la esencia de su argumento:
El arte de legislar precisa un estricto dominio del lenguaje pues, al fin y al 
cabo, las leyes son palabras y la vida, libertad, propiedad, honor, todo lo más 
precioso que tenemos depende de la elección de las palabras (…). La claridad 
y la brevedad son las dos cualidades primarias o principales del estilo de 
las leyes (…). La propiedad de las palabras, la armonía, todas las bellezas 
del estilo deben sacrificarse a la claridad (…). Lo esencial es que la voluntad 
del legislador se manifieste de modo que no pueda haber duda ni disputa 
sobre ella, y que pueda entenderla cualquier hombre dotado de una razón 
común. (Bentham, 1822, pp. 340-346). 
Para este filósofo, la elaboración de las leyes debía hacerse de tal modo 
que fueran comprensibles, que la «sencillez domine en el estilo», porque 
«la ley debe ser el manual de instrucción de cada ciudadano, y es necesario 
que él mismo pueda consultarla en sus dudas, sin tener necesidad de 
intérprete» (p. 161). 
En Nomografía o el arte de redactar leyes (2004), Bentham analiza la 
importancia de la concisión en las leyes, Por esta razón, formula una serie de 
recomendaciones para mejorar el estilo de los textos legales. Los primeros 
atributos que resaltó fueron la claridad, la brevedad y el uso de un lenguaje 
ordinario pues el destinatario delas normas es el ciudadano. 
Más aún, Bentham dedica todo el capítulo VII a resaltar la importancia del 
lenguaje. Igual que existe un lenguaje técnico en otras ramas del saber, 
como en la medicina, el ámbito jurídico también tiene el suyo propio. Pero 
Natalia Staiano
31
al igual que el lenguaje médico tiene como fin sanar al cuerpo natural, «el 
lenguaje aplicado a los desórdenes del cuerpo político, debe ser elevado 
a la misma altura en la escala de dignidad». De ahí que no dude Bentham 
en apelar a que «todas las personas deseosas de mejorar las instituciones 
legales deban también estar deseosas de mejorar el lenguaje legal» (p.92). 
Y postula el filósofo: 
Que se acuñen y acepten todas las palabras y frases nuevas que sean 
necesarias para la sustitución del error por la verdad, de la oscuridad o 
la ambigüedad por la claridad, de la charlatanería por la concisión. (p.93).
En el siglo XX, el filósofo jurídico estadounidense Lon Fuller en La moral 
del Derecho (1967) señala también la importancia que tiene la claridad 
en las leyes, para quien resulta «evidente que una legislación oscura e 
incoherente puede hacer que la legalidad sea inaccesible» (p. 75).
Todas estas citas refieren a preocupaciones históricas sobre las 
barreras que se fueron construyendo entre el Estado y sus ciudadanos 
y demuestran cómo la búsqueda de la claridad, concisión y precisión 
en las leyes no es nueva.
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La simplificación del lenguaje jurídico, 
administrativo y documental
En el apartado anterior, hicimos un recorrido histórico sobre la importancia 
que tenía la claridad en las leyes para los filósofos, ya incluso desde tiempos 
de la retórica clásica. Esta preocupación por la claridad, concisión y precisión, 
también se extiende al siglo XX, pero ahora no solamente se circunscribe a 
textos legales, sino a cualquier comunicación que tenga como destinataria 
a la ciudadanía.
Esto no es casual ya que en el siglo XX comienzan a gestarse varios 
movimientos de empoderamiento ciudadano. Muchas personas que hasta 
el momento carecían de ciertos derechos comienzan poco a poco a tenerlos. 
A su vez, la inmediatez que proporciona la tecnología y que ha facilitado 
muchos aspectos de nuestra vida individual y social ha sido una poderosa 
herramienta para el empoderamiento ciudadano. La gran revolución de 
este siglo han sido las comunicaciones, producto del avance tecnológico. 
Nuestro modo de comunicarnos y de relacionarnos se ha transformado en 
menos de veinte años por las nuevas tecnologías de la información (Tics). 
Hoy tenemos más espacios para interactuar con las instituciones y más 
información accesible, lo que nos otorga una participación más activa en 
la sociedad en general y en las estructuras políticas y administrativas en 
4
Natalia Staiano
33
particular, y esto genera cambios políticos, sociales, económicos y potencia 
también la generación de nuevos derechos. 
Uno de los derechos que fue ganando protagonismo en las últimas décadas 
y que sitúa a las personas en el centro de la comunicación es el derecho a 
comprender (Sánchez, 2011). Si las nuevas tecnologías, como señalamos, 
nos acercan la información que necesitamos para desenvolvernos en la 
sociedad, eso no resulta suficiente. Que la información esté disponible en 
un sitio web no significa que esta información sea cognitivamente accesible. 
¿Cuántas personas son capaces de leer una ley y comprenderla? ¿Cuántas 
descifran un contrato o una sentencia? ¿Quién puede quejarse o reclamar 
algo, si los criterios o las vías para hacerlo no están claros?
En este sentido, la decisión de modernizar y hacer más clara la comunicación 
con la ciudadanía se enmarca en una serie de iniciativas de alcance 
internacional que intentan solucionar estos interrogantes y disminuir esta 
brecha cognitiva.
Si hacemos un recorrido, podemos indicar sus orígenes, en el Reino Unido 
y en Estados Unidos, en la década de los 70, bajo la denominación Plain 
English Campaign (Campaña por un inglés llano)5 . Esta campaña fue iniciada 
por los grupos de defensa del consumidor con el objetivo de luchar contra 
un inglés incomprensible empleado en el discurso administrativo y jurídico. 
5 En Inglaterra, Winston Churchill fue uno de los precursores del lenguaje claro. Ya en agosto de 1940, 
a través de un memorando de gabinete de guerra, apela a la brevedad, señalando: « Para hacer nuestro 
trabajo, todos debemos leer una gran cantidad de papeles. Casi todos son demasiado largos y perdemos 
tiempo. La energía debe ser usada buscando los puntos esenciales». Disponible en https://www.
economiaysociedad.cl/brevity Los planteos del primer ministro son aceptados durante el conflicto bélico, 
pero recién se sistematizan treinta años más tarde en el ámbito civil cuando se da inicio a lo que en la 
actualidad llamamos el «movimiento por un lenguaje claro».
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34
A partir de los años sesenta y setenta las asociaciones de consumidores 
de los EE. UU. se dieron cuenta de que para defender a sus asociados era 
necesario comprender los textos importantes que afectan a los ciudadanos: 
leyes, normas, pólizas de seguros, impresos, contratos, sentencias, garantías, 
instrucciones, etc. (…) Esas asociaciones empezaron a exigir que esta 
documentación se escribiera con un estilo llano, asequible para todos. 
(Cassany, 1993, p.9).
Estos principios de simplificación se aplicaron no solo a los documentos 
estrictamente jurídicos, sino también ―y sobre todo― a algunos formularios 
administrativos y documentos comerciales de bancos, compañías de seguros 
y empresas multinacionales. Por ejemplo, en 1975, el Citibank de Nueva 
York reescribió sus formularios de préstamos para adaptarlos al nuevo 
estilo llano (Cassany, 1993, p.9).
Luego, el movimiento llegó hasta instancias gubernamentales y, así, en 
esa misma década, se emitieron decretos presidenciales que regulaban la 
necesidad de que los documentos legislativos estuvieran redactados en 
un lenguaje claro, accesible a los ciudadanos legos en la materia. 
Fueron tales los avances que hasta el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) 
ordenó a las principales agencias estadounidenses utilizar un lenguaje claro 
en los documentos públicos. Seguidamente, los Gobiernos de Jimmy Carter 
(1977-1981), Bill Clinton (1993-2001) y Barack Obama (2009-2017) hicieron 
lo propio. (Arenas, 2019, p.254).
La campaña se extendió a otros países anglosajones, como Canadá y 
Australia, y recibió una denominación más amplia: la de Movimiento por 
un lenguaje claro (Plain Language Movement). 
Natalia Staiano
35
En tanto en la Unión Europea (UE), debido a la existencia de casi tantos 
idiomas como países pertenecientes, las necesidades de traducción tomaron 
una importancia especial. Por eso, «desde 2010 se publica un cuadernillo 
en todos los idiomas oficiales que es parte de un programa para redactar 
claramente, denominado How to write clearly» (Richardson, 2015, p.9). 
Aunque el avance en el ámbito europeo ha estado marcado por la necesidad 
de traducir los textos a las lenguas oficiales de los países miembros, «lo 
cierto es que sirve de muestra para apreciar las políticas de la UE, que, 
desde hace muchos años se han centrado —entre otros aspectos—, en la 
claridad del derecho» (Carretero, 2018, p.3).
Este movimiento hoy se desarrolla también en varios países 
hispanohablantes, como España, México Chile, Colombia y Argentina, entre 
otros, con el objetivo de trabajar por una sociedad más inclusiva, en la que 
las normas sean comprensibles para todas las personas, las sentencias 
judiciales se entiendan y los contratos sean transparentes. 
La experiencia de todos estos países ha demostrado que el uso del lenguaje 
claro en las leyes, en las resoluciones administrativas y en las sentencias 
tiene un impacto positivoen los sistemas democráticos porque mejora 
la confianza del ciudadano en sus instituciones, reduce la corrupción, y 
fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. A continuación, vamos 
a describir algunos ejemplos de buenas prácticas en lenguaje claro que 
algunos países vienen desarrollando en el ámbito público.
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El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
36
Buenas prácticas internacionales en 
Lenguaje Claro
La experiencia en materia de simplificación del lenguaje jurídico, 
administrativo y documental tiene un crecimiento sostenido. A modo de 
ejemplo de buenas prácticas mencionamos las siguientes:
 � Suecia: fueron los pioneros del lenguaje claro. Comenzaron 
contratando a un experto lingüista para hacer más claros los 
documentos gubernamentales. Tuvo rápida aceptación y el 
lenguaje claro se extendió a otros sectores del Estado, incluso al 
sector privado. Actualmente, cualquier documento público sueco 
ha de llevar el sello de un experto en lenguaje que asegure que 
el documento cumple con los requisitos de claridad. En 2008, 
el gobierno sueco creó una comisión de investigación llamada 
«Comisión sobre la Confianza», a la que se le encargó un estudio 
sobre la comunicación entre los tribunales y los ciudadanos. 
http://www.plainlanguage.gov/usingPL/world/world-sweden.cfm
 � Reino Unido: en 1979 iniciaron una campaña para combatir 
el lenguaje burocrático que resultaba tedioso y muchas veces 
incomprensible. También fundaron organizaciones y organismos 
5
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37
dedicados a brindar capacitación en materia de lenguaje claro. 
Han creado: a) La comisión del lenguaje claro que acredita y certifica 
sitios gubernamentales con su propio logo, dando fe de que los 
textos y documentos de dichas páginas están escritos en lenguaje 
claro; b) La campaña de lenguaje claro: es un grupo independiente 
que ejerce presión para que las instituciones estatales se expresen 
en lenguaje claro. http://www.plainenglish.co.uk/
 � Australia: Este movimiento comenzó en 1987 con una unidad 
encargada de reescribir formas y documentos ya existentes, con el 
fin de ahorrar gastos utilizando el uso del lenguaje claro. A partir de 
ahí han surgido varias iniciativas: a) Office of Parliamentary Counsel 
(1990): aprueba el Green Paper para introducir el inglés sencillo en la 
actividad de la Administración; b) Federal Court of Australia: en su 
página web se recogen apartados de información a modo de ayuda, 
por ejemplo, glosarios de términos para las personas que deben 
acudir o actuar ante los Tribunales; c) Law and Justice Foundation: 
Iniciativa privada promovida por la Fundación Derecho y Justicia, 
cuyo objetivo principal es la promoción del inglés sencillo para hacer 
más comprensible la información legal, a través de guías, las cuales, 
abarcan desde la redacción de documentos, hasta la elaboración de 
páginas web en lenguaje sencillo, incluyendo diferentes consejos 
prácticos al respecto.; d) University of Technology Sidney: Plan 
para la implantación del inglés sencillo en la Universidad, tanto en 
los programas de los diferentes estudios como en los documentos 
y comunicaciones internas y externas.
 � Estados Unidos: En los años 1970, el lenguaje claro se implementó 
en los campos del derecho y el gobierno, como lo comprueba la 
popularidad de los libros como Plain English for Lawyers (lenguaje 
Cuadernos del INAP
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claro para abogados) y la aprobación de una ley especial en 1976, en 
la que se promueve el uso del lenguaje claro en las normas jurídicas. 
A finales de la década de 1990, el presidente Bill Clinton hizo del 
lenguaje claro una iniciativa importante de su administración. En 
un memorando presidencial, formalizó el requerimiento de que 
todas las nuevas normas y regulaciones fueran escritas en este 
estilo. Con Barack Obama, se logra en 2010 el Acta por la Escritura 
Clara, que obligaba por ley a las diferentes agencias y secretarías 
del Gobierno norteamericano a comunicarse con claridad con sus 
ciudadanos. Ese mismo año, además, se activó un nuevo sistema 
para que el lenguaje claro se aplicase también a las páginas web 
de la Administración, que desde entonces funcionan con un estándar 
de diseño y escritura más sencillo. Recientemente incluso se han 
puesto a disposición del público todos los recursos en repositorios 
abiertos de software libre lo que, además, representa un ahorro 
gigante de recursos.
 � México: En 2006, desde la Secretaría de la Función Pública (Gobierno 
del presidente Vicente Fox), se inicia un trabajo sostenido en términos 
de escribir toda la documentación de la Administración pública en 
lenguaje claro. Se elabora el Manual de lenguaje ciudadano (2017) 
y se realizan capacitaciones a funcionarios públicos para motivar la 
reescritura de documentos de manera que fueran comprendidos por 
los usuarios. Esta iniciativa se inserta en una política que sostiene 
que simplificar y clarificar el lenguaje redundará en bajar los índices 
de corrupción. En la actualidad, esta iniciativa perdió fuerza, a pesar 
de las buenas prácticas que se evidenciaron, y solo están vigentes 
en el ámbito académico o en el mundo privado.
Natalia Staiano
39
 � Chile: En agosto de 2004, el presidente del Senado inauguró el 
seminario Transparencia, derecho y lenguaje ciudadano, en el que 
participaron destacados académicos. El seminario se concentró 
en el análisis del desafío de conectar el trabajo legislativo con 
la ciudadanía a través de un lenguaje claro. Por su parte, el 
Poder Judicial chileno lanzó una propuesta interna de proyecto 
de Simplificación de resoluciones judiciales que se concretó en 
una Comisión de Lenguaje permanente en la Corte Suprema. 
Hoy Chile cuenta con una Red nacional de Lenguaje Claro y una 
página web oficial con leyes en lenguaje claro, incluso en las 
lenguas originarias: aymara, quechua, mapudungun, rapa nui. 
https://www.bcn.cl/leyfacil 
 � España: En la década de los ochenta se cristaliza el interés por 
la calidad de los textos que produce la Administración. En 1990 
se publica el Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo y en 
2009 se crea la Comisión de Modernización de Lenguaje Jurídico 
dependiente del Ministerio de Justicia español, con el objetivo 
de modernizar este lenguaje jurídico a través de una sintaxis y 
estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Por su parte, 
el Ayuntamiento de Madrid inició a comienzos de 2017 un proyecto 
piloto de Comunicación Clara liderado por el Área de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y ejecutado con 
la colaboración de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y 
Prodigioso Volcán. En 2017, publica el Libro de Estilo de la Justicia, 
editado por la Real Academia Española en el que se sistematizan 
pautas de estilo que buscan una cierta homogeneización de la 
producción jurídica escrita desde la perspectiva del lenguaje claro.
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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 � Francia: En 2002, el Gobierno francés creó el Comité para 
simplificar el lenguaje administrativo o COSLA por sus siglas en 
francés. Dicho Comité fue creado por el Ministerio del Servicio Civil 
y el Ministerio de Cultura con la misión de mejorar la calidad del 
lenguaje oficial y de verificar que las propuestas hechas por el 
Comité se pongan en práctica . 
http://bit.ly/2fs0yKQ
 � Canadá: En 1971 el gobierno instituyó la Comisión para la Reforma 
de la Ley. Dicha Comisión tenía la responsabilidad de revisar 
todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones 
para su mejora. En 1976, la Conferencia de LenguajeUniforme, 
elaboró las Convenciones para Escritura Legislativa que 
incorporaba principios de lenguaje claro. Estas Convenciones 
tenían como objetivo modernizar y estandarizar los estilos de 
escritura en todo documento normativo. Desde entonces existe 
un esfuerzo gubernamental permanente a través del Comité 
Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de 
Alfabetización para adoptar el uso de las técnicas del lenguaje claro. 
http://bit.ly/1aIKiCb
 � Colombia: En 2018, se crea la Red de lenguaje claro de Colombia 
y ya han reescrito más de cincuenta documentos de entidades 
públicas en lenguaje claro.
 � Asociaciones internacionales que promueven la investigación, 
difusión y uso del lenguaje claro:
Natalia Staiano
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Red que reúne a más de 650 profesionales comprometidos con la 
promoción del lenguaje claro en 50 países.
Cuenta con miembros en más de veinte países. Su objetivo principal 
es aumentar el interés sobre el lenguaje claro como un medio para 
hacer que las comunicaciones del gobierno, las empresas, la industria, 
las profesiones (incluidas las profesiones médicas, legales, de gestión 
de la información, educación y comunicaciones) sean accesibles
Ofrece un servicio para hacer claro cualquier tipo de texto desde 
textos comerciales hasta campañas de información pública y 
textos legales.
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Marco normativo que promueve el uso de 
lenguaje claro en la Argentina
En Argentina, el movimiento por un lenguaje claro tuvo un fuerte impulso 
con la implementación de políticas públicas referidas a la necesidad de 
transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. 
En este marco, la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información 
Jurídica (DNSAIJ) implementó a través del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos un servicio web, donde se explican las principales leyes en un 
lenguaje claro, para que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones6. 
También cuenta con un glosario jurídico en lenguaje claro elaborado por 
la comunidad, donde se explican los significados y usos de estos términos 
jurídicos. 
En 2018, se constituyó la Red de Lenguaje Claro Argentina7, en la que 
participan como miembros fundadores la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
6 http://www.derechofacil.gob.ar/ En este sitio web, se pueden encontrar las principales leyes, decretos y 
resoluciones de manera sencilla.
7 http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/En esta página podrán encontrar material, como manuales y 
bibliografía, sobre este tema.
6
Natalia Staiano
43
Senado de la Nación. El objetivo de la Red es promover en los organismos 
del Estado y demás instituciones públicas, el uso de un estilo de redacción 
simple y eficiente en los documentos y actos públicos, como una forma 
de facilitar la comprensión y el acceso universal de todos los ciudadanos 
al adecuado ejercicio de sus derechos y deberes. 
La Red busca garantizar la transparencia de los actos de gobierno, el 
derecho a entender, el acceso a la información pública, el fortalecimiento 
de la democracia y la confianza en las instituciones. En la actualidad, la 
Red cuenta con los siguientes miembros activos, quienes coinciden en la 
necesidad de darle a la ciudadanía un lugar central en las comunicaciones 
del Estado: 
Miembros de la Red Lenguaje Claro Argentina
1. Asociación civil Pleca (Profesionales de la Lengua Española Correcta de la Argentina)
2. Cámara de Senadores de Mendoza
3. Centro de Estudios de Accesibilidad Universal de la Facultad de Cs Políticas y Sociales de la 
UNCuyo
4. Círculo de Legisladores de la República Argentina
5. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
6. Consejo de la Magistratura de CABA
7. Defensor del Pueblo de la Nación
8. Dirección de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia de la Dirección Nacional del 
SAIJ
9. Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación
10. Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
11. Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil
12. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
13. Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza
14. Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
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15. Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina
16 Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento – 
CIPPEC
17. Honorable Senado de la Nación
18. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires
19. Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS)
20. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
21. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
22. Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
23. Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires
24. Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
25. Red de Lenguaje Claro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
26. Red de Lenguaje Claro de Mendoza
27. Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación
28. Sindicatura General de la Nación
29. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
30. Suprema Corte de Justicia de Mendoza
31. Universidad Nacional del Sur
32. Universidad Nacional Guillermo Brown
Otro hecho importante para la consolidación del lenguaje claro en la agenda 
pública, fue la incorporación de la Red de Lenguaje Claro Argentina en el 
Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023, aprobado por Decreto 258/2019. 
En este decreto, se menciona a la Red (en el apartado 91) como una buena 
práctica innovadora de alto impacto para el fortalecimiento institucional, 
en línea con las políticas de transparencia y gobierno abierto y con los 
Natalia Staiano
45
objetivos fijados por el Decreto 891/2017, en el que se aprobaron las Buenas 
Prácticas en materia de simplificación para el Sector Público Nacional. 
Este Decreto 891/2017 propone establecer normas y procedimientos 
claros, sencillos y directos que pongan en primer plano a la ciudadanía. 
En particular, en su artículo 3, el decreto establece que «las normas y 
regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil 
comprensión» y en su artículo 11 se refiere a la comunicación eficiente en 
el sector público «Los organismos del Sector Público Nacional deberán 
promover el intercambio de buenas prácticas comunicacionales intra y extra 
organismos. La totalidad de las medidas dispuestas deberán comunicarse 
de manera clara y eficiente».
Complementa la normativa básica en esta materia la Ley 27.275, que 
tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia 
de la gestión pública y obliga a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación), a brindar datos a cualquier persona que lo 
requiera. Las publicaciones, además deben realizarse de manera 
accesible, gratuita, actualizada. 
Finalmente, el lenguaje claro se consolida como política pública en octubre 
de 2020 cuando el Poder Ejecutivo bonaerense promulga la Ley 15.184 para 
garantizar el derecho de toda la ciudadanía a comprender la información 
pública a través del uso de un lenguaje claro en los textos legales y formales. 
En este sentido, esta ley cumple con el derecho a la información, consagrado 
constitucionalmente, y que va más allá de que un texto, norma,documento 
o resolución esté disponible. Implica, sobre todo, que se comprenda. 
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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En este sentido, la implementación del lenguaje claro en los organismos 
públicos encuentra su fundamento jurídico en las leyes 27.275 y 15.184, en 
el Decreto 891/17, en las políticas públicas de modernización del Estado 
que fortalecen la rendición de cuentas y el control ciudadano, como así 
también en los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que 
entienden que las buenas prácticas en comunicación clara conducirán al 
objetivo final de lograr una Argentina inclusiva, donde todas las personas 
tengan la oportunidad de entender y ejercer sus derechos y deberes. 
Natalia Staiano
47
Conclusiones y reflexiones finales
A lo largo de este trabajo intentamos demostrar cómo el lenguaje claro 
es un instrumento eficaz para el fortalecimiento de la democracia, ya que 
fomenta la equiparación de oportunidades y genera herramientas para el 
autovalimiento y la ciudadanía inclusiva. En efecto, para ser ciudadanos 
con plenos derechos y participar en la construcción del espacio público, 
el primer paso es entender lo que las instituciones y las empresas nos 
transmiten, nos proponen, nos piden cumplir o nos ocultan. 
Los estándares actuales de transparencia implican que ya no basta con 
la presunción del conocimiento de la ley, vigente en nuestro Código 
Civil y Comercial de la Nación (artículo 8), sino que se debe avanzar 
hacia el cumplimiento del derecho que poseen los ciudadanos a acceder 
cognitivamente a la información pública, esto significa el derecho a 
comprender la información para poder ejercer nuestros derechos y cumplir 
con nuestras obligaciones. 
Y este derecho se consolida como un nuevo derecho ciudadano, 
imprescindible en la sociedad de la información, porque leer y entender la 
información que nos transmiten los poderes del Estado, la Administración 
Pública, el Banco, no es una opción. Por otro lado, este derecho a comprender 
interpela a toda la sociedad, desde el sistema educativo en todos sus 
niveles―enseñar a pensar y a expresarse con claridad― hasta el sistema 
político en su función de distribuir valores que la sociedad considera útiles, 
como lo es, una comunicación clara. 
Por eso, el movimiento por un lenguaje claro plantea que «toda la 
ciudadanía tiene derecho a comprender sin necesidad de un “traductor” las 
Cuadernos del INAP
El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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comunicaciones verbales o escritas de las instituciones». Como ya señalamos, 
«un mal uso del lenguaje genera inseguridad jurídica e incide negativamente 
en la solución de los conflictos sociales» (Ministerio de Justicia, 2011 p. 
3). Sobre este aspecto dan cuenta las diferentes experiencias mundiales 
cuando sostienen que el uso de un lenguaje claro permite incrementar 
la confianza de la ciudadanía en su gobierno y ayuda a transformar a las 
instituciones en organizaciones confiables, transparentes y cercanas a la 
sociedad, en un marco de legalidad. 
En efecto, si la norma jurídica afecta a todos los ámbitos de la vida individual 
y social de las personas, lo esperable es que sea clara. No puede cumplir 
su función ni gozar de prestigio una justicia o un parlamento que no se 
comprende. Una justicia y un parlamento adecuados a nuestro tiempo 
deben poder expresarse con precisión técnica, claridad y concisión.
Y esta afirmación cobra especial énfasis en tiempos de coronavirus, 
donde las personas nos vimos obligadas a aislarnos, tecnologizarnos y 
comunicarnos en forma virtual tanto con nuestro entorno familiar, social 
como laboral. Quizás nunca antes haya sido más importante poder acceder a 
una información comprensible y fiable para poder resolver los problemas que 
esta pandemia trajo aparejados. Una cantidad sin precedente de personas 
enfrentan problemas jurídicos y emocionales relacionados con riesgos de 
salud, depresión, angustia, desempleo, desalojos y el consecuente aumento 
de la violencia doméstica, por eso resulta imprescindible que, al menos, 
cuenten con información accesible y fidedigna para poder encarar estos 
problemas.
Por eso, el objetivo del lenguaje claro se centra en evitar no solo la opacidad 
y la falta de claridad en el lenguaje utilizado en los documentos, sino también 
la frialdad, el distanciamiento e incluso la descortesía y así poder acercarse 
Natalia Staiano
49
un poco más a las necesidades de la gente. Cuando observamos el exceso 
de tecnicismos y la falta de empatía que presentan algunos textos legales, 
jurídicos y administrativos comprobamos cómo dejan de cumplir con la 
función social a la que están llamados. Y para que esta función social, 
que es la finalidad del Estado, pueda concretarse se requiere, como ya 
señalamos, el compromiso tanto de quienes ocupan determinados cargos 
en la sociedad como de las propias instituciones implicadas.
Para finalizar este Cuinap, nos parece importante insistir en el rol del 
lenguaje claro como política pública eficiente que democratiza el acceso a 
la información, potencia la interacción del Estado con la ciudadanía y ayuda 
a construir instituciones más sólidas y transparentes. En este sentido, 
estamos convencidos de que la claridad debiera considerarse como un 
servicio público y que la modernización del Estado va más allá del uso 
intensivo de las nuevas tecnologías o de la mejora del modelo de gestión de 
los recursos públicos. Un Estado moderno es un estado que la ciudadanía 
es capaz de comprender. 
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El Lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía
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