Tesina - Lucas Grimolizzi

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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario de Integración y Aplicación 
Licenciatura en Economía 
2do Cuatrimestre 2021 
 
 
 
 
 
Datos del alumno 
Número de Registro: 890.852 
Apellido y Nombre: Grimolizzi, Lucas Damián 
Mail: lucasgrimolizzi@gmail.com 
 
 
Datos del Tutor 
Apellido y Nombre: Alperovich, Joaquín 
 
 
Título del trabajo: Ingreso Básico Universal: Costos e implicancias fiscales de su 
implementación en Argentina 
 
 
 
7 de Diciembre de 2021 
mailto:lucasgrimolizzi@gmail.com
 
Índice: 
 
Introducción 3 
Capítulo 1: Ingreso Básico Universal (IBU) 5 
 1.1 Distintas definiciones y características 5 
 1.2 Experiencias y estudios internacionales 8 
Capítulo 2: Instrumentos de la seguridad social argentina 13 
 2.1 Breve repaso histórico y actualidad 13 
 2.2 Costo fiscal de las políticas sociales 18 
Capítulo 3: Análisis comparativo de las políticas sociales 21 
 3.1 Asignación Universal por Hijo (AUH) 21 
 3.2 Asignaciones familiares y programas sociales 24 
Capítulo 4: Costo fiscal del IBU en Argentina 28 
 4.1 Metodología de estimación 28 
 4.2 Obtención de datos 29 
 4.3 El esfuerzo fiscal de tener un Ingreso Básico Universal 30 
Capítulo 5: El IBU como política de seguridad social 34 
 5.1 Evaluación del costo fiscal, intensidad y amplitud de la cobertura 34 
Conclusiones 38 
Bibliografía 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
En la presente tesis se buscará responder si el Ingreso Básico Universal puede 
ser implementado en Argentina como política de largo plazo, para mejorar la protección 
social de la población. Por otra parte, se analizará si una porción del costo fiscal que 
conlleva su aplicación puede ser compensada con la absorción y reemplazo de algunos 
de los actuales instrumentos en materia de política social. 
La motivación inicial de este trabajo surge a partir de la observación de los niveles 
relativamente altos de indicadores socioeconómicos de Argentina como la pobreza, 
indigencia o desocupación. Si bien con la recuperación económica de la crisis del 2001 
han disminuido notablemente durante la primera década del siglo XXI, ya en la segunda 
se verifica un estancamiento en la reducción de los mismos y un posterior incremento en 
los últimos años. 
Con la aparición de la pandemia por el COVID-19, todos estos indicadores han 
empeorado como lo demuestran los datos del INDEC1. En este contexto, a los ya 
existentes trabajos sobre el IBU, se han sumado muchos estudios que enfatizan la 
necesidad de tener un modelo de protección social que sea universal e incondicional. 
Como se mencionó en un principio, se verificará la posibilidad de reemplazar 
algunos programas sociales actuales con la implementación superadora de un IBU. Para 
ello, se realizarán diversos análisis no solo de los costos fiscales de cada uno de ellos, 
sino que se procurará contar con una comparación cualitativa que demuestre los 
beneficios y perjuicios de la sustitución. En este sentido se hará énfasis en cuestiones 
como la amplitud e intensidad de cobertura y la condicionalidad. 
Para lograr este objetivo, la tesis se dividirá en cinco capítulos que se expondrán 
de la siguiente forma: 
En el primer capítulo se definirá el concepto del Ingreso Básico Universal (IBU) y 
se hará una descripción de las características del mismo. Para ello, serán utilizados 
diversos trabajos existentes con distintos puntos de vista, algunos a favor y otros más 
cautelosos, que serán útiles para tener una definición más amplia del IBU. También serán 
enunciadas algunas pruebas piloto que se han llevado a cabo alrededor del mundo y, 
como complemento, algunos estudios empíricos de implementación a nivel internacional. 
El segundo capítulo contendrá un repaso histórico del sistema de seguridad y 
asistencia social argentino, con sus definiciones, características y modificaciones a lo 
largo del tiempo. Luego se hará un análisis general de los costos fiscales de los mismos, 
 
1 Información obtenida del INDEC, de sus cuadros estadísticos respecto a Pobreza e Indigencia: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152
 
para luego focalizar en aquellos instrumentos que serán captados como posibles 
políticas a ser absorbidas por el IBU. 
Siguiendo la misma temática, el capítulo tres profundizará el análisis de las 
políticas seleccionadas anteriormente. Ya no solamente en cuestiones fiscales o 
monetarias, sino que se buscará identificar beneficios y contras de cada una de ellas en 
características como la amplitud e intensidad de cobertura, entre otros. Para este 
propósito, primero se evaluará la Asignación Universal por Hijo de manera individual por 
las estrechas semejanzas que se observan con el IBU. Luego se analizarán los demás 
instrumentos elegidos, como las asignaciones familiares, programas alimentarios o 
becas. 
Retomando el análisis del IBU en el cuarto capítulo, en primer lugar se explicará 
la metodología utilizada para realizar las estimaciones fiscales en base a trabajos 
anteriores. Luego se procederá a realizar los cálculos necesarios para obtener una 
dimensión clara del costo fiscal que requiere un IBU para la población activa respecto a 
cuatro niveles de ingreso. 
En el último capítulo, luego de haber analizado todos y cada uno de los programas 
y políticas ya mencionados, se hará una comparación exhaustiva para verificar las 
posibilidades, ganancias y falencias que puede tener la implementación del IBU. 
Finalmente, se comentarán las debidas conclusiones a partir de toda la 
información expuesta durante la tesis acerca de la factibilidad del IBU en Argentina como 
política de largo plazo y las implicancias que esto puede requerir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1: Ingreso Básico Universal (IBU) 
 En esta primera sección, se buscará explicar el concepto del IBU y sus 
características principales. También se expondrán argumentos a favor de la 
implementación del ingreso universal y ciertas razones expresadas por autores y 
organismos internacionales que están en contra del mismo o proponen tener cautela a 
la hora de analizarlo. 
Por otra parte, se hará una descripción de algunas pruebas piloto y estudios 
realizados a nivel global de dicha renta básica universal, ya sea para países de la OECD, 
como también por algunos autores de organismos como la CEPAL para América Latina. 
Estos experimentos reparan tanto en el análisis conceptual y distributivo del IBU, como 
en el impacto fiscal que puede llegar a tener en cada una de las sociedades 
mencionadas. 
1.1 Distintas definiciones y características 
 El Ingreso Básico Universal (IBU) es definido por Klüver, C. (2012) como una renta 
que se garantiza incondicionalmente a cada persona de manera individual sin tener 
ningún tipo de contraprestación o la necesidad de presentar algún comprobante de 
recursos de respaldo. 
 A partir de la definición anterior, se puede identificar claramente cada una de las 
características que representa el IBU en el siguiente cuadro, tomando la información del 
reciente trabajo de Gaitán, F. et al.(2020): 
Característica Explicación 
Transferencia Monetaria Pago que no se hace mediante un servicio o bien en especie 
Periódica y durante toda la 
vida 
No se realiza apenas por única vez 
Individual 
Se paga al individuo y no a las familias, permitiendo que se acumulen beneficios en las 
diferentes unidades familiares 
Universal Transferencia sin exclusiones, más allá del referido estatus de ciudadanía o residencia legal 
No condicionada 
No amerita comprobación de medios o carencias materiales como las tradicionales 
transferencias condicionadas implementadas desde los '80 
 De esa manera, tanto Klüver, C. (2012) como Gaitán, F. et al. (2020) más 
recientemente, marcan los límites y diferencias de lo que implicael IBU, que en parte 
nos van a mostrar el camino para luego hacer una comparación con los instrumentos 
vigentes de seguridad y asistencia social en Argentina. Por un lado, no es un subsidio 
como los que tiene nuestro país actualmente. Tampoco es necesario presentar algún 
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tipo de condicionalidad para ser receptor del ingreso o ser parte de una población 
focalizada. 
 Pero la idea de tener un ingreso básico no es nueva, sino que ha sido planteada 
por diversos autores desde varios puntos de vista y ha tomado mayor relevancia e interés 
luego de las consecuencias generadas por la crisis financiera de 20082. Algunos de ellos 
argumentan a favor de tener un IBU y otros lo ponen en duda. Como menciona Kay, J 
(2017) en su trabajo “The basics of basic income”, hay tres líneas de argumentación que 
defienden al ingreso básico: 
 La primera razón se basa en reconocer dicho ingreso como un derecho moral. 
Entre quienes comparten esta afirmación están Thomas Paine, Bertrand Russell y más 
cercano en el tiempo Philippe Van Parijs. 
 Otra razón surge de la preocupación que trae el creciente avance tecnológico que 
genera la eliminación de los empleos de poca calificación, lo cual lleva a que una parte 
de la población no pueda acceder a este trabajo. Asociado a esto, desde el debate suizo 
se expone que este progreso técnico es útil para eliminar trabajos no calificados que 
ofrecen poco en remuneración y satisfacción laboral. En especial, en las economías 
modernas. 
 Por último, el tercer argumento se basa en la creciente complejidad del sistema 
del Estado de Bienestar. En este sentido, la aplicación de un esquema de renta básica 
universal puede lograr que se obtengan los objetivos de bienestar y al mismo tiempo 
reducir los altos costos administrativos. 
 En su trabajo, Lo Vuolo, R. (2020) explica que la idea principal del Ingreso 
Ciudadano (IC) es que se reconozca como un derecho humano incondicional por la mera 
existencia, del mismo modo que otros derechos como educación o salud. Además, el IC 
brinda mayores beneficios a las personas pobres y vulnerables porque se podría sumar 
a otro ingreso sin perder este último. Por otro lado, es importante la aclaración que hace 
acerca del IC como un programa social no comparable con los existentes, sino que busca 
modificarlo: 
- “busca reformular las bases de negociación del conflicto entre capital y trabajo que hoy 
se gestionan en cada unidad económica, favoreciendo a los grupos más subordinados de 
la fuerza laboral y revirtiendo las probadas tendencias actuales a la concentración de 
ingresos y riquezas en una minoría privilegiada” (Lo Vuolo, R. 2020, p.2) 
 En el mismo trabajo, el autor introduce la idea del IC como crédito fiscal respecto 
al impuesto a ingresos personales, en el caso argentino el impuesto a las ganancias. 
 
2 El OIT informa que solo en América Latina, en 2009 se generaron 4 millones más de desempleados: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_2367_SP/lang--es/index.htm 
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Luego, se establece un nivel de indiferencia y se realiza una escala de tasas progresivas 
donde a partir de dicho nivel se le hace la devolución a los ciudadanos de mayores 
ingresos por vía tributaria. 
 Pero como se ha mencionado anteriormente, también se pueden encontrar 
argumentos que ponen en duda la aplicación del IBU. Uno de los autores que hace un 
análisis y tiene ciertos reparos respecto a la renta básica es Fitzroy, F.(2018). Indica que 
el hecho de reemplazar todos los programas de bienestar por un IBU podría ser muy 
perjudicial para los más pobres. Por otra parte, también aclara que por sí solo no es 
efectivo para solucionar los problemas de empleo. Por lo tanto, propone que el ingreso 
básico debe ser combinado con políticas de oferta y garantía laboral. 
 El FMI (2017) es uno de los organismos que ha comenzado a mencionar el IBU e 
incluso ha mostrado cierto apoyo en su Monitor Oficial de 2017, haciendo hincapié en la 
problemática de la desigualdad, el crecimiento y la redistribución fiscal. Por eso, aborda 
el IBU como una posible solución a los problemas mencionados argumentando que si la 
renta básica fuese de 25% del ingreso per cápita mediano, el costo fiscal rondaría 6-7% 
del PIB en las economías avanzadas y 3-4% en las economías de mercados emergentes 
y en desarrollo. De esta forma, tanto la desigualdad — el coeficiente de Gini disminuiría 
en promedio cinco puntos — como la pobreza se verían reducidas sustancialmente, 
sobre todo en las economías emergentes y en desarrollo. 
Es necesario aclarar que en su historia este organismo ha realizado diversos 
planes de estabilización, en especial para países en desarrollo. Las recetas creadas por 
el FMI tuvieron siempre como vector principal el ajuste fiscal. En este caso, afirma que 
la implementación de un IBU puede generar apoyo público para encarar determinadas 
reformas estructurales resistidas por la población. Por eso, hay varios autores que 
intuyen que la implementación del IBU es un avance hacia la desmantelación del Estado 
de Bienestar. 
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se ha pronunciado con 
un argumento muy relevante en relación con el impacto del ingreso básico universal en 
la actividad laboral y en la posibilidad de que el IBU sea un posible destructor del Estado 
de Bienestar: 
- “...los oponentes consideran que una RBU, al proporcionar un flujo constante de ingresos, 
es menos eficiente en términos de estabilización macroeconómica que el seguro de 
desempleo (Vandenbroucke, 2017). Además, temen que pueda desincentivar el trabajo 
al desvincular los ingresos de la participación en el mercado laboral (Bergmann, 2004). 
Los sindicatos también han expresado su preocupación de que la RBU pueda usarse 
para desmantelar los derechos acumulados de los trabajadores en los sistemas de 
seguridad social, reducir la necesidad de que los empleadores proporcionen salarios que 
satisfagan las necesidades de los trabajadores y sus familias, y desviar la atención de 
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cuestiones más amplias sobre los derechos de los trabajadores. y la regulación del ámbito 
productivo” (Ortiz et al. 2018, p. 2) 
 Además, en el trabajo enumera algunas críticas respecto a la viabilidad 
económica, política y social de un IBU y cuestiona si tiene capacidad para reducir la 
pobreza y la desigualdad. Estos críticos enfatizan el costo que conlleva proporcionarle el 
ingreso básico a todos, incluida la población de ingresos altos. 
 Como se ha enunciado en esta sección, hay una gran cantidad de autores que 
han reparado en el estudio del IBU. A pesar de haber bastante consenso en las virtudes 
que tiene el IBU, es importante tener en cuenta las precauciones y críticas al respecto 
para poder hacer una investigación más amplia. Por eso, en el próximo segmento se 
mostrarán experimentos que se llevaron a cabo en la implementación de un IBU y los 
resultados obtenidos. También se realizará una exposición de algunos estudios 
empíricos realizados a nivel internacional. 
1.2 Experiencias y estudios internacionales 
 Hay muchos países que han fijado su atención en la implementación de un ingreso 
universal. Varios de ellos han comenzado con prototipos temporales y otros los siguen 
aplicando. Mientras tanto, varios autores de organismos internacionales como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) han realizado estudios de los costos fiscales y la factibilidad de su 
aplicación como veremos a continuación. 
 En el trabajo de Tena Camporesi, A., “La Renta Básica Universal basada en la 
evidencia” (2018), se exponen casos de pruebas pilotoy otros experimentos de largo 
plazo. Aquí vamos a tomar algunos de los más resonantes, como los casos de India, 
Alaska e Irán. 
 India llevó a cabo un experimento entre 2011 y 2012 con fondos del UNICEF, 
quien además ayudó en su supervisión. El experimento se acotó al estado de Madhya 
Pradesh y se entregó 200 rupias a cada adulto residente3. También se utilizaron grupos 
de control. Gracias a la minimización de errores de muestreo, se pudieron verificar 
resultados positivos del IBU en disminución de la pobreza, mejora de la actividad 
económica, salud pública, desnutrición infantil y escolarización. En especial, en lo 
relacionado con el mercado de trabajo ya que generó más empleo y provocó el traslado 
de mano de obra asalariada ocasional hacia la actividad agrícola y por cuenta propia. 
Respecto a este indicador, se observó que los miembros que recibieron el ingreso, 
 
3 Aproximadamente 4% de la renta per cápita de India. Datos provenientes de la página oficial del Banco 
Mundial. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IN 
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intensificaron su búsqueda laboral. Además tuvo una mejora en perspectiva de género 
con el aumento de los ingresos relativos de las mujeres y disminuyó el ‘bonded labour’, 
es decir el trabajo de servidumbre para pagar deudas. 
La experiencia de Alaska con el ‘Permanent Fund Dividend’ es la única que puede 
tomarse como una verdadera implementación de IBU, ya que es comprendido como un 
derecho subjetivo ciudadano y de forma continuada en el tiempo. Las condiciones para 
obtener la renta son la ciudadanía, la residencia y completar un formulario. En la 
actualidad, es el único caso de ingreso individual universal e incondicional como política 
estatal4. El sostén de esta política son las ganancias de la extracción de petróleo, por lo 
tanto está sujeto a la variación de su precio. Aquí yace el principal problema, por su 
variabilidad dadas las fluctuaciones del precio del petróleo y su viabilidad a largo plazo 
por el uso del mismo. 
Sin embargo, podemos evaluar los resultados obtenidos en el Estado de Alaska. 
A diferencia de India, no se ven efectos significativos en el empleo a nivel macro en 
comparación con Estados aledaños similares, solo en el aumento del trabajo a tiempo 
parcial. En cambio, se observan efectos positivos en materia educativa, con mayor 
asistencia, menos abandono y mejores resultados en la población más joven y con 
menos ingresos. Es importante resaltar que en materia de desigualdad, Alaska presenta 
un coeficiente de Gini del 0.408, logrando ser el Estado más igualitario del país. 
El otro caso, con características similares a Alaska, es la experiencia de Irán entre 
2010 y 2016. La principal similitud se basa en que la renta a distribuir proviene de la 
extracción de petróleo. Además, los dos son modelos universales ya que en Irán todos 
los ciudadanos tienen derecho a acceder al IBU. Las propiedades más relevantes que 
los diferencian son la mayor escala y amplitud de la renta iraní respecto a Alaska y una 
deficiencia en su implementación ya que los pagos se hacían al jefe o cabeza de familia, 
perdiendo el sentido de individualidad aunque el cálculo para su distribución haya sido 
individualmente. Aquí yace como problema evidente la perspectiva de género ya que los 
jefes de hogar por lo general eran hombres. En cuanto a sus resultados, nuevamente no 
se evidencian efectos negativos en la oferta de trabajo ni en la participación en el 
mercado laboral, incluso en sectores de bajos ingresos. Donde sí se encuentran efectos 
adversos es en las horas trabajadas en personas entre 20 y 29 años pero que pueden 
ser comprendidas como formación de capital humano. 
Por último, contamos con el experimento de un ingreso universal e incondicional 
realizado por el Instituto de Seguro Social Kela en Finlandia desde finales de 2016 hasta 
2018. Se seleccionaron 2000 personas de entre 25 y 58 años de todo el país que estaban 
 
4 El valor del Permanent Fund Dividend de 2021 es U$S1,114. Información obtenida de la página oficial 
del gobierno de Alaska: https://pfd.alaska.gov/ 
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recibiendo beneficios por desempleo. El pago garantizado fue de 560 € al mes que se 
seguiría pagando incluso luego de conseguir empleo. Este caso también contó con un 
grupo de control que siguió cobrando los beneficios condicionados por desempleo. Los 
resultados muestran que no hubo ningún efecto significativo sobre la situación laboral. 
La obtención de ganancias del mercado laboral abierto fue más alta entre receptores del 
ingreso universal pero los ingresos laborales por cuenta propia fueron mínimamente 
inferiores. Quienes recibieron el ingreso básico disminuyeron sus problemas de salud y 
estrés respecto al grupo de control y mejoraron su perspectiva de empleo a futuro.5 
Luego de estudiar los anteriores experimentos de IBU, se evaluarán algunas 
investigaciones realizadas por la OECD, la OIT y la CEPAL respecto a los costos fiscales 
referidos a un ingreso básico y algunas posibles formas de financiamiento de las mismas. 
El trabajo de la OECD (2017a) se hace en base al reemplazo de la mayoría de los 
beneficios existentes y asignaciones libres de impuestos por un ingreso básico al nivel 
del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para personas en edad activa de trabajar en los 
países Francia, Finlandia, Italia y Gran Bretaña. Sin embargo, las prestaciones sociales 
para jubilados no se verían afectadas al igual que los servicios públicos como salud, 
educación, etc. 
Respecto a los costos fiscales que representaría la imposición del IBU con las 
condiciones descritas recientemente, en Finlandia e Italia el ingreso costaría menos que 
el gasto combinado en los beneficios actuales y las asignaciones gratuitas que serían 
reemplazadas. El caso de Finlandia puede explicarse por la alta carga impositiva, incluso 
podrían incrementar el IBU un 8,5% por encima del IMG o bajar el impuesto a la renta un 
4,5%. En cambio, en Italia resalta el bajo nivel de IMG ya que sería posible aumentarlo 
un 97% o bajar el impuesto un 31%. 
En Francia, la reducción de los beneficios junto con el incremento de recaudación 
impositiva llegó a estar cerca de compensar el gasto que implicaría el IBU. El Reino 
Unido es el único caso en donde el costo adicional de la aplicación del ingreso sería 
mucho más costoso que el gasto actual de beneficios prestacionales e impositivos. 
 Ortiz, I et al. (2018), en su trabajo de la OIT, se ocupó de investigar el costo fiscal 
que implica una renta básica universal en 130 países. La estimación la hizo tomando en 
cuenta dos niveles para el IBU, primero una transferencia del 100% del umbral de 
pobreza nacional para todos los adultos y niños. Por otro lado, al 100% de la línea de 
incidencia nacional para adultos y al 50% para niños de hasta 15 años. 
 
5 Información obtenida de la página https://ingresociudadano.com.ar/archivos/552, con fuente: The Basic 
Income Experiment 2017–2018 in Finland. (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161361) 
https://ingresociudadano.com.ar/archivos/552
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 Para la mayoría de las regiones del mundo, los costos promedio de ambos 
escenarios oscilan entre 20 a 30 por ciento del PIB. Se evidencia que el costo estimado 
tiende a ser más alto en países de altos ingresos, debido a que las líneas de pobreza se 
definen como una proporción de la medianade ingresos. En cambio, las líneas de 
pobreza absoluta generalmente se enfocan en necesidades básicas limitadas. 
 Debido a los altos costos, mucha de la literatura que hemos visto y que también 
analiza el trabajo de la OIT, recomiendan niveles de IBU por debajo de la línea de la 
pobreza. Pero como la búsqueda de la renta universal es corregir la desigualdad, la idea 
es que sea redistributiva, por lo que “no debe financiarse mediante métodos regresivos, 
como gravar a los hogares o privarlos de otras actividades sociales o beneficios” (Ortiz, 
I et al. 2018, p.18). 
 Por este motivo, es necesario que los Estados busquen expandir la cobertura y 
los beneficios de la protección social. Para este propósito, deben explorar diversas 
opciones para generar nuevos recursos para la seguridad social, incluso en los países 
más pobres. Aquí se enumeran solo algunas de las posibles opciones.6 
 Algunas de ellas son, por ejemplo, la reasignación del gasto público (esta es la 
opción más ortodoxa), el aumento de los ingresos fiscales, conseguir menores tasas para 
financiamiento de ayudas y transferencias (en especial países de bajos ingresos), 
eliminar flujos financieros ilícitos, usar las divisas de las reservas fiscales y del banco 
central, reestructuración de la deuda existente. Para realizarlo, el Estado debe analizar 
adecuadamente los riesgos y beneficios de cada caso, con los potenciales ganadores y 
perdedores. 
 En la misma búsqueda de dar cuenta de los costos fiscales que representa un 
Ingreso Ciudadano Universal, el autor Gutiérrez Lara de la Sede Subregional de la 
CEPAL en México expone diversos niveles de potenciales ingresos y el peso que 
generaría a las arcas fiscales en términos de PIB en su trabajo ‘Escenarios y cálculo de 
costos de implementación de un ingreso ciudadano universal (ICU) en México’ (2018). 
 Para la elección de los valores del potencial ICU se utilizan medidas de bienestar, 
las cuales representan los umbrales de pobreza, y salario mínimo. Además, primero 
realiza el cálculo para la totalidad de la población mexicana y luego hace una reducción, 
diferenciando por rango etario basado en el INEGI7. Una de las acotaciones que realiza 
el autor y resulta de interés para este trabajo es entre 15 y 64 años, ya que toma la 
población joven y adulta que es más proclive a integrar la población económicamente 
activa. 
 
6 Se describen en su totalidad en el trabajo conjunto de OIT, UNICEF y ONU Mujeres (Ortiz et al., 2018) 
7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México 
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En cuanto a las medidas de bienestar, primero utiliza la Línea de bienestar mínimo 
urbana (LBMU) -equivalente a la canasta alimentaria- que tiene un peso de 10,1% del 
PIB en el caso de la población total y se reduce al 6,3% del PIB cuando se acota la 
muestra. Luego se evalúa la Línea de bienestar urbana (LBU) -equivalente a la canasta 
alimentaria más no alimentaria- la cual alcanza el 19,9% del PIB y un 12,5% para la 
población reducida. 
Respecto al costo evaluado en términos de salario mínimo, en primer lugar utiliza 
el Salario mínimo general (SMG) que equivale al 17% del PIB para toda la población y 
10,6% para personas de entre 15 y 59 años. Por último, tenemos la mitad del salario 
mínimo general que representa un 8,5% y un 5,3% del PIB respectivamente. 
Dinerstein, N. (2020) realiza un ensayo pormenorizado donde analiza la 
implementación del IBU en Argentina bajo la idea descrita por Lo Vuolo, R. (2020) 
respecto a pensar al ingreso básico universal como el único crédito fiscal en relación a 
los impuestos a la renta personal. Además, utiliza una metodología similar a la explicada 
por Gutierrez Lara para el caso mexicano. 
La diferencia es que para el caso argentino, el rango etario es entre 15 y 64 años, 
excluyendo a la población jubilada y haciendo foco en la PEA. Para los cálculos utiliza 
los datos del Salario mínimo promedio, medio salario mínimo promedio, Canasta Básica 
Total promedio y Canasta Básica Alimentaria promedio, todos relativos al año 2017. El 
primer nivel representa el 27,2% del PIB, el segundo un 13,6%, el tercero el 15,5% y el 
último 6,3%. 
Según sus conclusiones: “las estimaciones marcan que sería factible otorgar un 
IBU a la población de entre 15 y 64 años del nivel de la Canasta Básica Alimentaria si se 
lleva la recaudación del impuesto a las ganancias de las personas físicas a niveles 
similares a los de los países desarrollados”8 (Dinerstein 2020, p.14). 
 Si bien la cantidad de experimentos llevados a cabo todavía no son significativos, 
aquí se expusieron varios estudios muy relevantes que indican la importancia creciente 
que está adquiriendo el tema en el ámbito académico y que requiere cada vez mayor 
foco para su futura implementación práctica. 
 
 
8 Según datos de la OECD para el año 2017 observado en el trabajo, el impuesto a ingresos y ganancias 
en Argentina representa el 5,3% del PIB, mientras que en países como Finlandia es de 15,2%. El 
porcentaje promedio para los países de la OECD es 16,1%. Fuente: https://www.oecd.org/tax/tax-
policy/base-de-datos-global-de-estadisticas-tributarias.htm 
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Capítulo 2: Instrumentos de la seguridad social argentina 
Luego de haber explicado el IBU, se realizará una definición conceptual y una 
caracterización del sistema de seguridad social. A partir del mismo, se analizará el 
aspecto histórico de las políticas de seguridad y asistencia social implementadas en 
Argentina. 
Enumerando los instrumentos vigentes en nuestro país, se hará un análisis de los 
mismos teniendo en cuenta su peso en las cuentas fiscales. Este estudio permitirá, en 
los próximos capítulos, realizar la comparación necesaria a los fines de este trabajo, es 
decir, en términos del Ingreso Básico Universal. 
2.1 Breve repaso histórico y actualidad 
 Para comenzar con el análisis de las políticas en materia de seguridad social es 
pertinente enunciar el concepto más básico acerca de qué significa la seguridad social. 
Para ello, podemos tomar la definición elemental realizada por la Organización 
Internacional del Trabajo: 
- “La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 
del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia” (OIT 2003, p.1) 
 Fue William Beveridge quien acuñó en 1942 el concepto moderno de seguridad 
social, integrando en un solo sistema a los seguros sociales, la asistencia social y los 
seguros voluntarios. Esto lo hizo mencionando que la redistribución de la renta nacional 
se puede realizar a través de dos caminos que comparten un objetivo común. El de los 
seguros sociales los cuales aseguran una renta de sustitución cada vez que el ingreso 
normal se suspende y el de las asignaciones familiares, que procura una renta 
complementaria, cuando el ingreso normal resulta prácticamente insuficiente. 
(Beveridge, W. 1942) 
En este sentido, Martínez, C. (2012) realiza una descripción de algunas de las 
características que atañen al sistema de seguridad social partiendo de la definición de 
Beveridge. Aquí nombraremos algunas de las mismas. 
En primer lugar menciona la universalidad de la cobertura, lo cual indica que la 
protección debe comprender a la totalidad de los trabajadores asalariados, 
independientes y a las personas a su cargo. Este concepto es lo que se define como 
amplitud en el trabajo. 
Luego sigue con el principio de igualdad, equidad o uniformidad en el trato, 
indicando la no discriminación por etnia, género, idioma, religión, nacionalidad, situación 
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económica, condición social, etc. Este concepto sirve para caracterizar a la población 
excluida de los beneficiosde la seguridad social. Por otra parte, se encuentra la 
solidaridad y redistribución del ingreso que comprende la transferencia de rentas en 
términos intra e intergeneracionales. 
En lo que respecta a la intensidad de la cobertura, se enuncia el principio de 
compresibilidad y suficiencia de las prestaciones. En este caso, se refiere a la 
comprensión de todo el universo de las contingencias para evitar que los trabajadores y 
las personas a cargo caigan en situación de pobreza. 
 Por último, enuncia la unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y 
participación en la gestión. Con esta característica, identifica al Estado como responsable 
del sistema de seguridad social y la importancia de la participación de los asegurados en 
la administración del mismo. 
 A partir del concepto y características enunciadas respecto al sistema de 
seguridad social, se puede hacer un análisis histórico del mismo. Nuevamente nos 
vamos a basar en el trabajo de Martinez, C. (2012) el cual realiza un desarrollo detallado 
de la historia previsional de Argentina y en un trabajo de CIFRA (2012) que brinda un 
resumen del devenir histórico de las asignaciones familiares. 
 Comenzando por lo que llama la prehistoria del sistema previsional argentino, las 
instituciones existentes se abocaron a emular a los Montepíos y Cofradías, es decir a 
cubrir a huérfanos y viudas de los llamados “sostén del hogar” en caso de muerte. A su 
vez, se sumaban las pensiones hacia determinados funcionarios, civiles, religiosos o 
militares de la Corona. En este caso, entendemos dichas pensiones como las hoy 
conocidas como graciables. 
 Esta estructura se extiende hasta 1904, cuando se modifica el sistema semi-
graciable por un régimen orgánico que limitaba su alcance a trabajadores de una 
determinada rama laboral. Se especifica como principal característica el principio de 
afectación de los fondos. Este modelo se prolonga hasta el año 1940, sumando 
paulatinamente diversos rubros pero siempre manteniendo la falta de coordinación entre 
los distintos regímenes. Dicha descoordinación se refleja en la heterogeneidad de los 
parámetros de cada una de ellos, como las condiciones de acceso o la determinación de 
los beneficios. 
 A partir de la década de los ‘40, se observa un incremento sustancial en la 
participación de los trabajadores en el sistema previsional convirtiéndose en un 35% del 
total. El incremento es mayormente gracias a la incorporación de obreros industriales, 
empleados de comercio y autónomos. Ya en este momento, empieza a evidenciarse el 
problema de la heterogeneidad del sistema y se comienzan a impulsar normas para su 
homogeneización. 
 
A mediados de los ‘50, se terminan de abandonar los sistemas de capitalización 
colectiva, para pasar al sistema de reparto utilizado actualmente. También es en esta 
época, más precisamente en 1958, que se comienza a fijar como límite máximo la tasa 
de sustitución al 82% móvil. 
Hasta este momento, las asignaciones familiares solo representan un elemento 
más de la negociación salarial diferenciada y heterogénea del movimiento obrero, pero 
con poco peso. Los primeros antecedentes se remontan a 1930 con la implementación 
de un subsidio a la maternidad. Hacia 1940, los empleadores de los sectores bancario, 
ferroviario y estatal comenzaron a pagar el beneficio por hijo. Para evitar que se 
incremente el gasto, se comienzan a crear distintas cajas compensatorias. A partir de 
1957 se estableció un sistema integral de asignaciones y subsidios familiares para los 
trabajadores de los sectores de comercio e industria. En este contexto, se creó la Caja 
de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio y la Caja de Subsidios Familiares 
para el Personal de la Industria.(CIFRA 2012) 
Las cajas tenían como finalidad ser un fondo compensador para el pago de 
asignaciones familiares, los empleadores otorgaban un incremento en el salario de los 
trabajadores vinculado a la estructura familiar, el cual era pagado solidariamente por el 
conjunto de los empleadores del sector. De esta forma, se impone la doctrina de que las 
AAFF constituyen una ayuda social entre las que brinda la seguridad social orientada a 
las necesidades del grupo familiar. 
En 1964, se establece el primer antecedente de moratoria en el sistema 
previsional argentino, materializado en el Decreto N° 1474/64. Esta práctica se seguirá 
utilizando durante toda la historia, agrandando la base de beneficiarios previsionales. 
Con los ya mencionados problemas normativos de las cajas jubilatorias empiezan a 
reducirse los beneficios al 70%. Con el incremento del gasto previsional, se comienza a 
divisar el problema fiscal que este conlleva y que encuentra en la década de los ´80 otra 
gran afectación por la eliminación de las contribuciones patronales. 
En lo que concierne a las asignaciones, en los ‘60 se fijan como porcentaje del 
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Luego hasta mediados de los ’70 se amplían las 
prestaciones y aumentan sus montos y se conforma la homogeneidad entre las Cajas 
Compensadoras de AAFF en el marco de las reformas de la Seguridad Social, 
extendiéndose a todos los sectores. 
El régimen funcionó sin cambios significativos hasta noviembre de 1991, cuando 
se creó el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), haciéndose cargo de las 
funciones que hasta entonces tenían las distintas Cajas de Subsidios Familiares, las 
cuales fueron disueltas al estatizarse. El Estado tomó el control de todo el sistema de 
asignaciones familiares, centralizando el conjunto de los aportes de la seguridad social 
 
y el nuevo organismo (ANSES) que absorbe el régimen de AAFF junto con el sistema 
previsional público nacional y el reciente creado Fondo Nacional de Empleo por la parte 
de las prestaciones de desempleo. 
Estos últimos cambios se realizaron en el marco de la profunda reforma del 
sistema previsional argentino iniciada en 1993 mediante la creación del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La reforma implicó luego la instauración de un 
sistema mixto en 1994, combinando el régimen público de “reparto” con el régimen de 
capitalización individual a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJPs). 
Otro cambio importante se dió en el año 1996 respecto al sistema de asignaciones 
familiares, incorporando una limitación de acceso al beneficio para quienes percibían un 
salario superior a un monto determinado y estableciendo un sistema con tres escalas 
salariales, según el cual el monto de la asignación a percibir pasa a depender de la 
remuneración. Al mismo tiempo, se estableció un número más reducido de asignaciones, 
que son las actualmente vigentes: 
- Asignaciones de pago único: matrimonio, nacimiento y adopción. 
- Asignaciones de corta duración: maternidad y prenatal. 
- Asignaciones periódicas mensuales: hijos menores de 18 años a cargo, hijos con 
discapacidad sin límite de edad y cónyuge. 
- Asignaciones periódicas anuales: ayuda escolar. 
Luego del paso del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), el cual produjo 
un ‘descreme’ en el sistema, al Módulo Previsional (MOPRE) con el Decreto N° 883/97 
en 1997, se produjo la gran crisis del 2001. Como hecho significativo del momento, se 
puede mencionar que dado el grave déficit fiscal del momento se realizó un 13% de 
ajuste nominal sobre salarios del sector público y beneficiarios superiores a $500 a partir 
de julio de 2001. Previamente ya se había producido un incremento en la edad mínima 
jubilatoria para mujeres. 
A partir de 2003 se incrementaron las pensiones no contributivas por vejez, a la 
vez que se comienzan a aumentar los beneficios tanto de haberes mínimos como 
medios, en acompañamiento con el crecimiento económico post crisis. En el año 2008, 
se realizó el hecho más significativo de los últimos años en materia previsional, la 
eliminación del sistema de capitalización y posteriorpaso al sistema de reparto en su 
totalidad. 
En noviembre de 2009 se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) con el 
Decreto N°1602/09, originando otro gran hito en materia de seguridad social. La misma 
implicó la ampliación de uno de los beneficios del régimen contributivo de asignaciones 
familiares a una mayor cantidad de población, sólo vigente hasta entonces para los 
 
trabajadores empleados en relación de dependencia. En síntesis, por medio de esta 
herramienta se extendió la asignación a menores de 18 años o discapacitados con 
padres o tutores desocupados, sean trabajadores informales, autónomos o servicio 
doméstico que tengan un salario menor al SMVM. 
Como último precedente del sistema de seguridad social se puede mencionar la 
modificación realizada a fines de 20179, la cual modifica la fórmula que se utiliza para 
aumentar las jubilaciones y otros parámetros en el sistema previsional, además de 
cambios en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones. A fines de 202010, 
con reglamentación en 2021, se dejó sin efecto dicha fórmula con la modificación 
aprobada en el Congreso Nacional, la cual toma en cuenta la recaudación del ANSES y 
la variación salarial en partes iguales. 
Por otra parte, serán analizados los programas de asistencia alimentaria a partir 
del trabajo de Salvia et al. (2020) para la International Food Policy Research Institute. La 
separación es realizada debido a que desde 1983 estos instrumentos pertenecen al 
ámbito del Sector Salud (actual Ministerio de Salud). Luego se incorporaron a la órbita 
de Acción Social a principios de los ‘90, posteriormente convertido en Ministerio de 
Desarrollo Social. La mayor parte de las políticas alimentarias han quedado bajo el 
control de este último. 
En el contexto de crisis del 2001/02 se crea el Programa Nacional de Seguridad 
Alimentaria (PNSA), concretado con la Ley Nacional 25.724 en 2003 con el Decreto 
1018/03 y la Resolución 2040/03, la cual le otorga atribuciones de instrumentación al 
Ministerio. El PNSA amplía magnitudes y alcances con la creación del Plan Nacional 
"Argentina contra el Hambre" a partir de la Resolución 8/20 y la declaración de 
emergencia alimentaria. En el marco de esta iniciativa, se implementa la ‘Tarjeta 
Alimentar’, que permite a los beneficiarios la compra exclusivamente de alimentos11. 
Finalmente, en el año 2014 fue creada la beca ‘Progresar’ durante el gobierno de 
Cristina Kirchner mediante el Decreto 84/201412. El mismo es un programa integral de 
Becas Educativas que brinda un incentivo económico a los alumnos en todos los niveles 
de formación durante su trayectoria académica. El objetivo es mejorar el ingreso, la 
permanencia y el egreso de los estudiantes. A partir de 2018, se ampliaron las becas 
para estudiantes universitarios, terciarios, de formación profesional y para alumnos que 
busquen culminar el primario y el secundario.13 
 
9 Ley 27.426: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/176774/20171228 
10 Decreto 104/2021: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240806/20210213 
11 Información obtenida en la Defensoría del Pueblo. Fuente: 
https://defensoria.org.ar/noticias/informacion-sobre-la-tarjeta-alimentar/ 
12 Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/101157/20140127 
13 Fuente: https://www.argentina.gob.ar/educacion/becasprogresar/institucional 
 
La historia en materia de seguridad y asistencia social en Argentina es extensa y 
con varias modificaciones. Es interesante resaltar el peso y la tendencia creciente de los 
programas y las prestaciones focalizadas a los sectores económicamente dependientes, 
ya sea a jóvenes o adultos mayores en especial. En relación a esto último, resulta 
evidente la carencia y necesidad de protección a la población activa. 
2.2 Costo fiscal de las políticas sociales 
En este segmento, se va a mostrar el costo fiscal de las políticas sociales en 
general y luego se hará una diferenciación entre el sistema previsional y las demás 
asignaciones y programas. Esta distinción apunta al foco del trabajo, es decir tomar 
asignaciones existentes que puedan ser absorbidas por el IBU. 
Para evaluar los costos del actual sistema de seguridad social será utilizado el 
año 2019 como referencia. La elección no es azarosa, sino que corresponde al año previo 
a la pandemia, lo cual permite obtener porcentajes e información sin distorsiones y más 
significativa a los fines comparativos del trabajo. 
En primer lugar, se muestra el gasto público social de la nación en millones de 
pesos. Claramente puede observarse la tendencia creciente durante todo el período, con 
un incremento marcado a partir del último año. Por otro lado, es evidente el gran peso 
que representa el sistema previsional dentro del gasto social. 
Gráfico 2.2.1: Gasto en políticas sociales en millones de pesos en precios corrientes (2014-2019) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANSES y el Ministerio de Economía. 
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Para una evaluación más clara del peso que tienen los programas sociales en el 
gasto fiscal argentino, el siguiente cuadro ilustra cada instrumento en términos del PIB 
para el mismo período. Retomando la idea del cuadro anterior, se puede ver que si bien 
el gasto aumentó durante todo el período en términos absolutos, su representación en el 
producto ha disminuído a partir del 2017. De esta forma, podemos inferir que en términos 
relativos el gasto en políticas sociales se ha reducido de manera marcada, en especial 
en materia previsional que se retrotrae a niveles de 2015/2016. 
Gráfico 2.2.2: Gasto en asistencia social e ingresos tributarios del ANSES en porcentaje del PIB 
en precios corrientes (2014-2019) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANSES, INDEC y el Ministerio de Economía. 
 A partir del último gráfico, se puede observar que los ingresos tributarios que 
percibe el ANSES son escasos para afrontar las erogaciones de las prestaciones. A 
pesar de que los programas alimentarios no se encuentran en la órbita del organismo de 
seguridad social, la conclusión es la misma. Resulta muy bajo el porcentaje de ingresos 
por esta vía respecto a los gastos que debe hacer. 
 Excluyendo los costos que implica el sistema previsional, se puede observar de 
manera más clara el peso de los distintos instrumentos de la seguridad social en las 
cuentas del ANSES. 
 
 
 
Gráfico 2.2.3: Proporción de las AAFF y otros en el gasto total del ANSES en precios corrientes 
(2014-2019) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de ANSES e INDEC. 
 En la actualidad, se puede verificar que la AUH es la herramienta de seguridad 
social con mayor peso dentro del gasto total representando un 6,76% para el último año 
analizado (excluyendo el sistema previsional). Esta tendencia es estable en todo el 
período utilizado si se tiene en cuenta que dentro de las AAFF se encuentran incluidas 
varias políticas e instrumentos como asignaciones contributivas, no contributivas, 
asignaciones familiares para organismos públicos, etc. 
Siguiendo la misma tendencia, obviamente que la AUH tiene mayor importancia 
en términos del PBI que las demás prestaciones como se observa en el 'Gráfico 2.2.2’. 
Respecto a la información específica de los programas y planes que serán analizados 
como posibles candidatos a ser absorbidos por el IBU, los datos expuestos demuestran 
que en conjunto, las políticas de asistencia social representan 1,33% del PBI para el 
2019.14 Las prestaciones seleccionadas son la AUH, las AAFF, las becas Progresar y los 
programas de asistencia alimentaria. En el próximo capítulo se explicará el motivo por el 
cual este trabajo se centra en estos instrumentos. 
En definitiva, el análisis fiscal demuestra que una significativa porción del gasto 
se destina a las políticas sociales, pero es notoria la focalización de los programas 
seleccionados. Como ya fue expuesto, esta vez en términosmonetarios, la protección 
social a la población activa es insuficiente. A modo de ejemplo, el presupuesto destinado 
al Seguro de Desempleo se encuentra en el rubro ‘Otras Transferencias’ que engloba 
diversas erogaciones y como se puede ver en los gráficos, en conjunto tienen menor 
peso en el PBI que la AUH. 
 
14 Fuentes: del ANSES fue utilizado el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (2014 - 2020) para 
obtener los gastos de Seguridad Social (AUH, AAFF y Progresar); del INDEC la Series trimestrales de 
oferta y demanda globales para obtener los valores del PBI; y del Ministerio de economía el presupuesto 
ejecutado en políticas de asistencia alimentaria. 
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Capítulo 3: Análisis comparativo de las políticas sociales 
En esta sección se hará una comparación de las políticas de la seguridad y 
asistencia social argentina mencionadas en la sección anterior y el Ingreso Básico 
Universal. La comparación estará basada en analizar las características de cada uno de 
ellos, como por ejemplo la cobertura o la universalidad. 
 En primer lugar, se evaluará la Asignación Universal por Hijo colocándola como 
foco de análisis debido a que, como será explicado, en la actualidad es el instrumento 
de seguridad social que más se asemeja al IBU en materia de cobertura y universalidad 
en Argentina. Luego, se estudiarán las restantes asignaciones familiares, por ejemplo la 
Asignación universal por Embarazo (AUE), el Programa Progresar y la asistencia 
alimentaria para verificar si podrían ser absorbidos por el IBU. 
3.1 Asignación Universal por Hijo (AUH) 
 Como fue descrito en la revisión histórica realizada anteriormente, la Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social fue implementada en Argentina a partir del 2009 
mediante el Decreto N°1602/09 y se incorporó como un Subsistema no Contributivo al 
Régimen de Asignaciones Familiares. Este subsistema no contributivo fue “destinado a 
trabajadores informales, desocupados, trabajadoras del servicio doméstico y 
monotributistas sociales” (Pautassi et al. 2013, p.16) 
 La AUH se trata de una prestación mensual por hijo/a y la población objetivo es 
cada hijo menor de 18 años con límite hasta 5 niños. Se puede solicitar desde el 
momento del nacimiento y la cobra uno de los padres, priorizando a la madre. Los 
requisitos ya mencionados exigen que sean hijos de personas desocupadas, 
trabajadores no registrados (sin aportes), trabajadores del servicio doméstico, 
monotributistas sociales y personas inscriptas en algunos programas sociales 
nacionales. Pero también exige ciertas contraprestaciones como la obligatoriedad de 
asistencia escolar de niños y adolescentes de 5 a 18 años, control de salud y 
vacunación.15 
 A partir de las características mencionadas, Lo Vuolo, R. (2012) dice que la AUH 
se trata de un híbrido entre las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y las 
Asignaciones Familiares No Condicionadas (AFNC). Esta mixtura sucede en primer lugar 
porque la norma que regula el beneficio se incluye en la ley de Asignaciones Familiares 
para trabajadores asalariados formales y su valor se encuentra atado a los valores 
vigentes para el programa de AAFF de dichos asalariados formales. Sin embargo, los 
beneficiarios acceden por su condición laboral y porque perciben una renta menor al 
 
15 Planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social. Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales (Abril 2019) 
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SMVM y no se tiene en cuenta el ingreso familiar total. Además, el programa se 
encuentra financiado por recursos de la seguridad social. Por último, existe un 
mecanismo por el cual se retiene parte del beneficio a la espera de la certificación de 
ciertas condicionalidades. (De Sena et al. 2018) 
 Dadas las condicionalidades expuestas, se evidencia una de las diferencias entre 
la AUH y el IBU, en el caso de este último no se requiere ningún tipo de requisito más 
que la condición de ser ciudadano. Como indica Lo Vuolo, R. (2020), el IBU no requiere 
demostrar que se está en situación de desocupación o informalidad (como la asignación 
universal por hijo). 
 Sin embargo, Malec et al. (2019) comenta que desde lo normativo y bajo el 
enfoque de derechos, puede identificarse como una política que persigue la igualdad ya 
que amplía un programa al que ya accedían los trabajadores formales, agregando a 
desocupados, trabajadores informales o que no alcanzan al SMVM. También menciona 
la característica de no discriminación ya que la población objetivo tiene un mínimo umbral 
de ingresos bastante elevado. Por otro lado, destaca la búsqueda de mejorar la inclusión 
y que sea permanente, por lo que solo se dejará de ser necesaria en caso de que se 
extinga la desigualdad que la origina, es decir la desocupación y la informalidad laboral 
de madres y padres. Tomando la idea de IBU como crédito fiscal, se puede vislumbrar la 
similitud en la búsqueda de igualdad y redistribución de ingresos. 
 En materia de cobertura, el 32,3% de los niños y adolescentes de hasta 17 años 
se encuentran cubiertos por la AUH. En términos absolutos son 4.231.199 niños, niñas 
y adolescentes.16 Por otra parte, un trabajo reciente del ANSES, resalta la focalización 
de esta asignación cuando enuncia que “(...) se puede observar que más del 60% de los 
y las beneficiarios/as de la AUH se concentra en los dos primeros deciles de ingreso 
(37,2% y 26,0% respectivamente)” (ANSES 2020, p.6). Esta información es confirmada 
por la última ENGHO realizada por el INDEC en 2017-2018, ya que muestra que el quintil 
más pobre recibe un 31,5% de sus ingresos no laborales por parte de la AUH y AUE, 
mientras que el quintil más rico sólo percibe el 0,1% por este medio17. 
 
 
 
 
16 Reporte de Monitoreo. Asignación Universal por Hijo y Embarazo para la Protección Social. Cuarto 
Trimestre 2019. SIEMPRO 
17 Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Informe de ingresos. Junio de 2020 Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
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Gráfico 3.1.1: Ingresos no laborales por fuente e ingreso no laboral medio mensual, según 
quintiles de IPCF. Localidades de 2.000 y más habitantes. Años 2017-2018 
 
Fuente: INDEC, Informe de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 18 
 Para evaluar la intensidad de cobertura de la AUH, se puede hacer una 
comparación de su valor en proporción del SMVM, de la Canasta Básica Total (CBT) y 
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Este ejercicio será de gran utilidad para realizar 
el análisis cualitativo final respecto al IBU. El valor promedio de la AUH en el año 2019 
fue $2.67619, mientras que los costos de la CBA y CBT fueron $4.166,85 y $10.401,31 
respectivamente20. Finalmente, el nivel promedio de SMVM fue de $14.781,25 durante 
el mismo año21. 
 En base a los datos expresados, se puede indicar que la proporción de la AUH 
representa el 64,2% de la CBA y un 25,7% de la CBT. Por último, apenas alcanza un 
18,1% del SMVM. 
 En conclusión, se puede confirmar que a pesar de las similitudes expuestas, la 
AUH dispone de ciertas condicionalidades que distorsionan la idea de un ingreso básico 
y universal, relacionado con su focalización. Incluso impone requerimientos de 
escolaridad y sanidad, no solo para el acceso sino para cobrar el monto completo de la 
asignación. Sin embargo, a pesar de ser una asignación enfocada a los sectores 
 
18 Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Informe de ingresos. Junio de 2020 Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
19 Estadísticas de la Seguridad Social. I Trimestre 2021. ANSES. 
20 Datos oficiales de las Series Históricas de CanastaBásica del INDEC. Fuente: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149 
21 Información obtenida de las estadísticas de Ingresos, salarios y distribución presentes en la página 
oficial del Ministerio de Trabajo. Fuente: https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/ingresos.asp 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149
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vulnerables y con mayor incidencia en el género femenino, no ha sido suficiente para 
sacar a dichos hogares de la pobreza. Por lo tanto, demuestra la necesidad de encontrar 
una prestación superadora. 
3.2 Asignaciones familiares y programas sociales 
 Asignaciones Familiares 
Continuando con la descripción de las políticas sociales que actualmente se 
encuentran activas en Argentina, en esta sección serán enunciadas las restantes 
asignaciones familiares. Por un lado, se encuentran las AAFF contributivas y por el otro 
las no contributivas. 
 Dentro de estas últimas se destacan las llamadas Asignaciones Universales para 
la Protección Social, donde además de la AUH, engloba también a la Asignación 
Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad 
(AUHD). Como su nombre lo explica, la AUE solo corresponde a la etapa prenatal 
mientras que la AUHD, a diferencia de la AUH, no tiene límite de etario. 
Para ambas asignaciones se puede observar que la cantidad de beneficiarios se 
ha incrementado a lo largo del tiempo, aumentando la amplitud de su cobertura. 
Siguiendo con el período histórico utilizado en los capítulos anteriores, la AUE 
incrementó sus beneficiarios en un 71,76%, mientras que la AUHD lo ha hecho en un 
19,37%.22 
 Si analizamos la intensidad de dichas asignaciones, en principio se informan los 
montos unitarios de cada uno para el año 2019. En el caso de la AUE su valor promedio 
fue $2.676 mientras que la AUHD fue de $8.718. 
Como se hizo con la AUH, evaluaremos ambas AAFF en relación al SMVM, la 
CBA y CBT. La AUE, al ser del mismo valor que la AUH, representa las mismas 
proporciones, 64,2% de la CBA, un 25,7% de la CBT y un 18,1% del SMVM. Resulta 
notoria la diferencia entre ambos valores a favor de la AUHD, en primer lugar 
sobrepasando la CBA por encima del doble. Igualmente, no alcanza el valor de la CBT 
ni el SMVM, ya que representa un 83,82% y 58,98% respectivamente. Este último punto 
demuestra la dispersión entre los niveles. 
También podemos evaluar las asignaciones familiares de beneficiarios activos, 
pasivos y del Sector Público Nacional de la misma manera que las asignaciones 
universales. Si bien dentro de ellos se agregan diversas asignaciones como la asignación 
por nacimiento, la asignación por maternidad o la ayuda escolar anual, siendo este último 
de los más populares, todas ellas representan pagos únicos. Por lo tanto, sea por 
 
22 Estadísticas de la Seguridad Social. I Trimestre 2021. ANSES 
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cantidad de beneficiarios, periodicidad o montos, nuevamente nos enfocaremos en las 
asignaciones por hijo, por hijo discapacitado y prenatal. 
La focalización vuelve a presentarse como patrón vector, esta vez no 
exclusivamente a sectores más rezagados ya que los beneficiarios de estas 
asignaciones se encuentran en relación de dependencia. Pero sí continúan las 
condicionalidades etarias, laborales o de salud. 
La asignación por hijo engloba a 3.689.667 beneficiarios, los cuales han 
incrementado un 18,29% desde 2014 hasta 2019. Por otro lado, los beneficiarios por hijo 
discapacitado en 2019 contienen 122.254 personas incrementándose 47,89% desde 
2014. Por último, la asignación prenatal posee tan solo 41.037 beneficiarios, los cuales 
han caído en 15,61% desde 2014.23 
Todas las asignaciones mencionadas en el último párrafo tienen un monto por 
debajo de las asignaciones universales, por lo tanto es claro que la intensidad de 
cobertura es menor24. 
En conclusión, se puede resaltar que todas las asignaciones, sean ‘universales’ o 
no, son programas destinados a poblaciones focalizadas. En particular, la mayoría 
apunta a los sectores vulnerables y al rango etario infantil, confirmando su concentración 
en la población dependiente. Por otra parte, todas ellas distan mucho de la idea de 
incondicionalidad que tiene el IBU, ya que para acceder a sus prestaciones se deben 
cumplir diversos requisitos (procedencia laboral, informalidad, desocupación, ingreso 
percibido, etc). Todas las asignaciones también estipulan diversos requerimientos y 
contraprestaciones que las alejan de la idea de universalidad.25 
 Programa PROGRESAR 
El programa de becas Progresar se encuentra direccionado a jóvenes de entre 18 
y 24 años inclusive. Aquellos estudiantes que se encuentren cursando estudios 
avanzados, se extiende hasta 30 años. Tanto los estudiantes de pueblos originarios 
como aquellos que tengan alguna discapacidad debidamente certificada, no tienen tope 
de edad. Por otra parte, los ingresos del grupo familiar de cada aspirante, sin importar 
cómo se encuentre conformado, no deben superar el monto que corresponde a la suma 
de tres SMVM. 
El pago de este programa es un monto anual que se divide en 10 cuotas y va 
variando según el grado de estudio, desde el nivel obligatorio, nivel superior, carreras 
 
23 Estadísticas de la Seguridad Social. I Trimestre 2021. ANSES 
24 Asignación por hijo promedio 2019 (tramo 1): $2.388 y Asignación por hijo discapacitado promedio 
2019 (tramo 1): $7.781. Fuente: Estadísticas de la Seguridad Social. I Trimestre 2021. ANSES 
25 Planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social. Abril 2019, CNCPS. 
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prioritarias, no prioritarias, universitarias y no universitarias. A excepción del programa 
Becas Formación Docente – “Compromiso Docente”, las demás no superan la CBA 
mensual. Incluso algunas se encuentran apenas por encima del 40% de la misma como 
las Becas Nivel Obligatorio + Formación Profesional26 (siendo esta última la segunda en 
cantidad de titulares)27. Esta política absorbió un total de 571.492 beneficiarios entre 
todas las becas en el último trimestre de 2019. 
Gráfico 3.2.1: Cantidad de titulares por tipo de beca. En miles. Cuarto trimestre 2019. Total del país 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIEMPRO en base a información enviada por el Programa 
Nuevamente es evidente su diferencia con un ingreso básico universal, no solo en 
su intensidad y amplitud, sino que consiste en programas con condicionalidades y 
cumplimiento de objetivos. Si bien es direccionado a la población activa, los beneficiarios 
deben satisfacer varios requisitos, por ejemplo, geográficos en el caso de los pueblos 
originarios o cuestiones de salud en caso de discapacidad. No obstante, se deben 
alcanzar estrictos logros académicos para alcanzar la totalidad de la beca. 
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria - Tarjeta Alimentar 
El Programa hasta el año 2019 se enfocó en cubrir los requisitos nutricionales de 
niños de hasta 14 años de edad, embarazadas, discapacitados y adultos desde los 70 
años en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Sin 
embargo, actualmente los grupos poblacionales prioritarios son las mujeres 
embarazadas, niños de hasta 5 años de edad y poblaciones con mayor vulnerabilidad 
 
26 Planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social. Abril 2019, CNCPS. 
27 Reporte de Monitoreo Becas Progresar. SIEMPRO 
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nutricional. La totalidad de beneficiarios entre modalidad centralizada y federal es de 
1.361.197 personas. 
Si bien es una política que en la modalidad descentralizada, la nación comparte 
los costos según los convenios con las provincias,se analizará la prestación otorgada a 
los beneficiarios. El monto unitario de la tarjeta alimentaria hasta el 2019 fue de $195, 
valor que se mantuvo inalterado desde el tercer trimestre de 2016. En el mismo período, 
la CBA tuvo un incremento del 178,9%28. Es interesante resaltar que el nivel de tarjeta 
mencionada representa apenas un 4,68% de la CBA. 
A pesar que a los fines del trabajo será utilizado el período mencionado, es 
importante destacar que a partir del año 2020, el programa experimentó algunas 
modificaciones y la nueva ‘Tarjeta Alimentar’ incrementó la intensidad de su prestación. 
El nuevo monto unitario queda fijado en $4.000 para familias que tengan un solo hijo/a 
de hasta 6 años (o un solo hijo/a discapacitado, sin límite de edad que percibe la AUH, 
o embarazada que percibe la AUE) y $6.000 para familias que tengan más de un hijo/a 
en la franja etaria de 0 a 6 años (o más de un hijo/a discapacitado, sin límite de edad).29 
Aunque la intensidad claramente es incrementada a partir de su actualización, 
también se reduce el rango etario para acceder al programa de asistencia. Dada la 
estrecha vinculación que tiene con las asignaciones universales, otra vez queda 
evidenciada la focalización del programa. En este caso, no solo se debe cumplir con la 
adhesión a las asignaciones ya mencionadas, quedando implícito el cumplimiento etario, 
sino que la Tarjeta Alimentar restringe el ámbito en el cual puede utilizarse la 
transferencia monetaria, ya que únicamente se permite la compra de alimentos y bebidas 
(quedando excluidas las bebidas alcohólicas). 
Tanto las asignaciones familiares como los programas de asistencia alimentaria y 
Progresar, demuestran sus limitaciones en materia de amplitud e intensidad de cobertura 
(con algunas excepciones). Además, cada uno de ellos impone condiciones que excluye 
a una gran porción de la población, en particular la económicamente activa. Esta 
conclusión refuerza la hipótesis del segmento anterior de indagar sobre un reemplazo 
que extienda la protección social. 
 
 
 
 
28 Reporte de Monitoreo PNSA. SIEMPRO 
29 La tarjeta alimentar a un año de su implementación. Informe Especial 2021. UCA 
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Capítulo 4: Costo fiscal del IBU en Argentina 
En primer lugar, este capítulo será dedicado a exponer la metodología elegida 
para realizar la estimación del costo fiscal que requiere la implementación de un Ingreso 
Universal en Argentina. Para ello se citarán trabajos existentes que servirán de soporte 
para nuestro objetivo. 
Luego, se detallarán los datos a utilizar en la estimación mencionada y sus 
correspondientes fuentes. Por último, serán utilizados los datos oficiales para realizar 
una elaboración propia del esfuerzo que debería hacer el Estado para aplicar un IBU en 
base a los métodos detallados previamente. 
4.1 Metodología de estimación 
 Para realizar la estimación fiscal del IBU, este trabajo se basa en el método 
utilizado por Gutiérrez Lara, A. (2018) en su trabajo de la CEPAL. Dicha metodología fue 
adoptada posteriormente por Dinerstein, N. (2020) para el caso argentino, utilizando 
datos correspondientes al año 2017. 
Como fue expuesto en el primer capítulo, los autores realizaron su estimación 
fijando cuatro niveles diferentes de ingreso que puede adoptar una posible renta básica. 
En el caso argentino, dichos niveles se igualan al Salario Mínimo, Medio salario mínimo, 
la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria, todos ellos en promedio anual. 
Tanto la CBT como la CBA son comprendidas para el adulto equivalente, a pesar de que 
pueden variar según el género y rango etario. Esta reducción es utilizada para una 
simplificación de los resultados. 
Desde la perspectiva de este trabajo, resulta de vital importancia los valores 
analizados de la CBA y la CBT, ya que dichos montos exponen la Línea de Indigencia 
(LI) y la Línea de Pobreza (LP), respectivamente. Esto es sumamente relevante para 
nuestro país ya que tanto la tasa de indigencia como la de pobreza tienen un crecimiento 
sostenido desde el segundo semestre del año 201730, con una especie de estancamiento 
en el primer semestre pero en valores significativamente altos31. Aunque dichos valores 
hayan sufrido la influencia de la pandemia iniciada en marzo de 2020, algunos estudios 
hacen mención de la existencia de una pobreza crónica que azota al país, con una 
alarmante concentración en la niñez.32 
 
30 Información obtenida del INDEC, de sus cuadros estadísticos respecto a Pobreza e Indigencia: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152 
31 Para el primer semestre del 2021 (última información presente en INDEC), el valor de la pobreza 
asciende a 40,6% para personas y 31,2% respecto a hogares. En cuanto a la indigencia, para las 
personas es 10,7% y 8,2% para hogares. Estos datos fueron obtenidos de los cuadros estadísticos 
respecto a Pobreza e Indigencia del INDEC. 
32 Información obtenida del estudio “El desafío de la pobreza en la Argentina” realizado por la CIPPEC. 
Fuente: https://www.cippec.org/publicacion/el-desafio-de-la-pobreza-en-la-argentina/ 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152
https://www.cippec.org/publicacion/el-desafio-de-la-pobreza-en-la-argentina/
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Al ser este trabajo un posible complemento en materia de estimación fiscal 
respecto del estudio realizado por Dinerstein, N. (2020), se opta por utilizar el mismo 
rango etario para que las conclusiones puedan ser relacionadas al final del debate. 
Además, el límite de edad fijado hasta 64 años es utilizado para hacer el cálculo con la 
PEA, sin tener en cuenta aquellos ciudadanos que ya son parte del sistema previsional. 
Es por ello que la estimación de esta tesis será realizada a modo de actualización 
de los resultados disponibles en el trabajo mencionado. Para ello se utilizará nuevamente 
el año 2019 como referencia, como fue indicado en el segundo capítulo para evaluar los 
costos del actual sistema de seguridad y asistencia social. Obviamente, esta metodología 
nos permitirá realizar una comparación cualitativa y cuantitativa de las políticas sociales. 
Como en el caso de las asignaciones familiares y los demás instrumentos vigentes 
previamente seleccionados, los datos utilizados para delimitar los posibles niveles del 
IBU serán tomados de las fuentes oficiales del INDEC. Por otra parte, los datos 
relacionados con la cantidad de población total por rango etario fueron obtenidos del sitio 
oficial del Banco Mundial, como será detallado en la siguiente sección. 
Por último, luego de mostrar las estimaciones que serán utilizadas para las 
comparaciones y conclusiones finales, también va a ser expuesto un cálculo de los 
mismos niveles de ingresos potenciales pero para la población total argentina sin ninguna 
condicionalidad etaria. Esto último es solamente a modo informativo para tener en cuenta 
el costo fiscal que conlleva la universalidad del ingreso. 
4.2 Obtención de datos 
 En esta sección se expondrán las fuentes de información utilizadas para llevar a 
cabo las estimaciones detalladas en el apartado anterior. Las mismas comprenden los 
datos necesarios a nivel poblacional, los distintos niveles de ingreso que puede tomar el 
IBU y el valor correspondiente al producto bruto interno a nivel nacional. 
Primero utilizaremos los datos disponibles en el Banco Mundial para tomar la 
población de Argentina entre 15 y 64 años. Según el sitio oficial33, la población en dicho 
rango etario es de 28.833.291 personas. Por lo tanto, nos basaremos en este valor para 
hacer el cálculo del gasto fiscal del IBU. La misma fuente será citada para realizar el 
posterior cálculo que mostrará el costo del IBU para el total de la población, es decir, 
44.938.712 personas 
 Luego, como fue mencionado, vamos a tomar los valores de laCBA y CBT 
promedio para el año 2019, teniendo en cuenta que ambos niveles son respecto a la 
 
33 Datos oficiales del Banco Mundial. Fuente: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.1564.TO?end=2019&locations=AR&start=1960 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.1564.TO?end=2019&locations=AR&start=1960
 
canasta correspondiente a un adulto equivalente. Según los datos oficiales de la Canasta 
Básica del INDEC, el promedio anual de 2019 de la CBA es de $4.166,85 y el promedio 
correspondiente al mismo año para la CBT es $10.401,3134. 
Por otra parte, utilizamos los datos presentes en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación Argentina35 para obtener los valores correspondientes al promedio anual del 2019 
del Salario Mínimo y, a partir del mismo, también se calcula la mitad del salario 
mencionado. El promedio del SMVM es de $14.781,25 y el correspondiente a su mitad 
es de $7.390,63. 
Por último, se utiliza el valor del PIB en precios corrientes relativo al año 201936 
para hacer la comparación con el costo de los niveles del IBU. Respecto a estos últimos, 
cada uno de los valores serán multiplicados para conocer el costo anual y de esta forma 
verificar el peso que representan para el PIB del mismo año. 
4.3 El esfuerzo fiscal de tener un Ingreso Básico Universal 
Luego de haber expuesto y detallado la metodología con la cual será estimado el 
costo fiscal del IBU y explicada la procedencia de los datos, en el siguiente cuadro se 
realizará un resumen de la información obtenida y la estimación del costo fiscal del IBU 
en términos del PBI: 
Tabla 4.2.1. Estimación del costo fiscal de un Ingreso Básico Universal en la Argentina para la 
población de entre 15 y 64 años para el año 2019 en precios corrientes (Costo anual y PIB en 
millones de pesos) 
Valor de IBU 
Nivel de 
IBU en $ 
Población entre 
15 y 64 años 
Costo anual en 
pesos 
PIB 2019 
Costo en % 
del PIB 2019 
Salario Mínimo 
Promedio 2019 
14.781,25 28.833.291 5.114.305 21.802.256 23,46 % 
Medio Salario Mínimo 
Promedio 2019 
7.390,63 28.833.291 2.557.154 21.802.256 11,73 % 
Canasta Básica Total 
Promedio 2019 
10.401,31 28.833.291 3.598.848 21.802.256 16,51 % 
Canasta Básica 
Alimentaria Promedio 2019 
4.166,85 28.833.291 1.441.728 21.802.256 6,61 % 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC. 
 
34 Datos oficiales de las Series Históricas de Canasta Básica del INDEC. 
35Ingresos, salarios y distribución presentes en la página oficial del Ministerio de Trabajo. 
36 Información obtenida de la página oficial de INDEC para los Agregados Macroeconómicos (PIB), en la 
series históricas del producto bruto interno. Fuente: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-
9-47 
 
 Como se puede notar en el cuadro anterior, la implementación de un Ingreso 
Básico Universal que sea igual al Salario Mínimo implica un costo anual del 23,46% del 
PIB para el año analizado. Bajando el nivel del IBU a medio salario mínimo, el costo 
anual representa 11,73% en términos del PIB. Luego cuando observamos los niveles 
que tienen como referencia la CBT y CBA, es interesante resaltar que el primer resultado 
excede al Medio Salario Mínimo por aproximadamente 5%, mientras que el 
correspondiente a la CBA es el menor de todos los valores con 6,61% sobre el PIB. 
 Realizando una breve comparación con los resultados que se obtuvieron en el 
trabajo de Dinerstein, N. (2020), podemos ver que tanto el Salario Mínimo como su mitad 
tienen un menor peso sobre el PIB de 2019. El SMVM fue de 27,2% en 2017 
disminuyendo aproximadamente 4% en nuestro trabajo. Por otro lado, el medio SMVM 
se redujo naturalmente un 2%. 
En cambio, el costo fiscal en términos del producto que significa aplicar el IBU en 
los niveles de las CBT y CBA ha incrementado entre el año fijado en el trabajo 
mencionado y el actual. El costo del IBU al valor de la CBT para el año 2017 representaba 
un 15,5%, mientras que para el año 2019 se incrementó a 16,51%, es decir ha 
aumentado un punto porcentual en estos dos años. Siguiendo la misma tendencia, un 
IBU igual a la CBA pasó de 6,3% a 6,61%. 
Para los casos de las canastas básicas podemos mencionar que dicho aumento 
se puede explicar por la suba de precios que han sufrido producto de la inflación, siendo 
la CBT el valor que más se incrementó en los dos años analizados. Si bien los niveles 
del Salario Mínimo y medio SMVM también se han modificado de manera ascendente en 
valores absolutos, tanto la CBT como la CBA se han más que duplicado entre los 
trabajos37. Estas observaciones nos indican que si tomamos como referencia el SMVM, 
el salario real argentino ha caído desde el año 2017 al menos hasta el año de evaluación 
de este trabajo. 
Finalmente, como fue anunciado al principio de esta sección, se realizará una 
estimación adicional a título informativo con la totalidad de la población. En este caso, la 
población total argentina se compone por 44.938.712 personas38. Nuevamente serán 
utilizados los mismos valores de ingreso de la primera estimación. 
 
 
 
37 Valores del trabajo (Dinerstein, N. 2020 p.12): SMVM = $8.460, medio SMVM = $4.230, CBT = $ 
4.831,95 y CBA = $1.975,6 
38 Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&locations=AR&start=1960 
 
Tabla 4.2.2: Estimación del costo fiscal de un Ingreso Básico Universal en la Argentina para la 
población total para el año 2019 en precios corrientes (Costo anual y PIB en millones de pesos) 
Valor de IBU 
Nivel de IBU 
en $ 
Población 
total 
Costo anual en 
pesos 
PIB 2019 
Costo en % 
del PIB 2019 
Salario Mínimo 
Promedio 2019 
14.781,25 44.938.712 7.971.004 21.802.256 36,56 % 
Medio Salario Mínimo 
Promedio 2019 
7.390,63 44.938.712 3.985.505 21.802.256 18,28 % 
Canasta Básica Total 
Promedio 2019 
10.401,31 44.938.712 5.609.058 21.802.256 25,73 % 
Canasta Básica 
Alimentaria Promedio 
2019 
4.166,85 44.938.712 2.247.034 21.802.256 10,31 % 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC 
 Naturalmente, el costo del IBU para la totalidad de la población se ha 
incrementado respecto a la estimación realizada para el rango entre 15 y 64 años. El 
aumento se dio para todos los niveles calculados, ya sea en el costo total como en el 
porcentaje en términos del PIB. Como se puede apreciar, implementar un Ingreso Básico 
Universal del valor del Salario Mínimo costaría un 36,56% del PIB mientras que el ingreso 
de medio salario mínimo representaría 18,28%. Por otra parte, para los casos de las 
canastas básicas, la renta básica correspondiente al costo de la CBT significaría un 
25,73% y para la CBA un 10,31%. 
 Si bien este ejercicio fue realizado solo a modo informativo, es conveniente 
resaltar que más allá del incremento de los costos anuales, la implementación de un IBU 
para toda la población argentina del valor de la CBA representa un aumento menor a 
cuatro puntos porcentuales de lo que se estimó para la población económicamente 
activa. De esta manera, se podría aplicar el IBU en su concepción más elemental 
expresado en la primera sección de este trabajo. En dicho capítulo, se hace alusión a 
una de las características enunciadas por Gaitán, F. et al. (2020) respecto a la no 
condicionalidad, en este caso etario. 
 A los fines operativos de este trabajo, en el próximo capítulo será utilizado el 
porcentaje estimado del costo del IBU del valor de la CBA para la población entre 15 y 
64 años. En este caso, el ingreso básico representa el 6,61% en términos del PIB. 
 Si bien el IBU requiere un costo fiscal importante, la elección de una renta del nivel 
de la CBA no solo permite cubrir los recursos alimenticios básicos, sino que representa 
el umbral de la indigencia. Respecto a la elección etaria, vale aclarar que la muestra 
seleccionada equivale al 64,16% de la población total. Además plasma la idea de 
 
direccionar y garantizar un ingreso incondicional a personas que están en edad