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Datos rápidos ● Sistema previsional: subsistema de la seguridad social que cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte. ● 3 problemas que llevaron el sistema previsional a la crisis: inflación que licuó el superávit durante los 50 y los 60. Evasión previsional. Retiro a edades tempranas y beneficios muy altos. ● Tasa de dependencia o relación de dependencia: población potencialmente inactiva/población en edad potencialmente activa = (pob < 15 y pob >60)/(15<pob<60) ● Deuda pensional implícita: el valor presente de las obligaciones con los participantes en el sistema. ● Bono demográfico o ventana demográfica de oportunidades: Fase temporal durante una transición demográfica que consiste en mucha más población activa que inactiva (tasa de dependencia en mínimos) se origina con una caída en la tasa de fecundidad. Es favorable para el desarrollo. ASAP: Evolución y financiamiento de la previsión social en Argentina Este documento tiene como alcance entender el funcionamiento de la Seguridad y Previsión Social en Argentina analizando sus principales características, su evolución histórica, sus consecuencias y su impacto en las cuentas del Estado. Capítulo 1 - Seguridad social: definición, principios, objetivos y opciones de política: La definición más difundida de seguridad social (Organización Internacional del Trabajo) afirma que se trata de “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de otra manera, derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de la enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez o muerte y también en la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”. Aunque la definición incluya al desempleo, las cargas de familia, la maternidad, la pérdida de salud (salud como ausencia de enfermedad) y accidentes de trabajo, el principal programa de la seguridad social es el que refiere a las contingencias de vejez, invalidez y muerte (pérdida de los ingresos del hogar como consecuencia de la muerte de uno de sus miembros económicamente activo o perceptor de una prestación). El subsistema encargado de cubrir estas tres contingencias se denomina sistema previsional. Es óptimo llamarlo subsistema porque permite diferenciar de lo que se suele utilizar como Sistema de Protección Social, que incluye otras contingencias diferentes a estas tres. Desde hace más de 130 años en la Alemania de Bismarck ya se encontraba presente la obligatoriedad de la participación en el sistema (financiado por trabajadores y empleadores y regulado por el Estado), de todas maneras, es recién en 1942, en Reino Unido, que William Beveridge desarrolla el concepto moderno de seguridad social, integrando en un mismo esquema a los seguros sociales, a la asistencia social y a los seguros voluntarios. De esta manera, la seguridad social alcanzó un estatus global. En cuanto a los principios de la seguridad social, partiendo de lo impulsado por Beveridge es posible resumirlos en cinco ítems: - Universalidad en la cobertura: la inclusión de todos los trabajadores y sus grupos familiares en los beneficios de la seguridad social. - Igualdad, equidad o uniformidad en el trato: consiste en la no discriminación por etnia, género, idioma, religión, inclinación política, nacionalidad, región de residencia, situación económica y patrimonial, condición social u otras. - Solidaridad y redistribución del ingreso: en términos intrageneracionales (subsidios cruzados entre beneficiarios) como intergeneracionales (transferencias netas de una generación a otra) - Comprensividad y suficiencia de las prestaciones: un nivel de prestaciones que permita al trabajador y a su grupo familiar evitar una situación de pobreza ocasionada por la pérdida transitoria o permanente de ingresos generada por las tres contingencias vistas. Dentro del sistema previsional, esto se denomina cobertura previsional. - Unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y participación en la gestión: el rol del Estado como responsable último del sistema de seguridad social y la importancia de la participación de los propios asegurados en la administración del sistema. Se incorpora la noción de eficiencia y eficacia económica ante la existencia de economías de escala en la administración previsional, aprovechadas por un sistema centralizado. Según el economista Horacio Piffano, a fines de 1970, época caracterizada por desequilibrios fiscales en América Latina tras acontecimientos económicos, políticos y sociales, nace una visión caracterizada por sistemas previsionales públicos con desbalance financiero. Sus autodenominados cinco objetivos son los siguientes: - Cobertura de vejez, incapacidad y muerte: se lo enuncia como forma de corregir falencias del mercado que impiden a los individuos trasladar en forma voluntaria ingresos desde la etapa activa hacia la etapa pasiva de sus vidas. - Redistribución de los ingresos: el mercado está limitado para lograr resultados en términos de equidad que resulten tolerables socialmente y sostenibles políticamente. - Estímulo al crecimiento económico sostenido y al mantenimiento de altas tasas de ahorro nacional: esta visión conceptualiza al sistema previsional como una fuente de crecimiento económico capaz de acumular recursos que eventualmente podrían derivarse hacia la inversión productiva. - Neutralidad en el mercado de trabajo: la no interferencia en los mecanismos de mercado que determinarían en forma eficiente la tasa de desempleo y el nivel de salarios. Las potenciales fuentes de distorsión en el mercado laboral serían la existencia de aportes y contribuciones que funcionan como un impuesto al factor trabajo y, por ende, reducirían su oferta y demanda, además de que la existencia de beneficios previsionales incentivaría a un retiro prematuro del trabajo por parte de la población. - Autofinanciamiento: en un contexto de pocos recursos fiscales se plantea el objetivo de lograr el autofinanciamiento de los sistemas previsionales, o sea que los gastos previsionales se sostengan únicamente por los aportes y/o contribuciones patronales sin usar recursos adicionales como aportes del tesoro, impuestos, tasas o cánones. Algunos de estos objetivos son inconsistentes entre sí. Resulta imposible financiar prestaciones universales (a todos los trabajadores) y permitan evitar situaciones de pobreza únicamente con aportes y contribuciones (autofinanciamiento). El concepto de autofinanciamiento chocaría también con la visión de que el Estado debe garantizar el funcionamiento del sistema por encima de la recaudación. Los mecanismos más usuales para lograr el autofinanciamiento típicamente fueron el aumento de los requisitos de edad, la disminución del valor real de los beneficios retrasando los ajustes en un contexto inflacionario, lo que va en contra del objetivo principal del sistema de brindar cobertura. Por otro lado, querer más progresividad en el sistema (con haberes mínimos y máximos) y conseguir un mayor grado de financiamiento impedirían disminuir las distorsiones en el mercado de trabajo. Queda en claro entonces que los objetivos representan paradigmas teóricos e ideológicos. Los objetivos modernos sitúan sus preocupaciones en la cobertura de las contingencias y las de tipo redistributivo con el interés por no interferir en los mercados, como el de trabajo con beneficios, aportes y contribuciones. El seguro social constituye el aspecto más moderno de los sistemas previsionales en el mundo. Está basado en la obligación de la participación para un universo de trabajadores predefinido que implica la financiación vía aportes y contribuciones mientras que genera derechos adquiridos por tales contribuciones susceptibles de ser reclamados judicialmente ya que son de cumplimiento forzoso para el administrador. Por más que el Estado no administre directamente el sistema, es el responsableúltimo. Para mantener el estado de derecho adquirido, los aportes y contribuciones suelen introducirse en cuentas especiales donde no se mezclarán con los fondos generales del Estado o el patrimonio del ente administrador. El concepto de asistencia social antecede al de seguro social. La principal característica de estos programas es que las prestaciones no tienen origen en contribuciones previas, inclusive no se suele exigir participación previa en el mercado de trabajo sino que se responde a la necesidad de condiciones de vida. La determinación del valor de la asistencia no guarda relación con los ingresos previos sino que toma como referencia el valor que separa al beneficiario de dicho punto. Es habitual que el financiamiento surja de los recursos generales y que por lo tanto no esté administrado a través de cuentas separadas. El costo de administración de la asistencia social es superior al del seguro social dada la complejidad que conlleva determinar las condiciones de vida de los solicitantes. Los seguros voluntarios de mercado permiten acceder a quienes lo hayan decidido y tengan los recursos para hacerlo, a un nivel superior de protección. Permiten reducir la presión que los trabajadores de mayores ingresos puedan desarrollar sobre el seguro social. Por otro lado, los autores señalan que el Estado suele ser presionado para establecer incentivos fiscales a su contratación, con lo cual se reduce la progresividad del sistema impositivo en su conjunto y la que proviene de la seguridad social. Hay más tipos de sistemas, esquemas de caja de previsión, planes ocupacionales (Japón o Australia) y prestaciones universales (Nueva Zelanda). Todas estas formas de asistencia y seguro social y seguros voluntarios se puede configurar de distintas formas: ● Por grado de compulsión: la participación en el sistema previsional puede ser obligatoria o voluntaria, generalmente toma un valor intermedio. Los trabajadores cuentapropistas tienen una participación voluntaria mientras que también se puede estimular mediante incentivos económicos (fiscales) sin que sea obligatoria. ● Por la variable predeterminada: al buscarse balance en las finanzas del sistema o evitar desequilibrios poco sostenibles se busca predefinir el valor de uno de los parámetros del sistema, generalmente la tasa de sustitución del salario o la tasa de aportes y contribuciones. En el primer caso, el riesgo recae sobre las próximas generaciones bajo la forma de eventuales incrementos en las tasas. Si lo que se pauta es la tasa de cotización, el riesgo cae sobre los individuos que no se aseguran de antemano por el hecho de cumplir con los requisitos de cotizaciones y edad necesarios para acceder. Por ello, suelen pre definirse las dos a la vez por medio de una reducción de la tasa de sustitución del salario vía formas de financiamiento no contributivo. ● Por el grado de prefinanciamiento: Horacio Piffano: Los sistemas previsionales y sus efectos económicos en el mercado de trabajo y el nivel de actividad (1996) El impuesto sobre la nómina como medio de financiamiento del sistema previsional: Un sistema de Seguridad Social financiado con contribuciones que gravan la nómina (salario) afecta tanto a la oferta como a la demanda de trabajo y, por consecuencia, al empleo. La primera vía es denominada por el autor como “efecto retiro”, que produce una reducción en la oferta laboral en el segundo período. En el primer período, la oferta laboral depende de la manera en la que el individuo interpreta sus pagos de seguridad social. Si el trabajador interpreta a los aportes como un mecanismo de ahorro obligatorio (que se traduce en beneficios jubilatorios por el mismo monto) entonces la oferta laboral no debería modificarse. Sin embargo, si los aportes tienen características de impuestos, el efecto que se suele encontrar es una reducción en la oferta de trabajo. En esta figura se visualiza el efecto en la elección consumo-ocio del agente típico: Dado el salario actual (w), el equilibrio inicial (sin impuestos, sin seguridad social) está en el punto 1. Cuando se introduce un nuevo impuesto de tasa t, el precio del ocio (salario por hora) cae hasta el nuevo equilibrio en el punto 2. Esto sucede por dos motivos. En primer lugar, al gravarse el trabajo, el salario neto disminuye y el individuo tiene mayores incentivos a dejar de trabajar y a aumentar su consumo de ocio, es decir, efecto sustitución. De esta manera se reduce la oferta laboral (pasa de A a B) En segunda instancia, el impuesto reduce el salario medio percibido por el trabajador, de manera que el ingreso disponible disminuye y se reduce el consumo de todos los bienes superiores, es decir, efecto ingreso donde la oferta laboral aumenta. La literatura sugiere que el efecto sustitución predomina por sobre el efecto ingreso. Al existir aportes patronales la demanda de trabajo también se va a ver afectada. La curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. En el punto 1, el equilibrio inicial de la oferta y demanda de trabajo son sin impuestos. Con impuestos personales y patronales sobre los salarios, las curvas se desplazan a O’ y D’ respectivamente mientras que el empleo se reduce de L0 a L1. Se genera una divergencia entre el salario pagado por las empresas y el percibido por los trabajadores. Las elasticidades de la oferta y la demanda son importantes para determinar cuánto va a incidir el impuesto. El salario de mercado ahora es w’ (pero podría ser igual o mayor al anterior, depende de las elasticidades), el salario efectivo percibido por el trabajador cae a w’’ y el costo laboral aumenta a w’’’. La caída del ahorro genera una reducción en la inversión y en el stock de capital futuro de la economía, por lo que el trabajo se vuelve menos productivo y por lo tanto el nivel de empleo es menor junto a la remuneración. Por otro lado, el encarecimiento del trabajo induce la sustitución de trabajo por capital: las técnicas de producción serán más intensivas en capital: Partimos del equilibrio en el punto 1 donde la tasa marginal de sustitución técnica entre factores (cuántas unidades de un factor se está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del otro) se iguala a su precio relativo. Con un impuesto de seguridad social sobre el trabajo, este factor se encarece y el nuevo equilibrio ocurre en el punto 2. Hay que renunciar a más K para conseguir L? En resumen, un Sistema de Seguridad Social financiado con contribuciones sobre el salario reduce el empleo. De un lado, la oferta laboral es menor producto de un efecto sustitución que aumenta el nivel de ocio y reduce la cantidad ofrecida de trabajo que supera a un efecto ingreso que reduce el consumo de bienes superiores como el ocio. Por otra parte, la demanda de trabajo cae tras el encarecimiento del factor trabajo: como resultado, las empresas sustituyen el trabajo por capital y las técnicas de producción se vuelven más capital intensivas. Lo dejé en la página 4. Carlos Martínez y presentación de clase: Autofinanciamiento Equilibrio en un régimen de reparto de financiamiento contributivo: En un sistema de reparto, se tiene una ecuación donde uno de los lados abarca el gasto que se puede desagregar en beneficiarios (cantidad física, cuántos son) multiplicado por el valor de esa pensión/jubilación. Del otro lado, se tiene el financiamiento. Si el sistema es de reparto puro (o bismarckiano) el financiamiento será “Aportes y contribuciones a la seguridad social”, las cargas sociales financiando todo el gasto jubilatorio. Dichos aportes se pueden desagregar en: la cantidad de trabajadores que están aportando a la seguridad social multiplicado el salario que tienen multiplicado por el impuesto que pagan por ese salario a la seguridad social. o: w . c . La = s. w . j donde w = salario medio. c = tasa de aporte o contribución. Incluye tanto aportes patronales como contribuciones. s = tasa de sustitución del salario (porcentaje del salario reconocido como haber jubilatorio, la jubilación salario sustituido) J = cantidadde jubilados. La = cantidad de trabajadores activos aportantes, determina los egresos del sistema. Así mismo tenemos que: c (tasa de contribución) .La/J (tasa de sostenimiento) = s (tasa de sustitución del salario) Esta es la tasa de sostenimiento demográfica (TSD), mide la cantidad de población potencialmente activa que puede financiar a un potencial beneficiario, si se reduce, se tiene un problema: agotamiento de reservas, aumento de aportes o disminución de haberes, asistencia externa (tributaria o endeudamiento). La TSD es la inversa de la tasa de dependencia (TDD), siendo esta última la relación entre la población que potencialmente financia y que potencialmente demanda (relación es población > 60 respecto de 20<P<59). En el caso de Argentina, el beneficio es = 1.5*cantidad de años cotizados + PBU (prestación básica universal, componente fijo) Resolución: A) Tasa de sustitución observada: haber medio/salario = 200/500 = 0.4 B) Tasa de contribución observada: recaudación por contribuciones/masa salarial = 0.12 C) Tasa de sostenimiento observada: TSD = La/J La = masa salarial/salario medio J = gasto en pensiones/haber medio TSD = 6.000.000/3.500.000 = ≈ 1,71 D) Tasa de sostenimiento requerida: c*La/J req. = s 0.12*La/J req = 0.4 La/J req. = 0.4/0.12 La/J req. = ≈ 3,33 E) Tasa de dependencia observada: TDD = J/La TDD = 3.500.000/6.000.000 TDD = ≈ 0.58 F) Haber medio que equilibra el sistema de reparto: j*haber medio eq. = recaudación por contribuciones 3.500.000 * haber medio eq = 360.000.000 haber medio eq. = $102.85 G) Tasa de sustitución requerida: haber medio eq./salario = Tasa de sustitución req. 102.85/500 = 0.20 H) Tasa de contribución requerida con tasa de sustitución del 70%: w*c = s*w*j/La 500*c = 0.7*500*0.58 c = ≈ 0.40 Resolución: A) Tasa de sustitución observada: haber medio/salario = 200/450 = 0.44 B) Tasa de contribución observada: recaudación por contribuciones / masa salarial = 0.15 C) Tasa de dependencia observada: TDD = J/La TDD = 3.000.000/5.000.000 TDD = 0.6 D) Tasa de sostenimiento requerida: c*La/J req = s 0.15*La/J req = 0.44 La/j req = TSD req = ≈ 2.93 E) ¿El sistema de reparto está en equilibrio? justifique: Tomando como datos; la recaudación por contribuciones a la seguridad social ($337.500.000) y los gastos en pensiones ($600.000.000) surgiendo este último a raíz de multiplicar la cantidad de jubilados y pensionados por el haber medio, se deduce que el sistema de reparto es deficitario por $262.500.000 F) Si el sistema fuera de contribución definida ¿cuál es la jubilación media de equilibrio? jubilados y pensionados * haber medio de equilibrio = recaudación por contribuciones 3.000.000 * haber medio de equilibrio = $337.500.000 haber medio de equilibrio = $112.5 Resolución: Datos: TDD observada = j/La = 0.58 Tasa de contribución observada (c) = 0.12 w = $500 → w*c = s*w*j/La → $500*0.12 = s*$500*0.58 Tasa de sustitución requerida (s) = 0.20 Haber jubilatorio medio = s*w = 0.20*500 = $100 A) Haber medio que equilibra el sistema de reparto: Haber medio eq. = Tasa de contribución/TDD*w Haber medio eq. = 0.12/0.58*$500 Haber medio eq. = $103.44 B) Tasa de sustitución requerida: Tasa de sustitución requerida (s) = 0.20 C) Si estamos en presencia de tasa de sustitución fija 70% sobre salario ¿cuál es la tasa de contribución de equilibrio? c* c (tasa de contribución) .La/J (tasa de sostenimiento) = s (tasa de sustitución del salario) Equilibrio en un sistema de capitalización En un régimen de capitalización se define como F al fondo de pensiones (también conocido como “capital acumulado por capitalización de aportes”) y como B al valor presente de los beneficios o renta vitalicia: Todos los períodos (n) el trabajador hace su aporte (c*w), ese aporte irá acumulando a una tasa (ic) que se ve afectada por la variación de los salarios a lo largo del tiempo. A raíz de ese fondeo se pagará una renta vitalicia que es equivalente a la tasa de sustitución del salario (s*w) llevado a valor presente descontado tanto por la variación de los salarios y por una tasa de descuento (i). El descuento se realizará durante (n) años de pasividad, los años donde es requisito aportar para poder obtener una renta vitalicia que será efectiva durante los años de pasividad (m). La tasa de pasividad se define como p = m/n. Suponiendo que i=ic=g: donde s = c(n/m) o c = s(m/n) La tasa de sustitución del salario dependerá de la inversa de la tasa de pasividad y de la tasa de aporte. Para obtener una cierta tasa de substitución (s), se definió la tasa de aporte requerida dada la tasa de rendimiento garantizada (r) Resolución: Determinar si resulta más conveniente el sistema de capitalización o el de reparto: Debe calcularse cuál permite obtener el 70% con un menor impacto tributario. Reparto: Tasa de sostenimiento = La/J = 1.37 Tasa de contribución (c) eq. reparto = 0.7/1.37 = 0.51 (51% de presión impositiva) Capitalización: Tasa de contribución (c) = s*(m/n) = 0.7(14/30) = 0.32 (32% de presión impositiva) Es más conveniente el sistema de capitalización ya que requiere un 32% de tributo para mantener el equilibrio, menor al que requiere el de reparto. ASAP: Evolución y financiamiento de la previsión social en Argentina Capítulo 2 - Evolución histórica de la previsión social en Argentina hasta la década de 1990 Para analizar la evolución histórica se partirá de las siguientes cinco etapas de la historia previsional argentina previa a la década de 1990: ● 1580-1904: prehistoria de la seguridad social en Argentina. ● 1904-1944: primeros regímenes orgánicos por actividad. ● 1944-1968: universalización de la seguridad social. ● 1968-1980: centralización administrativa y unidad legislativa. ● 1980-1990: crisis de la seguridad social. 1580-1904: prehistoria de la seguridad social en Argentina Las raíces fundamentales del sistema previsional Argentino se relacionan con las instituciones desarrolladas durante la etapa del dominio colonial español en los territorios que actualmente conforman el país. El conjunto más antiguo, que paradójicamente sigue vigente, remite a las pensiones (pagos periódicos vitalicios), en dicha época el Rey de España las otorgaba a algunos militares, civiles y eclesiásticos a su gracia. Otras dos instituciones destacadas en la época consistieron en los montepíos y las cofradías: se centraban en los gastos de sepelio, viudez y orfandad, es decir estaban todas asociadas a la contingencia de muerte. Las diferencias entre sí radican en el criterio de inclusión poblacional. Estas instituciones tendieron a la desaparición durante las siete décadas posteriores a la revolución de mayo en 1810. A partir de esa finalización, las instituciones propias de la seguridad social (ya en ese entonces reducidas a la mínima expresión), resurgen bajo una fuerte impronta estatal. Bajo la ley 1909 de 1886 se regularizan pensiones para miembros del sistema educativo, luego para el personal judicial, universitario, policial, trabajadores estatales, sin ser un sistema contributivo sino un sistema que requiere del cumplimiento de ciertos objetivos. Recién en 1901 se establece que el 5% del salario de todos los empleados de la administración y de los jubilados será deducido. Ese fue el primer principio de contribución para la financiación y acceso. 1904-1944: primeros regímenes orgánicos por actividad Este primer régimen orgánico toma el nombre de Montepío Civil, la diferencia con el sistema colonial es que se abandonó el esquema semigraciable y se le sumó la suerte de contributividad al pago de las prestaciones y a los gastos asociados a las mismas. A lo largo de esta etapa, que dura cuatro décadas, se incorporan paulatinamente distintas profesiones y actividades a la previsión social, con una falta de coordinación entre los diferentes regímenes orgánicos que van surgiendo, cada uno administrado por una organización diferente. Esta falta de coordinación es visible en los distintos parámetros que tiene cada régimen. La expansión del sistema previsionalestá relacionada al empleo público (servicio civil, militar y policial, empresas públicas, ferrocarriles estatales, banca pública) mientras que la extensión al sector privado se da de manera muy lenta durante este período y está asociado a un conflicto social. El primer grupo de trabajadores del sector privado que logró acceder a la previsión social fueron los empleados de ferrocarriles no estatales a raíz de una huelga de maquinistas en 1915. Luego hubo intentos por incorporar a otros sectores como los obreros industriales en 1920 pero se encontró oposición en los empleadores y en los propios trabajadores. En este período se logró un importante avance en la ampliación del sistema, sin embargo, el principio de universalidad todavía se encontraba muy lejos de ser cumplido dado que la mayoría del universo laboral no contaba aún con el derecho de cotizar para su jubilación. A mediados de 1940, apenas el 7% de los trabajadores estaba incluido en el sistema previsional. 1944-1968: universalización de la seguridad social A partir de la década de 1940 el sistema previsional argentino logra alcanzar niveles de cobertura significativos. Esto fue posible por la incorporación de algunos grupos de trabajadores con la mayor cantidad de personas. En 1944, se incorpora al personal de salud, en 1946 al personal aeronáutico y a los obreros industriales. En los próximos años se incorporan a los colectiveros, los profesionales, empresarios, trabajadores independientes, trabajadores rurales, lo que implica un fuerte aumento en la cobertura. Por último, en 1956 se extiende hasta el personal de servicio doméstico. Esto permitió pasar de un 7% en 1944 a un 35% en 1949. De todas maneras, ya en este punto empiezan a ser visibles los problemas asociados al modelo previsional por entonces vigente: la sustentabilidad y la inequidad. Las preocupaciones responden a lo fiscal dado que era preocupante el consumo del superávit previsional, las reservas adelgazaban visiblemente incluso en un contexto de alta recaudación. De este modo, ya en 1946 se empieza a debatir acerca de la necesidad de instaurar sistemas de reciprocidad jubilatoria dada la cantidad de problemas que provocaba su ausencia. En 1954 se abandonan los esquemas de capitalización colectiva ya que habían llegado a niveles negativos. En 1958 se limita el valor de los beneficios de las distintas cajas, fijando como nivel máximo de tasa de sustitución el 82% móvil del ingreso previo al ingreso de actividades, reduciendo el potencial redistributivo del sistema porque el porcentaje se calcula sobre el ingreso base del puesto y no de la rama. Este número (82%) es de difícil rastreo acerca de las causas que lo originaron, es poco probable que haya surgido de un cálculo matemático o un sistema actuarial, probablemente surgió de la tasa de sostenimiento de ese momento y su relación con la tasa de cotización. 1968-1980: centralización organizativa y unidad legislativa A partir de 1968 se unifican las trece cajas previsionales existentes en ese entonces en solamente tres. Dado el notorio déficit de las cajas, la determinación de los beneficios se vuelve menor, se pasa del 82% al 70% del ingreso previo. Un punto importante que aportaba a esta preocupación fiscal surge de las moratorias. Se instauraron moratorias previsionales que, a corto plazo, permiten el ingreso de nuevos recursos para aliviar la necesidad de la asistencia del tesoro pero, a mediano plazo, implica un incremento grande de gastos. 1980-1990: crisis de la seguridad social La crisis de la seguridad social se intensificó en estas décadas a raíz de decisiones que incrementaron el gasto al tiempo que disminuían sus ingresos, en un marco de profundas inequidades en el sistema. En 1980, el gobierno militar eliminó las contribuciones patronales para aliviar la carga al sector empresarial en un intento por volverlo más competitivo. Como contrapartida, se aumenta la alícuota del IVA y se extiende su alcance. Esto empeoró la financiación del sistema y esta eliminación duró hasta la vuelta de la democracia cuando se reestablecen los aportes en 7.5% en 1985 para luego subir a 12.5% en 1987. La eliminación de aportes durante 1980-1985 afectó los ingresos del sistema, a su vez, se achata la pirámide previsional producto de la suavización del consumo. Esto genera que el sistema tenga menos capacidad para hacer frente a las obligaciones, por ende aumentando la litigiosidad y generando así nuevos gastos vinculados con la administración del mismo. Con todas estas condiciones, se llega a un cierto consenso de que el sistema requiere algún tipo de modificación ya que no está cumpliendo con ningún objetivo para los cuales fue creado. No había permitido suavizar el consumo a sus beneficiarios, ni continuidad en sus ingresos, ni logró una cobertura universal. De esta forma, estos factores explican la caída del sistema previsional. Es un sistema que no está preparado para los procesos inflacionarios o el empeoramiento permanente de la tasa de desempleo. El modelo tampoco fue capaz de adaptarse a los cambios poblacionales y laborales de las últimas décadas. El próximo paso era la inminente reforma. ASAP: Evolución y financiamiento de la previsión social en Argentina Capítulo 3 - La reforma previsional de los 90, antecedentes, hitos y consecuencias Hacia 1992 el sistema previsional presentaba un importante desequilibrio financiero, necesitaba de recursos fiscales para ejecutar la totalidad del gasto. La reforma (ley 24241) se aprueba en 1993 intenta darle sustentabilidad a largo plazo al sistema y ordenar su situación institucional. Se eligió un régimen mixto con preponderancia a un sistema de capitalización individual. Antecedentes, contexto y causas de la reforma Como la necesidad de financiamiento del sistema está en función de la recaudación fiscal y el gasto previsional, todo lo que incide en el número de cotizantes, el nivel de salarios, las alícuotas de aportes y contribuciones y el nivel de prestaciones, termina impactando en la situación financiera del sistema. La situación del sistema previsional argentino desde 1944 consiste en 20 años de formación de excedentes, 15 años de equilibrio y desde 1980 en adelante, déficit previsional. Desde mediados de 1970, el país observa un estancamiento económico que dura hasta 1992. Tras el inicio de la convertibilidad, un ciclo alcista se produce hasta 1998. Tras la crisis de 2001 (a la que se llega por la imposibilidad de mantener la paridad dólar-peso sin tomar financiamiento externo) el PIB se redujo un 15,5% entre 2001 y 2002 y el estado se declaró en default. La salida de la crisis cambiaria derivó en una fuerte devaluación, caída del salario real. El sistema previsional resulta impactado por la evolución de los salarios y empleo registrado. Hasta el 2003 hubo una drástica reducción, luego inició una trayectoria creciente. Desde 1975 también se registra una brecha entre salarios y productividad, a partir de 2003 ambas variables retoman el mismo sentido. A nivel de desocupación también se registra un fuerte aumento entre 1992 y 2002. Luego de 2003 se inicia un período de reducción del desempleo, que a partir de 2010 recupera valores de la década de los 80. En este gráfico se observa la tasa de precariedad: la proporción del empleo no registrado en el total del empleo: El proceso de precarización del sistema laboral influye en el debilitamiento del sistema previsional contributivo. Al ser una transferencia de trabajadores activos a jubilados, no todo el empleo está aportando a la seguridad social, no todo empleo es registrado por la seguridad previsional: no todos los trabajadores y trabajadoras ahorran para luego tener un salario diferido. Las contribuciones patronales entre 1991 y 2002, caen un 33% hasta el 22%. Las alícuotas van desde el 16% al 10%, estas reducciones junto a la pérdida de recaudación de aportes complicaron su financiamiento. La reforma previsional (ley 24241) Entre 1991 y 1994 el gobierno impulsa una serie de reformas estructuralesque buscan desregular el mercado de trabajo y cambiar el sistema previsional, inspirado en la experiencia de Chile, que en 1981 creó un sistema de capitalización de cotizaciones previsionales aún vigente. La opción pro capitalización le daba la esperanza al sistema de tener estímulos diferenciales para los aportantes y que no estaría expuesto a variables exógenas como la demografía o el mercado de trabajo. Las principales características fueron las siguientes: 1. Se crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP): se conforma un sistema mixto de dos regímenes, el régimen público que es de reparto y el régimen de capitalización, por ende había tres pilares: una prestación básica y universal (PBU), una prestación según opción entre esos dos régimenes y un esquema voluntario bajo la lógica de capitalización individual. 2. Cambio en las condiciones de otorgamiento de los beneficios y de las fórmulas de beneficio de la prestación por vejez en el sistema de reparto. 3. El régimen de capitalización al que se pasa es de “beneficio indefinido”, es decir que el valor de la prestación previsional depende de la acumulación en el fondo de pensiones. Esto es equivalente a decir que los beneficios dependen de la evolución de la rentabilidad obtenida por la cartera de inversiones de la AFJP y de la densidad del aporte del trabajador. 4. Se generó una institucionalidad sólida destinada a sostener el sistema. Transferencias de Cajas Provinciales De 1994 a 1996, diez provincias y la Ciudad de Buenos Aires transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, se trataban de provincias con poco desarrollo y alto empleo público, por lo que trasladaron regímenes previsionales fuertemente deficitarios. El sistema nacional absorbió déficit grandes en forma inmediata y las ex cajas provinciales se incorporan directamente al régimen nacional. Este sistema es conocido como armonización de cajas previsionales provinciales, las provincias se comprometen a armonizar sus parámetros de sus regímenes a los del sistema nacional y a cambio de ello la nación garantiza el financiamiento. Efectos del cambio estructural en el sistema previsional En el año 2001 cuando los acreedores internacionales dejaron de comprar deuda Argentina, estalló la crisis económica, social y política. El empleo sufrió un fuerte deterioro, el salario real en pesos se redujo fuertemente y las empresas recurrieron a recortes y a la evasión previsional. Cobertura previsional De 1994 a 2005 se produce una caída de la cobertura previsional de los mayores de 65 años. Cae desde un 77% a un 70%, llegando a un 66% para luego recuperarse. La “cobertura activa” que se mide por la porción de quienes mantienen empleo registrado en el total del empleo, disminuye. En el mediano y largo plazo esto impacta negativamente en la cobertura, al hacer más difícil reunir los años de servicio necesarios para jubilarse. En el corto plazo, el avance de la informalidad tiene un impacto reductor en los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social. Principales hallazgos La política previsional en los 90 fue restrictiva de la cobertura (la llevó de 77% a 66%) al aumentar los años de servicio y, en el caso del régimen de capitalización, individualizar los riesgos de la previsión social y sistémicos. Las cuentas fiscales, aparentemente contaban con mecanismos que les permitían resguardarse del riesgo de inversión, del riesgo macro y del riesgo demográfico, la carga recae individualmente sobre los beneficiarios. El costo de gestión previsional aumentó, en el período 1996-2001. Tres veces más el costo operativo del régimen público. En 2001-2002 se recortaron los haberes de los mayores ingresos. La política económica de los noventa afectó al sistema previsional afectando la generación de empleo, la precarización laboral y la reducción del salario real generando un desfinanciamiento del sistema. A esto, se le tiene que sumar el costo de los intereses de la deuda generada por los aportes personales derivados a los fondos de pensiones. El aumento de la informalidad resultó que no se pudo cumplir el objetivo de disminución de la evasión. Moratoria de 2001 y de 2003-2015 Los principales cambios normativos en materia previsional en el período 2003-2015 incluyen políticas dirigidas a ampliar la cobertura (moratorias), a regular su intensidad (movilidad), modificaciones paramétricas y estructurales (reestatización) En cuanto a las políticas de ampliación de la cobertura, recordemos que en 1994 la edad mínima se elevó en cinco años. Durante el año 2004 se sanciona una ley atendiendo a las demandas del grupo etario entre 50 y 60 (cuya consigna era “demasiado viejos para un empleo formal, demasiado jóvenes para jubilarse”) que estableció que las personas que están desempleadas y hayan aportado durante 30 años restándole menos de cinco para cumplir con la edad de retiro, podrán acceder a un haber mínimo hasta cumplir con la edad requerida. Los efectos de esta ley eran acotados en términos de ampliación de la cobertura porque el requisito que impedía el acceso a la jubilación para la mayoría de la población eran los años de aporte y no la edad. La verdadera explosión en el número de altas otorgadas se da en agosto de 2006 cuando la ANSES introduce la Jubilación Automática para Trabajadores Autónomos, también conocida como jubilación por internet, ya que permitía tramitar el beneficio por este canal. Se restringiría luego el acceso a la moratoria a aquellos beneficiarios de un plan social o pensión de otro tipo como jubilación, pensión, militar, nacional, provincial o municipal. Los autores señalan que no puede hablarse de esto como una política de ampliación de la cobertura porque el origen normativo de la moratoria fue “precario” ya que surgió de un decreto reglamentado por tres resoluciones de dos organismos distintos, apoyados sobre una ley que buscaba solucionar un problema distinto que a su vez remite a otra ley de casi una década de antigüedad. Una distinción de esta moratoria con las anteriores es que las anteriores tenían un objetivo financiero; incrementar la recaudación de aportes y contribuciones en el corto plazo siendo el aumento de la cobertura un efecto social producto de este objetivo pero no era algo buscado. En cambio esta moratoria busca explícitamente aumentar la cobertura ya que desde sus inicios representó un flujo de gastos en jubilaciones superior a los aportes, por lo que algunos autores señalan que algunas reformas estructurales que se hicieron luego se deben a la necesidad de financiar esta ampliación. Otro dato relativo a esta cuestión tiene que ver con que un porcentaje importante de la población declaraba deudas previsionales por actividades de cuenta propia cuando en realidad durante esos períodos se desempeñaron en relación de dependencia en empleos no registrados. En cuanto a los cambios estructurales, los ingresantes que no ejercieran de forma explícita su opción previsional se incorporaron al sistema de reparto por defecto. Los afiliados al sistema privado que a diez años o menos de cumplir la edad mínima de retiro no hubiesen logrado un saldo de capitalización igual o mayor a $20000 eran traspasados al sistema de reparto. El resto de los afiliados podía optar cada cierto tiempo en pasar de un sistema al otro sin vuelta atrás. Las alícuotas de capitalización volvieron al mismo valor que antes. Se fijó además a la ANSES como ente administrador y se creó un Consejo del FGS cuyo objetivo era “monitorear los recursos del sistema” También, por primera vez se fijó por ley que los fondos de jubilaciones y pensiones debían invertir un porcentaje mínimo en determinados instrumentos ajenos a la liquidez. 5% en valores de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos a mediano o largo plazo en Argentina. La crisis de 2008 afectó negativamente a los fondos de jubilaciones y pensiones por lo cual el contexto era favorable a la reforma. Finalmente, se sanciona en la ley 26425 y se suprime el sistema mixto, creándose unrégimen enteramente de reparto llamado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) La transición de un sistema a otro se dio transfiriendo saldo de las cuentas de capitalización, en especie, al FGS y se garantiza que la cobertura para los afiliados a la capitalización sea de iguales o mejores prestaciones, hechas ahora por el estado. Políticas previsionales 2016-2018 Tras la victoria de la coalición Cambiemos en 2015, se impulsa la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. El objetivo era recomponer los haberes de las personas que se encontraban en litigio con la ANSES y también ampliar la cobertura (PUAM) También hay otros cambios como la forma de calcular el haber inicial y cambios en la política de préstamos a perceptores de pensiones, jubilaciones y AUH. En mayo de 2016 se aprueba el primer proyecto parlamentario del gobierno de Mauricio Macri, que implica un contenido relevante a lo previsional. Los principales puntos del “Régimen de Sinceramiento Fiscal” fueron los siguientes: 1. Se impulsó un programa de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (PRHJP) con financiamiento del FGS y del Régimen de Sinceramiento Fiscal (blanqueo) 2. Se crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) 3. Se deroga una ley que protegía las participaciones accionarias del estado en la cartera del FGS. 4. Se prepara el terreno para una reforma previsional creando un Consejo Consultivo que establece tres años para presentar una reforma integral al sistema parlamentario. 5. Se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional. 6. Se bajan las alícuotas y se aumenta el mínimo no imponible de BBPP, se eximen la renta de las acciones de empresas de ganancias. Llegando a la ley 27426 de la reforma de la movilidad jubilatoria (2017), el gobierno había conseguido un buen resultado en las elecciones de medio término e impulsó una serie de reformas. El 28 de diciembre de 2017 logró aprobar un proyecto de ley que implicó: 1. Reemplazar la fórmula de movilidad vigente a dicha fecha por otra conformada por un 70% de la variación del IPC nacional más un 30% de la evolución del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). La actualización pasa de ser semestral a trimestral. 2. Garantiza el 82% móvil del valor del SMVM a quienes acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos. Se excluye a las personas que accedieron a moratorias. 3. Aumenta la edad de 65 a 70 años pero se puede solicitar el beneficio con anterioridad. Las principales movilizaciones en contra sostenían que la fórmula hasta ese entonces calculaba la movilidad como un promedio del RIPTE y de la recaudación destinada a ANSES, lo que permitió el crecimiento de los haberes por encima de la inflación. Jorge Bravo: envejecimiento de la población y sistemas de pensiones en América Latina América Latina en el contexto internacional Tras las primeras etapas de transición demográfica asociadas con reducción en la mortalidad infantil, la población de América Latina comienza a envejecer. El grupo de población que más rápido crece es el de los mayores de 60 años, su tamaño se duplicará dentro de unos 20 años. En proporción, este grupo etario es todavía menor al de los países más desarrollados como Estados Unidos, Japón y la UE. De todas maneras, la distribución en la región es heterogénea. Países como Nicaragua, Honduras y Bolivia registran distribuciones etarias jóvenes, otros están en una etapa intermedia donde envejecerán significativamente en las próximas décadas (Brasil y México) y en otros ya están relativamente envejecidos (Argentina, Uruguay y Caribe). Países como Chile, Costa Rica y Panamá están menos envejecidos ya que tienen baja mortalidad pero una fecundidad todavía no muy baja. También varía según las condiciones socioeconómicas. El autor señala que en casi todos los países de la región, la tasa de fecundidad tiende a seguir a las de mortalidad con un desfase menor a dos décadas, relativamente leve, esto aporta a la tendencia de que las sociedades envejecerán a una velocidad mayor. En la región, la mayoría de los sistemas públicos de pensiones son de reparto y cuentan con reservas escasas. El gasto público creció de manera consistente a nivel mundial y en varios países es prácticamente uno de los programas más importante de cada gobierno. América Latina muestra un nivel de gasto en pensiones similar al asiático, del orden del 2% al 3% promedio. El siguiente gráfico muestra las expectativas de envejecimiento global: Indicadores de los sistemas de pensiones a lo largo del proceso de envejecimiento Este artículo escoge las siguientes cuatro variables para analizar los efectos del envejecimiento sobre los sistemas de pensiones de reparto: 1) el gasto anual en pensiones (expresado como porcentaje del PIB) 2) el balance anual del sistema de pensiones (ingresos menos gastos) 3) la obligación pensional implícita (deuda pensional implícita) y 4) la rentabilidad implícita del sistema, los flujos de pagos de contribuciones y las sumas percibidas durante la vida de las personas. El gasto anual en pensiones o el balance financiero son mediciones periódicas que sirven para cuantificar la interacción entre la economía nacional y el sistema de pensiones pero que brindan poca información sobre la sustentabilidad financiera de mediano o largo. Otros indicadores captan mejor esto, como la deuda personal implícita y la rentabilidad implícita. De ahora en adelante “d” es la relación de dependencia de la vejez o relación de dependencia y será el indicador del envejecimiento demográfico para analizar los indicadores seleccionados. El envejecimiento de individuos está medido por el incremento de la esperanza de vida y tiende a correlacionarse con d. El gráfico de arriba expone los valores del gasto en pensiones como porcentaje del PIB en base a datos de 1997. Estas estimaciones se refieren a las pensiones de vejez, supervivencia e invalidez del sector público y privado. Varios países tienen un gasto del orden del 2% del PIB o menos (caribeños y centroamericanos generalmente, Ecuador y Bolivia) el resto oscila entre un 3% en Colombia y un máximo del 8% en Cuba. En el medio están Argentina, Panamá y Chile. Aunque varios países con gasto alto están en las categorías de envejecimiento medio-alto en la región, no hay una relación fuerte entre el grado de envejecimiento y el grado de pensiones. Esto refleja los problemas de comparabilidad con los datos de gasto y diferencias en las coberturas de pensiones, tasas de sustitución, elegibilidad y demás. También hay diferencias internacionales en relación al ingreso por la posible existencia de transferencias de otros programas. Teniendo esto en cuenta, el siguiente gráfico sugiere que el balance superavitario es la norma, sobre todo en los países con sistemas más jóvenes. El siguiente gráfico (3) ilustra las tendencias generales del gasto y el balance del sistema a medida que la población envejece. El balance financiero se grafica bajo el supuesto de que no existe un fondo de reserva que pueda compensar desequilibrios periódicos, es decir, el balance expuesto en el gráfico refleja déficit o superávit primario. El primer gráfico refleja la relación lineal del gasto del sistema de pensiones con el envejecimiento, ceteris paribus. Los valores confirman que cuando los sistemas cubren una fracción de una población en edad de trabajar demográficamente, el gasto en pensiones equivale a sólo 1% del 2% del PIB pero que puede llegar al 10% cuando la población se vuelve muy vieja, incluso manteniendo la cobertura incompleta como la actual de Latam. Los niveles de gasto dan una indicación del peso que tienen las pensiones en la economía. El gráfico siguiente muestra el balance como fracción de los ingresos del sistema y como porcentaje del PIB, son funciones lineales de d. El envejecimiento demográfico transforma el superávit del balance inicial cuando las poblaciones son jóvenes (d<0.3) en considerables déficits, de hasta el doble de losingresos del sistema (6% PIB) bajo los parámetros promedio de los sistemas latinoamericanos. Sin embargo, hasta los años 2000 esa posibilidad todavía no se había verificado. Las definiciones de sustentabilidad son complejas especialmente al limitarse a los índices estándares del sistema periódico. Por ejemplo, un gasto alto como el italiano refleja que su población es de las más envejecidas del mundo y resulta natural que los recursos a financiar el consumo de las personas mayores aumentan a medida que la duración de la vida se extiende, esto no puede considerarse insostenible per se, la insolvencia sólo se produce si no hay una provisión para financiar ese mayor gasto durante un período de tiempo prolongado, consistente con el horizonte temporal durante el cual el sistema de pensiones contrae obligaciones y paga beneficios. El balance financiero da más información al respecto pero tampoco muestra una prueba clara, los desequilibrios primarios pueden suceder por resultado de la maduración de los sistemas o de fluctuaciones temporales que no implican insolvencia. Los déficits grandes y persistentes requieren de ajustes pero debe distinguirse entre sustentabilidad y los parámetros que pueden modificarse por una cuestión de viabilidad del diseño general del sistema. Los análisis actuariales que toman en cuenta los parámetros completos presentes y futuros son un medio correcto de evaluar solvencia y sustentabilidad a mediano y largo plazo de los sistemas, muchos países desarrollados cuentan con una práctica de evaluación actuarial bien establecida, sin embargo no es el caso para la mayoría de los países latinoamericanos. Uno de los indicadores que más usan los análisis de política tiene que ver con la deuda pensional implícita, es decir, el valor presente de las obligaciones del sistema de reparto con los jubilados y con los trabajadores activos en un momento determinado. En el siguiente gráfico se muestra cómo el índice d aumenta casi linealmente respecto de la relación de dependencia: La deuda pensional implícita es un indicador útil para conocer y medir el costo fiscal de terminar un sistema de reparto existente, pero no dice directamente si el mismo es sustentable o no. Como en el caso del gasto, la obligación pensional aumenta a medida que el sistema madura, expande su cobertura y la población envejece. Si por ejemplo, una deuda implícita considerable se puede seguir traspasando a generaciones futuras en condiciones aceptables para trabajadores y jubilados, no hay entonces argumentos contundentes para considerarla inviable. Además también es posible que un sistema con baja dependencia tenga baja deuda implícita y a la vez un importante déficit, como el de Guatemala y El Salvador. También puede darse la situación contraria: países con alta deuda pensional, población envejecida y que tienen un equilibrio financiero sostenido o incluso un superávit presupuestario (Chile y Uruguay). Estados Unidos tiene una deuda pensional alta pero un superávit periódico. Deuda pensional implícita: concepto e indicadores Un indicador usado en los estudios es el pasivo del sistema de pensiones: el valor presente de las obligaciones con los participantes en el sistema. Se fundamenta en la idea de que existe un contrato implícito en los sistemas de reparto en virtud del cual el Estado, a cambio de aportes de los trabajadores, se compromete a pagar las pensiones con las contribuciones recaudadas de la generación en edad de trabajar siguiente. Resulta lógico entonces estimar el valor descontado (presente) de los flujos de ingresos y pagos para un determinado momento o período de tiempo y número de personas. El estudio de estas obligaciones surge del interés de evaluar la situación financiera del gobierno en el mediano y el largo plazo dado el envejecimiento actual y proyectado de la población. Para la calcular los costos de la transición del sistema de reparto al de capitalización, deben considerarse una serie de variables: si el cambio a la capitalización es parcial o total, si es voluntario u obligatorio, si es inmediato o gradual, etcétera. A continuación, se intentará medir la deuda pensional implícita y derivar los costos fiscales asociados mediante el uso de un modelo simple y de la información disponible sobre las variables demográficas, del mercado de trabajo y del sistema de pensiones. Partimos de una sustitución completa de un sistema de reparto estatal por un sistema de capitalización total con gestión privada. Los pasivos del gobierno corresponden al valor presente de las pensiones devengadas y por devengarse en años futuros de todos los pensionados del sistema preexistente de reparto, más el valor presente de las contribuciones de los trabajadores afiliados activos al momento de la reforma. Para medir directamente estos pasivos necesitaríamos tener series cronológicas completas y detalladas con los perfiles de edad de participación en el empleo, tasas de cobertura y los ingresos del Estado en los últimos 40 años, aproximadamente. Como esta base no existe en América Latina, para este modelo se tienen supuestos: ● Hay un sistema de pensiones de reparto desde 1950. ● La tasa de cobertura global es constante al nivel de 1985 (intermedio entre 1950 y 2020, fin de la proyección) ● Las tasas de contribución y de sustitución son las de 1980. ● Las contribuciones de las personas empiezan a los 20 años hasta los 60 años. Estos supuestos podrían estimarse para un gran número grande de países latinoamericanos. Las obligaciones previsionales con los económicamente activos (Da) se pueden expresar como fracción del PIB así: ● Da = c * s * k * Aa donde: c: tasa de contribución (% de los ingresos del trabajo) s: participación de la masa salarial en el PIB k: cociente de número de trabajadores cubiertos Aa: promedio actualizado de años de cotización de la edad activa De la misma forma, la deuda con los ya retirados (Dr) se expresa así: ● Dr = r * s * k * d * Ar donde: r: tasa de sustitución (% de los salarios) d: relación de dependencia del sistema de reparto (población en edad de jubilación/edad de trabajar) Ar: promedio actualizado de años esperados de retiro por persona actualmente retirada Tanto Aa como Ar son promedios actualizados ponderados. Con las estimaciones expuestas arriba es posible llegar al siguiente gráfico, donde la deuda pensional implícita es significativa en los países latinoamericanos aún con poblaciones jóvenes y baja cobertura. La deuda es altamente elevada en aquellos con población envejecida o de alta cobertura (Argentina, Uruguay y Brasil) En la mayoría de los países la deuda pensional implícita es mayor que la deuda pública oficial. CEPAL 2008: Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y El Caribe Transiciones demográficas La transición demográfica es un proceso durante el cual se pasa de una dinámica de bajo crecimiento de la población con altos niveles de mortalidad y fecundidad, a otra también de bajo crecimiento pero con mortalidad y fecundidad reducidas. En el intermedio, se observan aumentos en la población como resultado del desfase entre los inicios del descenso de la mortalidad y la fecundidad. La evolución se analiza mediante la Tasa de natalidad y la Tasa de mortalidad. Su análisis se perfecciona mediante la Tasa de fecundidad global y la Esperanza de vida al nacer. La disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida depende de la disminución de la mortalidad infantil, esta se extiende a otras edades (cambio epidemiológico) Por otro lado, la caída en la tasa de fecundidad determina el crecimiento de la población Bono demográfico Durante la transición demográfica, hay un período donde la proporción de personas en edad productiva crece de manera sostenida con la proporción de personas en edad inactiva. En este período, la tasa de dependencia cae a valores insólitos y se genera una situación favorable para el desarrollo porque aumentan las posibilidades de ahorro e inversión. Para describir esta etapase desarrolló el concepto de “bono demográfico” o “ventana demográfica de oportunidades” haciendo referencia a las posibilidades que brinda este período para elevar las tasas de crecimiento per cápita y los niveles de bienestar de la población. Aunque el bono demográfico abra posibilidades para el desarrollo, su materialización depende de la adopción de políticas macro que incentiven la inversión, aumenten las oportunidades desempleo y promuevan un ambiente socioeconómico estable. Es necesario realizar inversiones en capital humano, sobre todo en los jóvenes. El bono demográfico puede durar varias décadas pero finalmente la tasa de dependencia vuelve a aumentar como resultado del incremento continuo de la proporción de personas mayores. Este nuevo escenario implica que la sociedad debe adaptarse a una situación donde se deben implementar políticas para facilitar reformas necesarias en diversas áreas del sector público, de acá surge la importancia de aprovechar el bono demográfico, también como una forma de crear las condiciones para hacer frente al desafío que plantea el aumento de las personas mayores de la población. Si a lo largo del período del bono los países avanzan en lo social, educación, salud y en la promoción de empleos productivos y bien remunerados, los logros económicos que resultan de tal experiencia ayudarán a reducir la carga que implica el futuro aumento de la tasa de dependencia. Los países de Asia Sudoriental son un ejemplo de esto, obtuvieron ventajas del bono demográfico fundamentalmente con la inversión en salud y educación. La definición de los límites exactos del bono demográfico varía, pero según la CEPAL se da cuando: 1. La tasa de dependencia se reduce desde máximos a mínimos. 2. La tasa de dependencia se mantiene en valores bajos, menos de dos dependientes por cada tres personas en edades activas. El bono demográfico terminará en 2035 en Argentina y cerca de 2070 en Guatemala. Posibles preguntas parcial (sacado de clase) 1. Las cajas de seguridad social entre el período 1905-1940 ¿eran asistenciales? ¿se financiaba mediante impuestos a las ganancias? 2. ¿La ley de movilidad aprobada en 2008 permitía que se redujera nominalmente el valor de las prestaciones? 3. ¿Las pensiones no contributivas se las dan a los beneficiarios de la AUH? F. 4. ¿Solo acceden a la PUAM aquellos que han aportado durante 30 años? F. La PUAM es equivalente a una pensión no contributiva, no exige aportes. Representa el 80% de la jubilación mínima. 5. Preguntas sobre cada etapa histórica.
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