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CAPITULO 2. 
ECUADOR. EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 
REVOLUCION CIUDADANA 
 Antonio Palazuelos y Mª del Carmen Villarreal 
 
1. INTRODUCCION 
 
“La economía ecuatoriana es relativamente pequeña (con un PIB ppp de 108,4 
mil millones de dólares, apenas representa el 0,15% del PIB mundial), 
exportadora de materias primas (el 72% del total de exportaciones), altamente 
sensible del entorno internacional (con una tasa de apertura inernacional del 
57,6%) y fuertemente inequitativa (con un PIB pc nominal de 3.767 dólares, 
pero con un coeficiente de Gini del 0,46, urbano, y un nivel de pobreza del 
41,8%, según el indicador de necesidades básicas insatisfechas)” (Banco 
Central de Ecuador, 2011a:4). 
 
El Ecuador ha vivido durante las últimas décadas una experiencia histórica rica y 
convulsa que ha propiciado un cambio político significativo en el país, en la medida que 
el grupo que apoya este proyecto político, Movimiento País, declara querer transformar 
radicalmente las bases económicas, sociales y políticas que la habían caracterizado 
durante más o menos un siglo. 
Explicar, entonces, el proceso que ha llevado al poder a estos nuevos actores 
sociales y políticos, y tratar de fundamentar su Proyecto se convierte en el objetivo 
fundamental de este texto, aunque para ello se torna esencial hacer un repaso, aunque no 
sea exhaustivo por las exigencias del espacio, de los antecedentes a la subida al poder de 
Movimiento País, y de todo el proceso económico, social y político que desencadenó la 
crisis generalizada de finales de siglo, que hizo posible el cambio político, y el nuevo 
liderazgo. 
Entendemos que a la hora de analizar este nuevo proyecto político, y sus 
posibilidades reales de aplicación, resulta esencial evidenciar la realidad estructural 
sobre la que se sustenta, es decir, las posibilidades y dificultades materiales que una 
economía pequeña y débil como la ecuatoriana ha ido generando durante siglos, y que 
nos lleva a la necesidad de visualizar las diferentes etapas y estrategias de desarrollo 
implementadas durante el último siglo, sus resultados y vulnerabilidades más evidentes. 
Igualmente, se hace necesario identificar las principales transformaciones sociales que 
2 
 
se han vivido, así como los sistemas políticos sobre los que se sustentan los diferentes 
modelos de acumulación en la historia inmediata de este país. 
 Por lo tanto, comenzaremos el texto realizando una amplia introducción del 
proceso histórico que jalona el siglo XX en el Ecuador, diferenciando claramente las 
variadas estrategias de desarrollo que se han aplicado en el país, que como es natural, 
van acompañadas de una relaciones sociales y un marco político cambiante, que 
trataremos de describir en los aspectos más significativos. Es por ello, que analizaremos 
el amplio período pos-independiente donde se consolida el Modelo Primario Exportador 
que caracteriza a la economía ecuatoriana hasta nuestros días, y el papel jugado por los 
diferentes productos que sirven de nexo con la economía mundial (cacao, banano, 
petróleo), y base fundamental de las etapas de crecimiento económico. Igualmente, 
describiremos el sistema de dominación político imperante y el tipo de relaciones 
sociales a que dan lugar. Posteriormente, trataremos de acercarnos a los diversos 
proyectos modernizadores que caracterizan la estrategia de desarrollo desde mediados 
del siglo pasado, y su quiebre en los ochenta bajo el peso de un endeudamiento 
excesivo, e impagable, así como los avatares del discurrir político entre la democracia y 
la dictadura, en una sociedad que lucha por garantizar los derechos democráticos. La 
crisis y su estrategia de superación a partir de implantación de un ortodoxo modelo 
neoliberal generará una etapa de deterioro profundo de la situación económica y social, 
que llevará al agotamiento del sistema de dominación político y “su explosión” a finales 
de siglo. La desestabilización permanente que vive el país en los últimos años, así como 
el deterioro económico y social, no sólo obligará a una parte significativa de su 
población a emigrar a lugares lejanos a buscarse mejores condiciones de vida, sino que 
forzará cambios profundos en la economía, la sociedad y el propio sistema político, 
cambios que una clase política fuertemente deslegitimada frente a la población será 
incapaz de abanderar, de ahí la nueva situación histórica de la subida al poder de 
personas y grupos “no contaminados” por los procesos anteriores. 
 
1.1.La consolidación de un Modelo Primario Exportador (del ciclo del cacao al 
banano) y de un Sistema de Dominación Oligárquico, tras la independencia
1
. 
 
La independencia de Ecuador consolida un sistema de dominación política que es la 
expresión de los diferentes intereses de los respectivos caudillos – Flores, en la Sierra, y 
Rocafuerte, en la Costa -, quienes turnándose en el poder consolidan la dualidad 
3 
 
estructural del país. La libertad de comercio decretada por el gobierno de Guayaquil en 
1820 permiten la entrada de las manufacturas europeas, y con ello, el desplazamiento de 
la producción local de obrajes que abastecía de manufacturas a la colonia, lo que 
significa la ruina de la economía de la sierra y quiteña. A cambio, una expansión 
significativa de los productos agrícolas de la costa - esencialmente del cacao -, 
consolidan un ciclo expansivo de las exportaciones durante casi un siglo
2
, 
configurándose a través de esta expansión, la estructura económica, social y política del 
país. 
La opulencia de hacendados, productores y exportadores cacaoteros genera una 
nueva “aristocracia” concentradora del poder económico y político, donde apenas 20 
familias, con fuertes lazos familiares entre ellas, llegan a poseer el 70% de la tierra de 
los distritos cacaoteros, lo que significa la expulsión violenta de pequeños propietarios, 
campesinos e indígenas, así como su pauperización y reclutamiento como jornaleros en 
las plantaciones. Al calor del auge del cacao, comienza a desembarcar en el país 
capitales extranjeros que potencian la actividad comercial de importación y exportación, 
las instituciones financieras y la consolidación de las infraestructuras urbanas y públicas 
necesarias para el sostenimiento del modelo exportador. Por su parte, el Estado 
ecuatoriano, a pesar de su fuerte vinculación con los intereses hacendados
3
, a través de 
una política “modernizadora”, potencia los intereses de diversos grupos vinculados al 
modelo agroexportador, destacando por su carácter “progresista” los gobiernos de 
García Moreno (1860-1875) y Flores (1888-1892). El triunfo de la Revolución Liberal 
liderada por Alfaro (1895) terminará por consolidar el modelo primario exportador, que 
tiene como base un proyecto de unificación nacional vinculado a la lógica y dinámica 
del comercio mundial, y como eje vertebrador los grupos dominantes de Guayaquil, 
dentro de un sistema de dominación político-social oligárquico. 
No obstante, desde las primeras décadas del siglo XX la importancia del cacao 
comienza a decaer dentro del modelo económico y político-social ecuatoriano, debido 
esencialmente a dificultades de la producción interna (diversas plagas muy dañinas 
desde los años veinte), pero sobre todo, a la fuerte competencia internacional (colonias 
británicas en África Subsahariana) que elevan la oferta mundial y llevan a una caída 
significativa de los precios internacionales, llegando en la década de los cuarenta a 
perder el protagonismo que había representando durante casi un siglo
4
. 
Sin embargo, un nuevo producto – el banano – vendría a sustituir, en un nuevo 
ciclo de expansión primario-exportador a la economía ecuatoriana, potenciado por las 
4 
 
inversiones de compañías extranjeras y el apoyo de los gobiernos nacionales. Las 
características productivas del nuevo sector: intensivo en capital, trabajo asalariado, 
fuerte vinculacióna las cadenas comercializadoras internacionales; irán determinando 
no sólo transformaciones económico-productivas sino también cambios sociales y 
políticos que van permitiendo la aparición de nuevas ideas y grupos sociales que harán 
germinar “proyectos desarrollistas” sobre la base de una incipiente industria que 
encontraría en la política estatal fuertes apoyos para su relanzamiento, conscientes de 
las limitaciones y dependencias que generaba el modelo productivo-exportador 
bananero
5
. 
El crecimiento de las exportaciones del banano ecuatoriano se vio favorecida por una 
creciente demanda internacional en una etapa expansiva del capitalismo mundial, la 
caída de la producción bananera centroamericana afectada por diversas enfermedades 
(mal de Panamá y sigatoka amarilla) y el fuerte apoyo público (a través de la Junta de 
Planificación y el Banco Nacional de Fomento), que canalizaron recursos para la 
inversión en el sector. El Estado jugará un papel fundamental consolidando un modelo 
de acumulación que buscaba tanto la expansión exportadora como la diversificación 
productiva y la integración del mercado interno. Por su parte, la expansión de la 
producción bananera transformará la estructura territorial y social del país
6
. 
Macroeconómicamente durante la década de los cincuenta, el crecimiento 
económico de la economía ecuatoriana experimenta un importante impulso sobre la 
base de la demanda externa, pero también y muy fundamentalmente, por el fomento 
público de la producción para la exportación y la integración y expansión del mercado 
interno a través de las obras de infraestructura que facilitaban la producción y 
circulación de mercancías, mientras que durante la década de los sesenta, el crecimiento 
económico se verá impulsado por la demanda interna fruto de las primeras políticas 
industrializadoras, en un momento de dificultades externas, problemas de demanda y 
precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales. 
La política económica del primer período pretende impulsar la producción 
exportable y la reorganización productiva a partir de: a) una política monetaria que 
busca garantizar la estabilidad monetaria, b) una expansión del crédito público, y c) una 
política fiscal orientada a favorecer la integración del país y la ampliación del mercado 
interno
7
. 
Aunque una parte importante del excedente será transferido al exterior en forma 
de utilidades - dado que las grandes empresas internacionales monopolizan la 
5 
 
comercialización -, la vulnerabilidad del modelo provenía esencialmente del 
comportamiento oscilante del mercado mundial que deterioraba profundamente los 
términos del intercambio, de manera que aunque el gasto y la inversión pública jugaban 
un papel esencial en la integración y ampliación del mercado interno, era el sector 
exportador de productos primarios – esencialmente el banano, aunque también cacao y 
café -, donde se asentaba la base del crecimiento, y la captación de divisas que permitía 
las importaciones indispensables para la inversión productiva, y debido a la escasez de 
ahorro interno, el financiamiento externo comienza a ser fundamental, aunque todavía 
resultaba sostenible (cosa que no ocurrirá en los sesenta), dado su todavía escaso peso 
relativo en la balanza de pagos
8
. No obstante, el boom bananero comienza a 
desacelerarse a finales de la década de los cincuenta, por la caída de precios 
internacionales debido a la sobreoferta de fruta, y sigue declinando en los sesenta 
cuando se deterioran los términos del intercambio y la balanza comercial del país se 
torna negativa, poniendo en evidencia los límites del modelo de acumulación basando 
en la agro-exportación (véase tabla 2.1). 
 
Tabla 2.1. 
ECUADOR. Macromagnitudes fundamentales (millones de dólares 
de 2000) 
 
 
Tasas de variación 1951-1971 1972-1982 1983-1999 2000-2008 
 
PIB 4,9 6,5 1,8 4,8 
Gasto interno 5,7 6,6 0,1 7,2 
Consumo hogares 5,3 6 1,3 5,6 
Consumo gobierno 4,4 11,8 -1,1 4,3 
Inversión 7,3 6,5 -1,8 14,0 
Exportación bienes y servicios 3,8 13,9 7,2 5,1 
Importación bienes y servicios 7,5 9,7 0,8 11,7 
% promedio participación 
PIB per cápita 802,5 1.313 1.320 1.493 
Gasto interno /PIB 110,1 115,7 102,8 103,3 
Consumo hogares/Gasto interno 62,8 55,8 61,4 64,3 
Consumo gobierno/Gasto interno 9,6 12,0 11,7 8,7 
Inversión / Gasto interno 27,6 32,2 26,9 27,0 
CC/PIB -11,8 -17,2 -7,8 -1,8 
Ahorro /PIB 18,8 18,2 18,7 26,1 
Promedios anuales 
INDB per cápita 762 1.269 1.238 1.517 
PNB/PIB 98 96 92 95 
Desocupados/PEA 5,7 4,4 9,2 9,15 
Subocupados/PEA 22,6 28,2 44,9 44,7 
6 
 
Inflación promedio 8,0 14,0 41,0 17,0 
Salarios real (dólares) 121 161 99,8 126 
Remuneración 
trabajadores/PIB 
31,2 29,0 20,6 18,5 
Excedente de explotación/PIB 7,7 61,5 72,3 81,5 
Fuente: Carrasco y otros, 
2011) 
 
 
Por otro lado, la bonanza económica ligada al banano favoreció cierta 
“estabilidad política” en la década de los cincuenta
9
, fruto del acuerdo entre los sectores 
dominantes: derecha oligárquica, liberales vinculados a los intereses internacionales y 
socialcristianos, jugando el Estado un rol fundamental en la negociación y conciliación 
de intereses entre la burguesía agroexportadora y financiera y el latifundismo serrano, 
así como de nexo de conexión con el capital internacional que permite la 
internacionalización de la economía ecuatoriana. Sin embargo, dicho acuerdo se 
muestra agotado en los sesenta ante la conflictividad social y la decadencia bananera, 
dando paso a la intervención militar que implantará un régimen dictatorial y represivo, 
pero que llevará adelante un proyecto desarrollista para el país, aunque sin llegar a 
formar una alianza con los sectores de la sociedad interesados en dicho proyecto 
modernizador (Carvajal, 2011: 96; Larrea, 2006). 
Según SENPLADES (2009:56) esta espiral transformadora tendrá como 
protagonistas a los sectores medios, nuevos profesionales e intelectuales que empujaron 
la tecnificación de la gestión estatal y el fortalecimiento de los instrumentos de 
planificación pública, que posteriormente se articularía con la línea nacionalista de los 
militares reformistas, y así, los gobiernos militares de 1963-1966 y de 1972-1976, 
pondrán el énfasis en la reforma social y las políticas de industrialización nacional. El 
nuevo régimen de acumulación se centraba en la acción de un Estado desarrollista, que 
planificaba e intervenía en sectores estratégicos de la economía nacional, pretendiendo 
alterar la estructura de poder de los terratenientes serranos por medio de la reforma 
agraria y de contrapesar la influencia de estos y de la oligarquía agroexportadora 
costeña en el manejo del Estado, a través de políticas de industrialización que buscaban 
generar una burguesía moderna. La estrategia ISI irá desembocando progresivamente en 
un pacto implícito de modernización social compartido por empresarios, trabajadores, 
políticos, constituyéndose según Mancero (199:327) “la primera política de Estado de la 
historia republica ecuatoriana”
10
. 
7 
 
Los primeros pasos para impulsar el proceso industrializador se dieron en el 
período de la Junta Militar (1963-1966), en un momento de intensa movilización social 
cuando se trata de impulsar los intereses emergentes de las clases medias y los sectores 
industriales mediante un proceso de modernización, estableciéndose condiciones 
preferenciales para la instalación de una base industrial a través de una ley protectora de 
la industria nacional, la reforma agraria, la modernización urbana y el fortalecimiento de 
las instituciones estatales, pero también a través de una política fiscal y arancelaria, así 
como financiamiento público, que favoreciera la sustitución de importaciones. No 
obstante, la industrialización no pudo despegar entre otros motivos por la escasez de 
divisas, laestrechez del mercado interno y los conflictos que generaron la propia 
política pública
11
. 
A pesar de ello, asistimos a cambios importantes en términos sociales que 
reflejan el auge de una clase media en ascenso, y un proletariado creciente fruto de la 
migración serrana que mejoran relativamente sus condiciones de vida, a pesar de la 
precariedad de los empleos urbanos. Las movilizaciones sociales de campesinos en la 
Sierra y de las clases medias en las ciudades fuerzan a la Junta Militar a llevar a cabo 
políticas modernizadoras tratando de trasladar excedentes hacia el sector industrial y 
una reforma agraria, y con ello, garantizar los intereses diversos de los nuevos actores 
sociales
12
. 
Por lo tanto, el modelo desarrollista que se pretende implantar en el Ecuador 
durante este período se enfrenta al dilema de un crecimiento bloqueado por la escases de 
divisas, dado que el crecimiento de las exportaciones - muy limitado -, no garantizaba el 
acceso a las importaciones necesarias para la inversión productiva, lo que obligaba a un 
endeudamiento financiero externo creciente, que aunque garantizaba la inversión, hacía 
enormemente vulnerable dicho crecimiento económico, de manera que la declinante 
marcha de las exportaciones termina convirtiéndose en un limitante para el crecimiento 
económico
13
, ya que hace recaer éste sobre una demanda interna creciente – en medio 
de un esfuerzo industrializador -, pero que al basarse en una alta propensión de 
importaciones, tendrá que ser financiadas a través del endeudamiento externo. 
Resumiendo, macroeconómicamente durante todo el período del auge bananero 
la economía ecuatoriana se caracterizó por la escasez de divisas, el deterioro de los 
términos del intercambio y marcadas variaciones en los niveles de demanda, mientras 
que a nivel político se evidenció una pugna creciente entre las elites por la apropiación 
8 
 
del excedente, con la utilización patrimonial del Estado, con prejuicio para las masas 
rurales y los nacientes cinturones de población marginal urbana. 
 
1.2. La modernización “desequilibrada”: el período de la “locura petrolera” y 
sus consecuencias. 
 
Según Carvajal (2011:97-98) durante la década de los setenta el proyecto desarrollista 
encontrará mejores condiciones materiales para su realización, sin embargo el “sujeto 
social y político” encargado de su conducción no termina de configurarse, por lo que 
tendrán que ser nuevamente los militares – a través del general Rodríguez Lara (1973-
1976) - quienes llenen ese vacío en el momento que comienza la exportación petrolera 
que generará los ingentes recursos necesarios. El Plan de Desarrollo Nacional y 
Revolucionario, 1973-1977, pretendía utilizar los excedentes de la exportación petrolera 
para transformar la estructura productiva, impulsar la industrialización sustitutiva de 
importaciones, diversificar la producción, ampliar el mercado interno, favorecer la 
integración regional andina y modernizar la estructura del Estado. 
La bonanza petrolera generó un crecimiento sin precedentes (el PIB se duplica 
en una década al crecer a un ritmo del 8%, mientras que el PIB por habitante aumenta 
un 72%), sustentando un crecimiento aún mayor del sector industrial (cuyo PIB se 
multiplica por cinco durante el período 1965-1980). Este intenso proceso de crecimiento 
y modernización productiva generó importantes transformaciones sociales, potenciando 
un intenso proceso de urbanización y de transformación de la fuerza laboral, que se 
urbaniza, aunque el crecimiento del empleo manufacturero fue modesto, lo que 
determinó la aparición de un alto desempleo y subempleo en las principales ciudades, 
además de nuevas formas de pobreza muy vinculadas a un gran sector informal urbano, 
todo ello, en una etapa de gran auge económico
14
. 
Macroeconómicamente la etapa 1972-1982 es la del auge petrolero y la 
estabilidad cambiaria que impulsará el proyecto industrializador, a partir de un ciclo 
caracterizado por la abundancia de divisas y la recuperación de los términos del 
intercambio, con un crecimiento intenso impulsados tanto por la demanda externa como 
interna (creciendo el gasto interno, principalmente el consumo privado y el gasto 
público, por encima del nivel de producción), así como por un agresivo endeudamiento 
a partir de 1975
15
. 
9 
 
El incremento significativo de las exportaciones petroleras, y el acceso al crédito 
externo, generaron unas fuertes dependencias externas. Así, aunque las exportaciones 
se elevaron significativamente durante el período, las importaciones lo hicieron a un 
ritmo semejante, y hasta mayor en ciertos momentos, evidenciando un relativo escaso 
proceso de sustitución de importaciones (dado el alto coeficiente de importaciones en el 
PIB), lo que llevó a una sobrevaluación del sucre, que si bien permitió un intenso 
proceso de transferencia de recursos desde los sectores petrolero y agroexportador al 
sector industrial, también produjo severas distorsiones al proceso industrializador, 
además de graves desequilibrios externos
16
. 
Por todo ello, la economía ecuatoriana generó la gran paradoja, ya que en la 
época de mayor bonanza de su historia se generaron las semillas de la destrucción, al 
sustentarse el crecimiento en un sistema fiscal y unas relaciones externas enormemente 
dependientes del petróleo, que a su vez soporta un sector industrial excesivamente 
consumidor de insumos importados y escasamente generador de empleo. Así, en la 
época de mayor bonanza económica, el Estado multiplicó por 20 veces su 
endeudamiento. 
No obstante, y según Carvajal (2011: 98) durante la dictadura de Rodríguez 
Lara, de corte nacionalista, se cumple buena parte de su programa inicial, dado que: a) 
se avanza en la aplicación de la reforma agraria en la Sierra - Ley de 1973 y numerosos 
decretos ejecutivos, como el 1001 -, entregándose tierras a las cooperativas arroceras en 
la Costa y ampliando la frontera agrícola en el Oriente con procesos de colonización; b) 
se canalizan importantes inversiones para la infraestructura de generación 
hidroeléctrica; c) se mejora y diversifica la producción y distribución potenciando el 
mercado interno a partir de la creación de diversas empresas públicas: ENAC, 
ENPROVIT, fertilizantes, construcción de silos; y d), se lleva a cabo una política 
petrolera que permite ingresar al país en la OPEP, y crear instituciones públicas como el 
CEPE (Corporación Estatal de Petróleos Ecuatorianos), FLOPEC (Flota Petrolera 
Ecuatoriana) o construir la Refinería Estatal de Esmeraldas. 
En una primera etapa (1968-1975), la política pública busca compensar los 
déficit en cuenta corriente a través de la inversión extranjera directa en la actividad 
petrolera, mientras que en la segunda (1976-1981), la política de apertura de la cuenta 
de capitales posibilitaría el endeudamiento agresivo, tanto público como privado, que 
provocó el ciclo de apreciación cambiaria y sus efectos negativos sobre el 
funcionamiento económico, teniendo como resultado el deterioro del sector externo - la 
10 
 
enfermedad holandesa -, como evidencian fundamentalmente los altos montos 
deficitarios de la cuenta corriente a partir de 1979
17
. 
Por otro lado, este crecimiento espectacular del producto, de las exportaciones y 
del endeudamiento, trajo también como consecuencia un incremento espectacular de 
transferencias de recursos hacia el exterior a través de las empresas petroleras y los 
acreedores externos reflejados en el pago de servicios a los factores externos, que a 
medio plazo generaría graves problemas de sostenimiento - como se evidencia al 
comparar el PNB y el PIB -, dado que el producto apropiado por los residentes del país 
comienza a ser mucho menor que la producción obtenida en el territorio nacional. 
Aunque a nivel productivo, será el sector petrolero el principal motor del 
crecimiento económico, otrossectores como los servicios públicos, la manufactura y las 
infraestructuras obtendrían también crecimientos superiores al promedio de la 
economía. En relación a la industrialización, la política pública industrial se orientó a 
facilitar el trasvase de excedentes a favor del capital industrial a través de la dotación de 
infraestructuras, insumos subsidiados, preferencias cambiarias y arancelarias, y políticas 
sociales y crediticias, de manera que, aunque la industrialización ecuatoriana se inicia 
en la década de los sesenta, será en los setenta cuando se produzca su despegue, con 
tasas de crecimiento promedio superiores al 11,9%, sustentado sobre diversos pilares, 
según Carrasco y otros (2011: 131-132)
18
. 
A nivel social se trata de un desarrollo esquivo, dado que aunque el PIB per 
cápita experimenta un notable crecimiento, más del 60% en relación al período 
bananero, llegándose a un pico en 1981 con 1431 dólares, los principales beneficiarios 
del mayor crecimiento de la historia económica de Ecuador serán los sectores 
industriales, las clases medias ligadas al aparato burocrático estatal y la vieja oligarquía, 
ahora modernizada para acoplarse al nuevo modelo de acumulación; mientras que los 
trabajadores y los sectores rurales no serán sus principales agraciados. Así, y a pesar del 
bajo desempleo y el aumento de los salarios reales, éstos redujeron su participación 
relativa en el PIB a expensa del aumento del excedente bruto de explotación, dadas las 
políticas laborales favorables al empresariado
19
. 
Según Carrasco y otros (2011: 57-58), las tímidas iniciativas redistributivas 
adoptadas por el Gobierno Nacionalista Revolucionario (especialmente reforma agraria, 
pero también incrementos salariales y subsidios al consumo alimenticio urbano), 
contaron inicialmente con la oposición de terratenientes, industriales y 
agroexportadores, pero luego tras complejos procesos de negociación, permitieron a los 
11 
 
terratenientes captar el grueso de los fondos destinados al desarrollo agrícola (North, 
1985; Chiriboga, 1985; Cosee, 1980), e igualmente los industriales, acceder a los 
generosos créditos facilitados por el Estado para el equipamiento industrial e 
importación de insumos (Conaghan, 1984: 81), gracias a los abundantes recursos 
provenientes de la exportación petrolera. 
No obstante, el programa reformista y desarrollista se transforma con el 
Triunvirato militar (1976-1976), en un nuevo contexto internacional caracterizado por 
la crisis internacional y un escenario interno donde las fuerzas sociales luchan por 
recuperar la democracia, iniciándose entonces un cambio de rumbo que tendrá su 
consolidación con la implantación de la ortodoxia neoliberal a partir de los ochenta. La 
“nueva política pública” cambia la legislación agraria, suprime las políticas de 
protección a la industria, agranda el endeudamiento externo y reprime duramente a los 
movimientos sociales. 
La Constitución de 1978 resulta ser una clara expresión de la contradicción del 
momento histórico que vive el país, ya que si normativamente refleja un proyecto 
reformista (que se diluye con la muerte de Roldós en 1981
20
), la realidad expresa los 
cambios que se avecinan, donde la vieja y experimenta oligarquía ecuatoriana, de la 
mano del Partido Social Cristiano contralará el poder durante las décadas siguientes 
(incluso en presencia de gobiernos socialdemócratas o democratacristianos) (Carvajal, 
2011: 99). 
Las políticas de industrialización y manejo macroeconómico de los gobiernos 
militares de los setenta afirmaron el patrón industrial intensivo en capital, en asociación 
entre grupos económicos nacionales y empresas transnacionales, erosionando el empleo 
y la capacidad de contestación de la clase obrera, bloqueando la posible alianza de éstos 
con la burguesía industrial modernizante que hubiera permitido la integración social y el 
crecimiento del mercado doméstico, e incrementó los vínculos entre fracciones de la 
oligarquía tradicional y las empresas transnacionales, así como la dependencia de los 
intereses industriales de los sectores financieros e impidieron que un importante 
segmento de la población transformara sus necesidades en demandas de mercado
21
. Por 
ello, y según expresa Lefevbre (1985:25): 
 
“los programas estatales destinados a incentivar la industrialización fracasaron 
estrepitosamente en la creación de empleo en sectores de alta productividad, ya que el 
crecimiento del empleo urbano se realizó en sectores de baja productividad, mientras que en el 
sector agroexportador una buena parte del excedente generado era apropiado por las 
compañías ligadas al comercio internacional, que por supuesto no destinaban su beneficios a la 
12 
 
reinversión o incrementar la productividad, siendo los campesinos los últimos beneficiaros del 
desarrollo agrícola estatal” (Recogido en SENPLADES, 2009: 57-58). 
 
 
En el Ecuador, el crecimiento económico guiado por el Estado renovó la 
dependencia de la clase dominante de las exportaciones primarias, y afirmó la herencia 
institucional de continuidad entre los intereses de la burguesía exportadora-industrial-
financiera y el Estado, lo que permitirá en la década posterior, cuando se produzca la 
caída de precios del petróleo y la crisis de la deuda, reordenar el crecimiento por las 
exportaciones, tras el fin del boom petrolero, lo que llevaría a afirmar, según Montúfar 
(2002) que estamos “ante un intento fallido de construcción del Estado, entre 1948 y 
1981”. 
Por último, y en referencia a los años setenta, hay que tener en cuenta que al 
final del período se produce un proceso de transición política del régimen militar a la 
democracia (1976-1979), que culmina con una nueva Constitución (1979) y una nueva 
Ley Electoral y nueva Ley de Partidos, que, según Garretón (2002) “bajo los obstáculos 
históricos de una cultura política” determinarán en las próximas dos décadas una 
transición política desestabilizada
22
. Como se analizará con posterioridad, el cambio de 
régimen político inicia un proceso que deberá superar numerosos obstáculos para 
institucionalizar la democracia en el país. 
 
1.2.La crisis de los ochenta y la asunción de la ortodoxia neoliberal. El 
neoliberalismo criollo. 
 
La drástica caída de los precios internacionales del petróleo y la desaparición del crédito 
internacional, tras la insolvencia mexicana de agosto de 1982, junto a los grandes 
desequilibrios acumulados en los setenta hacen que la economía ecuatoriana comience 
un profundo y largo proceso de recesión, que se verá agravado por choques externos 
como: el duro invierno de 1983 (que destruyó la producción agrícola de la Costa), o el 
terremoto de 1987 (que afectó gravemente al oleoducto, y con ello, a las exportaciones 
petroleras del país). Por otro lado, la caída de los precios del petróleo, el incremento de 
las tasas de interés internacionales y el cese de crédito internacional no sólo causaron 
problemas de financiamiento al crecimiento de la economía ecuatoriana, sino que 
supuso una gigantesca transferencia de recursos del país al exterior, producto del 
13 
 
servicio de la deuda externa y del deterioro de los términos del intercambio por la 
disminución de los precios del petróleo
23
. 
Esta caída de la actividad productiva llevó a un deterioro de las condiciones de 
empleo, a un empobrecimiento creciente de la población y a un proceso de 
concentración del ingreso, que polarizó aún más la sociedad. Se deterioran el empleo 
urbano y cambia su estructura, abarcando el desempleo y la precarización laboral no 
sólo a jóvenes y grupos marginales, sino a numerosos jefes de hogar, se reduce el 
empleo formal, mientras se eleva la subocupación y el empleo informal y se deterioran 
los salarios. No obstante, el aspecto quizás más negativo de la crisis, y posteriormente 
de las políticas de ajuste será el incremento de las desigualdadesa través de una 
distribución del ingreso más desigual
24
. 
No obstante, según Carvajal (2011: 101), se trata de un período de gran 
estabilidad política y fuerte control del proceso político por parte de los partidos de la 
derecha y el centro, tanto en la cuestión electoral como en la ideológica, bajo la 
hegemonía de la fracción oligárquica de la Costa, quienes desde el Ejecutivo y/o 
Legislativo han impuesto las reglas de juego para el ejercicio del poder, gestionando la 
crisis y el reparto de la riqueza del país, sea bien gobernando directamente o hasta con 
gobiernos de ideología “opuesta”, como Izquierda Democrática. 
Las severas crisis fiscales y externas producidas por la transferencia neta de 
recursos al exterior, originaron la aplicación de una larga serie de programas de 
estabilización y ajuste estructural bajo la tutela del FMI, llegándose a firmar en apenas 
siete años (entre 1983 y 1989) cinco “cartas de intenciones”. Como durante buena parte 
del período el país mantuvo un sistema de tipo de cambio fijo-ajustable, los programas 
de estabilización se caracterizaron por continuas macro-devaluaciones que trataron de 
resolver el rezago cambiario acumulado durante los setenta, y así lograr excedentes 
externos y fiscales que cubrieran el servicio de la deuda externa (Correa, 2004 y 2009). 
Las políticas de ajuste estructural en el Ecuador se inician en 1982 con el gobierno de 
Osvaldo Hurtado, siendo seguidas posteriormente por los gobiernos de Febres Cordero, 
Borja y Durán Ballén
25
. 
 Según SENPLADES (2009:58), el proceso de reformas económicas comienza 
bajo la égida de las políticas neoliberales, pero bajo una gestión política sustentada en 
una estructura de poder en que los principales grupos económicos tienen una amplio 
margen de influencia, sobre todo en la primera oleada de medidas de ajuste estructural 
(el período entre 1984 y 1995, el llamado ciclo fácil de reformas), donde dado el control 
14 
 
del Estado por los sectores dominantes estos logran triunfos esenciales para sus 
intereses, y su reproducción económica: liberalización del tipo de cambio y tasas de 
interés, y desregulación del mercado de trabajo y del sistema financiera. En un segundo 
momento (período 1995-2005, denominado ciclo difícil de reformas), se registran 
mayores niveles de resistencia social y una fuerte pugna entre las elites políticas y 
económicas. Asistimos a un mayor nivel de conflicto y turbulencias políticas entre las 
elites dominantes, en relación a la orientación de las reformas estatales, así como una 
clara dinámica de resistencia social, liderada por el movimiento indígena en contra de 
las políticas neoliberales, especialmente frente a las privatizaciones de las empresas 
públicas del sector energético y la seguridad social, pero a pesar de ello, las políticas 
reformistas continuaron dentro de una intensa crisis institucional y política que puso a la 
democracia al borde del colapso en varias ocasiones. Este difícil y prolongado contexto 
de debilidad del sistema político, inestabilidad institucional y crisis socioeconómica, 
fracturó a la sociedad e impidió el ordenamiento económico que integrara y garantizara 
mínimos niveles de vida a la gran mayoría de la población. 
Macroeconómicamente el período 1983-1999 se trata de un largo ciclo de 
estancamiento, marcado por la adopción de las políticas de ajuste y liberalización, por 
fuertes restricciones a la demanda interna, por la escasez de divisas, por una tendencia 
oscilatoria en los términos del intercambio y por el deterioro de las condiciones de vida 
de la población (Carrasco y otros, 2011:133-142). 
 
El ajuste de los años ochenta 
 
Durante el ciclo de estancamiento se produce una sustitución del modelo de crecimiento 
basado en la demanda interna por otro sustentando en la oferta de exportaciones, 
esencialmente camarón, banano y petróleo. En respuesta a la crisis de la deuda y la 
bajada de los precios del petróleo, las políticas de ajuste se concentraron en la 
estabilización económica a corto plazo. En mayo de 1982, el gobierno de Hurtado, da 
inicio a los programa de estabilización mediante el ajuste, que tendría continuidad 
durante el resto del siglo, aunque variando los instrumentos para conseguirlo, dado que 
los objetivos de la política económica buscaron siempre reducir la expansión de la 
demanda interna como causante del desequilibrio de la balanza de pagos, siguiendo el 
diagnóstico de la ortodoxia económica, y sus “instrumentos”: reducción del gasto 
15 
 
interno, alienación de precios internos y externos, políticas de estímulo al crecimiento y 
la producción
26
 (Carrasco y otros, 2011: 136; Araujo, 1998: 29-30). 
A través de una estricta política fiscal y monetaria se busca restringir la 
expansión de la demanda por encima del crecimiento de la oferta nacional, teniendo 
numerosas consecuencias. El recorte del gasto se traduce en una reducción de las 
importaciones, una rebaja de la producción nacional de bienes que pueden ser 
transferidos para incrementar las exportaciones, controlando también de esta manera el 
abultado déficit comercial. Pero la contracción indiscriminada del gasto provoca 
también los “efectos no deseados” de reducción del nivel de producción y empleo de la 
economía, que contraen drásticamente el crecimiento económico. 
Se suponía que al encarecer los precios de los bienes importadores, favorecería a 
la producción nacional de dichos bienes, y al favorecerse las exportaciones, se elevaría 
la producción de este tipo de productos, lo que facilitaría un transvase de empleo desde 
los sectores perjudicados por la restricciones del gasto interno, hacia los sectores 
favorecidos por el tipo de cambio y la potenciación de las exportaciones
27
. El 
instrumento más utilizado para conseguir estos objetivos fue la devaluación del sucre, 
aunque el resultado de sucesivas devaluaciones fue el desastre de un proceso 
inflacionario con graves costos sociales
28
. 
El crecimiento se orienta hacia el objetivo de satisfacer la demanda externa 
mediante la promoción de exportaciones (que crecen a una tasa del 7,2%), con el fin de 
obtener recursos para hacer frente al servicio de la deuda acumulada (el ahorro se elevó 
al 18,7% del PIB). Se produce una transformación fundamental en el modelo de 
crecimiento económico, tratando de encauzar los recursos del país hacia las exigencias 
de los acreedores externos, creciendo el pago neto a factores, y distanciándose el PNB 
del PIB. En la medida que el país se integra más a los circuitos comerciales y 
financieros internacionales, la tasa de apertura económica llega al 59%, pero la salida al 
exterior de excedentes por la carga financiera se convierte en un obstáculo para alcanzar 
un desarrollo económico razonable
29
. 
En 1984 llega al poder una coalición política de corte empresarial que tendrá 
como ejes de su propuesta la apertura al mercado externo, la liberalización económica y 
la desregulación de la economía y las finanzas, con lo que se producía un giro sustancial 
a la estrategia de las décadas anteriores (SENPLADES, 2009: 59). Con la 
administración de Febres Cordero se extiende la partida de defunción definitiva a la ISI 
al liberarse el tipo de cambio y de las tasas de interés, inaugurándose una tibia 
16 
 
liberalización y apertura de la economía, y derogarse las leyes de fomento y gran parte 
del marco institucional construido para implementar la ISI. Así: a) frente a la ISI se 
apuesta por las exportaciones primarias, b) frente a la planificación centralizada se opta 
por la políticas de estabilización monetaria, y c) pese a la retórica antiestatal, se aprecia 
la imposibilidad de quebrar el intervencionismo estatal, aunque ahora será de “nuevo 
tipo”, reforzándose los subsidios a los sectores empresariales y productivos ligados a las 
exportaciones. Se restablecen tarifas y se vuelve al control de precios de productosdesregulados, así como controles al mercado de cambios. La actuación estatal estará 
regida por la agenda empresarial, con una decidida intervención de agentes privados en 
la generación de las políticas económicas. Como diría Montúfar (2002) estamos ante 
“un proceso de estatización neoliberal”. 
El acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la derecha tradicional, los caciques 
locales y nuevos cuadros tecnócratas pretenden desarrollar el régimen bajo un estilo 
personalista, anti institucional y de permanente pugna entre los principales poderes del 
Estado, a la vez que crece la violencia y todo tipo de medios que atropellan los derechos 
humanos. Sin embargo, el triunfo de la socialdemocracia – Izquierda Democrática – en 
1988, representa un fuerte rechazo a la gestión política del gobierno anterior, asumiendo 
el poder en condiciones excepcionales dado que tenían mayoría en el Congreso 
Nacional y buenas relaciones con los otros poderes del Estado, con lo que se pretende 
recobrar la institucionalidad democrática debilitada: negociación con la guerrilla, mayor 
diálogo con los sindicatos, plan nacional de alfabetización y relaciones internacionales 
multilaterales, serán sus signos de identificación. 
No obstante, económicamente su gestión será ortodoxa en el ajuste, aunque 
ahora gradual, contemplándose minidevaluaciones, mayores liberalización de tasas de 
interés y progresiva eliminación de créditos preferenciales, reajuste mensual del precio 
de combustible, eliminación de subsidios y limitados incrementos salariales (Baez, 
1995). Se apuntala la agenda neoliberal con reformas: Ley de Régimen Tributario, Ley 
de Reforma Arancelaria, Ley de Operación de la Maquila, Ley de Flexibilidad Laboral, 
entre las más importantes. A pesar de ello, los logros en términos de estabilización 
económica fueron escasos, dada la delicada situación fiscal a causa de la 
reprogramación de la deuda negociada por el gobierno anterior, y el efecto especulativo 
del esquema gradualista. Las reformas realizadas serán inmediatamente cuestionadas 
por grupos de presión y fuertes sectores económicos, partidos políticos y movimiento 
sociales (SENPLADES, 2009, p. 59-60). 
17 
 
En la administración posterior de Rodrigo Borja, estas tendencias se vieron 
agudizadas, ya que se realizó las reformas institucionales tendentes a liberalizar e 
internacionalizar los mercados: expedición de la Ley de Reforma Arancelaria, donde se 
redujo drásticamente el nivel y dispersión de los aranceles, mayor flexibilidad laboral 
con la incorporación de regímenes de maquila y de contratos a tiempo parcial, y la 
expedición de la Ley de Zonas Francas. 
No obstante, el fenómeno más controvertido durante este período sería la 
sucretización de la deuda externa, dado que la deuda fue origen de problemas y 
continuas reestructuraciones. El gobierno de Hurtado estatizó la deuda externa privada, 
la deuda externa de la banca privada, en situación crítica. A consecuencia de las 
devaluaciones y las altas tasas de interés internacionales, el sector privado que estaba 
endeudado en dólares se volvió insostenible, por lo que el gobierno de Hurtado resolvió 
en 1983 que el Estado asumiera dicha deuda privada con la banca internacional, que 
superaba los 1.500 millones de dólares, mientras que el sector privado devolvería el 
dinero al Estado, en condiciones ventajosas, en sucres. La “sucretización de la deuda” 
trajo una expansión del crédito a la banca privada, manteniendo las autoridades un 
crecimiento acelerado de la cantidad nominal de dinero, aun cuando en términos reales 
creció a un ritmo más o menos constante, acomodándose a la contracción fiscal. 
Por su parte, durante el gobierno de Febres Cordero se ampliaron más los plazos 
de devolución del pago de la deuda privada al Estado, se aumentó el período de gracia y 
se congelaron las tasas de interés de la deuda sucretizada por debajo de la tasa de 
mercado y se congeló el tipo de cambio al cual se realizaba la conversión de la deuda. 
De esta forma, gracias a un Estado deudor en dólares y acreedor en sucres, con un tipo 
de cambio congelado, se calcula que el subsidio implícito al sector privado alcanzó los 
1.300 millones de dólares (Acosta, 2002)
30
. 
En resumen, con el ajuste de los ochenta, el nivel de actividad se deprimió 
sensiblemente, alcanzando la producción una tasa de crecimiento anual del 1,8%, 
debido al comportamiento del gasto interno, que tuvo tasa negativas. La reducción de 
las importaciones de bienes de capital e insumos forzó a este crecimiento mediocre 
mediante un retroceso pernicioso de la inversión. La inflación afectó a salarios y 
ganancias, deprimiendo el consumo privado a niveles de los más bajos de los años 
setenta, siendo el ajuste del gasto público todavía más severo. El peso exclusivo de la 
dinámica económica se asentó en la expansión de las exportaciones. Por todo ello, el 
18 
 
cambio a un modelo impulsado por la demanda externa cobró un costo muy elevado 
para los residentes en el país (Carrasco y otros, 2011, p. 138)
31
. 
 
Las reformas estructurales de los noventa. 
 
Durante los noventa, pese a los difíciles problemas de instrumentación y sostenibilidad 
de las políticas de ajuste de los ochenta, se sigue profundizando en el ajuste y la 
estabilidad como objetivos prioritarios, y aunque se habla de la importancia de la 
reactivación económica, está se visualiza desde el sector exportador y la estabilización 
macroeconómica (SENPLADES, 2009: 60-61). 
En el período de Durán Ballén se produce el viraje hacia un programa 
económico abiertamente neoliberal, con la adopción del conjunto de reformas 
estructurales encaminadas a fortalecer los mercados y los cambios en las políticas de 
ajuste que garanticen el flujo de capitales desde el exterior. 
Ente 1992 y 1995 se trata de implantar un programa de estabilización, Plan 
Macroeconómico de Estabilización, 1992, que pretende reducir la inflación y el déficit 
fiscal, a la vez que atraer a la inversión extranjera y reducir el tamaño del Estado, lo que 
constituía la base de la carta de intenciones con el FMI como paso previo a la 
renegociación de cerca de 14.000 millones de dólares de deuda externa. Se decide la 
salida de la OPEP, liberalizar la venta de divisas a los exportadores y promulgar la Ley 
de Modernización que impulsa la privatización de las empresas públicas. Después de 
una devaluación desproporcionada, se determina una tasa fija (2000 sucres por dólar), 
que debería operar como ancla de la inflación, para cumplir la disciplina fiscal. 
Tras el primer paquete - septiembre de 1992 -, se expiden nuevas normas: 
inversión extranjera y transferencia de tecnología, patentes y regalías; zona de libre 
comercio con Colombia y Bolivia, y ampliación con Venezuela; modernización y 
apertura del sistema financiero; Ley de Mercado de Valores; Ley de Modernización del 
Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Iniciativa Privada, así 
como un proceso de desinversión en la Corporación Financiera Nacional, Banco del 
Estado, Banco Nacional de Fomento y Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Reforma de 
la Ley de Hidrocarburos. 
Con la Ley de Presupuestos del Sector Público expedida ese mismo año, se 
centraliza la administración y el control de los recursos del sector público, restándole 
autonomía de inversiones a la empresa petrolera estatal, Petroecuador, lo cual traería 
19 
 
consecuencias nefastas en el futuro al producir una rápida declinación de la producción 
petrolera estatal, declinación que a su vez sirve actualmente como justificación para 
privatizar los campos petroleros del Estado
32
. En 1993 se aprueba la Ley de 
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte 
de la Iniciativa Privada, que establece el marco jurídico para las privatizaciones de 
empresas estatales. Con esta ley, se crea el Consejo Nacional de Modernización(CONAM), organismo encargado de sugerir, inducir e implementar las reformas 
estructurales en función del nuevo paradigma. El mismo año se expide una nueva Ley 
de Régimen del Sector Eléctrico, así como una nueva Ley de Telecomunicaciones, 
orientadas a romper el monopolio del Estado en el suministro de estos servicios 
públicos y atraer inversión privada a dichos sectores, básicamente a través de 
privatizaciones. 
Las políticas de estabilización y ajuste se basan en la austeridad fiscal, y la 
utilización del tipo de cambio como ancla. El manejo programado del tipo de cambio se 
inicia en septiembre de 1992 mediante el establecimiento del ancla cambiaria nominal, 
buscando controlar las expectativas inflacionarias creadas durante la vigencia del 
programa de minidevaluaciones entre 1988-1992. A su vez, la estabilidad cambiaria, al 
reducir las expectativas de devaluación, buscaban garantizar la inversión extranjera en 
el corto plazo en el sistema financiero nacional, siendo la estrategia escogida la 
liberalización de los mercados cambiario y monetario
33
. 
El manejo del ancla cambiara nominal produjo una apreciación real del sucre, 
con lo que perdieron competitividad las exportaciones, y se estimuló la entrada de 
productos importados. Para corregir este resultado, el gobierno adoptó un sistema de 
bandas cambiarias buscando conseguir un tipo de cambio real. El costo de este nuevo 
manejo fue una marcadísima elevación de las tasas de interés, pues mientras el tipo de 
cambio se mantenía anclado en la tierra, las tasas de interés subieron por las nubes. 
Cuando existía una fuerte demanda de dólares que podía provocar la depreciación del 
sucre, para defender la estabilidad cambiaria, las autoridades se veían obligadas a 
vender divisas para mantener el tipo de cambio dentro de los niveles fijados en la banda. 
Con esta venta, el Banco Central retiraba sucres del mercado, reduciendo la liquidez y 
presionando así para la subida incontrolada de las tasas de interés. En síntesis, la relativa 
estabilidad cambiaria se consiguió a costa de continuas variaciones en la tasa de interés. 
En 1994, en plena repercusión de la crisis mexicana “del tequila”, se aprueba la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que liberaliza el negocio bancario, 
20 
 
abandonándose el sistema de control en manos de la asociación bancaria privada y se 
permiten créditos vinculados hasta en 60% del patrimonio técnico de los otorgantes. En 
1994, se reemplaza la antigua Ley General de Bancos por la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, la cual, pese a la alta concentración y fragilidad 
del mercado financiero ecuatoriano, desreguló grandemente dicho mercado, 
liberalización que fue la principal causa de la crisis bancaria que viviría el país en 
1999
34
. La desregulación financiera tenía el propósito de crear un mercado libre de 
capitales y promocionar la libre movilidad de capitales con el exterior. Impulsó un 
sistema financiero de libre mercado, apuntalado por la política monetaria que se dirigió 
hacia una expansión de las disponibilidades en el sector privado, mediante un conjunto 
de medida como la reducción del encaje bancario, la eliminación de las inversiones 
forzosas y la flotación de las tasas de interés. Sin medir riesgo alguno, se caminó 
apresuradamente hacia un sistema donde lo único que maduró fueron los síntomas de 
una crisis financiera. Para aprovechar el ingreso de capitales golondrinas que venían 
buscando lucrar con estas altas tasas, la banca privada legalizó los depósitos y 
préstamos en dólares, con lo que empujó una “espiral de dolarización”, comenzando así 
el debilitamiento de algunas de las funciones de la moneda nacional, y la creciente 
ineficacia de la política monetaria, mientras se asistía al crecimiento desproporcionado 
de la banca off shore, que fue legalizada bajo el argumento de la necesidad de una 
mayor integración financiera a los mercados internacionales, y para evitar la fuga de 
capitales. La concentración de créditos y las operaciones vinculadas dentro de los 
grupos financieros nacionales, pasaron a formar parte del nuevo esquema desregulado. 
Al no realizarse una adecuada supervisión de las instituciones off shore, se creó un 
ambiente ideal para la elusión y la evasión de impuestos. La banca off shore adquirió 
grandes proporciones, los 2/3 de los activos on shore, y una actividad febril antes de que 
la crisis explote
35
 (Carrasco y otros, 2011:140-141; Páez, 2004). 
A nivel político-social, durante el mandato y pese a la afinidad ideológica con 
los partidos fuertes en el Congreso Nacional, el gobierno nunca pudo sustentan una 
sólida mayoría, por lo que se profundiza el desgaste del conjunto del sistema político, 
en un momento de auge de los movimientos sociales, esencialmente de la CONAIE, que 
se va convirtiendo en la máxima representación popular, generando numerosas líneas de 
confrontación con el gobierno: garantía y extensión de la seguridad social, en especial al 
campesinado, rechazo de las privatizaciones, denuncia del incremento del costo de los 
recursos estratégicos para la población: gas, gasolina, electricidad. El enfrentamiento 
21 
 
más fuerte se dará en 1994, a propósito de la expedición de una ley agraria regresiva, 
que representaba el final del tibio proceso de reformas iniciado en los setenta. Las 
contundentes movilizaciones en la Sierra forzaron al mismo presidente a tener que 
negociar, con la mediación de la Iglesia católica. 
No obstante, los buenos resultados de 1994 (reducción de la inflación al 25,4%, 
superávit fiscal 1,2% del PIB, e incremento de las reservas internacionales hasta 1700 
millones de dólares), permitirán al gobierno seguir avanzando en las reformas 
estructurales: flexibilizar el mercado de valores, restricción del gasto público y facilitar 
la inversión extranjera en el sector petrolero desregulando los precios de los 
combustibles, privatización de empresas públicas. 
Pero el tiempo de las reformas fue marcado por la pugna entre los principales 
poderes del Estado, dada la dificultad del gobierno para conseguir acuerdos políticos. 
Las disputas entre los principales grupos de poder económico entorno a modalidades y 
beneficiarios de las reformas, generándose grandes turbulencias, como ocurrió con los 
intentos de privatización de las telecomunicaciones o la electricidad, lo que no solo 
llevó a un fracaso de dichas reformas, sino también a una deslegitimación creciente del 
sistema político. 
La guerra no declarada con el Perú, iniciada en enero de 1995, aunque pareció 
reforzar al gobierno ante el lema de unidad nacional frente a la disputa política y las 
movilizaciones sociales, la tregua duró poco dado que el elevado costo del conflicto 
obligó al gobierno a elevar las tarifas de los servicios públicos con el fin de cerrar el 
déficit fiscal, lo que provocó la declaración de huelga nacional inmediatamente, que 
sería convocada por la Primera Convención Nacional Unitaria de Trabajadores, 
Indígenas, Campesino y Estudiantes que comenzaban a intentar dar una respuesta 
articulada a las políticas económicas neoliberales. En medio de todo el conflicto al 
gobierno se le ocurre convocar un plebiscito sobre la reforma del sistema de seguridad 
social y la desregulación laboral del sector público, que fue rechazado por el 58% de los 
votantes, pese a la campaña orquestada por el gobierno y los medios de comunicación, 
resultando ser una estruendosa derrota política de la agenda neoliberal (Ibarra, 1996). 
Esto, unido a la denuncia de casos de corrupción (del cerebro económico del régimen 
que se vio obligado a fugarse para no ser juzgado), debilitó fuertemente a la clase 
política y al proyecto neoliberal (SENPLADES, 2009: 62; Barrera, 2001). 
Durante los años 1995 y 1996 asistimos a unos malos resultados económicos, 
con escaso crecimiento del PIB (apenas 2% y 2,3%, respectivamente),un incremento 
22 
 
del déficit fiscal (del 1,1% al 3%), y la alta inflación (un 25,5%), y altas tasas de interés, 
aunque la situación externa se mantuvo más estable, gracias a mayor diversificación de 
las exportaciones (Araujo, 1999). 
El conflicto bélico con Perú y las tensiones internas que culminan con el cambio 
de vicepresidente, junto a la mala situación económica echan al traste el programa 
monetario-financiero y pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero, 
demostrando que la liberalización había desencadenado toda una serie de 
contradicciones y prácticas riesgosas, así como que el marco regulatorio era claramente 
insuficiente
36
. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre ocurrió una nueva 
expansión del crédito, impulsada por el creciente consumo y la especulación en bienes 
raíces. El crédito se orientó al financiamiento en dólares de actividades estrictamente 
para la demanda interna como el comercio, los servicios privados y los servicios 
públicos. Aun cuando parte de los capitales continuaron saliendo de casa: los problemas 
de fragilidad financiera ahora parecieron como un ataque especulativo sobre el tipo de 
cambio, pues los ahorristas querían desprenderse de sus sucres para cambiarlos con 
dólares y poder tenerlos muy lejos. La receta política se repitió monótonamente: en 
defensa de la estabilidad cambiaria se subía la tasa de interés suponiendo que así se 
detenía la salida de dinero. 
Los efectos sociales de estas políticas se expresaban en un aumento sensible de 
la pobreza e indigencia, una polarización de la sociedad y un incremento de los niveles 
de violencia e inseguridad, que se irán trasladando al escenario político manifestándose 
en una gran inestabilidad, una crisis de legitimidad de los partidos políticos 
tradicionales, y la aparición de formas clientelares y populistas en las citas electorales. 
Paralelamente se produce la aparición y protagonismo de los nuevos movimientos 
sociales que serán los encargados de canalizar las aspiraciones de los sectores 
desfavorecidos de la sociedad. 
 El movimiento campesino-indígena que se caracterizó durante décadas 
anteriores por su lucha por la tierra experimenta en los noventa una transformación 
importante al centrar sus reivindicaciones en romper el régimen de exclusión que la 
sociedad y el Estado habían ejercido sobre ellos desde siempre, denunciando los 
comportamientos racistas, autoritarios, excluyentes, de intolerancia étnica y cultura de 
una sociedad que les había dado la espalda. Estas luchas permitieron consolidar su 
identidad interna, y sus constantes movilizaciones le confirieron una autoridad moral y 
política ante el país, consolidando su organización y representación a través de la 
23 
 
CONAIE, que se convierte en la organización social más importante del país en los 
noventa, y construyendo su representación política a través de Pachakutik, de manera 
que temas como la plurinacionalidad, la diversidad cultural, la identidad, la 
descentralización y autonomía territorial, el extractivismo, el agua, la explotación de los 
recursos naturales, el derecho indígena o la consulta previa pasan a ser temas de debate 
y se colocan en la agenda política del país (Carvajal 2011). 
Un efecto significativo del deterioro social que estaban generando las políticas 
de ajuste y sus repercusiones sociales será el incremento progresivo del fenómeno 
migratorio, que si bien se había iniciado ya en los ochenta con un incremento de la 
corriente migratoria hacia los EEUU, ahora en los noventa, y esencialmente a finales de 
siglo como después veremos, se incrementa espectacularmente y diversifica sus 
destinos, al incorporar el espacio europeo (especialmente España e Italia), a la gran 
diáspora que vive el país. 
Por lo tanto, la desigualdad social será la consecuencia inmediata de las políticas 
neoliberales, ya que al priorizarse la estabilidad por medio del ajuste fiscal, convierten a 
la política social en subsidiaria y asistencial, e insustancial para la redistribución de la 
riqueza. Los bajos recursos destinados a inversión social y los recortes permanentes del 
gasto social sobre todo durante el segundo lustro de los noventa y la poca eficacia de la 
focalización de los programas sociales de emergencia, se muestran inoperantes para 
mejorar la pobreza y el bienestar de la población (Vos y León, 2000; Ramírez R, 2002). 
De esta forma, para el año 2002, el 20 por ciento más pobre de la población 
(quintil 1) obtuvo tan solo el 2,4 por ciento del ingresos y el 20 por ciento más rico 
(quintil 5) se quedó con el 59,8 por ciento, mientras que la inicio de la década de los 
noventa dichos porcentajes eran del 4,6 por ciento y 52 por ciento, respectivamente. De 
hecho, se observa que frente a caídas del crecimiento, incluso los ya altos niveles de 
desigualdad estructurales tienden a incrementarse, como se observa con la crisis de 
1999, lo cual demuestra la existencia de mecanismos sociales y económicos para 
traspasar el peso de las crisis a los más pobres. 
En cuanto al escenario político, decir que entre 1997 y 2000 se suceden en el 
país cinco gobiernos, dos presidentes son destituidos y huyen del país para eludir la 
justicia, mientras que la protesta social y los conflictos entre las élites políticas 
acompañan y son parte de la crisis profunda que vive el Ecuador. En este contexto el 
gobierno del populista Bucaram, 1996-1997, puso en evidencia las dificultades de los 
tradicionales grupos de poder para asegurar su hegemonía, pero no significó cambios en 
24 
 
la agenda económica, que prosiguió con las reformas económicas, cuyo eje esencial 
sería el traslado del sistema de convertibilidad argentino, así como la supresión de 
subsidios fiscales y elevación de precios públicos, un programa agresivo de 
privatizaciones, reformas de la seguridad social y al sector petrolero. Paralelamente, en 
1996 el país ingresa como miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), mientras que en 1997 la nueva Constitución de la República establece la total 
autonomía del Banco Central del Ecuador, que anteriormente dependía en forma 
indirecta del Gobierno Central, y se le impone como único objetivo buscar la estabilidad 
de precios
37
. 
Aunque el programa de gobierno respondía a las exigencias del empresariado y 
los organismos financieros internacionales, sin embargo tampoco estuvo libre de la 
disputa de los grupos económicos, dado que las privatizaciones podrían beneficiar a 
nuevos grupos económicos ligados al comercio que habían estado marginados del 
cerrado círculo oligarca de Guayaquil, ni de la confrontación con las organizaciones 
indígenas y sociales “antiajuste”, fortalecidas en la lucha de los últimos años. 
En estas condiciones, el desgaste del régimen fue vertiginoso, ya que se manejó 
de manera autoritaria las relaciones políticas con los múltiples sectores, ya que se trató 
de debilitar a los grupos económicos cercanos al Partido Social Cristiano, y no se puso 
límites a la evidente corrupción de los altos funcionarios, lo que fue aislando 
políticamente al régimen que en menos de seis meses desató una nueva ola de 
movilizaciones sociales que llevaron a la caída del gobierno en febrero de 1997, su 
sustitución por un presidente interino (Fabián Alarcón), y la convocatoria de nuevas 
elecciones que darían la victoria de Jamil Mahuad, aunque fuertemente debilitado por 
con contar con los apoyos políticos necesarios para gobernar. 
 
1.3.La crisis generalizada de finales de siglo. 
 
En 1999 Ecuador sufre la peor crisis de su historia, el PIB cae un 8%, y el PIB por 
habitante lo hace en un 9%. Aunque la crisis aparecer como una crisis económica, en 
realidad se trata de una crisis generalizada, también política, social y de valores, en la 
medida que confluyen en este final de siglo la ruptura del sistema político implantado 
por décadas y un deteriorosocial sin precedentes, que entre otras consecuencias 
obligará a casi el 10% de la población a buscar alternativas de vida fuera del país a 
25 
 
través de la migración, de esta manera, la subida al poder del gobierno demócrata 
cristiano se produjo en pleno conflicto social y político, y la debacle económica. 
 
Las causas de la crisis 
 
Como exponíamos en páginas anteriores, las causas últimas de la crisis que vivirá 
Ecuador a finales de siglo están en la compleja interacción “política” entre la reforma 
comercial, la reforma financiera y la estabilización con ancla cambiaria en la que se 
gestó la crisis financiera que culminó con la dolarización. No obstante, tanto los 
choques externos negativos que se producen desde 1995: a) conato de guerra con Perú, 
b) caída de los precios del petróleo a menos de 10 dólares barril, c) fenómeno de El 
Niño en 1998, y d) la plaga de la mancha blanca, que arrasó la producción camaronera 
del país; como los errores de política económica gubernamental: a) el cambio por parte 
del Banco Central del Ecuador, en febrero de 1999, del sistema de bandas cambiarias 
que se había utilizado en los últimos cinco años por un sistema de flotación, en un 
momento de gran incertidumbre; b) la demagógica sustitución desde 1999 del impuesto 
a la renta personal por un impuesto a la circulación de capitales, que hizo disminuir la 
liquidez de los bancos así como su capacidad para generar medios de pago, todo ello en 
una economía en recesión ; y c) la propia descoordinación mostrada entre el Banco 
Central y el Gobierno para el manejo de la crisis, fruto de la completa autonomía 
constitucional del mismo, alimentaron el proceso (Correa, 2004 y 2009). 
 
La historia del proceso 
 
En 1998 el sector externo se había derrumbado debido al creciente déficit comercial y el 
costo del endeudamiento externo, y aunque la crisis financiera será su efecto más 
notorio, la situación económica se complica al afectar a la economía real. El PIB que 
había crecido de manera modesta, aunque constante (2,09% durante el período 1992-
1997), comienza a desplomarse (desciende al 0,4% en 1998, y se desmorona en 1999 
con un -8,3%), siendo la respuesta gubernamental la promulgación Ley de 
Reordenamiento en Materia Económica (diciembre de 1998) por la que se crea la 
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)
38
, con el propósito de proteger los depósitos 
de los usuarios del sistema financiero, y la adopción del régimen de flotación cambiaria 
(enero de 1999), que culminaría con la depreciación del sucre a nivel histórico y la 
26 
 
especulación cambiaria que generaba la descontrolada emisión monetaria que pretendía 
detener la crisis bancaria, llevando las tasas de interés a niveles insostenibles (Carrasco 
y otros, 2011:141). 
Presionado por los principales partidos, en diciembre de 1998, el gobierno 
garantizó ilimitadamente los depósitos en el sistema financiero. A su vez, en el 
Congreso Nacional, el PSC – socio parlamentario de Mahuad -, consiguió eliminar el 
derecho de la AGD para intervenir en los bienes y las empresas vinculadas a los 
banqueros e impidió que se otorgara la inmunidad a las autoridades de control para 
enjuiciar a los banqueros que hubieran violado la ley. La supuesta autonomía del Banco 
Central saltó en pedazos frente a los intereses de los sectores bancarios ligados a la 
oligarquía costeña. La emisión de moneda se desbocó, lo que no impidió la quiebra de 
la mitad de los bancos comerciales. En julio de 1999, se bloquearon los flujos 
internacionales de capital y, al final del año, el PIB había caído más del 7%. 
Desde 1999 se percibía que los dos elementos de debilidad de la coyuntura 
económica eran la fragilidad del sistema financiero y la debilidad fiscal, pero las 
autoridades no pusieron límites a la ayuda a los bancos con problemas y los 
desembolsos recibidos por préstamos de liquidez y subordinados entre diciembre de 
1998 y diciembre de 1999 superan los 5.000 millones de dólares (Villalva, 2002)
39
. 
Como decíamos, para procesar el “salvataje bancario” el gobierno había creado 
la AGD, con el fin de administrar los bancos que quebraron por el uso indebido de los 
depósitos de la ciudadanía, con lo que emergió a la opinión pública un complejo 
engranaje de gestión bancaria ilegal, sustentado en una política de créditos sin ningún 
tipo de respaldo financiero, a empresas pertenecientes a los mismos grupos económicos 
propietarios de las entidades bancarias, carteras vencidas y otros procedimientos de 
gestión reñidos con la ley. La laxitud de las normas y la incapacidad y complicidad de 
las autoridades de control financiero degeneraron en la extensión de la crisis a un 
número cada vez mayor de instituciones. En la práctica, la intervención estatal no pudo 
evitar la quiebra del sector y sirvió, más bien, para socializar las pérdidas privadas a 
través de impuestos, inflación y pérdida de la moneda nacional. 
 Con ello, se perdió el manejo de la política cambiaria y monetaria, se dio una 
drástica disminución de la demanda interna, y se generó un ataque especulativo sobre el 
tipo de cambio facilitado por la adopción de un régimen de flotación en enero de 1999. 
El tipo de cambio nominal comenzó su ascenso incontenible desde 1998, al alcanzar un 
nivel de depreciación del 54%, para romper todo referente del pasado con un 197% en 
27 
 
1999, y solo en los nueve primeros días de enero de 2000 se depreció en un 23%. La 
especulación cambiaria se alimentaba de la descontrolada emisión monetaria realizada 
con el objetivo de detener la crisis del sistema bancario, mientras que las tasas de interés 
llegavan a niveles insostenibles (Carrasco y otros, 2011: 141). 
 
Estallido de la crisis bancaria y su conversión en crisis monetaria e incidir en 
la economía real. 
 
En marzo 1999, frente a la falta de liquidez y débil posición de los bancos, el gobierno 
de Mahuad resuelve congelar los depósitos bancarios (“feriado bancario”) cuando el 
tipo de cambio era de 5.450 sucres por dólar. Los depósitos se comenzaron a devolver 
un años después, una vez adoptada la dolarización, aun tipo de cambio de 25.000 sucres 
por dólar, lo que significaba que más de 5.000 millones de dólares en captaciones en 
sucres a marzo de 1999 se convertirían en poco más de 1.000 millones un año después, 
lo que representó una transferencia de cerca de 4.000 millones de dólares de los 
depositantes a los bancos y a los deudores de la banca, estos últimos, frecuentemente los 
mismos banqueros. 
 No obstante, antes del congelamiento bancario, el Banco Central otorgó créditos 
de liquidez, muchos de ellos irrecuperables, a los bancos privados del país por cerca de 
1.000 millones de dólares, llegando la emisión de bonos AGD para respaldar los 
depósitos a los 1.410 millones de dólares, y las posteriores emisiones de bonos y 
transferencias de dinero por parte del Ministerio de Economía a la AGD alcanzó los 
1.266 millones de dólares. Por lo tanto, se puede decir que el costo de la crisis bancaria 
para la sociedad y el Estado superan los 6.000 millones de dólares – cerca del 30% del 
PIB de entonces -, lo que convierte a la crisis bancaria ecuatoriana en una de las peores 
crisis latinoamericanas conocidas, aunque la pérdida de confianza y el atropello de los 
derechos de propiedad que significó, son realmente incalculables
40
. 
 La crisis bancaria se transforma en una crisis monetaria como consecuencia 
directa de la Ley AGD, la cual obligaba al Estado a respaldar el 100% de los depósitos 
nacionales y extranjeros, sin límite de monto. Como producto de ello, el Gobierno 
Central crea los bonos AGD y el Banco Central de Ecuador inyecta liquidez para 
adquirir dichos bonos y respaldar los depósitos, generando una depreciación del 400% 
de la moneda nacional entre enero de 1999 y enero de 2000, así como una amenazante 
aceleración de la inflación mensual. ¿Qué estaba pasando?Que la crisis bancaria y el 
28 
 
poder político de los banqueros habían traspasado el peso de la crisis al Estado, 
generando la depreciación del sucre y una crisis monetaria, y con ello justificar la 
“necesidad de la dolarización”, como sucedió el 9 de enero de 2000, medida 
desesperada del gobierno de Mahuad para salvar su gobierno, aunque apenas dos 
semanas después sería derrocado por una revuelta indígena-militar, y reemplazado por 
su vicepresidente, Gustavo Noboa, quien ratificó la dolarización
41
. 
 En plena secuela de la crisis, y con un país que había detenido el servicio de la 
deuda – cuya valoración había caído al 20% en los mercados financieros internacionales 
-, al gobierno de Noboa no se le ocurre otra cosa que renegociar la deuda externa “para 
normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional”, requisito 
“supuestamente básico” para mantener la dolarización
42
. 
La reducción de la actividad económica, la paralización de la inversión, el cierre 
de empresas y el crecimiento del desempleo se veía como males menores de la 
situación, ya que la prioridad, una vez más, era el salvamento del sistema financiero, 
dado el poder de los grupos económicos vinculados a la banca en la agenda pública, y el 
poder económicos se imponía sobre el poder político de una instituciones democráticas 
débiles
43
. 
En este escenario, el gobierno anuncia el default de su deuda Brady, y se 
postergó la firma de la carta de intenciones con el FMI y prosiguió la emisión 
monetaria
44
, generando una desconfianza total de los agentes económicos, la incubación 
de una situación para la macrodevaluación y la total pérdida de respaldo político del 
gobierno. 
 
Los efectos sociales y políticos de la crisis 
 
Aunque la crisis generó un fuerte deterioro económico, será en la esfera social y política 
donde el desastre se hará más evidente, y sus efectos de mayor largo plazo. Los 
indicadores económicos apenas revelan la magnitud de la catástrofe social provocadas 
por dos décadas de ortodoxia neoliberal, que culminan con la “madre de todas las crisis” 
en 1999. Aunque desde 1993, las remesas de la población expulsada al exterior 
suavizaba algo la disminución de las condiciones de vida de una parte de la población, 
mejorando el ingreso disponible de muchos hogares, el deterioro del empleo, el 
descenso del salario real, la reducción del gasto público social, el incremento de la 
29 
 
desigualdad salarial, etc. llevarán a un incremento espectacular de la pobreza y a un 
incremento sin parangón histórico de la desigualdad social
45
. 
 
2. Crisis de Ecuador y la alternativa del Movimiento PAÍS. 
 
La llegada del nuevo siglo pareciera significar para el Ecuador el anuncio de una nueva 
etapa histórica, aunque todavía tardará unos años en cristalizar, y esta última etapa de 
transición, 2000-2006, envolverá una aparente recuperación económica, en un marco 
político-social al límite del agotamiento. 
 
2.1. Las “salidas” de la crisis y sus consecuencias diversas. 
 
El 9 de enero de 2000, el gobierno de Mahuad ante la gravedad de la situación 
económica, y su fuerte deslegitimación política – era un gobierno sin partido en el 
Congreso Nacional, y fuertemente cuestionado por la protesta social liderada por el 
movimiento indígena -, busca la estabilidad económica a corto plazo a partir de “un 
salto al vació”, implantando la dolarización (pese a ser desaconsejado por técnicos y 
altos funcionarios del propio Banco Central), la cual no le salvó de ser destituido a los 
pocos meses, debiendo dejar el gobierno en mano de Noboa, que no sólo mantendrá la 
dolarización sino que iniciaría un amplio abanico de reformas neoliberales que 
pretendían proseguir la liberalización de la economía, y también y fundamentalmente, 
garantizar el servicio de la deuda pública externa y favorecer la penetración del capital 
extranjero en el sector petrolero
46
. 
Durante el período 2000-2006, la política económica pareciera ignorar las 
restricciones de oferta que adolecía la economía ecuatoriana, en un momento de fuerte 
expansión de la demanda, y su prioridad pasa por “cómo manejar la abundancia de 
divisas provenientes de los altos precios del crudo para prevenir la enfermedad 
holandesa”, teniendo como principales fantasmas el déficit externo y la inflación, dado 
que el exceso de demanda era cubierto por importaciones (Carrasco y otros, 2011: 144-
148). 
Bajo esta premisa, en junio de 2002, se aprueba la Ley de “Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal” (LOREYTF), que limita grandemente los 
grados de libertad de la política fiscal, y busca claramente garantizar el servicio de la 
30 
 
deuda pública externa ecuatoriana. Para que el sector público no generara mayor presión 
sobre la demanda interna, se controla la expansión del gasto público en una situación de 
mejora significativa de los ingresos públicos petroleros, a través de la creación del 
Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento 
Público (FEIREP), que se nutre de toda la producción incremental de crudos pesados a 
transportarse por el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), finalizado en el 2002, 
así como del 45 por ciento del exceso de ingresos petroleros sobre los presupuestados, y 
del superávit presupuestario, si lo hubiere
47
. 
Macroeconómicamente, el período 2000-2006 es una nueva etapa de auge 
petrolero y un nuevo ciclo de abundancia de divisas, con la consiguiente recuperación 
de los términos del intercambio, de manera que el crecimiento de la demanda externa 
impulsa una recuperación del gasto interno asentado en el auge de las importaciones, y 
aunque la economía crecerá a una tasa promedio cercana al 4,5%, este crecimiento no 
favorece a la mayoría de la población, ya que se presentaron problemas en el campo de 
la producción y el empleo provocados por una insuficiente oferta. La estabilidad 
macroeconómica alcanzada con la dolarización no tuvo correspondencia por el lado de 
la producción interna, por lo que algunos de los efectos positivos de la reactivación 
económica se trasladan al exterior mediante la expansión de las importaciones. 
Aunque el tipo de cambio con que se inicia la dolarización permite relanzar las 
exportaciones a niveles sin precedentes, sin embargo, como consecuencia de los 
desequilibrios en los precios relativos al momento de la dolarización, de la capacidad de 
los oligopolios y otros agentes para elevar los precios, y de la parcial reducción de los 
subsidios, las tasas de inflación se mantuvieron altas, a pesar de eliminar la emisión 
monetaria, la cual no sólo fue reduciendo las ventajas iniciales del sector externo en los 
meses posteriores a la dolarización, sino que terminó convirtiéndose en un elemento 
negativo para la competitividad del país
48
. 
La fuerte demanda de las economía emergentes en la economía mundial, elevan 
los precios de los productos primarios, favoreciendo los términos del intercambio de las 
economías exportadoras como la ecuatoriana, dado que gracias a los buenos precios del 
crudo se disparan los ingresos por exportaciones petroleras. Pero, la recuperación del 
crecimiento económico se debió fundamentalmente al crecimiento del gasto interno 
(que crece a una tasa anual del 7,2% para el período), siendo el consumo el gran motor 
económico, sustentado en las remesas de la emigración, la recuperación del nivel de 
ingreso de la población en un momento de baja inflación y en factores coyunturales 
31 
 
(como la devolución de los depósitos congelados en la AGD), que ahora se dirigen al 
consumo de bienes duraderos y no retornan a inversiones financieras. También resultó 
fundamental para la reactivación económica el crecimiento de la inversión petrolera (la 
más voluminosa desde los años setenta, según Larrea (2002), esencialmente en la 
construcción del OCP y las actividades de exploración