CAUSAS DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

Vista previa del material en texto

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Ciencia Política 
 
 
 
 
 
 
Causas explicativas del fenómeno del paramilitarismo en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
María Margarita Ruiz Arcila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 2004 
 
 
 2
ÍNDICE 
 
 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………4 
 
1. MARCO TEÓRICO: FACTORES CONDUCENTES AL SURGIMIENTO DEL 
PARAMILITARISMO………………………………………………………………….6 
 
1.1. Debilidad Estatal……………………………………………………………………6 
 
1.2. Bipartidismo excluyente…………………………………………………………..10 
 
1.3. Financiamiento de grupos armados………………………………………………12 
 
2. CASO COLOMBIANO: TRAYECTORIAS HACIA EL AFIANZAMIENTO DEL 
FENÓMENO DEL PARAMILITARISMO…………………………………………..14 
 
2.1. Debilidad estatal en el caso colombiano………………………………………….14 
 
2.2. Debilidad de las Fuerzas Militares como muestra de la debilidad estatal…......16 
 
2.3. Precariedad de la administración de justicia como muestra de la debilidad 
estatal…………………………………………………………………………………….22 
 
2.4. Características particulares del bipartidismo en el caso colombiano…………..27 
 
2.4.1. La influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Fuerzas Armadas 
desde los gobiernos del frente 
Nacional…………………………………………………………………………………..36 
 
2.5. Financiamiento ilegal de lo grupos armados en Colombia………………………39 
 
3. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS PARAMILITARES…………………….....43 
 
3.1. Parainstitucionalidad y su conexión con el uso de la fuerza……………………..43 
 
3.1.1. Paramilitarismo como expresión de parainstitucionalidad…………………….45 
 
3.1.2. Financiamiento ilegal ligado a la formación de paramilitares…………………54 
 
3.1.3. Instancias parainstitucionales relacionadas con el paramilitarismo…………..63 
 
 3
3.1.3.1. ACDEGAM (Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del 
Magdalena Medio)………..………………………………………………………………63 
 
3.1.3.2. MAS (Muerte a Secuestradores)………………………………………………67 
 
3.1.3.3. PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar)……………………………………..70 
 
3.1.3.4. La Terraza……………………………………………………………………….70 
 
3.1.3.5. CONVIVIR (Cooperativas de Seguridad) …………………………………….71 
 
3.1.3.6. Vínculos Militares – Paramilitares…………………………………………….72 
 
3.2. Denuncias por parte de paramilitares de la falta de presencia del Estado como 
factor de su génesis……………………………………………………………………….79 
 
4. CONCLUSIONES………………………………………………..……………………82 
 
5. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno paramilitar se constituido desde las últimas dos décadas en un actor poderoso 
que actúa en el conflicto armado colombiano. La pregunta de cuáles han sido las causas 
para que este actor se consolide se deben ver bajo referentes teóricos que dejen aprehender 
el problema. De la respuesta a esa pregunta, se pueden tomar la debilidad estatal, 
bipartidismo excluyente y las posibilidades de financiación de este grupo armado. 
 
La identificación de la debilidad estatal en el caso colombiano, nos deja ver cuáles son las 
instituciones que nos dejan abordar el problema del paramilitarismo. Así pues, las Fuerzas 
Armadas débiles y la precariedad en la administración de justicia develan la debilidad 
estatal en Colombia. Así mismo, la incapacidad de los partidos tradicionales de fraguar 
reformas, lo que a su vez lleva a excesos de la guerrilla, evidencia tal debilidad. De esta 
forma, también es conveniente preguntarse sobre el papel jugado por la Doctrina de 
Seguridad Nacional en el papel de las Fuerzas Militares, lo cual lleva a su análisis. De otro 
lado, las posibilidades de financiación ilegal en el caso colombiano también permiten 
preguntarse sobre los vínculos del narcotráfico con la consolidación del fenómeno del 
paramilitarismo. 
 
A partir de estos conceptos, es conveniente elaborar un capítulo que se dedique al origen y 
desarrollo del paramilitarismo, que incluye todas las causas descritas anteriormente. De 
esta manera, se ve cómo se desarrolla una parainstitucionalidad ligada al paramilitarismo, 
que tiene como rasgo principal la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del ente 
estatal, lo cual a su vez demuestra su debilidad. Los vínculos desde estas instancias entre 
 5
militares, narcotraficantes y paramilitares, muestran cómo éstos son respuesta a un estado 
débil y a excesos cometidos por las guerrillas, así como de la posibilidad de enriquecer el 
fenómeno del paramilitarismo con los dineros provenientes del narcotráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
1. MARCO TEÓRICO: FACTORES CONDUCENTES AL SURGIMIENTO DEL 
PARAMILITARISMO 
 
 
1.1. Debilidad Estatal 
 
Para entender la debilidad estatal es conveniente referirse a la literatura que de ella existe. 
En esta sección, se van a reseñar algunos autores en orden de dar una idea de lo que se 
entiende por debilidad estatal y su fuerte conexión con el no monopolio de la fuerza, y a su 
vez cómo esto incide en la formación de grupos armados, incluidos los paramilitares. 
 
En lo concerniente al monopolio de la fuerza, es conveniente nombrar el concepto de el 
Estado Moderno para Max Weber: “el Estado es aquella comunidad humana que en el 
interior de un determinado territorio –el concepto del “territorio” es esencial a la definición- 
reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. En este sentido, el 
Estado “solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que, lo 
mismo que a toda asociación política, le es propio, a saber: el de la coacción física” 
(Weber, 1992: 1056). 
 
Por otro lado, Ingrid Bolívar (1999) propone no pensar la conexión entre Estado y 
monopolio de la fuerza como destino final de la configuración estatal, sugiriendo de esta 
manera que tal manera de ver el Estado es una de las tantas formas posibles de 
conformación de éste1. Es el Estado moderno, entendido en el sentido de Estado Nación, 
 
1 Para ver un detallado desarrollo de esta tesis ver: Bolívar, Ingrid. 1999. “Sociedad y Estado: la 
configuración del monopolio de la violencia”, Controversia, 175, p. 11 – 39. 
 7
el que requiere del monopolio de la violencia para expandirse. De esta manera, Bolívar 
recuerda que este tipo de conformación de Estado se inscribe dentro de la lógica de la 
configuración de los Estados en la sociedad medieval, utilizando a Charles Tilly2 para 
mostrar que el Estado emerge “como producto secundario y no intencional de la 
preparación para la guerra”3 (Bolívar, 1999:13). En la misma línea, la autora insiste en que 
el monopolio de la coerción es solo un recurso más de la dominación, mostrando que hay 
otras formas de mantenimiento del orden en la organización política de otras sociedades. 
Formas que recurren a distintos dispositivos como el rumor y la ridiculización. De 
cualquier manera, es preciso recordar, que en todas las sociedades abundan ejemplos de la 
tendencia de un grupo social a monopolizar fuentes básicas de supervivencia para el 
conjunto de la sociedad, lo que quiere decir que todas las sociedades poseen dispositivos de 
control sobre sus miembros (Bolívar, 1999). De esta manera se garantiza la supervivencia 
de la sociedad. El dispositivo de control que se expresa en el recurso del monopolio de la 
coerción, se entiende en el contexto específico de la configuración del Estado Nación 
moderno, en donde se concentra y “ejerce como elemento de una dominación legal 
racional” (Bolívar, 1999:15). Lo importante para rescatar de la disertación de Bolívar, es 
que ella comprende la evolución del Estado moderno a partir de la utilización del recurso 
de la violencia para expandir su dominación. Desde ese momento, estas dos instancias, se 
yuxtaponen constantemente, evidenciando una interacción particularmente relacionada con 
la constitución del monopolio.2 Bolívar cita a: Tilly, Charles. 1992. Coerción, capital y los Estados europeos 900-1900, Madrid: Alianza 
Editorial. 
3 Para ver un detallado desarrollo de este punto ver: Bolívar, Ingrid. 1999. “Sociedad y Estado: la 
configuración del monopolio de la violencia”, Controversia, 175, p. 11 – 39. 
 8
Por su parte, Mason (2000) identifica que la expresión institucional es central para 
comprender la fortaleza del Estado, combinándola con la base física de éste y los principios 
organizativos y de legitimidad. La expresión institucional consiste en las estructuras y 
cuerpos del gobierno central, así como las leyes y normas relacionadas con la función 
gubernamental. La concentración del poder coercitivo por parte del Estado es central para 
el análisis de la fortaleza del Estado. En este sentido un Estado fuerte es uno en el cual las 
instituciones del gobierno relacionadas con la seguridad, ley orden y justicia son 
funcionales y efectivas, teniendo así, el poder coercitivo para repeler las amenazas a la 
seguridad. En este sentido es pertinente anotar que “la consolidación del control territorial, 
(…) el establecimiento del orden y la extracción de recursos no solo dependen de la 
acumulación de poder central, sino que también apoyan las actividades básicas de la guerra 
y de política relacionadas con la construcción de Estado y el control interno” (Mason, 
2000:89). Queriendo decir entonces que esas instancias apoyan la construcción de un 
aparato represivo estatal efectivo, en orden de su subsistencia. Se tiene entonces que la 
expresión institucional debe estar en concordancia con las actividades reguladoras 
proveedoras de cohesión institucional para lograr el control estatal. Este último está 
estrechamente ligado con la concentración de la fuerza. (Mason, 2000: 87-88-89). 
 
Se tiene entonces que un Estado que no tiene el monopolio legítimo de la coerción, deja 
que otros actores lo usen, lo cual genera movimientos armados al margen de la 
institucionalidad que buscan hacer justicia y proporcionarse seguridad por sus propias 
manos. Esta situación genera una parainstitucionalidad que usa la violencia a su parecer, 
privatizando de esta manera, la seguridad y la justicia. 
 
 9
Otro punto importante de la disertación de Mason (2000) es que ella conecta la expresión 
institucional con la idea de Estado, al decir que las instituciones expresan la idea de Estado. 
La idea de Estado es un principio organizador, que cohesiona a la sociedad, vinculándola 
con la unión existente entre lo público y lo privado en el lazo de Estado – Nación. Pero la 
idea de Estado está íntimamente ligada con el sentimiento de legitimidad que genere en los 
ciudadanos, dado que “la pretensión de autoridad de un gobierno es legítima sólo con el 
consentimiento de los gobernados” (Mason, 2000: 88). En esta misma línea, Pécaut4 
afirma que “es difícil hablar de ciudadanía cuando “las instituciones formales parecen 
singularmente abstractas y lejanas”, ya que ella implica “el sentimiento de pertenecer a un 
conjunto social concreto y de beneficiarse de las garantías que ofrecen las instituciones” 
(Bolívar, González, Vázquez, 2002:216). Así mismo, Melo (1991) caracteriza al Estado 
Moderno como uno que tiene la capacidad de emplear medios coactivos para imponer 
obediencia a sus dictados, como rasgo principal. Pero esta capacidad se basa en el 
consenso de los ciudadanos, lo cual hace que el uso de la fuerza se apoye en un fundamento 
aceptable de legitimidad (Melo, 1991:475). 
 
Así pues, las instituciones que representan al Estado, deben penetrar la población, de 
manera que el conjunto social se beneficie de las garantías que ofrecen tales instituciones. 
Eso quiere decir que si un Estado no logra que sus instituciones suplan las necesidades de 
sus ciudadanos, los ciudadanos no van a aceptarlas y van a buscar maneras de suplírselas 
por sus propios medios. Así, surgen grupos armados, al ver que las instituciones estatales, 
entre las cuales se cuentan las que brindan seguridad y justicia, no ofrecen sus garantías, 
 
4 Pécaut, Daniel, 2001. “A propósito de los desplazados en Colombia”, Guerra contra la sociedad. Citado en: 
Bolívar, González, Vázquez, 2002:216. 
 10
haciendo uso de la violencia para brindarse ellos mismos la seguridad y justicia que no les 
brindó el ente estatal. 
 
En resumen, un Estado moderno, que no logra legitimarse ante la sociedad, a partir del 
adecuado funcionamiento de sus instituciones, entre las cuales se cuentan las de seguridad y 
justicia como vitales para su subsistencia, obliga a que se formen grupos armados al 
margen de la ley, que hacen uso de la violencia para proporcionarse seguridad y justicia. 
Esto conduce a la privatización de estas instancias, lo que hace que el Estado no tenga el 
monopolio legítimo de la coerción, evidenciando su inevitable debilidad. 
 
 
1.2. Bipartidismo excluyente 
 
En esta sección es importante mencionar el papel de los partidos en el Estado moderno, por 
eso es fundamental señalar cuál es la esencia de los partidos políticos en las sociedad 
democrática. González (1993), asegura que las opiniones de los diferentes grupos sociales 
se deben tener en cuenta en una sociedad democrática, teniendo a los partidos como canales 
de comunicación entre dichos grupos y el Estado. Así pues, “cuando un gobierno no está 
abierto al debate público y no tiene garantías para que los ciudadanos participen en el 
gobierno se crea una hegemonía cerrada” (Dahl, 1989)5, esto hace que se cierren los canales 
de participación y se abra la posibilidad de la lucha armada para hacer valer sus opiniones y 
peticiones. 
 
 
5 Dahl, Robert. 1989. La poliarquía, participación y oposición. Ed. Tecnos S.A. p. 14. Citado en Blanco, 
2004:9. 
 11
Se tiene entonces que “la creación de canales regulares para la expresión de conflictos de 
intereses ha ayudado a estabilizar la estructura de un gran número de Estados-nación” 
(Ross, 1920; Simmel, 1923 y1958)6 y los canales de expresión se materializan en los 
partidos políticos. Los autores aseguran que los partidos forzan a los ciudadanos a aliarse 
entre ellos por encima de las líneas de división estructurales, así como a llegar a acuerdos, a 
escalonar peticiones y a agregar presiones (Lipset y Rokkan, 1992:236). Así pues, los 
partidos forman alianzas, coaliciones, que se constituyen en gobierno y oposición. Los 
partidos han servido como agentes esenciales de movilización y han ayudado a integrar 
comunidades locales en la nación (Lipset y Rokkan, 1992:234). Esto en un Estado 
moderno, quiere decir que lo partidos son factores de articulación entre el Estado y la 
sociedad civil. Si en un Estado esto no sucede, se genera exclusión de fuerzas políticas lo 
que a su vez lleva a la persecución política. En estas condiciones, las fuerzas excluidas 
recurren a formas armadas para defenderse de la persecución y lograr propósitos de 
participación política. 
 
Así pues, estos referentes teóricos son útiles y centrales para entender los cuestionamientos 
recurrentes que se hacen desde diversos autores hacia la inoperancia de los partidos 
políticos tradicionales colombianos para establecer un puente entre lo privado y lo público. 
 
 
 
 
 
6 Ross, E.A.1920. The principles of Sociology. Nueva York: Century. Y Simmel, G. 1923 y 1958. Soziologie, 
Berlín: Duncker & Humblot. Citado en: Lipset y Rokkan, 1992:235. 
 12
1.3. Financiamiento de grupos armados 
 
El financiamiento de los grupos armados es una de las causas para que el conflicto armado 
exista, por eso es importante mencionar a Paul Collier (2000) y Collier y Anke Hoeffler 
(2001), los cuales sostienen que las oportunidades son más importantes a la hora de 
explicar el conflicto que los motivos.Su tesis se centra en que los países que tienen cómo financiar la rebelión son los que tienen 
conflicto armado, y consideran tres fuentes comunes: extorsión de recursos naturales, 
donaciones de diásporas y subvenciones de gobiernos hostiles. Colombia estaría en la 
primera por la producción de cocaína. Además afirman que los actores armados actúan 
más por codicia que por motivos sustentados en quejas como la pobreza, le inequidad 
social, la falta de canales de participación, etc. Por otra parte, afirman que los grupos 
rebeldes, no hacen guerra si no tienen cómo financiarse, por lo que concluye, con evidencia 
econométrica que los países que tienen conflicto armado son lo que tienen recursos como 
por ejemplo Colombia con la cocaína y Sierra Leone con los diamantes. En esa misma 
línea, Kaldor (2001) también señala que las guerras se inscriben dentro del ámbito de la 
codicia y que solo se hacen por razones económicas. 
 
Por otro lado, Collier (2001) cree que los grupos armados o lo que él llama ‘organizaciones 
rebeldes’, necesitan un discurso político para legitimarse, pero que en realidad quieren 
enriquecerse a costa de la lucha armada. Afirman que las quejas de organización rebelde 
son como la imagen es al negocio. Y que tienen que adoptar un discurso político, para 
funcionar. Recuerdan también, que ellos deben mantener una imagen internacional buena y 
 13
que por eso también deben adoptar tal discurso. Sin embargo, esta tesis no es aceptada en 
este trabajo, ya que a lo largo de éste se muestra evidencia de que el conflicto armado, en el 
cual surgen los paramilitares como actores importantes, tiene causas políticas. En la 
sección que desarrolla el financiamiento ilegal en el caso colombiano se desarrolla más 
ampliamente cómo el narcotráfico enriqueció la dinámica del conflicto, sin suponer que sea 
esta la única causa del conflicto armado, destacando la financiación ilegal de los grupos de 
autodefensa. 
 
 
Se tiene entonces que, aunque es importante citar a estos autores, en tanto que dan una idea 
de la importancia de la financiación de los grupos rebeldes, es inexacto suponer que los 
actores armados mantienen el conflicto sólo por razones económicas, y a lo largo de este 
trabajo se mencionan y desarrollan otras causas por las cuales existe el conflicto armado en 
Colombia, destacando la de los grupos paramilitares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
2. CASO COLOMBIANO: TRAYECTORIAS HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
FENÓMENO DEL PARAMILITARISMO 
 
 
2.1. Debilidad estatal en el caso colombiano 
 
Teniendo que un Estado débil se expresa en el inadecuado funcionamiento de sus 
instituciones, entre las cuales están las que brindan seguridad y justicia, se puede decir 
entonces que la debilidad estatal en Colombia se da, entre otras razones, por unas Fuerzas 
Armadas debilitadas y de un poder judicial ineficiente. 
 
Así pues, en el caso colombiano, Mason asegura que hay una crisis de seguridad en 
Colombia. Esto se expresa en que el Estado y las Fuerzas Armadas se encuentran 
debilitadas y “cada vez más le dan más prioridad a la protección del régimen y de los 
centros urbanos, dejando que grandes regiones del país se defiendan por sí mismas. Esta 
dinámica ha generado el surgimiento de movimientos paramilitares que se han vuelto 
omnipresentes y altamente nocivos” (Mason, 2000:84) 
 
Respecto al caso colombiano, Oquist (1978), señala, que la debilidad del Estado se 
consolidó en el período conocido como La Violencia7 creando un derrumbe parcial del 
Estado. La intensa rivalidad partidista característica de este período se manifiesta en: “1) 
La quiebra de las instituciones políticas establecidas; 2) La pérdida de la legitimidad del 
 
7 Período entre 1945 y 1965, que dejó una cifra no menos a los cien mil muertos, y que contiene el último 
gran enfrentamiento armado entre el Partido Liberal y Conservador. 
 15
Estado para una porción considerable de la población; 3) Las contradicciones dentro del 
aparato armado del Estado; y 4) La ausencia física del Estado en algunas zonas del país” 
(Oquist, 1978:255). Estas cuatro características se pueden traducir en que el Estado no 
logra legitimarse ante la población por una quiebra de las instituciones políticas entre las 
que se destaca las Fuerzas Militares, señalando “contradicciones dentro del aparato 
armado”, que demuestran su debilidad. 
 
 
Por su parte Orjuela (2000), muestra que la debilidad del Estado colombiano consiste en 
que éste no ha logrado cohesionar e integrar la población y ha fallado en su capacidad de 
ser mediador de los conflictos. Entre otros aspectos para mostrar tal debilidad, Orjuela 
muestra la incapacidad del Estado para administrar justicia, lo que redunda en el 
surgimiento de expresiones parainstitucionales de poder y de resolución de conflictos 
(Orjuela, 2000:105). Se tiene entonces que, estos conflictos al no ser canalizados por el 
Estado, deben encontrar otra forma de ser resueltos. Cuando esto sucede, lo que se expresa 
es la violencia y la anomia. La violencia surge en diversas instancias de 
parainstitucionalidad, tales como los grupos privados de justicia y defensa, las mafias 
narcotraficantes y las guerrillas. (Orjuela, 2000:104). 
 
En síntesis, se puede ver a partir de los anteriores planteamientos que el Estado en 
Colombia es débil porque, sus instituciones, entre las que se destacan las de seguridad y 
justicia no operan debidamente y por eso convierten al Estado, en un Estado débil. 
 
 
 
 16
2.2. Debilidad de las Fuerzas Militares como muestra de la debilidad estatal 
 
Para el caso colombiano, las Fuerzas Militares son la institución que provee seguridad y por 
consiguiente son expresión del Estado. Su debilidad ilustra la debilidad estatal a su vez, y 
al no cubrir todo el territorio nacional, da pie para que otros actores al margen de la ley 
como los paramilitares usen la fuerza que debería estar concentrada en las Fuerzas 
Militares. 
 
A lo largo de la historia de la historia de Colombia, se ha visto cómo las Fuerzas Armadas 
se han quedado cortas en sus funciones, lo que obviamente resulta en la pérdida del 
monopolio de la fuerza, que empiezan a detentar otros actores al margen de la 
institucionalidad. Varios autores reseñan tales fallas. 
 
Melo (1991), asegura que la apelación a los ciudadanos identificados con el gobierno para 
la realización de sus tareas de orden militar revelaba una insuficiente fuerza del Estado. “El 
tamaño relativamente pequeño de las Fuerzas Militares y las dificultades para financiar su 
expansión, hicieron que los dirigentes civiles del Estado consideraran preferiblemente 
armar provisionalmente a ciudadanos particulares” (Melo, 1991:482). Esto, con respecto a 
su fracaso para enfrentar la rebelión guerrillera liberal, no consiguiendo derrotar 
militarmente a las “repúblicas independientes”. 
 
 17
No obstante, en el trabajo de Ana María Bejarano y Renata Segura (1996), al analizar el 
gasto del gobierno en el período del Frente Nacional8 (1957-1974), se encontró que el área 
de justicia y seguridad se mantuvo siempre entre las dos primeras prioridades, anotando que 
el área militar fue la que se llevó la mayoría de los gastos en detrimento de la justicia y la 
policía. 
 
Por otro lado son interesantes los apuntes de Mauceri (2001) respecto de la relación de las 
élites gobernantes con el estamento militar. Como ya se señaló antes, las élites, pusieron de 
relieve la incapacidad de los gobernantes de formular la política militar. Y eso según 
Mauceri sucedió por la profunda desconfianza que las élites colombianas tenían de las 
Fuerzas Armadas. El sistema bipartidista y la falta de regímenes militares contribuyeron a 
esta actitud9. “La carrera militar nunca fue vista como una marca de distinción social por 
las élites y el reclutamiento estaba generalmenterestringido a las clases medias y bajas. 
Las Fuerzas Armadas colombianas, ausentes de una participación directa en política por 
gran parte de los siglo XIX y XX, nunca desarrollaron una identidad institucional que 
girara alrededor de la construcción de nación, limitando la posibilidad de ejecutar un 
proyecto político autónomo” (Mauceri, 2001:59). En esta misma línea el autor señala que 
las Fuerzas Militares en Colombia han estado caracterizadas por la falta de equipo, 
particularmente de helicópteros y armas livianas, de un entrenamiento contrainsurgente 
inadecuado, además de metas confusas e interpretaciones contradictorias de la naturaleza de 
la insurgencia, así como la falta de una amplia estrategia militar defensiva. 
 
8 Pacto entre el partido liberal y conservador, resultante de la violencia en los años cincuenta que sufría el 
país, por el enfrentamiento armado entre estos dos partidos. Este pacto consistía en una alternancia del poder 
que se enmarcó en el período de 1958 hasta 1974. 
9 Dávila, Andrés. 1998. El juego del poder. Bogotá: Uniandes. Citado en Mauceri, 1991. 
 18
 
Granada (1999), hace un recuento desde 1950 hasta 1994 relacionados con el gasto en 
seguridad y defensa en Colombia, concluyendo que los gastos en seguridad interna y 
defensa nacional, medidos por el P.I.B. han sido históricamente bajos. Desde la década de 
los ochenta sin embargo, se ha podido ver un aumento del rubro destinado a estos gastos. 
De cualquier manera, concluye que no ha habido políticas concretas en el campo de 
seguridad y que cada gobierno ha cambiado su política de manejo, demostrando la 
debilidad en las mismas. Finaliza entonces, diciendo que falta una estrategia de Estado 
coherente y permanente que permita fijar objetivos de largo plazo y mecanismos para 
alcanzarlos (Granada, 1999:597). 
. 
En el estudio de María Victoria Llorente (1999), se muestra cómo ha aumentado el pie de 
fuerza de la policía, debido a reformas que incrementaron el gasto en esta área. “Con 
respecto al número de colombianos se tiene que mientras en 1958 había trece uniformados 
por cada diez mil habitantes, en los noventa la tasa se duplicó hasta llegar a veintiséis por 
cada cien mil habitantes en 1996” (Llorente, 1999: 437). También señala que en la 
reforma del 93, el gobierno intentó crear una policía a nivel rural para que actuara como 
una fuerza de choque para el mantenimiento del orden público en zonas afectadas por los 
guerrilleros y paramilitares. Pero esto no prosperó por que “en la práctica se presentaron 
conflictos de competencias entre las subdirecciones operativa, urbana y de carabineros ya 
que al encontrarse éstas en el mismo nivel jerárquico, se generó confusión sobre el ejercicio 
de mando en los aspectos operativos” (Llorente, 1999:459). Como lo muestra Llorente se 
han tratado de hacer cambios importantes pero todo se ve truncado porque no se tiene clara 
una estrategia. En este sentido, De Francisco (1999) asegura que producto de la falta de 
 19
estrategia integral por parte del Estado no se ha logrado enfrentar adecuadamente el 
fenómeno guerrillero. La razón por la cual las FARC y el ELN crecieron en los años 
ochenta fue porque la acción de militares y policías se enfocó en neutralizar amenazas 
como el M-19 y los grupos narcotraficantes (De Francisco, 1999:488). El autor también 
señala que en dicha época, en la cual los grupos guerrilleros ‘pasaron agachados’, se 
observó un gasto en defensa y seguridad bastante bajo en términos internacionales, lo que 
se tradujo en un cuerpo de defensa muy precario enfrentado a múltiples fuerzas armadas 
(De Francisco, 1999:488). Otro punto importante es que durante la administración 
Betancur, por el proceso de negociación, no se vio que había necesidad de frenar el 
desarrollo que se estaban teniendo las FARC y el ELN, lo cual implica que “desde la 
perspectiva de que la sociedad y el Estado aceptaron el reto equivocado de aplicar la 
zanahoria o el garrote, como si fueran alternativos, y que se basó en la confianza ciega de 
que la primera tendría éxito, el resultado fue una aplicación inadecuada de ambas” (De 
Francisco, 1999:489). Otro punto para resaltar, es que la inteligencia que se utiliza para 
enfrentar a la guerrilla es muy pobre. “Como esta no existe, tanto la petición de 
información como su llegada se hace desordenadamente, generándose vacíos, 
inconsistencias y duplicación de trabajo” (De Francisco, 1999:512). En resumen, no ha 
existido una estrategia clara en el interior de la institución militar que De Francisco analiza 
detalladamente en su estudio10. 
 
Aunque se ven esfuerzos por aumentar el gasto en el sector defensa, en un estudio con 
cifras de 1981 a 1995, como evidencia el Informe del Gasto Militar de la Dirección de 
Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación (2000), hay que adoptar 
 
10 Hay otros elementos que De Francisco analiza más detalladamente en su estudio. 
 20
estrategias conducentes a aumentar la inversión en tecnología y capital, reduciendo el pie 
de fuerza, procurando invertir más que en cantidad, en calidad (Villamizar, 1999). 
Mientras en los principales ejércitos occidentales han disminuido el pie de fuerza, los 
recursos utilizados para su reclutamiento, selección, entrenamiento y sostenimiento han ido 
en aumento (Sandler Todd y Hartley Keith, 1995)11. En Colombia no ha sucedido así. “El 
sector defensa pasó de emplear aproximadamente ciento sesenta y cinco mil personas en 
1985, a más de trescientas mil en 1995 (Comisión de Racionalización del Gasto y de las 
Finanzas Públicas)12. En este mismo sentido, el estudio de Chávez, Morales y Vargas 
(2003) apuntan a que desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se ha pensado que 
agrandar el pie de fuerza para hacer presencia es fundamental, pero se ha visto que a pesar 
de aumentar el pie de fuerza para dispersarlo, tiene como resultado unas Fuerzas que a 
pesar de estar en todos lados, son militarmente débiles en muchos de ellos (Chávez, 
Morales y Vargas, 2003:108). Otro aspecto importante que reseñan estos autores es que 
proporcional al aumento del pie de fuerza debe haber una capacidad de trabajar de la mano 
entre ellos y con la Policía, en lo que se ha llamado operaciones conjuntas. Esto no ha 
existido y tal falla la ha identificado la guerrilla y ha obtenido ruidosos éxitos militares 
(Chávez, Morales y Vargas, 2003:108). El estudio de estos autores concluye con que el 
aumento de pie de fuerza se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para 
alcanzar los objetivos de la política que son darle ventaja militar al Estado para que 
propicie un acercamiento para el diálogo y la negociación final (Chávez, Morales y Vargas, 
2003:112). 
 
11 Sandler, Todd y Hartley, Keith. 1995. The Economics of Defense. Cambridge University Press. Citado en: 
Villamizar, 1999:8. 
12 Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas. 1997. Diagnóstico y Principales 
Recomendaciones. P. 101. Citado en: Villamizar, 1999:9 
 21
 
Por su parte, Villamizar (1999) señala que la inversión de capital y tecnología es muy 
limitada, en buena parte debido a los aumentos considerables en gastos de personal y 
generales, agrupados en los gastos de funcionamiento (Villamizar, 1999:9). Además, como 
se señaló antes, en Colombia el gasto militar sigue siendo bajo en relación con otros países 
en vía de desarrollo, aún con el crecimiento que ha tenido en la década de los noventa. “El 
promedio durante los años noventa del gasto militar en Colombia como porcentaje del 
P.I.B. es de aproximadamente tres por ciento, mientras que el promedio de este índice para 
los países en desarrollo es de cuatro y medio por ciento” (Villamizar, 1999:29). 
 
La constante en estosestudios es que, si bien se ha aumentado el gasto en defensa y 
seguridad, sigue siendo un problema la ausencia de una estrategia clara para fortalecer la 
institución militar, con el fin de consolidarse como institución, y proveer a los ciudadanos 
de seguridad. Esto a su vez redunda en la proliferación de grupos armados, entre ellos los 
paramilitares, que se justifican a ellos mismos por tal falta de presencia militar en muchas 
regiones. Carlos Castaño, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
justifica su accionar y la formación de la Autodefensa por la falta de presencia y efectividad 
de las Fuerzas Armadas en la región de Urabá (Aranguren, 2001). Esto a su vez tiene como 
resultado la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del ente estatal. 
 
 
 
 
 
 22
2.3. Precariedad de la administración de justicia como muestra de la debilidad estatal 
 
La administración de justicia en Colombia ha sido precaria a lo largo de su historia. Varios 
autores dan cuenta de este hecho, que inevitablemente devela la debilidad del Estado 
Colombiano, en cuanto es incapaz de proveer de justicia a sus ciudadanos. Esto hace que 
particulares formen grupos armados para proveerse de justicia a sí mismos. 
 
Como ya se mencionó, en el estudio de Bejarano y Segura (1996), se muestra una relación 
de los porcentajes que ha destinado el gobierno para los varios sectores de éste, durante el 
Frente Nacional (1957-1974), llegando a la conclusión de que la segunda área con mayor 
porcentaje de participación dentro del gasto del gobierno central durante el período del 
Frente Nacional es la de justicia y seguridad con el 25,9 por ciento y dentro de esa área, el 
sector privilegiado fue Defensa con un 14,18 por ciento. (Bejarano y Segura, 1996:17). 
Sin embargo enfatizan en el hecho de que a la parte que menos se gastó fue en la policía y 
la justicia, privilegiando el gasto propiamente militar. Resulta sorprendente que no se 
gastara en esta área, ya que los años de lucha contra La Violencia, el Estado necesitaba un 
aparato de justicia fuerte. Como anotación final, las autoras señalan que, tras la concepción 
del problema de justicia como algo secundario en los gobiernos del Frente Nacional, se 
contribuyó a “generar un déficit institucional en el área de justicia que hoy en día, cuatro 
décadas después, está en la raíz misma de la crisis presente y de la debilidad del Estado que 
la caracteriza” (Bejarano y Segura, 1996:19). 
 
Por su parte, Oquist (1978), aludiendo a la “quiebra de las instituciones establecidas”, 
señala que el sistema judicial fue una de las instituciones que participó de tal quiebra, 
 23
puesto que en la época de La Violencia “la mayoría de crímenes se encontraron con la más 
absoluta impunidad, mientras aun aquellos que fueron procesados se juzgaron utilizando 
criterios políticos” (Oquist, 1978:256). 
 
Según Melo (1991), en el gobierno de Turbay, el hecho de que el ejército lograra el 
respaldo del ejecutivo para una lucha antiguerrillera, era una prueba de la existencia de un 
aparato judicial ineficiente. Al expedirse el Estatuto de Seguridad que daba a los militares 
funciones judiciales, con el Decreto 1923 de septiembre 8 de 1978, se evidenciaba “una 
indicación de una crisis cada vez mayor del sistema judicial, congestionado, formalista e 
ineficiente, [en la cual] se toleró la utilización masiva de la tortura por parte de los 
investigadores militares, se autorizó la retención de ciudadanos por pura sospecha de las 
autoridades militares y realizaron detenciones masivas de presuntos guerrilleros o 
simpatizantes” (Melo, 1991:485). 
 
Por su parte, Palacio y Rojas (1990), argumentan que la administración de justicia está en 
crisis en Colombia. Los tribunales y sus magistrados, no están aptos ni funcional ni 
técnicamente para lidiar con conflictos clasistas y trasgresiones masivas que involucran 
grupos y colectividades. Además no hay condiciones para que las diferentes instancias 
judiciales desempeñen con eficacia sus funciones básicas, así como de absorber tensiones y 
de reducir las incertidumbres de los sistemas político y económico, limitando los conflictos 
e impidiendo su generalización. (Palacio y Rojas, 1990:88). Tal crisis se da, según los 
autores en la crisis institucional, que es el escenario donde se encuadra y se deja percibir 
más claramente la crisis de justicia. 
 
 24
El desarrollo del paramilitarismo, asociado al crecimiento del narcotráfico, está justificado 
en la incapacidad del Estado de prestar seguridad a sus asociados y en los acosos de la 
guerrilla que con sus desmanes y abusos obliga y legitima acciones armadas paraestatales y 
esto a su vez es justificado en la ineficiencia judicial para controlar el “desorden social” 
(Palacio y Rojas, 1990:90). Esto va en directa vía con la experiencia de Castaño al asegurar 
que fue la falta de justicia lo que hizo hacer justicia por sus propias manos. Como ya se 
sabe, el padre de Castaño fue secuestrado por las FARC y posteriormente asesinado, 
después de pagar el rescate. Es ahí cuando su hermano Fidel y él, emprenden la lucha 
contra los secuestradores de su padre. Al descubrir cuál guerrillero había secuestrado a su 
padre, lo denunciaron ante las autoridades, que lo pusieron inmediatamente a órdenes de un 
juez, pero el juez lo soltó tres días después al considerar que la declaración de Fidel 
Castaño, hermano de Carlos Castaño, estaba inhabilitado para declarar en su contra. Este 
hecho es para Carlos Castaño un argumento rebuscado y absurdo. Según Castaño, todos los 
trabajadores de la finca, sabían que había sido aquel guerrillero el que comandó el secuestro 
de su padre, pero todos tenían miedo de declarar ya que esa región era controlada por la 
guerrilla de las FARC. Los hermanos Castaño se desilusionaron mucho al saber que a las 
seis de ese mismo día dejaron libre a Conrado Ramírez, el guerrillero que según Castaño, se 
escondía en el Partido Liberal (Aranguren, 2001: 79). “La ausencia de justicia fue el 
detonante de lo que sucedería horas más tarde: La primera ejecución extrajudicial de la 
Autodefensa, en nombre de una auténtica justicia que no existe aún en Colombia, pues hoy, 
los fiscales y jueces actúan hoy por dinero o por presiones políticas” (Aranguren, 2001: 79). 
 
Montenegro y Posada (2001) por su parte, muestran la gran debilidad de las instituciones, 
reflejada en buena parte en la impunidad y la debilidad del aparato judicial, y aseguran que 
 25
existe evidencia econométrica de que los departamentos más violentos eran aquellos en los 
que el sistema judicial era menos eficiente (Montenegro y Posada, 2001:38). 
 
Para Rubio (1999), es importante la correspondencia a nivel local entre violencia e 
influencia de grupos armados, que se puede explicar de dos maneras: “O bien se trata de 
municipios donde la falta de un Estado que garantizara el orden permitió la consolidación 
de conductas ilegales, o bien se ha dado un desplazamiento violento de las estructuras 
legales existentes” (Rubio, 1999:210). De cualquier manera, “en ambos casos se puede 
concebir el surgimiento de un paraestado que entra a suministrar los bienes públicos 
básicos: establecer nuevos derechos de propiedad y administrar justicia” (Rubio, 1999:210). 
De esta manera, la causalidad que se presenta es esta: la existencia de grupos armados, 
entre ellos los paramilitares, vinculados con la violencia como promotores y catalizadores 
de ésta, se debe a tres influencias: “1) como role models mostrando el éxito, económico y 
político, que se puede obtener a través de las armas, 2) por el debilitamiento de los 
organismos de seguridad y del sistema judicial13 y 3) por la difusión de la tecnología de la 
guerra” (Rubio, 1999:211). 
 
De esta forma, se muestra un círculo vicioso, en donde se podrían dar dos lecturas: el mal 
desempeño de la justicia ha incentivadolos comportamientos violentos; o la parálisis de la 
justicia penal en Colombia, es resultado de la violencia, y en particular la ejercida por los 
grupos armados (Rubio, 1999:215). Según la ASONAL-JUDICIAL, en 1987 53 
funcionarios judiciales habían sido asesinados y ya muchos habían sido amenazados en 
razón de sus funciones (Rubio, 1999:213). Uprimny y Vargas (1990) también hablan 
 
13 El subrayado es mío. 
 26
sobre este punto, haciendo alusión a una masacre muy sonada, relacionada con los 
paramilitares: “el miércoles 18 de enero de 1989, doce funcionarios judiciales que debían 
realizar investigaciones sobre los grupos paramilitares son masacrados en un casería – La 
Rochela - del departamento de Santander (Semana, 1989)14. Después de estudiar diversas 
razones por las cuales se da la “violencia no judicializada” (VNJ), Rubio anota que la 
presencia de agentes y los bajos niveles de denuncias se puede justificar con explicaciones 
consistentes con un escenario bajo en el cual los agentes armados, las mafias, venden 
servicios privados de protección o de justicia. En este misma línea, Rubio llama la atención 
sobre la asociación de la VNJ y la presencia de grupos armados: “la VNJ se incrementa en 
forma significativa con la presencia de guerrilla, narcotráfico o grupos paramilitares en los 
municipios” (Rubio, 1999: 220). Es pertinente anotar que la presencia de los actores 
armados en una localidad tiene un efecto devastador sobre la justicia, ya que se convierte 
entonces en una verdadera “justicia de guerra”, bajo la cual el mayor número de muertes 
violentas conduce a un menor interés de la justicia por investigarlas, y muchos menos por 
aclararlas (Rubio, 1999:227). 
 
El Departamento Nacional de Planeación (1994)15 mostraba que en 1994 la tasa de 
impunidad era del 97%, mientras que los jueces penales producían solamente 15 sentencias 
por año. Además en ese año había cerca de 2 millones de procesos penales y 1 millón 
ochocientos procesos civiles pendientes de solución. 
 
 
14 Semana, enero 24/89. Citado en: Uprimny y Vargas, 1990:123. 
15 Departamento Nacional de Planeación. 1994. Justicia y Desarrollo Económico. Bogotá. Citado en: 
Orjuela, 2000:105. 
 27
Por último, el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia (2003), anota que el 
Sistema de Seguridad y Justicia Penal16, ha dado muestras de descoordinación: “la estrecha 
interdependencia entre las funciones y las entidades del Sistema no ha sido reconocida en el 
diseño ni en la ejecución de las políticas de seguridad y justicia para atender al conflicto 
armado; las responsabilidades tienden a segmentarse de manera difusa, lo cual afecta 
seriamente la eficacia, cobertura y calidad del servicio, desperdicia recursos escasos y 
dificulta la necesaria dirección coherente del Sistema” (INDH, 2003:154). 
 
Así, se muestra la ineficacia del aparato estatal de justicia, por cuanto no logra dar abasto 
para responder a las demandas que hace una nación con un conflicto armado que necesita 
una institución judicial eficiente. Por consiguiente, surgen expresiones parainstitucionales 
como los paramilitares, que apuntan a resolver los conflictos sociales al margen de las 
instituciones públicas. 
 
 
2.4. Características particulares del bipartidismo en el caso colombiano 
 
La historia política de Colombia, corre paralela al sistema bipartidista, representando una 
extensión de la estructura oligárquica de poder que prevalece en la sociedad (Hoskin, 
1991). Aunque Hoskin cree que los partidos tradicionales han logrado demostrar su 
habilidad para movilizar recursos cuando surgieron amenazas serias, reconoce que la 
profunda crisis política colombiana se debe al tránsito de una democracia liberal basada en 
 
16 Ver su organización, e interdependencias en: Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia. 2003, 
Conflicto, Callejón sin salida, Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 28
una participación política limitada y una distribución inequitativa del ingreso y de la 
riqueza hacia una más abierta participativa y justa. Así pues, las reglas de la “competencia” 
del sistema político han desbaratado la contienda política y se ha trasladado a canales 
extralegales (Hoskin, 1991). Los partidos tradicionales colombianos, de esta manera, 
fracasan en la traducción de los intereses sociales y económicos en términos de poder 
político. Esto se da porque dicho proceso “está altamente distorsionado en términos de la 
representación de una multiplicidad de intereses sociales [y] porque tampoco está 
suficientemente institucionalizado” (Hoskin, 1991:163). 
 
Para Fernán González (1989) los partidos políticos se constituyeron en Colombia como 
respuesta a la fragmentación del poder y a la crisis de legitimidad que caracterizaron al país 
después de la Colonia Española. Los partidos políticos fueron referentes de identidad 
colectiva, que daba cuenta de las solidaridades y rupturas existentes en la sociedad. Estas 
solidaridades y rupturas se encontraban bajo la luz “del juego contrapuesto de 
enfrentamientos de diversa índole en torno a tres polos de poder: localidad, región y 
nación” (González, 1989:5). El autor señala que el problema surge cuando los partidos, 
que en Colombia son federaciones de poderes privados de regiones y localidades, se 
constituyen en un obstáculo para la construcción de un Estado moderno por encima de los 
intereses particulares. La perpetuación de la fragmentación y privatización del poder se 
evidencia en que “el Estado coincide con la hegemonía de uno de los dos partidos o con la 
cohabitación de ambos en el poder, lo que ha dificultado la creación de una burocracia 
modernizante ligada al Estado” (González, 1989:6). De esta manera fracasa el 
bipartidismo, demostrando que, el efecto de la consecuente fragmentación y privatización 
del poder, es la no creación de una burocracia que lleve al Estado a su modernización. 
 29
 
González (1993) señala que durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el 
bipartidismo era la forma de hacer presente al Estado, así fuera limitado y parcial. Así 
pues, este estilo de vida política mantenía las múltiples violencias en un nivel bajo. La 
violencia queda fuera de control cuando se desarticulan los niveles de poder de los actores 
colectivos, resultando en que cada uno de esos ámbitos opera bajo su propia lógica y 
autonomía. Esta situación conlleva a la solución privada de conflictos, debilitándose lo 
público y a su vez el monopolio legítimo de la fuerza. 
 
Para explicar el bipartidismo como referente para entender la violencia, González (1993), 
muestra diferentes concepciones: Unos autores aseguran que el cierre de la libre 
competencia partidista es institucionalizada por el Frente Nacional, lo cual hizo que 
surgieran grupos de izquierda y optaran por la vía armada. Otra viene de Pécaut17, al 
asegurar que el Frente Nacional no fue tan cerrado, ya que en este pacto se le dio cabida a 
grupos de izquierda como la ANAPO o el MRL, y que la violencia se explica por vacíos 
que deja el Estado en la sociedad. Al respecto González (1991) señala que aunque el 
Frente Nacional permitió la entrada de estos grupos de izquierda, éste no se logró 
consolidar como una alternativa que liderara y canalizara el creciente descontento de las 
clases populares, lo que produjo una desinstitucionalización de las luchas sociales, que a su 
vez evidenciaron una escisión entre la esfera de la política y la esfera de la sociedad. Y otra 
viene de Francisco Leal18 que sostiene que el poder político del bipartidismo había servido 
 
17 Fernán González toma la opinión de: Pécaut, Daniel. 1988. Crónica de dos décadas de política colombiana,Bogotá: Ed. Siglo XXI. 
18 Fernán González toma la opinión de: Leal, Francisco. 1988. “Democracia oligárquica y rearticulación de la 
sociedad civil: El caso colombiano” Pensamiento Iberoamericano, 14, Julio-Diciembre. 
 30
como salvaguardia de los privilegios de una democracia oligárquica, pero está ya 
totalmente acorralado. 
 
Según Leal, el sistema bipartidista colapsa porque se basa en una relación clientelista entre 
Estado y sociedad, que impide la modernización del Estado, cuando necesita adecuarse a la 
sociedad capitalista. Así, el clientelismo limita la relación entre las expresiones de la 
sociedad civil, lo que resulta en que partes importantes de la sociedad asumen funciones del 
Estado. Esta situación significa que “el Estado pierde el monopolio de la fuerza legítima y 
queda cada día más separado de la sociedad civil” (González, 1993: 21). Se tiene entonces 
que la existencia de los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, se basaron 
en prácticas clientelistas lo cual hizo que el Estado se convirtiera en algo superfluo (Leal, 
1989; Palacios, 1995)19. Las élites usaron el Frente Nacional para mantener el monopolio 
del poder político, limitando el desarrollo del Estado. 
 
Leal afirma que esta crisis de relación con el Estado se inicia con el Frente Nacional y su 
momento culminante coincide con el gobierno de López Michelsen (1974- 1978), y que la 
violencia resultante de las tensiones del paso de la sociedad precapitalista había tenido su 
momento más dinámico en los años cincuenta. Para Leal, el problema se presenta cuando la 
sociedad cambia drástica y rápidamente, volviéndose más compleja. De esta manera, el 
Estado se queda corto porque el bipartidismo le resta capacidad de adecuación, “ya que 
sigue controlando de manera cuasimonopólica los beneficios del Estado cuando su 
ascendiente sobre el conjunto de la sociedad se ha menguado significativamente” 
 
19 Leal, Francisco. 1989. Estado y Política en Colombia. Bogotá: Siglo XXI. Y Palacios, Marco. 1995. Entre 
la legitimidad y la Violencia. Bogotá: Norma. Citado en: Mauceri, 2001. 
 31
(González, 1993:21). Como señala González (1991), la sociedad se urbanizó y secularizó, 
además de aumentar la cobertura educativa, “produciendo unas capas medias con unas 
expectativas insatisfechas frente la gradual crecimiento de la economía y unas estructuras 
políticas bastante excluyentes” (González, 1991:9). En esta misma línea, Melo (1991) 
recuerda que el Frente Nacional, aunque logró reducir la violencia apenas se implementó, 
impidió que el sistema de partidos se modernizara en forma acorde con el rápido desarrollo 
económico y con los importantes cambios que vivía el país. Debido a esto, los partidos 
fallaron en su tarea de servir de canal de expresión para los amplios conflictos sociales. Tal 
situación se inscribió a su vez en el ejemplo de triunfo de la revolución cubana en 1959 y 
en la tradición de lucha armada guerrillera, lo que instó a muchos a considerar la lucha 
armada como una alternativa plausible. 
 
Ya que las nuevas fuerzas sociales no se encontraban arrastradas ni representadas por el 
bipartidismo tradicional, se evidenció la debilidad del Estado encarnada en la incapacidad 
de contener y expresar políticamente dichas fuerzas. O dicho en palabras de Ramírez 
(2000), “la violencia iría proporcionando nuevas identidades que, al rebasar las de la 
tradicional contrastación partidista liberal-conservadora proporcionadas desde arriba, 
terminaría por reestructurar los intereses propios de los de abajo” (Ramírez, 2000:33). 
Surgen de esta manera fuerzas desarticuladas y diversas “que carecen todas ellas de 
suficiente poder decisorio y se suelen expresar en acciones miopes y de corto plazo” 
(González, 1993:22). Se tiene entonces que, resultado de la fallida absorción por parte de 
los partidos políticos tradicionales de los conflictos sociales, se desarrollaron fenómenos 
como el bandolerismo político, que tuvo su expresión en los primeros gobiernos del Frente 
Nacional y que se consolidó con más de 100 bandas activas y armadas, “desconociendo los 
 32
acuerdos de paz entre las directivas oficiales de los dos partidos tradicionales” (Sánchez y 
Meertens, 1983:42), pero manteniendo el respaldo con muchos jefes locales. De todas 
maneras, señalan los autores, el espacio político de los campesinos alzados en armas se 
estrechó por la pérdida del apoyo de las directivas políticas nacionales. De esta forma se 
evidencia que los conflictos sociales ya estaban desbordando la dinámica bipartidista, 
poniendo de relieve un problema: los conflictos sociales ya no estaban pasando por los 
canales partidistas. Así pues, la violencia en los años cincuenta produjo la imbricación de 
dos componentes: motivos políticos desde el centro, alimentados por la lealtad partidista y 
motivos sociales alimentados por el conflicto agrario. Ahí es donde los conflictos sociales 
toman el camino de la violencia y los conflictos políticos se alejan de este conflicto, 
tomando la ruta de la creación del Frente Nacional, que fue su solución política. 
 
Respecto al Frente Nacional, es conveniente mencionar que un rasgo negativo de éste, es 
que quiso encuadrar la violencia como un enfrentamiento puramente político, que se 
concretizó en la puesta en marcha de sus propósitos: la alternancia del poder y el reparto del 
botín burocrático. Dicha situación, desconocía que el enfrentamiento también era social, 
manifestado en conflictos sociales e individuales, que usaban la lucha de partidos como un 
“paraguas”. (González, 1993). Estas confrontaciones sociales, al margen del bipartidismo, 
y no sintiéndose representadas por éste, tuvieron que optar por la lucha armada. 
 
Desarrollando un poco más la argumentación anterior, Ramírez (2000) muestra la 
incapacidad de las clases dirigentes, representadas en el bipartidismo para orquestar una 
 33
apropiada reforma agraria20, que desarrollara una adecuada política de apropiación de 
tierras, hizo que se desatara una violencia, que se agudizó en el período de la Violencia. 
Esta etapa de la Violencia “ya traía en su seno la exasperación de las luchas agrarias en las 
décadas del veinte y del treinta con sus intermitentes pero progresivos acentos 
redistributivos sobre la tierra” (Ramírez, 2000:41). 
 
Un punto importante en el planteamiento de Ramírez es el fracaso de la clase dirigente para 
lograr un contrato social que integrara los intereses particulares y contrapuestos de la 
sociedad colombiana. También es importante señalar que el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán fue una derrota para las clases populares, que veían en el líder liberal una 
oportunidad para articular los intereses de las clases populares con los de la oligarquía. 
Siguiendo con este argumento, el fracaso de la república liberal como conductora de un 
contrato social incluyente, “dejó al descubierto la escasa voluntad política de la clase 
dirigente colombiana para darle al país un referente contractual con la suficiente 
legitimidad colectiva para acreditarse como objetivo nacional” (Ramírez, 2000:33). 
Después, con el Frente Nacional también se evadió la realización de un contrato social, 
especialmente alrededor del problema del campo, lo que produjo en el campesinado la 
desconfianza en cuanto a la capacidad resolutiva de éste frente a los conflictos rurales. 
 
Según Ramírez, este fracaso en la cuestión agraria, hizo que el campesinado perseguido se 
manifestara en la defensa armada, dispuesta a enfrentarse al aparato militar gubernamental 
 
20 Desde los años treinta, en la República Liberal, se intuía la necesidad de establecer un claro régimen de 
tierras que definiera unas reglas de juego claras y permanente conducentes a que los campesinos pudieran 
adquirir una porción detierra que pudieran trabajar y que estuviera acorde con el desarrollo de los mercados, 
de la competitividad y la sociedad rural. Sobre este tema ver: Machado, Absalón. 1988. La cuestión agraria 
en Colombia a fines del milenio. Bogotá: El Áncora Editores. 
 34
y a las bandas privadas organizadas por los terratenientes. Esa resistencia del movimiento 
campesino hizo que le gobierno llamara “repúblicas independientes” a estos movimientos 
campesinos que cubrían un área determinada, que se constituyeron en la llamada 
“autodefensa liberal”. Estas “repúblicas independientes” son las que posteriormente van a 
evolucionar para convertirse en la guerrilla de las FARC21. 
 
El Frente Nacional no absorbió las demandas de los campesinos, demostrando el poco 
alcance correccional de sus políticas, lo que expandió la violencia de modo creciente. En 
este sentido, el Frente Nacional, representado en los dos partidos políticos tradicionales, se 
pusieron de acuerdo para cooptar el estado conjuntamente, compartiendo recursos y 
dividiendo recompensas entre ellos, generando una naturaleza excluyente, que dejó por 
fuera partidos de izquierda, y organizaciones laborales, entre otros22. Dicha naturaleza 
excluyente se cristalizó en la falta de adecuadas reformas sociales y económicas en el 
Frente Nacional, que “dejó vivos los problemas sociales como “caldo de cultivo” de nuevas 
formas de violencia” (González, 1991:9). Según Melo (1991), el Frente Nacional se vio 
condicionado ante la aparición de un proyecto revolucionario apoyado en las guerrillas en 
la primera mitad de la década de los sesenta, lo que llevó a su vez que la lucha 
antiguerrillera se fuera convirtiendo gradualmente en un asunto más militar que político. 
Esto llevó a una fuerte tendencia a dejar en manos militares la definición de las estrategias 
centrales de lucha. Un efecto de esta visión resultó en que en todos los sectores del 
 
21 Sobre este tema ver: Pizarro, Eduardo. 1991. Las FARC, de la autodefensa a la combinación de todas las 
formas de lucha. 1949-1966. Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional, Tercer Mundo Editores. 
22 Hartlyn, Jonathan. 1988. The Politics of Coalition Rule in Colombia. New York: Cambridge University 
Press. Citado en: Mauceri, 2001:49. 
 35
gobierno, civiles y militares, se tendió a identificar toda reivindicación social con una lucha 
subversiva aliada a la guerrilla” (Melo, 1991). 
 
Este ambiente sin duda, hizo que las llamadas ‘repúblicas independientes’ adquirieran más 
fuerza, alimentadas por la represión oficial, y también por el ambiente de triunfo cubano, lo 
que reforzaba las ideas comunistas. Pero el estado no logró erradicar las ‘repúblicas 
independientes’. De esta manera, ante “el evidente fracaso del Estado en su campaña 
contra las repúblicas independientes y su debilidad para asegurar el monopolio de las armas 
(…) empezó a alentar desde 1964, la idea de crear aparatos de defensa privada para hacerle 
frente a una delincuencia que parecía provenir del desplazamiento de las autodefensas 
campesinas, ya convertidas en guerrillas móviles desde sus nichos ultramontanos” 
(Ramírez, 2000: 50-51) 
 
Así el dirigente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), Manuel Castellanos, 
“le solicitó autorización al gobierno para formar grupos de autodefensa que protegieran a 
los propietarios de la oleada de secuestros que se estaba presentado. Poco después, en 
1968, el gobierno aceptó la solicitud de los empresarios al expedir la ley 48 que 
reglamentaba la formación de civiles armados bajo el control de las Fuerzas Armadas” 
(Ramírez, 2000: 50,51). Desde ese momento se da una larga cadena de grupos 
paramilitares operantes en todo el país. Las guerrillas queriendo atacar el régimen político 
imperante, cometen abusos contra la sociedad civil, el territorio nacional y las instituciones 
estatales, cuyos recursos eran el secuestro, la extorsión y los asesinatos. Tales abusos 
derivan en la aparición de grupos parainstitucionales, haciendo de la justicia privada su 
adalid. Estos grupos aparecen como justicieros, pretendiendo proteger a la sociedad civil 
 36
de la violencia guerrillera. En este orden de ideas, la violencia privada encuentra un 
ambiente propicio cuando las prácticas violentas de la guerrilla se expanden, generando la 
sensación de que el Estado no posee la capacidad represiva necesaria. Según Leal, esta 
desconfianza alcanza su punto culminante en el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 
1986), cuando surgen formas de justicia privada de los sectores de derecha. 
 
 
2.4.1. La influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Fuerzas Armadas 
desde los gobiernos del Frente Nacional 
 
Es importante mencionar la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional desde los 
gobiernos del Frente Nacional. Dicha influencia, combinada con la incapacidad del 
bipartidismo de absorber las protestas sociales y de formular una política militar, se 
concretizó en que el ente militar hizo su propia interpretación de dichas protestas 
enfrentándolas como un asunto de orden público. En este orden de ideas es preciso ofrecer 
la disertación de Leal al respecto. Leal (2002), recuerda que el Frente Nacional tenía como 
objetivo modernizar el aparato estatal, y con ello sus instituciones, entre ellas las militares. 
El propósito era que los militares se subordinaran a las instituciones de la democracia 
liberal y que se desligaran de la subordinación a los partidos. A propósito de tal 
subordinación, es conveniente mencionar que en un trascendental discurso pronunciado por 
el presidente liberal electo Alberto Lleras Camargo, éste enfatizó en la necesidad de que los 
militares fueran apolíticos frente al bipartidismo. Esto significaba que las Fuerzas Armadas 
no tenían injerencia de cómo gobernar la nación y los políticos no decidían cómo se debían 
manejar las Fuerzas Armadas en lo referente a sus normas, disciplina, reglamentos, etc. 
 37
Esta fue la única directriz política en materia militar entre 1958 y 1990 (Leal, 2002). Esta 
pauta, se debía traducir en la iniciación de un proceso conducente a cesar la violencia 
política, pero ello no ocurrió debido al “desfase profundo entre los cambios sociales y la 
incapacidad de los gobernantes de formular la política militar” (Leal, 2002:39). Esta 
situación derivó en la no revisión y actualización de las escasas y tímidas directrices 
políticas del papel militar en la sociedad, lo que su vez condujo a que “los mandos 
castrenses asumieron su diseño en forma improvisada, de acuerdo con sus percepciones de 
las situaciones de orden público, orientadas por los planteamientos anticomunistas, la 
concepción político-militar norteamericana y la Doctrina de Seguridad Nacional23” (Leal, 
2002:39). De esta manera los planes elaborados fueron para fines concretos y de corta 
duración. 
 
Esta improvisación de una política militar, se manifestó en que en el período del Frente 
Nacional, “la dirigencia política se ocupó principalmente de construir y consolidar 
maquinarias para la reproducción electoral del bipartidismo coaligado. En contraste, la 
protesta social no encontró mayor receptividad institucional en la clase política, máxime 
cuando el régimen no contemplaba espacios de oposición. Por ello, esta protesta se 
convirtió en asunto de orden público24 manejado exclusivamente por militares y policías. 
Además de las guerrillas, el sistema convirtió en enemigos potenciales o reales a quienes 
tan sólo pretendían oponerse por medios pacíficos” (Leal, 2002:39). 
 
 
23 “Es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de 
la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares” (Leal, 2002:1). 
24 El subrayado es mío. 
 38
La consecuencia de esta miopía en cuantoa la elaboración de una política militar de Estado 
llevó a que después de la experiencia del Plan Lazo25, todos los intentos fueran fallidos. 
Desde entonces, según Leal, el único factor articulador fue el recurso del Estado de Sitio 
hasta 1990. Según Uprimny y Rojas (1990), durante tal período y mientras casi la totalidad 
de los países latinoamericanos estaban bajo dictaduras militares, Colombia mantenía un 
Estado de Derecho, pero el Estado de sitio hacía que en la práctica no rigiesen los 
principios abstractos incorporados en la constitución, sino una legalidad de excepción que 
restringía las libertades públicas. El uso del Estado de Sitio para sortear las crisis, fue 
continuado, lo que propició la autonomía de acciones castrenses, eliminando las cortapisas 
jurídicas y estimulando la violación de los derechos humanos. Algunas de las normas 
propias del Estado de sitio se adoptaron como legislación permanente como lo concretizó el 
Decreto 1923 de 1978 que dio a luz el Estatuto de Seguridad. Dicho estatuto preparó el 
terreno para una lucha antisubversiva por encima de talanqueras normativas legales. La 
represión oficial dada por el Ejecutivo se hizo presente con detenciones arbitrarias, torturas 
y como señala Melo (1991), el Ejército se acostumbró a depender de mecanismo de 
violencia más bien que de inteligencia e investigación. Para Melo, en el gobierno de 
Turbay (1978-1982) no existía mucha razón para la existencia de organismos paramilitares 
porque las Fuerzas Armadas, bajo el amparo del Estatuto de Seguridad, ya estaba utilizando 
actividades ilícitas (tortura, detenciones arbitrarias, etc). 
 
 
 
 
25 En su afán por concretar una política militar, el General Alberto Ruiz Novoa diseñó El Plan Lazo, un 
esfuerzo por integrar la acción militar en la sociedad. 
 39
2.5. Financiamiento ilegal de lo grupos armados en Colombia 
 
En esta sección se hace un breve recorrido de los vínculos que hacen diferentes autores 
sobre la conexión entre el narcotráfico y la existencia de grupos armados en Colombia. Así 
pues, existe un amplio consenso en torno al hecho de que los grupos armados se financian 
actualmente por sustancias ilegales, y que se han hecho inmensamente ricos, lo cual les ha 
permitido crecer fuertemente en el ámbito militar, así como aumentar su pie de fuerza. Son 
comunes los apelativos hacia los grupos armados como “narcoparamilitares” y 
“narcoguerrilla”, sugiriendo con esto que son organizaciones dedicadas al narcotráfico y 
que ya no tienen objetivos políticos. 
 
El financiamiento es importante para que un grupo armado exista y los grupos rebeldes no 
hacen guerra sino tienen cómo financiarse. (Collier, 2000 y Collier y Hoeffler 2001). En 
Colombia la producción de cocaína ofrece una oportunidad para financiar la rebelión, y 
según el estudio de Collier existe evidencia econométrica para el caso de Colombia, de que 
existe conflicto armado porque existen recursos para financiar la guerra. Sin embargo, si 
bien el financiamiento es decisivo para que un grupo armado sobreviva, esta no es la única 
causa, y es inexacto suponer como lo hace Collier y Hoeffler, y Kaldor (2001), que el único 
móvil del conflicto armado en Colombia sea el enriquecimiento personal y la codicia de los 
actores políticos. 
 
Haciendo alusión al narcotráfico, Ramírez (2000), anota por su parte, que estamos ante un 
nuevo tipo de guerra civil, que le da centralidad a lo económico, dentro de lo cual “se 
inserta el narcotráfico como un sobresaliente y fácil generador de rentas que potencia la 
 40
lucha armada política y la coloca dentro de una lógica empresarial que les da nuevos 
sentidos y compromisos a los postulados y prácticas fundacionales” (Ramírez, 2000:59). 
Así mismo, Montenegro y Posada (2001) recuerdan que desde finales de los ochenta, varios 
analistas comenzaron a observar que los niveles más altos de violencia se estaban 
registrando en regiones apartadas, donde había alto crecimiento económico alrededor de la 
coca, el petróleo, el banano, las esmeraldas y el oro en la frontera. Un estudio de estos 
autores demuestra con evidencia econométrica una relación del aumento de tasas de 
homicidio con el crecimiento económico de los departamentos, en cuyos efectos estaba el 
narcotráfico y la economía de frontera. También anotan que la expansión de los grupos 
guerrilleros está estrechamente relacionada con las bonanzas de los años 80 y 90. Otro 
ejemplo es el caso de Puerto Boyacá, donde las autodefensas de Henry Pérez estaban 
instaladas en territorio esmeraldífero. (Cubides, 1999). Después esa zona, estaría 
controlada por narcotraficantes, donde los grupos paramilitares se alimentarían mayormente 
de éstos. 
 
Con esta lógica, el estudio de Díaz y Sánchez (2004), muestra que la estrategia de 
financiación a través de producción de insumos para la producción de drogas está explicada 
por los objetivos de control territorial y estratégicos de los grupos armados ilegales. (Díaz y 
Sánchez, 2004:65). La causalidad arrojada por este estudio es que la expansión de la 
economía de coca es consecuencia del conflicto armado. “Esto muestra que la coca, lejos 
de ser la “gasolina” de los grupos armados ilegales, es más bien el resultado de las 
necesidades de financiación que surgen pari passu con el escalonamiento y la expansión 
espacial del conflicto. Estos resultados se sostienen tanto a nivel nacional como para el 
conjunto de las regiones colombianas” (Díaz y Sánchez, 2004:64). De igual manera, el 
 41
análisis arrojó “que existe una fuerte correlación espacial en la producción de coca y la 
actividad armada ilegal, y que la actividad productiva ilegal a nivel local o de grupos de 
municipios vecinos se encuentra precedida por la actividad de los grupos armados ilegales” 
(Díaz y Sánchez, 2004:64). Por el contrario, la evidencia demostró que la presencia de 
hoja de coca en el país explica débilmente el conflicto armado. “Esto implica que los 
cultivos ilícitos son tan solo parcialmente la “gasolina” del conflicto” (Díaz y Sánchez, 
2004:65). Con esto, se quiere decir que aunque es importante el financiamiento por parte 
de los cultivos ilícitos, existen otras causas para la existencia del conflicto armado. 
 
Acerca de la toma de territorios por parte de los grupos armados, Ramírez (2000) recuerda 
que el conflicto se encuentra “enrarecido hoy en día por los nuevos fenómenos tales como 
el narcotráfico y la creciente territorialización privada a manos de los actores armados” 
(Ramírez, 2000:44). Esta territorialización implica, del manejo de su economía, además de 
intervenir en el funcionamiento de las instituciones sociales y también supervisión de los 
habitantes de la región. Los grupos armados controlan el negocio de la coca donde se 
encuentren. Tal y como anota el INDH (2003), los grupos armados son protectores de las 
plantaciones y reguladores de la ilegalidad (normas sobre cantidades sembradas en cada 
finca, permisos de compraventa de hoja de coca o látex de amapola, salarios y demás 
condiciones laborales) (INDH, 2003:309). 
 
Por último, respecto al enriquecimiento que ha tenido el conflicto armado en Colombia por 
parte del narcotráfico, es conveniente citar la declaración de uno de los miembros del 
estado mayor de las AUC, en reciente reunión que se realizó en Santa Fe de Ralito, donde 
asistieron el estado mayor de las AUC y el periódico El Tiempo, reconoce la injerencia que 
 42
el narcotráfico ha tenido en la evolución del conflicto armado diciendo: “Borre el 
narcotráfico y quedamos reducidos a 1981: once frentes de las FARC, tres o cuatro del 
ELN y unos cuantos de autodefensas” (El Tiempo, 16 de Mayo, 2004. Sec. 1, p. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43
3. ORIGEN Y SURGIMIENTO DE LOS PARAMILITARES 
 
3.1. Parainstitucionalidad ysu conexión con el uso de la fuerza 
 
Dada la debilidad del Estado, que se ha descrito anteriormente, y donde se ha hecho énfasis 
en la debilidad de las fuerzas armadas como ente proveedor de seguridad, además de la 
precariedad de la administración de justicia en el territorio nacional, combinada con la 
incapacidad del bipartidismo representado en los dos partidos tradicionales colombianos 
para orquestar reformas, excluyendo importantes sectores; y el financiamiento de los 
grupos armados en Colombia, en los que se incluyen los paramilitares, con las rentas 
producto del narcotráfico, hacen que se desarrollen vías parainstitucionales ligadas 
inevitablemente con acciones violentas. Estas acciones violentas develan la pérdida del 
monopolio de la fuerza por parte del Estado. 
 
Para definir parainstitucionalidad se va a adoptar el concepto que proporciona Germán 
Palacio y Fernando Rojas (1990): “Llamo parainstitucionalidad a una serie de mecanismos 
de regulación social y resolución de conflictos que no recorren las vías más formales de 
corte constitucional o legal sino que se rigen por arreglos informales, por mecanismos ad 
hoc; ellos pueden ser legales o ilegales; son caminos alternativos a una institucionalidad 
rígida e incapaz de responder a los desafíos coyunturales del conflicto social o de la 
acumulación de capital. Han adquirido el rango de parainstitucionalidad en la medida en 
que han dejado de ser fórmulas excepcionales presentes en cualquier país y se han 
convertido en vías frecuentemente socorridas”. (Palacio y Rojas, 1990: 72). Siguiendo a 
Palacio y Rojas (1990), la represión paramilitar, es una de las expresiones 
 44
parainstitucionales, que apuntan a resolver problemas que la institucionalidad formal, 
reglada, fue incapaz de resolver. 
 
Otro referente conceptual, para abordar el fenómeno de la parainstitucionalidad, es el 
ofrecido por Gómez (1999)26. Su hipótesis del El Almendrón nos sirve para entender la 
desviación de los individuos por vías parainstitucionales. Él asegura que en Colombia, la 
racionalidad privada prima sobre la colectiva, “ante la ausencia de reglas estables, 
previsibles y universalmente atacadas, [de lo cual] surge una pluralidad de reglas usadas, 
interpretadas o reivindicadas según la particular conveniencia de cada grupo o individuo, lo 
cual aumenta el grado de incertidumbre y la desconfianza hacia los demás” (Informe 
Nacional de Desarrollo Humano Colombia, 2003:307). 
 
El paramilitarismo como expresión de parainstitucionalidad, tiene un rasgo determinante y 
es la pérdida del monopolio de la fuerza del aparato estatal. Esta es su expresión más 
visible. Los grupos paramilitares se arrogan el uso de la fuerza, y se han constituido en 
actores que han imperado en la vida política nacional, generando gran parte de la violencia 
y la violación de los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
26 Gómez Buendía, Hernando. 1999. ¿Para dónde va Colombia?,Bogotá: Tercer Mundo 
Editores/Colciencias. Citado en: Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia, 2003:307 
 45
3.1.1. Paramilitarismo como expresión de parainstitucionalidad 
 
En esta sección se presenta una descripción del origen y desarrollo del paramilitarismo. Es 
central mencionar que la pérdida del monopolio de la fuerza del ente estatal va 
directamente ligada con la aparición y posterior afianzamiento de éste. 
 
Según Melo (1991), los grupos paramilitares tuvieron sus inicios a finales del siglo XIX. 
“El Estado apeló a la formación de milicias compuestas por ciudadanos: un ejemplo notorio 
de esto ocurrió en 1885, cuando el gobierno de Rafael Núñez entregó armas a grupos de 
conservadores para apoyarse en ellos, ante la incertidumbre sobre la lealtad del limitado 
Ejército Nacional” (Melo, 1991:480). En el contexto de la Violencia, en particular a partir 
de 1950, reaparecieron los grupos de civiles armados, “cuando el gobierno organizó grupos 
de “contrachusmas” o “guerrillas de paz” para reforzar la acción militar en zonas de notable 
implantación guerrillera. Se trató en ese caso de grupos civiles armados por el Estado, con 
funciones relativamente precisas y condiciones que suponían al menos cierto nivel de 
disciplina” (Melo, 1991:480). Según Melo, el contexto político del momento hizo que sus 
objetivos fluctuaran ampliamente. Dado que estos grupos estaban formados por 
conservadores, éstos tendían a perseguir a los liberales a los que les quitaban las tierras y 
se aprovechaban de éstas por el abandono de sus opositores políticos. Dichos hechos 
desembocaron en un recrudecimiento de la violencia y a reforzar los enfrentamientos 
políticos entre civiles. “Muchas de las atrocidades de la violencia fueron cometidas por 
estos organismos civiles paramilitares, que además contaban con la financiación y el apoyo 
de gamonales locales del partido conservador” (Melo, 1991: 481). La acción de estos 
grupos estaba mediada entonces por los poderes locales, vinculados por los partidos 
 46
políticos y muchas veces por militares. Estos grupos eran defensores extremistas del statu 
quo, ya que “desde el punto de vista de la estrategia militar, su función esencial era 
conservar las áreas liberadas por acciones militares, para evitar que un enemigo 
relativamente móvil y con arraigo en la población volviera a recuperarlas” (Melo, 1991: 
481). 
 
Bajo esta caracterización, estos grupos evidencian las limitaciones del Ejército en el 
ejercicio de sus tareas, que deriva del “tamaño relativamente pequeño de las Fuerzas 
Militares y las dificultades para financiar su expansión [lo cual hizo] que los dirigentes 
civiles del Estado consideraran preferiblemente armar provisionalmente a ciudadanos 
particulares.” (Melo, 1991: 482). Sin embargo se vio que “incluso cuando son legales y 
teóricamente podrían actuar con total sujeción a la ley (como tienden a hacerlo algunos 
grupos de autodefensa o como en general lo hacen las oficinas de seguridad), los factores 
reales de la situación colombiana [tendieron] a convertirlos en organismos delictivos” 
(Melo, 1991: 479). Esto quiere decir que aunque estos grupos se conformaron al principio 
con arreglo a la ley, los intereses particulares desbordaron la acción por la cual fueron 
concebidos, aumentando los actos violentos. 
 
Después, en el Gobierno militar de Rojas Pinilla se concedió una amplia amnistía que 
cobijaba tanto a guerrilleros como paramilitares y “cubría los delitos políticos, cuyo móvil 
haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o 
adhesión a este27 o por aversión o sectarismo político” (Melo, 1991: 481). Sin embargo, 
después de esta amnistía renació la violencia, gran parte por los llamados “pájaros”, grupos 
 
27 El subrayado es mío. 
 47
civiles armados enfrentados a las guerrillas liberales (Armadas por el Partido Liberal en un 
principio). “Así como resultó difícil reincorporar a los antiguos guerrilleros a la vida civil, 
tuvo gran complejidad la reintegración de gentes armadas y acostumbradas a apoyarse en la 
violencia para resolver sus conflictos y en muchos casos para el logro de objetivos 
personales. La legitimación de la violencia hacia el adversario político inducida por el 
apoyo abierto del Estado a los grupos paramilitares contribuyó sin duda a mantener un 
clima de tolerancia difusa a la violencia en la sociedad colombiana” (Melo, 1991: 482). Lo 
descrito anteriormente, así como la conformación de bandas armadas en este período, con 
el apoyo de jefes locales, (como se mencionó anteriormente), evidencia cómo en Colombia 
ha habido una tradición política de combate al adversario político por medios armados, en 
detrimento de los medios institucionales. De esta manera, se ve cómo desde los partidos se 
legitima el uso de la violencia hacia