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Propaganda negativa y libertad de expresión: notas para el debate. Cristopher Ballinas Valdés Resumen El presente artículo ofrece diferentes elementos para el debate sobre la denigración y las campañas negativas en México. Se centra en analizar, desde una perspectiva de política comparada, los supuestos efectos negativos de la denigración y las campañas negativas en los procesos electorales. Aunque es común citar los efectos adversos de este tipo de estrategias de promoción electoral, diversos estudios han probado que dichos efectos pueden no necesariamente existir y que, por el contrario, pueden estimular la competencia electoral. Más importante aún, investigaciones recientes sobre campañas negativas no muestran evidencia contundente de que éstas afecten en el resultado de las mismas. Con esta evidencia, el artículo señala que reformas y resoluciones recientes pueden en realidad coartar la libertad de expresión, lo que sí acarrearía efectos adversos a la promoción del debate de ideas. El artículo concluye que las diversas resoluciones y reglas surgidas como resultado de las diversas controversias durante las campañas electorales de 2006 pueden afectar la libertad de expresión, y que dichas restricciones solamente pueden ser posibles si se beneficia la equidad aun en detrimento de la libertad de expresión. Introducción La historia política en el México del siglo veinte fue completamente dominada por la presencia de un solo partido (el Revolucionario Institucional, PRI), que no sólo dominaba los resultados electorales sino la actividad electoral de todo el país. Esto tenía consecuencias no únicamente en las elecciones sino en el comportamiento de las instituciones políticas del país.1 Las elecciones, durante la pax priísta, nunca fueron ni justas ni equitativas. Tanto el Ejecutivo como el partido hacían gala de sus instrumentos de cooptación, clientelismo y control tanto para nombrar a los candidatos como para bloquear a los opositores. En este contexto, el fraude electoral era práctica común y parte fundamental de la existencia y continuidad del régimen. De aquí que las reformas democratizadoras que comenzaron con la década de los noventas trataban de modificar el panorama político reformando las instituciones electorales. Estas reformas se centraron en garantizar la equidad de las elecciones y contener el fraude electoral. Más adelante se concretaron en regular el financiamiento de los partidos y el acceso a la publicidad electoral. Las reformas ofrecían un espíritu reformador y democratizador sostenidas por el hecho de que los partidos de oposición mantuvieron una sólida coalición en el Congreso que permitió dichas reformas. Así, el COFIPE fue reformado drástica y consistentemente en 1990, 1993, 1994 y 1996. Para el final del siglo, las leyes e instituciones electorales en México habían sido totalmente reconstruidas. 1 Aunque la Constitución Mexicana marcaba estrictamente una división de poderes, en la práctica tanto el Poder Judicial como el Legislativo estaban subordinados al Ejecutivo. El dominio del PRI era la amalgama a este arreglo extra-legal del Ejecutivo. 2 Sin embargo, ni una década después de estas reformas, la nueva realidad democrática trajo consigo nuevos problemas. A partir de diferentes controversias emanadas de las elecciones federales de 2006, diversas instituciones y actores políticos se han dado a la tarea de revisar reglas que regulan diversas actividades propagandísticas y electorales. De hecho, esta revisión resultó en una nueva generación de reformas electorales complementadas por distintas resoluciones realizadas por el Poder Judicial. Contrario a aquellas realizadas una década atrás, estas reformas han provocado cierto escepticismo en algunos observadores. Este escepticismo ha sido avivado por el hecho de que una gran mayoría de países que había emprendido diversas reformas hacia regímenes democráticos al final han iniciado un retorno a estructuras no-democráticas o a reformas que afectan diferentes libertades políticas fundamentales, tales como la libertad de expresión o la libre asociación, ya sea de manera explicita o implícita. Proceso que varios autores han llamado de des- democratización.2 Es justo decir que las reformas posteriores al proceso electoral de 2006 lograron avances necesarios en la regulación de ciertos aspectos no considerados en las reformas emprendidas en la década de los noventa. Sin embargo, en la perspectiva de diversos autores y contrario a lo que podría esperarse, tales reformas parecen haber afectado ciertos derechos políticos básicos que ponen en entredicho los avances. De acuerdo con Serra (2009), las reformas posteriores a 2006 trataban de sanar las heridas del proceso y prevenir conflictos en elecciones futuras. No obstante, crearon nuevos problemas. Primeramente, siguiendo con el análisis de Serra, las instituciones electorales han sido debilitadas ya que el carácter autónomo y no partidista de IFE fue violentado. Segundo, la capacidad de los actores políticos y organizaciones sociales de expresar sus opiniones ha sido limitada, así como el acceso a los medios de comunicación. Tercero, las élites partidistas se han visto fortalecidas en detrimento de la democracia interna de los partidos y, más importante, de la rendición de cuentas. Esto es lo que diversos autores han llamado democratic backsliding, término que hace referencia al hecho de que los “niveles” de democracia se ven afectados. Aunque no puede afirmarse que en México existe un proceso des-democratización, sí puede afirmase que, como consecuencia de la partidización de la discusión de las reformas electorales, se está en riesgo de afectar derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión. El presente artículo revisa esto, a través del análisis de las resoluciones del TEPJF, en materia de denigración y campañas negativas. Es comúnmente aceptado que este tipo de campañas puede tener efectos adversos en el electorado y en el proceso electoral en su conjunto. Más aún, se asume que el carácter “no ético” de este tipo de estrategia de promoción afecta el debate de ideas y distrae la atención del electorado, afectando no sólo el proceso electoral sino la democracia en su conjunto. Empero, la evidencia de estudios recientes parece cuestionar tales supuestos. En este sentido, el objetivo de este artículo, más allá de proveer o 2 Tilly (2003) y Fish (2001) muestran cómo diversos países, llamados en transición, sobre todo del llamado ex-bloque soviético, emprendieron diversas reformas que resultaron finalmente en la disminución de derechos políticos fundamentales. 3 responder preguntas normativas, se centra en ofrecer evidencia internacional que ayude a resolver problemas en México, así como elementos que ayuden a diferentes instancias involucradas en la resolución de conflictos y controversias electorales a evaluar sus resoluciones y reformas en el ámbito de la denigración y las campañas negativas. No es el objetivo de este artículo revisar puntos normativos sobre si candidatos, partidos, u organizaciones sociales deben o no promover información negativa acerca de sus contrincantes en el afán de hacerse de votos y seguidores. Empero, sí menciona evidencia que permite evaluar las normas y resoluciones, así como sugerir posibles cursos de acción. Primero analiza diversos estudios sobre la denigración y las campañas negativas y más adelante, los efectos de las reformas en al libertad de expresión. Denigración y campañas negativas La denigración y las campañas negativas no son elementos nuevos en la estrategia electoral de los contendientes a un puesto de elección popular, ni en México ni el mundo. Aunque comúnmente referidos, los efectos negativos de la denigración y las campañas negativas, al menos desde el punto de vista político,son difíciles de probar. Aun así, las campañas negativas y la denigración han mostrado ser maneras rápidas y eficientes de atraer la atención del electorado. Dado que las elecciones modernas se basan casi totalmente en la exposición en los medios, las campañas negativas se han vuelto un elemento clave, no necesariamente ético, de las elecciones modernas. Los candidatos y sus publicistas utilizan campañas negativas y ataques directos como una forma de atraer la atención de los medios, sin pago de por medio. A pesar de ser un elemento constante en las campañas electorales modernas, rara vez han atraído el interés del análisis politológico. En la mayoría de los casos se asumen o presuponen características y efectos que no son del todo comprobables cuando se hacen investigaciones empíricas. Es pertinente, para los objetivos de este artículo, revisar entonces dos elementos. Primeramente, por qué partidos y candidatos deciden utilizar este tipo de estrategia, y segundo, el tipo de respuesta del electorado ante este tipo de actividad propagandística. La crítica a las campañas negativas suele centrarse en el aparente efecto perjudicial que tienen en el proceso electoral. Los candidatos en su afán de ganar la atención de los electores suelen afectar el proceso electoral en su conjunto. Es decir, que en la búsqueda de ganancias personales los candidatos dejan de lado los beneficios totales que tendría una elección centrada únicamente en información positiva y en el debate de ideas. Es habitual citar que cuando las campañas se centran en la denigración y la critica negativa los electores se alejan de las urnas, se nubla el debate de ideas y se distorsionan los valores democráticos. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, reiteradas tanto en el debate periodístico como académico, no siempre están basados en evidencia clara y concluyente. Asimismo, este tipo de afirmaciones tienen una carga paternalista pues asume al electorado como una masa amorfa que responde mecánica y acríticamente a los mensajes y sin tomar en cuenta sus propias afinidades y decisiones políticas. Más aún, quizá no reconoce propiamente las motivaciones de los candidatos, por un lado, y de los electores por el otro. 4 Las campañas políticas están diseñadas para movilizar al electorado tratando de hacer más atractiva una opción política versus otra. Diversos estudios de hecho probaron que las campañas permiten movilizar a potenciales votantes de tanto candidatos como partidos (Berelson, Lazarsfeld y McPhee 1954; Lazarsfeld, Berelson, y Gaudet 1948). Por tanto, se cree que la movilización y participación del electorado esta directamente relacionada con los niveles de estimulación que éste reciba de las campañas políticas de los candidatos (Campbell et al., 1966; Patterson y Caldeira, 1983). Sin embargo, este punto de vista asume que las campañas tienen un poder inspirador y estimulante y una comunicación directa entre los candidatos y sus votantes (véanse Bartels 1988; Polsby 1983; Wattenberg 1991). Sería difícil negar que las actividades propagandísticas con fines electorales (en todas sus formas) son herramientas poderosas y una forma básica de comunicación.3 En este sentido, la lógica dictaría que las campañas negativas tendrían un efecto adverso en la elección, al ahuyentar al electorado y afectar tanto los derechos y garantías de los contendientes como la imagen de las instituciones políticas. Por esto, las primeras investigaciones sobre las campañas políticas negativas se centraron en probar los efectos en la movilización o desmovilización del electorado. El trabajo de Ansolabehere, Iyengar, Simon y Valentino, (1994) trataba de mostrar que existía una causalidad entre campañas negativas y reducción en el flujo de votantes. Sin embargo, la publicidad en medios electrónicos ha cambiado el carácter de la lucha partidista, de las campañas políticas y, sobre todo, del discurso político. Las campañas electorales son crecientemente negativas. La crítica, el descrédito o el menosprecio a los oponente reina en el discurso electoral por sobre la promoción de las ideas o las plataformas políticas. Por ejemplo, en los estudios de Hagstrom y Guskind (1988, 1992) sobre las campañas políticas en Estados Unido, un país que comúnmente es utilizado para ilustrar el apego a las leyes electorales, se muestra que las campañas negativas son la regla más que la excepción. De hecho, en la actualidad el electorado premia a los partidos y candidatos con discursos retóricos en lugar de privilegiar a candidatos con discursos sustantivos (Uamieson 1992). Asimismo, pone énfasis en la viabilidad electoral y en la vida privada de los candidatos y no en las posiciones políticas y en la lealtad partidista (Brady y Johnston 1987; Lichter, Amundson y Noyes 1988; Sabato 1991). Las campañas negativas producen réditos electorales a los candidatos que deciden usarlas. Es decir, para que un candidato o partido decida utilizar este tipo de estrategia la ganancia de esta acción debe ser mayor al esfuerzo o los costos implicados en su uso. La primera evidencia de este argumento es de tipo psicológico: la información negativa suele llamar más la atención que las información positiva. De acuerdo con los estudios de Fiske (1980), Kahneman & Tversky (1984) y Pratt & John (1991), la información negativa no solamente suele llamar más la atención en el proceso sino suele ser más rápida en su difusión, implica menos esfuerzo y ayuda a posicionar mejor a la persona que la utiliza versus la persona/partido atacada. Tal como lo demuestra la investigación de Pratt & John 3 De acuerdo con Ansolabehere & Gerber (1993), la publicidad contratada o pagada tiene un lugar especial, ya que pro lo regular por lo que partidos y candidatos gastan más en este que en otro tipo de publicidad. 5 (1991), las campañas negativas tienden a quedarse en el subconsciente de las personas. Otras investigaciones han comprobado que las personas expuestas a información negativa (sobre todo en imágenes televisivas) tienen mayores niveles de respuesta y presentan mayores niveles de atención que cuando son expuestos a igual numero de imágenes positivas (ver Lang, Newhagen, & Reeves, 1996; Lang et al,1996; Reeves, et al, 1989). Esto concuerda con los hallazgos del estudio de Harrigton & Hess (2002), quienes señalan que los candidatos que son percibidos con atributos personales menos atractivos son quienes tienden a ocupar campañas negativas más frecuentemente. Es decir, el candidato que cree que tienen menos posibilidades de atraer la atención de los electores habrá de utilizar más este tipo de campañas. Sin embargo, esto no significa que aquellos candidatos que resultan más atractivos al electorado no harán uso de este tipo de campaña para hacerse de seguidores y votantes.4 Dados los cambios, tanto en las estrategias de campañas como en las respuestas del electorado, no es de extrañar un creciente uso de la crítica y las campañas negativas. A pesar de la falta de evidencia, el sentido común parecería indicar la existencia de un efecto adverso de estas campañas en las elecciones. Por esto, diversas organizaciones sociales, electores e incluso las mismas instituciones encargadas de regular los procesos electorales han mostrado su preocupación por el creciente uso de este tipo de campañas, señalando frecuentemente que éstas reducen los niveles de participación y desvían la atención de los votantes a cuestiones no sustantivas. Sin embargo, el supuesto de que las campañas negativas afectan la participación puede no ser del todo cierto. De hecho, no existe evidencia de que las campañas negativas tengan un efecto adverso en el proceso electoral y los votantes (Neale, 1991). El único estudio que ha encontrado consecuencias de las campañas negativas fue el de Basil, et al (1991), quien halló que el electorado tenía menos percepciones positivasde los candidatos que utilizaban campañas negativas y también menos ánimos de participación. Sin embargo, estos estudios fueron realizados a nivel escolar con votaciones en salones de clases y en la mayoría de los casos los entrevistados no podían votar por dichos candidatos. Estudios sobre campañas negativas en Estados Unidos muestran que en lugar de incrementar el abstencionismo, en realidad estimulan la participación del electorado. La investigación de Lau y Pomper (2003) es particularmente reveladora. Ellos muestran que las elecciones al Senado de Estados Unidos que se caracterizaron por altos niveles de propaganda negativa tuvieron los mayores niveles de participación.5 Garramone, et al (1990) también encontró que la presencia de campañas negativas no afecta la participación. Completando dichos estudios, el trabajo de Torzón, et al (1991) no encontró efectos adversos en la intención de voto de un electorado expuesto tanto a campañas positivas como negativas. 4 Un elemento importante a tomar en consideración es que la crítica negativa tiende a ser ocupada mayormente por y en contra de partidos políticos consolidados mientras que los candidatos independientes o de partidos de reciente creación tienden a omitir este tipo de estrategias (Harrington & Hess 2002). 5 En cambio en las elecciones con niveles extremos de propaganda negativa tuvieron un efecto adverso en la participación del electorado. 6 Otro dato relevante de esta investigación es que no existe evidencia contundente de que las críticas basadas en las características personales de los candidatos tengan un efecto diferente en las críticas que se basan en acciones de política o resultados de gobierno. Es decir, el aparente efecto nocivo o desmovilizador de las campañas negativas en la participación del electorado parece más un deseo de los investigadores que una categórica evidencia empírica. De acuerdo con Lau y Pomper (2003) existen otros factores que afectan la movilización del electorado y que no dependen del tipo de campaña (positiva o negativa) o de la naturaleza de los mensajes de los partidos o candidatos. Lau y Pomper (2003), de hecho, encuentran evidencia de que las campañas negativas contribuyen a la participación electoral. Las campañas negativas suelen centrarse en uno o dos temas centrales para el electorado medio. Cuando los electores perciben que ese problema, o incluso el futuro de su país está en juego, hay una probabilidad más alta de participación (Martin 2000). La participación de los votantes es entonces motivada por la negatividad de las campañas y su percepción de los problemas, lo que ellos llaman un deber republicano. Aunque el poder de los emociones suele ser subestimado, el estudio de Marcus & MacKuen (1993) y de Marcus, Neuman & MacKuen (2000) prueba que este tipo de campañas en realidad estimulan la motivación en el electorado. Uno de los objetivos esenciales de las campañas negativas es crear una mala reputación en los candidatos oponentes. De aquí quedurante campañas negativas los electores perciban a ciertos candidatos como una posible amenaza, lo que se traduce en un tipo de ansiedad en el votante promedio que estimula su interés en participar. Finalmente, las campañas negativas incrementan la percepción de que se trata de una contienda cerrada y éstas suelen estimular al electorado. Al mismo tiempo, en contiendas cerradas las campañas tienden a tornarse negativas, por lo que existe un doble efecto positivo en la participación del electorado. Desde el punto de vista del rational choice, los votantes participarán en una contienda electoral si la utilidad de su participación sobrepasa los costos de su esfuerzo. La utilidad marginal de un voto, en este caso, está directamente relacionada con lo cerrado de la contienda: en la medida que la competencia se vuelve más cerrada, el valor de cada voto se incrementa. La evidencia, pues, parece contradecir los supuestos. Los estudios sobre las campañas negativas en el electorado muestran de hecho efectos positivos en los procesos electorales. Paradójicamente, las campañas negativas parecen beneficiar la participación de los electores y aumentar su atención en el proceso electoral, al tiempo que les ayuda a posicionarse frente a las ofertas electorales. Dada la evidencia, deberían de revisarse los supuestos sobre los efectos negativos de este tipo de campañas en los procesos electorales. Reformas y libertad de expresión La libertad de expresión es un elemento fundamental de toda democracia. Filósofos y teóricos de la democracia concuerdan en que la libertad de expresión está íntimamente ligada al debate de ideas. Para que éste tenga lugar, el flujo de información e ideas debe garantizarse en todo momento y sin restricciones, y no 7 puede ser suprimido ni en caso de emergencia. Cualquier sistema que no garantiza ni fomenta la libertad de expresión dudosamente puede llamarse democracia. Sin embargo, la libertad de expresión tiene sus límites. Más importante es el hecho de que por momentos existe una confusión entre libertad de expresión y derecho a la información. El principio de libertad a la información es una extensión de la libertad de expresión, el cual reconoce que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder al cúmulo de información que crean necesario para la toma de sus decisiones, ya sea de naturaleza pública o privada. El principio de libertad de expresión encuentra su límite cuando afecta la integridad o los derechos de otro(s) ciudadano(s) o instituciones. Ambos principios se basan en la idea que la democracia se alimenta de las diferencias individuales y en el hecho de que no se puede imponer una homogeneidad “desde arriba”. Aunque las reformas electorales emprendidas en México en la década de los noventas llenaron de optimismo tanto a analistas como observadores, no ha sido el caso de las reformas realizadas en los últimos años. Las más recientes reformas han sido objeto de duras críticas en sus efectos sobre la libertad de expresión, sobre todo por organizaciones internacionales, medios electrónicos y escritos. Las resoluciones han puesto en evidencia el trade-off existente entre libertad y vigilancia. En palabras de Montesquieu, “el precio de la libertad es la vigilancia eterna”. Privilegiar una siempre lleva el costo de la otra. En el contexto de la denigración y las campañas negativas ha habido un reciente movimiento orientado a sancionar estas últimas, en una correcta interpretación de la prohibición constitucional al respecto. Sin embargo, la crítica a estas resoluciones se ha centrado en el efecto que tienen en la libertad de expresión.6 La mayor crítica quizá es que limita el acceso y limita el rango de ideas y puntos de vista en el debate político/electoral. No sólo los candidatos y los partidos tienen el derecho a promover sus ideas, sino también las organizaciones sociales y los mismos electores. Con las recientes resoluciones existe un riesgo real de que las diversas expresiones políticas sean dejadas de lado o fuera de la percepción de los votantes. Asimismo, la evidencia presentada en el apartado anterior debe llevar a poner en perspectiva este tipo de normas y a evaluar los verdaderos efectos de las campañas denigratorias, ya que no existe evidencia contundente de que realmente afecten los resultados electorales. Más importante aun, es realizar este tipo de investigaciones en el contexto mexicano. 6 Estas críticas se han basado en las limitaciones al acceso a los medios por parte de organizaciones civiles y sociales. A comparación del resto de las democracias y contrario a sus pares en el continente, incluidos Canadá y Estados Unidos, las reglas electorales garantizan un acceso ilimitado a los medios de comunicación, en el que no sólo los partidos políticos pueden contratar espacios en medioselectrónicos y escritos sino también las organizaciones sociales. Sin embargo, ciertos factores arraigados en la historia reciente en México no permiten el mismo tipo de libertades que en otros países. El caso de México no es excepcional. El Reino Unido así como la mayoría de los países europeos tienen leyes similares que limitan el acceso únicamente a los candidatos y partidos. En Latinoamérica Brasil y Chile tienen leyes similares. En todos los casos, este tipo de restricciones están supeditadas al principio de equidad, aun con el coste de la libertad de expresión (ver Woldenberg 2008). 8 La denigración y la controversia en torno a ésta no es un situación nueva en el contexto mexicano. Conforme las elecciones se han vuelto más competitivas, la intensidad de las compañas también se ha incrementado. En el nuevo siglo las críticas a candidatos e instituciones partidistas se incrementaron se tornaron más duras e intensas, lo que generó una enorme polémica sobre el rumbo de las campañas electorales. Más particularmente, los casos recientes en México, a consecuencia principalmente de la elecciones federales presidenciales e intermedias, en las que hubo controversias sobre los efectos negativos que tendría la denigración de las instituciones gubernamentales, los candidatos y las instituciones partidistas (SUP- RAP 112/2008, 81/2009, 85/2009, 99/2009, 100/2009 también conocidos como “Sopa de Letras”, “Diccionario primitivo” y “Presidente Legitimo”) han significado un parteaguas en la discusión sobre la denigración en México. El TEPJF resolvió en torno a las campañas negativas a partir de la interpretación de la prohibición constitucional de la propaganda denigratoria a instituciones y partidos. Estas resoluciones se emitieron tras una interpretación de la ley, pero sin que se hayan demostrados los efectos adversos de estas acciones. La evidencia presentada aquí, sin embargo, podría contradecir dichas conclusiones. Sin bien es cierto que el TEPJF comenzó a construir una vía jurisprudencial para resolver estas controversias de manera expedita en virtud de que existe una disposición constitucional que prohibe este tipo de actividades, es necesario verificar si los supuestos sobre las campañas negativas se cumplen en la realidad. En los casos en cuestión, puede identificarse el uso de acciones propagandísticas negativas contra candidatos e instituciones partidistas y gubernamentales. En cuanto a las campañas negativas en contra de candidatos e instituciones partidistas la controversia radicó en que estas campañas no fueron acompañadas con evidencia que sustentara dichas afirmaciones por lo que los aludidos podían argumentar que se estaba violentando la institucionalidad escudándose en la libertad de expresión. En cuanto al caso del “presidente legitimo”, se argumentó que había una denigración de las instituciones gubernamentales. En este sentido, y conforme a la evidencia presentada en este artículo pueden presentarse los siguientes elementos para el caso mexicano. Debe tenerse en cuenta que en el marco mexicano existen leyes y sanciones explícitas para acciones tales como la difamación y la usurpación de funciones. Es necesaria una revisión de éstas en el contexto de las elecciones. Segundo, no puede asumirse una actitud paternalista hacia los ciudadanos y pensar que sólo deben ser expuestos a un solo tipo de información para la toma de sus decisiones públicas. El proceso de aprendizaje de los ciudadanos también va de la mano con la cantidad de información disponible y con el hecho de que todos los puntos de vista sean considerados. Al final, las restricciones al principio de libertad de información van en detrimento de la democracia. Tercero, existe una falta de estudios sobre los efectos de la denigración en los votantes mexicanos. Si bien existe en la ley una presuposición sobre los efectos de este tipo de campañas, tales estudios son, y deben ser, un elemento esencial del debate así como de las acusaciones y defensas de las partes en torno a estas controversias. Acusados y acusadores deben de basar sus argumentos en los 9 resultados de estudios metodológicamente sólidos. Cabe destacar que en uno de los casos (como en el de “sopa de letras”) la defensa de una de las partes, correctamente utilizó material bibliográfico diverso para apoyar su argumento de campaña. Este tipo de actividades es sumamente necesario. En este sentido, también debe de tenerse en cuenta que en lugar de restringir la expresión de los candidatos y de los partidos (lo que va en detrimento de la información accesible a los electores), lo que debe hacerse es crear los incentivos para que ellos mismos modifiquen el contenido de sus campañas. Es decir, generar normas positivas que combatan la información negativa. Un ejemplo de esto son las acciones emprendidas en ciertas industrias, donde es un requisito advertir sobre las posibles contraindicaciones de ciertos productos. Por ejemplo, en la industria del tabaco, aunque el consumidor sigue siendo libre de elegir el consumo, es una obligación advertirle sobre los posibles daños que el producto puede provocar a su salud. En acciones similares, es obligatorio mencionar las fuentes de los datos con los que se respalda cierta publicidad, así como advertir sobre los límites de ésta. En otros casos, es obligatorio incluir mensajes positivos sobre el consumo de ciertos productos e incluso ofrecer alternativas a un producto. Quizás este tipo de consideraciones pueda ayudar a resolver el problema de “cuándo” sancionar o restringir los mensajes negativos. En conjunto estas acciones incentivan el debate sobre los efectos de las campañas negativas. Tanto para la academia como para la jurisprudencia este debate es mutuamente benéfico. Sin embargo, esto no debe tomarse como una apología de las campañas nocivas. Por el contrario debe considerarse la necesidad de incorporar la evidencia de estos efectos a las controversias sobre estas acciones. Esto puede ayudar no sólo a resolver rápidamente las controversias sino a incentivar a los actores a siempre conducirse dentro de ciertos estándares de comportamiento publicitario que favorezcan el flujo de información al electorado por sobre el simple ataque infundado. La libertad de expresión no debe tomarse como un derecho más, sino como la mejor expresión de los derechos democráticos cuyo ejercicio, por ende, necesita de cierta calidad. Comentarios finales Este artículo pretende contribuir al debate sobre los efectos de la denigración y las campañas negativas en los votantes y las instituciones políticas en México. Ofrece evidencia diversa sobre los efectos de las campañas y la información negativa. La mostrada aquí no tiene un carácter definitorio ni apologético de las campañas negativas. Sólo pretende mostrar que muchas veces los supuestos sobre ciertas acciones aparentemente nocivas no siempre se cumplen en la realidad. A su vez, muchas veces se toma por un hecho el valor que los votantes le pueden otorgar a un tipo de información sobre otro, lo que resulta en una actitud paternalista por parte de las instituciones encargadas de regular estas acciones. Sin lugar a dudas, las campañas que incitan al odio y a la violencia no pueden ser permisibles en una contexto democrático. Pero lo que realmente importa desde una perspectiva del análisis político y democrático es que quienes están en el poder no utilicen esto como un pretexto para suprimir evidencia inconveniente y opiniones disidentes. Lo que en este caso debe privilegiarse es que, en caso extremos, los actores ajusten 10 sus discursos a los requerimientos de un dialogo civilizado. Los efectos de esta evidencia son variados: primeramente demuestran que las libertades deben privilegiarse sobre las restricciones y que el abuso de estas libertades no solamente deben ser castigados sino ser contenidos con normas positivas. De otra manera, se corre el riesgo de reducirla diversidad de la información disponible para el electorado, quien al final es el que toma la última decisión. Fuentes: Ansolabehere, Stephen, and Alan Gerber. (1993), " The Mismeasure of Campaign Spending: Evidence from the 1990 House Elections.” Journal of Politics, 56:1106-1118 Ansolabehere, S., & Iyengar, S. (1995), Going negative: How attack ads shrink and polarize the electorate. New York, Free Press. Ansolabehere, S., Iyengar, S., Simon, A., & Valentino, N. (1994), Does attack advertising demobilize the electorate? American Political Science Review, 88: 829-838. Bartels, Larry M (1988) Presidential Primaries and the Dynamics of Public Choice. Princeton, Princeton University Press. 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