politica-publica-discapacidad-2013-2022

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DE DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN SOCIAL
2013 - 2022
POLÍTICA PÚBLICA 
NACIONAL 
Ministerio de Salud y Protección Social
Oficina de Promoción Social 
Grupo de Gestión en Discapacidad
Diciembre de 2014
Liberta y Orden
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE. ¿CUALES SON LOS ANTECEDENTES QUE CREAN EL ESCENARIO PARA LA 
POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL?
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 EN COLOMBIA
1.1 Caracterización de la población con discapacidad
1.2. Acceso de la población con discapacidad a servicios sociales básicos
1.2.1. Educación
1.2.2. Salud
1.2.3. Trabajo, empleo e ingresos laborales
1.3. Situación de la población con discapacidad por curso de vida 
1.3.1. Niños y niñas menores de 5 años 
1.3.2. Niños, niñas y adolescentes 
1.3.3. Jóvenes y adultos 
1.3.4. Personas mayores
1.4. Familia y discapacidad
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
2.1. Marco legal internacional
2.1.1. Tratados de derechos humanos
2.1.2. Instrumentos normativos internacionales en materia de discapacidad
2.2. Marco normativo nacional
2.2.1. Marco constitucional
2.2.2. Normatividad nacional en materia de discapacidad e inclusión social
2.2.3. Institucionalidad: Sistema Nacional de Discapacidad
2.3. Jurisprudencia 
3. LA DISCAPACIDAD COMO ELEMENTO PRESENTE EN LOS MARCOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
3.1. Políticas diferenciales
3.1.1. La discapacidad y las mujeres
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3.1.2. Discapacidad y Primera Infancia 
3.1.3. Infancia y adolescencia con discapacidad 
3.1.4. Discapacidad, Envejecimiento y Vejez 
3.1.5. Discapacidad y políticas de familia 
3.1.6. Discapacidad en el marco del conflicto armado 
3.1.7. Discapacidad y grupos étnicos
3.2. Políticas sectoriales
4. ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
 E INCLUSIÓN SOCIAL? 
4.1 Evaluación institucional de la Política Nacional de Discapacidad
4.2. Fase de alistamiento 
4.2.1. Definición de la Plataforma
4.2.2. Construcción de la Línea de Base de Política Pública
4.2.3. Construcción del Mapa de Actores
4.2.4. Diseño metodológico
4.2.5. Regionalización para la obtención de insumos de política
4.3 Fase de recolección de insumos
4.3.1. Encuentros regionales y mesas sectoriales e intersectoriales
4.3.2. Mesa de Consolidación Nacional
4.3.3. Validación
4.4. Fase de formulación del documento
SEGUNDA PARTE. ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL? 
5. ENFOQUES
5.1. Enfoques Generales
5.1.1. Enfoque de derechos
5.1.2. Enfoque poblacional
5.1.3. Enfoque territorial
5.1.4. Intersectorialidad
5.2. Enfoque Específicos
5.2.1. Enfoque diferencial
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5.2.2. Enfoque de desarrollo humano y capacidades 
6. MARCO CONCEPTUAL
6.1 Conceptualización en torno a la discapacidad: Evolución es la palabra clave
6.2 La CIF: marco conceptual del funcionamiento y la discapacidad
7. ÁMBITOS Y MARCOS DE REFERENCIA
7.1. El Marco de Protección Social en el ámbito de la persona
7.2. El Marco de Cohesión Social en el ámbito de la familia y la comunidad
7.3. El marco de Equiparación para el Desarrollo en el ámbito de la sociedad
8. PRINCIPIOS
9. OBJETIVOS 
9.1. Objetivo General 
9.2. Objetivos Específicos 
10. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
10.1. Eje estratégico 1: Transformación de lo público
10.2. Eje estratégico 2: Garantía jurídica
10.3. Eje estratégico 3: participación en la vida política y pública
10.4. Eje estratégico 4: Desarrollo de la capacidad
10.5. Eje estratégico 5: Reconocimiento de la diversidad
11. PLAN DE ACCIÓN
TERCERA PARTE. ¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL?
12. SEGUIMIENTO
13. RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES DE 
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
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14. A MODO DE SÍNTESIS
15. RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
Tabla 1. Niños y niñas menores de 5 años con y sin discapacidad y afiliación al SGSSS
Tabla 2. Niños y niñas menores de 5 años con y sin discapacidad y principal cuidador
Tabla 3. Niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y asistencia escolar
Tabla 4. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad por grupos de edad y nivel educativo
Tabla 5. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad, asistencia escolar y alfabetismo
Tabla 6. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y asistencia escolar
Tabla 7. Personas mayores con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y alfabetismo
Tabla 8. Diversidad en la estructura de las familias colombianas, según la ENDS 2010
Tabla 9. Tratados de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano
Tabla 10. Personas con discapacidad registradas en Colombia, según grupo étnico y grupos de edad
Tabla 11. Marcos de políticas sectoriales en materia de discapacidad
Tabla 12. Categorización de problemas a la luz de los derechos consagrados en la Convención
Tabla 13. Condiciones sociales: Marco de análisis y guía para la acción
Tabla 14. Ejes estratégicos y líneas de acción
Figura 1. Número de personas con discapacidad, por ciclo vital y sexo según el RLCPD
Figura 2. Estructura y contenido general de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad
Figura 3. Antecedentes normativos de la PPDIS
Figura 4. Estructura y funciones del Sistema Nacional de Discapacidad
Figura 5. Marcos de política pública y su relación con las personas con discapacidad
Figura 6. Mapa de actores
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LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
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Figura 7. Regionalización para la obtención de insumos de política pública
Figura 8. Distribución de participantes en los encuentros regionales y mesas intersectoriales, según 
tipo de población
Figura 9. Mesa de Consolidación Nacional
Figura 10. Matriz de Vester elaborada con los resultados del ejercicio de interrelación de variables 
realizado en el Taller de Consolidación Nacional
Figura 11. Línea de tiempo del proceso de construcción de la Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social
Figura 12. Ámbitos y marcos de referencia de la PPDIS
Figura 13. Estructura del plan de acción de la PPDIS
Figura 14. Ruta para la construcción de las políticas públicas territoriales de discapacidad e inclusión social
Figura 15. Elementos clave de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social
Anexo 1. Instrumentos normativos internacionales en materia de discapacidad
Anexo 2. Normograma Discapacidad
Anexo 3. Árbol de problemas y de objetivos
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LISTA DE ANEXOS
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El Ministerio de Salud y Protección Social, ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, de forma conjunta 
con el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de Enlace Sectorial –GES-, hacen entrega al país de la 
Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013 - 2022, una política nacida del trabajo parti-
cipativo, intersectorial y concertado, en la que se plasma la realidad de este 6.3% de la población colombiana 
y a través de la cual se busca asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 
La Política Pública, más que un documento es un acuerdo de la sociedad colombiana que se encuentra com-
prometida con la inclusión plena de sus ciudadanos con discapacidad. Ha sido diseñada desde la concertación, 
dando cabida a las opiniones y propuestas surgidas de los diferentes sectores del Estado, la academia, la so-
ciedad civil y las propias personascon discapacidad como protagonistas activos del proceso. Ella –la Política 
Pública- incluye a los actores del todos los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad y se convierte en una 
guía que orienta la ruta por la cual se deben dirigir las acciones en materia de inclusión social de las personas 
con discapacidad, que se implementan en el nivel nacional y en los territorios. Precisamente, la mayor apuesta 
de esta Política Pública está en los territorios, pues es en ellos donde cada compromiso de Política Pública 
toma cuerpo e impacta la cotidianidad de los más de dos millones y medio de hombres, mujeres y niños con 
discapacidad que habitan en Colombia. 
Al finalizar el periodo 2013 – 2022 esperamos que al haber cumplido las metas propuestas y plasmadas en 
este documento, del Caribe a la Amazonía y del Pacifico a la Orinoquia, todo el territorio nacional cuente con 
procesos sostenibles, pertinentes, de alto impacto y replicables que permitan a las personas con discapacidad 
participar como miembros activos de la sociedad, y a Colombia ser nutrida por los invaluables aportes que esta 
población, desde su diversidad, puede hacer para potenciar el desarrollo nacional. 
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Ministro de Salud y Protección Social
PRESENTACIÓN
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La aprobación y ratificación de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas -CDPD- en 2011, ha generado gran-
des avances en el reconocimiento y la garantía de los 
derechos de las personas con discapacidad (PCD). 
Este instrumento internacional fue el resultado de un 
proceso participativo de organizaciones de personas 
con discapacidad y organizaciones que trabajan por 
la garantía de sus derechos, que unieron sus voces 
para denunciar la situación de discriminación y exclu-
sión contra esta población, así como la invisibilidad 
del tema en las agendas públicas nacionales. Así, 
en la Convención se propuso una mirada de la dis-
capacidad como un fenómeno social complejo y no 
solamente como un asunto de salud, que era como 
se había venido tratando en las políticas públicas. En 
esta medida, los Estados Parte se comprometieron 
a reformar las normas vigentes que restringieran el 
goce efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad y a tomar las medidas necesarias para 
materializar los derechos humanos de esta población.
En Colombia se ha venido avanzando en la garantía 
de los derechos de las personas con discapacidad 
pero aún es necesario aunar los esfuerzos por lograr 
transformar los imaginarios sociales sobre la discapa-
cidad para así lograr la plena inclusión social de esta 
población. A partir de los principios de la Convención, 
la acción pública debe entonces dirigirse a recono-
cer a las personas con discapacidad como sujetos de 
derechos y deberes y, por tanto, crear mecanismos 
sociales efectivos de participación en la vida política 
y pública de esta población.
Siguiendo estas apreciaciones, la Corte Constitucio-
nal ha señalado en distintas oportunidades que “el 
fortalecimiento y la profundización de la democracia 
INTRODUCCIÓN
participativa fue el designio inequívoco de la Asam-
blea Nacional Constituyente” (Corte Constitucional, 
1994) y que, por lo tanto, el objetivo principal de 
toda política pública debe ser permitir que el ciuda-
dano sea incluido en los debates que inciden en su 
vida cotidiana. En conjunto con la creación de ca-
nales de participación, la Corte ha reiterado que, 
desde una perspectiva de análisis de derechos, para 
que la democracia participativa se materialice, es 
necesario, en primer lugar, lograr que el ciudadano 
tome conciencia de sus derechos y deberes civiles 
respecto del Estado. 
De esta forma, cabe anotar que uno de los pilares 
fundamentales de la democracia participativa es el 
empoderamiento de la sociedad civil y el fortaleci-
miento de los derechos ciudadanos puesto que, si 
bien pueden existir canales participativos, es deber 
de la ciudadanía hacerlos efectivos. De hecho, no 
solamente “se requiere concientizar a la ciudadanía 
sobre su rol frente a las autoridades sino que tam-
bién es necesario reconocer que se tiene que dar una 
relación de interdependencia entre la sociedad civil y 
las instituciones públicas para lograr mayor inciden-
cia en la formulación, implementación y evaluación 
de las políticas públicas” (Díaz, 2007). Es decir que el 
Estado debe actuar en corresponsabilidad con la so-
ciedad misma, haciendo efectivos sus derechos pero 
también entendiendo la necesidad de participar de 
manera coherente e integrada.
Es entonces a partir de este marco constitucional y 
de derechos humanos que se ha reconocido la im-
portancia de generar procesos participativos que den 
cuenta de las problemáticas sociales que impactan la 
vida de las personas con discapacidad con el objeti-
vo de diseñar políticas públicas que respondan a las 
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necesidades reales de esta población. En términos de 
la Convención, la construcción colectiva de propues-
tas políticas permite reconocer que las personas con 
discapacidad tienen el derecho de participar activa-
mente en las decisiones políticas que los afectan, lo 
que le otorga sentido a la expresión que identifica 
al movimiento por la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad:“nada sobre nosotros, sin 
nosotros” (Charlton, 1998).
Así las cosas, el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social –MSPS-, como ente rector del Sistema Nacional 
de Discapacidad, desarrolló el proceso de construcción 
de la Política Pública Nacional de Discapacidad e inclu-
sión social en. Este proceso partió del reconocimiento 
de la necesidad de incorporar y de transversalizar un 
enfoque de inclusión social, de reconocimiento de la 
diversidad y de desarrollo de las capacidades que re-
dunde en el mejoramiento de la calidad de vida y el 
goce efectivo de los derechos de las personas con dis-
capacidad, sus familias y sus cuidadores.
Bajo el marco de la Convención y de la Ley 1145 de 
2007, el Ministerio elaboró y socializó los lineamien-
tos para la construcción de esta política pública, 
orientados a garantizar los derechos humanos de la 
población con discapacidad, establecer los elemen-
tos esenciales para enfrentar los retos específicos 
de cada territorio en el país y brindar insumos a los 
actores encargados de formular y articular acciones 
públicas sobre el tema. En el segundo semestre de 
2012 se realizaron talleres de socialización de estos 
lineamientos así como asistencias técnicas, evaluacio-
nes de las acciones públicas y construcción de árboles 
de problemas y objetivos de las políticas locales. Asi-
mismo, se desarrolló una acción conjunta de planifi-
cación con el Grupo de Enlace Sectorial (GES) para la 
recolección de los insumos en los territorios. 
Dicha recolección de insumos fue realizada en once 
encuentros, cinco regionales y seis sectoriales. En 
este proceso se contó con la participación de perso-
nas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cui-
dadoras, representantes de organizaciones sociales 
de personas con discapacidad y que trabajan por la 
garantía de sus derechos, así como servidores públi-
cos de los niveles local, departamental y nacional. 
En estos encuentros los participantes reflexionaron 
sobre los principales problemas de las personas con 
discapacidad para lograr su plena inclusión social y 
sobre posibles alternativas de solución; finalmente se 
compartieron algunas experiencias relevantes sobre 
la acción pública en discapacidad. 
El análisis de los resultados se realizó bajo la Meto-
dología de Marco Lógico (Ortegón, Pacheco y Prieto, 
2005) que permite identificar problemas, alternativas 
de solución, y seleccionar los ejes prioritarios para di-
rigir la acción pública en discapacidad. Posteriormen-
te se adelantó una mesa de concertación nacional y 
36 talleres de validación. Todo ello sirvió como insu-
mo para el diseño concertado del plan de acción de la 
Política Pública., Sumado a lo anterior, se desarrollan 
los antecedentesnormativos y de políticas públicas así 
como el marco conceptual aplicable en discapacidad. 
Sobre la base previamente descrita se construyó el 
presente documento de Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social, el cual se encuentra 
dividido en tres partes, cada una de las cuales respon-
de a una pregunta, que hace las veces de título. La 
primera de ellas es ¿Cuáles son los antecedentes que 
crean el escenario para la Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social? Para darle respuesta 
se abordan la situación actual de las personas con 
discapacidad en Colombia, el marco legal y normativo 
que sustenta la Política Pública, el abordaje de la dis-
capacidad en los marcos de políticas sectoriales y de 
políticas para poblaciones vulnerables, y el proceso 
de construcción de la Política misma.
La segunda parte del documento responde a la pre-
gunta ¿Cuáles son los elementos clave de la Política 
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social? 
Esta parte es el corazón de la Política Pública. En ella 
se presentan los enfoques, el marco conceptual, los 
ámbitos y marcos de referencia, los principios y objeti-
vos, junto con sus ejes estratégicos y su plan de acción.
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La tercera y última parte se orienta a responder la 
pregunta ¿Cómo se implementa la Política Pública 
Nacional de Discapacidad e Inclusión Social? Esta par-
te se dedica al abordaje del proceso de seguimiento 
a los compromisos de la Política Pública, la ruta para 
la construcción de las políticas públicas territoriales 
de discapacidad e inclusión social, y finalmente un 
conjunto de recomendaciones generales que pueden 
contribuir al logro de dicha implementación.
Todo este andamiaje metodológico, conceptual y 
programático desarrollado de forma participativa, 
intersectorial y concertada se convierte en una 
poderosa herramienta que permitirá al país cumplir 
con el compromiso nacional de garantizar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos y libertades para todos los colombianos con 
discapacidad.
11
PRIMERA PARTE
¿CUALES SON LOS 
ANTECEDENTES QUE CREAN EL 
ESCENARIO PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL?
12
A continuación se presenta el diagnóstico sobre la 
población con discapacidad, el cual evidencia, entre 
otros, la existencia de discriminación y desconocimien-
to de las capacidades de esta población; la respuesta 
inadecuada de los servicios de salud; la existencia de 
barreras de acceso a la educación formal, al trabajo 
y proyectos de emprendimiento y al entorno físico, 
social, económico, político y cultural; la dependencia 
económica y baja autoestima; la limitación del desa-
rrollo de sus potencialidades, la de sus familias y cui-
dadores; y la incipiente información sobre datos esta-
dísticos y carencia de investigaciones relacionadas con 
el ejercicio y goce pleno de derechos de las PCD. 
1.1 Caracterización de la población con discapacidad
A nivel internacional, según el Informe Mundial sobre 
la Discapacidad publicado en el año 2011 (OMS, 2011), 
más de 1.000 millones de personas en el mundo viven 
con alguna discapacidad, lo que se traduce en apro-
ximadamente el 15% de la población mundial (según 
estimaciones de población en 2010). De ellas, casi 200 
millones experimentan dificultades considerables en 
su vida diaria. 
El Informe Mundial señala que de la población total, 
cerca de 785 millones de personas de 15 años y más 
viven con una discapacidad (15,6%), mientras que el 
proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad, en la 
misma encuesta, estima una cifra próxima a los 975 
millones (19,4% del total de la población mundial). 
La encuesta indica que, del total estimado de PCD, 
110 millones (2,2% de la población) tienen dificulta-
des muy significativas de funcionamiento, mientras 
que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 mi-
llones (3,8% de la población) las personas con una 
“discapacidad grave” (afecciones como la tetraplejía, 
depresión grave o ceguera). La única fuente sobre dis-
capacidad infantil (0-14 años) es la Carga Mundial de 
Morbilidad, con una estimación de 95 millones de ni-
ños (5,1% del total), de los cuales 13 millones tienen 
“discapacidad grave”. 
En Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE del 
año 2005, existen 2.624.898 de PCD, lo que equivale 
al 6,3% del total de la población (DANE, 2005: 3). Con 
relación a las cifras censales de los países de la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN, 2009), Colombia 
ocupa el primer lugar en prevalencia de discapacidad, 
seguida por Ecuador con el 4,7% (2001), Venezuela 
con 3,9% (2001), Chile con el 2,2% (2002), Perú con el 
1,3 % (1993), y Bolivia con el 1,1% (2011)1. 
Es de señalar que en el caso colombiano, el Registro 
para la Localización y Caracterización de las PCD (RL-
CPD)2 ha logrado mejoras evidentes al integrarse con 
otros sistemas generadores de información a través 
del Sistema de Información de la Protección Social 
(SISPRO). El RLCPD registra 981.181 PCD a mayo de 
2013, lo que corresponde a la fecha, al 37,4% de las 
PCD identificadas en el censo3. 
La información del RLCPD señala que el porcentaje de 
hombres con discapacidad es mayor que el de muje-
res, desde la infancia hasta los 44 años. A partir de 
esta edad la tendencia se invierte, es decir, el porcen-
taje de mujeres con discapacidad es mayor con res-
pecto al de los hombres. Esta situación es ratificada 
por los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 
(ECV) (2012) realizada por el DANE.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN 
CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA
1
13
1No obstante se presentan diferencias en la forma de capturar la información en cada país.
2El Registro de Discapacidad fue administrado por el DANE desde su creación hasta el 31 de octubre de 2010 y asumido e integrado por el MSPS 
al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) desde el 1 de noviembre de ese año. Se pasa de 100 variables originales del 
registro a más de 200. Al integrarlo con las otras fuentes de información como el Registro Único de Afiliados a la Protección Social (RUAF), el 
Sistema de Información para la Regulación de Precios de Medicamentos (SISMED), la Planilla Integrada de Aportes a la Seguridad Social (PILA), 
el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), Familias en Acción y Red Unidos, ente otros, se facilita el cruce de datos y se 
robustece la información de las PCD.
3Dado que la cobertura del RLCPD es progresiva y constituye la fuente oficial de datos sobre discapacidad, se menciona la última cobertura 
disponible. Sin embargo, se complementa el análisis con otras fuentes como la ECV 2012 y el SISBEN.
Es de señalar también que de acuerdo a la base de in-
formación del Sistema de Información de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) con cor-
te a abril de 2013, las mayores prevalencias de disca-
pacidad se presentan en personas mayores de 80 años 
(13,3%), seguidas por los menores de 10 años (8,8%), 
mientras que las menores prevalencias se observan en 
los jóvenes entre 15 y 19 años (7%).
De acuerdo con el RLCPD el tipo de alteración más fre-
cuente en las PCD en Colombia está relacionada con 
la movilidad del cuerpo, manos, brazos y piernas, con 
una prevalencia del 50,3%, seguida de las alteracio-
nes de los ojos y las alteraciones del sistema nervioso 
con un 41% y de los oídos con 19%. Las alteraciones 
menos frecuentes están relacionadas con deficiencias 
en el olfato, tacto y gusto, que representan cerca del 
3,4% de la prevalencia4. Este comportamiento es simi-
lar para hombres y mujeres, con la diferencia de que 
en los hombres el tercer tipo de alteración más fre-
cuente es la de los ojos, mientras que en las mujeres 
ésta corresponde a la alteración del sistema cardio-
rrespiratorio e inmune.
Según la ECV (2012), el 4,7% de los encuestados re-
portó tener por lo menos una limitación, siendo la 
dificultad para moverse o caminar, la de mayor pre-
valencia,lo cual coincide con las cifras del RLCPD, que 
ubican esta causa como la primera en prevalencia, con 
un 34% dentro de las PCD5.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la dis-
capacidad afecta de manera especial a las poblaciones 
Figura 1. Número de personas con discapacidad, por ciclo vital y sexo según el RLCPD
Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de PCD, MSPS. Corte a marzo 31 de 2013.
• MASCU LINO 
De 80 ill\os ° m~s 
De 70 a 74 ai'\os ,,-
De 60 o 64 o!\os 30596 
30.>12 
De 50 o ~4 01\0. lj:),015 
/, .... 
De 40 et 44 etrios 24.750 
22 ,928 
De 30 et 34 etrios 24,823 
22.837 
De 20 et 24 etilos 25,825 
)6Jl13 
De 10 et 14 arios 
De O el 4 <lllOS 
r " 
-100.000 -50.000 ~O.OOO 100.000 
14
vulnerables. El Informe Mundial sobre Discapacidad se-
ñala que en todo el mundo las PCD presentan inciden-
cias de pobreza más altas, resultados académicos más 
bajos, y una menor participación laboral que las per-
sonas sin discapacidad. En parte, esto es consecuen-
cia de los obstáculos en el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios básicos que afectan la calidad 
de vida y las oportunidades, en particular la salud, la 
educación, el empleo, el transporte, o la información. 
En Colombia, el RLCPD evidencia que las condiciones 
de acceso, permanencia y promoción en los sistemas 
de atención integral en salud, protección, generación 
de empleo y trabajo, educación, comunicaciones, y en 
los espacios de participación de las PCD, entre otros, 
son insuficientes. 
Es de señalar también que los resultados de la En-
cuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia 
de la discapacidad es mayor en los países de ingre-
sos bajos que en los países de ingresos más elevados. 
Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y las 
personas mayores, también presentan una mayor pre-
valencia de discapacidad. Finalmente, los datos de las 
encuestas a base de indicadores múltiples en países 
seleccionados ponen de manifiesto que los niños de 
las familias más pobres y los que pertenecen a grupos 
étnicos, presentan un riesgo significativamente mayor 
de discapacidad que los demás niños.
En el caso de la población vulnerable en Colombia es 
de resaltar que de las 24 millones de personas regis-
tradas en el SISBEN con corte a abril de 2013 (en los 
niveles 1 y 2)6, el 3,1% tienen alguna discapacidad7. 
De ellas, el 25,5% presenta dificultad para moverse 
o caminar (resultados coherentes con el RLCPCD y la 
ECV), el 23,1% sordera total, el 20% dificultad para 
aprender o entender, el 15,3% dificultad para salir a 
la calle sin ayuda o compañía, el 6,8% dificultad para 
bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo, el 5,6% 
ceguera total y el 3,6% mudez8.
Con respecto a las causas de discapacidad, el RLCPD 
identifica como las más prevalentes las relacionadas 
con enfermedad general9 (29,4%), accidentes (11,4%) 
y alteraciones genéticas o hereditarias (10,2%). Lo an-
terior concuerda con los resultados de la evaluación 
de la política pública actual de discapacidad10 .
1.2. Acceso de la población con discapacidad a 
servicios sociales básicos
A continuación se presenta el diagnóstico del acceso 
y condiciones de la PCD en educación, salud, trabajo 
e ingresos laborales. Para ello se emplea información 
del SISPRO-RLCPD11 , complementada con información 
registrada en el SISBEN con corte a abril de 2013, 
de la ECV 2012, de los resultados de la evaluación 
institucional y de resultados cualitativos a la Política 
Nacional de Discapacidad.
1.2.1. Educación
En el mundo, la diferencia entre la tasa de asistencia a 
nivel primaria entre niños con y sin discapacidad oscila 
entre el 10% en la India, hasta el 60% en Indonesia. 
Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la di-
ferencia en las tasas de asistencia escolar está entre 
el 15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso 
en países con altos porcentajes de matriculación en 
la escuela primaria, como los de Europa oriental, mu-
chos niños con discapacidad no asisten a la escuela. 
En Colombia, la información reportada muestra que 
37 de cada 100 PCD en edad escolar no asisten a un 
establecimiento educativo. 
4 El análisis se realiza en el marco conceptual de la CIF, desde el punto de vista de la función del órgano (deficiencias) y no desde la estructura, 
 es decir, el mismo órgano (por eso no se habla de sentidos). Cabe resaltar que una persona puede presentar más de una alteración permanente.
5 Ver anexo 1.1.
6 Puntos de corte actuales del régimen subsidiado.
7 En el SISBEN no se cuenta con la totalidad de las PCD, dado que es una encuesta voluntaria y de percepción, no necesariamente tiene que 
corresponder la prevalencia nacional con la de la encuesta, además porque tienen muestras y denominadores diferentes.
15
La información reportada por el RLCPD muestra que de 
cada 100 colombianos con discapacidad registrados, 66 
saben leer y escribir, y en el caso de los niños entre 5 y 14 
años de edad, esta cifra es de 33%. Las PCD que culmi-
naron sus estudios de bachillerato representan el 17%, 
y los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales solo 
han sido alcanzados por el 3,4% de esta población. 
Por su parte, según datos de la ECV 2012, el 80% del 
total de personas de entre 5 y 9 años con alguna dis-
capacidad no ha alcanzado ningún nivel educativo, 
mientras que el 13,2% había cursado solo preescolar. 
Del grupo de 10 a 17 años, el 47,1% de las PCD no ha-
bía aprobado ningún nivel educativo y el 33,9% había 
aprobado básica primaria12. 
Según esta misma fuente, en el grupo de entre 18 y 39 
años de edad, 24,7% de los encuestados no había al-
canzado ningún nivel educativo, mientras que la pro-
porción de personas que alcanzó educación superior 
fue de 9,7%. Asimismo se encontró que en las PCD el 
porcentaje de analfabetismo fue de 24,1%, mientras 
que en la población sin discapacidad esta proporción 
alcanzó un 6,9%.
Si enfocamos el análisis en la población pobre según 
SISBEN, el logro educativo de las personas de 5 a 17 
años con discapacidad ubicadas en el nivel 1 y 2, se 
encuentra que el 57% de los registrados no había 
aprobado ningún nivel educativo, y en la población de 
más de 40 años, se evidenció que la mayor proporción 
de personas (51%) reportó haber aprobado la prima-
ria.
Estos resultados muestran dificultades de acceso a la 
educación de las PCD (en especial en PCD económica-
mente vulnerable), en comparación con la población 
sin discapacidad. Lo anterior evidencia la necesidad de 
una mayor articulación y acciones de política pública 
para garantizar este derecho a las PCD, con el fin de 
aumentar la igualdad de oportunidades y la calidad de 
vida de esta población.
1.2.2. Salud
La cobertura de afiliación al Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud (SGSSS)para las PCD en Colom-
bia es del 81,9%, donde más de la mitad de las afilia-
ciones al sistema de salud corresponden al régimen 
subsidiado (57,7%). Estos resultados concuerdan con 
información de las PCD de los niveles 1 y 2 del SIS-
BEN, donde el 57,2% se encuentra afiliado al régimen 
subsidiado y el 24,4% no reporta ningún tipo de afi-
liación en salud. La ECV 2012 también es congruente 
con estos resultados, mostrando que más de la mitad 
de la PCD (56%), pertenece a grupos sin capacidad de 
pago y por consiguiente su aseguramiento es provisto 
por el Estado con la afiliación a través del Régimen 
Subsidiado.
Al analizar las cifras de morbilidad, según el cruce del 
Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) y 
el RLCPD, se encontró que la infección de vías urina-
rias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la 
diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención 
de complicación, son las enfermedades más frecuen-
tes en la población con discapacidad.
Estos resultados muestran los avances en términos 
de aseguramiento en comparación con la población 
sin discapacidad. Sin embargo, se deben continuar las 
acciones para mitigar la prevalencia de discapacidad 
asociada a enfermedadgeneral de acuerdo al análisis 
de morbilidad.
8 Ver anexo 1.2
9 Enfermedad general es una categoría prevista en el RLCPD, responde especialmente a las enfermedades crónicas no transmisibles como la 
diabetes, HTA, entre otras, pero no se desagrega dicha variable para cada una de ellas, razón por la cual solo se denomina enfermedad general.
10 Evaluación institucional y de resultados cualitativos a la Política Nacional de Discapacidad. Evaluación contratada por el Departamento Na 
cional de Planeación conEconometría S.A. (Contrato 550-2011).
11 Cabe anotar que estos resultados arrojados por el RLCPD están limitados por su cobertura y en ningún momento hacen referencia a la pobla-
ción total con discapacidad del país.
16
1.2.3. Trabajo, empleo e ingresos laborales
Las PCD tienen más probabilidades de estar desem-
pleadas, y generalmente perciben menores ingresos 
cuando trabajan, con relación a la población sin dis-
capacidad. Los datos de la Encuesta Mundial de Salud 
indican que las tasas de ocupación son menores entre 
los hombres y mujeres con discapacidad (53% y 20%, 
respectivamente) que entre los hombres y mujeres sin 
discapacidad (65% y 30%, respectivamente). 
Por su parte, un estudio reciente de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
comprobó que en 27 países, las PCD en edad de 
trabajar, en comparación con sus homólogas sin esta 
condición, experimentan desventajas significativas en 
el mercado laboral y tienen menores oportunidades 
de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44%) es 
casi la mitad de la de las personas sin discapacidad 
(75%) y la tasa de inactividad es 2,5 veces mayor 
entre las personas sin discapacidad (49% y 20%, 
respectivamente). 
En Colombia al categorizar a la Población en Edad de 
Trabajar, en las diferentes categorías ocupacionales 
a partir de la ECV 2012, se encontró que el 28,6% 
de las PCD se encontraban ocupadas, el 3,4% se 
encontraban desocupadas y el 68% inactivas. Al 
indagar por la actividad principal que se encontraban 
realizando las PCD en los últimos 6 meses, se observó 
que la mayoría (29,1%) tiene una incapacidad 
laboral permanente y no recibe pensión, el 21,7% se 
encontraba realizando oficios del hogar, y sólo el 14,5% 
de las PCD identificadas se encontraba trabajando. 
Adicionalmente, 61 de cada 100 PCD no recibe ningún 
tipo de ingresos mientras que, aproximadamente, 30 
de cada 100 recibe menos de $500.000 mensuales, 
es decir que aproximadamente el 91% de las PCD 
perciben ingresos inferiores al SMLV.
1.3. Situación de la población con discapacidad 
por curso de vida
El análisis de la discapacidad en el país debe realizar-
se no sólo sobre el acceso a servicios básicos, sino 
también por ciclo de vida, dado que la intervención 
propuesta por la política pública deberá ser diferencial 
según la edad de la PCD. Para realizar este diagnósti-
co se empleó la información recolectada por el DANE 
para la ECV 2012. Específicamente se identificó la inci-
dencia de limitaciones permanentes, nivel educativo, 
asistencia escolar, coberturas en salud, entre otras, 
por grupos etarios.
1.3.1 Niños y niñas menores de 5 años
De los 3.896.331 niños y niñas menores de 5 años (da-
tos expandidos de la ECV), 48.208 se identificaron con 
algún tipo de discapacidad, una incidencia de 1,2%.
El 88,4% de niños y niñas sin discapacidad menores 
de 5 años están afiliados a salud, cifra que equivale 
al 98,3% en el caso de los niños y niñas con discapa-
cidad. De éstos, la mayoría se encuentran afiliados al 
régimen subsidiado, porcentaje 17.5%. mayor frente 
a los menores de 5 años sin discapacidad, como se 
muestra a continuación.
0-4 años Contributivo Especial Subsidiado NS/NR Total
NNA discapacidad sin 37,8 2,6 59,0 0,6 100
NNA discapacidad con 22,3 1,3 76,5 0,0 100
Tabla 1. Niños y niñas menores de 5 años con y sin discapacidad y afiliación al SGSSS
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
17
Del total de niños y niñas menores de 5 años con 
limitaciones permanentes se identificó que el 30,4% 
presenta limitaciones relacionadas con el habla, 
el 25,8% limitaciones para entender o aprender, 
y el 25,8% limitaciones para moverse o caminar, 
entre otras.
Al analizar el lugar de permanencia de los niños y niñas 
menores de 5 años con discapacidad, se encontró que 
no existe una diferencia importante frente a aquellos 
que no se encuentran en esta condición, salvo en el caso 
de la permanencia con su padre o madre en la casa, que 
es 7%. superior en los menores con discapacidad. 
0-4 años
Con su padre 
o madre en 
el trabajo
Al cuidado de 
un pariente de 
18 años o más
Asiste a un hogar 
comunitario, 
guardería o jardín
 Con su padre o 
madre en la casa
Sin 
discapacidad
1,5 11,1 34,0 50,8
Con 
discapacidad
1,0 10,3 28,6 57,8
Tabla 2. Niños y niñas menores de 5 años con y sin discapacidad y principal cuidador
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
1.3.2. Niños, niñas y adolescentes
En este grupo, las mayores prevalencias están asocia-
das a limitaciones para entender o aprender (36,5%), 
limitaciones para hablar (25,3%), para moverse o ca-
minar (20%), relacionarse con los demás por proble-
mas mentales o emocionales (18,6%), y limitaciones 
para ver (17,8%).
En cuanto al acceso a salud, es de señalar que el 
93,7% y el 92,1% de niños, niñas y adolescentes con 
y sin discapacidad, respectivamente, se encuentran 
afiliados al SGSSS y al igual que en el caso anterior, 
la mayor proporción se encuentra en el régimen sub-
sidiado, el 71,4%.
Por su parte, 63,5% de los jóvenes con discapacidad 
manifiesta saber leer y escribir, lo cual es 25,5 p.p. 
menor que aquellos que no presentan discapacidad 
(ver Tabla 3). Con respecto a la asistencia a una ins-
titución educativa, se encuentra que la brecha es de 
71,3% contra 91,4% de la población sin discapacidad. 
Las razones por las cuales las PCD en este rango de 
edad no estudian están relacionadas con la percep-
ción de que ya terminaron sus estudios (50,2%), ne-
cesitan trabajar (21%), embarazo (8%), inseguridad o 
malos tratos en el establecimiento educativo (7,5%), 
falta de dinero o costos educativos elevados (4,7%), 
por considerar que no está en edad escolar (3,3%), 
por enfermedad (1,6%), porque no existe un centro 
educativo cercano o el establecimiento asignado es 
muy lejano (1,5%), y porque tuvieron que abandonar 
el lugar de residencia habitual (1,4%).
Régimen de afiliación al SGSSS
5-17 años Cont. Esp. Sub. NS/NR
NNA sin 
discapacidad
37,0 2,2 60,4 0,4
NNA con 
discapacidad
27,2 1,1 71,4 0,4
Tabla 3. Niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y asistencia escolar
18
Saben leer y escribir Actualmente estudian
5-17 años Si No Si No
NNA sin 
discapacidad
89,0 11,0 91,4 8,6
NNA con 
discapacidad
63,5 36,5 71,3 28,7
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
1.3.3. Jóvenes y adultos
Las mayores prevalencias en jóvenes y adultos, 
corresponden a limitaciones para ver (29,3%), para 
moverse o caminar (26,7%), para entender o aprender 
(15,4%), para hablar (14,9%), para usar brazos y 
manos (14,3%) y para relacionarse con los demás 
(13,6%).
En este grupo aquellos que por su edad deberían 
asistir a un establecimiento educativo manifestaron 
como principales causas para la no asistencia, la fal-
ta de dinero o costos educativos elevados (23,6%), 
la necesidad de educación especial (21,8%), en-
fermedad (18,3%) y necesidad de trabajar (9,7%). 
En cuanto a educación, se observan porcentajes si-
milares en niveles educativos para preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media en personas con 
y sin discapacidad entre 18 y 30 años. Sin embargo, 
las diferencias en el nivel educativo alcanzado se 
perciben en el nivel de educación media y conforme 
avanza el nivel educativo, así como en el porcentaje 
de los que no tienen ningún nivel de educación para 
este rango de edad. Esta situación también se presen-
ta en los grupos de edad de 31 a 45 años y de 46 a 
59 años. En todos loscasos es mayor el porcentaje de 
PCD que no ha alcanzado ningún nivel educativo fren-
te a la población sin discapacidad (ver Tabla 4), lo que 
muestra los mayores obstáculos que enfrenta esta 
población para formarse y acumular capital humano.
Aproximadamente 81 de cada 100 jóvenes y adultos con discapacidad saben leer y escribir mientras que 6 de 
cada 100 PCD en este rango de edad actualmente estudian.
Nivel educativo 
alcanzado
18-30 años 31-45 años 46-59 años
PsD PCD PsD PCD PsD PCD
Ninguno 1,4 29,5 2,9 17,7 6,3 14,4
Básica 35,3 33,7 46,8 49,3 56,2 62,7
Media 40,7 25,2 26,9 20,1 17,9 9,7
Superior incompleta 4,3 3,5 2,9 2,5 2,7 2,8
Superior completa 17,4 7,2 17,3 8,5 13,2 8,8
Postgrado 0,9 1 3,2 1,8 3,7 1,5
Tabla 4. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad por grupos de edad y nivel educativo
19
Saben leer y escribir Actualmente estudian
18-59 años Si No Si No
NNA sin 
discapacidad
96,7 3,3 11,1 88,9
NNA con 
discapacidad
80,7 19,3 6,4 93,6
Régimen de afiliación al SGSSS
18-59 años Cont. Esp. Sub. NS/NR
NNA sin 
discapacidad
49,8 2,4 47,6 0,2
NNA con 
discapacidad
39,9 3,1 56,9 0,0
Tabla 5. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad, asistencia escolar y alfabetismo
Tabla 6. Jóvenes y adultos con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y asistencia escolar
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
Respecto al acceso a salud, el 89,6% se encuentra afiliado al SGSSS. De ellos, el 56,9% está afiliado en el régi-
men subsidiado, el 39,9% al régimen contributivo, y el 3,1% a regímenes especiales.
Finalmente, la tasa global de participación (TGP) para 
las personas con discapacidad es menor que la TGP 
de las personas sin discapacidad (40,9% y 66,4% res-
pectivamente). Esto se explica porque la mayoría de 
las PCD son inactivas (59%) y, entre ellos, el 42,8% 
están incapacitados permanentemente para trabajar, 
de acuerdo con la información reportada en la ECV 
201213 .
1.3.4. Personas mayores
Las mayores prevalencias entre las PCD mayores de 60 
años están relacionadas con limitaciones para mover-
se o caminar (46,6%), limitaciones para ver (31,4%), 
limitaciones para oír (20,3%), limitaciones para usar 
brazos y manos (16,2%), limitaciones para bañarse o 
vestirse (11,4%), limitaciones para entender o apren-
der (8,5%), y limitaciones para hablar (7,2%).
Al analizar el nivel educativo alcanzado se encuentra 
que el 56,5% de las PCD alcanzó básica primaria, el 
7,8% básica secundaria, el 4,9% educación media, el 
1,5% educación universitaria completa, mientras que 
el 26,9% no reporta ningún nivel de educación. Al 
comparar con las personas sin discapacidad, se en-
cuentra en todos los casos un mayor nivel educativo 
alcanzado en este grupo (el 53,3% alcanzó básica pri-
maria, el 10,8% básica secundaria, el 7,8% educación 
media, el 4,6% universitaria completa y el 17,4% no 
presenta ningún nivel de escolaridad). Estas brechas, 
en especial en los niveles de universidad completa y 
ningún nivel de escolaridad, muestran los mayores 
obstáculos que enfrenta la PCD, en especial en eda-
des mayores.
Finalmente, en cuanto a acceso a salud, la PCD en 
este grupo de edad presenta un alto nivel de asegu-
ramiento al SGSSS (el 95%), y aproximadamente la 
mitad se encuentra en Régimen Subsidiado, y no hay 
diferencias significativas con relación a la población 
sin discapacidad. 
20
Régimen de afiliación al SGSSS Saben leer y escribir
mayores de 
60 años
Cont. Esp. Sub. NS/NR Si No
NNA sin 
discapacidad
48,2 3,4 48,0 0,3 82,8 17,2
NNA con 
discapacidad
46,6 2,4 50,6 0,4 74,3 25,7
Tabla 7. Personas mayores con y sin discapacidad, afiliación al SGSSS y alfabetismo
Fuente: ECV, 2012. Cálculos DNP.
La prevalencia de la discapacidad en Colombia es alta 
y es mayor entre los grupos de menores ingresos. 
Además, refleja la existencia de brechas en el acce-
so a la educación y al trabajo. En cuanto a salud, la 
mayoría se encuentra afiliada al régimen subsidiado. 
Esta situación se acentúa especialmente en las prime-
ras etapas del ciclo de vida.
El diagnóstico de la situación de la población con 
discapacidad evidencia la necesidad de fortalecer el 
conocimiento de sus derechos y deberes, los de sus 
familias y cuidadores, y los mecanismos para su pro-
tección y garantía. Asimismo, es necesario generar 
mecanismos que tiendan a asegurar una respuesta 
eficiente a sus necesidades, el reconocimiento de su 
capacidad jurídica, la articulación de políticas, insti-
tuciones y sectores, así como un nivel de inversión 
pública adecuada. 
1.4. Familia y discapacidad
Comprender la situación que viven las personas con 
discapacidad en nuestro país, parte de hacer una lec-
tura de la triada persona – familia – entorno (More-
no, 2011) como elementos que interactúan y tienen 
influencia reciproca. De acuerdo con la Política Públi-
ca Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 
(MSPS, 2012) existen diversas conceptualizaciones del 
término familia, dependiendo de la perspectiva desde 
la cual sea analizado. Sin embargo, para establecer 
una base conceptual que facilite la generación de con-
senso, dicha Política Pública concibe a la familia como:
Una unidad social compleja, diversa y plural ubicada 
en un contexto social, cultural y político; un agente po-
lítico, corresponsable de la vigencia de los derechos y 
desarrollo integral de sus integrantes, siendo la media-
dora entre las personas que se encuentran bajo su cui-
dado, las instituciones del Estado y las organizaciones 
sociales. También es un sujeto colectivo de derechos, 
cuyas dinámicas desarrollan su capacidad de agencia, 
es decir su libertad efectiva para alcanzar aquello que 
valora (en los términos de Amartya Sen). Bajo este en-
tendido, las políticas públicas se dirigen a las familias 
en su calidad de actoras y beneficiarias de su propio 
desarrollo y de la gestión y la acción del Estado.
Por otra parte, la familia es el ámbito de humaniza-
ción y socialización por excelencia. En su seno y a tra-
vés del lenguaje, la filiación y el afecto se reproducen 
los patrones culturales de la sociedad en la que se 
encuentra inmersa. A través de sus dinámicas es que 
se aprenden las relaciones de poder y las conductas 
socialmente aceptadas; en otras palabras, es en la fa-
milia donde se aprende a ser sujeto y a ser ciudadano 
(Urbano & Yuni, 2008; Moreno & Cárdenas, 2010). 
13Si bien la fuente oficial de mercado laboral es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), esta fuente no reporta información sobre los tipos 
de limitaciones, motivo por el cual se emplea la información de fuerza trabajo de la ECV. 
21
Al estar inmersa en un contexto social que se trasforma 
con el trascurrir del tiempo y los cambios ideológicos, 
económicos, políticos y culturales, su estructura y 
sus dinámicas también se han visto modificadas a lo 
largo de la historia, llevando a que las familias el 
Siglo XXI guarden grandes diferencias con aquellas 
de décadas atrás. Fenómenos sociales tan relevantes 
como la incorporación de la mujer al mundo laboral y 
la migración rural-urbana han hecho que las familias 
actuales tengan un menor número de hijos y que 
su cuidado ya no sea responsabilidad femenina 
únicamente (Moreno & Cárdenas, 2010). Igualmente 
ha variado su estructura en términos de que cada vez 
existe mayor diversidad en las formas de constituirse 
familia. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
de 2010 (Profamilia, 2011) reveló la presencia de 
dicha diversidad en el territorio nacional, tal como lo 
evidencia la Tabla 8 presentada a continuación:
TIPO DE HOGAR SUBTIPO DEFINICIÓN PORCENTAJE
Unipersonal
Son aquellos hogares en que vive 
solo una persona, tenga o no servicio 
doméstico.
10%
Nuclear
Familia nuclear completa
Compuesta por ambos padres y sus hijos 
menores de 18 años o mayores de esta 
edad pero sin dependientes en el hogar
35%
Familia nuclear incompleta
Compuesta por uno de los dos padres y 
sus hijos menores de 18 años o mayores 
de esta edad pero sin dependientesen 
el hogar
12%
Pareja sin hijos en el hogar 8%
Extenso
Familia extensa completa
Compuesta por una pareja con hijos 
solteros que vive con otras personas de 
la familia, que pueden ser otros hijos 
con su pareja y/o con hijos
14%
Familia 
extensa incompleta
El o la jefe del hogar sin cónyuge vive 
con sus hijos solteros y otros parientes
10%
Familia extensa de parejas 
sin hijos en el hogar y otros 
parientes
3%
Otros tipos de familia 
extensa
4%
Compuesto
Conformada por parientes 
y no parientes
4%
Tabla 8. Diversidad en la estructura de las familias colombianas, según la ENDS 2010
Fuente: Adaptado con base en datos de Profamilia (2011).
22
Si tan grande diversidad impide generalizar acerca 
de la estructura y dinámica familiar contemporánea, 
dicha diversidad se hace aún más evidente en la 
respuesta de las familias ante la discapacidad de 
uno o más de sus miembros. Pues las situaciones 
inesperadas que traen consigo la discapacidad son 
afrontadas desde los recursos psicológicos, sociales, 
culturales y económicos con que cuenta cada familia, 
su historia pasada en el manejo de situaciones 
adversas, el momento del ciclo de vida familiar que 
está viviendo y sus conflictos, entre otras muchas 
variables, que hacen imposible asegurar que existe 
una única respuesta familiar ante la discapacidad o 
una única manera adecuada de afrontarla (Urbano 
& Yuni, 2008; Moreno & Cárdenas, 2010). Es muy 
importante resaltar que, sin importar la forma que 
adopten, todas las familias desde su diversidad 
tienen el potencial para hacer uso de sus recursos 
emocionales, sociales y materiales para funcionar 
adecuadamente y para enfrentar los desafíos 
cotidianos de forma creativa, creciendo y prosperando 
a partir de la adversidad (Walsh, 2005).
En medio del proceso de aceptación y adaptación 
a la discapacidad, la familia empieza a reorganizar 
sus dinámicas, a asignar nuevos roles, que suelen 
ser funcionales y contribuir a la realización del 
proyecto de vida individual y colectivo cuando van de 
la mano de un adecuado balance emocional, que se 
recupera tras la elaboración psicológica del proceso 
de duelo iniciado con la aparición de la condición 
discapacitante. La mencionada asignación de roles 
suele ubicarse en algún punto del espectro que 
conforman las siguientes tipos de reacción. Un primer 
tipo se denomina reacción centrípeta, en la que la 
familia se agrupa alrededor del cuidado de la persona 
con discapacidad, que se convierte en el centro de 
todas las interacciones familiares, y que se antepone 
a los planes y proyectos de cada uno de los miembros 
de la familia, lo que en muchas ocasiones les resta 
posibilidades de desarrollo y crecimiento y colectivo. 
En el otro extremo se encuentra la reacción centrífuga 
en la que la familia delega en uno de sus miembros el 
cuidado de la persona con discapacidad y el contacto 
con los servicios sociales y de salud, lo que supone 
una fisura de la unidad familiar y una sobrecarga 
física y emocional para el cuidador Klornblit, (1984, 
citado por Polaino- Lorente, 2000).
Las tareas del cuidado en la cultura occidental, 
particularmente en la cultura latinoamericana, son 
principalmente delegadas en manos femeninas. 
Las dinámicas al interior de la familia latina están 
determinadas por los roles de género tradicionales: el 
machismo y el marianismo. A través del machismo se 
determina que el hombre, es el protector, proveedor y 
el responsable por el honor, bienestar y felicidad de la 
familia. Por su parte el marianismo está basado sobre 
la veneración católica a la Virgen Maria, quien es 
virgen y madre. El concepto subyacente al marianismo 
es que las mujeres son espiritualmente superiores a 
los hombres y por ello capaces de soportar todo el 
sufrimiento, incluido el que representa el abandono 
del hogar por parte de sus parejas (Gil y Vásquez, 1996 
citados por Stone, 2005). Desde este rol cultural de 
género las mujeres son las cuidadoras por excelencia 
aunque en general no reciben la misma cantidad ni 
calidad del cuidado proveído (Stone 2005).
Esta lectura cultural de la mayoría femenina en el 
desempeño de las tareas del cuidado se evidencia 
en los resultados de la Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo –ENUT-, desarrollada por el DANE entre 
2012 y 2013. De acuerdo con la ENUT, el 22.8% de 
las mujeres vs el 4.4% de los hombres encuestados 
desarrolla tareas de cuidado físico a miembros del 
hogar. Las actividades de cuidado físico incluyen: 
1. Alimentar a una persona o ayudarle a hacerlo. 
2. Bañar o vestir a una persona o ayudarle a hacerlo. 
3. Suministrar medicamentos, hacer terapias o 
dar tratamiento a enfermedades (DANE, 2014). 
Si bien la encuesta incluyó preguntas específicas 
sobre el cuidado requerido por las personas con 
discapacidad y la persona que lo provee, los 
resultados presentados aquí incluyen el cuidado 
prestado a niños y niñas pequeños, personas con 
23
discapacidad y adultos mayores, sin diferenciar. 
Independientemente de la persona receptora del 
cuidado, es claramente evidente que en nuestro país 
el cuidado sigue siendo una tarea feminizada, cuyas 
implicaciones se hacen presentes en el nivel micro y 
macrosocial.
Usualmente, el cuidado es proveído por los llamados 
cuidadores informales quienes, en general, no han 
recibido ni la capacitación para la ejecución de dichas 
tareas ni el reconocimiento económico o social por 
dicha ejecución pese al alto impacto que sobre 
su salud física y mental, su interacción social y sus 
oportunidades laborales y de desarrollo humano 
puede tener la dedicación exclusiva a las tareas de 
cuidado (Cardenas, 2008). 
La labor desempeñada por los cuidadores informales 
tiene efectos positivos en el nivel micro, en el cual se 
posibilita la mejora en la calidad de vida de la persona 
beneficiaria del cuidado, tanto como en el nivel macro 
donde su labor asume una responsabilidad que 
corresponde al Estado y a las entidades encargadas 
del bienestar de los ciudadanos, brindando un cuidado 
que dichas instituciones no están en capacidad de 
proveer en términos de calidad ni de financiamiento 
(WHO, 2002). Sin embargo, las tareas del cuidado 
también tienen efectos negativos tanto micro como 
macrosociales; a nivel micro, la ausencia de garantías 
laborales, asistencia económica y cobertura en los 
programas de protección social para los cuidadores 
impacta de forma directa sobre la economía de las 
familias incrementando sus niveles de pobreza, 
con todo lo que esto implica; a nivel macro, el 
desaprovechamiento de la mano de obra calificada 
que se encuentra dedicada a las tareas del cuidado 
puede llegar a afectar de forma importante a las 
economías nacionales (WHO, 2002). 
Los planteamientos previamente presentados son 
ilustrados en la caracterización de 371 familias de 
niños y adolescentes con discapacidad que participan 
en la Estrategia Unidades de Apoyo y Fortalecimiento 
Familiar UNAFA del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –ICBF- (2010). Dichas familias viven bajo 
condiciones de pobreza, manifestada en que el 73% 
de ellas reciben ingresos iguales o inferiores a un 
salario mínimo y un 72% se encuentra afiliado al 
Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud o 
bien se encuentra en la categoría de vinculado (9%), 
lo cual es indicativo de su ausencia de vinculación 
laboral formal. Estas familias son nucleares en un 
36% y monoparentales femeninas en un 37% y se 
caracterizan porque su cohesión es conectada (63%) 
y su adaptabilidad flexible (53%). En ellas las tareas 
del cuidado se encuentran en manos de mujeres 
(87%), mayores de 30 años (86%), con bajo nivel 
de escolaridad, quienes según sus propios relatos 
han abandonado sus propios proyectos de vida para 
dedicarse al cuidado de su hijo con discapacidad.
Ante este panorama en relación con la situación de las 
familias de las personas con discapacidad, la Política 
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 
incluye acciones específicas quebuscan mejorar 
sus condiciones sociales y económicas, garantizar 
sus derechos y promover su desarrollo como 
sujeto colectivo y el de cada uno de sus miembros, 
incluyendo por supuesto a las propias personas con 
discapacidad. Dichas acciones se fundamentan en el 
marco de referencia de la compensación y la cohesión 
social, que será ampliado más adelante en este texto.
24
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
La promulgación de la Constitución Política de 1991 
fue el hito que dio inicio al desarrollo del marco 
jurídico, que enmarcado en la lógica del Estado Social 
de Derecho y regido por el principio de igualdad y 
dignidad humana, determina y busca garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad y 
establecer las obligaciones del Estado y la sociedad 
en este ámbito.
A continuación se presenta una panorámica de dicho 
marco jurídico, para lo cual se incluyen alusiones a 
los tratados internacionales vinculantes suscritos por 
Colombia, al marco constitucional, y a la normatividad 
posterior a la promulgación de la Constitución Política 
de 1991 en materia de discapacidad; así como, normas 
internacionales que aunque no son vinculantes han 
servido de referencia para la construcción del marco 
jurídico nacional.
2.1. Marco legal internacional
2.1.1. Tratados de derechos humanos
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política 
de Colombia, los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos prevalecen sobre las normas nacionales, 
incluyendo los preceptos constitucionales, las cuales de-
berán ser interpretadas a la luz de estos tratados. 
Colombia ha ratificado numerosos tratados 
internacionales de derechos humanos que contienen 
normas transversales y ofrecen un marco general de 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 
Entre los tratados de derechos humanos de 
obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano 
y que son de aplicación directa en Colombia con 
rango constitucional están:
CONVENCIÓN AÑO
LEY 
APROBATORIA
PROPÓSITO
Convención sobre 
los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad
2006 Ley 1346 de 2009
El propósito de esta Convención es promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales por todas las personas con discapacidad, y promo-
ver el respeto de su dignidad inherente.
Convención sobre 
los Derechos 
del Niño
1990 Ley 12 de 1991
A efectos de esta Convención los Estados Partes 
respetarán los derechos enunciados en ella y “asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales” (Artículo 2º).
Tabla 9. Tratados de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano
2
25
CONVENCIÓN AÑO
LEY 
APROBATORIA
PROPÓSITO
En el artículo 23 del numeral 1 se reconoce que los ni-
ños y niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y fa-
ciliten la participación activa del niño en la comunidad”. 
Convención sobre 
los Derechos 
del Niño
1990 Ley 12 de 1991
A efectos de esta Convención los Estados Partes 
respetarán los derechos enunciados en ella y “asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales” (Artículo 2º).
Convención contra 
la Tortura y otros 
Tratos Crueles 
Inhumanos o 
Degradantes
1987 Ley 70 de 1986
“Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 
administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces 
para impedir los actos de tortura en todo territorio que 
esté bajo su jurisdicción” (Numeral 1º, Artículo 2º). 
Convención para 
Eliminar todas 
las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 
(CEDAW)
1981 Ley 51 de 1981
En aras de cumplir lo establecido en la CEDAW “los 
Estados Partes condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer” (Artículo 2º).
Convención para 
la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 
Racial
1969 Ley 22 de 1981
Por medio de esta Convención “los Estados Partes 
condenan la discriminación racial y se comprometen a 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas y a promover el entendimiento 
entre todas las razas” (Artículo 2º).
Americana sobre 
Derechos Humanos
1969 Ley 16 de 1972
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social” (Numeral 1º, Artículo 1º).
26
2.1.2. Instrumentos normativos internacionales en 
materia de discapacidad 
Como respuesta a las adversas condiciones a las que 
se ha visto enfrentada históricamente la población 
con discapacidad (OMS, 2011), se ha reconocido 
por consenso internacional la necesidad de generar 
instrumentos normativos rectores que orienten 
la acción mundial hacia la promoción, protección 
y aseguramiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad. Entre estos instrumentos se destacan: 
• Convenio sobre la readaptación profesional y el 
empleo (personas “inválidas”), 1983; 
• Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas 
Integrales para las Personas con Discapacidad en 
el Área Iberoamericana, 1992; 
• Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportuni-
dades para las Personas con Discapacidad, 1993; 
• Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Contra las Per-
sonas con Discapacidad, 1999; 
• Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 2006. 
En el Anexo 1 se presenta una breve reseña de cada 
uno de los instrumentos, previamente listados. 
Como se puede observar a través de la revisión 
presentada, e¬¬l Sistema de Naciones Unidas ha 
venido generando una profunda reflexión frente a 
la crítica situación de las personas con discapacidad 
a nivel mundial, resaltando que la generación de 
acciones en procura de la mejora en sus condiciones 
de vida entraña un compromiso social ineludible a 
nivel estatal, institucional y social, que ha demandado 
la formulación, implementación y ejecución de 
mecanismos políticos, normativos y administrativos 
multilaterales para el reconocimiento de los derechos 
humanos de este colectivo, que buscan el ejercicio 
pleno y goce de éstos en igualdad de condiciones 
a los demás ciudadanos (Parra y Londoño, 2004). 
En el marco de los derechos reconocidos por estas 
normas se insta a los Estados a eliminar las barreras y 
equiparar las oportunidades en los ámbitos de la vida 
en familia, la educación, el trabajo, la seguridad social, 
y la integridad personal, la cultura, la recreación y el 
deporte, entre otros.
2.2. Marco normativo nacional
2.2.1. Marco constitucional
Como fue mencionado al inicio de este apartado, 
la Constitución Política de Colombia, promulgada 
en 1991, es el hito que marca el inicio de la era 
de cambio y desarrollo del corpus normativo 
cuya finalidad es la promocióny garantía de los 
derechos de las personas con discapacidad. La 
Constitución Política de Colombia compromete al 
Estado Nacional a asegurar para sus ciudadanos los 
derechos fundamentales en condiciones de igualdad 
y justicia. Establece que Colombia es un Estado 
Social de Derecho, fundado, entre otras cosas, en 
el respeto de la dignidad humana. De acuerdo con 
Nussbaum (2007), la dignidad humana se entiende 
como un rasgo inherente a todas las personas, 
independientemente de sus capacidades o aportes 
reales o potenciales a la sociedad. En este sentido, 
la Constitución desde sus principios y su articulado 
sobre discapacidad permite proteger los derechos 
de las personas con discapacidad y propender por el 
respeto de su dignidad humana mediante i) la lucha 
contra la discriminación, ii) el reconocimiento de 
algunos derechos específicos para esta población y 
iii) la comprensión de los derechos y necesidades de 
forma integral y holística (Parra y Londoño, 2004).
14 Cabe mencionar que los artículos constitucionales utilizan un lenguaje que no se adapta a los postulados de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. En repetidas ocasiones se utilizan expresiones como “minusválido”, las cuales han sido objeto de revisión 
constitucional al considerar que atentan contra la dignidad humana de las personas con discapacidad
27
Uno de los pilares fundamentales de la Constitución 
de 1991 es el artículo 13 en el cual se consagra 
el principio de igualdad para todos ciudadanos 
colombianos. En este artículo se establece que todas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley y, en 
esta medida, deben recibir la misma protección 
y trato de las autoridades y gozar de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. Asimismo, se consagra que el Estado debe 
promover las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y deberá entonces adoptar medidas 
en favor de los grupos discriminados o marginados. 
Según este mandato, el Estado también debe proteger 
a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta. 
Dentro del articulado constitucional se hace alusión 
expresa a los derechos fundamentales de aquellas 
personas que gozan de especial protección ante la ley 
como es el caso de las personas con discapacidad. En 
la Constitución se establecen mandatos específicos 
sobre los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, 
a la participación y a la cultura de las personas con 
discapacidad, consagrando así la responsabilidad 
del Estado de eliminar las barreras que limitan su 
participación y plena inclusión social.
En cuanto al derecho fundamental a la salud, en los 
artículos 47, 48 y 49 de la Constitución14 se determinó 
que el Estado debe adelantar una política de previsión, 
rehabilitación e inclusión social para las personas con 
discapacidad y que se debe garantizar el acceso a la 
seguridad social y a servicios médicos oportunos y de 
calidad para todos los ciudadanos.
En cuanto al derecho al trabajo, en el artículo 54 se 
establece que el Estado debe garantizar el derecho de 
las personas con discapacidad “a un trabajo acorde 
con sus condiciones de salud” y consagra que este 
se debe desarrollar en condiciones dignas y justas. 
En la Constitución se define entonces que el derecho 
al trabajo es tanto una obligación social como un 
derecho fundamental.
Respecto al derecho a la educación, en el artículo 68 se 
consagra que el Estado tiene la obligación de erradicar 
el analfabetismo y debe garantizar el acceso a educa-
ción de calidad a las personas con discapacidad. A la 
vez, se establece que la educación es un derecho fun-
damental de todos los niños y niñas y, en esta medida, 
se debe garantizar no solo el acceso, sino la permanen-
cia y los ajustes que requieran para que la experiencia 
educativa sea exitosa. En relación con el acceso a la 
cultura, en la Carta Política se consagró el derecho de 
todos los ciudadanos a la recreación, el deporte y las 
actividades culturales (artículos 52 y 70).
2.2.2. Normatividad nacional en materia de 
discapacidad e inclusión social
Sentadas las bases constitucionales y en desarrollo de 
su mandato, que podría verse como el faro que guía el 
actuar en materia de la garantía de derechos humanos 
a nivel nacional, surge un conjunto de normas cuyos 
propósitos varían desde las disposiciones generales 
que abarcan a toda la población con discapacidad, 
pasando por las normas dirigidas a algunos sectores 
específicos de esta población (como es el caso de 
la población sorda o las personas con talla baja), 
hasta llegar a las reglamentaciones que regulan la 
garantía de derechos y la prestación de servicios en 
áreas específicas como la educación, la salud y el 
trabajo, entre otros. Así, a partir de la expedición de 
la Constitución de 1991 se ha venido consolidando 
un marco jurídico que determina y busca garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad y al 
mismo tiempo establece las obligaciones del Estado y 
la sociedad para con ellos. 
Entre el conjunto de leyes derivadas de la 
Constitución se destaca la Ley 361 de 1997, primer 
instrumento normativo a nivel nacional que busca 
reconocer y establecer mecanismos para la garantía 
de los derechos y promover la inclusión social de las 
personas con discapacidad. 
28
Siete años después surge el Conpes Social 80 de 
2004, a través del cual se expidió la Política Pública 
Nacional de Discapacidad, política que se enmarcaba 
en el contexto de la protección y el manejo social 
del riesgo. Por tanto, contemplaba estrategias para 
que las personas, las familias, las organizaciones 
no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus 
instituciones, pudieran prevenir el riesgo, mitigar 
y superar la materialización del mismo, y reducir la 
vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el 
bienestar de la población y su capital humano. 
Otro hito normativo importante en la garantía de 
los derechos de las personas con discapacidad 
es la expedición del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, mediante la Ley 1098 de 2006, que en 
su artículo 36 establece los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad. Dicho artículo 
establece que “además de los derechos consagrados 
en la Constitución Política y en los tratados y convenios 
internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes 
con discapacidad tienen derecho a gozar de una 
calidad de vida plena, y a que se les proporcionen 
las condiciones necesarias por parte del Estado para 
que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 
sociedad”. De forma especifica define que tienen 
derecho “al respeto por la diferencia y a disfrutar de 
una vida digna en condiciones de igualdad con las 
demás personas”, “a recibir atención, diagnóstico, 
tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, orientación y apoyo 
a los miembros de la familia o a las personas 
responsables de su cuidado y atención”, “a la 
educación gratuita en las entidades especializadas 
para el efecto” y “a ser destinatarios de acciones y 
de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 
permitir la participación”.
Posteriormente, en el año 2007 es promulgada la 
Ley 1145 por la cual se organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad, cuyo objeto es “impulsar la 
formulación e implementación de la política pública 
en discapacidad, en forma coordinada entre las 
entidades públicas del orden nacional, regional y local, 
las organizaciones de personas con y en situación 
de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de 
promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, 
en el marco de los Derechos Humanos” (Artículo 
1º). Igualmente, se establece que “la formulación 
de políticas macroeconómicas y sectoriales, se 
hará en forma articulada con los diferentes actores 
institucionalesy sociales involucrados, teniendo en 
cuenta la situación de la discapacidad en el país” 
(Parágrafo 1º, Artículo 1º). En esta ley se dispone 
que la Política Pública Nacional de Discapacidad 
debe estar orientada por los siguientes principios 
generales: enfoque de derechos, equidad, solidaridad, 
coordinación, integralidad, corresponsabilidad 
social, sostenibilidad, transversalidad y concertación 
(Artículo 3º). En el siguiente apartado se abordará 
con mayor profundidad el Sistema Nacional de 
Discapacidad.
Una nueva era en el desarrollo normativo en materia 
de discapacidad en Colombia nace con la aproba-
ción de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que en el país toma cuerpo 
mediante la Ley 1346 de 2009, y es ratificada me-
diante la Sentencia C-293/10 de la Honorable Corte 
Constitucional. Se trata de la primera convención de 
derechos del siglo XXI, cuyo propósito es “promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapaci-
dad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 
La Convención refleja una fuerte influencia del 
modelo social, el cual entiende la discapacidad, como 
la resultante de la interacción de las deficiencias 
corporales que presentan las personas, con las 
barreras actitudinales, físicas y comunicacionales 
que se encuentran en el entorno. Enfatiza que los 
derechos que consagra son igualmente aplicables a 
la población sin discapacidad, señala los mecanismos 
que los Estados deben implementar para permitir 
el pleno goce de ellos por parte de la población 
con discapacidad y plantea los escenarios donde se 
requieren adaptaciones para lograrlo.
29
Al hacer parte del bloque de constitucionalidad 
(artículo 93 de la Constitución Política de Colombia), 
la Convención tiene la misma fuerza de ley que las 
normas constitucionales y, por lo tanto, con su 
ratificación el Estado colombiano se comprometió 
a reformar todas las leyes, normas y políticas a 
través de las cuales se discrimine a las personas con 
discapacidad. Sobre este punto se debe tener en 
cuenta que se trata de modificaciones que deben 
seguir el principio de progresividad de las políticas 
y, por lo tanto, se deben realizar las modificaciones 
necesarias en un tiempo razonable. Además, en el 
artículo 4º se resalta que en la elaboración y aplicación 
de legislación y políticas para hacer efectiva la 
Convención, los Estados Partes “celebrarán consultas 
estrechas y colaborarán activamente con las personas 
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 
discapacidad, a través de las organizaciones que 
las representan”, estableciendo así un mandato de 
participación en el diseño de las políticas públicas 
sobre discapacidad. En la Figura 2 se presenta un 
esquema con la estructura y contenido general de 
la Convención, agrupado según los tipos de derecho 
que consagra. 
30
Figura 2. Estructura y contenido general de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Disca pacidad 
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~. ; -- ..... ,......., 
31
Sobre la base que establece la aprobación y ratificación 
de la Convención y con el concurso y participación de 
los ciudadanos colombianos y de las organizaciones 
de la sociedad civil, en febrero de 2013 fue promulga-
da la Ley Estatutaria 1618. Esta ley tiene por objetivo 
garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los dere-
chos de las personas con discapacidad, mediante la 
adopción de medidas de inclusión, de acciones afirma-
tivas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda 
forma de discriminación por razón de discapacidad. 
El gran avance de esta ley está en el hecho de 
que se asignan responsabilidades concretas a 
actores específicos en relación con la expedición 
de políticas, acciones y programas o con las 
ejecuciones de ajustes razonables que contribuyan 
a garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión plena. 
Igualmente contempla acciones transversales que 
comprometen a los diferentes sectores, al igual 
que establece deberes para la sociedad civil. 
Así mismo, la Ley 1618 dicta medidas específicas 
para garantizar los derechos de los niños y las niñas 
con discapacidad, el acompañamiento a las familias, 
el derecho a la habilitación y rehabilitación, a la sa-
lud, a la educación, a la protección social, al trabajo, 
al acceso y accesibilidad, al transporte, a la vivien-
da, a la cultura y al acceso a la justicia, entre otros.
Este corpus normativo, enmarcado en el mode-
lo social de la discapacidad y el paradigma de 
los derechos humanos, se constituye en la base 
para alcanzar el logro de la inclusión social de 
las personas con discapacidad y sus familias, tal 
como estaba expuesto en el plan nacional de de-
sarrollo “Prosperidad para todos. 2010-2014”. 
Además de las normas previamente reseñadas, 
existe un conjunto de instrumentos normativos re-
ferentes a temas específicos que se han agrupa-