EL DERECHO PROCESAL

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DERECHO PROCESAL
El derecho procesal es una rama del derecho público que contempla el conjunto de normas, códigos y formas del proceso judicial, es decir, que ordena y regula los requisitos, efectos y métodos en que el Estado imparte la justicia.
El derecho procesal contempla los mecanismos, modos y procedimientos que estipula la ley para resolver correcta y formalmente los litigios planteados por las partes en disputa, mediante un método y una decisión que se atengan a los hechos afirmados y probados y a lo contemplado por el derecho aplicable.
RAMAS
· El derecho procesal civil. Tiene que ver con las disputas que ocurran en el marco de la sociedad y que precisen de la decisión justa del Estado para resolverse, sin implicar violaciones punibles a la ley.
· El derecho procesal penal. Tiene que ver en cambio con la impartición de justicia cuando se han quebrantado leyes y se hace preciso una acción de justicia para impartir un castigo y/o llevar a cabo una reparación.
Fuentes del derecho procesal
El derecho procesal tiene como fuentes, por lo general, las comparaciones entre dos o más modelos de administración de justicia (derecho comparado). En ese sentido las fuentes pueden ser de tres tipos:
· Fuentes formales. Cuando se trata de normas aceptadas por el derecho positivo en cuestión.
· Fuentes históricas. Cuando se trata de normas derogadas que constituyen el pasado jurídico de una nación.
· Fuentes materiales. Cuando se trata de la jurisprudencia escrita en tratados explícitos como la Constitución y las Leyes y Códigos procesales.
Importancia del derecho procesal
El derecho procesal es fundamental en la búsqueda de la justicia y la paz por parte de las sociedades. Su doctrina es precisamente la encargada de garantizar la justeza, la objetividad, la conformidad de los procedimientos de justicia con el marco general de la ley, y esto es clave para que existan instituciones sólidas en el Estado.
Un Estado robusto, en el que todos sus ciudadanos crean, es la base para una sociedad más justa y más pacífica, en la que no haga falta desconfiar de quienes ejercen la justicia, no haya errores en el proceso de impartirla, y se pueda confiar en el sistema.