Introduccion al Derecho Administrativo

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DERECHO ADMINISTRATIVO 
El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la organización y 
funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los ciudadanos. Su 
objetivo es garantizar que la administración pública actúe de manera eficiente, transparente y en 
cumplimiento de la legalidad. 
Uno de los principios fundamentales del derecho administrativo es la jerarquía, que 
establece la subordinación de todos los órganos de la administración pública a un órgano superior. 
Esta jerarquía garantiza la coherencia y la unidad de actuación de la administración, evitando 
conflictos o duplicidades en su funcionamiento. 
Otro principio importante es el de legalidad, que establece que la administración pública 
debe actuar siempre en cumplimiento de la ley y respetando los derechos de los ciudadanos. Esto 
significa que la administración no puede actuar de manera arbitraria o discrecional, sino que debe 
fundamentar sus decisiones en la normativa legal vigente. 
Además, el principio de legalidad implica que los actos y decisiones de la administración 
pública pueden ser revisados y controlados por los tribunales de justicia, para garantizar su 
conformidad con la ley. Esto se conoce como control jurisdiccional de la administración, y es un 
mecanismo fundamental para garantizar la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la 
administración pública. 
Otro aspecto importante del derecho administrativo es la regulación de los procedimientos 
administrativos, que son las reglas y trámites que la administración pública debe seguir para la 
adopción de sus decisiones. Estos procedimientos deben garantizar la participación de los 
ciudadanos, la transparencia de la actuación administrativa y la posibilidad de recurso en caso de 
disconformidad con las decisiones de la administración. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula los recursos administrativos y los 
recursos contencioso-administrativos, que son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos 
pueden impugnar las decisiones de la administración pública ante los tribunales de justicia. Estos 
recursos son fundamentales para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los 
actos de la administración. 
Otro aspecto importante del derecho administrativo es la regulación de la responsabilidad 
de la administración pública, que establece las condiciones en las cuales la administración puede ser 
considerada responsable por los daños causados a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. 
Esta responsabilidad puede ser patrimonial, cuando la administración causa un daño económico a 
un ciudadano, o extracontractual, cuando el daño no se deriva de una relación contractual entre la 
administración y el ciudadano. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula la responsabilidad de los 
funcionarios públicos, estableciendo las normas y procedimientos para sancionar su actuación 
contraria a la legalidad o a los principios éticos y deontológicos de la función pública. Estas 
sanciones pueden ir desde la admonición o la suspensión hasta la destitución del funcionario 
público, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. 
Otro aspecto importante del derecho administrativo es la regulación de los contratos 
administrativos, que son los acuerdos celebrados por la administración pública con particulares para 
la realización de obras, la prestación de servicios o el suministro de bienes. Estos contratos están 
sometidos a normas especiales de derecho administrativo, que establecen las condiciones y los 
procedimientos para su celebración, ejecución y resolución. 
Además, el derecho administrativo regula la organización y el funcionamiento de los 
órganos y entidades de la administración pública, estableciendo sus competencias, sus relaciones 
entre sí y con los ciudadanos, y los procedimientos para la adopción de sus decisiones. Este aspecto 
del derecho administrativo es fundamental para garantizar la eficacia y la eficiencia de la 
administración pública en el cumplimiento de sus funciones. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula la función pública, estableciendo 
las normas y principios que deben regir la selección, la formación, la carrera y la retribución de los 
funcionarios públicos. Estas normas tienen como objetivo garantizar la profesionalidad, la 
imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de la función pública, así como la eficacia y la 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
Además, el derecho administrativo regula la actividad de la administración pública en 
sectores específicos, como la sanidad, la educación, la seguridad social, el medio ambiente, el 
urbanismo, el transporte o la energía. Esta regulación sectorial tiene como objetivo garantizar la 
prestación de servicios públicos de calidad, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la 
protección del interés general en estos ámbitos de actividad. 
Otro aspecto importante del derecho administrativo es la regulación de la contratación 
pública, que es el conjunto de normas que rigen los procesos de selección y adjudicación de los 
contratos públicos, así como su ejecución y control. Estas normas tienen como objetivo garantizar la 
transparencia, la igualdad de trato, la concurrencia y la eficacia en la contratación pública, así como 
la lucha contra la corrupción y el fraude en este ámbito. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula la responsabilidad de las 
empresas y los particulares que contratan con la administración pública, estableciendo las sanciones 
y las medidas de control para prevenir y sancionar la corrupción y el fraude en la contratación 
pública. Esta regulación es fundamental para garantizar la integridad y la transparencia en la 
contratación y la gestión de los recursos públicos. 
Además, el derecho administrativo también regula la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos frente a la actuación de la administración pública, estableciendo 
las garantías y los mecanismos de defensa necesarios para proteger la libertad, la igualdad, la 
seguridad y la dignidad de las personas. Esta protección se realiza a través de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, que es la vía judicial especializada en el control de la legalidad de la 
actuación administrativa. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula la responsabilidad de la 
administración pública por los actos y omisiones que vulneren los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, estableciendo las normas y los procedimientos para reparar el daño causado y obtener 
la indemnización correspondiente. Esta responsabilidad es fundamental para garantizar la 
protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública y para prevenir los 
abusos de poder y las arbitrariedades en su actuación. 
Otro aspecto importante del derecho administrativo es la regulación de la función pública 
internacional, que regula las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales en el 
ejercicio de la función pública. Esta función pública internacional tiene como objetivo garantizar la 
cooperación y la solidaridad entre los Estados, así como la protección de los derechos de los 
ciudadanos en el ámbito internacional. 
En este sentido, el derecho administrativo también regula la responsabilidad internacional 
de los Estados por los actos y omisiones de sus autoridades en el ejercicio de la función pública, 
estableciendo las normas y los procedimientos para reparar el daño causado a los ciudadanos 
extranjeros y obtener la indemnización correspondiente. Esta responsabilidad es fundamental para 
garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito internacional y para 
prevenir los abusos de poder y las arbitrariedades en la actuación de los Estados. 
En resumen, el derecho administrativo es unarama del derecho público que regula la 
organización y el funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y 
los ciudadanos. Su objetivo es garantizar que la administración pública actúe de manera eficiente, 
transparente y en cumplimiento de la legalidad, protegiendo los derechos de los ciudadanos y 
promoviendo el interés general. Para ello, el derecho administrativo establece los principios, las 
normas y los procedimientos que deben regir la actuación de la administración, así como los 
mecanismos de control y de defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la administración 
pública. En este sentido, el derecho administrativo es una herramienta fundamental para garantizar 
la legalidad, la justicia y la eficacia en el funcionamiento de la administración pública, así como 
para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en su relación con la administración.