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Revista del CLAD Reforma y Democracia
ISSN: 1315-2378
cedai@clad.org
Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo
Venezuela
Font, Joan; Blanco, Ismael
¿Qué hay detrás de la oferta de participación? El rol de los factores instrumentales e ideológicos en
los mecanismos españoles de participación
Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 31, febrero, 2005, pp. 1-17
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
Caracas, Venezuela
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Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 31. (Feb. 2005). Caracas. 
 
 
 
¿Qué hay detrás de la oferta de participación? El rol de los factores instrumentales e ideológicos 
en los mecanismos españoles de participación*
 
Joan Font e Ismael Blanco 
 
Introducción 
La realidad cotidiana de las administraciones locales en Europa o en América Latina sigue estando 
basada en gobiernos municipales que operan regularmente con una estructura y una lógica propias de la 
democracia representativa. Sin embargo, la última década del siglo XX vio emerger junto a esta 
realidad dominante una presencia creciente de procesos y experiencias de participación ciudadana en la 
toma de decisiones locales. Se trata aún de una realidad que sólo aparece en algunos municipios o que 
ocupa un lugar periférico incluso en muchos de los municipios donde estas experiencias se han 
impulsado. Pero al mismo tiempo, la cantidad de congresos y debates celebrados al respecto, el 
creciente número de publicaciones sobre el tema o la aparición de redes de ciudades que intercambian 
información sobre el tema parece no dejar lugar a dudas respecto al crecimiento de la presencia de 
estos espacios. 
Aunque la reflexión sobre estos mecanismos1 ha crecido, la mayor parte de los análisis realizados 
hasta ahora se han centrado en dos grandes temas. En primer lugar, encontramos a todos aquellos que 
se han centrado en por qué los políticos deberían impulsar experiencias de participación ciudadana. Es 
decir, en el debate normativo sobre la necesidad, las bondades o los problemas de estos procesos de 
participación. En síntesis, estos trabajos apuntan a tres grandes argumentos: la participación como 
respuesta a la crisis de legitimidad de la democracia representativa (Norris, 1999; Pharr y Putnam, 
2000); la participación como estrategia de mejora del rendimiento de las políticas públicas en un 
contexto de complejidad e incertidumbre (Stewart, 1995; Stoker, 2000; Goss, 2001; Kooiman, 2003); y, 
finalmente, la participación como componente necesario de la democracia (Barber, 1984) y la creación 
de capital social como ingrediente básico para el buen funcionamiento de los sistemas políticos 
democráticos (Putnam, 1993). 
El segundo tema más tratado ha sido el cómo organizar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones: la descripción o el debate sobre las metodologías más apropiadas, los criterios con que 
analizar el buen o mal funcionamiento de las experiencias, o los diversos tipos de consecuencias que 
pueden tener han sido algunos de los temas tratados para procesos tan diversos como referendos, 
consejos consultivos, jurados ciudadanos, encuestas deliberativas, etc. (Cunill, 1997; Fishkin, 1995; 
Font, 2001). 
En este trabajo nos formulamos una pregunta de naturaleza distinta a las anteriores: ¿por qué 
aquellos que tienen responsabilidades de gobierno deciden impulsar mecanismos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas? La pregunta toma sentido si tenemos en cuenta que en la 
gran mayoría de países estos gobernantes locales que optan por abrir espacios de participación no 
tienen la obligación legal de hacerlo. Además, con algunos de estos procesos estos gobernantes parecen 
abrir un camino hacia la propia autolimitación de sus atribuciones, cuando contribuyen cuando menos a 
generar un lenguaje y unas expectativas de que van a compartir parcelas de poder con la ciudadanía. 
¿Por qué sin necesidad legal de hacerlo se ceden unos espacios de poder a la ciudadanía, cuando en una 
lógica estrictamente jurídica y de suma cero ese es un poder que están cediendo los gobernantes 
locales?2 Sin necesidad de pensar que todos los actores sociales y políticos actúan con una lógica 
estrictamente instrumental y egoísta, sí parece interesante plantearse en todo caso cuál es el tipo de 
racionalidad que lleva a dicha cesión aparente de recursos de poder. 
 
(*) Versión revisada del documento presentado en el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
la Administración Pública, celebrado en Madrid, España, del 2 al 5 de noviembre de 2004. 
 
 
Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 31. (Feb. 2005). Caracas. 
 
 
Por otro lado, la propia realidad empírica -en la que algunos gobiernos locales optan muy 
claramente por la participación, otros abren algunos espacios parciales y otros muchos no crean 
ninguno- nos plantea la segunda gran pregunta que motiva este trabajo: ¿por qué unos sí y otros no? 
¿Hay alguna lógica ideológica, instrumental o estructural que nos ayude a comprender cuáles son los 
gobiernos locales que apuestan por la participación y cuáles no? 
El trabajo se estructura en dos grandes secciones, seguidas de unas breves conclusiones finales. 
En la primera parte apuntaremos algunas hipótesis acerca de por qué los políticos locales ponen en 
marcha procesos de participación, y mostraremos los resultados básicos de una investigación que 
realizamos sobre esta cuestión a partir del análisis de diversos municipios de Cataluña. En la segunda 
parte exploraremos con más detalle hasta qué punto podemos contrastar empíricamente una de las 
causas que comúnmente se identifican como explicativa del por qué los gobiernos impulsan 
mecanismos de participación ciudadana: la voluntad de contribuir con ello a mejorar sus resultados 
electorales en las próximas convocatorias. En este caso, y tal como se explica con más detalle en la 
segunda parte, se ha trabajado con una muestra de municipios, la mayor parte de los cuales se sitúa 
también en Cataluña, aunque otros se sitúan en otras zonas de España. El énfasis prioritario en las 
experiencias desarrolladas en Cataluña (Comunidad Autónoma ubicada al noreste de España, cuya 
capital es la ciudad de Barcelona) se explica no sólo por la proximidad al equipo de investigación, sino 
por el desarrollo más extendido que en esta zona han tenido las experiencias de participación a nivel 
municipal (Colino …[et al], 2003). 
Ambas partes se corresponden con dos proyectos de investigación que se han desarrollado de 
forma coordinada a lo largo del curso 2003-2004, por un equipo de investigadores de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, con el apoyo intelectual y financiero de la Fundación Jaume Bofill3. 
 
1. Las razones de la participación 
 
1.1. Metodología 
La primera de las investigaciones en que se basa este trabajo se fundamenta, metodológicamente, en los 
siguientes aspectos: 
• En primer lugar, realizamos una selección de 15 municipios catalanes partiendo de dos 
variables de control: el partido de gobierno en la última legislatura (1999-2003) -pretendíamos tener en 
la muestra municipios gobernados tanto por partidos de izquierda como por partidosconservadores-; y 
las características territoriales del municipio -básicamente, pretendíamos tener en la muestra 
municipios de las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona) y con tamaños 
relativos diversos respecto al tamaño medio municipal de la provincia (Cuadro N° 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Cuadro N° 1 
Clasificación de los municipios seleccionados 
 
 Partido de gobierno 1999-2003 
 CiU PSC Otros 
Girona 
Lleida Grande Tarragona 
Reus 
Rubí 
Sant Feliu de Llobregat 
Banyoles Mediano Palamós Igualada 
Valls 
L’Escala Arbúcies 
Sitges 
Ta
m
añ
o 
re
la
tiv
o 
Pequeño 
Ribera d’Ondara 
 
Esparreguera 
 
• En segundo lugar, para cada uno de los 15 municipios seleccionados, realizamos un doble 
trabajo: por una parte, identificar el conjunto de experiencias participativas que han tenido lugar en el 
municipio; y por otra parte, realizar una serie de entrevistas a algunas personas representativas de 
distintos colectivos locales -concretamente, algún miembro del equipo de gobierno y preferentemente 
el responsable político de la participación ciudadana; algún miembro de alguno de los partidos políticos 
de la oposición; y finalmente, algún técnico en participación ciudadana de la administración local y 
alguna persona perteneciente al ámbito asociativo del municipio. Finalmente, se realizaron entre tres y 
cinco entrevistas por municipio, con un total de 60 entrevistas. 
Con la selección de municipios realizada no pretendíamos lograr ningún tipo de 
representatividad, sino básicamente tener casos suficientemente diversos entre sí -teniendo en cuenta 
las variables de control- para atender a una muestra de municipios heterogénea. Por otra parte, la 
apuesta por realizar entrevistas en profundidad limita el número y la pluralidad de agentes de los cuales 
podemos obtener sus opiniones, pero nos permite profundizar en sus discursos. Éste era, precisamente, 
el objetivo de la investigación: analizar en profundidad los discursos que distintos agentes generan 
sobre la participación ciudadana y las experiencias concretas de sus municipios. Entendíamos, por otra 
parte, que para explorar el por qué los gobernantes emprenden procesos de participación, debíamos 
contrastar sus opiniones con las de otros agentes que también hubieran estado involucrados en estas 
experiencias. En el Cuadro N° 2 se identifican cuáles son esas experiencias de participación para cada 
uno de los municipios de nuestra muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Cuadro N°2 
Experiencias de participación en los municipios analizados 
 
 
Municipio Experiencias identificadas 
Rubí Consejos Sectoriales, Consejo de los Niños, Reglamento de Participación, Jurados Ciudadanos, Plan Estratégico, Auditoría y Fórum Ambiental, Presupuestos Participativos 
Esparreguera Plan Estratégico Integral, Referéndum, Consejo General de la Villa, Consejos Sectoriales 
Igualada Reglamento de Participación, Defensor del Pueblo, Consejos Territoriales, Consejos Sectoriales 
Sant Feliu de 
Llobregat Consejos Sectoriales, Reglamento de Participación, Mesas de Barrio, Urbanismo Participativo 
Sitges Agenda 21 Local 
Arbúcies Plenos Municipales Participativos, Consejos Sectoriales, Referéndum, Autogestión de equipamientos, Comisiones, Asamblea por la Convivencia 
Girona Plan de Ciudad, Consejos Sectoriales 
L’Escala Jurados Ciudadanos, Referéndum 
Banyoles Reglamento de Participación 
Palamós Referéndum 
Lleida Agenda 21 Local, Fórum Ambiental, Reglamento de Participación, Consejos Sectoriales 
Ribera 
d’Ondara Exposición pública y alegaciones en el planeamiento urbanístico 
Valls Reglamento de Participación 
Tarragona Agenda 21 Local 
 
1.2. Las razones de la participación 
En el momento de plantearnos el por qué determinados gobiernos deciden impulsar mecanismos de 
participación ciudadana, se nos ocurren tres grandes tipos posibles de razones, que constituirán nuestras 
hipótesis de trabajo4: 
• el primer tipo de razones está relacionado con las características estructurales del municipio en 
cuestión (razones estructurales); 
• el segundo está relacionado con los rasgos ideológicos de los partidos que impulsan este tipo 
de procesos participativos o con el perfil político de las personas que los lideran (razones ideológicas o 
de perfil político); 
• el tercero, con posibles motivaciones estratégicas de los impulsores de este tipo de 
mecanismos de participación (razones estratégicas o instrumentales). 
 
 
 
 
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Razones estructurales 
Intuitivamente, parece que los municipios catalanes que cuentan con una intensidad participativa mayor 
-en relación con el número y la ambición de los procesos impulsados- son, principalmente, municipios 
grandes y medianos del entorno metropolitano de Barcelona. Los casos más paradigmáticos en este 
sentido son los municipios de Rubí y de Sant Feliu de Llobregat, donde durante los últimos 10 años se 
han impulsado algunas de las experiencias de participación más innovadoras en Cataluña y en el 
conjunto de España. En cambio, la intensidad participativa fuera del entorno de Barcelona, en pequeños 
municipios de base rural o de carácter turístico, parece haber sido menor. 
Sin embargo, del análisis detallado de los casos que conforman nuestra muestra, no podemos 
concluir que ni el tamaño de los municipios ni sus características socioeconómicas estén 
correlacionados significativamente con el impulso o no de mecanismos de participación ciudadana. 
Sant Feliu de Llobregat y Rubí son municipios de tamaño medio-grande comparados con el conjunto 
de municipios de Cataluña, de base industrial pero que experimentan un intenso proceso de 
terciarización en las últimas décadas, de base social eminentemente obrera pero con tendencias a la 
diversificación de su estructura social y que, recientemente, acogen importantes contingentes de 
inmigración procedente de países pobres o en vías de desarrollo. Por el contrario, otro municipio que se 
caracteriza por haber impulsado un gran número de experiencias de innovación democrática durante las 
dos últimas décadas es Arbúcies, un municipio con tan sólo 10.000 habitantes y con un peso del sector 
rural mucho mayor que en los dos casos anteriores. L’Escala, Palamós y Sitges cuentan con 
experiencias recientes de participación ciudadana a pesar de que su perfil difiere mucho de los tres 
casos mencionados hasta ahora: se trata de municipios pequeños, también, pero con una base 
económica íntimamente ligada al turismo. Lleida y Girona, por su parte, son municipios de tamaño 
grande pero sin una base industrial significativa, con economías tradicionalmente ligadas a los 
servicios, y con una composición social muy distinta a la de Rubí o Sant Feliu de Llobregat, y que sin 
embargo se han embarcado, también en los últimos años, en experiencias innovadoras de participación 
ciudadana. 
No obstante, nos aparecen otros rasgos estructurales de los municipios que estamos analizando 
que nos parecen más significativos. En primer lugar, la gran mayoría de municipios que forman parte 
de nuestra muestra se caracterizan por tener niveles de abstención electoral -en las elecciones 
municipales- habitualmente por encima de la media catalana, con la única excepción de Arbúcies. 
También con la única excepción de Ribera d’Ondara, la abstención electoral en los municipios que 
estamos analizando ha experimentado un fuerte aumento en las últimas convocatorias electorales 
municipales, si las comparamos con la de los años 80s, siguiendo una tendencia contraria al conjunto 
de Cataluña. Por lo tanto, nos parece plausible sostener que el impulso de la participación en estos 
municipios puede estar relacionado con el aumento de la abstenciónelectoral que, a su vez, puede ser 
un indicador de un proceso de creciente desafección democrática en estas localidades. El impulso de la 
participación en estos municipios, por lo tanto, puede estar relacionado con la intención de sus 
gobiernos de regenerar la cultura participativa local en un momento de crisis de afección democrática. 
Otra variable relacionada con las características estructurales de los municipios que estamos 
analizando nos aporta un poco más de luz a la cuestión que nos estamos planteando: el hecho que en la 
mayoría de municipios de nuestra muestra la competencia electoral ha ido claramente en aumento en 
los últimos años y, por lo tanto, las distancias entre los principales partidos políticos se ha ido 
reduciendo. En Rubí, por ejemplo, ha gobernado desde las primeras elecciones democráticas 
municipales en 1979 hasta 2003 la misma fuerza política: el PSUC (Partit Socialista Unificat de 
Catalunya), reconvertido a mediados de los 80s en ICV (Iniciativa per Catalunya Verds). Pero el 
momento en que este partido empieza a impulsar experiencias de innovación democrática coincide no 
sólo con un aumento de la abstención electoral, sino también con un declive de la base electoral de este 
partido y con un aumento significativo de los votos en el resto de los partidos políticos. En las 
elecciones de 1995, ICV pierde la mayoría absoluta y ya no la volverá a recuperar. En las elecciones de 
 
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2003 pierde las elecciones a favor del principal partido opositor, el PSC (Partit Socialista de 
Catalunya). Es justo en el período 1995-2003 cuando ICV impulsa las principales experiencias de 
innovación democrática en el municipio. 
Finalmente, el hecho que los municipios que se caracterizan por mostrar una mayor intensidad 
participativa en los últimos años sean municipios del entorno metropolitano de Barcelona nos lleva a 
constatar otro factor que parece haber favorecido el impulso de procesos participativos a escala local. 
Concretamente, en estos municipios se ha ido tejiendo recientemente una densa red de entidades de 
naturaleza diversa que parecen haber jugado un papel fundamental en la promoción de la participación 
a escala local: la Diputación de Barcelona (el organismo de gobierno provincial) y un organismo 
autónomo vinculado a ella (Patronat Flor de Maig); una fundación privada con gran proyección 
pública sobre el territorio, la Fundación Jaume Bofill; diversos grupos de investigación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona vinculados, fundamentalmente, a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología; y un número significativo de consultoras que se han ido especializando en el 
asesoramiento y la gestión de metodologías participativas. Este tipo de entidades están concentradas, 
básicamente, en el entorno metropolitano de Barcelona y parecen haber favorecido el impulso de 
experiencias de innovación democrática a escala local jugando diversos roles: la subvención financiera 
a los ayuntamientos que impulsaran este tipo de experiencias (un rol que ha sido desarrollado, 
principalmente, por la Diputación de Barcelona y la Fundación Jaume Bofill); el asesoramiento técnico 
y el apoyo logístico a este tipo de procesos (ámbito en el que, además de las entidades mencionadas, 
han jugado un papel significativo las consultoras privadas y los equipos universitarios); la realización 
de actividades formativas (cursos, seminarios, conferencias) que han contribuido a la especialización 
técnica de numerosas personas en la gestión de metodologías participativas; la sensibilización política 
sobre el reto de la democracia participativa y la contribución a la generación de un discurso político 
que sustente ese tipo de experiencias de innovación democrática -a través de publicaciones, 
conferencias, jornadas, etc. 
En definitiva, los municipios que mayor intensidad participativa muestran en los últimos años 
tienden a coincidir en algunos aspectos básicos: mayoritariamente, aunque no exclusivamente, son 
municipios del entorno metropolitano de Barcelona; municipios con tamaños y características 
socioeconómicas muy diversas; municipios donde, en términos generales, se ha producido un aumento 
significativo de la abstención electoral en los últimos años, junto con un fuerte aumento de la 
competencia electoral entre las principales fuerzas políticas; municipios que, finalmente, se ubican, en 
su mayoría, dentro de una red de entidades extramunicipales que, partiendo de distintos recursos, han 
contribuido a generar un discurso político favorable a la participación, formación de técnicos en la 
gestión de metodologías participativas, y apoyo financiero y logístico al desarrollo de este tipo de 
procesos de innovación democrática. 
 
Razones ideológicas o de perfil político 
Aquellos municipios que se caracterizan por haber impulsado un mayor número de procesos de 
innovación democrática y de mayor ambición son, principalmente, municipios donde tradicionalmente 
se ha dado una correlación de fuerzas políticas claramente favorable a los partidos de izquierda, aunque 
municipios como L’Escala, gobernado por partidos conservadores, han impulsado también alguna 
experiencia relevante. Por lo tanto, parece plausible establecer que determinados planteamientos 
ideológicos favorecen el impulso de procesos de participación ciudadana, más allá de las características 
estructurales del municipio en cuestión. A partir del análisis de las experiencias que hemos identificado 
y del discurso político que han generado, podemos extraer las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, a pesar de que, retóricamente, partidos políticos con perfiles ideológicos 
distintos pueden coincidir en la necesidad de llevar la participación ciudadana más allá de las fórmulas 
clásicas de la democracia representativa, los valores que los distintos partidos atribuyen a la 
participación tienden a ser distintos. Los partidos más a la izquierda del espectro ideológico: 
 
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candidaturas independientes de izquierda, ICV y, quizás en menor medida, ERC (Esquerra 
Repúblicana de Catalunya), tienden a representar la participación ciudadana como un reto de gran 
magnitud para el funcionamiento de la democracia local; tienden a defender que los mecanismos de 
participación ciudadana deben tener una elevada capacidad de incidencia sobre la toma de decisiones 
públicas; que debe convertirse en un elemento central del gobierno local. Por el contrario, los partidos 
ideológicamente más moderados (PSC) y los conservadores (CiU -Convergència i Unió- y PP -Partit 
Popular), tienden a situar la participación en una posición más periférica dentro de la agenda pública 
local; atribuyen a la participación ciudadana un valor meramente informativo o consultivo, pero en 
ningún caso decisivo; y la conciben como un complemento necesario a las instituciones representativas 
para enriquecer el proceso de toma de decisiones, pero sin otorgarle los mismos valores de centralidad 
que propugnan los partidos más a la izquierda. 
Precisamente, otra diferencia importante en función de los perfiles ideológicos de los partidos 
hace referencia a hasta qué punto los gobiernos confieren continuidad y coherencia dentro de un 
proyecto global a los mecanismos de participación ciudadana: mientras los partidos más moderados 
ideológicamente tienden a utilizar la participación ciudadana sólo en ocasiones puntuales, los partidos 
más radicales en su concepción de la participación tienden a situar estos mecanismos participativos 
dentro de un proyecto de transformación del sistema de funcionamiento de la democracia local. 
Por otra parte, frecuentemente, el impulso de procesos participativos en una localidad depende no 
tanto de una iniciativa colectiva del equipo de gobierno, sino más bien de algún miembro particular de 
ese equipo, ya sea el concejal departicipación ciudadana, ya sea el responsable político de otra 
concejalía especialmente sensibilizado con la participación. Por lo tanto, el perfil político y la 
trayectoria política o asociativa de esas personas en concreto que impulsan la participación pueden 
también ser causas explicativas significativas del impulso de este tipo de experiencias. En este sentido, 
la mayor parte de las personas con perfil técnico o político que, en el marco de sus responsabilidades 
dentro del ayuntamiento, han impulsado y han liderado procesos de innovación democrática responden 
a un perfil político y profesional parecido: se trata de personas formadas en el ámbito de las Ciencias 
Sociales (especialmente en el mundo de la educación y la pedagogía), mucho más que en el ámbito de 
las Ciencias Exactas; personas que, además, acostumbran a caracterizarse por haber seguido una larga 
trayectoria de participación dentro de entidades ciudadanas (asociaciones de vecinos, sindicatos y otro 
tipo de entidades) antes de haberse implicado en partidos políticos y de entrar, definitivamente, en la 
actividad política profesional. Aquellas personas que hemos entrevistado y que no presentan este perfil, 
tienden a atribuir a la participación un papel más residual que aquellas que sí responden a estas 
características. 
En síntesis, el impulso de experiencias de participación ciudadana parece tener una fuerte 
correlación con el perfil ideológico de los partidos políticos y la trayectoria y el perfil político de las 
personas que las lideran. Este hecho no condiciona tanto si se impulsan o no experiencias de 
participación, sino más bien los valores de centralidad que se atribuyen a estas experiencias en el marco 
de la democracia local. 
 
Razones estratégicas o instrumentales 
Finalmente, el debate político que normalmente origina este tipo de experiencias de participación nos 
suscita nuevas hipótesis de trabajo. Por ejemplo, habitualmente planea sobre estas experiencias una 
sospecha de que respondan a finalidades electoralistas. Supuestamente, los gobiernos que impulsan 
procesos de participación buscan lograr una imagen más simpática y amable ante la ciudadanía y con 
ello extraer réditos electorales. O bien se acusa a los gobiernos de intentar reforzar sus alianzas con 
determinados movimientos sociales en detrimento de otros. O incluso, de intentar neutralizar por la vía 
de la participación ciudadana la capacidad de oposición política a los proyectos que formula el equipo 
de gobierno y que supuestamente consigue legitimar a través de procesos participativos. Procesos 
 
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participativos, por lo tanto, que el gobierno habría conseguido manipular para que sus resultados no 
contradigan las intenciones gubernamentales. 
Es difícil contrastar este tipo de hipótesis ya que lo que hemos denominado razones estratégicas o 
instrumentales de la participación hace referencia a motivos un tanto inconfesables de la participación. 
En todo caso, del análisis de las entrevistas realizadas podemos extraer varias conclusiones en este 
sentido. 
En primer lugar, los partidos de la oposición y las entidades más críticas tienden a acusar a los 
gobiernos de utilizar partidistamente la participación ciudadana. Entienden que el impulso de esas 
experiencias responde a motivaciones estratégicas de los gobiernos, fundamentalmente, para extraer de 
ellas réditos electorales o bien legitimar determinadas decisiones previamente tomadas e intentando 
neutralizar, así, la resistencia de los partidos de la oposición y de las entidades más críticas. En este 
sentido, acusan a los gobiernos de manipular los formatos de la participación con el fin de evitar que 
sus resultados contradigan sus proyectos. 
En segundo lugar, también los partidos de gobierno tienden a acusar a los partidos de la oposición 
de adoptar un comportamiento estratégico en relación con los procesos participativos. Por ejemplo, les 
acusan de no querer participar en ellos por entender que esa actitud puede ser suficientemente dañina 
para la legitimidad de los procesos participativos y del gobierno que las impulsa. O bien de intentar 
torpedear esas experiencias desde dentro con el fin de que fracasen. 
Finalmente, independientemente de la situación de los partidos dentro de la correlación de 
fuerzas municipal, todos tienden a coincidir en atribuir un valor instrumental básico a la participación 
ciudadana: la mejora de la calidad de las decisiones públicas. La participación ciudadana, según la gran 
mayoría de los entrevistados, contribuye a enriquecer la información de la que disponen los gobiernos 
para tomar decisiones; permite ampliar el abanico de alternativas a tener en cuenta antes de tomar una 
decisión; refuerza finalmente la legitimidad pública de esas decisiones; permite anticiparse a posibles 
conflictos o gestionarlos de forma más eficiente en la medida que éstos aparezcan; y puede ser una 
buena estrategia para lograr la corresponsabilización de determinados agentes clave para el buen 
desarrollo de las políticas públicas. En términos generales, se acepta que la participación puede 
contribuir a regenerar la confianza política entre los distintos actores políticos y colectivos sociales de 
la localidad. 
 
2. Los rendimientos electorales de la participación 
La primera parte de este trabajo se planteaba los motivos (¿declarados?) para impulsar procesos de 
participación. A partir de ahora vamos a centrarnos con más detalle en uno de ellos: la posibilidad de 
que dichos mecanismos contribuyan a mejorar las expectativas electorales de los equipos de gobierno. 
Eso va a permitirnos un cambio de perspectiva considerable porque aquí ya no vamos a preguntarnos 
en qué medida éste es un posible motivo para impulsar la participación, sino que vamos a tratar de 
mostrar si esos efectos electorales han existido de forma clara en la realidad. Es decir, si en la primera 
parte nos preguntábamos qué lleva a los gobernantes a impulsar procesos de participación, sin entrar a 
examinar si con estos se lograba realmente dichos objetivos, en ésta no entramos en cuáles fueron los 
motivos que llevaron a la puesta en marcha de estos procesos, sino que nos situamos ya en el momento 
posterior a los mismos: una vez efectuados estos procesos, ¿consiguen los gobiernos locales mejores 
resultados sea cual sea su motivación para haberlos impulsado? 
Como hemos apuntado en la primera parte, la sospecha de que los cálculos electorales forman 
parte del abanico de motivos para impulsar la participación está ampliamente extendida, tanto entre los 
expertos como entre amplios sectores de la sociedad: la puesta en marcha de procesos de participación 
contribuiría a crear una imagen positiva del gobierno local, en tanto que un gobierno próximo a los 
ciudadanos y dispuesto a escucharles. Por ello, los resultados electorales de las elecciones municipales 
españolas de 2003 fueron un motivo de sorpresa para muchos: algunos de los gobiernos locales que 
más habían destacado por impulsar experiencias de participación interesantes habían sufrido severos 
 
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retrocesos electorales que les llevaron en algunos casos a perder el gobierno. Así, ICV perdía las 
alcaldías de Rubí y Sant Feliu de Llobregat, dos de los municipios más citados a lo largo de la primera 
parte, y su socio español, Izquierda Unida, sufría graves retrocesos en algunos de los municipios 
andaluces que gobernaba, donde había impulsado experiencias de presupuestos participativos. La 
voluntad de comprobar si en estos casos, y sobre todo si más allá de estos casos espectaculares se podía 
hablar de un efecto electoral sistemático de los procesos participativos fue uno de los motivos para la 
puesta en marcha de este proyecto de investigación. 
 
2.1. Metodología 
Esta investigación tuvo dos componentes: uno primero basadoen la lógica cuantitativa, y el segundo, 
en una aproximación cualitativa. Para empezar, se trataba de localizar los municipios que hubieran 
realizado experiencias de participación más significativas pues era en éstos donde podría, en su caso, 
apreciarse algún impacto electoral. Consideramos que allí donde se hubiera realizado únicamente 
alguna experiencia muy puntual, aislada y que no hubiera llegado al conjunto de la población no había 
muchas posibilidades de que ésta hubiera podido tener impacto electoral significativo alguno, y por 
tanto, el objetivo era tratar de localizar las poblaciones donde se hubieran hecho experiencias con la 
mayor intensidad y visibilidad participativas posibles. Por intensidad entendíamos que hubiera 
participado más gente y que se hubieran debatido temas más importantes, y por visibilidad, que la 
experiencia hubiera sido ampliamente conocida por la población local. Éstas eran dos precondiciones 
razonables para que la experiencia hubiera podido tener algún impacto electoral entre la población. 
Así, se elaboró una primera lista que incluía todos los municipios que hubieran realizado 
cualquier experiencia de participación en la legislatura 1999-2003, a partir de diversas fuentes y listas5, 
con la que se elaboró un pequeño cuestionario que fue respondido por siete expertos en la materia. A 
partir de estos siete cuestionarios se seleccionaron las 21 experiencias que los entrevistados habían 
considerado más intensas y visibles, la mayor parte de las cuales ya aparecía en la lista inicial, pero 
algunas de ellas fueron incorporadas a sugerencia de varios de los entrevistados. En la lista final de 
poblaciones elegidas había 14 municipios catalanes y siete de otras zonas de España6. 
A continuación, y para poder comprobar si en estos municipios había ocurrido algún fenómeno 
electoral singular, procedimos a seleccionar un grupo de municipios de control. Es decir, para cada uno 
de los 21 municipios seleccionamos de dos a cuatro municipios más similares, con la única diferencia 
de que estos municipios de control no habían realizado experiencias participativas significativas. Las 
variables utilizadas para seleccionar los municipios más similares fueron tanto políticas (color político 
del equipo de gobierno y tipo de mayoría del mismo) como un conjunto de variables estructurales que 
nos definían las características socioeconómicas de la población, su tamaño y ubicación geográfica. Así 
obtuvimos un total de otros 44 municipios que se asemejaban mucho a los 21 más participativos, 
excepto en su opción por la participación y con la que iban a ser contrastados7. En 38 de estos 
municipios el partido socialista era el principal partido de gobierno; en otros 19 jugaba este rol algún 
otro partido o coalición de izquierdas, y en ocho, la alcaldía estaba ocupada por la coalición 
nacionalista-conservadora Convergencia i Unió (CiU)8. 
Para realizar todo el análisis cuantitativo se han utilizado dos variables dependientes. En primer 
lugar, hemos trabajado con la hipótesis de que la población podía simplificar el panorama político y 
concentrar su voluntad de premiar o castigar al equipo de gobierno fijándose únicamente en el partido 
que desempeñaba la alcaldía9, por lo que la primera variable analizada ha sido la evolución electoral 
entre 1999 y 2003 del principal partido del equipo de gobierno. Por otro lado, era también razonable 
pensar que la labor de control que puede ejercer el voto fuera realizada para el conjunto de los partidos 
que ocupaban el gobierno, por lo que la segunda variable analizada ha sido la evolución electoral del 
conjunto de partidos del gobierno10. 
Por supuesto, no se pretende afirmar ni resulta razonable pensar que esta evolución electoral sea 
producto ni única ni principalmente del impacto de los procesos participativos. Es más, estamos 
 
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seguros que en la gran mayoría de estos municipios, éste no es un factor explicativo fundamental. Sin 
embargo, una vez que tomamos un número relativamente grande de municipios “participativos” y los 
comparamos con municipios similares, que sólo difieren del primer grupo de forma sistemática en no 
haber desarrollado procesos de participación, resulta razonable pensar que si apareciera un patrón 
sistemático que diferenciara la evolución electoral de los equipos de gobierno en uno y otro caso, éste 
pudiera estar causado por un impacto electoral, positivo o negativo, de los procesos de participación. 
Por el contrario, si el patrón es errático, lo más normal es pensar que habrá que buscar las causas de 
estas evoluciones electorales diferenciadas en otros factores locales, relacionados con otras políticas 
desarrolladas, cambios de candidatos o cualquier otro tipo de explicación. 
Una vez establecidas las tendencias cuantitativas, queríamos tratar de analizar en profundidad si 
se trataba realmente de un impacto electoral de los procesos participativos y, en su caso, cuáles eran los 
elementos relacionados con estos que lo provocaban. Para ello, entre los 21 municipios con 
experiencias de participación seleccionamos aquellos cuatro en que se observaban evoluciones 
electorales singulares de los equipos de gobierno, cuya explicación no pudiera descartarse que estuviera 
relacionada con el impacto de los procesos participativos. En dos de estos municipios, el principal 
partido de gobierno había sufrido una evolución electoral más positiva que en los municipios de 
control, y en otros dos ésta había sido más negativa. En estos municipios pasamos a una estrategia de 
análisis en profundidad de los casos, a partir de una serie de ocho entrevistas a informantes clave11, así 
como al estudio de documentación y contenido de medios de comunicación. A partir de estos 
elementos llegamos a una serie de conclusiones comparativas respecto al cómo y por qué se puede 
producir un impacto electoral de la participación. 
 
2.2. Resultados 
¿Tuvieron la misma evolución electoral los municipios que desarrollaron experiencias de participación 
y aquellos que no lo hicieron? Antes de responder directamente a esta pregunta es importante advertir 
una clara característica de las elecciones municipales del año 2003, que no siempre se ha producido en 
las elecciones municipales españolas, pero que sí ha sido característica de esta convocatoria: la 
existencia de una tendencia al voto “contra” los equipos de gobierno. Es decir, en la gran mayoría de 
los casos, gobernara quien gobernara y fuera cual fuera su desempeño, los partidos gobernantes en los 
ayuntamientos han tendido a sufrir retrocesos electorales. 
Si nos fijamos ya específicamente en el impacto de la participación, la respuesta más simple es 
que no puede afirmarse que ésta haya implicado algún efecto electoral homogéneo. Como veremos, los 
datos pueden darnos informaciones distintas según como los leamos, pero del conjunto de las lecturas 
no puede desprenderse que la participación impulsada por los municipios vaya a tener un impacto 
electoral necesario u homogéneo. 
Como vemos en el Cuadro N° 3, cuando realizamos una lectura global de lo ocurrido en el 
conjunto de los 65 municipios, el impulso de la participación parece haber tenido más bien un impacto 
electoral negativo: tal como apuntábamos, la mayoría de los equipos de gobierno han sufrido retrocesos 
electorales, pero estos han sido cuatro puntos mayores donde se ha hecho participación, si nos fijamos 
sólo en el principal partido, o tres puntos mayores si nos fijamos en el conjunto de socios del equipo de 
gobierno. Sin embargo, debemos advertir que el análisis está fuertemente influido por un pequeño 
municipio, que desarrolló una modesta experiencia de democracia electrónica y donde, por otras 
razones, el partido gobernante sufrió una absoluta catástrofe electoral. Si exceptuamos a este municipio 
del análisis, las pérdidas de los principales partidos participativos son sólo dos puntos menores,y las 
del conjunto de partidos gobernantes, medio punto. 
 
 
 
 
 
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Cuadro N° 3 
Comparación de medias entre los municipios con y sin participación para las dos variables 
dependientes 
 
Diferencia 99-03 del partido más votado 
el año 1999 
Diferencia 99-03 del total de partidos del 
gobierno 
 
Sin 
participación 
Con 
participación Total 
Sin 
participación 
Con 
participación Total 
Media -4,3 -8,3 -5,6 -5,7 -8,6 -6,6 
N 44 21 65 44 20 64 
Desv. 
Típ. 10 14,5 11,7 12,4 13,9 12,8 
 
Si seguimos haciendo una lectura global de los resultados, pero tratamos de afinar el análisis, la 
conclusión seguirá siendo similar. Así, si en lugar de un análisis bivariado introducimos un análisis de 
regresión múltiple, al que incorporamos algunas variables de control relevantes12, nos encontramos aún 
con un efecto aparente negativo de la participación, pero con un impacto reducido (entre 4 y 5 puntos), 
visible en su escasa o nula significación estadística según el modelo de que se trate (Cuadro N° 4). 
 
 
Cuadro N° 4 
Impacto electoral de la participación (diferencia de voto 99-03 del partido más votado y del 
conjunto de partidos en el gobierno) (n=65) 
 
Variables 
Partido más votado 
(B y significación) 
Conjunto partidos 
gobernantes (B y 
significación) 
(Constante) 29,1 12 
Con experiencias de participación -5,4* -4,01 
Tipo de mayoría 1999 -5,2 -4,5 
Número de partidos en el gobierno 
1999 -2,3 -0,14 
Peso relativo del 1er. partido sobre el 
gobierno 1999 -0,2 -5,8 
Número de habitantes 5,88E-06 144E-05 
Nivel económico -0,5 0,2 
Renta disponible -0,6 -2,5 
R cuadrado 0,17 0,12 
* Significación menor de 0,10. 
 
 
Pero en cuanto incorporamos el análisis de cada uno de los municipios en relación con sus 
controles respectivos, nos encontramos con un panorama aún menos concluyente, o si se quiere, con 
unos resultados bastante claros aunque lo que hagan sea señalar con claridad que no hay patrón 
homogéneo alguno: no hay ningún impacto electoral necesario de los procesos de participación 
(Cuadro N° 5). Así, si nos fijamos en el principal partido del gobierno nos encontramos que en ocho 
casos (40%) éstos han evolucionado mejor que sus compañeros de los municipios de control, y en 13 lo 
han hecho peor (60%). Si nos fijamos en el conjunto del equipo de gobierno la proporción es aun más 
 
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igualada, con 10 evoluciones peores por nueve de mejores, entre los municipios que habían 
promocionado los procesos de participación. 
El análisis de cada grupo de casos nos muestra también cómo entre ellos hay algunos casos 
extremos de retrocesos en municipios que habían impulsado procesos de participación (Arbúcies, Sant 
Bartomeu del Grau o Cabezas de San Juan) y que tenían una fuerte influencia en las medias cuando los 
analizábamos todos de forma conjunta. Por tanto, desarrollar experiencias de participación no parece 
tener ningún efecto electoral necesario, pues entre los municipios que lo han hecho encontramos 
evoluciones electorales muy diversas. 
A pesar de la inexistencia de patrones generalizables nos parecía importante tratar de establecer si 
en algunos casos había existido un impacto claro y, en su caso, cómo y por qué se había producido. 
Para ello, se eligieron cuatro municipios en los que, con la información disponible a priori, no era 
posible descartar que hubiera existido algún impacto electoral de la participación. Así, en Rubí, tras ser 
uno de los municipios que más procesos participativos había desarrollado, el principal partido de 
gobierno había sufrido un gran descalabro electoral, que había beneficiado principalmente a la 
oposición y que le había llevado a perder la alcaldía que había gobernado durante 24 años. También en 
Sitges, un proceso participativo intenso y polémico había precedido a una caída electoral importante 
del partido que ostentaba la alcaldía, que le había hecho perder la misma. Por el contrario, tanto en 
Córdoba como en Esparreguera, el principal partido de gobierno había experimentado un crecimiento 
electoral claro y mayor que en los municipios de control, sin que pudiera descartarse que ello tuviera 
algo que ver con los interesantes procesos de participación que se habían desarrollado (presupuestos 
participativos en el primer caso, un plan estratégico metodológicamente muy innovador en el 
segundo)13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Cuadro N° 5 
Diferencia de medias entre los municipios “participativos” y sus respectivos controles 
 
Municipio Diferencia de voto 99-03 del primer partido en el gobierno 
Diferencia de voto 99-03 del 
conjunto de partidos en el 
gobierno 
Arbúcies -18,2 -18,3 
Barcelona -8 1,7 
Cardedeu -6,6 0,6 
Esparreguera 2,2 13,8 
Granollers 0,9 4 
Manresa -2,1 -0,07 
Mataró -3,5 -3,6 
El Prat de Llobregat -2,1 -3,8 
Reus 2,9 0,8 
Rubí -14,2 -21 
Sabadell 14,6 ? 
St. Bartomeu del Grau -28,3 -28,3 
St. Feliu de Llobregat -5,5 2,5 
Sitges -0,9 0 
Albacete 3,5 3,5 
Alcobendas -15,8 -12,7 
Cabezas de San Juan -21,1 -22,8 
Calvià -1,3 -1,3 
Córdoba 15,6 9,1 
Jun 5,5 5,5 
Puente Genil 6,6 6,5 
 
 
¿Hay conclusiones generales que podamos destacar del análisis comparado de estos cuatro casos? 
Probablemente, sí. En primer lugar, confirmando las conclusiones del apartado cuantitativo, el impacto 
electoral no es nunca inequívoco, e incluso cuando haya existido, resulta sólo una de las piezas de una 
explicación necesariamente más amplia y global. La participación es sólo una entre muchas otras 
políticas desarrolladas, y éstas a su vez son sólo una parte de los factores que los electores consideran a 
la hora de depositar su voto. Además, metodológicamente resulta extremadamente difícil, por no decir 
imposible, diferenciar cuál puede ser el impacto atribuible a la participación respecto a otros factores 
relacionados (los temas sustantivos discutidos en el proceso participativo, la imagen y credibilidad de 
los candidatos y los equipos, la coherencia entre políticas participativas en distintos ámbitos, etc.). 
Más allá de la magnitud del impacto, las conclusiones sobre el cómo y el por qué del posible 
impacto pueden resumirse en dos grandes bloques. En primer lugar, el contexto político fue, cuando 
menos, muy influyente para entender por qué unos procesos participativos tuvieron una vida mucho 
más fácil y otros más difícil. Así, en Sitges y en Rubí se observa un alto nivel de conflicto en torno a 
los procesos participativos, que no tiene tanto que ver con el cuestionamiento del proceso participativo 
en sí mismo, sino con el debate sustantivo principal del mismo, y muy especialmente con el conflicto 
urbanístico local. Aunque las polémicas urbanísticas también existen en los otros municipios, en estos 
casos estaban más acentuadas ya antes de empezar el proceso. Además, en estos dos municipios se 
trataba de equipos de gobierno que ya llevaban varias legislaturas en el poder, por lo que existía un 
 
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poco de desconfianza y de resentimientos por incumplimientos previos, que llevaron a que las 
iniciativas participativas nunca fueran recibidas con la misma esperanza. 
Por el contrario, en Córdoba y en Esparreguera se trataba de equipos de gobierno nuevos, cuyas 
iniciativas participativas fueron recibidas con mayores dosis de confianza. A la hora de entender este 
clima político fue fundamental el conjunto de posturas y de relaciones que se dieron entre los 
principales actorespolíticos de la ciudad, produciéndose de facto alianzas en contra del equipo de 
gobierno en algún caso, entre actores sociales fundamentales y partidos de la oposición, mientras que 
existía una mayor cordialidad o no beligerancia en los municipios donde los procesos funcionaron 
mejor. Con razón o sin ella, en Sitges y en Rubí existió la sensación que el gobierno local trataba de 
hurtar temas del debate o mandaba señales de que no iba a aceptar los resultados del proceso, 
elementos que nunca se dieron en municipios cuyos equipos de gobierno se dotaron de una nueva 
identidad política precisamente a partir de enfatizar la participación como uno de los pilares 
estratégicos de su forma de gobernar. 
Pero sin duda el contexto no lo fue todo. El principal impacto del proceso participativo fue, para 
bien o para mal, el de actuar de catalizador de otros procesos. Y en esa labor de catalizador y en la 
definición de sus resultados tuvo un impacto muy importante el grado de coherencia interna y externa 
del proceso. Es decir, el proceso participativo pudo actuar a favor del equipo de gobierno cuando fue 
percibido como una actuación coherente con el conjunto de las políticas municipales desarrolladas, tal 
como ocurrió en Esparreguera y en cierta medida en Córdoba, mientras que pudo tener efectos 
negativos allí donde los procesos participativos mostraban las propias contradicciones del equipo de 
gobierno, fueran los conflictos entre los socios de gobierno o la no coincidencia entre lo que se hablaba 
en los procesos de participación y los procesos decisionales reales de la ciudad. Mientras que en los 
primeros casos el proceso participativo ayudó a los equipos de gobierno a crearse una imagen de 
equipos innovadores y con proyecto, en los segundos el catalizador pudo tener dos impactos negativos. 
En primer lugar, el proceso participativo actuó como altavoz del descontento ciudadano, contribuyendo 
a difundirlo entre los sectores más activos de la ciudadanía y los medios de comunicación. En segundo 
lugar, el propio proceso participativo se convirtió en un espacio de creación de redes sociales críticas, 
que tanto en Sitges como en Rubí culminaron en la creación de nuevas candidaturas independientes, 
que contribuyeron a la caída electoral de los partidos gobernantes14. La participación no creó el 
descontento, pero cuando éste existía y no fue debidamente canalizado, contribuyó a retransmitirlo y 
facilitó el encuentro y la coordinación de los descontentos. 
 
Conclusiones 
El conocimiento y el análisis de los nuevos mecanismos de participación ciudadana a nivel local ha ido 
creciendo en los últimos años, en paralelo al propio desarrollo de los mismos. Aunque sabemos algo 
más sobre algunos aspectos de sus dinámicas, parece evidente que en muchos aspectos nos queda casi 
todo por conocer. En este trabajo nos hemos centrado en por qué ponen en marcha los ayuntamientos 
procesos de participación ciudadana, a partir de dos investigaciones coordinadas que nos aportan 
informaciones complementarias al respecto. 
En primer lugar, hemos apuntado a la existencia de tres grandes paquetes de explicaciones, que 
en mayor o menor medida forman parte de las motivaciones que han llevado a los gobiernos locales 
catalanes a poner en marcha este tipo de procesos. Por una parte, existen razones estructurales entre las 
que vale la pena destacar el hecho que se trata en muchos casos de municipios donde la abstención 
electoral es alta y creciente, lo que lleva a buscar alternativas. A la vez, bastantes de estos municipios 
se encuentran bien ubicados en redes de trabajo, difusión y conocimiento de estas experiencias, lo que 
les proporciona la oportunidad de conocerlas y encontrar apoyo para ponerlas en marcha. Entre las 
razones de tipo ideológico hemos constatado un mayor compromiso con la participación por parte de la 
izquierda, que se aprecia sobre todo en su apuesta más frecuente por situar la participación como un 
referente central de su actuación política, pero también la influencia de la trayectoria asociativa y 
 
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Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 31. (Feb. 2005). Caracas. 
 
 
 
política personal que nos explica que la apuesta por la participación trascienda las fronteras 
ideológicas. 
Al mismo tiempo, la participación es un componente más de la vida política y como tal no está 
exenta de actuaciones de tipo instrumental, que probablemente se dan tanto por parte de partidos de 
gobierno y de oposición, como por parte de otros actores sociales locales. Una de las posibles 
motivaciones instrumentales es precisamente la que hemos estudiado en mayor detalle en la segunda 
parte de este trabajo: la voluntad de obtener réditos electorales. Sin embargo, las conclusiones de 
nuestro análisis deberían ser poco entusiastas para quienes se acerquen a la participación desde un 
punto de vista exclusivamente instrumental-electoral: la puesta en marcha de procesos de participación 
no es en absoluto una garantía mecánica de réditos electorales. 
El impacto electoral del desarrollo de procesos participativos no es ni necesario ni homogéneo y 
será casi siempre limitado, en el marco del conjunto de factores explicativos del voto. En algunos 
casos, ese impacto electoral puede existir y, en ese caso, tanto el contexto político como la coherencia 
del proceso participativo con el conjunto de las políticas locales van a llevar a que ese impacto juegue a 
favor o en contra de quienes han impulsado estos procesos. 
 
Notas 
1 A lo largo de este trabajo utilizaremos de forma indistinta “mecanismos”, “procesos” o “experiencias” 
para referirnos a todo este conjunto de realidades participativas municipales impulsadas desde algunos 
ayuntamientos. 
2 Somos perfectamente conscientes que en lógica democrática este poder no es cedido sino devuelto a 
sus detentores últimos, pero este argumento normativo incuestionable no niega que en los 
ordenamientos jurídicos de casi todos los sistemas políticos locales europeos y en la mayoría de los 
latinoamericanos son los gobiernos locales los que detentan en exclusiva la capacidad de tomar 
decisiones colectivas vinculantes para la comunidad. Una pregunta similar orienta la investigación de 
Navarro (1999). 
3 Agradecemos a la Fundación Jaume Bofill su apoyo a ambos proyectos. En el proyecto sobre las 
razones para impulsar la participación han colaborado Ismael Blanco y María Giménez, y en el 
proyecto sobre rendimientos electorales, Eva Anduiza, Joan Font, Pau Mas y Sergi de Maya. Los 
resultados completos se publicarán próximamente en Font (2005). 
4 La formulación de estas hipótesis se realiza desde la base empírica de un trabajo que nuestro equipo 
de investigación, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, realizó con el fin de identificar y analizar algunas experiencias de innovación democrática 
en los municipios catalanes. En ese caso, nuestra muestra estaba configurada por municipios catalanes 
mayores de 50.000 habitantes. El objetivo de esa investigación no fue explorar las causas de la 
participación, sino simplemente identificar esas experiencias y analizarlas en función de diversos 
criterios: qué tipo de colectivos habían participado en ellas, con qué grado de representatividad en 
relación con el conjunto de la población, sobre qué temas se articulaban, con qué formatos 
organizativos se desarrollaron, qué grado de influencia lograron en la toma de decisiones públicas. Los 
resultados de esa investigación han sido publicados en Subirats …[et al] (2000). 
5 En concreto, dos bases de datos ubicadas en páginas web: una institución supramunicipal dedicada al 
tema y un estudio publicado. 
6 Los siete expertos pertenecían a ámbitos diversos, como distintos centros universitarios, técnicos 
especializados en el tema de la administración, fundaciones y consultoras privadas. La mayor parte de 
los municipios (y de los expertos) se ubican en Cataluña, debido a razones prácticas y dediseño de la 
investigación, pero también porque allí se ha desarrollado buena parte de las experiencias realizadas en 
España; para la selección final se utilizó únicamente el criterio de las valoraciones de los expertos y no 
se consideró dónde se ubicaban los municipios. 
 
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7 Dado que muchos municipios compartían características similares (entre 10.000 y 50.000 habitantes, 
renta media-baja y gobierno municipal de izquierda), algunos de los casos de control tenían esta 
función en más de uno de los 21 municipios originales. 
8 Tal como se ha explicado en la primera parte, se han desarrollado más procesos de participación en 
municipios de izquierda que de derecha, lo que contribuye a explicar que no haya municipios 
gobernados por el PP (derecha) en la muestra. Además, este partido tiene una escasa implantación en 
las elecciones locales en Cataluña. Como el color político del equipo de gobierno era una variable de 
selección de los casos de control, tampoco aparecen municipios con alcaldías del PP entre los 
municipios de control. 
9 Utilizaremos indistintamente la expresión ocupar la alcaldía o ser el primer o principal partido del 
gobierno. 
10 Es obvio que ambas variables coinciden en los 28 municipios que tienen un gobierno monocolor, 
pero son distintas en los 37 que cuentan con gabinetes de coalición. 
11 Las entrevistas se realizaron a políticos del equipo de gobierno y de la oposición, a participantes 
diversos, a técnicos municipales y a observadores independientes. 
12 Tal como se ha justificado para la selección de municipios de control, utilizamos tanto variables 
políticas como de tipo socio-estructural. Entre las primeras, el tipo de mayoría (absoluta o relativa), el 
peso relativo del primer partido en el equipo de gobierno, o el número de partidos que componen el 
gobierno. Entre las segundas, el número de habitantes, el nivel económico del municipio, o la renta 
familiar disponible. Para la operacionalización exacta de las variables, ver Anduiza …[et al] (2004). 
Los resultados principales de estos modelos no sufren alteraciones significativas si eliminamos algunas 
de las variables de los mismos. 
13 En el Cuadro N° 5 puede verse la evolución electoral relativa de los principales partidos y equipos de 
gobierno. Hay que recordar que esa es distinta de la evolución electoral absoluta. Así, por ejemplo, en 
Sitges el partido que ostentaba la alcaldía, CiU, tuvo un importante retroceso que casi no aparece en la 
tabla porque también se dio en otros municipios de control. El principal criterio de selección de los 
municipios no fue que la evolución electoral relativa fuera muy grande, sino que hubiera algún impacto 
aparente y que no pudiera descartarse que éste se debiera a la participación. Esta relación de causalidad 
entre participación y resultados electorales sí podía descartarse en otros casos como el citado de Sant 
Bartomeu del Grau o en municipios como Arbúcies, donde las prácticas participativas venían 
desarrollándose hacía muchos años. 
14 En ambos casos se trató de candidaturas independientes, formadas por personas que habían estado 
activas en los procesos de participación y habían sido críticas con los mismos, y en las que la 
participación formaba parte de su programa de gobierno. Obtuvieron dos concejales cada una y, al 
menos en el caso de Rubí, parece claro que la mayor parte de sus votantes eran anteriores votantes del 
principal partido de gobierno. 
 
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