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Política, salud pública y disciplinas sociales: intersecciones necesarias. 
Cecilia Molina 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
Eje temático: Salud pública y Trabajo Social 
 
Introducción 
Ningún país del continente, incluso los que en años recientes avanzaron hacia estados 
sociales de derecho, han podido eludir los postulados neoclásicos-neoliberales que permean 
el pensamiento sanitario desde las tres últimas décadas. Tampoco son ajenos a este 
paradigma los países europeos. Las sucesivas crisis pusieron en cuestión la centralidad del 
Estado en la consecución de la salud y sistemas universales que hasta hace poco tiempo se 
consideraban dignos de imitar, incorporan progresivamente medidas que consolidan al 
sector como un terreno de ganancias. 
Para la concepción neoliberal, la salud es un bien privado. No es un derecho político 
que el Estado debe garantizar al conjunto de los ciudadanos, tal como propugnaban los 
modelos de desarrollo inspirados en la teoría keynesiana del Estado de Bienestar. En 
consecuencia, ésta concepción plantea que la intervención del Estado tiene que 
concentrarse en regular antes que en prestar servicios, en promover la competencia entre 
financiadores y prestadores y en enfocar sus esfuerzos hacia los sectores de población más 
pobres. 
La transformación neoliberal conceptualiza a la salud como un bien de consumo pero 
además la presenta como un asunto técnico, neutral, como una cuestión de especialistas. 
Exhibe las políticas sanitarias como una cuestión de cálculo, como fórmulas estandarizadas 
para afrontar los desafíos del reacomodo de la intervención del Estado en lo social, las crisis 
de financiamiento público y los criterios que orientan la configuración de programas y 
servicios. 
La despolitización de lo sanitario, por efecto de las transformaciones neoliberales, es 
quizás la consecuencia más grave del proceso. Esto es evidente en Argentina, donde desde 
el retorno democrático la salud está excluida del debate político, salvo por cuestiones 
puntuales, que remiten a reivindicaciones específicas. Sin negar que leyes recientes como 
las de salud reproductiva o de salud mental significan un avance respecto de épocas 
pasadas, estas normas no revierten el núcleo duro, la disyuntiva del sector: la concepción de 
la salud como un bien privado o como un derecho social, extensible a todos los ciudadanos, 
por su sola condición de tales. 
Antes de avanzar sobre los desafíos y tensiones que atraviesa la salud pública, aclaro 
qué entiendo por salud pública, ya que se trata de una noción cargada de ambigüedades. 
Ambigüedades que se reflejan en el desarrollo teórico-explicativo de los diferentes 
diagnósticos y propuestas de cambio con vigencia en el sector. 
Sostengo con Tobar (2015) que el adjetivo "pública" no significa un conjunto de 
servicios en particular, una forma de propiedad o un tipo de problemas, sino un nivel de 
análisis: el nivel poblacional. Salud pública es, por lo tanto, la salud de toda la población y su 
alcance comprende el proceso de salud/enfermedad/atención, los determinantes sociales 
que confluyen en ese proceso y las políticas para abordarlos de manera integral. 
El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre algunos desafíos paradigmáticos 
que enfrenta la salud pública en Argentina y en América Latina y sugerir de qué modo esos 
desafíos interrogan a las disciplinas sociales en general, y al Trabajo Social, en particular. 
Argumentaré que los retos que tenemos por delante no sólo incumben a quienes 
trabajamos, investigamos y/o enseñamos en el campo de los servicios de salud sino que, 
por el contrario, demandan el análisis y la revisión de las prácticas de profesionales que 
operan en las más diversas áreas de política social. Argumentaré también que estos retos 
exigen rescatar la salud como un asunto eminentemente político. Para ello el escrito se 
organiza en tres apartados. Primero se describen transiciones, desafíos y tensiones que 
atraviesan a la salud pública en el continente. Luego se expone la trayectoria de las 
disciplinas sociales frente a las transiciones, desafíos y tensiones mencionadas. Finalmente 
se enuncian cuestiones que se consideran clave en orden a producir conocimientos, 
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intervenciones y alianzas que contribuyan a generar equidad e inclusión, los dos grandes 
desafíos de la salud pública en nuestro medio, con base en la estrategia Salud en todas las 
políticas (Health in All Policies). 
 
Las transiciones que afectan la salud 
Al menos tres transiciones afectan a la salud pública en el continente. La más 
conocida es la transición demográfica, que se expresa en el envejecimiento poblacional, 
esto es: en incremento sostenido de la proporción de población mayor de 60 años, como 
producto de la disminución de las tasas de natalidad y de mejoras en las condiciones 
generales de vida. Según un informe de la CEPAL de principios de este año el índice de 
envejecimiento en América Latina fue de 41,1 personas de 60 años y más por cada cien 
menores de 15 años. Cuba (con 113,8) y Uruguay (87,9) mostraron los índices más 
elevados, mientras que en el otro extremo se situaron Guatemala (18,6) y Haití (20,0). 
Argentina figura entre los países más envejecidos del continente. La situación en Mendoza 
es similar a la nacional, aunque algunos departamentos como la Ciudad o General Alvear 
muestran indicadores semejantes a los de los países desarrollados. 
El crecimiento de la población mayor es, sin duda, un logro. Sin embargo, plantea 
complejos desafíos a los servicios socio-sanitarios. En lo que se refiere a la atención de la 
salud, la coexistencia de enfermedades crónicas, el mayor nivel de dependencia y, muchas 
veces, la ausencia de sostén afectivo y familiar de los adultos mayores, hace necesario 
implementar nuevas alternativas de cuidado tanto en la atención primaria como en la 
hospitalaria (Thomas, 2011). 
La transición epidemiológica, por su lado, se expresa en una modificación de los 
patrones de morbi-mortalidad. Así los estados pasan de la lucha contra las enfermedades 
infecciosas a la preocupación por las enfermedades crónicas no transmisibles en procesos 
complejos que no implican la derrota de las primeras. Las principales causas de muerte en 
todos nuestros países son producto de hipertensión, diabetes y cáncer. Ello no quita la 
fuerte presencia de enfermedades de transmisión vectorial como el mal de Chagas y otras 
más actuales, como el dengue. La distribución de la incidencia del primero en nuestro país y 
en la provincia es casi un calco de la distribución de la pobreza. En tanto que el mapa del 
dengue en Latinoamérica, tiene bastante que ver con las medidas de salud pública que han 
tomado los países para controlarlo. 
Menos discutida, una tercera transición enfrentan nuestros países. La misma hace 
referencia a los cambios en los modelos de atención1. Los interrogantes en torno al tema 
giran en torno a cómo superar la asistencia episódica para pensar en término de cuidados 
integrados y de redes de servicios. Si bien las nuevas tendencias apuntan a la organización 
por cuidados paulatinos centrados en las necesidades de las personas, el modelo tradicional 
de distribución de servicios o divisiones basado en las especialidades y profesiones 
mantiene plena vigencia en la región, aun cuando se modifican los perfiles epidemiológicos 
y, como consecuencia, cambian las necesidades de cuidado. Son numerosos los trabajos 
que llaman la atención sobre la persistencia del modelo flexneriano como sustrato 
organizacional de los servicios de salud latinoamericanos. La sustitución de esta forma de 
atención fragmentada, fundada en la división anatómica de los cuerpos y las necesidades de 
aprendizaje médico, por otra forma organizativa cuyo eje sea la intensidad de cuidados que 
requieren los enfermos, interpela ordenamientos históricos en base a las clasificaciones 
clínicas, rutinas de formación y, en el caso puntual de los hospitales, la concepciónarraigada de las camas y los pacientes como propiedad de los servicios. 
 
Los grandes desafíos de la salud pública 
Inclusión y equidad son, para la mayoría de los analistas del sector, los grandes retos 
de la salud pública en el continente. 
 
1
 El modelo de atención comprende las definiciones acerca de cómo organizar y brindar servicios, cómo 
distribuir la oferta y procurar la accesibilidad (Tobar, 2010). Se trata de una dimensión compleja “y tal vez uno 
de los aspectos más opacados de la política sanitaria” (Chiara, 2012, p. 245). 
3 
 
Según Tobar (2015, 2008) avanzar en la inclusión implica construir “más protecciones 
para más personas” y “más accesibilidad”. 
Un atajo que han incorporado algunos países latinoamericanos para avanzar en la 
inclusión, entendida como ampliación de protecciones sociales, son los seguros públicos de 
salud. Se trata de un sistema de cobertura sanitaria que explicita una serie de protecciones 
para los ciudadanos no cubiertos por la seguridad social. 
La profundización de las desigualdades en salud y las crisis económicas y sociales de 
este siglo han influido para que, sin desalentar la orientación hacia el mercado, tanto el BM y 
el BID como la OMS promuevan este tipo de seguros, que es controversial en términos de 
fortalecimiento del rol del Estado y de equidad en el acceso a la salud. Para Laurell, por 
ejemplo, se trata de un dispositivo que no altera sustantivamente el papel del Estado como 
garante del mercado, según propugna el neoliberalismo. “El aseguramiento universal 
justifica que el gobierno instrumente subsidios focalizados financiados con recursos fiscales 
y constituyendo fondos con administración privada o pública que garantizan la compra de 
servicios” (Laurell, 2011, p. 18). Una valoración diferente es la expuesta por Cetrángolo, en 
un análisis del Plan Nacer, que tiene casi una década de vida en nuestro país, y hace unos 
años se amplió como plan Sumar. De acuerdo con el economista, los seguros son una 
“iniciativa innovadora en la política de salud, ya que combina elementos de política 
compensatoria, expansión de cobertura e incentivos por resultados para los prestadores, en 
un sistema altamente descentralizado” (Cetrángolo, 2011, p. 9). 
Entiendo la accesibilidad - el otro requisito para avanzar en la inclusión-, como la 
posibilidad de recibir cuidados de salud de manera oportuna cuando se requiera. Esta 
concepción implica centrarse en la articulación entre la oferta de servicios de salud y las 
características de la demanda. La accesibilidad resulta entonces un concepto relacional, 
pues se refiere al vínculo que se establece entre los sujetos y los servicios de salud (Landini, 
González y D’Amore, 2014). Para Carballeda “la accesibilidad, se cimenta como una 
vinculación, es decir como un lazo social entre el sistema de salud o de acción social y los 
usuarios de éste. De este modo, puede ser entendida como una relación cargada de 
significados que relaciona a las políticas, las instituciones y a la sociedad” (2013, 109). 
Carballeda sugiere que “la noción de accesibilidad es una vía de entrada para 
repensar las políticas sociales y las de salud poniendo a la perspectiva del sujeto social con 
relación a su situación y visión del proceso salud-enfermedad, especialmente desde su 
condición sociocultural y las relaciones entre las políticas sociales y las posibilidades de 
reconstrucción de la sociedad en un lugar central” (2013, 109). 
Hay cierto consenso de que, en la actualidad, el problema del acceso a los servicios 
de salud es menos una cuestión geográfica que de modelos de atención (Tobar 2010). De 
esta afirmación puede dar cuenta el Sistema de Salud brasilero, que, por ejemplo, ha 
ampliado de manera llamativa la cobertura de salud mental y de atención especializada 
incorporando la telemedicina y otros dispositivos tecnológicos que están al alcance de los 
recursos de nuestros países, sin que por ello sean suficientemente explotados. 
La equidad en salud, el gran problema en un continente con sistemas de cuidados que 
se caracterizan por la fragmentación y la segmentación, exige lograr respuestas 
equivalentes en calidad y efectividad para los diferentes sectores sociales (Tobar, 2015). 
Implica, entre otras cosas, desnaturalizar la idea, ampliamente extendida y tolerada en 
nuestros países, de que hay una salud para pobres y otra para ricos, una para un segmento 
de trabajadores y otra para otros, una para quienes tienen empleo y otra para los 
desocupados. 
La adopción de políticas explícitamente orientadas a la equidad es un desafío especial 
de la salud pública, ya que reducción de las desigualdades sanitarias requiere de enfoques 
sustancialmente diferentes que los que demandan influir en los problemas de salud en 
general. Implica mantener una perspectiva política a largo plazo, comprender que algunas 
cuestiones legales y medidas de política más amplias son más importantes que programas y 
campañas puntuales, y afrontar que el asunto requiere importantes reacomodos de poder. 
De acuerdo con Ståhl, Wismar, Ollila, Lahtinen & Leppo (2006) hacer frente a las 
desigualdades en salud supone: reducir las desigualdades de poder y riqueza vinculadas a 
4 
 
posiciones socioeconómicas; reducir las consecuencias económicas de la mala salud; 
reducir el efecto de la posición socioeconómica en el riesgo de exposición a los 
determinantes de salud específicos y reducir el efecto de estos factores determinantes en 
los grupos socioeconómicos más bajos. Estas cuestiones dejan al desnudo cómo muchos 
determinantes de las desigualdades en salud están más allá del ámbito de la atención 
médica y por lo tanto demandan de políticas concertadas entre distintas áreas de política 
pública. 
Tensiones a resolver 
Diferentes tensiones tienen que afrontar los sistemas de salud para abordar las 
transiciones y los retos para la salud pública antes expuestos. Sólo mencionaré dos, que 
considero relevantes por el papel que nos cabe a las disciplinas sociales en sus 
posibilidades de abordarlas. 
La primera tensión responde a la pregunta sobre cómo producir salud y la disyuntiva 
explícita es programas verticales versus abordajes horizontales. De manera resumida, 
mientras el enfoque vertical postula que la consecución del bienestar de la población resulta 
de una sumatoria de programas destinados a dar respuesta a problemas de salud 
específicos, el enfoque horizontal plantea que se produce más salud agregando respuestas 
por niveles de complejidad (Tobar, 2008). 
Ambos enfoques presentan cuestiones a favor y en contra. Como ventajas de los 
programas verticales se plantea que son formulados para atacar determinadas 
problemáticas de salud y que demandan la incorporación de profesionales altamente 
especializados. Como contrapunto, las desventajas de esta modalidad de provisión de 
cuidados son que no valoran al individuo en forma integral y que es segmentaria. 
Las aproximaciones horizontales en cambio (una de cuyas expresiones más logradas 
es la estrategia de atención primaria de la salud) ofrecen como ventajas que se ocupan en 
forma integral de la salud de la población (promoción y prevención) y que tienen fuertes 
componentes de intersectorialidad, lo cual posibilita abordar los factores que la determinan. 
Otra tensión vigente se refiere a la gestión clínica versus el enfoque poblacional. En la 
gestión clínica, los médicos, a través de protocolos, se embarcan en procesos para mejorar 
en forma continua la calidad de la atención del paciente. La gestión clínica incorpora los 
avances del conocimiento a través de la capacitación, la actualización y la supervisión del 
servicio. 
En la gestión poblacional, en cambio, la evidencia sobre la que se busca mejorar la 
práctica clínica surge de estadísticas poblacionales. Este abordaje implica una forma de 
gestión no fragmentada, que es, como vimos, la que se basa en servicios y programas 
verticales dirigidosa individuos. Para ello avanza hacia la integración de respuestas socio 
sanitarias buscando que la oferta y la demanda de servicios se aproximen a las necesidades 
y características epidemiológicas de poblaciones claramente conocidas e identificadas. 
Como ventajas de este enfoque se señala que permite identificar con más claridad la 
responsabilidad por las acciones sanitarias, que facilita el avance hacia la gestión por 
resultados, que trasciende la construcción de respuestas en base las demandas 
espontáneas que llegan a los servicios y que posibilita establecer y monitorear lógicas de 
cuidados progresivos en red. 
El abordaje poblacional, con base en el territorio, supone grandes esfuerzos de 
coordinación. Exige establecer alianzas con equipos de trabajo que asuman la 
responsabilidad por la población que habita en espacios determinados y superar la lógica 
fragmentada de los sistemas de información. Supone la creación de dispositivos de 
coordinación territorial de carácter político y técnico administrativo que colaboren articulando 
las respuestas de los distintos actores intervinientes. La misión de estos dispositivos es 
consolidar la atención programada y construir redes de atención con adecuados esquemas 
de referencia y contra referencia de servicios (Tobar, 2010). 
 
Las disciplinas sociales frente a las transiciones, los retos y las tensiones 
Las discusiones teórico-metodológicas en salud pública, un campo en el que 
convergen las ciencias sociales y las ciencias de la salud, tienen en su base disputas, no 
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siempre explicitadas, entre diferentes concepciones del proceso salud/ enfermedad/atención 
y entre el peso que le asigna a lo social y a lo biológico en la comprensión y el abordaje de 
los problemas sanitarios. 
Desde los años 50 del siglo pasado, las prácticas de la salud pública de las que 
participan trabajadores sociales, antropólogos y sociólogos, estuvieron orientadas por el 
modelo de la historia natural de la enfermedad de Leavell y Clark. Ese modelo, aún vigente, 
incorporó los factores ambientales, superando la concepción unicausal, biológica, de la 
enfermedad, pero mantuvo el énfasis en lo individual, escindiendo la salud de sus 
dimensiones histórico-sociales (Arredondo, 1992). 
La ampliación progresiva del objeto de intervención de la salud pública tuvo cabida en 
un contexto de cuestionamientos al rol de los Estados, de persistencia de inequidades y de 
objeciones a la Biomedicina como única modalidad de cuidado. Ideas que se plasmaron en 
reuniones internacionales como la de Alma Ata2 (1978) y Otawa (1986) - donde se 
visibilizaron las estrategias de atención primaria y de promoción de la salud como vías para 
alcanzar mejores niveles de salud atendiendo a factores sociales, políticos y del medio 
ambiente- desplazaron el énfasis en las respuestas (limitadas) de la atención médica y, 
como consecuencia, se empezó a prestar más atención a las disciplinas que analizan los 
determinantes sociales de la salud. 
Fue alrededor de los años 70, primero en los países de Europa y en Estados Unidos y 
algo más tarde en América Latina, cuando las ciencias sociales comenzaron a problematizar 
la orientación biologicista, individual y curativa del modelo biomédico y el poder de la 
profesión médica, como consecuencia de la hegemonía de ese modelo. En torno a ese 
periodo y en simultaneidad con el ascenso de la ola neoliberal emergieron profundos 
cuestionamientos a los efectos disciplinarios de las políticas bienestaristas, entre ellas las de 
salud (Foucault, 2013), a las consecuencias iatrogénicas de la Medicina (Illich, 1978) y a sus 
límites para responder a los problemas de las mayorías (Evans y Stoddart 1996; Menéndez, 
1990; Boltanski, 1979, en Minayo 2009 p.85). 
Los reparos iníciales a la Biomedicina se relacionaron con su insuficiencia para dar 
respuesta al cambio en los perfiles epidemiológicos, en especial el incremento de los 
padecimientos crónico-degenerativos, con la concepción de salud restringida del enfoque y 
“con la recuperación de una serie de concepciones y prácticas ‘curativas’ que parcialmente 
ponen en duda no sólo la eficacia sino la ideología de la medicina denominada científica” 
(Menéndez 1994, p. 79). 
Estas críticas a la concepción de salud dominante -y a su énfasis en las 
enfermedades, los individuos y las acciones curativas-, y a la autoridad política de la 
Medicina desplegada en estrecha relación con esa concepción (Lewis, 2004; Menéndez, 
1990, Freidson, 1970) se imbricaron con la preocupación de los Estados y los aseguradores 
por el incremento de los costos sanitarios y la impugnación a los montos crecientes de 
recursos que insume el financiamiento de la tecnología y la atención médica en desmedro 
de otras áreas de política pública (Evans y Stoddart, 1996). Sin embargo, el antropólogo 
Eduardo Menéndez quien acuño el concepto de Modelo Médico Hegemónico3 asegura que 
los cuestionamientos más efectivos contra ese modelo son los que plantea la perspectiva 
económica neoliberal. El eje de estas críticas no es “la hegemonía de lo curativo o la 
irracionalidad tecnológica sino el derroche, la irresponsabilidad y sobre todo la necesidad de 
privatizar el Estado” (Menéndez, 1990, p 114). 
 
2
 La politóloga brasilera Celia Almeida sostiene que recién con Alma Ata tomó impulso la idea de constituir un 
campo particular orientado a la toma de decisiones –más allá del enfoque restrictivamente sanitarista– al 
servicio del proceso político de implementación de cambios (Red de investigaciones en SSS del Cono Sur, 2000). 
 
3
 … el conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina 
científica y que ha sido legitimado tanto por criterios científicos como por el Estado, subordinando, desde el 
siglo XVII, el conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban en los conjuntos sociales hasta logar 
identificarse como la única forma de atender la enfermedad (Menéndez, 1990, p. 83). 
 
6 
 
Por su lado, la politóloga Jeny Lewis (2004) postula que, avanzadas las reformas 
neoliberales, la concepción biomédica y el conjunto de creencias y valores asociados a esa 
concepción, siguen siendo las orientaciones centrales de las políticas de salud, al punto de 
circunscribir la posibilidad de cambio político en el sector. 
 A su juicio, la hegemonía de la biomedicina “enmarca las políticas (…), proporciona 
una especie de prejuicio o sesgo cultural que influye en la elección de lo que es digno de 
atención y lo que queda afuera (…), estructura las distintas posiciones de grupos y actores 
(…) determina quién puede reclamar un lugar en la mesa, qué es lo que se puede discutir y 
los términos de la discusión” (Lewis, 2004, p. 5). 
De acuerdo con Lewis y como también sugiere Menéndez, las reformas neoliberales 
no sólo no atentan contra el modelo biomédico sino que son funcionales a su 
mantenimiento. La conceptualización de la salud como socialmente determinada está lejos 
de ser dominante. Esta situación tiene claro reflejo en el día a día de las políticas, las 
organizaciones y en el quehacer de las profesiones (no sólo las sociales) que se ven 
tensionadas por el poderío y la eficacia práctica del complejo médico industrial4. 
En este escenario, un problema central para las disciplinas sociales que trabajan en 
salud es cómo orientar la agenda, producir y traducir los resultados de esfuerzos de sus 
estudios para orientar las decisiones de los decisores y la comunidad. A esta dificultad debe 
agregarse la percepción de lo que parece ser una sub-utilización del conocimiento producido 
por las ciencias sociales para orientar acciones e intervenciones, tanto en el plano 
programático como asistencial (Bronfman y otros, 2000, en Ramos 2006, p.12). 
 
Las construcciones posibles 
No obstante algunos malestares antes sugeridos, el terreno para la intervención de las 
disciplinas sociales en la salud pública hoy esprolífico. Los cambios en los perfiles 
epidemiológicos y la consiguiente prevalencia de enfermedades crónico- degenerativas lleva 
a poner foco en los modos de vida que producen estos problemas y en los que pueden 
contribuir a prevenirlos. La obesidad infantil, por ejemplo, una cuestión que afecta a uno de 
cada tres niños en edad escolar, en Argentina y en Mendoza y que tiene severas 
consecuencias para la salud en la vida adulta, no resiste ser considerada como un asunto 
médico. El sedentarismo de los chicos de las ciudades, las estrategias familiares de 
consumo y las políticas alimentarias son cuestiones que las disciplinas sociales pueden 
poner a consideración y desencadenar intervenciones en orden a aminorar el problema5. 
El envejecimiento de la población, como expresión de la transición demográfica, nos 
enfrenta al hecho de que cada vez más personas mayores viven más años. En una reciente 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, la OMS propuso un marco de política “para el 
envejecimiento activo” basado en los determinantes de la salud. Y hay experiencias que 
muestran que el envejecimiento saludable puede constituirse en una prioridad para distintas 
áreas de política pública. Por ejemplo, cuando las áreas de educación se involucran en el 
desarrollo de habilidades informáticas en las personas mayores y/o las de transporte 
trabajan para facilitar el uso del transporte público en este grupo poblacional. 
Surgida en los países nórdicos como contrapunto a la Promoción de la salud y a su 
énfasis en los “estilos de vida”, la estrategia de Salud en todas las políticas (en adelante 
STP) persigue la complementación horizontal entre políticas que tienen un alto potencial 
 
4
 En una analogía con el complejo militar industrial y la expansión de su poder político-económico, Arnold 
Relman (1980) caracteriza al complejo médico- industrial como el dispositivo compuesto por las industrias de 
tecnología médica, la industria farmacéutica, las empresas de atención médica, las organizaciones sanitarias y 
las profesiones sanitarias que integra una base científico-técnica radicada en las universidades e instituciones 
de investigación, las industrias sanitarias y la investigación clínica. 
 
5
 El título de un libro de la antropóloga Patricia Aguirre Ricos Flacos y Gordos Pobres ilustra muy bien como 
la cuestión alimentaria en el país está profundamente atravesada por cuestiones de la estructura social y por 
diferentes políticas públicas. 
 
7 
 
para contribuir a la salud de la población y resulta un marco adecuado para repensar las 
intervenciones en salud pública en nuestro medio. STP se basa en el reconocimiento de que 
la salud no es simplemente un producto de las actividades del sector salud, sino que, en 
gran medida, está determinada por las condiciones de vida y por factores sociales y 
económicos que son principalmente controlados por sectores distintos a los servicios 
curativos y preventivos. 
Cuánto caminamos en lugar de conducir, la calidad del transporte público en el que 
nos desplazamos, la calidad de los productos que comemos, el tiempo del que disponen los 
padres de niños pequeños para cuidarlos son cuestiones que tienen un altísimo impacto en 
la salud y que dependen de una diversidad de decisiones políticas a nivel global, nacional, 
provincial y municipal. 
STP asume que, con mucha frecuencia, los determinantes sociales pueden ser 
influenciados directa y rápidamente a través de diferentes políticas e intervenciones en los 
ámbitos en los que la gente vive, se recrea o trabaja. En síntesis: el objetivo central de esta 
estrategia es lograr beneficios para la salud de la población a partir de responsabilidades 
compartidas por el gobierno, en sus distintos niveles y la sociedad, de manera conjunta. 
En materia de capacitación, incorporar la lente de STP demanda una sólida base de 
información, adecuada formación en salud pública y en el diseño y ejecución de políticas 
públicas. Se necesita capacitación en epidemiología, en el enfoque de los determinantes 
sociales de la salud, en negociación y en habilidades para trabajar con múltiples sectores. 
En materia de diseño de políticas sociales, el desafío que subyace a STP es poder 
conciliar valores y objetivos de diferentes políticas públicas, los cuales, cuando no son 
compatibles, implica profundos debates. Un ejemplo claro en nuestro medio se da en la 
política de control de alimentos cuando entra en conflicto con programas de apoyo a micro-
emprendedores. El enfoque conjunto de formulación de políticas supone definir claramente 
objetivos transversales para que los acuerdos de trabajo entre sectores sean precisos; para 
poder identificar con claridad las barreras a la integración que demandan estrategias 
consensuadas y para que la ejecución se considere como parte del proceso político (Ståhl, 
Wismar, Ollila, Lahtinen & Leppo, 2006). En términos de formulación y diseño, el problema 
central a enfrentar es lograr incorporar criterios de salud que no han sido previamente 
considerados en las agendas de los responsables de las diferentes políticas públicas 
En materia de investigación y transferencia, los datos básicos para la formulación y 
evaluación de STP necesitan reflejar posibles desigualdades en la salud, en particular en los 
niveles locales. Alianzas intersectoriales de investigación podrían fortalecer asociaciones 
para usar los recursos de manera más eficiente, trabajando sobre perfiles de población 
comunes. Por ejemplo: los análisis de la situación de salud de las mujeres trabajadoras 
rurales. 
STP también supone planteos interesantes para quienes trabajamos específicamente 
en salud. Ampliar la comprensión de los alcances de la salud es un proceso de aprendizaje 
con importantes implicaciones para el desarrollo de otras políticas sociales. El sector salud 
debe cuestionarse la tendencia a medicalizar las numerosas causas “externas” de la mala 
salud y el papel de otros sectores en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. También debe asumir que los efectos sobre la salud de políticas y programas 
ambientales, de agricultura y económicos, por mencionar algunos, no son del todo 
dimensionados y puestos en cuestión por los equipos de salud. 
En síntesis: creo que necesitamos de nuevas lentes y estrategias para mejorar la 
comprensión de los problemas de salud/enfermedad/atención. Creo que necesitamos 
recrear nuestras formas de trabajo en salud y reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo 
hacemos. Necesitamos sobre todo re politizar la salud. Sólo por este camino podremos 
pasar de la retórica a la construcción de una salud menos medicalizada y más equitativa. 
 
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