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BRENCA & LACROIX: Radio y poder en la Argentina 1920-53
En el marco de un desarrollo
pseudoindustrial, con el establecimiento de
empresas norteamericanas en el país, se
produjo el nacimiento y la evolución de los
servicios de radio en nuestro país.
A este temprano nacimiento (agosto
de 1920) le siguió una tardía regulación que
adhirió, tras muchas dudas, al modelo
norteamericano de redes privadas
financiadas por publicidad en vez del
modelo inglés basado en una entidad
nacional de carácter público y sin
publicidad (modelo cultural populista vs.
concepto paternalista de la cultura), lo cual
coincidió con la creciente influencia de
EEUU en América Latina.
La actitud del Estado fue muy
distinta a la que mantuvo con la prensa
gráfica: en 1934 impulsa un folleto de
instrucciones con reglas y límites para
censurar y controlar a una radio más
preocupada por lo comercial que por la
libertad de expresión.
En 1938 una comisión para
examinar los permisos precarios y la
organización del medio radial, que se
expide un año después sin pena ni gloria.
Desde 1928, cuando el gobierno transfiere a
Correos y Telégrafos la dependencia de la
radiodifusión, se había iniciado un segundo
período de disensos por el estatuto jurídico
de la radio que acabará definiéndose por el
sistema privado de financiamiento
publicitario (al aprobar el congreso la
cadena RADES en 1941).
Con el golpe del ’43 se reglamenta
el otorgamiento de concesiones y se aplica
la censura, suspensiones e intervenciones
generalizadas. La mayoría de las emisoras
pasan al ámbito oficial entre 1947 y 1948
(aunque esto no implica que dejen de ser
financiadas con publicidad).
La (1ra) ley de radiodifusión de
1953 finalmente formalizó el contradictorio
privatismo oficialista (ley 14241, sobre la
organización de los servicios de
radiodifusión, que pasaba a ser de interés
público y el poder ejecutivo podía ahora
autorizar su ejecución a particulares).
A las 3 cadenas comerciales, LR1,
3 y 4 (ahora privatizadas) se les suma una
4ta: el SOR, también centrada en Buenos
Aires. La radiodifusión pertenece ahora al
Ministerio de comunicaciones y las
licencias (20 años) pueden heredarse. Con
el golpe del ’55 un decreto anula las
licitaciones y todo el sistema vuelve a
manos del Estado.