Aportes al apoyo económico y social

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ESTUDIANTE, APORTES 
AL DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 
CULTURAL 
Módulo 4 – Unidad 4 
 
 
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UNIDAD 4. ESTUDIANTE, APORTES AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL. ..... 3 
4.1. VALOR AGREGADO DE UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOCIEDAD ................................................................................................................................................. 3 
4.2. IMPACTO EN EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL DE UNA GENERACIÓN PROFESIONAL
 .................................................................................................................................................................... 7 
4.3. EMPLEABILIDAD JUVENIL Y DESARROLLO ECONÓMICO ....................................................... 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Unidad 4. Estudiante, Aportes al Desarrollo Económico, 
Social y Cultural. 
4.1. Valor agregado de un estudiante universitario en la 
construcción de la sociedad 
Según Isáziga, Gabalán y Vásquez (2014), “el valor agregado no es un simple número, 
sino un punto de partida para el diseño de estrategias que conlleven un mejoramiento de 
la calidad de la educación impartida” (p. 362). Por lo tanto, el valor agregado de los 
estudiantes universitarios al desarrollo no debe considerarse en términos de cantidades 
dadas por la productividad o el rendimiento de estos en su formación académica, pasantías 
o servicio comunitario, sino como la implementación de estrategias para lograr una 
educación de calidad que se traduzca en beneficios a la economía, el ambiente y la sociedad. 
Para Shavelson (citado en Isáziga et al., 2014), el estudiante en su proceso formativo: 
Necesita convertirse en un ser que aprende e indaga permanentemente, a través de un 
proceso sistémico y constante; en un ser atento a los cambios repentinos y en un ser 
siempre dispuesto a adquirir nuevas destrezas, capacidades y competencias, que le 
permitan apropiar de la mejor manera los nuevos conocimientos que se adquieren a 
través de dicho proceso. (p. 363) 
Al respecto, Amat (citado en Isáziga et al., 2014) afirma: 
En el ámbito educativo, el tema del valor agregado suele volverse un poco más 
complejo a la hora de medirse en un grupo de personas luego de un proceso, dado que 
deben analizarse con sumo cuidado, tanto los resultados esperados como las 
implicaciones que tengan en los sujetos de medición. La valoración del capital humano 
no ha sido muy estudiada en la literatura, debido a la subjetividad que esto encierra o 
la disponibilidad de datos indirectos en los que se supone que una determinada 
inversión en el desarrollo del personal está conectada con un indicador económico de 
resultado. (p. 364) 
 
De acuerdo con Rodríguez y Vílchez (2017), el valor agregado se relaciona directamente 
con la eficacia, por lo tanto, un estudiante o institución puede considerarse eficaz en la 
medida que agregue valor. Así mismo, la teoría de la eficacia se fundamenta en el valor 
 
 
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agregado para determinar la verdadera contribución de un sujeto u organización a un 
determinado progreso (p. 46). 
Con base en las premisas anteriores, un estudiante universitario eficaz debe contribuir 
al desarrollo, de forma específica, según su área de conocimiento, y de manera global, 
considerando las aristas del desarrollo sostenible (sociedad, economía y ambiente). En 
efecto, los estudiantes deben participar en los proyectos estratégicos contemplados en los 
planes de desarrollo locales, nacionales o regionales, a través de acciones en las que se 
implementen los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación, al mismo 
tiempo que socializan con entes políticos o comunales para enriquecer sus competencias. 
Al relacionar educación superior con el desarrollo social, Escrigas (2006) destaca que las 
universidades tienen una tarea compleja, debido a su proyección pública y social. La 
mayoría de ellas suponen un modelo democrático de dirección, el cual aporta a otros 
ámbitos y al sector público, sin embargo, el crecimiento tanto de las universidades públicas 
como privadas ha hecho que cada día la gestión universitaria sea más compleja, 
principalmente en el área de gestión de recursos. Esta complejidad se debe a las demandas 
de infraestructura, a los servicios que prestan y al entramado de relaciones sociales en las 
que participan activamente (p. 279). 
 Por consiguiente, Boni y Cerezo (2008) afirman que la educación para el desarrollo se 
basa en “un proceso de enseñanza aprendizaje basado en valores, orientados básicamente 
a la ciudadanía, que busca cambios en los comportamientos de todos nosotros, que haga 
posible la superación de las desigualdades sociales que tan profundamente caracterizan el 
mundo en que vivimos” (p. 27). 
Por otra parte, la participación de los estudiantes universitarios en la promoción del 
desarrollo humano y sostenible es uno de los procesos que integran la responsabilidad 
social universitaria. Dicha participación debe complementarse con gestión ética y 
 
 
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ambiental, la formación de ciudadanos con valores y la producción de conocimientos 
socialmente pertinentes (Vallaeys, 2008). 
Bajo el mismo enfoque, la Universidad de las Américas (citada por Rodríguez, 2012) 
refiere que el aporte de las universidades al desarrollo: 
Implica que los centros de educación superior se comprometen no solo a formar 
buenos profesionales, sino también personas sensibles a los problemas de los demás, 
comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión social de los más vulnerables, 
personas entusiastas y creativas en la articulación de su profesión con la promoción del 
desarrollo participativo de su comunidad. (p. 26) 
 
De forma específica, Licandro (citado en Rodríguez, 2012) señala que las tendencias 
modernas exigen a las instituciones de educación superior “convertirse en una universidad 
transformadora, comprometida con un modelo de desarrollo social inclusivo y 
ambientalmente sustentable, cuyas funciones sustantivas y su gestión interna están al 
servicio de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática” (p. 28). 
En consonancia, uno de los principios de la responsabilidad social universitaria se refiere 
a la formación del estudiante como agente de desarrollo. Esta dimensión se une a la 
transferencia de la ciencia al contexto social y a la promoción de una ciudadanía 
democrática, integrando así, una triple dimensión (como se observa en la imagen 1), dada 
por los estudiantes, la ciencia y la democracia como base del desarrollo (Vallaeys, 2008). 
 
 
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Imagen 1. Triple dimensión de la responsabilidad social universitaria 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Vallaeys, F., citado en Domínguez y Rama (2012, p. 33). 
 
Para una educación transformadora, Boni y Cerezo (2008) realizan una serie de 
propuestas organizadas en los niveles siguientes: 
1) Individual/personal 
Consiste en querer realizar un análisis de la conducta personal orientado al 
establecimiento de relaciones éticas y efectivas con todas las personas con las que se 
interacciona, tanto dentro como fuera de la organización. […] 
2) Organizacional 
reflexionar sobre las prácticas internas y las relaciones en la misma organización, 
poniendo especial atención en las relaciones de poder. 
[…] 
3) Relaciones con el entorno 
enfatizar la rendición de cuentas dirigida a todos los actores del desarrollo, 
especialmente a los más desfavorecidos. […]. (p. 31) 
 
 
En síntesis, las universidades son instituciones fundamentales para el desarrollo, 
principalmente por la aplicación de las investigaciones científicas y las adopciones 
tecnológicas para la resolución de problemas. En este sentido, para contribuir 
efectivamente al desarrollo, las universidades deben actualizar y mejorar continuamente 
sus líneas de investigación y sus programasde acción social, con el objetivo de determinar 
 
 
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las demandas sociales reales y los mecanismos eficaces para transferir el conocimiento 
hacia el desarrollo local, nacional o regional. 
4.2. Impacto en el desarrollo cultural y social de una 
generación profesional 
De forma general, Benavides (citado en Abundis, 2013) define la profesión como “un 
ejercicio experto y especializado aplicado a la construcción y al diseño de obras, de 
prestaciones de servicios, que se ha obtenido a lo largo de un proceso de formación” (p. 
904). Bajo este concepto, las profesiones tienen una función primordial en el desarrollo de 
la sociedad, ya que son esenciales para contribuir al bienestar humano y al desarrollo 
colectivo. 
 Por otro lado, Berumen (citado en Abundis, 2013) indica: 
El surgimiento de las profesiones obedece de alguna manera a la necesidad de contar 
con conocimientos o saberes más especializados que permitan resolver problemas 
concretos, es decir, la naturaleza del trabajo que se exige supone que una profesión 
tiene que ver con actividades de gran valor, indispensables para la colectividad y que 
demanda amplios conocimientos, así como una forma específica de actuar. (p. 904) 
 
Entre las características generales de las profesiones, Abundis (2013) resalta las 
siguientes: 
Se trata de una actividad social institucionalizada, las profesiones proporcionan bienes 
y servicios necesarios para la sociedad, se requiere de una formación especializada y 
reconocida para ejercerla, y existen colectivos profesionales que definen normas 
aceptables para el ejercicio de la profesión, generalmente a través de códigos éticos. 
De estos planteamientos se desprende que uno de los papeles fundamentales de las 
profesiones dentro de la dinámica de la vida social, es cómo estas proporcionan un bien 
que al hacerlo suyo los destinatarios para quienes se desarrollan los trabajos de la 
profesión, sus vidas son afectadas de manera positiva, se generan cambios y se tiene la 
oportunidad de contribuir al desarrollo del medio social donde se inserta el profesional. 
(p. 905). 
 
 
 
 
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De forma más específica, Bermejo (citado en Abundis, 2013) establece que una profesión 
puede definirse subjetivamente, debido a que: 
Le permite al profesional ganarse la vida, quienes la ejercen van transformando algunas 
de sus disposiciones personales y consolidando a través de su trabajo un nuevo modo 
de vinculación con la sociedad, contribuye tanto a su maduración personal como a la 
construcción de la sociedad en la que vive. Realizar de manera satisfactoria o 
insatisfactoria el trabajo profesional es decisivo para el mayor o menor éxito de 
cualquier proyecto de vida personal. Además, el ingreso en una actividad y en una 
comunidad profesional dota al profesional de una peculiar identidad y sentido de 
pertenencia. (p. 905) 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, Abundis (2013) afirma: 
Las profesiones juegan un papel vital en el desarrollo de la sociedad por los servicios 
que éstas le prestan y los cuales están orientados a su crecimiento, expansión, 
progreso, bienestar y el confort, ya sea en el plano teórico o en el práctico. Toda 
profesión pretende contribuir al desarrollo del individuo que la ejerce, no solo de 
manera individual, sino también colectiva, dado que el ejercicio profesional carece de 
sentido si no tiene una dimensión social de servicio a otros, donde el individuo 
desarrolla sus habilidades, capacidades y talentos en pro de un bien no sólo de sí, sino 
también de los de su especie. (p. 907). 
 
En este sentido, Lerner (citado en Rodríguez, 2012) plantea: 
Si la primera función social de la universidad es formar profesionales de excelencia y al 
mismo tiempo personas éticamente concernidas, la universidad cumple sus 
responsabilidades generando personas con conciencia histórica y espíritu cívico: seres 
capaces de reconocer la situación de sus sociedades y de entender sus deberes hacia 
sus conciudadanos. Entre esas personas capaces y honradas deben surgir los líderes de 
una sociedad humanitaria, justa y además eficiente. (p. 18) 
 
En el mismo orden de ideas, Ramos (citado en Chirinos, 2009) indica que “la educación 
superior deberá estimular la recuperación de la mística en el ejercicio profesional y la 
formación de científicos humanistas. Debe estar correspondida con una sólida educación 
humanista impartida desde la educación básica” (p. 136). 
Al respecto, Martínez, Piñero y Figueroa (2013) aclaran: 
La educación superior se va transformando para formar cuadros profesionales con 
capacidad intercultural, con habilidades y destrezas para ser aplicadas en el ámbito 
 
 
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laboral globalizado; con capacidad para adquirir lógicas productivas internacionales y 
tener la disponibilidad para trabajar en aquellos países donde se les solicite, aceptando 
la movilidad internacional como algo natural y necesario. La preparación para esta se 
da en el proceso de formación, donde la movilidad estudiantil se presenta como la 
aspiración y necesidad juvenil por alcanzar el estatus de universitarios globales, 
multiculturales. (p. 30) 
 
Para generar impactos positivos en la sociedad, Rodríguez (2012) señala que las 
universidades deben implementar un perfil ético-profesional basado en los principios 
siguientes: 
• La centralidad de lo moral en el ser humano y su identidad que se expresa en el 
proyecto personal basado en las legítimas aspiraciones y nobles ideales. 
• Sentir que el mundo es nuestro hábitat donde vivimos, sentimos y nos 
relacionamos. 
• La capacidad de detectar los problemas y encontrar alternativas de solución 
superando objetivamente los dilemas éticos. 
• El respeto a la normativa y el código de ética de cada profesión. (p. 36) 
 
Como es evidente, la generación de profesiones requiere un proceso formativo en el que 
los individuos adquieran competencias y alcancen títulos académicos que los certifiquen 
como profesionales capacitados para el desarrollo de actividades en áreas específicas. Por 
lo tanto, las universidades constituyen los principales centros de la formación especializada 
de profesionales, capaces de responder a las demandas y problemas del mundo actual. 
En cuanto a los impactos que la universidad puede generar en su entorno, Pérez (2009) 
los clasifica en cuatro grupos: 
• Impactos de funcionamiento organizacional: como toda organización, la Universidad 
genera impactos en la vida de las personas que en ella trabajan (personal de 
administración y servicios y personal docente e investigador); así como efectos 
contaminantes del medioambiente, de forma que su actividad produce una huella 
tanto humana como ecológica a gestionar conforme a criterios socialmente 
responsables. 
 
 
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• Impactos educativos: la Universidad produce un impacto directo sobre la formación 
de los jóvenes y profesionales, les aporta una determinada manera de mirar y entender 
el mundo, y transmite una serie de valores de ciudadanía. Igualmente, la Universidad 
presenta a sus estudiantes la deontología profesional de cada disciplina, orientando y 
contribuyendo a definir en cada caso la ética de la profesión correspondiente y su rol 
social. 
• Impactos cognitivos y epistemológicos: la universidad es ante todo un centro de 
investigación, difusión y creación de conocimientos, de forma que tiene la facultad de 
orientar o dirigir la producción del saber, el desarrollo de las tecnologías, la selección 
de los temas de estudio, etc. En definitiva, tiene un poder cierto en la determinación 
de la agenda científica de la sociedad y, en ese sentido, juega el papel de puente entre 
los mundos de la ciencia y la sociedad, circunstancia que la hace responsable de 
promover una comunicación fluida entre ambas, así como un acceso universal a la 
ciencia y el conocimiento. 
• Impactos sociales: el impacto que produce la Universidad sobre la sociedad y su 
desarrollo económico, político, socialy cultural es claro. Por una parte, el futuro del 
entorno depende directamente de los profesionales y actores que esta forma en sus 
aulas; por otra parte, la universidad está llamada a ser un referente para la sociedad, 
un actor social llamado a promover el crecimiento y el desarrollo de su entorno, a crear 
capital social, a vincular sus estudios y la formación de sus estudiantes con la realidad 
social y profesional del exterior, y a hacer el conocimiento accesible a todos. (pp. 8-9). 
 
Pérez (2009) resalta que, debido a la importancia de los impactos de la universidad hacia 
su entorno, la estimación de estos permitirá identificar los grupos de personas (imagen 2) 
que deben participar en una universidad socialmente responsable: 
a. Las autoridades universitarias, el personal (administrativo, docente e investigador) y 
los proveedores, desde la perspectiva del impacto organizacional. 
b. Los estudiantes, desde la perspectiva del impacto educativo. 
c. Los investigadores y docentes, desde la perspectiva del impacto cognitivo. 
d. La comunidad local, la sociedad civil y los sectores público y privado como 
potenciales actores externos, desde la perspectiva del impacto social. (p. 10). 
 
 
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Imagen 2. Actores de una universidad socialmentes responsable 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Pérez, F. (2009, p. 10). 
 
 
Así mismo, Pérez (2009) indica que el reconocimiento de impactos hace posible que una 
organización delimite los ámbitos de gestión que le permitirán contribuir positivamente con 
el desarrollo social, a través de cuatro áreas: gestión interna de la organización, referida a 
los impactos de las actividades internas; gestión de formación académica, relacionada con 
los impactos del proceso de enseñanza aprendizaje; gestión del conocimiento, aplicada a la 
investigación o producción de saberes; y gestión de participación social y relaciones 
exteriores, referida a la cooperación con agentes externos (pp. 10-14). 
En síntesis, los profesionales constituyen ejes fundamentales para el desarrollo. Los 
impactos de sus actividades pueden ser positivos o negativos y dependerán de la forma 
como se lleven a cabo las acciones especializadas derivadas del tipo de profesión, así como 
 
 
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de su aceptación en la sociedad. Cada especialidad requiere un profesional diferente, el cual 
debe ser formado académicamente en un ámbito de conocimiento específico en una 
institución educativa. 
4.3. Empleabilidad juvenil y desarrollo económico 
Para afrontar el problema de desempleo juvenil, Sánchez (2014) destaca: 
Se deben implementar políticas y programas integrales, con planes de acción 
caracterizados por la diversidad de necesidades de la pluralidad de jóvenes existentes 
(capacitación laboral, formación de jóvenes en la empresa, programas de primer 
empleo, apoyos de inserción al empleo, igualdad de oportunidades, contratos de 
aprendizaje, fomento de empresas juveniles, apoyos económicos para las empresas 
que contratan a trabajadores jóvenes, etcétera), que sean a su vez concretos y 
operativos involucrando a toda la sociedad. (p. 151) 
 
Muchos países han abordado dicha problemática a través de la implementación de 
programas de empleabilidad juvenil, que en muchos casos han sido exitosos. Tal es el caso 
del programa brasileño Projovem, descrito por Siem (citado en Sánchez, 2014) a través de 
las vertientes siguientes: 
a) Projovem adolescente. La reinserción y la permanencia de los jóvenes en el sistema 
educativo, destinado a la población entre 15 y 17 años. 
b) Projovem urbano, que busca elevar el nivel de escolaridad, la calidad profesional y 
desarrollo de experiencias de participación juvenil. 
c) Projovem campo, enfocado a ampliar la permanencia de los jóvenes campesinos en 
el sistema educativo, la calificación profesional y el ejercicio de la ciudadanía. 
d) Projovem trabajador, que busca preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo, 
mediante la formación en ocupaciones alternativas. (p. 152) 
 
Respecto a Projovem, Curi (citado en Sánchez, 2014) destaca que el programa garantiza 
“la permanencia en el sistema educativo como estrategia para la calificación profesional, 
además propicia la participación de los jóvenes en el desarrollo de su comunidad” (p. 152). 
Esto significa que un programa de empleabilidad juvenil dirigido al desarrollo sustentable 
 
 
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requiere que los jóvenes no abandonen los estudios, sino que adapten la dinámica de 
trabajo con el proceso de formación en las instituciones educativas. 
Al relacionar la función social de la universidad con el desarrollo y la empleabilidad 
juvenil, Sánchez (2014) indica: 
El servicio social nació como un instrumento para vincular a la universidad con la 
sociedad, ya sea para que los estudiantes apliquen sus conocimientos en beneficio de 
los intereses de la sociedad. Sin embargo, el servicio social quizá debería reorientar sus 
funciones para además de ser un mecanismo que le permita a los jóvenes retribuirle a 
la sociedad la preparación que ha recibido, se convierta también en un trampolín que 
lo catapulte a un empleo permanente y de calidad. Convirtiéndose el servicio social en 
un vehículo que permita la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y en ese 
sentido hacer efectiva la transición escuela-trabajo. (p. 158) 
 
Por otra parte, la empleabilidad juvenil requiere la alianza entre organizaciones, 
empresas y Estado, como señala Sánchez (2014): 
Las organizaciones de empleadores pueden promover el desarrollo de servicios 
eficientes que permitan fusionar la demanda del mercado laboral con la oferta de 
trabajo juvenil. Pueden trabajar estrechamente con instituciones dedicadas a la 
formación profesional, así como colaborar en la definición de los objetivos y prioridades 
de las políticas nacionales de educación y formación profesional. Las empresas pueden 
crear programas para jóvenes desfavorecidos, que tendrían a su vez el apoyo del 
Estado. Asimismo, las empresas también pueden favorecer la participación de los 
jóvenes como aprendices o pasantes, permitiéndoles acumular experiencia en el 
trabajo. (p. 159) 
 
 En el contexto legal, Damon (citado en Sánchez, 2014) manifiesta: 
 
No bastan leyes que solo establezcan declarativamente la creación de programas de 
primer empleo. Tampoco pueden ser bienvenidos los contratos de trabajo para jóvenes 
(aprendizaje, pasantías, becarios, formación profesional, etcétera) que acentúen la 
precarización del empleo, la inseguridad de los ingresos, una menor protección social 
y una mayor rotación laboral. Los contratos de aprendizaje deben ser un instrumento 
inicial que les permita consolidar un empleo. No pueden devenir en un instrumento de 
precarización de las condiciones de trabajo y de generación de trabajadores que a pesar 
de contar con un empleo son pobres. (pp. 160-161) 
 
 
 
 
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En el ámbito global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) estima: 
La tasa de participación de los jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) en la fuerza de 
trabajo ha seguido cayendo. Entre 1999 y 2019, a pesar de que la población juvenil 
mundial ha aumentado de 1000 millones a 1300 millones, el número total de jóvenes 
que participan en la fuerza de trabajo (los que están empleados o desempleados) ha 
disminuido, al pasar de 568 millones a 497 millones. Aunque esta tendencia refleja la 
creciente matriculación en instituciones de educación secundaria y superior, lo que en 
muchos países se traduce en una fuerza de trabajo más calificada, también pone de 
relieve el gran número de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios. (p. 1) 
 
De acuerdo con los datos anteriores, la empleabilidad juvenil está relacionada con la 
educación de los jóvenes en dos sentidos: por un lado, algunos jóvenes, debido a sus 
compromisos como estudiantes, no poseen el tiempo necesario para cumplir con un 
empleo; y, en otros casos, la formación en institucionesde educación superior favorece a 
los jóvenes para conseguir empleo, debido a que las personas preparadas tienen mayores 
competencias para participar en el mercado laboral. 
En el plano socioeconómico, la OIT (2020) resalta: 
Los trabajadores jóvenes continúan enfrentándose a unas altas tasas de pobreza y 
están cada vez más expuestos a formas atípicas, informales y menos seguras de 
empleo. Incluso entre los jóvenes que tienen un empleo, su situación dista mucho de 
ser satisfactoria. De los 429 millones de trabajadores jóvenes en todo el mundo, unos 
55 millones, o el 13 por ciento, viven en condiciones de extrema pobreza (con unos 
ingresos inferiores a 1,90 dólares de los Estados Unidos al día), mientras que 71 
millones, o el 17 por ciento, viven en situación de pobreza moderada (con unos ingresos 
inferiores a 3,20 dólares de los Estados Unidos al día). (p. 2) 
 
En general, la OIT (2020) asegura: 
Hay una falta de trabajos decentes adecuados para los jóvenes. Alentar a las mujeres y 
hombres jóvenes a realizar estudios universitarios no resolverá de por sí el problema 
del desempleo juvenil. Es importante asegurar que los programas de estudios 
universitarios sean de gran calidad y, además, que exista suficiente demanda de 
competencias de licenciados. Sin embargo, en los últimos años, el número de 
participantes en la fuerza de trabajo con una licenciatura no ha ido acompañado de un 
aumento similar del número de trabajos altamente calificados. Este desequilibrio entre 
la demanda y la oferta de licenciados universitarios es uno de los principales factores 
 
 
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subyacentes a la tendencia a la disminución de la rentabilidad financiera privada de la 
educación superior observada en muchos países desde la Gran Recesión de finales de 
los años 2000. Es fundamental promover políticas que generen empleos decentes para 
las mujeres y los hombres jóvenes. (p. 4) 
 
En este sentido, la OIT (2020) sugiere la implementación de políticas de empleabilidad 
juvenil según la premisa siguiente: 
Si bien el desarrollo del nivel de educación y de las competencias de los trabajadores 
jóvenes es primordial para asegurar el progreso, a menos que las medidas del lado de 
la oferta se complementen o ajusten con medidas del lado de la demanda con miras a 
la creación de empleo, el desánimo entre los jóvenes puede aumentar. Un enfoque 
integrado que incluya políticas macroeconómicas y sectoriales para la creación de 
empleo, junto con políticas redistributivas, sería una manera eficaz de promover el 
crecimiento. En este contexto, son importantes los programas del mercado de trabajos 
activos y a gran escala orientados a los jóvenes desfavorecidos, que probablemente 
tengan un efecto de expansión en la demanda de trabajo más allá de los efectos 
directos en los participantes. (p. 5) 
 
A manera de ejemplo, la International Youth Foundation y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (IYF y USAID, 2015) presentan un modelo de 
empleabilidad juvenil basado en dos fases: 
• Formación de los jóvenes para el mundo del trabajo, de una duración de 7 semanas, en 
la cual ellos fortalecen actitudes hacia el trabajo y desarrollan capacidades y 
habilidades para la vida y el empleo que les facilita encaminarse hacia un futuro 
productivo. La formación trata temas como resolución de conflictos, comunicación, 
responsabilidad y trabajo en equipo, además de ayudarles a reconocer sus fortalezas y 
debilidades y mejorar la confianza en sí mismos. El joven se beneficia también por 
medio de talleres complementarios y mediante el desarrollo de un plan de vida y 
carrera, un currículum bien elaborado, y orientación práctica sobre entrevistas 
laborales. 
• Intermediación laboral y educativa, durante 4 meses, que orienta a los jóvenes sobre 
opciones laborales acordes con sus capacidades y aspiraciones y los deriva a las 
oportunidades laborales o educacionales concretas según su plan de vida y carrera. Se 
les da seguimiento y asesoría para aumentar sus posibilidades de éxito en conseguir el 
trabajo y mantenerse en ello. (p. 4) 
 
 
 
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Según IYF y USAID (2015), este modelo puede ser adoptado por organizaciones civiles de 
cualquier área y tamaño o puede incorporarse a otras actividades formativas, de 
capacitación técnica, de salud, o de servicio social, entre otros. Además, puede dirigirse 
tanto a jóvenes como a otro tipo de personas, teniendo en consideración los siguientes 
aspectos fundamentales: trabajo en equipo, sensibilidad hacia la vulnerabilidad de los 
jóvenes, capacidad de reflexión, pensamiento crítico, organización, planificación y 
evaluación continua (pp. 4-5). 
Metodológicamente, IYF y USAID (2015) describen el modelo mediante una secuencia de 
seis etapas: planeación, donde se caracterizan los componentes del modelo, sus etapas, la 
logística y proveeduría; difusión y reclutamiento, orientada a la divulgación del modelo para 
captar la participación de la población; formación, referida a la recepción de insumos y al 
desarrollo de capacidades; intermediación laboral, donde se generan las oportunidades de 
empleo; gestión estratégica, relacionada con alianzas, estrategias y políticas para alcanzar 
los objetivos; monitoreo y evaluación, para medir los impactos y resultados durante todas 
las fases para verificar el avance, detectar fallas y proponer mejoras (pp. 6-7). 
Para una planeación efectiva, IYF y USAID (2015) indican que se deben reconocer los 
elementos básicos que componen el modelo, considerando la participación de los jóvenes 
en actividades delimitadas temporalmente de la siguiente forma: preparación (3 – 4 
semanas); difusión y reclutamiento de jóvenes (3 semanas); formación en habilidades para 
la vida y el empleo (7 semanas); e intermediación laboral y educativa (4 meses), tal como 
se evidencia en la imagen 3 (p. 9). 
 
 
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Imagen 3. Períodos de las actividades de planeación 
Fuente: Elaboración propia, a partir de IYF y USAID (2015, p. 9). 
 
Con base en las experiencias de adopción del modelo, IYF y USAID (2015) destacan el 
enfoque joven a joven, el cual aumenta la eficiencia del modelo, debido a que la empatía 
entre el equipo operativo de jóvenes y los jóvenes participantes reduce los tiempos para el 
desarrollo de la programación. Asimismo, este enfoque ofrece una oportunidad para el 
desarrollo profesional de jóvenes que laboran en estos programas de formación, 
transfiriendo sus habilidades a otros jóvenes (p. 15). 
En cuanto a la etapa de difusión y reclutamiento, IYF y USAID (2015) ofrecen los 
siguientes señalamientos: 
Es cuando promovemos los servicios que se van a ofrecer a los jóvenes en la 
comunidad, les invitamos a participar y seleccionamos a los que vamos a inscribir para 
el cohorte o ciclo que está por comenzar. Se requiere una buena planificación, 
conocimiento íntimamente las comunidades en donde se van a ofrecer los servicios, 
 
 
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materiales de difusión, alianzas con los medios de comunicación y miembros claves de 
la comunidad, y sobre todo una coordinación excelente del equipo operativo. (p. 24) 
 
En relación con la formación, IYF y USAID (2015) destacan que tiene como objetivo 
“ayudar a los jóvenes a descubrir o desarrollar capacidades que les permitan tomar 
decisiones sobre su plan de vida, incluyendo educación y empleo, que los conduzcan a una 
vida productiva, saludable y comprometida con su comunidad” (p. 34). 
A manera de ejemplo, IYF y USAID (2015) refieren los siguientes talleres de formación, 
los cuales se han desarrollado exitosamente en algunas localidades: tecnologías de la 
información, servicio al cliente y ventas, arte urbano, música o danza, salud sexual y 
reproductiva, lectura y redacción, prevención de adicciones, liderazgo, inglés y 
emprendimiento (p. 39). 
Por otra parte, IYF y USAID (2015) definen la intermediación laboral como el componente 
del programa en el que el equipo de consejerosacompaña y apoya a los jóvenes graduados, 
con la finalidad de ser vinculados en puestos de trabajo o reinsertados en programas de 
educación o capacitación. Esta fase da continuidad a la formación de los jóvenes, mediante 
el desarrollo de las competencias adquiridas previamente y el empoderamiento de los 
participantes para vincularse a las nuevas oportunidades laborales (p. 49). 
 
A partir de la intermediación laboral, IYF y USAID (2015) identifican cinco posibles 
resultados: 
Empleo formal: Actividad productiva, remunerada y con prestaciones sociales de ley, 
establecida a través de un contrato legal. 
Pasantía: Actividad laboral bajo prueba de que puede derivar en la formalización a 
través de un contrato legal. 
Emprendedorismo/Autoempleo: Situación en la que el joven crea su propio negocio o 
desarrolla algún oficio por el cual se remuneran sus servicios. 
Capacitación técnica: Actividad de formación que cuente con una certificación oficial, 
agregue valor curricular o eleve el grado de empleabilidad de los jóvenes. 
 
 
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Educación formal: Sucede cuando el joven continúa con sus estudios en la escuela 
normativa ya sea a nivel de escuela secundaria, preparatoria o universidad. (p. 49) 
 
De forma gráfica, IYF y USAID (2015) representan las etapas de la intermediación laboral, 
tal como se visualiza en la imagen 4, considerando que en este periodo se materializan los 
objetivos específicos del programa, los cuales conducen al propósito general de brindar al 
joven participante una oportunidad laboral o educativa de acuerdo con su plan formativo 
(p. 50). 
 
Imagen 4. Etapas de la intermediación laboral 
Fuente: IYF y USAID (2021, p. 50). 
 
En torno a la gestión estratégica, IYF y USAID (2015) conciben esta etapa como la 
formulación e implementación de alianzas interinstitucionales, procesos comunicativos y 
políticas internas para alcanzar los objetivos propuestos. Entre los sectores estratégicos 
para considerar se encuentran los sectores social, académico, público y privado, los cuales 
pueden aportar esfuerzos y valor agregado a la ejecución y sostenibilidad del modelo (pp. 
59-60). 
Por último, IYF y USAID (2015) resaltan que la etapa de monitoreo y evaluación tiene 
como objetivo obtener información válida y confiable sobre los resultados e impactos del 
 
 
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modelo, dando a la vez seguimiento a su gestión y determinando el alcance de las metas. El 
monitoreo se realiza durante todo el programa y se refiere al proceso sistemático de 
recolección de datos sobre su implementación. Por su parte, la evaluación se limita a 
determinar los resultados y los impactos, estimando la efectividad, la eficiencia y la 
relevancia de la implementación del programa, además de brindar las medidas de mejora 
que se deben seguir para futuras implementaciones (p. 69). 
De acuerdo con los planteamientos anteriores, todos los países deberían formular e 
implementar modelos de empleabilidad juvenil, integrados por componentes apropiados 
según cada contexto. Dichos programas deben tener en común el propósito de formar a los 
jóvenes para su vinculación con un empleo digno. Cabe destacar que estos modelos no son 
responsabilidad única del Estado o de las instituciones educativas, sino que deben ser 
desarrollados mediante alianzas, en las que es indispensable la participación de los 
organismos gubernamentales, las universidades, la comunidad y las empresas públicas o 
privadas.