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ESTADO, ECONOMÍA 
CREATIVA Y EMPLEO
EN MÉXICO
JOSÉ MARÍA RAMOS GARCÍA
ROSA ISABEL MEDINA PARRA
(coordinadores)
Estado, economía creativa 
y empleo en México
José María Ramos García
Rosa Isabel Medina Parra
(coordinadores)
Primera edición digital, 12 de junio de 2021
[En junio de 2023 El Colef publicó la primera edición de este libro en formato 
impreso]
D. R. © 2023 El Colegio de la Frontera Norte, A. C.
Carretera escénica Tijuana-Ensenada km 18.5
San Antonio del Mar, 22560
Tijuana, Baja California, México
www.colef.mx
ISBN: 978-607-479-525-7
Coordinación editorial: Érika Moreno Páez
Corrección y formación: David Ricardo
Última lectura: Valentina Santes Olmedo
Lectura de control: Valentina Santes Olmedo / Andrea Alcántar
Diseño de cubierta: David Ricardo
Imagen de cubierta: Freepik (Fanjianhua, Flashmovie, Ipopba)
Ajustes para conversión a digital: Valentina Santes Olmedo
Hecho en México / Made in Mexico
ESTE
LIBRO FUE
DICTAMINADO
MEDIANTE EL PROCESO
DOBLE CIEGO
POR PARES
ACADÉMICOS
Estado, economía creativa y empleo en México / José María Ramos García y Rosa 
Isabel Medina Parra, coordinadores. — Tijuana, B. C. : El Colegio de la Frontera 
Norte, 2023.
4.2 MB (199 pp)
ISBN: 978-607-479-525-7
1. Economía creativa — México. 2. Economía creativa — Baja California. — 3. 
Economía creativa — Juventud. 4. Industrias culturales — Aspectos económicos 
— México. 5. Gobernanza — Economía creativa — Empleo — México. 6. Centros 
de Alta Tecnología — México — Baja California. I. Ramos García, José María. II. 
Medina Parra, Rosa Isabel.
HD9999 .C9473 E8 2023
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Competitividad, el derecho humano 
al trabajo y el derecho a la ciudad
Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
La prosperidad de las naciones no se hereda ni crece solamente a 
partir de sus recursos naturales, el valor de su moneda, el costo de 
su mano de obra, de sus tasas de interés ni por el grado de inter-
vención gubernamental, sino que se crea a partir de su competitivi-
dad y productividad, de la capacidad de su industria para innovar 
(Porter, 1991), así como de la observancia de los derechos humanos 
–especialmente aquellos vinculados al derecho al trabajo, como la 
generación y preservación del empleo– que permiten el desarrollo 
económico nacional, cuya protección mejora la reputación y la capa-
cidad de las economías (Peña et al., 2020), y donde el bienestar de 
los ciudadanos deriva en gran parte del nivel de competitividad que 
tienen las entidades productivas (Maynez, 2011). El reto de la com-
petitividad consiste en promover resultados socialmente aceptables, 
y en particular trata de incidir en un desarrollo económico soste-
nible e incluyente donde se priorizan acciones con perspectiva de 
género, tal como plantea el programa industrial del actual gobierno 
federal mexicano (Secretaría de Economía [SE], 2022).
La pandemia del COVID-19 ha producido un efecto muy profundo 
sobre la economía y la sociedad de América Latina y el Caribe. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020) 
advirtió sobre el posible cierre de 2.7 millones de empresas en el 
2020, el equivalente a 19 por ciento de todas las firmas de la región. 
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
En el caso de las microempresas, este porcentaje alcanzó aproxima-
damente 21 por ciento, y en términos de empleo se destruyeron más 
de 8.5 millones de puestos de trabajo: 8.1 por ciento del total del 
empleo formal en el sector empresarial y más de un quinto de los 
puestos de trabajo aportados por las microempresas.
Políticas para la competitividad y el desarrollo
Con la apertura comercial derivada de la globalización, la compe-
titividad es una preocupación importante –tanto de los gobiernos 
como de las entidades productivas–, y se plantea su propia supervi-
vencia y desarrollo para reducir la pobreza e integrar ajustes estruc-
turales, reconversión productiva y uso inteligente de los recursos 
naturales (Müller, 1995).
Antes de la globalización, los productos y servicios eran sim-
ples y la competencia era poco sofisticada (Shapiro, 1988), sin 
embargo, las actuales tendencias empresariales se caracterizan por 
competir en mercados más exigentes y complejos que requieren 
mayor diversidad de productos y servicios con períodos de vida 
más cortos (Lamarca, 2007; Suárez, 1994).
Competitividad, derechos y economía creativa
Un desafío de la gobernanza y de la aplicación de políticas consiste 
en promover las artes como un campo social, ya que no existen 
políticas públicas que respondan al ámbito económico de la cultura 
y la creatividad, lo que vuelve necesario impulsar el crecimiento eco-
nómico, organizacional y empresarial de quienes producen bienes y 
servicios culturales. La política a implementar debe fundarse en el 
reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y libertades 
culturales con la intención de preparar un entorno propicio para el 
desarrollo cultural.
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
La competitividad ha sido tratada principalmente a partir de 
dos corrientes de investigación estratégica: 1) modelos medioam-
bientales que la abordan desde aspectos externos a las organizacio-
nes y 2) la teoría basada en recursos y capacidades dinámicas que 
plantea el concepto de competitividad desde sus propios esquemas 
(Maynez, 2011). A partir de dichos modelos medioambientales se 
aprecia que la competitividad de una nación tiene sus bases en la 
capacidad de su aparato productivo para elaborar bienes o prestar 
los servicios requeridos por los mercados domésticos e internaciona-
les, lo que genera ingresos necesarios para mejorar el bienestar de la 
población (Gurría, 2012); un país será competitivo si su capacidad 
de inserción en los mercados se basa en sus fortalezas, políticas y en 
su gobernanza económica (Candia, 2014).
La política industrial adquiere una importancia estratégica para 
el crecimiento y la productividad. Se requieren análisis puntuales de 
la estructura productiva privada y de los incentivos estatales existen-
tes para que, de ser necesario, se modifiquen o integren incentivos 
adicionales a los que prevalecen en la actualidad, y que de manera 
conjunta con el Estado se realicen inversiones que fortalezcan 
la competitividad, garanticen el crecimiento económico y eviten 
retrocesos sociales y ambientales.
El desafío de la gobernanza consiste en institucionalizar dichos 
procesos como parte de una política integral para el crecimiento. 
Además, para que la competitividad sea sostenible deben generarse 
atributos, recursos y capacidades que requieren políticas estratégicas 
consistentes (Barney, 1991; Maynez et al., 2013). 
El fortalecimiento de las capacidades de gobernanza es de im- 
portancia fundamental para promover una política industrial para 
el crecimiento y la productividad, para ello es necesario modificar 
la estructura productiva, es decir, generar incentivos distintos para 
que las empresas privadas –junto con el Estado– realicen las inver-
siones estratégicas en favor de la competitividad que garanticen el 
crecimiento y el bienestar.
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
La pandemia ha generado nuevos y múltiples desafíos para 
América Latina con fuertes cambios en el desarrollo sostenible, 
como el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo [PNUD], s.f.), donde la prospectiva se vuelve esencial res-
pecto al desarrollo de aptitudes que permitan anticiparse a posibles 
sucesos. El diseño de escenarios para el futuro es pertinente porque 
ayuda a reducir la incertidumbre.
Debido a la relevancia del tema, es importante identificar la 
diferencia entre competencia y competitividad, ya que mientras 
la primera se relaciona con la rivalidad entre dos o más grupos o 
individuos para obtener una recompensa determinada, la segunda 
se refiere a la dinámica económica orientada al logro de objetivospreviamente establecidos y apoyados en competencias para el sumi-
nistro de productos y servicios (Sobrino, 2002).
Actualmente los indicadores de competitividad se han transfor-
mado en uno de los criterios de evaluación internacional –susten-
tada en la formulación del diseño e implementación de estrategias y 
políticas empresariales de las distintas economías–, principalmente 
los basados en unidades de medida cuantitativa sobre el resultado 
nacional y empresarial, pero sin constituir variables explicativas 
de su desempeño, por lo que se han elaborado documentos tan 
importantes como el Índice de Competitividad Global (ICG) del 
Foro Económico Mundial (FEM), que contempla el conjunto de 
instituciones políticas y factores que determinan la productividad 
de una economía, lo que a su vez establece el índice de prosperidad 
que el país puede lograr (México Competitivo, 2018).
Desde 1979 el ICG ha evaluado la capacidad que tiene un país 
de producir oportunidades de desarrollo económico para los ciuda-
danos a partir de los factores que impulsan la productividad y que 
establecen las condiciones para el crecimiento, el desarrollo econó-
mico y la prosperidad social, y que cumplen con lo establecido por la 
agenda de desarrollo sostenible (Competitividad y Estrategia, 2020; 
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
FEM, 2022), configuradas a partir de aspectos o categorías –eco-
nómicas, sociales y culturales– y agrupadas en tres subíndices: 1) 
requerimientos básicos, 2) promotores de eficiencia, y 3) factores 
de innovación (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Subíndices y pilares del ICG
Requerimientos básicos Promotores de eficiencia Factores de innovación
Instituciones
Infraestructura
Ambiente macroeconómico
Salud y educación primaria
Educación superior y 
capacitación
Mercado de bienes
Mercado laboral
Mercado financiero
Disponibilidad tecnológica
Tamaño del mercado
Sofisticación empresarial
Innovación
Fuente: Elaboración propia con base en datos del FEM (2016, p. 5, traducción propia).
Es importante destacar que los subíndices poseen una ponde-
ración variable y dependiente del grado de desarrollo económico, 
cuyos 12 pilares de evaluación se detallan a continuación:
1) Entorno institucional: comprende el marco legal y admi-
nistrativo –tanto de las instituciones privadas como de las 
públicas– de interacción, incluye reglas, políticas y procedi-
mientos de toda actividad orientada al crecimiento econó-
mico, y sus indicadores dependen del grado de transparencia 
de los puestos gubernamentales y del número de empresas 
auditadas externamente. Fortalecer el papel del Estado es una 
prioridad cuya finalidad consiste en promover un modelo de 
gobernanza que impulse el desarrollo.
2) Infraestructuras eficientes: integran el transporte de perso-
nas y mercancías –autopistas, aeropuertos, puertos marítimos 
y red ferroviaria–, el suministro energético –electricidad y 
gas– y las telecomunicaciones –telefonía e Internet–, lo que 
impulsará la productividad del país, contribuirá al buen 
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas, 
permitirá un rápido flujo de información y facilitará la medi-
ción de la eficiencia del transporte y la red de electrificación, 
entre otras ventajas.
3) Ambiente macroeconómico estable: fundado a partir de las 
tasas de inflación o deflación, las tasas de interés nacional y 
los niveles de déficit o superávit que repercuten en la compe-
titividad de un país, y consecuentemente en su crecimiento 
y desarrollo económico, lo que ha permitido monitorear los 
niveles de deuda del gobierno y el promedio crediticio del país.
4) Salud y educación básicas: se evalúan mediante servicios 
sanitarios y centros de educación básica indispensables para 
la población que otorguen a los trabajadores las condicio-
nes necesarias para desempeñarse de manera productiva y 
se reduzca el absentismo por enfermedad, todo gracias a las 
mejoras en las expectativas de vida y matrícula en educación 
básica de la población.
5) Educación superior y especializada: aquellas economías que 
traten de elevar su competitividad deberán contar con centros 
de educación superior especializados y de calidad, donde se 
forme a los trabajadores del presente y del futuro para elaborar 
productos y servicios con alto valor agregado, por lo que se 
toman en cuenta las tasas de inversión empresarial en la for-
mación y desarrollo de sus trabajadores, así como la matrícula 
en educación superior.
6) Eficiencia de los mercados: actitud basada en un entorno 
estable, eficiente y transparente que desarrolle actividades 
comerciales para el intercambio de bienes y servicios, evite el 
exceso de trámites burocráticos y cargas impositivas, genere 
nuevos mercados domésticos donde se cuantifique el número 
de trámites necesarios para crear un negocio y que permita 
medir el grado de sofisticación de los compradores.
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
7) Eficiencia del mercado laboral: a partir de un marco eficiente 
y flexible que permita a los trabajadores cambiar de actividad 
rápidamente sin desórdenes sociales ni altos costos, además 
de observar el principio de igualdad laboral entre hombres y 
mujeres, con énfasis en la cultura de promoción por méritos 
propios que atraiga y retenga a los trabajadores del país, por lo 
que se analizarán los salarios y la productividad, las políticas 
laborales para la contratación y despido, así como la tasa de 
hombres y mujeres trabajadores.
8) Mercado financiero: estable, seguro, transparente y que per-
mita obtener fondos financieros para inversiones que favorez-
can la competitividad y fortalezcan el capital empresarial, de 
la población y del país en función del grado de financiamiento 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así 
como el grado de liquidez de las instituciones financieras.
9) Adopción tecnológica: si se considera la capacidad de adoptar 
e integrar ágilmente la innovación tecnológica se incremen-
taría la productividad y la consecuente competitividad, por 
lo que es útil medir la disposición de las últimas tecnologías 
y la tasa de adopción tecnológica empresarial.
10) Tamaño del mercado: con capacidad de expandirse en el ámbito 
internacional; este es un indicador ligado a la productividad que 
responde a los requerimientos de los mercados y permite econo-
mías de escala que –al producir en grandes cantidades– reduz-
can costos de manufactura, compra y distribución acordes con 
el tamaño de los mercados interno y externo.
11) Sofisticación de los negocios: mediante las redes de nego-
cios y cadenas de suministro de cada país se favorecen la 
generación y el desarrollo de clusters, considerados elementos 
clave y catalizadores de la competitividad para evaluar la cali-
dad y cantidad de proveedores, así como la sofisticación de 
los procesos productivos.
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
12) La innovación: su importancia radica en su capacidad de 
generar nuevos productos y servicios en los países, incentivar 
la inversión privada y pública para el desarrollo, y disponer 
redes de colaboración entre el sector empresarial, la academia 
y la administración pública, lo que a su vez pondera la inver-
sión de las empresas privadas en investigación y desarrollo, 
así como la capacidad de innovación.
Pilares del Índice de Competitividad Global
Los pilares del ICG se ponderan a partir de 114 variables, de las 
cuales 34 constituyen datos duros aportados por cada país, por 
el Banco Mundial (BM) y por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI); en tanto que las 80 variables restantes se determinan a par-
tir de encuestas de opinión aplicadas a actores estratégicos 
(México Competitivo, 2018). Es importante señalar que en 2019 
dicho índice destacó las economías de 140 países, donde México 
ocupaba la posición 48 y había descendido dos posiciones respecto 
al reporte anterior,donde ostentaba el lugar 46; no obstante, aún 
mantiene la segunda posición en el escalafón de los países de 
América Latina y el Caribe, con Chile en el lugar 33 (FEM, 2019).
Este índice destaca que el bienestar de los ciudadanos se debe en 
gran parte al nivel de competitividad (Maynez, 2011), cuyo incre-
mento implica crecimiento y desarrollo económico que resulta en 
prosperidad y bienestar para la población (Hofman et al., 2017). Las 
economías más competitivas presentan mayor posibilidad de que 
ocurra crecimiento económico sustentable e inclusivo, cuyos resulta-
dos benefician en mayor medida a su población (Forbes Staff, 2020). 
La clave para la generación de riqueza de las naciones es la produc-
tividad –por medio de las unidades económicas que la conforman 
y de los trabajadores– respaldada por los entornos nacionales y 
regionales (Porter, 1991). Lo anterior cobra especial relevancia si se 
considera que estudios recientes afirman que la observancia de los 
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
derechos humanos repercute en la competitividad de los países con 
énfasis en el derecho al trabajo y su protección, lo que mejora la 
reputación y la capacidad de las economías, y pondera la necesidad 
de crear más fuentes de empleo que ayuden al desarrollo económico 
nacional (Peña et al., 2020).
De acuerdo con los resultados del Índice Mundial de Innova-
ción 2020 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI, 2020) para un total de 16 países evaluados en América 
Latina, México ocupó el segundo lugar entre los más innovadores 
con un registro de 33.6 puntos, superado únicamente por Chile, que 
lidera la zona con una puntuación de 33.9; en tercer lugar aparece 
Costa Rica con 33.5 puntos.
El escalafón mundial 2020 quedó encabezado por Suiza, con 
un puntaje de 66.08, seguido por Suecia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Alemania y 
Corea del Sur (OMPI, 2020). Un rasgo de estos países consiste en su 
capacidad para promover políticas para la competitividad con base 
en la innovación, ya que impulsan agendas de cogobernanza con el 
sector privado basadas en prioridades enfocadas en el crecimiento 
de la inversión y la productividad, donde los sectores de la economía 
creativa y cultural resultan clave en sus estrategias para el creci-
miento, en especial para las pequeñas y medianas empresas (pyme), 
por ello el actual programa industrial propone, entre otras estra-
tegias, la promoción de contenido regional y la vinculación con 
las mipymes, y profundizar la integración con América del Norte 
mediante la creación de cadenas de suministro (SE, 2022).
De acuerdo con la OMPI (2020), el país mejor calificado en 
América Latina fue Chile, que ocupaba el puesto 54 con un pun-
taje de 33.86; le seguían México, Costa Rica, Brasil, Colombia, 
Uruguay, Panamá, Perú y Argentina –lugares 55, 56, 62, 68, 69, 
73, 76 y 80, respectivamente–. En estos países también destaca el 
importante papel de los Estados en la elaboración de una serie de 
políticas para la competitividad y el crecimiento industrial, cuya 
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
prioridad consiste en fortalecer su desempeño bajo un modelo de 
gobernanza, lo que en el caso de México se aprecia en el programa 
industrial actual, donde se plantea que su industria requiere actua-
lizarse de acuerdo con las tendencias tecnológicas y científicas para 
aumentar la productividad y superar la condición de país maqui-
lador para convertirse en productor de conocimiento (SE, 2022).
La vulnerabilidad y la precariedad laboral se agudiza en el caso 
de las mujeres, lo que aunado a la problemática estructural de dis-
criminación reproduce dicha situación, por lo que se espera que el 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2020-2024 
y otros programas –como el reciente programa de la SE– dismi-
nuyan tales problemas y generen políticas inclusivas y de cohesión 
social que ayuden a crear valor público. En efecto, en el mencionado 
programa se ha propuesto crear proyectos para mujeres empren-
dedoras e incentivar habilidades de emprendimiento en todos los 
niveles educativos (SE, 2022).
Un reto de importancia central para México consiste en pro-
mover y vincular las políticas macroactivas con las sectoriales para 
impulsar el desarrollo sostenible mediante la creación de empleos, y 
así evitar los efectos de la pandemia, lo que fomenta más empleo 
y crecimiento, todo esto apoyado por eficaces políticas fiscales 
activas y proyectos de inversión con enfoque de sostenibilidad 
ambiental, complementados con políticas industriales y tecnológi-
cas que construyan capacidades productivas nacionales y aumenten 
la competitividad. La gobernanza planificada para el desarrollo es 
de importancia fundamental porque promueve la competitividad, 
la productividad y ocasiona efectos benéficos en el crecimiento.
Derechos humanos, derecho al empleo y competitividad
Los derechos humanos incluyen el derecho al trabajo, al descanso, 
a la asistencia sanitaria, a la educación, a la cultura y a mucho más, 
y destacan el vínculo intrínseco entre los derechos humanos y el 
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
desarrollo. Los derechos humanos forman parte integral de todos 
los ODS, pero si la fase de implementación no toma en cuenta esta 
realidad, cualquier progreso social o económico tendrá limitaciones.
En el marco de la sostenibilidad, se crearon en 2011 los Prin- 
cipios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de 
las Naciones Unidas, y en 2015 los ODS; ambos instrumentos se 
vinculan para construir un modelo coherente e inclusivo que pre-
tende guiar la actuación del sector privado y orientarla a la inclu-
sión de los derechos humanos y a su contribución al desarrollo 
sostenible. La ausencia de una gobernanza eficaz –gubernamental 
y privada– en materia de derechos, empleo, competitividad y bien-
estar repercute en el desarrollo. Si se implantara una gobernanza 
basada en resultados articulada con una política y gestión eficaces, 
se podría promover el desarrollo, y con la finalidad de conseguir 
esto es prioritario fortalecer el papel del Estado para implementar 
una gobernanza que genere condiciones para la competitividad, y 
con ello la creación de empleos pertinentes.
El desafío de la competitividad consiste en integrar un respeto a 
los derechos humanos en el ámbito interno que beneficie al desarro-
llo sostenible, por ello es de importancia fundamental identificar, 
mitigar y prevenir los efectos potenciales adversos en los derechos 
humanos –en especial en la generación de empleo– mediante diver-
sas oportunidades laborales y acciones de gobernanza.
Los derechos humanos son producto del proceso evolutivo de la 
sociedad; se fundamentan en los principios de igualdad y libertad, 
en la seguridad jurídica, en los derechos colectivos y sociales, y en 
la participación política (Gatti, 2017), cuya finalidad es la emanci-
pación y autorrealización de las personas (Douzinas, 2008). Tales 
derechos se traducen en exigencias de justicia y tratan de erradicar 
conductas degradantes e inhumanas (Fernández y Martínez, 2014), 
cuyo desconocimiento y menosprecio han originado actos de barba-
rie contra la humanidad; de ahí que tales derechos sean esenciales 
para mantener el orden internacional (Olguín, 2004).
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
A lo largo de la historia los derechos humanos se han integrado 
paulatinamente a la normatividad correspondiente de cada país, y 
han evolucionado hasta consolidarse en el ámbito internacional con el 
trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al aprobar 
y firmar la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948, debido a la devastación 
provocada por los regímenes totalitarios y a las dos guerras mundiales 
que ocasionaron millones de muertos y dejaron sinhogar a la gente 
(Amnistía Internacional s.f.; Naciones Unidas, s.f.).
Los Estados miembro de la comunidad internacional asumen la 
responsabilidad de proteger a los seres humanos. Estos han estable-
cido la obligatoriedad de respetar y garantizar los derechos humanos 
(Olguín, 2004) mediante el compromiso suscrito en los distintos 
instrumentos que configuran el marco normativo del derecho inter-
nacional y que contemplan los deberes y obligaciones que adquieren 
aquellos Estados que firmen y ratifiquen los principios, declaraciones, 
tratados, convenciones, etcétera (García, s.f.; Naciones Unidas, s.f.). 
Entre estos documentos destaca la Proclamación de Teherán de 1968 
y la Declaración de Viena de 1993 (Becerra et al., 2017), donde se 
consignan cuatro principios rectores de los derechos humanos: 1) 
universalidad aplicada a todas las personas; 2) interdependencia que 
permita observar, ejercer, reconocer, respetar y proteger a todos los 
derechos vinculados; 3) indivisibilidad que impida fraccionar y/o 
aplicar de manera segmentada los derechos y 4) progresividad que 
facilite el avance en torno al desarrollo constructivo de los derechos, 
prohibiendo cualquier retroceso. Tales derechos deben observar su 
historicidad. Se debe enfatizar un aspecto de protección del más 
débil con una eficacia sustentada en la normatividad internacional 
que permita disfrutar de imprescriptibilidad e inalienabilidad –es 
decir, que no se pierde por el transcurso del tiempo ni se puede trans-
ferir o vender su posesión–, cuyo carácter es absoluto y superior a 
todo aquello que no sea derecho humano (Carpizo, 2011).
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Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
Debe enfatizarse la articulación entre derechos humanos, derecho 
al trabajo y su efecto en la competitividad, el bienestar y el desarrollo. 
Promover una política industrial adquiere importancia estratégica 
para el crecimiento y la productividad, para esto se requieren políti-
cas que a partir de los derechos generen incentivos para crear empleo, 
crecimiento e inclusión, y con ello fortalecer la competitividad y el 
crecimiento.
Los gobiernos deben garantizar el derecho al trabajo en condi-
ciones laborales seguras, saludables, dignas, satisfactorias, equita-
tivas y de igualdad bajo esquemas de salarios justos que otorguen 
una remuneración adecuada al trabajo, y donde el ingreso mínimo 
permita una vida digna a los trabajadores y a sus familias. Además, 
los trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí, a formar sin-
dicatos y a negociar de manera colectiva la mejora de sus condi-
ciones laborales y su calidad de vida –entre otras mejoras–, donde 
cobra relevancia que el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales ha presentado en su observación general número 18 
una guía para los Estados miembro acerca de sus obligaciones de 
respeto, protección y garantía del derecho al trabajo bajo tres carac-
terísticas esenciales: 1) disponibilidad, 2) accesibilidad y 3) acepta-
bilidad y calidad (Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión [CDHCU], 2018; Red Internacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 2021).
Es necesario señalar que el antecedente más importante res-
pecto al derecho al trabajo fue sustentado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), fundada en Ginebra, en 1919, 
y complementada en 1944 como un organismo especializado de 
las Naciones Unidas que integra a empleadores, gobiernos y tra-
bajadores, y que ha elaborado las normas que rigen las actividades 
laborales, generan políticas y programas para promover el trabajo 
de las personas y sus derechos, fomentan oportunidades de empleo, 
mejoran la protección social y fortalecen el diálogo relativo a estos 
derechos. La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano 
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Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
superior que rige dichas relaciones, en cuyas sesiones anuales parti-
cipan 187 países (OIT, s.f.).
En México la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917 consagra los derechos y las garantías laborales, 
y a partir de la reforma constitucional de 2011 se ha vuelto obli-
gatoria la observancia de los derechos humanos en lo relativo a su 
reconocimiento, respeto, protección, promoción y garantía, y se 
incluye lo establecido en los tratados internacionales firmados y rati-
ficados –identificados como «convencionalidad» (CDHCU, 2022), 
e incorporados a los esquemas normativos de las entidades fede-
rativas como principios fundamentales elevados al rango consti-
tucional (Ferrajoli, 2006). Los artículos 5 y 123 constitucionales 
contemplan inicialmente las relaciones de trabajo de los emplea-
dores con los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesa-
nos y –de una manera general– con todo contrato de trabajo, así 
como la relación entre los poderes del Congreso de la Unión y sus 
trabajadores, lo que les ha permitido establecer la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
respectivamente (CDHCU, 2022).
El derecho al trabajo comprende: 1) el derecho a tener un 
empleo, un salario suficiente y justo para satisfacer necesidades 
personales, y en su caso familiares; 2) a gozar de condiciones equi- 
tativas, satisfactorias y a la protección contra el desempleo sin dis-
criminación alguna; 3) a brindar seguridad económica y material, 
además de acceder a otros derechos –alimentación, educación, 
salud y vivienda– y 4) permitir el gozo de una vida digna, toda vez 
que el trabajo favorece el desarrollo pleno de la persona (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, s.f.).
Si bien el gobierno mexicano debe garantizar los derechos 
humanos y al trabajo –establecidos en los esquemas internaciona-
les–, es necesaria la observancia a cabalidad de tales derechos, y 
se debe enfatizar el cumplimiento de aquellas actividades orien-
tadas a procurar, generar y mantener los empleos necesarios para 
93
Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
la población, que incluso deberían ser un tema prioritario para el 
Estado toda vez que las proyecciones para México indicaron para 
el 2021 una tasa de desempleo de 5.8 por ciento respecto a la pobla-
ción económicamente activa (PEA), lo que constituye el grado más 
alto en los últimos 25 años (FMI, 2020).
La vinculación entre los derechos humanos y el derecho al 
trabajo se refleja en el objetivo 8: «Trabajo decente y crecimiento 
económico» de los ODS (PNUD, s.f.). Se parte de la consideración 
de que aproximadamente la mitad de la población mundial subsiste 
con un equivalente cercano a dos dólares diarios, y el hecho de 
tener un empleo no garantiza capacidad para salir de la pobreza. 
El desafío consiste en evaluar políticas para la competitividad, la 
productividad, la inversión y su efecto en el empleo y el bienestar; 
por ello, la creación de empleos de calidad, inclusivos y pertinentes 
será el obstáculo principal en el contexto de la pandemia y pospan-
demia. El PSTPS 2020-2024 deberá generar empleos en función de 
la demanda, y en particular de las necesidades de los grupos vulne-
rables, según las oportunidades que propone la economía creativa 
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2020).
Gobernanza, derecho a la ciudad y ciudades creativas
La gobernanza urbana integra elementos de gestión que priorizan la 
inclusión social y productiva en las ciudades. Los planes estratégicos 
permiten a las ciudades establecer políticas de espacios públicos con 
inclusión, cohesión social y una visión que posibilita la conforma-
ción de ciudades creativas.
De acuerdo con lo anterior, es importante el derecho de las per-
sonas a la ciudad, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, 
gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos 
justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, considera-
dos bienes comunes para una vida digna (Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, 2020). Para conseguir94
Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
estos objetivos se deben impulsar espacios y servicios públicos de 
calidad, mejorar las interacciones sociales, promover las expresiones 
socioculturales y fomentar la cohesión social. Otra dimensión del 
derecho a la ciudad es el desarrollo de la ciudad o asentamiento 
humano armonizado con economías diversas e inclusivas que ase-
gure acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todos 
sus residentes (2020). El derecho a la ciudad también se asocia con 
asentamientos humanos sostenibles, con vínculos urbanos y rurales 
inclusivos que beneficien a las personas empobrecidas, y que asegu-
ren la soberanía alimentaria.
La gobernanza será de importancia fundamental si es capaz de 
promover un fortalecimiento institucional eficaz, y una coordina-
ción de sus intervenciones en distintos ámbitos de gobierno y entre 
múltiples actores. El reto consiste en consolidar una planificación 
urbana que priorice la inclusión social y productiva fundamentada 
en la gobernanza de las ciudades, y al mismo tiempo que encuentre 
mecanismos de financiamiento más adecuados y que mejore los 
sistemas de medición, monitoreo y evaluación bajo una perspectiva 
del derecho a la ciudad.
Hábitat III (Clos, s.f.) propone influir en las políticas públicas 
de los países con la finalidad de que vinculen a los ciudadanos 
con su entorno y que ejerzan un derecho a la ciudad en sus 
ámbitos sociales, económicos, ambientales y espaciales. Para 
consolidar esta nueva agenda es necesario que los gobiernos 
locales apliquen una visión territorial eficaz que promueva una 
inclusión social efectiva y productiva por medio de cuatro ejes 
transversales: 1) cohesión social basada en la creación y buen 
uso del espacio público, que integre a todas las clases sociales y 
produzca un sentido de apropiación y pertenencia en las comu-
nidades; 2) conectividad del transporte público que facilite una 
movilidad cotidiana, asequible y masiva, y que garantice un 
buen entorno habitacional que dignifique las condiciones de vida 
y mejore el bienestar ciudadano; 3) formación de capital humano 
95
Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
capaz mediante la educación y el desarrollo de competencias, 
promoción de la innovación y generación de conocimiento para 
que las personas opten a mejores empleos, y 4) fortalecimiento 
institucional mediante una coordinación eficaz.
El papel de la gobernanza consiste en hacer viables dichos ejes 
bajo una perspectiva del derecho a la ciudad, y debe fomentar alter-
nativas para la economía creativa y cultural que promuevan políti-
cas que ayuden a desarrollar ciudades creativas y resilientes.
Hay una serie de premisas clave para fundamentar la ciudad del 
siglo XXI y tenerlas como punto de partida, donde el respeto a los 
derechos humanos emergentes sean el punto de inflexión para cam-
biar la forma de gestionar y gobernar ciudades: 1) la escala urbana es 
la escala humana, es decir, el gobierno de la ciudad se enfocará en la 
gente y no en las cosas; 2) la ciudad debe ser vista y asumida como 
un bien público donde su valor agregado serán los ciudadanos, las 
oportunidades de empleo, el bienestar y la competitividad y 3) la 
participación es la base de toda sociedad, por lo cual el gobierno 
será participativo y generará oportunidades de empleo, inclusión y 
seguridad (Herrera, 2021).
Contracción laboral y alternativas de empleo para mujeres
La pandemia ha profundizado las brechas estructurales e instituciona-
les de América Latina y el Caribe, cuya crisis ha afectado las estructuras 
productivas y el mercado laboral: más de 2.7 millones de empresas han 
cerrado y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta 
alcanzar 44.1 millones (Herrera, 2021). Esta crisis ha obligado a los 
Estados a crear condiciones necesarias para generar oportunidades 
laborales decentes para toda la población en edad de trabajar.
La finalidad de esta iniciativa consiste en que las mujeres 
conozcan los aportes de la gestión, la innovación social y el 
emprendimiento bajo una perspectiva transversal que beneficie a 
los distintos sectores potencialmente generadores de empleo y al 
96
Rosa Isabel Medina Parra / José María Ramos García
desarrollo profesional de las mujeres en situación de vulnerabili-
dad. Otro objetivo plantea que las mujeres conozcan, articulen y 
compartan conocimientos y herramientas tecnológicas que servi-
rán para mejorar su trabajo.
Para alcanzar este propósito es necesario implementar una polí-
tica transversal orientada a: 1) promover espacios para incentivar 
la actividad cultural y creativa y 2) estimular el desarrollo de acti-
vidades económicas por parte del sector privado bajo una gestión 
asociada que fortalezca el capital humano. De ahí la importancia 
de acentuar habilidades, promover el estudio de las ciencias compu- 
tacionales aplicadas a la gestión e innovación social y fortalecer las 
habilidades de pensamiento crítico, el enfoque de género y la reso-
lución de problemas sociales.
Resta mencionar que para promover el emprendimiento de las 
mujeres bajo paradigmas de competitividad, resulta de importancia 
fundamental cultivar un entorno propicio e incluyente para el desa-
rrollo cultural, social y económico por medio del fomento, promo-
ción, incentivo e impulso de las distintas oportunidades que alienten 
la economía creativa en el marco del reconocimiento, el respeto y 
defender el derecho de las mujeres a un empleo digno e inclusivo.
Efecto laboral ocasionado por la pandemia 
y reactivación laboral, abril-junio de 2021
En los países de América Latina y el Caribe seis de cada 10 mujeres 
pertenecen a sectores laborales de alto riesgo por la pandemia, como 
la manufactura, el comercio, el trabajo doméstico remunerado y 
el turismo (Cepal, 2021). La crisis ocasionada por esta pandemia 
profundizó las desigualdades de género en la región, por lo cual se 
estima que solamente los hombres recuperarán los niveles previos a 
la crisis, mientras que las mujeres apenas alcanzarán la participación 
laboral de 2008 (49.1 %). Sin embargo, la paulatina recuperación de 
97
Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
las actividades económicas ha permitido un aumento de los niveles 
de empleo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
durante el segundo trimestre de 2001 la PEA del país llegó a 57.7 
millones de personas, cifra superior en 10.7 millones de perso-
nas respecto al mismo período de 2020 (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2021). La PEA representó 59 por ciento 
de la población de 15 años y mayores en el trimestre en cuestión. 
En este período se considera un total de 55.2 millones de personas 
empleadas, lo que implicó un incremento de 10.5 millones frente 
a las del mismo trimestre de 2020, alza concentrada en el sector 
comercio, con 2.8 millones más. Esta situación destaca la reactiva-
ción de las actividades esenciales en la superación de la etapa más 
crítica de la pandemia. Sin embargo, el reto consiste en evitar dicha 
inestabilidad y promover oportunidades laborales que reduzcan la 
vulnerabilidad laboral.
La cantidad de personas empleadas en micronegocios aumentó 
6.4 millones, y en los pequeños establecimientos en dos millones. 
La población subempleada alcanzó 7.3 millones de personas en el 
segundo trimestre de 2021 y representó una tasa de 13.3 por ciento 
de la población empleada, porcentaje inferior a 25.1 por ciento res-
pecto al segundo trimestre de 2020.
El fomento de las actividades de la economía creativa y cultural 
se considera una alternativa viable para promover el empleo en las 
mipymes, tal como plantea el actual programa industrial (SE, 2022), 
consistente en aprovechar fortalezas. De igual forma puede ser una 
oportunidad para reducir el desempleo, la informalidad, la pobreza, 
la exclusión y avanzar en la promoción del derecho a un trabajo 
decente con un ingreso aceptable.
98
RosaIsabel Medina Parra / José María Ramos García
Conclusiones
La competitividad es resultado del diseño e implementación de 
una estrategia efectiva, que puede articularse a partir de elementos 
exógenos que repercuten directamente en el análisis y gestión de 
factores contextuales y de factores endógenos de las propias organi-
zaciones, donde su desempeño se determina mediante sus recursos 
internos y las capacidades que desarrollan de manera disociada o 
complementaria.
Las políticas de Estado pueden promover un modelo de gober-
nanza que impulse la competitividad y que genere empleos según 
las demandas de los grupos vulnerables: egresados de universida-
des –en particular mujeres–, desempleados y subempleados. En tal 
sentido, el programa industrial de la SE (2022) propone incrementar 
habilidades y capacidades con el impulso de las carreras science, tech-
nology, engineering and mathematics (STEM), forjar alianzas con ins-
tituciones públicas, además de fomentar programas de investigación 
y desarrollo entre centros públicos de investigación e industrias. 
Los países que ratifican los tratados internacionales tienen la 
obligación de reconocer, proteger, promover y garantizar los dere-
chos humanos, incluido el derecho al trabajo que permite a los 
individuos lograr una vida digna que favorezca su pleno desarrollo, 
por lo cual no bastará mantener los empleos existentes y generar 
nuevas fuentes laborales, sino que estas últimas deberán cultivarse 
en ámbitos de competitividad que respondan al desarrollo econó-
mico y consecuente con el incremento de la prosperidad.
Si bien la literatura académica destaca la relación entre com-
petitividad y derechos humanos como generadores del desarrollo 
económico, señala que la productividad es la variable mediadora 
entre dichos constructos.
Para el gobierno mexicano la observancia del derecho al trabajo 
debería ser un tema prioritario debido especialmente a las proyec-
ciones internacionales en torno a las tasas de desempleo, por lo que 
99
Competitividad, el derecho humano al trabajo y el derecho a la ciudad
cobra especial relevancia la implantación de mecanismos de apoyo a 
los proyectos de emprendimiento e innovación que ayuden a lograr 
un desarrollo económico autosustentable que aporte una mayor 
prosperidad para la población a corto, mediano y largo plazo.
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