Homicidio

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LESIONES
INFLIGIDAS POR OTROS
Catalina Mejía
Sin título, 1999
Local Expressions of Homicide
Luz Janeth Forero M.
Epidemiologist Forensic Doctor
Chef, Center for National Reference on Violence
The profile of homicidal violence, described trough variables collected by the National Institute of Legal Medicine
and Forensic Sciences, shows particular dynamics belonging to each geographic scenario. Nevertheless, the global
pattern describes a major commitment by individuals of the male gender in economically active ages, mainly killed
by firearm projectile, in public spaces and by unknown authors as well as unknown motives.
Homicide in Colombia, in terms of rate, is centered in a few townships presenting low population density. It is not
possible then to state that it is an eminently urban phenomenon. The detracting arguments for Colombian violence
as a “normalized” situation find in the time-space distribution of homicides, according to the participants and
presumed motivations, their strongest support.
There is clear historic coincidences between townships that bear the higher violence rates, which are associated
to clearly defined social dynamics, be them a product of the martial conflict, the culmination of narcotraffic or other
illegal economies, migration and colonization processes or others.
It is worthwhile to emphasize that scenarios with a lower intensity in homicidal violence can be related to higher
rates in other forms of violence, hence indicators that relate to different manifestations of violence are suitable and
necessary for the global comprehension of the phenomenon.
EXPRESIONES LOCALES
DEL HOMICIDIO
Omar Ruíz
El asesino, 2001
Introducción
Este artículo pretende mostrar el homicidio como un problema alre-
dedor del cual se pueden plantear numerosas preguntas en función de
sus diferentes tipos, autores, escenarios, consecuencias, posibles moti-
vaciones y mecanismos causales, así como de los eventos relacionados
con la principal manera de muerte en el país. Busca resaltar cómo los
aportes de otras disciplinas del conocimiento son un elemento esencial
para la comprensión holística del fenómeno y proponer algunas reco-
mendaciones recogidas de la evidencia empírica, adaptables al contex-
to nacional.
Por tanto, el objetivo primordial es caracterizar el homicidio en Colombia
durante el año 2000, partiendo del enfoque global para aproximarse a
realidades locales, principalmente en aquellos municipios donde la tasa
de necropsias por esta manera de muerte supera ampliamente la re-
gistrada en el nivel nacional. Hablamos de la tasa de necropsias porque
la estructura orgánica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses concentra muchos de los casos ocurridos en una región
o escenario geográfico en una unidad local, que cuenta con la infraes-
tructura humana y técnica apropiada para sortear esta fase inicial de la
investigación por violación al derecho a la vida. Sin embargo, esto plan-
tea la dificultad de que el sitio del hecho y el de muerte no coinciden en
unos eventos y por consiguiente hay una sobrevaloración del homici-
dio en algunas ciudades.
El análisis es de tipo descriptivo con los aportes y elementos que pue-
den hacer las ciencias forenses a las ciencias sociales, por eso la fuente
primaria es el protocolo de necropsia, el cual provee datos en térmi-
nos de persona, tiempo, lugar y circunstancia, relacionados con el he-
cho investigado.
El problema del que se parte es la interpretación tradicional del homici-
dio desde una perspectiva global alejada de los contextos y las dinámi-
cas particulares de los escenarios geográficos en que se producen, por
ello se recurre a algunos elementos de interpretación y análisis para mirar
dentro de las realidades locales que lo condicionan, con el ánimo de
resaltar que el tratamiento del fenómeno debe ser particularizado en
cada municipio y por tanto las medidas de intervención también deben
ser específicas.
LUZ JANETH FORERO M.
Médica Forense Epidemióloga
Jefe Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia
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Formato teórico y conceptual de inscripción
La historia del país está marcada por varios conflictos que han generali-
zado el concepto de una situación de violencia constante con algunas
exacerbaciones fácilmente diferenciables, como la guerra de indepen-
dencia a principios del siglo XIX, la de los mil días al final del siglo XIX y
la guerra bipartidista hacia la mitad del siglo XX, sin contar algunos con-
flictos locales y regionales que han puesto una alta cuota en vidas hu-
manas. Esta dinámica señala que el común de las personas piensa que
la violencia es algo “normal e histórico” a lo que hay que adaptarse1 .
En contra de la creencia popular; pensamos que la violencia colombiana
no es un continuo, sino la expresión de circunstancias sociales diferencia-
das en el tiempo y en el espacio. Esta afirmación se apoya en la observa-
ción del comportamiento del indicador por excelencia para hablar de
intensidad de violencia: la tasa de homicidios por 100.000 habitantes.
La tasa en el tiempo muestra dos momentos importantes: el de la déca-
da de 1950, en la cual supera los 50 homicidios, y al final de la década de
1980 y principio de la de 1990, periodo durante el cual supera la cifra de
80 homicidios por 100.000 habitantes. Cada una de estas épocas mues-
tra condicionantes estructurales y coyunturales que podrían explicar la exa-
cerbación del indicador, dentro de un contexto histórico y temporal2 .
En este panorama, la violencia y las múltiples preguntas que suscita han
sido el centro de atención de investigadores de todas las disciplinas y
áreas del conocimiento, sin que todavía exista una claridad contunden-
te en cuanto a las diversas propuestas explicativas, y mucho menos a
las fórmulas para su erradicación. Se resalta el aporte de Caroline Moser
y su teoría de los modelos integrados, que identifica varios niveles de
causalidad de la violencia a partir de lo estructural, pasando por lo
institucional, interpersonal e individual3 .
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha estudia-
do la violencia a partir de uno de sus efectos, la lesión, la cual la con-
vierte en un problema de salud pública, y por tanto susceptible de
analizar desde el punto de vista epidemiológico4; y en efecto es un pro-
blema de este tipo en tanto sus consecuencias sólo se expresen me-
diante aumento de las tasas de mortalidad, morbilidad, estrés postrauma,
1 Pécaut, Daniel. ¿Es posible una interpretación global de la violencia en Colombia? Boletín Socioeconómico No.
27, Cali, junio 1994, p. 12. 
2 González F. Espacio público y violencias privadas. En: Conflicto social y violencia. Instituto Francés de Estudios
Andinos, 1993, p. 33.
3 Moser, C. Marco Conceptual para la reducción de la violencia. Documento de trabajo No. 2 sobre desarrollo
sostenible, 1999, p. 6.
4 Gómez, H. La violencia necesita estudios epidemiológicos. Ponencia presentada al Primer Congreso de Salud
Pública. En: Tribuna Médica. Medellín: 1962. pp, 10 y 12. 
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y discapacidad. Pero como la violencia no sólo permea la salud, sino
también la política, la educación, la cultura, la recreación y la economía,
además de otros campos, el estudio ha incorporado nuevos elemen-
tos que dan cuenta no sólo de los efectos físicos, sino también de los
psíquicos, sociales y ambientales, cuyo espectro va desde “la pérdida
de la vida, pasando por adversas formas de morbilidad física, psíquica,
hasta la creación de una atmósfera de inseguridad, amenaza, descon-
fianza y escepticismo que ayuda a mantener y aun reproducir los pro-
cesos de violencia” 5. En síntesis, la violencia toca todos los ámbitos de
la vida, y en consecuencia, los análisis unidisciplinarios son reduccionistas
y paradigmáticos, de ahí que el actual quehacer institucionalse inscribe
en el estudio de la violencia desde una perspectiva bio-psicosocial.
Pero al margen de estas apreciaciones, ¿qué se entiende por violencia?
Traemos a colación algunas definiciones:
“Toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se
produce daño a otro para la consecución de un fin” 6.
“Es un medio no legítimo basado en la amenaza o el uso efectivo de
fuerza física contra la integridad de otro (moral, física, psicológica y cul-
tural) en contra de su voluntad, y que se emplea con el propósito de
alterar la correlación de fuerzas en un conflicto en que participan dos o
más actores orientados por la afirmación o subversión de una norma,
un pacto o simplemente, la posesión de objeto” 7.
“Puede entenderse como una interacción entre personas y grupos en la
cual ocurre una transacción específica entre el individuo y su ambiente;
no es una característica intrínseca de las personas ni del grupo social” 8.
“Es el resultado de la agresividad humana manifiesta en las relaciones
interpersonales (homicidios o lesiones) o dirigida contra sí misma (sui-
cidios o intento de suicidio) en la cual se emplea la energía con el pro-
pósito de causar daño” 9.
Independiente de la precisión en las definiciones, las cuales conjugan
elementos sociológicos, psicológicos, antropológicos y biológicos, hay
quienes afirman que no existe una sola violencia, sino varios tipos, con
intensidades, formas, intencionalidad, instrumentalidad y manifestacio-
nes diferentes, en fin, es un fenómeno amorfo y complejo, tal como lo
5 Gómez, A . Epidemiología de la violencia. En: Fundación Escuela Colombiana de Medicina: Violencia, salud y
universidad.1990, pp. 50-51. 
6 Franco, S. El quinto no matar. Bogotá: TM editores, IEPRI-UN, p. 3. 
7 Suárez A. En Forensis 1999. Datos para la vida.
8 Jimeno M. Identidad y experiencias cotidianas de violencia. En: Restrepo G. et al. Cultura política y modernidad.
Bogotá: CES-Universidad Nacional, 1998, p.250.
9 OPS. Medición de los costos de la violencia. Caracas, 1995. RENÉ MAGRITTE. LA REPONES IMPRÉVUE, 1933.
El pensamiento científico:
un aporte al
investigador judicial
María Dolores Sánchez Prada
Médica Especialista Forense
Subdirectora de Servicios Forenses del INML y CF.
Uno de los más duros retos que
enfrenta el proceso judicial para
lograr su objetivo de administrar
justicia es el de “reconstruir” los
hechos delictivos de manera veraz
y fiel, según como acontecieron
en la realidad, para luego probar-
los, de tal forma que la ley se
aplique, cumpliendo su objetivo
final de castigar al culpable y exo-
nerar al inocente.
No es raro que en un expediente
se acepten como verdaderas, ver-
siones alejadas de la realidad o
relatos incompletos e imprecisos,
en donde se omiten detalles críti-
cos que impiden la comprensión
adecuada del suceso. Esta situa-
ción se constituye en una de las
más comunes fuentes de impuni-
dad o de injusticia.
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expone Fernán González: “Interpretar que las actuales violencias den-
tro del proceso de larga duración de la construcción de la sociedad y
del estado colombiano, como caldo de cultivo donde se insertan las
opciones violentas de antiguos y nuevos actores sociales que se
entrecruzan y refuerzan mutuamente hasta hacerse indistinguibles unas
de otras, llegando a producir la imagen de violencia omnipresente,
indiferenciada y caótica10.
La mortalidad violenta11, y su dependencia del homicidio en la última
década, muestra unas tasas de homicidio equiparables a las actuales al
principio, con ascensos estadísticamente significativos hacia la mitad del
periodo. Figura 1. Por esta razón, el eje central de este capítulo es el
homicidio entendido como la manifestación más extrema de la violen-
cia, en la medida que viola de manera irreversible el derecho a la vida,
base sobre la cual reposan los demás derechos. Los homicidios como
“muerte provocada intencionalmente pueden derivar de multiplicidad
de móviles, de diferentes tipos de autores o agentes o buscar diferen-
tes propósitos”12. Los casos de homicidio reportados por el sistema mé-
10 González F. Espacio público y violencias privadas. En: Conflicto social y violencia. Instituto Francés de Estudios
Andinos, 1993, p. 334. 
11 El CRNV ha clasificado históricamente las muertes violentas como “por causa externa” atendiendo a la clasificación
internacional de enfermedades CIE 9 y CIE 10. 
12 Tesis de multivalencia y multidireccionalidad de la violencia. En: Colombia: Violencia y democracia. Bogotá:
UN, 1987.
Figura 1. Comparativo muerte violenta-homicidios.
Colombia, 1991-2000
El importante papel del sistema
médico forense, como apoyo a la
justicia, es certificar el daño
físico o psíquico producido por la
consumación del acto violento, el
cual puede ser evidenciado a
partir de la observación, la
información y los múltiples
avances científicos y tecnológicos
de las ciencias forenses; y que se
configuran como delitos de
homicidio, lesiones personales,
posible delito sexual y violación
del derecho a la vida o la
integridad personal.
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La capacidad de lograr que en el
expediente judicial se describan
fielmente los acontecimientos, las
circunstancias o se identifiquen
los actores y sus conductas, de-
pende de la capacidad que tiene
el sistema de justicia de investi-
gar y escudriñar los hechos
sucedidos en el pasado, que no
sólo se deben recrear en el hoy,
sino que es necesario probar y
demostrar que son ciertos.
La investigación judicial es un
pilar fundamental del sistema.
Tributa al engranaje de la admi-
nistración de justicia, el más pre-
ciado tesoro: El conocimiento de
una verdad.
Semejante resultado sólo se puede
lograr con el aporte y la contribu-
ción de diferentes saberes, enri-
quecidas experiencias y, sobre
todo, luego de un trabajo perseve-
rante, arriesgado y correcto de
personas entrenadas y cualifica-
das en esta tarea.
Se presenta aquí una dificultad
que es común a todas aquellas
personas que se enfrentan al reto
del “saber”, cual es determinar
“el cómo” se llega al conocimien-
to.
1
 ¿Qué camino han de seguir
para obtener la información nece-
saria? ¿Cuáles son los elementos
idóneos que acercan a la mente
humana a ese saber?
Cuando un investigador científico
se plantea la cuestión del conoci-
miento, diferencia claramente dos
aspectos: el primero relativo a “la
afirmación” respecto de un hecho
o un objeto, la cual puede ser
cierta o falsa, completa o incom-
pleta. La segunda se refiere al
“proceso a través del cual se obtie-
ne el conocimiento, cuyo resultado
es la afirmación”
2
.
Así, por ejemplo, se afirma que el
número de homicidios en Colom-
bia durante 1998 fue 22.182.
Esa afirmación se puede aceptar
pasivamente y darse como cierta,
dico forense colombiano incluyen todos los casos de muerte conocidos
por la institución y diagnosticados así después de la investigación forense.
Se excluyen los homicidios producidos en accidente de tránsito, donde
la intencionalidad de hacer daño no se supone como parte integral de
la comisión del hecho.
Durante el año 2000, el Instituto Nacional de Medicina Legal tuvo co-
nocimiento de 25.681 homicidios, de los cuales 21.964 (86%) fueron
conocidos directamente por los médicos forenses en 123 municipios
donde la institución tiene presencia, y por tanto, se asegura una mayor
confiabilidad en la calidad del dato; los 3.717 restantes provienen de no-
tificaciones realizadas por el sector salud a la unidad local más cercana.
Esta cifra refleja un aumento significativo de 11% (2.472) con respecto
a los ocurridos en el año anterior. La Policía Nacional en el mismo pe-
riodo dio cuenta de 26.540 homicidios, es decir, 859 más que el Insti-
tuto; las explicaciones de la diferencia radican en la cobertura, sumada
a su imprecisión diagnóstica y, por ende, clasificatoria.
La tasa de necropsia13 por homicidio durante el año2000 fue 61 por
100.000 habitantes y representa un incremento de 9% con respecto
al año anterior (x2 130 y p < 0,05). Figura 2. La tasa global para el país
aumentó porque 74 municipios, que representan 61% de los puntos
de atención, mostraron un aumento igual o superior a 9% (rango de
9% a 650%) en su tasa.
Los homicidios se distribuyen geográficamente de una forma particular
y es esta concentración espacial la que, según Rubio, va contra el diag-
nóstico de una violencia rutinaria, espontánea y de intolerancia que, casi
por definición, debería estar repartida de manera uniforme en el terri-
torio nacional14. Así, es un error, con grandes costos sociales, econó-
micos y políticos, analizar la violencia colombiana abstraída del contexto
municipal como el laboratorio de reflexión15. La caracterización del ho-
micidio en algunos escenarios geográficos donde el INML y CF cuenta
con una unidad de atención directa y el análisis de factores locales que
condicionan esas altas tasas son algunos de los criterios que guiaron la
investigación.
Para clasificar los municipios según la intensidad de la violencia y descri-
bir el movimiento en su geografía, se utilizó como indicador la tasa de
necropsias por homicidio por 100.000 habitantes. De esta manera los
13 Tasa: número de necropcias de homicidio conocidas por municipio/población proyectada para el municipio. En
el nivel nacional se tomó 42’299.303 habitantes.
14 Rubio, M. Crimen con misterio. Lo que revelan las estadísticas de violencia y criminalidad en Colombia. Documento
de trabajo. Bogotá: CEDE-Universidad de los Andes, 1998.
15 Ortiz C. En: La violencia y el municipio colombiano 1980–1997. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas UN.
Colección CES. Primera edición, Julio de 1998, p 61.
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municipios que superaron dos o más veces la tasa nacional se conside-
raron extremadamente violentos (38 municipios, que corresponden a
31% de los municipios donde tiene presencia directa la institución);
aquellos con tasa igual o mayor a la nacional pero que no la alcanzaron
a duplicar se denominaron violentos (48 municipios, 39%); y los situa-
dos por debajo de la tasa nacional (37 municipios, 30%) se clasificaron
como pacíficos.
Más de una tercera parte (37% - 9.444) de las muertes por homicidio
se concentra en los municipios extremadamente violentos, que equi-
valen a 3,4% de los municipios colombianos, y que albergan 14% de la
población del país.
Aquí se marca una diferencia con la información del año 1999, en la cual
esta especificidad se notaba en 29 municipios, sin embargo, mientras
que en el año pasado 70 sitios estuvieron por encima de la tasa nacio-
nal este año cumplen esta característica 86, lo que implica un aumento
de 23% y demuestra que la tasa nacional es empujada 5 puntos por
encima de la de 1999, debido a las muertes ocurridas en un mayor nú-
mero de municipios, evento que sugiere intensificación extendida a otros
escenarios geográficos.
Figura 2. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes.
Colombia, 1991-2000
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Cuadro 1.Tasas de necropsia por homicidio según punto de atención.
Colombia, 2000
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Este comportamiento puede ser el resultado de la exacerbación de fac-
tores coyunturales y estructurales que han determinado la producción
de los homicidios en los últimos años, por ello, más importante que
vigilar los efectos de la violencia, lo es el monitoreo de sus desencade-
nantes y el entendimiento de sus dinámicas, las cuales nos hacen per-
manecer en tasas muy por encima de las registradas en otros países
inclusive latinoamericanos.
En el estudio para los 38 escenarios identificados se confrontó la infor-
mación con los datos aportados por la Policía Nacional en cuanto al nú-
mero de masacres16; resaltan Buenaventura y Carmen de Bolívar, cada
una con 7 eventos de esta categoría, Medellín con 6 y Ciénaga con 5.
El número promedio de víctimas fue 6 (rango 4 a 38). Esta distribución
sugiere que en los escenarios locales de intensa violencia las altas tasas
de homicidio surgen de acciones masivas de los actores armados. La
fuente sindica a las autodefensas como la responsable en 44% de los
casos, aunque la participación de agentes desconocidos también es re-
levante. El rastrear la cantidad de casos derivados de la masacre permi-
te evaluar la pertinencia de las explicaciones en cuanto a factores
coyunturales o estructurales. Lo que sí es cierto es que estas van en
aumento tanto en número como en intensidad y diversidad de medios
utilizados para asegurar uno de sus objetivos: intimidar y amedrentar, a
la vez que propicia la movilidad, con efectos sobre la solidaridad y la
cohesión de las comunidades.
La ubicación de los puntos de atención en cabeceras municipales y gran-
des centros urbanos permitió situar a la mayoría de homicidios en es-
tos escenarios, 68% de estos se registró en municipios con más de
100.000 habitantes; pero el hallazgo de ninguna manera plantea una re-
lación consistente entre lo urbano o rural de la violencia homicida y mu-
cho menos soporta las hipótesis explicativas de tipo estructural que
advierten una relación directamente proporcional en este sentido. De
hecho, entre los 10 municipios más violentos del país sólo cuatro tiene
una población superior a 50.000 habitantes y estos en conjunto con-
centran solamente 2% de la población nacional.
En términos de correlación17 no encontramos ninguna influencia de la
densidad poblacional sobre las tasas de necropsia por homicidio ni en la
totalidad de puntos de atención ni en los 10 municipios más violentos.
16 Masacre: Hecho Violento que incluye cuatro o más víctimas de homicidio en estado de indefensión en un mismo
lugar y muy próximas en el tiempo. Se excluyen las acciones bélicas. La masacre obedece a incursiones armadas
contra la población civil. 
17 Correlación: Influencia que una característica o variable ejerce sobre otra. R es el coeficiente usado para
determinar la fuerza y dirección de la asociación, que puede ser positiva cuando la influencia es directa, por
ejemplo, a mayor tasa de homicidio mayor tasa de lesiones, e inversa cuando la influencia cambia la dirección:
a mayor tasa de homicidios, menor tasa de lesiones personales.
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pero también se puede preguntar:
¿Quién la obtuvo? ¿Qué procedi-
miento se utilizó para llegar a esa
conclusión? ¿Qué elementos de
juicio se tuvieron en cuenta para
elaborar la afirmación?
Es en este punto donde el investi-
gador científica empieza a preocu-
parse del modo como se obtiene el
conocimiento. De igual forma le
ocurre al investigador judicial,
sobre todo en el área específica
del proceso penal. No sólo le inte-
resa conocer el “qué”, el “cómo”,
el “dónde” y demás detalles del
hecho, sino también es importan-
te cerciorarse del modo como se
obtuvo ese conocimiento. ¿Qué
tan sólida es la argumentación
que responde a tales preguntas?
¿Las afirmaciones se fundamentan
en evidencias? ¿Esas evidencias
son auténticas? En fin, el litigio
penal no sólo se centra en la “re-
construcción” del hecho, sino en
la forma como se llega a ella.
Tal como se definió en Forensis 1999, el corredor occidental de la vio-
lencia homicida, integrado por el Norte del Valle, el Sur de Risaralda y
el Occidente de Caldas alberga a Tuluá, Roldanillo, La Virginia, Chinchiná,
Buga, Cartago, Sevilla y Marsella, Belén de Umbría y Apía, diez munici-
pios extremadamente violentos, donde las bonanzas inducidas por mer-
cados legales e ilegales y la expansión del narcotráfico son factores
coyunturales de gran impacto.
Dentro del corredor centro–norte se incluyen los municipios de
Apartadó, Barrancabermeja, Chigorodó, Barbosa, Puerto Berrío, Tur-bo, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Medellín, Chiriguaná, Aguachica,
Andes, Itaguí y Cúcuta; estos son catorce municipios extremadamente
violentos que pertenecen a las regiones de Urabá, Occidente
Antioqueño, Norte Antioqueño, Sudoeste Antioqueño, Valle del Aburrá,
Magdalena Medio, Cesar y Catatumbo; es el corredor que separa al
norte del centro del país y donde se conjuga el conflicto armado con
algunas bonanzas.
Granada, Aguazul, Yopal, San José del Guaviare y Cáqueza son cinco
municipios extremadamente violentos que hacen parte del corredor
oriental, conformado por Arauca, Piedemonte Casanareño, Piedemonte
Llanero y Ariari, donde la reconocida presencia de actores armados se
mezcla con el potencial económico petrolero.
Santander de Quilichao en el norte del Cauca, Buenaventura en la zona
pacífica, Ciénaga, Fundación y Carmen de Bolívar en la Costa Norte,
Palmira en el área metropolitana de Cali, Chaparral en el alto Saldaña,
son focos aislados. Florencia y Patía, en la meseta caucana, son dos mu-
nicipios que cubren una basta zona subregional.
Tres de los municipios extremadamente violentos, Florencia, Granada
y San José del Guaviare, forman un triángulo donde se encuentra la zona
de distensión, escenario acordado con las FARC para llevar a cabo la
negociación con miras a la solución del conflicto armado; esta situación
puede sugerir como hipótesis una arremetida paramilitar alrededor de
esta área, o acciones guerrilleras por fuera de área; lo que plantearía
interrogantes sobre el comportamiento del homicidio en caso de que
se levantara la zona de neutralidad.
Los tres bloques aumentaron la concentración de municipios para el año
2000, pues mientras en 1999 contenían 20, este año incluyeron 9 más.
Esto puede implicar el recrudecimiento de los factores que posibilitan
concentración en estos lugares, epicentros de conflictos sociales, eco-
nómicos y políticos. De otra parte, se observan cambios en las regio-
nes como fruto de nuevas circunstancias; así, Cartago, en el norte del
Valle, y la Virginia, en el sur de Risaralda, salen de los diez primeros esce-
narios de extrema violencia, probablemente por el desmantelamiento de
El investigador responsable de la
titánica tarea es un ser humano
dotado de fortalezas y debilida-
des, posee una gran capacidad de
raciocinio, utiliza el pensamiento
lógico que le permite comprender,
hacer deducciones, inferir, supo-
ner, etc. Pero también es una per-
sona poseedora de un elemento
FRANCIS PICABIA. OPTOPHONE, 1922.
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carteles de la droga que operaban en la región occidental o su desplaza-
miento a otros municipios como Tuluá y Roldanillo, donde se recrudeció
el indicador. Así mismo, en Arauca y Saravena, escenarios históricos del
conflicto armado, disminuyó la intensidad del homicidio, posiblemente por
su desplazamiento hacia los límites de la zona de distensión.
Las capitales de departamento que se ubican dentro de los municipios
extremadamente violentos, independientemente de su densidad
poblacional, son Florencia y San José del Guaviare, que triplican la tasa
nacional y Medellín y Cúcuta; que la duplican. Cali, en el puesto 52 (1,7
veces la tasa nacional), y Bogotá, en el puesto 107 (0,6 veces la nacio-
nal), escapan a esta clasificación.
Una mirada al número de casos sitúa a las ciudades de Medellín, Bogo-
tá, Cali, Cúcuta, Pereira, Barranquilla, Barrancabermeja, Bucaramanga
y Buenaventura como los sitios con la mayor concentración, en un rango
que oscila entre 3.311 y 435 víctimas. Al confrontar esta información
con la tasa, sólo la ciudad de Barrancabermeja coincide en los prime-
ros lugares.
Tomando en cuenta los diez municipios con la tasa más alta, que en
estricto orden son Apartadó (269), Barrancabermeja (243), Tuluá (237),
Barbosa en Antioquia (234), Granada en Meta (231), Puerto Berrío
(226), Santa Fe de Antioquia (212), Chigorodó (211), Patía (193) y
Roldanillo (190), el departamento de Antioquia contiene a cinco de ellos.
No obstante, estos datos deben ser mirados con cautela pues algunos
son centro de referencia obligado de la región y, por tanto, los hechos
pudieron haber ocurrido en otro sitio, inclusive por fuera del departa-
mento, y haber sido traslados a estos municipios sea por el desplaza-
miento de lesionados en búsqueda de atención médica que luego
fallecieron por el traslado de cadáveres para dar inicio a los procesos
judiciales. La relación de estos sitios con las masacres señala a
Barrancabermeja (cuatro) con 25 víctimas, Apartadó (dos) con 12 vícti-
mas, Tuluá (tres) con 12 víctimas, Barbosa (una) con 11 víctimas y San-
ta Fe de Antioquia (una) con 6 víctimas.
Las tasas de necropsia por homicidio en el año 2000 en estos munici-
pios son significativamente menores que en 1999: Granada, –52%,
Barbosa, –26%; Chigorodó conserva la misma tasa del año pasado, y
se registró aumento en Apartadó, +23%, Puerto Berrío, +27%, y
Roldanillo, +6%.
Algunas de esas ciudades han sido escenarios históricos de procesos de
migración y colonización. En estos sitios la violencia encuentra terreno
propicio para su desarrollo y consolidación, ya que la diversidad étnica
propicia la atomización social, tal como lo indica Cubides et al cuando
refiere que “La fragmentación como una imposibilidad de una identidad
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El hecho de que sólo cuatro
ciudades capitales se encuentran
entre los municipios con violencia
extrema sigue mostrando cómo en
términos relativos los grandes
asentamientos urbanos no son los
más afectados, sino que, por el
contrario, la especificidad de la
violencia homicida tiene más un
tinte rural o semiurbano.
emocional y afectivo que influye
en todo aquello que observa. Es el
componente del parecer, de la
intuición, del sentimiento.
Si con la razón se deduce, con la
emoción se interpreta. Bien lo se-
ñala Daniel Goleman, en su obra
La inteligencia emocional: “Tene-
mos dos mentes, una que piensa
y otra que siente. Estas dos for-
mas fundamentalmente diferentes
de conocimiento interactúan para
construir nuestra vida mental”
3
.
Entonces, ¿cómo asegura el inves-
tigador judicial que la aproxima-
ción que está haciendo al hecho
en cuestión lo llevará a una afir-
mación verdadera, de naturaleza
racional (objetiva) no invadida
por la pasión o por la emoción
(subjetiva)?
Para llegar a una “verdad” no
sólo se requiere de un conjunto
amplio de conocimientos sino en-
frentarse a la realidad respecto a
que “la verdad no se muestra di-
recta y llanamente a nuestra per-
cepción, debe ser buscada,
encontrada por medio de un traba-
jo indagatorio que tiene como refe-
rencia los mismos objetos de los
que intentan conocer algo”
4
.
De tal manera que el camino o el
método que se utiliza para el
acercamiento a la “verdad” es de
capital importancia. Aceptar como
cierto un conocimiento obtenido
basado en creencias, intuiciones o
pareceres, es de alto riesgo para la
administración de justicia.
Al considerar a la investigación
criminal como una actividad que
exige el máximo rigor, se le está
imprimiendo el carácter de lo
científico, es decir, de lo verifica-
ble y de lo demostrable. En este
estado, entonces, es necesario
involucrar la necesidad de dife-
renciar el pensamiento cotidiano
o el pensar empírico del “pensa-
miento científico”, el cual, dadas
sus características, facilita el
social construida pluriétnica y políticamente diversificada va a culminar
en dos direcciones de la violencia: 1- que lleva a la proliferación de ho-
micidios de múltiples y banales móviles (Apartadó, Turbo y Chigorodó);
2- otra que favorece el fortalecimiento de los actores organizados de la
violencia sobre el fondo del miedo y la ausencia de identidad”18.
La identificación de puntos críticos para el homicidio en el concierto na-
cional e inclusive la identificación de los focos en las concentraciones ur-
banas, semiurbanas o rurales y su relación conactores, factores,
escenarios económicos, políticos y sociales son elementos determinan-
tes para la comprensión de las lógicas y dinámicas propias de la violen-
cia en los contextos particulares.
18 Cubides, F. et al. La violencia y el municipio colombiano 1980 – 1997. Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional,
Facultad de Ciencias Humanas, Colección CES, primera edición. Julio de 1998, p. 73.
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Distribución según edad y género
El homicidio durante el año pasado en términos generales conserva las
tendencias registradas en periodos anteriores; así; el género más vul-
nerable continúa siendo el masculino, con 93% de la distribución; por
cada mujer víctima de homicidio hubo 13 hombres. Figura 3. Las per-
sonas en edad económicamente activa fueron las más afectadas (89%
de los casos. Figura 4); es de suponer su mayor compromiso en virtud
de su gran dinamismo y movilidad, su desenvolvimiento en mayor nú-
mero de roles y su mayor participación y emergencia en diversos esce-
narios de socialización. La estratificación por género muestra que 7%
eran niños, entendidos como menores de 18 años, y 15% niñas; en
personas de 60 años y más, hombres y mujeres guardan la misma pro-
porción (1%). Esta distribución destaca el grado de indefensión, vulne-
rabilidad y riesgo de muerte de los niños y específicamente de las niñas,
en las interacciones violentas con sus agresores.
Los hombres jóvenes fueron las principales víctimas de homicidio en los
diez escenarios señalados con compromiso, desde 83% en Chigorodó
hasta 97% en Patía.
Figura 4. Tasa de homicidios según grupo etáreo.
Colombia, 2000
Figura 3. Homicidios según género.
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Distribución según mes
La distribución de los eventos por meses no muestra un patrón parti-
cular que hable de periodos con más probabilidad de ocurrencia; el mes
con el mayor número de casos fue diciembre, con 2.427 (9,5%), se-
guido de julio, con 2.247 (8,8%). El promedio mensual fue 2.138, 493
a la semana, 70 por día y 3 por hora. Si los factores que están en la base
de la producción del homicidio son permanentes en el tiempo, es de
esperarse que la temporalidad del fenómeno no guarde una distribu-
ción particular, sino que se comporte de manera constante. Figura 5.
Sin embargo, los homicidios derivados de la violencia impulsiva o es-
pontánea sí pueden guardar cierta relación temporal con los días de fes-
tividad, mercado o vacaciones, en los que el nivel de interacción humana
aumenta y, por ende, la posibilidad de desenlaces violentos. El munici-
pio de Apartadó (con la tasa de necropsia más alta) presenta una distri-
bución relativamente homogénea de los homicidios por mes; lo mismo
en Medellín, ciudad con el mayor número de casos reportados, se pre-
sentó un ligero aumento durante el mes de diciembre; en esta ciudad,
agosto, reconocido por las festividades, tuvo una distribución similar al
promedio, en tanto que Bogotá muestra un comportamiento similar,
por lo que se puede concluir que estas grandes ciudades no impactan
la distribución por mes.
Figura 5. Homicidios según mes.
Colombia, 2000
acercamiento a afirmaciones ob-
jetivas, razonables y verificables,
aportando de esta forma informa-
ción realmente útil al proceso
judicial.
Nadie podrá ser condenado por un
hecho que no ha cometido. Esa
afirmación significa que el juicio
debe realizarse sobre aconteci-
mientos demostrados como cier-
tos y la ley debe aplicarse
solamente sobre este tipo de he-
chos, excluyendo totalmente
aquello que deje asomo de duda.
Esta “demostrabilidad” es una
exigencia que conduce al juez a
hacer distinción entre la afirma-
ción y el método utilizado para
llegar a ella. Sólo al hacer públi-
co el proceso seguido para averi-
guar una afirmación y presentar
además los elementos que prue-
ban la veracidad de la afirma-
ción, se facilita el cumplimiento
del derecho de defensa cual es el
RENÉ MAGRITTE. L’ART DE VIURE, 1967.
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Distribución según arma o mecanismo causal
En el ámbito nacional el arma de fuego sigue siendo el elemento más
utilizado para cometer homicidios, 85% de la distribución, con un au-
mento de 1% frente a 1999. Figura 6. Detrás de la comisión de los ho-
micidios con arma de fuego está la clara intención letal, la cual no guarda
grandes diferencias en el compromiso por género; mientras en 86%
de los casos los muertos con este instrumento fueron hombres, en 77%
lo fueron las mujeres. Estos porcentajes están ligeramente por encima
de los registrados en el año anterior y cuestionan los esfuerzos de des-
arme que pueden no estar teniendo los efectos deseados, tal vez por-
que se realizan sin una adecuada discriminación de los grupos objetivo.
Alrededor del desarme debe haber toda una construcción desde la cul-
tura, puesto que cualquier elemento, por inofensivo que parezca, pue-
de ser convertido en un arma mortal, alterando su uso, pues “las armas
no causan por sí solas la violencia sino que ello depende del contexto
en que se utilizan, su papel crítico está en la transformación de los con-
flictos sociales y políticos al hacerlos mucho más violentos”19.
El arma de fuego es el principal elemento para el ejercicio de la violen-
cia con un rango que va desde 84% en el municipio de Chigorodó has-
ta 96% en Barrancabermeja y Granada.
Figura 6. Homicidios según mecanismo causal.
Colombia, 2000
19 IANSA Opportunities for the UN 2001. Conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its
aspects. Traducción libre al español de la Fundación Gamma Idear. Febrero 28 de 2001, p. 1.
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Homicidios según móvil
No es posible conocer las motivaciones reales que están en el fondo
de la comisión del acto homicida en la fase tan preliminar de la investi-
gación en que los datos son recolectados por el sistema médico forense.
Para la formulación de hipótesis al respecto, más que estadísticas de víc-
timas se requiere conocer datos sobre los victimarios, las interrelaciones
que sostenían con su agredido, o los posibles factores asociados o
precipitantes.
Hay una multiplicidad de razones que pueden ser motivo o
desencadenante del acto violento, entre ellas: “impedir la diferencia,
hacer sentir la superioridad, defender un principio, negar el conflicto,
ganar un negocio, eludir un pago, vengar un agravio” 20. Las clasificacio-
nes de los móviles realizadas por el INML y CF presentan algunas difi-
cultades porque algunos de ellos no son a ciencia cierta una motivación,
sin embargo, aproximaciones al respecto pueden ser deducidas de los
eventos circunstanciales alrededor del acto.
Con respecto al año pasado hay un ligero aumento en el registro y se
conserva la venganza como el móvil predominante, seguida del atraco
y la riña; el enfrentamiento armado aporta también un porcentaje im-
portante (5.1%), Figura 7, sin embargo, presenta gran subregistro, te-
niendo en cuenta los contextos donde se ubican los puntos de atención.
Las deficiencias en este registro han favorecido el mito de que la vio-
lencia política colombiana es insignificante si se compara con la calleje-
ra, dejando de lado que en las áreas de conflicto hay obstáculos para el
registro y operan lógicas que posibilitan la expansión conjuntamente de
otras formas de violencia, “la proliferación del homicidio común... bien
puede provenir del desborde de la violencia política en la medida que
haya incapacitado al Estado para la función de justicia, o consolidado pa-
trones culturales de comportamiento, o revelado la eficiencia de esta
suerte de recurso de solución”21.
Se continúa observando un gran subregistro del móvil; de
los 25.655 homicidios sólo 45% (11.507) cuentan con
información deesta característica. Esta es una situación
preocupante que altera las posibles hipótesis explicativas,
y puede ser el reflejo de la organización de los actores con
el ejercicio de estrategias de ocultamiento, o el
sometimiento a la intimidación que perpetúa la baja
denuncia, la inoperancia de la justicia y la impunidad.
20 Cubides, F. et al. La violencia y el municipio colombiano, 1980–1997. Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional,
Facultad de Ciencias Humanas, Colección CES, primera edición. Julio de 1998, p. 17. 
21 Cubides, F, op cit, p. 23. 
de controvertir y cuestionar no
sólo las pruebas en sí mismas,
sino además la idoneidad de los
participantes y de métodos cientí-
ficos utilizados, las máquinas y la
tecnología, en fin, todo aquello
que da solidez a las pruebas alle-
gadas al expediente.
Lo descrito hasta aquí expone la
similitud que existe entre la forma
de acercamiento que hace un “cien-
tífico” al conocimiento y la que
hace un “investigador judicial”
para el mismo fin. Los dos compar-
ten una “vasta empresa que ocupa
una gran cantidad de esfuerzos hu-
manos, en procura del objetivo
para adquirir conocimientos acerca
de la realidad”. Los dos deben ob-
tener conocimientos verificables, su
actividad está enmarcada dentro de
un contexto social, los dos son
influenciados por valores, cultura,
tradición e interés.
Por esto se puede afirmar que
tanto la actividad del científico
como la del investigador son ta-
reas que no se pueden desempe-
ñar individual o aisladamente,
sino que se trata de una “activi-
dad social”
5
, la cual involucra
expertos en diferentes áreas, usa
técnicas y herramientas apropia-
das, desarrolla el trabajo de las
personas, dentro de un equipo
que es capaz de aplicar un méto-
do que asegure que el resultado
de la investigación es un conoci-
miento cierto, indudable y lo más
cercano posible a la “verdad”.
La aplicación del método es lo que
garantiza que la “afirmación” sea el
producto de un proceso juicioso,
racional, riguroso y confiable; atri-
butos indispensables para que la
justicia y sus instrumentos puedan
actuar debidamente.
La Constitución Nacional, en su
proclama de derechos, garantías y
deberes declara que quien sea
sindicado de un delito tiene dere-
cho a controvertir las pruebas
presentadas en su contra.
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Una forma de agrupar los móviles está dada por su relación con la vio-
lencia impulsiva o espontánea, cuya manifestación típica es la riña, la ins-
trumental o planeada, reflejada en los atracos, la venganza o ajuste de
cuentas y la intolerancia social, y la violencia misteriosa, aquella de la cual
poco se conoce sobre las circunstancias, actores y motivaciones. Si so-
metemos los casos nacionales a este registro, encontramos que 8% es
impulsiva, 29% instrumental y 63% misteriosa.
La violencia impulsiva pueden incluir casos de violencia instrumental
enmascarados, ya que la riña es al parecer una forma espontánea de
resolver un conflicto, pero este como tal no surge súbitamente, por el
contrario, pudo haberse gestado con anterioridad y acumular tensión
hasta resolverse violentamente. Suponiendo que en realidad la riña es
producto de una violencia impulsiva, las políticas coercitivas no tendrían
mucho efecto en su control, y el único camino a seguir sería prevenir
su producción por medio de transformaciones culturales.
De otra parte, la venganza como prototipo de la violencia instrumental
supone relaciones previas entre víctima y victimario y por tanto un con-
flicto sin dirimir, ya sea en lo público o en lo privado, que se resuelve
mediante la planeación. Algunos estudios plantean que la venganza, en
términos generales, es producto de criminalidad con algún grado de or-
ganización, hipótesis que sólo puede ser probada si se correlaciona con
el contexto en que se produce. La proporción significativa de violencia
instrumental va en contravía con la idea de que “somos violentos por
Figura 7. Homicidios según presunto móvil.
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naturaleza” pues es poco plausible que la violencia en Colombia se
ejerza sin mediación de razón o motivo o contra un blanco descono-
cido; por el contrario, requiere de la interrelación que se da entre los
seres humanos.
La distribución del homicidio según lugar de los hechos, agresor y mó-
vil adquiere mayor relevancia si se analiza en el contexto local en el cual
ocurre pues permite hacer algunas deducciones sobre los tipos de vio-
lencia que operan en cada uno. Los primeros 10 municipios presentan
una proporción de desconocimiento del móvil en un rango que oscila
entre 28% en Barbosa (Antioquia) y 99% en Granada (Meta). En la
primera predominó la venganza o ajuste de cuentas (38%), seguida de
Roldanillo (26%) y Santa Fe de Antioquia (25%); en cambio, el enfren-
tamiento armado fue significativo en Puerto Berrío (25%).
Ante este panorama hay varias consideraciones obligadas; por ejemplo,
se encuentra una gran proporción de ocultamiento alrededor del mó-
vil en las ciudades “de extrema violencia”, de las cuales escapa Barbosa,
donde predomina la venganza. La mayoría de los sitios están afectados
por el conflicto armado, lo que puede derivar en pocas posibilidades de
indagación alrededor de las motivación; se resalta también el predomi-
nio de la venganza en lugares donde ha operado el narcotráfico.
El conocimiento del móvil es más probable en los grandes centros ur-
banos; Medellín, con 17,3%, Cali, 12,7%, Bogotá, 8,5%, Barranquilla,
2,7%, y Bucaramanga, con igual porcentaje, concentran 44% de los pre-
suntos móviles. En los sitios señalados la mayor infraestructura técnica
de la policía judicial facilita la indagación y conocimiento alrededor de
los hechos en el momento del levantamiento, con lo cual las actas apor-
tan mayor información y apoyo a la “investigación científico criminalística
de la muerte” 22 para que alcance sus objetivos de esclarecer el homici-
dio y contribuir para que se castigue al culpable. Otra hipótesis es que
en las grandes ciudades se puede diluir el temor a la retaliación contra
los informantes que señalen posibles móviles y actores. Esta hipótesis
adquiere fuerza cuando se traen a colación municipios donde la infor-
mación sobre los móviles tiende a cero, entre ellos Granada, Puerto
López, San Vicente de Chucurí, Garagoa y Sincé, escenarios donde la
colaboración con la autoridad judicial puede ser conocida y castigada;
el único municipio donde esta lógica se controvierte es Bello, donde, a
pesar de ser un gran centro, opera esta condición.
22 Es el avance de las ciencias forenses, cuyo aporte real consiste en el análisis científico de la evidencia física,
tanto en la escena como en el cuerpo y muestras relacionadas, para aportar pruebas de carácter objetivo,
reproducibles, verificables y oportunas en términos de confrontación de sospechosos y testigos. Departamento
de Patología. Documento Discursivo, 5 de marzo de 1999.
Para que un ciudadano pueda ha-
cer uso de este derecho y debatir
las pruebas, es indispensable que
quien acusa esté en capacidad de
“demostrar” no sólo los resultados
sino cómo llega a esos resultados.
Tanto para el investigador cientí-
fico como para el investigador
judicial existe una constante ame-
naza de que su “mente emocio-
nal” invada su “mente racional”,
poniendo en alto riesgo la solidez
y objetividad de los resultados del
proceso de investigación al permi-
tir que sus pareceres, sus
paradigmas, sus deseos o sus in-
tereses “contaminen” el proceso.
Una “vacuna” contra esta tenden-
cia natural la ofrece el denomina-
do pensamiento científico, el cual
protege (hasta cierto punto) al
investigador de atribuir su propia
“fantasía” al objeto que observa y
que de ser usado de manera habi-
tual por el investigador judicial,
no entrenado en el rigor de la
ciencia y sus métodos, lo previene
de la tentación de la subjetividad.
Por ello los sistemasmodernos de
investigación criminal lo invitan a
adentrarse en el aprendizaje de
otros modelos de pensamiento,
como por ejemplo, el mencionado
“pensamiento científico”.
FRANCIS PICABIA. PYRGITA, 1937-38.
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En cuanto a la influencia de los presuntos móviles, en la ocurrencia del
homicidio, se evidencia una asociación negativa leve entre las tasas de
riña y homicidio (r = –0.1), es decir, hay más homicidios por riña en
los sitios menos violentos, o en estos la violencia es más impulsiva o
emocional. En cambio, en los sitios con tasas de homicidio mayores de
200 se ven bajas tasas de homicidio en atraco, lo cual puede darse por
el control social derivado de los actores que coexisten en estos sitios.
La correlación positiva entre tasa de homicidio y atraco se da en muni-
cipios violentos. Así mismo, hay una asociación positiva y moderada entre
la tasa de homicidio y la tasa de venganza o ajuste de cuentas, r = 0,3:
a mayor tasa de ajuste de cuentas, mayor tasa de homicidio. Las tasas
de enfrentamiento armado e intolerancia presentan una asociación po-
sitiva leve con las tasas de homicidio, r =0,1 y r =0,2, respectivamen-
te. La franja de violencia sin móvil conocido muestra una intensa
asociación positiva, r =0,7, lo que implica que a mayor tasa de homici-
dio mayor ocultamiento, sombra y misterio alrededor del hecho. La re-
visión individual de la correlación para los diez municipios con las tasas
más altas y los diez con las tasas más bajas muestra patrones iguales a
los nacionales.
Agrupando cada uno de los móviles como producto de una violencia
impulsiva o una planeada, la última incluye los casos sin información
puesto que la violencia que oculta el móvil supone ejercicio de
planeación; se encontró que a mayor tasa de homicidio planeado, me-
nor tasa de homicidio por violencia impulsiva; esta correlación es aun
más manifiesta en los diez municipios con las primeras tasas; se sale de
esta tendencia Puerto Berrío, donde hay tasas altas para los dos tipos
analizados.
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Distribución según autor
Del total de homicidios registrados a nivel nacional, se tiene informa-
ción sobre el autor en 14.521 casos, es decir, más de la mitad (57%)
de los hechos. Figura 8. El desconocimiento llevan a un círculo vicioso
que conduce a la impunidad social entendida como “la aceptación de
los agentes reconocidos de la violencia y delincuencia, sin someterlos a
ninguna sanción colectiva”23. El desconocimiento del agresor es preocu-
pante, pues es un indicador indirecto del grado de impunidad, ya que
no se inicia un sumario si el agresor es desconocido, según el decreto
050 de 1987.
En Apartadó, Chigorodó, Puerto Berrío, Tuluá, Barrancabermeja y Gra-
nada se observan las proporciones más alta de desconocimiento del
agresor (rango 59% - 96%), en contraposición a Patía, Barbosa y
Roldanillo, donde este pudo identificarse con mayor frecuencia.
Barrancabermeja, 9%, y Puerto Berrío, 17%, son los sitios donde la
fuerza pública es un autor conocido de manera significativa.
23 Franco, S. El quinto no matar. Bogotá: TM Editores, IEPRI - UN, 1999, p. 54.
Los casos de autores desconocidos siguen ocupando una gran
proporción, situación que podría explicarse por la escasa
indagación, estrategias de ocultamiento, o la mínima denuncia
de los allegados a las víctimas, bien sea por miedo a la
represalia o porque ante la poca credibilidad en las instituciones
del Estado prefieren hacer justicia por su cuenta
Figura 8. Homicidio según autor.
Colombia, 2000
Lo anterior no significa que para
desarrollar su labor el detective
debe eliminar su intuición, su
emoción o su “olfato”. Por el con-
trario, un buen investigador que
ha desarrollado esas característi-
cas es un ser dotado de una habili-
dad estratégica que comúnmente
lo hace más efectivo y exitoso.
Lo que se quiere señalar es que la
investigación es un proceso en
donde es válida la intuición, pero
lo debe regir la razón, pues cual-
quier resultado debe ser compro-
bable y verificable desde lo
objetivo y desde lo racional.
CARACTERÍSTICAS DEL
PENSAMIENTO CIENTÍFICO
Las palabras ciencia y científico
producen en un buen número de
profesionales una asociación in-
mediata con sabios, experimento,
alta tecnología, laboratorios
sofisticados, etc., y una natural
resistencia ante lo que presumen
árido, difícil, fuera de alcance. Por
eso es importante aclarar que en
este escrito la denominación
“científico” se refiere al cumpli-
miento de ciertas características
que dan confianza y buen nivel de
certeza al conocimiento alcanza-
do. Esas características son las
siguientes:
 1. Conceptualización. Una dife-
rencia importante entre el conoci-
miento ”vulgar” y el conocimiento
científico, lo da el rigor del enten-
dimiento que se impone a los con-
ceptos que se utilizan y la precisión
de las definiciones. Nociones
como “diligencia”, “auto”, “cul-
pa”, significan una cosa en el len-
guaje popular y otra en el jurídico.
En el proceder judicial existen
algunas nociones establecidas con
precisión desde los códigos; tam-
bién existen muchas otras que se
entregan a la interpretación en
ocasiones de expertos bien sea
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Distribución según lugar de los hechos
Esta característica presenta un mayor nivel de registro, el cual asciende a
82% de los casos; la vía pública sigue siendo el primer lugar, con 53% de
los casos. Figura 9. El carácter impersonal de este escenario en nuestras
ciudades “espacio de nadie”, hace que sea de fácil apropiación por parte
de los violentos, que marcan territorios de miedo, donde las redes crimi-
nales operan con facilidad ante la inminencia del anonimato del delito.
Los sitios donde los agresores pueden ser identificados, como el hogar,
vehículos, bares u otros lugares de diversión y el trabajo, presentan una
baja distribución, totalizando 17%. Los lugares baldíos, en los que ope-
ran las mismas lógicas de la vía pública y por excelencia las del oculta-
miento, concentran un 8%.
Reproduciendo la realidad nacional, la vía pública es el sitio del hecho
que predomina en Santa Fe de Antioquia, Granada, Patía y
Barrancabermeja, municipios donde este tipo de escenario supera el
60%; en Apartadó, Chigorodó, Roldanillo y el mismo Santa Fe de
Antioquia la residencia adquiere importancia como lugar del hecho, con
un porcentaje que oscila entre 13 y 26%; el acceso de los autores a las
residencias puede facilitarse en los lugares donde imperan la baja pre-
En la vía pública la
información alrededor del
posible agresor queda
dispersa, ya que las
personas prefieren evitar
verse comprometidas en un
proceso judicial, y evaden la
responsabilidad de ser
testigos de un homicidio.
Figura 9. Homicidio según lugar del hecho.
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sencia estatal y la fragmentación social y por tanto la ejecución del acto
puede encontrar poca o ninguna resistencia. En Santa Fe de Antioquia el
espacio laboral ocupó un lugar importante (10%). En las primeras 10 ciu-
dades el terreno baldío también cobra importancia como escenario, con
predominio de Puerto Berrío, 29%, Apartadó, 37%, y Barbosa, 48%.
Correlación con otros eventos
Profundizar en la naturaleza del homicidio exige conocer su relación con
otras formas o manifestaciones violentas. La influencia de la tasa de
homicidios de 1999 sobre la del 2000 en los 123 municipios muestrales
dibuja una tendencia positiva intensa (r =0,74); el análisis para los 10
municipios más y menos violentos muestra una asociación aun mayor
(r =0,9), que implica influencia directa de la tasa del primer año con res-
pecto a la del segundo, y es quizás este comportamiento el que segu-
ramente tiene una mayor historicidad y cambios sutilesen el tiempo. El
mismo Rubio define que la tasa de homicidio de un año puede ser un
factor predictor24 del comportamiento en el siguiente, evento que puede
sugerir una especie de arraigo de factores generadores de violencia, que
no cambian ni rápida ni sustancialmente en el tiempo, y que también
contradicen la posibilidad de lo impulsivo de la violencia, pues si así ocu-
rriera no tendría porque repetirse en los mismos escenarios. Figura 10.
La letalidad25 es un indicador construido para reflejar la intensidad de la
violencia en cada municipio, y se define como la intencionalidad de causar
la muerte sin mediar otra posibilidad para la resolución del conflicto. Re-
sulta interesante comparar los homicidios como evidencia directa de
24 Rubio, M. Crimen e impunidad: Precisiones sobre la violencia. Santa Fe de Bogotá: TM editores, CEDE, 1999, p. 46.
25 Letalidad: Relación muerte/lesiones en un espacio y tiempo definidos.
Figura 10. Correlación
tasas de homicidio.
Colombia, 1999-2000
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letalidad y las lesiones personales donde esta no es tan manifiesta. Santa
Fe de Antioquia es el sitio donde confluyen simultáneamente altas ta-
sas para los dos eventos, en tanto que Puerto Berrío está entre los diez
municipios con más alta tasa de homicidio y, a la vez, entre los diez con
menor tasa de lesiones, caracterizándose como el municipio con la más
alta letalidad. La relación inversa, es decir, municipio con alta tasa de
lesiones y baja de homicidios, se presentó en Zipaquirá.
La razón entre muertos y lesionados en el país es de uno a diez. Munici-
pios con razón uno a uno, es decir, con alta letalidad, son: Belén de
Umbría, Carmen de Bolívar y Chinchiná. Los municipios con baja letalidad
son San Andrés (1 muerto:17 lesionados), Leticia (1:98), Garagoa (1:92),
Tunja (1:73), Manzanares (1:71), Zipaquirá (1:61), Espinal (1:53), Girardot
(1:51), San Gil (1:48) y Duitama (1:43). Estos últimos son en su mayoría
municipios con arraigados patrones culturales tradicionales y sin influen-
cia directa del conflicto armado, o de bonanzas legales o ilegales.
La correlación entre las tasas de homicidio y las lesiones personales es
débil e inversa (r =–0,2), Figura 11, sugiriendo que a mayor número
de homicidios la violencia es más letal, y por tanto habría un menor nú-
mero de lesionados, es decir, que son fenómenos excluyentes o de na-
turaleza diferente; sin embargo, un alto índice de lesionados puede
también sugerir un aumento de la intensidad de las relaciones
interpersonales y por consiguiente mayor probabilidad de desarrollo de
hechos violentos con diferentes desenlaces. En los sitios donde hay
aumento significativo del homicidio por encima de la lesión puede haber
baja denuncia o el temor a ser víctima de homicidio lleva a la fractura de
las relaciones al restringirse el desarrollo de actividades en el espacio pú-
blico, pues una estrategia de sobrevivencia es esconderse o restringir la
actividad en común. Los municipios con esta característica suelen ser do-
minados por actores armados o donde estos han ganado protagonismo.
Figura 11. Correlación tasas de homicidio y lesiones personales.
Colombia, 2000
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jurisconsultos, tratadistas, acadé-
micos o especialista en el tema
criminalístico; estas nociones son
del campo de técnicos o inclusive
de empíricos de alta experiencia.
Empero, hay un buen número de
nociones y denominaciones cuya
definición las “acomoda” o em-
plea cada investigador según sus
necesidades, deteriorando la posi-
bilidad de diferenciar el conoci-
miento científico o técnico del
“vulgar” o “popular”, lo que hace
difícil la construcción de hipóte-
sis que puedan describirlos y ex-
plicarlos de manera satisfactoria.
Dado que el lenguaje en ocasiones
es un gran obstáculo para el en-
tendimiento homogéneo de una
idea, existe la necesidad de con-
ceptuar con el “mayor rigor posi-
ble” los componentes utilizados
para el razonamiento que se expo-
ne, teniendo siempre en mente
que un concepto es “una idea ex-
presada en palabras”
7
.
Es indudable el perjuicio que se
ocasiona a la justicia si el fiscal
acusador intenta exponer una hi-
pótesis que es interpretada por el
juez con un sentido diferente al
original debido al significado disí-
mil que cada quien, atribuye al
lenguaje.
Retornando a la dirección de la correlación, esta marca una tendencia
negativa para los datos nacionales y para los diez sitios con mayor y
menor tasa (r –0,1). Las lesiones personales se concentran en sitios
donde el empleo de la fuerza para dirimir conflictos está legitimada so-
cialmente y se convierte en un código o valor; entre estos están los mu-
nicipios del altiplano cundí boyacense, los cuales no presentan un patrón
acentuado de movilidad geográfica, ni la presencia reconocida de acto-
res armados.
Las tasas de violencia intrafamiliar no
muestran influencia sobre las tasas de
homicidio en los municipios analizados (r
=0,03); sin embargo, en los denominados
pacíficos, caracterizados por mantener
estructuras sociales tradicionalistas, se
notan bajas tasa de homicidio frente a
altas de violencia intrafamiliar; repiten
algunos municipios del altiplano
cundiboyacense, donde el uso de esta
forma de violencia puede aceptarse
socialmente con fines formadores, o
puede operar el estigma frente al castigo
para el aumento de la denuncia.
De otra parte, en la relación homicidio-violencia intrafamiliar cabría for-
mularse varias hipótesis; la primera es que en los sitios violentos las re-
laciones familiares pueden ser más laxas o incluso inexistentes; allí el
concepto de familia no implica vínculo y se disminuye la posibilidad de
agresión, o la presión de otras formas de violencia es tal que pierde re-
levancia la violencia intrafamiliar y se presenta baja denuncia; o también
puede ocurrir que, al restringirse otros escenarios sociales, la familia
puede cohesionar y fortalecer sus lazos como defensa, o, por el con-
trario, ante la imposibilidad de liberar tensiones al exterior, estas se vuel-
quen al interior de la familia. La dirección de la correlación no permite
tomar una posición frente a la hipótesis bien difundida de que la violen-
cia intrafamiliar es un factor de riesgo para otros tipos de violencia.
REMEDIOS VARO. LA CREACIÓN DE LAS AVES, 1958.
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Figura 12. Municipios con tasas de necropsia que superan dos o más veces la tasa nacional de homicidios.
Colombia, 2000
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2. Objetividad: Es aquella carac-
terística que asegura que lo des-
crito corresponde al objeto
observado, al elemento sobre el
cual se quiere conocer algo, que
pertenece a la realidad del objeto
y que lo explica tal cual es y “no
como nosotros desearíamos que
fuese”
8
. Las opiniones o impre-
siones, así como las ideas nacidas
de nuestros paradigmas, son pen-
samientos subjetivos, con fre-
cuencia elementos
contaminadores del raciocinio y
del juicio crítico.
La fórmula para combatir la sub-
jetividad es que el conocimiento
sea verificado por otra persona
independiente del proceso desa-
rrollado y que el conocimiento
obtenido pueda ser demostrable
ante una comunidad, para no
aceptar y dar por cierto “nada
que no pueda sufrir este proceso
de verificación”.
Ya lo mencionó Rene Descartes,
en su obra El discurso del método,
cuando enunció las cuatro reglas
que seguiría para la búsqueda de
conocimiento y enumera en pri-
mer lugar la siguiente:
9 
“No acep-
tar jamás ninguna cosa por
verdadera de la que no conozca
evidencia como tal; es decir, evi-
tar la precipitación y la preven-
ción”. De tal manera que en el
Método Cartesiano, en el Método
Científico y en la metodología de
la investigación criminal un re-
quisito prioritarioes contar con
evidencia suficiente que demues-
tre que una afirmación es cierta.
Por ejemplo, en la escena de un
crimen si un investigador indaga
la temperatura del cadáver colo-
cando la mano sobre la piel del
occiso y “siente” cierta sensa-
ción, puede interpretarla como
“cadáver tibio”, pero a otro inves-
tigador, con el mismo método, le
puede parecer “frío”.
Probablemente ambos tienen ra-
zón puesto que es una percepción
de su idea de temperatura. Por
Conclusiones
El perfil de la violencia homicida, descrito a partir de las variables reco-
lectadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
muestra unas dinámicas propias particularizadas a cada escenario geo-
gráfico. Sin embargo, el patrón global describe un mayor compromiso
del género masculino, en edad económicamente activa; las muertes se
producen principalmente con proyectil de arma de fuego, en la vía pú-
blica y por parte de autores desconocidos, al igual que la motivación que
originó el hecho violento.
El homicidio en Colombia, medido en términos de la tasa, se concen-
tra en pocos municipios, los cuales a su vez no presentan una gran den-
sidad poblacional. Por tanto, no se puede afirmar que sea un fenómeno
eminentemente urbano. Los argumentos que plantean la violencia co-
lombiana como una situación “normalizada” encuentran en la distribu-
ción espacio-temporal de los homicidios, de acuerdo con los actores y
las presuntas motivaciones, su mejor soporte.
Hay una clara coincidencia histórica entre los municipios que ostentan
las tasas más altas de violencia, las cuales se asocian a dinámicas socia-
les claramente definidas, ya sean producto del conflicto armado, del auge
del narcotráfico o de otras economías ilegales, procesos migratorios y
de colonización, además de otros.
Vale la pena destacar que los escenarios con una menor intensidad en
la violencia homicida pueden relacionarse con altos índices de otras for-
mas de violencia, por ello los indicadores que relacionan diferentes ma-
nifestaciones violentas resultan adecuados para la comprensión global
del fenómeno.
Recomendaciones
1. Muchos de los esfuerzos de intervención sobre sociedades específicas
son imposiciones emanadas de un nivel superior, sin que haya conoci-
miento profundo de las mismas, probablemente como resultado de
diagnósticos externos que no involucran a los sujetos. “La violencia es
un problema social, económico y político complejo, su solución exige
estrategias integradas en todas las comunidades y naciones afectadas,
y basadas en un marco conceptual que incluya una comprensión
holística de las causas e impactos de la violencia y de las posibles inter-
venciones para reducirla”26, por tanto, cualquier intervención debe partir
de conocer los afectados, sus creencias, sentimientos y percepciones,
26 Caroline, Moser. Marco conceptual para la reducción de la violencia. Documento de trabajo No. 2 sobre desarrollo
sostenible. 1999, p. 2. 
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pues en ellas pueden estar las respuestas a sus problemas, y estas se
consolidan cuando se fortalecen las formas de organización comunita-
ria y se refuerzan las redes sociales.
2. Deben desarticularse los comportamientos violentos a partir de la
cultura; por ello la promoción y difusión de formas alternativas de
resolución de conflictos, basadas en la negociación de las diferen-
cias, deben ser componentes básicos de programas educativos y
pedagógicos formales e informales, lo que creará un ambiente fa-
vorable para la paz y la tranquilidad social y, por ende, una cultura
de la tolerancia que pueda revertir las posiciones ideológicas “que
abierta o encubiertamente... propugnan la violencia como una so-
lución inevitable en términos de lograr la eficiencia de los cambios,
o una legitimización de la violencia como un principio válido en sí
mismo para la interacción humana”27.
4. Se requiere desmantelar los territorios del miedo generando es-
trategias para la apropiación del espacio público y de socialización
que nazcan en la ciudadanía y en el mismo Estado. Se deben reali-
zar jornadas de conquista de estos puntos críticos, en las cuales la
participación de todas las instituciones que tienen presencia en los
escenarios de garantía de la mirada y acción gubernamental como
una forma de intervención integral con miras a contribuir a la solu-
ción de sus problemas fundamentales.
5. Debe darse continuidad a los programas de restricción al porte y
uso de armas de fuego reforzando el control a las armas legales para
que no se vuelvan ilegales, responsabilizando directamente al po-
seedor originario del arma de todas las acciones que se ejerzan con
ella a menos que informe oportunamente que ha cedido su propie-
dad. Igualmente, se debe luchar contra el tráfico de armas. Además,
todo programa de desarme debe incluir un componente educativo
bien focalizado proyectando la idea del desarme total, puesto que
cualquier elemento puede convertirse en instrumento de violencia.
6. Se hace necesario desarrollar proyectos de investigación que so-
brepasen las actuales dimensiones de diagnóstico y profundicen
en los móviles, en el perfil de los victimarios y en los factores aso-
ciados a la producción del hecho violento.
7. Debe trabajarse con los medios de información para lograr un mane-
jo no amarillista de las noticias sobre hechos violentos, por ejemplo,
no revelar detalles sobre técnicas sofisticadas de homicidio y delincuen-
cia, “ya que existe un amplio consenso... que la violencia es un aspecto
negativo de la conducta humana y que es rechazada por la inmensa
mayoría de la población. Sin embargo... a juzgar por el lugar, la pre-
eminencia, el espacio, la gratuidad, la forma como se presenta la vio-
lencia en los medios de comunicación de masas, uno podría llegar a
concluir que es un valor reconocido por nuestra cultura”28.
27 Coddon, F. La violencia en la ideología. En: Violencia en sus distintos ámbitos de expresión. Santiago de Chile:
Dolmen Ediciones, 1997, p. 55. 
28 Maturana Humberto, et al. Violencia en sus distintos ámbitos de expresión. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones,
1997, p. 11.
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8. Debe fortalecerse la investigación judicial en cada una de sus ins-
tancias, dando prioridad a la primera fase del trabajo en escena y al
manejo adecuado de la evidencia como elementos claves para el
develamiento del misterio en torno al homicidio y la identificación del cul-
pable, con el fin de disminuir los niveles de impunidad. Igualmente, debe
agotarse la fuente testimonial como aporte al esclarecimiento de los he-
chos dentro de un marco de seguridad y protección eficaz a los testigos.
9. Se debe buscar un equilibrado desarrollo de la justicia social en
Colombia, para atacar las manifestaciones que están en la base de
la violencia: corrupción, narcotráfico, conflicto armado, justicia pri-
vada o paramilitarismo, sicariato, desplazamiento, discriminación de
minorías étnicas, desposeídos sociales, desapariciones, secuestros,
violaciones a los derechos humanos, violencia contra la población
civil y la misión médica.
10. Diseñar sistemas locales de alerta temprana, que permitan hacer vi-
gilancia y seguimiento a factores estructurales y coyunturales reco-
nocidos, cuya presencia han significado movimientos en la geografía
de la violencia. Estos sistemas deben estar en las manos de orga-
nismos internacionales, cuya garantía de neutralidad y finalidad
meramente humanitaria evitará los riesgos de interferencia. Así mis-
mo, diseñar medidas de intervención precoz con participación
interinstitucional gubernamental y no gubernamental.
11. Debe estimularse la desjudicialización, para que los recursos del Es-
tado sean invertidos en forma prioritaria en la investigación y san-
ción de las violaciones del derecho a la vida y los derechos
humanos; así mismo, incentivar el empleo de mecanismos alternos
de soluciónde conflictos y aumento en los costos por uso del siste-
ma judicial para delitos menores, fondos que deben ser dirigidos a
apoyar los programas de convivencia. También se deben estable-
cer programas de incentivos, exenciones tributarias y premios para
las comunidades menos violentas.
12. Crear y comunicar en el nivel local líneas directas de denuncia de
actividades sospechosas, y difundir la acción efectiva del Estado para
frenar la impunidad, como estrategia para aumentar la credibilidad
en las instituciones.
13. Debe propenderse por la consolidación de instituciones amables,
donde los mecanismos para el control de la corrupción sean de co-
nocimiento y veeduría públicos.
14. La prevención de la violencia y la delincuencia no se puede concebir
al margen del diseño de una política social que busque la prevención
del delito y, si este llega a una instancia en la cual la prevención pri-
maria no funciona, desarrollar estrategias de prevención secundaria
mediante una verdadera resocialización de los infractores.
ser este hecho una afirmación no
verificable, es subjetiva. Si, en
cambio, se utiliza un termómetro y
la lectura registra “22 °C”, esa in-
formación, de ser verificada, ad-
quiere la característica de objetiva
y se podría incluir dentro de la
afirmación científica brindando
mayor confianza y credibilidad al
expediente judicial. Una afirmación
de esta categoría podría sustentar
seriamente un cálculo aproximado
de la hora de la muerte.
3. Racionalidad. El pensamiento
científico utiliza como instrumen-
to esencial la razón. El pensa-
miento mágico, la suerte, el
pensamiento religioso, son rem-
plazados por el concepto, el juicio
y el razonamiento.
La lógica, la coherencia, la preci-
sión son características que pro-
tegen de apelar a explicaciones
sobrenaturales, ambiguas o
contradictorias. Por ejemplo, la
explicación que un investigador
diera a un suceso de maltrato in-
fantil, “atribuyéndolo” a la nece-
sidad que un adulto tenía de
golpear a un menor como parte
de un procedimiento para
exorcizarlo dado que lo considera-
ba víctima de una “posesión
demoníaca”, no tendría cabida en
el proceso de pensamiento cientí-
fico como explicación lógica de
un hecho de maltrato al menor.
FRANCIS PICABIA. THE CLOWN, 1937-38.