Metodologia-CAPJ-Final-2014

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2014 
División de Evaluación Social de Inversiones 
1 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN 1 
PREPARACIÓN DEL PROYECTO 4 
Diagnóstico 4 
Identificación de alternativas de solución 9 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 12 
Beneficios del proyecto 12 
Costos del proyecto 22 
Valor residual 25 
Enfoques de evaluación 25 
CONSIDERACIONES FINALES 29 
BIBLIOGRAFÍA 30 
ANEXOS 31 
 
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Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
INTRODUCCIÓN 
La aplicación de las recientes reformas judiciales de los últimos años ha significado un 
proceso de cambios en las políticas públicas destinadas a modernizar y readecuar el 
sistema judicial chileno, con el objetivo de incorporar principios de derechos huma-
nos y estándares internacionales a los sistemas de administración de justicia, así 
como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural nacional. Los 
cambios introducidos por estas reformas implicaron la necesidad de disponer de una 
nueva infraestructura para los distintos Juzgados y Tribunales, y que permitiera 
acoger un juicio oral y una audiencia pública. 
Es por ello que su puesta en marcha ha implicado disponer de nuevas edificaciones 
para los recién implementados Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo 
Penal, Juzgados de Familia, Juzgados Laborales, de Cobranza Laboral y Previsional, 
y los de Letras con Competencia Común. Incluso, tanto la cantidad de Salas que 
constituyen cada Juzgado, Tribunal o Corte como la dotación de Ministros, Jueces, 
personal y cargos asignados, quedan también establecidos por ley. 
Es importante señalar que el Poder Judicial no cuenta con la facultad legal para crear 
Juzgados, Tribunales ni Cortes en el país y sólo debe atenerse a implementar las 
disposiciones legales pertinentes, las que emanan desde el Poder Ejecutivo (a través 
del Ministerio de Justicia) y que son ratificadas por el Poder Legislativo. En este 
sentido, el Departamento de Arquitectura de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial (CAPJ), ha hecho un esfuerzo en la elaboración de programas de 
superficie, donde se estandarizan las normas de construcción de cada tipología de 
edificación, de acuerdo a la cantidad de jueces, salas, entre otras variables1. 
La estandarización de juzgados y tribunales, permiten definir dos tipologías de 
proyectos de inversión en infraestructura en el Poder Judicial: 
 Proyectos Tipo I: son aquellos proyectos que en su situación ex ante cumplen 
con los estándares constructivos definidos por la CAPJ y cuyo problema se 
asocia a una mala calidad en la entrega de servicios. Se pueden considerar 
dentro de las soluciones la reposición, remodelación y reparación de los 
actuales edificios de los Juzgados, Tribunales y/o Cortes, que por su 
obsolescencia técnica o funcional deben ser reemplazados para aumentar su 
nivel de servicio. En esta categoría también se encuentran aquellos proyectos 
que buscan centralizar edificación judicial (Centros de justicia). 
En estos casos los edificios existen actualmente y cumplen los estándares de 
construcción, por lo que se puede hacer análisis de ahorros y costos entre la 
situación base optimizada y las alternativas de solución. Para determinar si 
corresponde o no a un proyecto de Inversión se considerará los establecido en 
la circular 33 y 36 del Ministerio de Hacienda. 
 
1 Ver: http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Inversiones.pdf 
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Inversiones.pdf
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 Proyectos Tipo II: corresponde a proyectos que tienen como objetivo adecuar 
los actuales edificios a los estándares establecidos por la CAPJ, es decir, la 
solución es la normalización de las actuales edificaciones. También se 
consideran aquellos proyectos que responden a la implementación de algunas 
de las recientes Leyes de la Reforma Judicial y que “obligan” al Poder Judicial 
a disponer de infraestructura especial mediante la construcción, adquisición y 
remodelación, y/o arrendamiento de nuevos edificios, que permitan albergar 
el funcionamiento de los nuevos Juzgados y/o Tribunales. 
La particularidad de esta tipología de proyectos es que las distintas 
alternativas de solución que puedan surgir deben responder al cumplimiento 
de la ley, por lo que los beneficios son similares, y para efecto de la evaluación 
sólo es relevante el análisis de costos entre la situación base optimizada y las 
demás alternativas de solución. 
A continuación se presenta la metodología para la preparación de proyectos de 
infraestructura de la CAPJ, diferenciando por la tipología de proyecto descrita. 
 
 
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PREPARACIÓN DEL PROYECTO 
La siguiente proposición tiene como objetivo apoyar la preparación y evaluación de 
proyectos de infraestructura en el Poder Judicial en general, haciendo diferencia 
cuando corresponda respecto de la Tipología antes señalada. 
Este esquema metodológico está compuesto por distintas etapas, que incluyen la pre-
sentación del sector, diagnóstico de la situación actual, identificación y definición de 
las alternativas de solución, indicaciones de cómo evaluar las distintas alternativas y 
de cómo seleccionar la mejor, para finalmente señalar cómo debe presentarse la 
alternativa. 
A. DIAGNÓSTICO 
En el diagnóstico se deben analizar todas las variables que permiten identificar, 
describir, explicar y dimensionar el problema detectado. La importancia de definir en 
forma clara y precisa el problema radica en que ello establece la base para plantear 
alternativas de solución y escoger la mejor desde el punto de vista económico. 
En primer término corresponde señalar claramente cuál es el problema que da origen 
al proyecto. Para ello es necesaria la elaboración de un diagnóstico de la situación 
existente. La identificación de los problemas existentes en la operación de los 
servicios públicos, debe ser lo más completa posible, mostrando en un plano la 
ubicación de los edificios afectados, así como la ubicación de terrenos probables de 
emplazamiento. Debe señalarse además la situación legal de estos terrenos. Si el 
proyecto comprende el arriendo de locales o de edificios debe entregarse la misma 
información. 
Para un correcto diagnóstico se deberá también estudiar el tipo de trámite (ingreso 
de causas Judiciales) que se realiza en los servicios, indicando los procedimientos que 
se deben seguir, el tiempo que toma cada uno de ellos y el tipo de personas 
involucradas. Este análisis debe concluir en una clasificación de los trámites, 
indicando aquellos críticos; los relacionados con los usuarios del servicio y con los 
funcionarios del mismo. En resumen, esta parte dará una idea del nivel de demandaen los servicios, identificando los principales problemas que dificultan su 
funcionamiento. 
Con respecto a la oferta, se deberá efectuar un análisis arquitectónico, de 
funcionamiento y organizacional de cada uno de los servicios involucrados y de su 
conjunto a fin de indicar claramente el nivel de servicio que se puede entregar con la 
infraestructura actual. 
Como resultado del diagnóstico se debe hacer un balance entre la oferta y la 
demanda actuales y proyectadas para determinar cuál es el déficit actual y 
proyectado de servicios. 
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I. Herramientas para la Identificación del Problema 
Se deberá identificar el problema que da origen a la idea de proyecto. Para ello, el 
problema deberá formularse como un estado negativo, que afecta a una determinada 
población, y no como la falta de una solución. Ejemplo: No existe segregación en el 
ingreso de los distintos tipos de usuarios (público y reo) al tribunal. 
En la situación analizada pueden visualizarse varios problemas, sin embargo, es 
necesario enfocarse en el problema principal, estableciendo las causas que lo originan 
y los efectos que produce. 
Las herramientas de análisis para la identificación de problema son las siguientes. 
a. Objetivos y Políticas del Sector 
Un punto de partida importante para la identificación de un problema, es situarse en 
el marco general dado por los objetivos, políticas y lineamentos del Poder Judicial. 
En particular utilizar la Ley Orgánica de Tribunales (Ley 7421). En este sentido, es 
importante conocer las prioridades del sector en el ámbito nacional y las estrategias 
desarrolladas por las distintas regiones para implementar las políticas. Además, es 
necesario estar al día con las nuevas reformas que se están incorporando o se quiere 
incorporar a la Justicia en el país. 
Así, comparando la situación esperada del Poder Judicial en una localidad o región, 
con el modelo dado por los objetivos y políticas, permitirá detectar los problemas que 
están impidiendo lograr las metas deseadas. 
b. Información en el Ámbito de los Establecimientos 
Una de las formas más simples de detectar un problema es a través de las demandas 
planteadas por la dirección del establecimiento (Juez o Administrador), la 
comunidad o alguna organización comunitaria. Se advierte en estos casos, que los 
problemas son generados por falta de cobertura, hacinamiento, saturación de la 
capacidad instalada, etc. 
Para comprobar si efectivamente existe alguna carencia, es necesario, acudir al 
establecimiento y verificar la situación e identificar las posibles causas en terreno. 
Otro elemento de gran utilidad en el ámbito local son las estadísticas que manejan los 
administradores del sistema, específicamente el Departamento de Desarrollo 
Institucional de la CAPJ. 
c. Mapa de Localización y Accesibilidad 
Para efectos de detectar problemas relacionados con la localización, se puede utilizar 
un mapa esquemático de la zona geográfica, donde esté señalada la ubicación del 
establecimiento que imparte justicia con sus vías, medios de acceso, cercanía a 
instituciones como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Centros 
Penitenciarios y población objetivo. 
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Es posible combinar información censal, con el uso de un sistema de información 
geográfica (SIG) para la elaboración de mapas comunales orientados a la detección 
de la población correspondiente a la jurisdicción del establecimiento en estudio. 
d. Encuestas 
Existen otros instrumentos más elaborados, como son los cuestionarios o las 
encuestas, que ayudan a identificar los problemas del sistema judicial y permiten 
focalizar los beneficios al grupo objetivo del proyecto. 
II. Definición del Área de Estudio y Área de Influencia 
En los siguientes puntos se explica cómo definir las áreas geográficas que delimitan 
el análisis del problema detectado, identificando el área de estudio y el área de 
influencia. 
La importancia de distinguir entre estos dos niveles de análisis está en que el primero 
(área estudio) es más amplio y entrega los límites de referencia de donde el problema 
está afectando directa o indirectamente. Es decir, el área de estudio es aquella zona 
geográfica que sirve de referencia para contextualizar el problema, entrega los límites 
para el análisis y facilita su ejecución. 
En cambio, el área de influencia es más específica y acota los límites de referencia al 
sector donde el problema afecta directamente a la población y donde deberá plan-
tearse la alternativa de solución. En consecuencia, el área de influencia corresponderá 
siempre a la jurisdicción del Juzgado o Tribunal, la que puede cubrir una o varias 
Comunas. 
En el caso de los proyectos del Poder Judicial el área de estudio y área de influencia 
corresponderán a la misma población y que específicamente está delimitada por la 
ley que crea y define el Juzgado, Tribunal o Corte, y que a su vez determina la 
jurisdicción (las comunas que la componen). 
a. Características Generales del Área de Influencia 
Con la creación de un Juzgado, Tribunal o Corte, la ley establece claramente su 
jurisdicción, y por ello su área de influencia comprende toda el área geográfica y la 
población allí residente. 
Respecto del área de influencia, debe recabarse información general sobre las 
características de la zona y su población, tales como: 
Población. Comprende al total de la población localizada en el área de influencia, de 
acuerdo con los antecedentes oficiales disponibles en el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) según los últimos censos de población y sus correspondientes 
proyecciones. 
Condiciones Socio-económicas. Considera una descripción general de aspectos tales 
como condiciones de vivienda, niveles de escolaridad, composición de las familias, 
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antecedentes delictuales, etc. Para ello, es útil recurrir a datos municipales y/o de 
censos oficiales. 
Distribución Geográfica. Es importante describir la distribución de la población en 
el área de influencia, considerado en conjunto con las condiciones de accesibilidad, 
ya que parte de la población potencial o con problema puede verse excluida por 
dificultades de acceso. Como se menciono anteriormente, deberá señalarse la 
ubicación de los distintos centros de detención, tales como Cárcel, Carabineros, PDI, 
Sename, etc., desde donde deberán efectuarse los traslados de los imputados hacia el 
respectivo Juzgado, Tribunal o Corte. 
Condiciones de Accesibilidad. También, es necesario describir las restricciones de 
accesibilidad existentes en el área de influencia al establecimiento, la cual está 
condicionada por su viabilidad, medios de transporte y su operación. Por lo regular, 
las condiciones de accesibilidad están dadas por: 
 Accesibilidad de la Población: descripción de los medios de transporte 
público y sus tarifas. Puede ocurrir que el transporte público no disponga de 
capacidad suficiente o que tenga frecuencias muy bajas. Ello puede definir 
límites para la zona de estudio o llevar a considerar como alternativa del 
proyecto el mejoramiento del servicio de transporte. Además, en ciertos casos, 
aun existiendo transporte público con capacidad y frecuencias adecuadas, las 
tarifas pueden dejar a ciertos sectores de menores recursos sin acceso a estos 
medios. 
 Accesibilidad de ServiciosRelacionados: considera la ubicación, distancias y 
tiempos de traslado que representa para Gendarmería, PDI, Carabineros, y 
Sename el hecho de tener que trasladar a los “imputados” desde sus distintos 
recintos de detención o reclusión para ser puestos a disposición del Juez. 
b. Mapa del Área 
Toda la información anterior debe ser presentada mediante un mapa esquemático del 
área de estudio, para lo cual se requiere entregar un bosquejo donde queden 
reflejados los siguientes datos: 
Límites del Área de Influencia. Indicar cada uno de los límites relevantes, es-
pecificando si se trata de accidente geográfico, límite comunal administrativo, límite 
urbano, etc. 
Localización de la Población. Señalar la ubicación de los distintos grupos de po-
blación identificados. 
Ubicación de Servicios Relacionados. Señalar la ubicación de los servicios de 
Gendarmería, Carabineros, PDI y Centros de Sename, donde existe reclusión o 
detención de los imputados. 
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Las Vías de Acceso. Representar las principales vías de comunicación que utilizan 
los distintos grupos de población afectados por el problema. Cuando corresponda, 
anotar su estado y accesibilidad según las condiciones climáticas o épocas del año. 
III. Infraestructura Existente 
En la medida que el proyecto se asocie a infraestructura existente, se deberá entregar 
un completo diagnóstico, indicando al menos los siguientes aspectos: 
a. Planta Física Actual 
Respecto a la planta física del establecimiento foco del problema, se deberá señalar al 
menos los siguientes aspectos: 
Materialidad y Antigüedad: Indicar el año de construcción del edificio principal del 
establecimiento judicial y los años posteriores en que se han realizado inversiones 
importantes en el inmueble. Para cada sector, especificar el material con que fue 
construido. 
Destino Original del Edificio: En el caso de que el edificio que ocupa el estable-
cimiento no haya sido construido originalmente para este fin, será necesario señalar 
las características funcionales actuales. 
Planimetría o Programa Arquitectónico: Se deberá entregar la superficie total 
construida y el detalle de cada uno de los recintos, especificando su uso actual y 
superficie (m²). Indicar la capacidad normativa de todos los espacios habilitados, 
especialmente de salas, administración, servicios higiénicos y patios. 
Estado General del Edificio: Se deberá informar del estado de cada uno de los 
recintos del establecimiento. Se recomienda utilizar los términos bueno, regular o 
malo para describir el estado de cada recinto. A este efecto, se entenderá por: 
 Bueno: Cuando el recinto requiere sólo de mantención. Ej.: pintura en mal 
estado, desagüe tapados, vidrios quebrados, etc. 
 Regular: Si el deterioro o desgaste del edificio se puede recuperar con obras 
menores. Ej.: mal estado de red eléctrica, desgaste de pisos, goteras de 
techumbre, etc. 
 Malo: Si el deterioro del edificio es irrecuperable, hay daños en la estructura 
del edificio o se requiere efectuar obras mayores. Ej.: muros caídos o 
quebrados, techumbre a punto de caer o incompleta, etc. 
Equipos y Equipamiento: Se deberá indicar su detalle, especificando el tipo y 
cantidad de mobiliario, equipos computacionales, sistema de calefacción, grupo 
electrógeno, etc. para cada uno de los recintos existentes, indicando además si están 
en buen, regular o mal estado. 
Disponibilidad de Servicios Básicos: Se deberá indicar si el establecimiento cuenta 
con conexión a luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía e internet. En caso 
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negativo, especificar el sistema alternativo que está utilizando e indicar la factibilidad 
futura de conexión. 
Características del Terreno: Indicar la superficie total del terreno disponible y si éste 
ofrece condiciones para ampliaciones futuras. Señalar si el terreno es de propiedad 
pública o privada, si está arrendado, si está cedido en comodato, etc., y su situación 
legal (inscripciones, prohibiciones, contratos, etc.). 
b. Características de la Zona 
El propósito de caracterizar la zona donde él se localiza el establecimiento, es conocer 
las posibles condicionantes actuales o futuras para el proyecto, analizando: 
Disponibilidad de Servicios: Estudiar la factibilidad de servicios básicos, tales como 
electricidad, agua, alcantarillado, gas, telefonía e internet. 
Condiciones de Acceso y Transporte: Estudiar la existencia y condiciones de las vías 
de acceso en la zona de estudio. Asimismo, evaluar la disponibilidad y características 
de los medios de transporte público y su dependencia de las condiciones climáticas. 
Condiciones de Sanidad Ambiental: Describir la existencia de sistemas de 
recolección de residuos sólidos, de vectores que puedan transmitir enfermedades 
(ratas, mosquitos), contaminación del aire y acústica, etc. y que pudieren afectar 
directa o indirectamente el futuro del proyecto. 
c. Características del Entorno 
Cuando existe alguna característica del entorno que esté condicionando el funcio-
namiento del establecimiento, será necesario especificar de qué se trata y de qué 
manera lo está afectando. Por ejemplo, si el establecimiento se ubica junto a una 
industria que provoca contaminación acústica o del aire. 
B. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
El resultado del diagnóstico anterior es la identificación, cuantificación y 
dimensionamiento del problema actual en el área de influencia. A partir de esta 
etapa, se debería tener claro a qué tipo de proyecto (tipo I o tipo II) está asociado el 
problema. 
A priori no se debería descartar ninguna alternativa de solución, ni tampoco, el 
análisis se debería centrar en la definición de una sola alternativa. 
La definición de las alternativas debe considerar los aspectos que se describen a 
continuación. 
I. Optimización de la Situación Base 
La primera alternativa que se debe analizar para dar solución al problema detectado 
es lo que se conoce como la “optimización de la situación actual”, que consiste en 
estudiar las medidas que permitan, con inversiones menores, que el inmueble o 
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servicio existente funcione de la mejor forma posible. Generalmente, estas medidas 
son de carácter administrativo. 
Con las medidas tomadas para optimizar la situación actual, se pretende eliminar 
posibles ineficiencias de la situación actual, que sean de rápida solución y ayuden a 
resolver de alguna manera (si no es que completamente) la situación problema. 
En algunos casos, estas medidas implican una posible reducción de los costos de 
inversión, de operación o de mantención del proyecto. La importancia de este punto 
radica en que los beneficios y los costos, asignados en el análisis del proyecto, se 
obtienen de la comparación de los beneficios y costos de cada alternativa con el 
resultado de la situación base optimizada. En este sentido, si la situación actual está 
desmejorada por razones de mala administración por ejemplo, se tiende a sobreesti-
mar los beneficios de las alternativas propuestas como solución. 
Algunas medidas que suelen mejorar la situación actual son: 
a. Optimizar el uso de la infraestructura existente 
Cuando el problema se relacione con el mal estado o la insuficiencia de la 
infraestructura existente, es conveniente estudiar cómo dar un mejor uso a ésta. 
Algunasmedidas en tal sentido pueden ser el cambio de destino de los recintos, la 
habilitación de recintos existentes y la búsqueda de infraestructura alternativa que 
pueda utilizarse a bajo costo. 
b. Optimizar el uso del equipamiento 
Cuando el problema se relacione con el mal estado o insuficiencia del equipamiento, 
algunas medidas que podrían mejorar la situación actual sin grandes inversiones, 
incluyendo un uso más intensivo de los equipos existentes. 
c. Optimizar la gestión 
Es probable que existan problemas de gestión de administración, tales como 
programación de salas, atención de público, sistemas de archivo, etc. que pudieren 
ser de bajo costo y rápida implementación. 
Dentro de las opciones factibles para optimizar la gestión actual, se pueden con-
siderar las siguientes: 
 Centralizar los trámites que debe efectuar el usuario, es decir, minimizar el 
número de pasos que debe realizar para efectuar trámites relacionados. 
 Racionalizar el trabajo de los funcionarios en las áreas destinadas a 
funcionarios que atienden público. 
 Racionalizar el servicio, es decir, estudiar la posibilidad de minimizar el 
número y tipo de trámites que el usuario debe efectuar. 
 Optimizar el uso del espacio para evitar congestión de público. 
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El análisis de estas acciones tiene que estar bajo el amparo de la Ley Orgánica de 
Tribunales. 
II. Configuración de Alternativas de Solución 
Cuando la optimización de la situación actual no soluciona completamente el 
problema, corresponde identificar las posibles alternativas que permitan solucionar 
en forma total o en mayor medida el inconveniente detectado. 
La causa principal de los problemas detectados en el Poder Judicial se debe 
fundamentalmente a la infraestructura existente en el área de influencia entonces, las 
posibles soluciones normalmente estarán contenidas en un proyecto relacionado con 
la infraestructura del sistema. 
En las alternativas de solución, se deben identificar casos que van desde la compra o 
arriendo de locales, hasta la posibilidad de construir un edificio nuevo en algún sitio 
de propiedad fiscal o comprado a terceros. En este sentido, la elección de la 
localización debe considerar variables tales como: costo, superficie, emplazamiento, 
morfología, accesos, facilidades de conectividad a servicios básicos, saneamiento 
legal, entre otros. 
El informe final de elección de terreno deberá ser presentado al Honorable Consejo 
Superior, que selecciona finalmente la alternativa de terreno a comprar (que ha sido 
presentada durante el proceso de evaluación al Ministerio de Desarrollo Social) y el 
Comité coordinará las etapas posteriores de aprobación de recursos, estudio de 
títulos y adquisición del terreno seleccionado2. 
Para cada una de las alternativas identificadas, se deberá describir en términos 
generales los siguientes aspectos: 
 Descripción de la alternativa y sus etapas. 
 Cómo y en qué medida resuelve el problema. 
 Costos y beneficios asociados a la alternativa. 
 Método para la ejecución de la alternativa. 
 Aspectos institucionales a considerar. 
 Aspectos legales que involucra la alternativa. 
 Cronograma de actividades para la implementación. 
 
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 Ver Anexo 3: Protocolo de búsqueda de terrenos. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Para efectos de desarrollar la evaluación socio-económica de las diversas alternativas 
bajo análisis, es necesario recopilar una serie de antecedentes específicos respecto de 
la identificación, cuantificación y valorización de los distintos beneficios y costos 
involucrados, tanto en términos privados como sociales, los que se deberán pre-
sentar en términos de flujos anuales para todo el período de evaluación. 
Los beneficios que generan los proyectos de infraestructura para el Poder Judicial son 
múltiples y de variada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos, y 
sólo en casos muy especiales es posible valorarlos en términos monetarios. Es por 
esta razón, que sólo será necesario identificar beneficios cuando se trate de proyectos 
que busquen reponer, remodelar o reparar edificios que ya existen y que cumplen 
con los estándares de la CAPJ, pero donde existe la necesidad de aumentar o mejorar 
los servicios entregados (proyectos tipo I). Como se mencionó anteriormente, 
también se deben considerar los beneficios cuando la alternativa de solución esté 
relacionada con la centralización de la edificación judicial. 
La metodología aquí presentada plantea que el análisis Costo-Beneficio solo será 
relevante para problemas asociados a proyectos tipo I y para el resto, se debe 
realizar un análisis de mínimo – costo (costo-eficiencia), ya que se asume que en este 
caso todas las alternativas de proyecto generan los mismos beneficios, o que éstos 
son al menos muy similares, y para la selección de la mejor alternativa, se elige 
aquélla de menor costo. 
En necesario recalcar que tanto beneficios como costos de la alternativa de proyecto 
se deben determinar según la diferencia entre la situación base optimizada y los 
correspondientes a la alternativa analizada. A continuación se mencionarán los 
principales beneficios y costos que son necesarios identificar, cuantificar y valorar en 
la evaluación social dependiendo de la tipología de proyecto. 
A. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
I. Ahorro en Costos de Operación y Conservación 
El método para estimar estos ahorros consiste en determinar el flujo de costos 
pertinente, tanto para la situación sin proyecto como para la situación con proyecto. 
Por diferencias entre ambas, se obtiene el ahorro por este concepto. Se debe incluir en 
éste ítem el ahorro por concepto de eficiencia energética. 
II. Ahorro en Costos de Reparación y/o Remodelación 
Por definición, este ítem es ocasional y por lo tanto no corresponde expresarlo en tér-
minos anuales, sino como costos de inversión en el año en que ésta se realice. En 
general el Poder Judicial realiza reparaciones cada cuatro años en sus edificios. 
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III. Liberación de Activos 
Este beneficio puede provenir por la venta de inmuebles de propiedad de la 
institución que a causa del proyecto, dejen de ser utilizados y se puedan vender o 
destinar a otro uso. Su valor de venta corresponderá al avalúo comercial del 
inmueble liberado, indicando el año en que se libera este recurso. En el caso que no 
se cuente con el avalúo comercial se le aplicará un factor de ajuste al avalúo fiscal 
correspondiente a un 3% anual, porcentaje que ha sido validado por el Ministerio de 
Hacienda y que ha sido incorporado en la evaluación económica de los proyectos de 
compra de Inmuebles. 
La venta del inmueble será considerada como beneficio del proyecto, siempre y 
cuando éste tenga un uso alternativo (venta o arriendo). Se debe tener presente que el 
terreno siempre tendrá un valor positivo y por lo tanto generará un beneficio. Por 
otra parte, si el inmueble liberado era arrendado, el beneficio está dado por el ahorro 
por concepto de costos de su arrendamiento. 
IV. Ahorro por la Instalación de Módulos de Autoconsulta 
Este beneficio sólo se deberá considerar cuando se estén evaluando proyectos que 
busquen solucionar problemas de operación de los juzgados o tribunales de familia y 
una de lasalternativas sea la instalación de módulos de autoconsulta (sólo se 
considerará como un beneficio, si es que no existe espacio físico donde ubicarlos 
actualmente, de lo contrario se considerará en la optimización de la situación base). 
Corresponde al ahorro por concepto de tiempo que los usuarios emplean en 
consultas en los módulos de atención de público. El ahorro se produce dado que los 
usuarios ingresan directamente a los módulos que se disponen y consultan respecto 
al estado de sus causas, sin necesidad de acercarse al mesón de atención de usuarios. 
El trámite de consulta actual por ventanilla tiene un tiempo aproximado de 15 
minutos promedio, de acuerdo a los valores entregados por las unidades de atención 
de público de los distintos tribunales). Se estima que el tiempo promedio de consulta 
a través del módulo es de 5 minutos considerando las consultas más frecuentes; por 
lo tanto el ahorro considerado es de 10 minutos por causa consultada. 
Para cálculo de ahorro de tiempo de espera en ventanilla, se consideraron las causas 
que se tramitan al año en los distintos tribunales. 
Cada tribunal indica el número de usuarios abogados y personas naturales que 
consulta en el mesón de atención, y por lo tanto el ahorro estará dado por el ahorro 
en tiempo de 10 minutos por cada tipo de usuario. 
El ahorro por módulos de autoconsulta será igual al ahorro en tiempo de los 
abogados y personas naturales (minutos) por el valor social del tiempo (costo) tanto 
de abogados como de personas naturales que realizan consultas respecto a sus causas 
judiciales. 
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Para estimar el valor social del tiempo de los abogados se consideró la información 
publicada por el Ministerio de Educación, en la página www.mifuturo.cl. Según las 
estadísticas de la carrera de Derecho, al analizar los tramos de ingreso, se tiene que el 
sueldo bruto promedio al primer año de egreso es de $864.084 mensual, donde el 
25% superior alcanza un suelo bruto promedio de $1.322.268 y el 25% inferior, 
$504.115 al mes. Al quinto año de egreso, el sueldo bruto promedio es de $1.726.264 
mensual, donde el 25% superior alcanza un sueldo bruto promedio de $2.533.181 y el 
25% inferior, $1.152.996 al mes3. 
Dado que se necesita tener un valor promedio de la hora de un abogado, se utilizará 
el sueldo promedio al quinto año de egreso, ya que se asumirá que a partir de ese 
momento los sueldos se estabilizan. Por lo tanto, si el sueldo bruto mensual es de 
$1.726.264, el sueldo por hora es de $9.808. Finalmente, al aplicar el el factor de la 
mano de obra calificada (0,98 Fuente MDS), se tiene que el valor social por ahorro de 
tiempo de los abogados, al utilizar las ventanillas de autoconsulta, es de $ 9.611. 
Para facilitar la actualización de estos valores, estos se expresarán un UF, de tal 
manera que el formulador los calcule según el valor de la UF al momento de la 
evaluación. El valor promedio de la UF en octubre del 2012, fue de $22.650. Por lo 
tanto, el ahorro de tiempo de los abogados equivale a 0,42 UF4. 
Un supuesto clave en el cálculo de este último valor, es asumir que el ahorro de 
tiempo de los abogados gracias a la instalación de los módulos de autoconsulta, es 
dedicado en un 100% a tiempo de trabajo, por lo cual, es consistente valorarlo de 
acuerdo al sueldo de mercado por hora. 
Dado que no se dispone de información acerca del perfil de las personas que asisten 
a los juzgados y tribunales (situación laboral, sueldo promedio, edad, entre otros), se 
asumirá como proxy del valor social del tiempo de las personas naturales, el Valor 
Social del Tiempo (VST) para viajes urbanos, calculado por el Ministerio de 
Desarrollo Social. Este valor se irá actualizando año a año de acuerdo a la 
actualización de los precios sociales por parte de la institución. 
Por lo tanto la fórmula que mide el ahorro (valor social) tanto en tiempo de abogados 
como personas naturales corresponde a: 
N° Consultas abogados * 0,42*valor promedio UF mes anterior*N° Horas Ahorradas + N° 
Consultas personas naturales *VST Pasajeros viajes urbanos* N° Horas Ahorradas 
Ejemplo 
Suponga un Tribunal de Familia que sólo dispone de dos módulos de autoconsulta 
para la atención de los abogados y usuarios en general, lo que evidencia un déficit 
importante en este sentido. Bajo este escenario, se ha identificado como problema los 
 
3 Todos los valores presentados, están en pesos de octubre 2012 
4 Se recomienda usar el valor promedio de la UF del mes anterior a la evaluación. Usar información del Banco Central, 
www.bcentral.cl 
http://www.mifuturo.cl/
15 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
altos tiempos de espera que deben soportar los usuarios para consultar por el estado 
de sus causas. 
Una de las alternativas de solución consiste en ampliar el actual edificio, de tal 
manera de disponer de la superficie para la instalación de cuatro Módulos de 
autoconsulta adicionales que permitirán un ahorro significativo de tiempo para 
quienes concurren al Tribunal a consultar el estado de su causa judicial. 
Al considerar la información de este tribunal, se tiene que 310 personas asisten al 
tribunal diariamente, de los cuales 58% corresponden a abogados y 42% a personal 
naturales. Además, se sabe que un 40% del total de usuarios que atiende diariamente 
el tribunal, utilizan los módulos disponibles5. 
Entonces, considerando un tiempo de ahorro diario de 10 minutos cada uno, se tiene 
que el ahorro por atención en los módulos de autoconsulta, diferenciando por tipo de 
usuario a la semana (6 días), se calcula de la siguiente manera: 
Ahorro por módulo de autoconsulta Persona Natural: 
  9
(minutos 60
(hora) 1
*42% * (personas) 40%*310 * (minutos) 10 Diarias Horas  
 54 (días) 6 * diarias) (horas 9 Semanales Horas  
216 (semanas) 4 * semanales) (horas 54 Mensuales Horas  
2.592 (meses) 12 * mensuales) (horas 216 Anuales Horas  
$3.670.272 
hora
$
 1.416 * anuales)(horas 2.592 Natural Personalta autoconsude módulo por Ahorro  
Ahorro por módulo de autoconsulta abogados: 
  12
(minutos 60
(hora) 1
* 58%* (personas) 40%*310 * (minutos) 10 Diarias Horas  
72 (días) 6 * diarias) (horas 12 Semanales Horas  
288 (semanas) 4 * semanales) (horas 72 Mensuales Horas  
3.456 (meses) 12 * mensuales) (horas 288 Anuales Horas  
7$33.723.97 
UF
$
 23.233,56 *
hora
UF
 0.42 * anuales)(horas 3.456 Abogados lta autoconsude módulo por Ahorro  
Nota: UF fecha 26.11.2013 = $23.233,56 ; Los Tribunales Reformados cierran el mes de 
febrero, en estos casos el cálculo de Horas Anuales se realiza con 11 meses, para el 
caso de Tribunales No Reformados se considera 12 meses ya que estos no cierran 
durante el año. 
 
5
 Toda la información utilizada en la formulación del proyecto debe ser corroborada por el tribunal o juzgado en 
cuestión, lo cual implica que los porcentajes podrían variar entre proyectos. Toda la información deberá ser 
respaldada formalmente. 
16 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
Finalmente, el ahorro total que se obtiene de la instalación de módulos de 
autoconsulta al año es: 
9$37.394.24 7$33.723.97 $3.670.272 lta autoconsude módulo por Ahorro Total  
V. Incremento de productividad en entrevistas con ConsejerosTécnicos (sólo aplica para tribunales de familia) 
En el caso de que un proyecto logre aumentar la productividad de los consejeros 
técnico, es necesario considerarlo como un beneficio asociado al proyecto. 
Este incremento de productividad, se puede ver reflejado en el aumento del número 
de entrevistas más allá de lo establecido dentro de lo “normal”. Para establecer este 
parámetro, se utilizará la información aportada por el Poder Judicial acerca del 
número de causas ingresadas y realizadas en cada uno de los juzgados de familia a 
nivel nacional. Son las entrevistas realizadas el año 20116 las que se considerarán 
como referencia (desde este año existe información disponible) y sobre las cuales se 
debe analizar si existe un aumento de la productividad asociado al proyecto (a futuro 
se debería usar un promedio de las entrevistas realizadas los último años como 
punto comparativo). 
Si la productividad de los consejeros técnicos del proyecto es mayor a la 
productividad de las entrevistas establecidas dentro de lo normal existe un aumento 
en la productividad, lo que se mide en base a la siguiente relación: 
X Juzgado del Técnicos Consejeros
Normal lo de dentro das establecias entrevistde N X Juzgado el enrealizadas as entrevistde N
idad Productivde Aumento

 
Este ahorro, se aproximará de acuerdo al salario promedio de los consejeros técnicos 
(ver Tabla N°1). 
Tabla N° 1 
Consejeros Técnicos Remuneración Bruta Total 
2013 
Grado EUS 
IX $ 1.830.148 
X $ 1.718.710 
Promedio $ 1.774.429 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, CAPJ 
Considerando el promedio de $ 1.774.429 entre ambos grados, el sueldo por hora es 
de $10.082. Finalmente, al aplicar el factor de corrección de la mano de obra 
calificada, publicado por el Ministerio de Desarrollo Social igual a 0.98, se tiene que 
 
6Ver Anexo N°2. Entrevistas establecidas parámetros normal Consejeros Técnicos. 
17 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
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el valor social por la mejora en productividad de las entrevistas con los consejeros 
técnicos, es de $ 9.880 (por entrevista). 
Para facilitar la actualización de estos valores, estos se expresarán un UF, de tal 
manera que el formulador los calcule según el valor de la UF al momento de la 
evaluación. Dado que las remuneraciones son del año 2013, el valor promedio 
mensual de la UF desde enero 2013 a septiembre 1013, fue de $22.904. Por lo tanto, el 
ahorro de tiempo de los abogados equivale a 0,43 UF7, resultando la siguiente 
relación: 
 UF 0,43 dadProductivi de AumentoAhorro  
Este beneficio se considerará sólo si es posible demostrar que el proyecto genera un 
aumento en la productividad de las entrevistas, más allá de lo definido por los 
estándares. 
Ejemplo 
Suponga que se tiene un proyecto de infraestructura que aumenta el número de 
entrevistas anuales que puede hace un consejero técnico de un juzgado de familia de 
la región de Arica. El proyecto considera 7 consejeros técnicos con 7.606 entrevistas 
al año. 
Dado que el juzgado se ubica en la región de Arica, se debe utilizar el número de 
entrevistas establecidos dentro de lo normal de esa región como parámetro (anexo 
N°2). Por lo tanto, se dispone de la siguiente información: 
 
CORTE/UNIDAD 
N° 
CONSEJEROS 
TÉCNICOS 8 
N° de 
entrevistas 
realizadas 
en el 
Juzgado X 9 
ENTREVISTAS 
ESTABLECIDAS 
DENTRO DE LO 
NORMAL 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
ARICA 
7 
7.606 6.085 
Fuente: CAPJ. 
En base a esto, el aumento de productividad será: 
217
1.521
7
6.085 .606
Arica de Familia de Juzgado idad Productivde Aumento 


7
7
 
La unidad de medida del cálculo anterior es de horas hombres. Dado que el 
resultado es positivo, se concluye que el proyecto aumenta la productividad de los 
consejeros técnicos. Este ahorro en términos monetario, se obtiene de la siguiente 
forma: 
 
7 Se recomienda usar el valor promedio de la UF del mes anterior a la evaluación. Usar información del Banco Central, 
www.bcentral.cl 
8 N° de Consejeros Técnicos: Información Proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos de la CAPJ. 
9 Dato solicitado al Tribunal en análisis. 
18 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
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$2.167.923
UF
$
 23.233,56 *0.43UF *217Técnicos Consejeros por Ahorro 
 
Nota: UF fecha 26.11.2013 = $23.233,56 
VI. Ahorro por el no reagendamiento de Causas Judiciales 
Si con el proyecto se espera producir una disminución en el número de causas 
judiciales reagendadas, este beneficio se puede aproximar de acuerdo al ahorro por el 
costo que implica un retraso en la causa judicial. De acuerdo al estudio “Costo 
Promedio por Tribunal” (2006) encargado por la CAPJ, se estima que el costo 
promedio por causa de tribunales reformados (Garantía, Oral, Familia, Trabajo y 
Laboral), corresponde a $108.000 y para los no reformados (Tribunal de Letras, Civiles y 
Menores) corresponde a $ 41.000, con valores calculados a pesos del año 2005, que 
reajustados a julio 2013 utilizando el IPC corresponde a $138.349,para los Tribunales 
reformados y $52.521 para los no reformados, que en valores sociales corresponde a 
los siguiente: 
Dado que el 69% de los gastos de una causa corresponde al ítem de remuneraciones 
según el estudio anterior, aplicando el factor de la mano de obra calificada y 
semicalificada, obtengo el valor social de una causa judicial de $136.440 para los 
tribunales reformados y $51.796 para los no reformados. 
Para facilitar la actualización de estos valores, se expresarán un UF, de tal manera 
que el formulador los calcule según el valor de la UF al momento de la evaluación. El 
valor promedio de la UF en julio del 2013, fue de $22.889.Por lo tanto, el valor social 
de una causa judicial de 6 UF para los tribunales reformados y 2,3 UF para los no 
reformados10. 
Para obtener el ahorro total por no reagendamiento de causas judiciales, se deben 
multiplicar los valores anteriores por el número de causas reagendadas según el tipo 
de tribunal. Esta información deberá ser entregara por el Departamento de 
Desarrollo de la CAPJ. 
Ejemplo: 
Suponga que se establece que un proyecto en un tribunal reformado va a disminuir 
el número de causas reagendadas. Actualmente se sabe que existen 78 
reagendamientos11 y que el proyecto logrará disminuirlos en un 80%, entonces, el 
ahorro por este concepto se debe calcular de la siguiente manera: 
62,480%*78Mmensual(RP promedio entoReagendami )
 
686,4 11(meses)*62,4A anual(RPpromedio entoReagendami )
 
 
10 Se recomienda usar el valor promedio de la UF del mes anterior a la evaluación. Usar información del Banco Central, 
www.bcentral.cl 
11 Este dato debe ser suministrado por el tribunal analizado. 
19 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
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3$95.685.09 
UF
$
 23.233,56 * (UF) 6 *iento Reagendamno elpor Ahorro  4,686
 
Nota: UF fecha 26.11.2013 = $23.233,56 ; Los Tribunales Reformados cierran el mes 
de febrero, en estos casos el cálculo de Reagendamiento promedio anual se realiza 
con 11 meses, para el caso de Tribunales No Reformados se considera 12 meses ya 
que estos no cierran durante el año. 
VII. Ahorros en Tiempos de Viaje 
Los principales beneficios sociales estarán asociados a los mayores o menores 
tiempos de desplazamientosque los usuarios de los establecimientos destinarán 
para llegar a estos. Se deben considerar los mayores o menores tiempos de viajes 
desde instituciones relacionadas para ciertos trámites, como por ejemplo, la distancia 
entre un juzgado y la PDI o un recinto penitenciario, y en el caso de que se considere 
un Centro Judicial, los ahorros en tiempo de tener los edificios concentrados 
asumiendo que los usuarios pueden tener causas en más de un tribunal. 
El cálculo se realiza en base al delta () entre el Tiempo que los usuarios y los 
abogados se demoran desde el Tribunal Antiguo hasta el centro cívico o principales 
vías de comunicación y el Tiempo desde el Tribunal nuevo hasta el centro cívico o 
principales vías de comunicación: 
 
Para valorizar este beneficio se considera el precio social del tiempo de acuerdo al 
tipo de usuario: Abogados 0,42 UF; Personas naturales VST Viajes Urbano. 
Ejemplo: 
Suponga que se dispone de la siguiente información de un tribunal de familia, para 
el cual se está evaluando una relocalización: 
Desde el tribunal actual hasta el centro cívico: 6 cuadras, lo cual equivale a 20 
minutos de traslado ida y regreso. Si se consideran 310 usuarios, de los cuales 42% 
son personas naturales y el resto son abogados, se tiene lo siguiente: 
 
20 
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Personas 
Naturales 
 
 130 
 
Traslado 
(Minutos) 
Diario Semanal Mensual Anual 
Costo Hora Traslado 
(Metodología 
Edificación Pública) 
Costo 
Total 
Anual 
( $/Hora) (Ida y Regreso) 
Traslado 
(Minutos) 
20 2.604 
5 
13.020 
4 
52.080 
12 
624.960 
$ 1.416 14.601.565 
Traslado (Horas) 0,33 43 215 859 10.312 
 
 
 
 
 Abogados 
 180 
 
Traslado 
(Minutos) 
Diario Semanal Mensual Anual 
Costo Hora Traslado 
(Metodología 
Edificación Pública) 
Costo 
Total 
Anual 
( $/Hora) 
 (Ida y Regreso) 
Traslado 
(Minutos) 
20 3.596 
5 
17.980 
4 
71.920 
12 
863.040 
0,42 138.956.837 
Traslado (Horas) 0,33 59 297 1.187 14.240 
 
02$153.558.4 Actual Situación  
Desde el Tribunal de Familia nuevo hasta el Centro Cívico: 1,5 cuadras, lo cual 
equivale a 7 minutos de traslado Ida y Regreso. Asumiendo que son los mismos 
usuarios, se tiene: 
 
 
Personas 
Naturales 
 
 130 
 
Traslado 
(Minutos) 
Diario Semanal Mensual Anual 
Costo Hora Traslado 
(Metodología 
Edificación Pública) 
Costo 
Total 
Anual 
( $/Hora) 
 (Ida y Regreso) 
Traslado 
(Minutos) 
7 911 
5 
4.557 
4 
18.228 
12 
218.736 
$ 1.416 5.162.170 
Traslado (Horas) 0,12 15 76 304 3.646 
 
 
21 
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del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
 
 
Personas 
Naturales 
 
 180 
 
Traslado 
(Minutos) 
Diario Semanal Mensual Anual 
Costo Hora Traslado 
(Metodología 
Edificación Pública) 
Costo 
Total 
Anual 
( $/Hora) 
 (Ida y Regreso) 
Traslado 
(Minutos) 
7 1.259 
5 
6.293 
4 
25.172 
12 
302.064 
0,42 49.126.154 
Traslado (Horas) 0,12 21 105 420 5.034 
 
4$54.288.32 proyecto con Situación 
 
Nota: UF fecha 26.11.2013 = $23.233,56 ; Los Tribunales Reformados cierran el mes de 
febrero, en estos casos el cálculo Anual se realiza con 11 meses, para el caso de 
Tribunales No Reformados se considera 12 meses ya que estos no cierran durante el 
año. 
Por lo tanto, el ahorro en tiempo de viajes, al comparar la ubicación actual y la 
propuesta por el proyecto, equivale a: 
 Proyectoscon Situación - Actual Situación viajede tiempos enAhorro 
 
9$99.270.07 24 54.288.3- 2153.558.40 viajede tiempos enAhorro 
 
VIII. Beneficios no cuantificados ni valorados 
Es necesario aclarar, que por la naturaleza de los proyectos de justicia, su impacto 
social es bastante más amplio que los conceptos que se han individualizado y que 
serán potencialmente cuantificados y valorados. 
Dado que los efectos de la justicia exceden otros ámbitos privados y sociales, son 
varios los impactos que por falta de información o dificultad para realizar 
estimaciones realistas no pueden ser cuantificados ni valorados. 
Por ejemplo, podrían existir otros beneficios, tales como: disminución de las pérdidas 
de productividad laboral, por aumento de la cantidad de horas efectivamente 
trabajadas por parte de los usuarios y empleados del Poder Judicial y también por el 
hecho de trabajar en un ambiente más grato. 
También existen beneficios intangibles, que si bien no se pueden cuantificar no 
valorar, si pueden incidir en la decisión cuando se debe optar entre varias 
alternativas de proyectos similares. Dentro de éstos, se pueden mencionar, el mejora-
miento urbano del sector, mayor sensación de seguridad por parte de los usuarios, 
mayor confianza en el sistema, imagen corporativa del poder judicial, mejoras en el 
bienestar de los funcionarios. 
22 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
B. COSTOS DEL PROYECTO 
I. Costos de Inversión 
Son aquellos costos que se generan desde que se toma la decisión de ejecutar un 
proyecto hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos y, 
generalmente, corresponden a los siguientes: 
a. Terrenos 
Debe reflejar el costo del espacio físico requerido para ejecutar las obras y para su 
dimensionamiento, se recomienda tener en cuenta la superficie que requiere la obra, 
los espacios abiertos, posibilidades de ampliación, etc. En el proceso de búsqueda y 
selección de terrenos participan diferentes actores de la CAPJ, que conforman el 
“Comité de Búsqueda de Terreno”. 
Su valoración corresponderá al precio de mercado y deberá considerarse tanto en 
caso que éste sea adquirido, sea propiedad de la institución, haya sido producto de 
una donación o esté cedido en comodato. Sin embargo, este costo debe considerarse 
sólo para efectos de la evaluación y no para el presupuesto de financiamiento del 
proyecto, salvo en el caso que efectivamente sea necesario adquirir el terreno. 
Cuando el terreno sea adquirido, deberá considerarse el costo total que dicha 
adquisición implica, incluyendo el valor de transacción o comercial y todos los gastos 
que implique la transacción (gastos notariales, de transferencia, etc.). 
Además, se deberá adicionar todos los gastos necesarios para su preparación, tales 
como despeje, drenaje, nivelación y cercado. Asimismo, si el terreno no tiene 
conexiones a las redes de servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, 
alcantarillado), se debe incorporar el costo de urbanización, junto con el costo del 
estudio de factibilidad de conexión cuando corresponda. 
Cualquier costo que sea consecuencia de un impuesto o transferencia (por ejemplo 
impuesto a la transferencia de bienes) se considerará para efecto del presupuesto del 
proyecto, pero no se incluirá para efecto de la evaluación. 
b. Construcción 
Corresponde al valor de las edificaciones y todas las obras físicas necesarias para 
materializar la alternativa de proyecto, según su programa arquitectónico. Por lo 
tanto, incluye los costos de materiales, transporte de materiales, mano de obra, 
inspección, asesorías, y otros necesarios para la construcción de la obra física. 
Para cada alternativa que contemple un nuevo diseño o distribución de espacios, se 
deberá presentar un Programa Arquitectónico(Ver Anexo Nª1) detallado que 
especifique cada uno de los recintos del proyecto con su correspondiente superficie, 
proporcionando un bosquejo arquitectónico donde se muestre la cabida real de este 
programa dentro de los terrenos disponibles. 
23 
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del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
Es recomendable que su valoración se realice en términos de costo unitario (m²), 
diferenciado según se trate de construcción, remodelación, reparación u otros. Se 
sugiere tomar como referencia el costo unitario de los últimos proyectos del Poder 
Judicial realizados en la zona que se está analizando (este costo incluye por lo 
general, todos los gastos en que incurre la empresa constructora para la ejecución de 
la obra). 
Si no existe ningún proyecto similar de referencia, será necesario elaborar un pre-
supuesto detallado de la obra. 
Para la evaluación social del proyecto, deberá corregirse los precios de los insumos a 
fin de llevarlos a precios sociales, eliminando los impuestos y, eventualmente, 
corrigiendo algunas distorsiones del mercado (subsidios). 
c. Equipos y Equipamiento 
Corresponde al valor de los bienes muebles y otros elementos necesarios para que el 
proyecto quede funcionando. Por ejemplo: estrados, equipos de audio, cámaras de 
seguridad, escritorios, equipos de computación, bancas, sillas, estantes, etc. El costo 
del equipamiento debe incluir su costo de transporte e instalación, cuando 
corresponda. 
Para el caso de una ampliación o reposición de un establecimiento, sólo debiera 
considerarse el equipamiento faltante, según diferencia con el actualmente 
disponible. 
Su valorización será a precios de mercado para efecto del presupuesto del proyecto, 
pero descontando los impuestos y transferencias para efecto de la evaluación. Los 
equipos que sean donados también se valoran a precio de mercado para la 
evaluación del proyecto. En algunos casos, será necesario corregir estos precios, 
como ocurre con los equipos importados, aplicando el precio social de la divisa. 
Un costo que no debe olvidarse es el de reposición del equipamiento cuando éstos 
cumplan su vida útil, ya que ésta es menor que la vida útil de la infraestructura. En 
consecuencia, durante el período comprendido en el horizonte de evaluación, será 
necesario reponer cada cierto tiempo parte del equipamiento. Este costo debe quedar 
registrado en el flujo de caja del proyecto en el año en que se estima se producirá. 
Igualmente, algunos equipos pueden tener un valor residual al término del período 
de evaluación, el cual deberá ser considerado como un ingreso en el año en que se 
efectúe la reposición. 
Sólo deberán considerarse los bienes correspondientes al Activo Fijo y que presenten, 
en forma simultánea, un valor superior a 1 UF y una vida útil (de nuevo) superior a 3 
años. Los bienes menores deberán considerarse como gastos de operación. 
d. Gastos de Puesta en Marcha 
Todo proyecto requiere de costos previos a su inicio efectivo de operaciones y que, 
generalmente, corresponden a item tales como: remuneraciones del Administrador y 
24 
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otro personal que deben ser contratados con anterioridad como ocurre en el caso de 
implementación de las reformas judiciales, gastos de servicios (agua, energía, 
telefonía, internet, etc.) previo a su operación y otros. 
II. Costos de Operación 
Los costos de operación corresponden a todos aquellos en que debe incurrirse para 
que el servicio judicial se entregue en forma regular y permanente. En caso de 
remodelaciones y para efecto de la evaluación, sólo se deben considerar los costos 
adicionales a los actuales. Los costos de operación de los proyectos incluyen, 
generalmente, los siguientes. 
a. Remuneraciones 
Corresponde al costo de los recursos humanos necesarios para que el servicio judicial 
sea entregado, tales como costos por salario de los jueces, administrador del Juzgado, 
administrativos y auxiliares; incluidos la seguridad social, gratificaciones y otros. 
Es importante señalar que este costo será similar para todas las alternativas, ya que la 
dotación está fijada por Ley. 
b. Insumos 
Corresponde al valor de los elementos indispensables que permiten el buen 
funcionamiento del establecimiento, tales como: materiales de aseo, vestuario, 
combustibles, material de oficina, insumos de computación, materiales de apoyo, etc. 
Sólo debe considerase el costo adicional atribuible a la implementación de la 
alternativa de proyecto. En aquellos casos en que la alternativa de proyecto implique 
reemplazar algunos insumos actuales por otros nuevos, sólo deberá considerarse el 
costo neto incremental. 
Los precios deben incluir los costos de transporte al lugar del proyecto, debiendo 
indicarse, por separado, los impuestos a que están afectos. 
c. Servicios Básicos 
Corresponde al costo de los servicios necesarios para que funcione el establecimiento, 
tales como agua, energía, gas, comunicaciones, etc. También y al igual que en el caso 
anterior, sólo debe considerarse los costos adicionales que implique la realización del 
proyecto. 
d. Mantención 
Comprende el costo requerido para mantener los bienes muebles o inmuebles, 
evitando su deterioro o falla prematura, es decir, implica gastos tales como pintura y 
reparaciones menores de edificios, servicio de mantención periódica de equipos, 
reparaciones del mobiliario, etc. 
En general, las mantenciones serán de rutina (permanentes) o periódicas (cuando se 
llevan a cabo cada determinado período de tiempo, en general medidas en años). En 
25 
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del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
el caso de los costos de mantención de rutina, lo usual es estimarlos como un 
porcentaje del valor del inmueble o equipos a mantener. Valores comunes son entre 2 
y 3% anuales sobre el monto de la construcción para los inmuebles y el 
equipamiento. 
e. Arriendos 
Corresponde al costo de renta por edificaciones, terrenos, y/o equipos que se 
requiere para la operación del proyecto. 
Debe considerarse el costo total de arriendo, incluyendo comisiones. Si es necesario 
el pago de una garantía, considerarla como un costo al momento de efectuar el pago 
y como un ingreso cuando se estime ésta será recuperada. Para su estimación, es 
conveniente basarse en el costo incurrido por el mismo concepto en proyectos 
similares recientes, en avisos publicados en la prensa, o de cotizaciones. 
f. Otros Costos de Operación 
Dentro de este item, se puede incluir todos otros costos necesarios para el 
funcionamiento del establecimiento, tales como servicios de vigilancia y aseo, 
seguros y otros. Sólo se consideran los costos adicionales debidos a la ejecución del 
proyecto, y sin impuestos para efecto de la evaluación. 
C. VALOR RESIDUAL 
Teóricamente, el valor residual debería reflejar el valor actual neto, en el año n de 
vida útil del proyecto, del flujo futuro de beneficios que el proyecto generará entre 
los años n y n+m (donde m denota la extinción del proyecto). No obstante, por 
simplificación, suele adoptarse el criterio de imputar un valor porcentual del costo 
original del proyecto en concepto de valor residual. A los fines de esta metodología, 
ambos criterios son aceptables. No obstante, en el primer caso, el formulador deberá 
disponer de antecedentes adecuados que permitan predecir con rigurosidad y 
certeza aceptable el valor económico del activo en el año n (suele usarse un período 
de 20 años comohorizonte de evaluación en este tipo de proyectos). En el segundo 
caso, el valor residual deberá ser estimado como el valor de reposición dividido por 
los años de vida útil del inmueble y multiplicado por los años de vida remanente (es 
decir, midiendo el valor residual como el valor de reposición menos la depreciación 
acumulada. A los fines de la esta estimación, se recomienda revisar la Metodología 
vigente de Edificación Pública del Sistema Nacional de Inversiones 
(http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Edificacion%20Publica%202013.p
df). 
D. ENFOQUES DE EVALUACIÓN 
I. Evaluación con enfoque Costo-Beneficio 
Para aquellos proyectos que deben evaluarse usando un enfoque de costo-beneficio, 
una vez conocidos y determinados los costos y beneficios, deben estimarse los 
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Edificacion%20Publica%202013.pdf
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Edificacion%20Publica%202013.pdf
26 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social 
(TIRS). 
El VANS se estima de la siguiente forma: 

 


n
t
t
tt
r
CB
IVANS
1
0
)1(
 
Dónde: 
0I : Inversión Inicial 
tB : Beneficios obtenidos durante el periodo t 
tC : Costos incurridos durante el periodo t 
n: Horizonte de evaluación 
r: Tasa social de descuento 
Una forma más general de presentar la fórmula del VAN y que permitiría considerar 
inversiones por más de un periodo es la siguiente: 

 


n
t
t
tt
r
CB
VANS
0 )1(
 
Nótese que en este caso t parte desde 0, por lo tanto, 00 CB  equivale a la inversión 
inicial; si hay inversiones por más de un periodo, por ejemplo, tres años, 
221100 y , CBCBCB 
incluirían los flujos correspondientes a la inversión. 
El criterio de decisión al utilizar el VANS es el siguiente: 
 Si VANS es positivo: es conveniente ejecutar el proyecto. 
 Si VANS es igual a 0: es indiferente ejecutar el proyecto. 
 Si VANS es negativo: no es conveniente ejecutar el proyecto. 
La TIRS se estima de la siguiente forma: 

 


n
t
t
tt CB
VANS
0 )1( 
 
Dónde: 
0I
: Inversión Inicial 
tB
: Beneficios obtenidos durante el periodo t 
tC
: Costos incurridos durante el periodo t 
n: Horizonte de evaluación 
27 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
: Tasa Interna de Retorno Social 
El criterio de decisión al utilizar la TIRS es el siguiente: 
 Si TIRS es mayor que r: es conveniente ejecutar el proyecto. 
 Si TIRS es igual que r: es indiferente ejecutar el proyecto. 
 Si TIRS es menor que r: no es conveniente ejecutar el proyecto. 
II. Evaluación con enfoque Mínimo Costo 
Para aquellos proyectos que deben evaluarse usando un enfoque de mínimo-costo, 
una vez conocidos y determinados los costos y beneficios, deben estimarse los 
indicadores de Valor Actual de los Costos Social (VACS) y Costo Anual Equivalente 
Social (CAES). 
Dado que los costos de las distintas alternativas pueden ocurrir en distintos 
momentos del tiempo, la comparación debe realizarse en valor actual de los costos. 
El VACS se estima de la siguiente forma y permite comprar alternativas de igual 
vida útil. 

 

n
t
t
t
r
C
IVACS
1
0
)1(
 
Donde: 
0I : Inversión Inicial 
tC : Costos incurridos durante el periodo t 
n: Horizonte de evaluación 
r: Tasa social de descuento 
Una forma más general de presentar la formula de VAC y que permitiría considerar 
inversiones por más de un periodo es la siguiente: 

 

n
t
t
t
r
C
VACS
0 )1(
 
Nótese que en este caso t parte desde 0, por lo tanto, 0C equivale a la inversión 
inicial; si hay inversiones por más de un periodo, por ejemplo, tres años, 210 , CyCC
incluirían los flujos correspondientes a la inversión. 
El criterio de decisión al utilizar el VAC es el siguiente: la alternativa de solución 
evaluada que presente el menor valor actual de costos, es la más conveniente desde 
el punto de vista técnico económico. 
En el caso de que las alternativas de los proyectos no generan beneficios similares y 
que difieren principalmente por el “volumen de los beneficiarios o por “total de 
28 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
procesos judiciales” es posible utilizar como criterio de priorización de alternativas el 
costo por beneficiario o costo por proceso judicial. Para tales fines, se calculará el 
VAC de cada alternativa y además se calculará el VAC dividido por el “volumen de 
beneficiarios o numero de procesos”. 
Al utilizar este criterio, se estará proveyendo la solución de infraestructura que 
minimiza los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
El CAES se estima de la siguiente forma y permite comparar alternativas de distinta 
vida útil. Se calcula mediante la siguiente formula. 









1)1(
)1(
n
n
r
rr
VACSCAES
 
El criterio de decisión al utilizar el CAE es el siguiente: la alternativa de solución 
evaluada que presente el menor valor actual de costos, es la más conveniente desde 
el punto de vista técnico económico. 
También se puede calcular el CAE por volumen de beneficiarios o número de 
procesos judiciales. 
III. Análisis de Sensibilidad 
La evaluación de todo proyecto tiene siempre asociado un cierto nivel de 
incertidumbre respecto a la efectiva materialización de los costos y beneficios 
estimados. Por lo general, difícilmente los costos y beneficios efectivos del proyecto 
coincidirán exactamente con las estimaciones efectuadas durante su evaluación. 
Existe, por lo tanto, incertidumbre respecto a los reales resultados del proyecto. 
El análisis de sensibilidad consiste en analizar cómo varían los indicadores del 
proyecto al cambiar ciertos parámetros de los cuales éstos dependen. Es usual que 
este análisis se efectúe en forma bastante mecánica, estudiando sólo qué pasa con el 
VANS cuando los costos suben un cierto porcentaje o los beneficios se reducen en 
otra proporción. 
Es recomendable que el análisis de sensibilidad se efectúe sobre las variables básicas 
que dan origen a los costos y beneficios esperados del proyecto. Principalmente 
respecto del aumento en el costo del m2 y la variación en el valor los terrenos. 
Por último, cabe destacar que aún cuando el análisis de sensibilidad se asocia por lo 
general con el VAN, puede ser aplicado a cualquier indicador que se esté empleando 
para juzgar la bondad del proyecto, como el VACS o CAES. 
Este análisis aplica tanto a los proyectos tipo I y II. 
 
29 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
La aplicación de las recientes reformas judiciales de los últimos años ha significado un 
proceso de cambios en las políticas públicas destinadas a modernizar y readecuar el 
sistema judicial chileno, con el objetivo de incorporar principios de derechos 
humanos y estándares internacionales a los sistemas de administración de justicia, así 
como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural nacional. Los 
cambios introducidos por estas reformas implicaron la necesidad de disponer de una 
nueva infraestructura para los distintos Juzgados y Tribunales, y que permitiera 
acoger un juicio oral y una audiencia pública. 
La estandarizaciónde juzgados y tribunales, permiten definir dos tipologías de 
proyectos de inversión en infraestructura en el Poder Judicial. Proyectos Tipo I 
corresponde a proyectos que en su situación ex ante cumplen con los estándares 
constructivos definidos por la CAPJ y cuyo problema se asocia a una mala calidad en 
la entrega de servicios. Proyectos Tipo II corresponden a aquellos que tienen como 
objetivo adecuar los actuales edificios a los estándares establecidos por la CAPJ, es 
decir, la solución es la normalización de las actuales edificaciones. También se 
consideran aquellos proyectos que responden a la implementación de algunas de las 
recientes Leyes de la Reforma Judicial y que “obligan” al Poder Judicial a disponer 
de infraestructura especial mediante la construcción, adquisición y remodelación, 
y/o arrendamiento de nuevos edificios, que permitan albergar el funcionamiento de 
los nuevos Juzgados y/o Tribunales. 
Este documento presenta la metodología para la formulación y la evaluación de 
ambas tipologías de proyectos de infraestructura, en el contexto de los 
requerimientos de la CAPJ. La metodología aquí presentada plantea que el análisis 
Costo-Beneficio solo será relevante para problemas asociados a Proyectos Tipo I y 
para el resto, se debe realizar un análisis Costo-Eficiencia y Costo-Efectividad, ya que 
se asume que en este caso todas las alternativas de proyecto generan los mismos 
beneficios, o que éstos son al menos muy similares, y para la selección de la mejor 
alternativa, se elige aquélla de menor costo. 
 
 
30 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Aguilera, R. et al (2011). Evaluación social de proyectos. Orientaciones para su aplicación. 
Departamento de Economía. Universidad de Concepción. UDELAR, Concepción. 
Expresarte Consultores, Estudio de Costo Promedio por Tribunal, año 2006. 
Fontaine, Ernesto (1973). Evaluación Social de Proyectos, Instituto de Economía. Universidad 
Católica. Primera Edición. 
Ministerio de Planificación de Chile (1992). Inversión pública, eficiencia y equidad. Sistema 
de Inversión Pública y Bancos de Proyectos. 
Ministerio de Desarrollo Social (2013), Metodología de Preparación y Evaluación, Proyectos 
de Edificación Pública. 
Poder Judicial (2009). Manual de Estandarización de los Diseños Arquitectónicos del Poder 
Judicial. 
Sapag, Nasir (1983). Evaluación y Preparación de Proyectos. Editado por Universidad de 
Chile. 1ª Edición. 
 
http://www.intranet.pjud/pdf/infraestructura_manual_disenos.pdf
http://www.intranet.pjud/pdf/infraestructura_manual_disenos.pdf
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Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
5. ANEXOS 
 
ANEXO N° 1: Resumen Programa Arquitectónico: Superficies 
La Tabla N°1.1 muestra el listado de programas arquitectónicos validados 
(http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Inversiones.pdf). 
Tabla N°1.1 
 
SUPERFICIES 
 
PROGRAMA 
se considera 
30% 
circulaciones 
y estructura 
ESTACIONAMIENTO 
sin normativas y 
con 30% en 
circulaciones y 
estructura 
TOTAL 
PROGRAMA 
 JUZGADO CIVIL 1 JUEZ 1 SALA 725 109 834 
 
2 JUECES 2 SALAS 1091 109 1200 
JUZGADO 
COMPETENCIA 
COMÚN 1 JUEZ 1 SALA 701 109 810 
 
2 JUECES 2 SALAS 1084 192 1276 
JUZGADO LETRAS 
COMPETENCIA 
COMÚN 2 JUECES 2 SALAS 1084 192 1276 
JUZGADO 
COMPETENCIA 
COMÚN+FAMILIA 1 JUEZ 1 SALA 829 109 938 
 
2 JUECES 2 SALAS 1095 192 1287 
JUZGADO 
COMPETENCIA 
COMÚN+FAMILIA 
CAMARA GESSEL) 2 JUECES 2 SALAS 1127 192 1319 
JUZGADO 
COMPETENCIA 
COMÚN+GARANTÍA 1 JUEZ 1 SALA 781 143 924 
 
 
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/Inversiones.pdf
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Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
Tabla N°1.1 (cont.) 
 
se considera 
50% 
circulaciones 
y estructura 
 sin normativas y 
con 50% en 
circulaciones y 
estructura 
TOTAL 
PROGRAMA 
 JUZGADO FAMILIA 1 JUEZ 1 SALA 896 165 1061 
 
2 JUECES 2 SALAS 1125 222 1347 
 
3 JUECES 3 SALAS 1499 276 1775 
 
4 JUECES 4 SALAS 1767 333 2100 
 
5 JUECES 5 SALAS 2079 390 2469 
 
6 JUECES 6 SALAS 2301 587 2888 
 
7 JUECES 7 SALAS 2735 501 3236 
 
8 JUECES 8 SALAS 3063 570 3633 
 
9 JUECES 9 SALAS 3321 627 3948 
 
10 JUECES 
10 
SALAS 3725 684 4409 
 
12 JUECES 
12 
SALAS 4226 852 5078 
 
13 JUECES 
13 
SALAS 4454 852 5306 
 
33 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
Tabla N°1.1 (cont.) 
 
 se 
considera 
30% 
circulaciones 
y estructura 
 sin normativas y 
con 30% en 
circulaciones y 
estructura 
TOTAL 
PROGRAMA 
JUZGADO GARANTÍA 1 JUEZ 1 SALA 722 168 890 
 
2 JUECES 2 SALAS 1008 192 1200 
 
3 JUECES 3 SALAS 1368 239 1607 
 
4 JUECES 4 SALAS 1602 289 1891 
 
5 JUECES 5 SALAS 1950 338 2288 
 
6 JUECES 6 SALAS 2159 387 2546 
 
7 JUECES 7 SALAS 2594 434 3028 
 
8 JUECES 8 SALAS 2926 484 3410 
 
9 JUECES 9 SALAS 3199 543 3742 
 
10 JUECES 
10 
SALAS 3458 593 4051 
 JUZGADO LETRAS DEL 
TRABAJO 1 JUEZ 1 SALA 676 143 819 
 
2 JUECES 2 SALAS 888 168 1056 
 
3 JUECES 3 SALAS 1232 239 1471 
 
4 JUECES 4 SALAS 1396 289 1685 
 
5 JUECES 5 SALAS 1693 338 2031 
 
13 JUECES 
13 
SALAS 3740 738 4478 
 TRIBUNAL DE JUCIO 
ORAL EN LO PENAL 3 JUECES 1 SALA 809 239 1048 
 
6 JUECES 2 SALAS 1132 387 1519 
 
9 JUECES 3 SALAS 1654 543 2197 
 
12 JUECES 4 SALAS 1983 689 2672 
 
15 JUECES 5 SALAS 2482 836 3318 
 
18 JUECES 6 SALAS 2776 983 3759 
 
21 JUECES 7 SALAS 3275 1128 4403 
 
24 JUECES 8 SALAS 3595 1286 4881 
 
27 JUECES 9 SALAS 3951 1431 5382 
Fuente: Sistema Nacional de Inversiones. Ministerio de Desarrollo Social. NIP. 
 
34 
Metodología de evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de inversión para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile - Ministerio Desarrollo Social y Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile 
ANEXO N° 2: Entrevistas establecidas Parámetro Normal Consejeros Técnicos 
La Tabla N°2.1 muestra el total de causas ingresadas (estadísticas de la página oficial del 
poder judicial link, 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Estadisticas/EST_Competencia.php?opc_menu=6&
opc_item=2). 
Tabla N°2.1 
CORTE/UNIDAD 
N° CONSEJEROS 
TÉCNICOS 12 
ENTREVISTAS 
ESTABLECIDAS 
DENTRO DE LO 
NORMAL 
JUZGADO DE FAMILIA DE ARICA 7 6.085 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
IQUIQUE 
7 
6.574 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
ANTOFAGASTA 
10 
8.370 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
CALAMA 
5 
2.122 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
COPIAPO 
5 
3.619 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
VALLENAR 
2 
922 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
COQUIMBO 
4 
2.445 
JUZGADO DE FAMILIA DE LA 
SERENA 
5 
2.920 
JUZGADO DE FAMILIA DE OVALLE 3 2.189 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
CASABLANCA 
2 
1.402 
JUZGADO DE FAMILIA DE LA 
LIGUA 
2 
973 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
LIMACHE 
2 
1.013 
JUZGADO DE FAMILIA DE LOS 
ANDES 
3 
1.389 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
QUILLOTA 
4 
2.418 
JUZGADO DE FAMILIA DE 
QUILPUE 
3 
1.851 
JUZGADO DE FAMILIA DE SAN 
ANTONIO 
3 
2.384 
 
 
12 N° de Consejeros Técnicos: Información Proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos de la CAPJ. 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Estadisticas/EST_Competencia.php?opc_menu=6&opc_item=2
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Estadisticas/EST_Competencia.php?opc_menu=6&opc_item=2