Realidad Socioeconômica de Guatemala

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Realidad Socio Política y Económica de Guatemala
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La Lic. Irma Raquel Zelaya, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES, ) hace un análisis de la realidad social, económica y política de la sociedad en Guatemala, 
mostrando los índices de descomposición y ausencia del Estado. 
 
 
Lic. Raquel Zelaya. 
Una evidencia incuestionable en Guatemala, y que se refiere al grado de legitimidad y credibilidad de 
varias instituciones en nuestra realidad, y que destaca que las iglesias, en particular la Iglesia Católica 
con 70%, y un poco más separado el ejército, los medios de comunicación y las municipalidades. Este 
dato me parece relevante porque para 2011, año de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, el 
57% de la población se reportó como Católica Romana; 31 por ciento como protestante (la mayoría se 
identificaba como evangélica); y cerca del 10 % se identificó con “otros grupos religiosos” o “sin 
afiliación religiosa”. 
Según los resultados obtenidos por el X Estudio de Cultura Democrática de los Guatemaltecos, en el 
que lidera ASIES, para el 2012, sólo el 42 % tiene confianza en el Congreso, pero más bajo aún, se 
encuentra la confianza hacia los partidos políticos, 36.1% . Íntimamente ligado a esta percepción, se 
encuentra el extendido fenómeno de la corrupción, la cual influye en casi todos los ámbitos de la vida 
nacional, y no siendo más exclusiva del sector público. 
No sólo la crisis política partidaria marca la realidad nacional. Aun con la reducción en la tasa anual de 
homicidios por 100 mil habitantes en 2012, bajo de 39 x 100mil en 2011 a 34 x 100mil el año pasado, 
la población mantiene una percepción de que la inseguridad ciudadana continúa siendo muy grave, en 
particular porque los delitos contra el patrimonio y las extorsiones han aumentado. Lo anterior porque 
el deterioro de la seguridad ciudadana entre 2000-2009 fue tan profundo, que la población no percibe 
los cambios. Incluso el número de municipios sin registro de incidencia criminal aumentó en los 
últimos dos años de 50 a 66 de un total de 334 municipios. 
 
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 Irma Raquel Zelaya Rosales. Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES-. 
República de Guatemala. 
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La inseguridad en Guatemala es exacerbada por dos fenómenos no excluyentes entre sí, como son las 
extorsiones y la influencia del crimen organizado. El primero no sólo afecta a personas y comerciantes, 
sino a familias, causando zozobra y malestar. El segundo, en particular el vinculado al narcotráfico, 
adopciones ilegales, tráficos de armas, tráfico de personas, etc. se ha convertido en un problema grave, 
no sólo de seguridad sino de carácter social, al penetrar estructuras sociales, familiares, económicas y 
políticas. La inmensidad de recursos que administran le ha permitido al crimen organizado incidir en 
procesos económicos y políticos, así como ocupar espacios donde hay ausencia de Estado. 
Una característica del país es precisamente la ausencia de Estado en muchas regiones, de su 
organización y de sus instituciones, lo cual se refleja en muchos de los indicadores básicos del 
desarrollo humano, así como de pobreza. 
En la última Encuesta de Condiciones de Vida del 
año 2011, se estableció que la incidencia de la 
pobreza se ha mantenido en los últimos años. Si bien 
la pobreza extrema se ha reducido, la pobreza no 
extrema se ha mantenido. Se considera que 7.5 
millones de guatemaltecos, de un total de 14.7 
millones, viven bajo la línea de pobreza, de los 
cuales 2 millones son pobres extremos. 
Geográficamente la pobreza se encuentra 
mayoritariamente en el área rural, la cual duplica a la 
de las áreas urbanas. 
De manera igual la pobreza posee un rostro 
indígena, porque más del 73% se encuentra en 
situación de pobreza. 
Utilizando el Índice de Desarrollo Humano –IDH- que mide el promedio de los avances en tres 
dimensiones básicas: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, en Guatemala en el 
sexenio 2006-2011 evolucionó en escasa magnitud, incrementándose apenas en 2% 
A nivel regional el IDH muestra las diferencias entre los departamentos, identificando sólo 3 de 22 
departamentos con índices relativamente satisfactorios pero la gran mayoría con franco deterioro en el 
período 2006-2011. A nivel de pobreza extrema y severa la situación en aun más alarmante en la 
mayoría de departamentos. En números absolutos, esto implica la reducción de 110,000 personas en la 
pobreza severa, mientras que en las otras categorías de pobreza se incorporaron 1.9 millones de 
guatemaltecos. 
En otra dimensión de la realidad económica del país, el nivel salarial es muy heterogéneo ubicando a la 
región metropolitana con un salario promedio devengando mensual de Q.2,500 (US$320.51) en un 
extremo, y al departamento de Totonicapán, en el otro extremo, con un promedio devengado de 
Q.1,100 (US$141.03) [lámina 15]. El valor mensual de la Canasta Básica Vital es de Q.2,617.80 
(US$335.62), y la Canasta Básica mensual asciende a Q.4,777.01 (US$612.44). Las cifras anteriores 
muestran que los ingresos promedio de aquellos que poseen un empleo, no son suficientes para cubrir 
sus necesidades básicas. 
Otra situación que apremia al país, son las altas tasas de informalidad, alcanzando un promedio del 
73% . Estas personas no poseen ningún acceso a los servicios de previsión social. 
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Guatemala tiene una de las tasas más bajas de empleo formal en comparación con muchas naciones del 
mundo. De los 5.6 millones de la PEA, 2.3 millones (41%) son indígenas y la mitad labora en el 
campo, en tanto que la otra mitad se desenvuelve en diversas actividades en el área urbana 
metropolitana y de cabeceras departamentales. Sin embargo, los aspectos de nivel de ocupación, 
remuneración salarial, cobertura social y otros criterios, son los que demuestran la baja posición laboral 
de las etnias mayas, garífuna y xinca. 
El promedio que se paga al trabajador indígena es de 
Q.1,255.38 (US$160.95). En cuanto al seguro social, resulta 
que la población indígena tiene escasa cobertura, en vista que 
se dedica mayoritariamente a actividades informales por 
cuenta propia, lo que se refleja en los registros de quienes 
están en “edad de trabajar” según el INE, ya que de cada 100 
personas en esa categoría, son 6 indígenas y 24 no indígenas 
las que están vinculadas al IGSS. 
Uno de las situaciones no resueltas en Guatemala, se refiere a 
su situación fiscal, en donde el país registra una de las tasas más bajas de pago de impuestos en la 
región. La carga tributaria, la cual es la relación de ingresos tributarios con la producción total del país, 
está por debajo del 12%
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 cuando la media latinoamericana se ubica en 26% (lámina 17). Así también, 
con un gasto que ha crecido en los últimos años, este no está teniendo el impacto deseado, para dar un 
ejemplo, de cada quetzal que se recauda, 92 centavos están comprometidos en pagos y transferencias, 
así como por el servicio de la deuda pública . 
Para profundizar en la realidad socio política de mi país, deseo destacar algunos otros resultados del X 
Estudio de Cultura Democrática de los Guatemaltecos, en particular porque el último se refiere a la 
desigualdad en el acceso a las oportunidades y las percepciones ciudadanas acerca de la desigualdad. 
En términos generales existe una percepción de que la desigualdad, en la región latinoamericana, se ha 
reducido en el tiempo, medida por el acceso a bienes de consumo y a algunos servicios básicos. 
Al medir la riqueza de los hogares por el color de la piel, se evidencia que mientras más oscura es la 
misma, más pobre se es. Si se considera que la educación, su tiempo y calidad, es la mejor opción para 
superar la pobreza, resulta que las personas con piel más oscura tienen menos años de educación, que 
aquelloscon piel clara, en Guatemala 5.5 años y 7.8 respectivamente . Igualmente, la inseguridad 
alimentaria es mayor, entre más oscuro el color de la piel es . 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH-D) ajustado por desigualdad coloca a Guatemala como uno de 
los países con menor desarrollo humano en todo el continente americano, y el sexto país del mundo con 
peores índices de malnutrición infantil. Esto se relaciona a la disponibilidad de alimentos, acceso a 
alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. 
Un tema que está afectando a la mayoría de la población, desde sus diferentes aristas, se refiere al 
cambio climático, incluso el Foro Global del Cambio Climático, estima que Guatemala es uno de los 
países con mayor vulnerabilidad en el mundo, de 1998 a 2011 hemos sufrido los efectos del Huracán 
Mitch, la sequía del 2001, la Tormenta Stan, la Tormeta Agatha. 
 
2 En Guatemala, a diferencia de la mayoría de países, no contabiliza los pagos a la seguridad y previsión social, y el pago de tributos 
locales, para la determinación de la carga tributaria. Si así fuera, la carga se ubicaría en alrededor de 17%. 
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En otra dimensión de la realidad socio política de Guatemala, se evidencia, al igual que en otro países 
de la región, hay una creciente convergencia en la participación política de mujeres y hombres, aunque 
con diferencias según nivel de ingreso, educación y ubicación geográfica. La evidencia muestra que en 
el país votan más las personas con un nivel educativo superior, mayores ingresos y cuyo centro de 
votación está en centros urbanos. 
Sin embargo, las mujeres han ido encontrando sus espacios y ocupándolos dignamente, aunque aún les 
falte alcanzar los principales cargos de liderazgo. De esta cuenta, a nivel comunitario, las mujeres 
tienen mayor participación que en partidos políticos. Así también destaca que en Guatemala hay una 
amplia confianza hacia las mujeres en su papel de líderes y de su capacidad para liderar. 
Tomando datos publicados por IDEA, en Guatemala la representación femenina en el Congreso de 
República es en el momento de tan sólo el 11.6%, o en otras palabras, sólo 18 mujeres entre 158 
diputados. Cabe indicar que en el país no hay un sistema de cuotas obligadas para la participación 
femenina. 
Por otra parte, es significativo que la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
tuvo fuerte oposición de sectores campesinos y populares, en tanto que a la fecha, especialmente los 
sectores ambientalistas y sindicales, acuden fuertemente en sus demandas, a solicitar la aplicación de 
las disposiciones sancionatorias que en estos campos, el referido Tratado aplica a los estados que las 
infringen. 
En un dato positivo para el país, a casi 30 años de vida democrática, 
nuestra democracia es estable y los niveles de tolerancia hacia la 
crítica y a quienes piensan diferente han variado lentamente. Esto 
nos muestra como la sociedad guatemalteca inicia un apego a los 
valores democráticos y rechaza crecientemente posiciones extremas 
o antisistema. Si bien es cierto hay desencanto hacia los partidos 
políticos, los guatemaltecos mantienen su confianza hacia la 
democracia. Nuestro reto como sociedad multiétnica es la dificultad 
del consenso, protestas y puntos de conflicto, una sociedad dividida 
si no tiene un proyecto común impulsado por el liderazgo nacional. 
Deseo destacar algunos resultados que me preocupan, y se refieren a nuestro sistema de justicia. Menos 
de la mitad de la población muestra una confianza hacia el sistema de justicia y sus instituciones. Se 
calcula que el 90 por ciento de los hechos delictivos en Guatemala queda sin sanción o castigo, lo cual 
ha extendido una percepción amplia de impunidad en todo el país. Además, hay evidencias de una 
filtración creciente del crimen organizado en los operadores de justicia, así como una casi convicción 
de que sólo mediante tráfico de influencias se alcanza algo en los tribunales de justicia. Se reconocen 
algunos avances en el Ministerio Público, pero retrocesos en los Tribunales de Justicia y la Policía 
Nacional Civil. 
Lo anterior ha degenerado en un apoyo a las acciones de “justicia por propia mano”, la cual es 
demandada por 4 de cada 10 personas. Es así como desde hace 6 años funciona en Guatemala una 
iniciativa única, adscrita al Sistema de Naciones Unidas que es la Comisión Internacional de Combate 
a la impunidad en Guatemala, CICIG 
En este contexto, hay una conflictividad social creciente asociada a proyectos en preparación y 
ejecución de minería extractiva, así como proyectos de generación de energía hidroeléctrica. 
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Básicamente las motivaciones responden a intereses diferentes, que van desde creencias religiosas 
ancestrales, pasando por preocupaciones ambientales, incumplimiento de normas, escaso beneficio para 
las comunidades donde se asientan las inversiones productivas, hasta posiciones extremas antisistema. 
Incluso ha habido indicios de infiltraciones del crimen organizado en algunos brotes de resistencia a 
estos proyectos . Aunque las motivaciones pueden ser diferentes, personas con intereses creados, se han 
aprovechado de las circunstancias para lucrar con la conflictividad. Esta conflictividad ha generado una 
creciente tensión entre los definidores de políticas públicas, y las comunidades, porque mientras los 
primeros han priorizado los proyectos mineros e hidroeléctricos como estratégicos de interés nacional, 
las segundas han pasado hacia una resistencia activa. 
Conviene señalar en forma positiva, la notable contribución del movimiento cooperativo tanto a la 
producción nacional, pues se estima que contribuye con el 16% del Producto Interno Bruto, como a la 
generación de empresas a nivel micro, pequeño y mediano,siendo una forma asociativa que se 
corresponde mucho a las formas de organización comunicaría, particularmente en el área rural de 
Guatemala. 
Lo descrito me lleva a destacar el tema del desarrollo rural. 
Como lo expresé con anterioridad, la pobreza, la desigualdad 
y la falta de oportunidades tiene rostro rural, porque es allí 
donde la realidad es más lacerante. En mayo de 1996 se 
firmó el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, en el cual se establece que: “La 
resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural 
son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la 
situación de la mayoría de la población que vive en el medio 
rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza 
extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.” Es a partir de lo anterior que se 
inicia un proceso de visualización de las necesidades más sentidas, y hoy mucho del debate público se 
centra en cómo alcanzar el desarrollo rural. Hay iniciativas de ley, propuesta de políticas públicas, 
programas de apoyo directo y subsidiario al campesino y sus familias, todo aún insuficiente, pero ya no 
se esconde o se obvia el tema. 
Asimismo Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre consulta a poblaciones indígenas, pero a la fecha 
no se ha elaborado el correspondiente reglamento, lo cual es una de las causas de gran conflictividad, 
pues a falta de dicha reglamentación, en muchos la consulta, que según el Convenio se hace de buena 
fe, con poblaciones informadas, para ponerse de acuerdo, ha sido simplificada para convertirlo en una 
simple votación, donde la mayoría díce si o no, e impone con ello su criterio, particularmente en 
decisiones que tienen que ver con licencias de exploración y explotación de recursos naturales como 
los metales, el petróleo y el agua. 
Dos puntos adicionales a considerar y que tienen un impacto horizontal en toda la geografía nacional, 
la primera se refiere a que la población es mayoritariamente joven en país, con escasas o ninguna 
oportunidad de superación personal, lo cual no sólo exacerba losfenómenos de marginación y 
desigualdad, sino se convierten en caldo de cultivo para problemas de maras y criminalidad. No 
obstante lo anterior, deseo destacar los resultados de una encuesta sobre valores en Guatemala, en la 
cual se estableció que los jóvenes de 15 a 29 años, le dan una importancia superior a la familia, en 
menor medida a la religión, y más abajo a los amigos. 
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El otro, con alguna relación a lo anterior, se refiere a la migración. Para el año 2010, el 11.4% de la 
población guatemalteca vivía en el exterior. En promedio, cada año 44,000 personas consiguen 
establecerse fuera de Guatemala; una gran parte de ellas lo hace de manera irregular. La mayoría de 
guatemaltecos y guatemaltecas en el exterior residen en Estados Unidos (97.4%) . No obstante la 
reducción de oportunidades en los Estados Unidos, aun son mayores a las que brinda el país. Tenemos 
poblaciones que en su mayoría han emigrado, poblaciones con mayoría de mujeres porque casi todos 
los hombres les han abandonado y familias completamente desintegradas. Con cerca de 1.6 millones de 
migrantes en el exterior, el tema migrante representa un riesgo como una oportunidad no atendida. 
Ya para ir concluyendo, Guatemala ocupa por dos años, como miembro no permanente, una silla en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le ha permitido tener una exposición internacional 
importante. 
Para este año, se tiene prevista una Consulta Popular, el 6 de octubre, para consultar, tal como lo 
establece la Constitución Política, sobre si el diferendo territorial con Belice se traslada a la Corte 
Internacional de Justicia en la Haya, con la autorización que la resolución que de allí emane, será 
vinculante y respetada. Ambos países deben aprobar la misma pregunta. El proceso no está libre de 
controversia, desde críticas por el costo de la consulta, hasta por decisiones de Belice que podrían ser 
cuestionables sobre la voluntad de trasladar el diferendo a la Corte. Aun así, de darse la aprobación por 
ambos países, la resolución tardará entre 4 o 5 años a antes de conocerse. Mientras tanto, la zona de 
adyacencia continúa siendo conflictiva. 
El Presidente de la República, ha levantado en varios foros la propuesta de evaluar las formas de 
combate al narcotráfico, y propone evaluar que los resultados hasta ahora, de los métodos empleados 
son muy pobres, en tanto la región ha pagado con el costo de muchas vidas humanas, ser territorio de 
tránsito, trasiego, y ya empieza a ser de consumo interno. Esto quiere decir que se propone encontrar 
otras vías, y que se tome en cuenta la responsabilidad de los países consumidores, pues nuestra región 
ha pagado con inseguridad, violencia y pérdida de muchas vidas humanas, un fenómeno del cual es 
ajeno en gran medida. Se ha recibido el apoyo de varios países como Colombia, Costa Rica, México y 
Honduras. Se espera que sea tratado en la próxima cumbre de OEA a celebrarse en Junio en 
Guatemala.