TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
Nombre: Juan Diego Antonio Eyzaguirre Valdivia
Fecha 24/04/24 Código: 2024-105040
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) de España ha sido objeto de comparación con legislaciones internacionales, revelando su relativa permisividad en varios aspectos. Aunque la ley establece un marco para promover la transparencia y el acceso a la información pública, se han identificado deficiencias significativas que podrían obstaculizar su eficacia y el cumplimiento de sus objetivos.
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Uno de los principales problemas señalados es la exclusión de ciertas entidades de la obligación de cumplir con la ley quien no tiene una clasificación clara de cuáles son estos con exactitud. La falta de transparencia lio en sí misma contradice el propósito fundamental de la ley y puede socavar la confianza en las instituciones públicas. Además, la ley no establece una obligación clara de proporcionar informes internos adicionales, a pesar de este, su importancia para justificar las decisiones públicas fue valida. Esta omisión deja un vacío significativo en la rendición de cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones.
Otro aspecto crítico es la calidad de las memorias de impacto normativo (MAIN), estos incluidos en el Portal de Transparencia. Aunque la ley requiere la inclusión de estas memorias para nuevas normas, se ha observado que muchas de ellas están elaboradas de manera mecánica y carecen de información sustancial. Estos incluyen detalles sobre el posible impacto de la nueva norma, las consultas realizadas durante su elaboración y su incidencia en las normas existentes. La falta de información detallada en las MAIN limita la capacidad de los ciudadanos para comprender el alcance y las implicaciones de las nuevas normativas, lo que socava el principio de transparencia.
Para mejorar aquel proceso legislativo y fortalecer la transparencia, se han sugerido varias medidas. Una de ellas es dar más peso al análisis del impacto social y económico de cada norma que pasa por el Congreso. Esto permitiría una evaluación más completa de las implicaciones de las nuevas normativas, aquel ayudaría a garantizar que se tomen decisiones informadas. Además, se ha propuesto establecer un plazo determinado de vigencia para todas las leyes, obligando a una revisión periódica de su impacto y eficacia. Esto fomentaría una mayor responsabilidad y rendición de cuentas en el proceso legislativo.
Sin embargo, la reforma legislativa por sí sola puede no ser suficiente para abordar los desafíos de transparencia y buen gobierno. Los múltiples litigios judiciales relacionados con solicitudes de información pública indican la necesidad de una clara voluntad de transparencia por parte de la Administración. Esto implica no solo cumplir con las obligaciones legales, sino también facilitar el seguimiento de los planes públicos y permitir a los ciudadanos evaluar el uso de los recursos públicos.
En el marco del Gobierno Abierto, se han identificado áreas adicionales donde se vio que se pueden realizar mejoras significativas. A pesar de la existencia del IV Plan de Gobierno Abierto, la comunicación con los ministerios sigue siendo limitada y poco estructurada. La falta de un mecanismo formal para la participación ciudadana dificulta que los investigadores y aquellos grupos de investigación dio a conocer que contribuyen de manera significativa a la definición de políticas públicas.
Las consultas públicas sobre proyectos de ley también han sido objeto de críticas. A menudo tienen plazos cortos y carecen de ese centro en la recopilación de información, lo que desincentiva la participación ciudadana y limita la calidad del proceso consultivo. Además, la falta de respuesta de la Administración a los informes de valoración de los objetivos y medios propuestos puede desalentar aún más la participación ciudadana, reduciéndola a términos puramente nominales.
En conclusión, mejorar la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno requiere una combinación de reformas legislativas, cambios en la cultura organizativa y una mayor participación ciudadana. Solo mediante un enfoque integral y colaborativo si pueden abordar eficazmente esos desafíos identificados y garantizar que las instituciones públicas sirvan mejor a los intereses y necesidades de la sociedad.