Conflito em Sri Lanka

Vista previa del material en texto

���������
� 	 � � 	 � 
 � � � � � 
 
 � � � � � � � � � � � �
����	�
�����

	��������
�
���������
 1
ÍNDICE 
 
SRI LANKA: CLAVES DEL CONFLICTO Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO, María Villellas Ariño 
I. ANTECEDENTES: DOS DÉCADAS DE CONFLICTO ARMADO, UN 
PAÍS DIVIDIDO ........................................................................3 
II. UN PROCESO DE PAZ ESPERANZADOR, UNAS EXPECTATIVAS 
TRUNCADAS ............................................................................7 
III. ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER EL PROCESO DE PAZ ......12 
1. La internacionalización de las negociaciones ........................12 
2. Retos, riesgos y oportunidades ..........................................21 
IV. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................28 
 
 
ALGUNOS APUNTES ACTUALES SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN SRI LANKA, M.C.M. Iqbal 
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................29 
II. ESTADO DE EXCEPCIÓN......................................................30 
III. SECUESTROS, DESAPARICIONES Y ASESINATOS ..................31 
IV. NIÑOS SOLDADO ..............................................................33 
V. DESPLAZADOS INTERNOS ...................................................34 
VI. EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN .36 
VII. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ACCESO HUMANITARIO ..........37 
VIII. LA INSEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS .............................................................................38 
IX. EL PODER JUDICIAL COMO PROTECTOR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS .............................................................................39 
X. CONCLUSIÓN.....................................................................41 
 
 
 2
SUEÑOS IMPOSIBLES: TRAS LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, 
LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL CONFLICTO DE 
SRI LANKA, Kishali Pinto Jayawardena 
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................43 
II. LA ESCALADA DE LA CULTURA DE LA VIOLENCIA...................46 
III. EL FRACASO DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN PARA 
IMPEDIR VIOLACIONES ...........................................................68 
IV. CONCLUSIÓN....................................................................80 
 
 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: 
CASO DE SRI LANKA, Montserrat Tafalla Plana 
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................85 
II. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN CONFLICTOS 
ARMADOS EN LAS NACIONES UNIDAS ......................................85 
III. LA LABOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CUESTIÓN DE 
LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: EL MECANISMO DE 
VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES ............................96 
IV. EL CASO DE SRI LANKA ................................................... 108 
V. BIBLIOGRAFÍA ................................................................. 124 
VI. DOCUMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS............................................................................... 124 
VII ANEXOS ......................................................................... 127 
 
 3
SRI LANKA: CLAVES DEL CONFLICTO Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO∗ 
 
I. ANTECEDENTES: DOS DÉCADAS DE CONFLICTO ARMADO, 
UN PAÍS DIVIDIDO♣ 
 
En febrero del año 2002, el Gobierno de Sri Lanka y el grupo 
armado de oposición LTTE (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil) 
convenían la firma de un acuerdo de alto el fuego que suponía la 
interrupción de los enfrentamientos armados que habían devastado 
al país desde que en 1983 diera comienzo un conflicto armado que a 
lo largo de su transcurso ha causado la muerte más de 75.000 
personas1. La firma de este acuerdo de alto el fuego permitió que se 
diera inicio a un proceso de negociación, en el que el Gobierno de 
Noruega jugó el papel de mediador oficial, facilitando las 
conversaciones y encuentros entre las partes. Sin embargo, en el 
año 2006 la grave escalada de la violencia llevó a la reanudación 
abierta y virulenta del conflicto armado provocando centenares de 
muertos y miles de desplazados. A principios del año 2008 el 
proceso finalizaba de manera definitiva al retirarse las partes del 
acuerdo de alto el fuego, que si bien de manera formal únicamente, 
se había mantenido vigente desde su firma. 
 
Para entender las causas de este conflicto hay que hacer referencia 
 
∗ María Villellas Ariño, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. 
♣ Traducido del original en catalán por Silvia Llimos Fabregas. 
1 Según la Armed Conflict Database del International Institute for Strategic 
Studies [consultada el 15 de mayo de 2008], el número total de personas 
fallecidas como consecuencia del conflicto armado es de más de 75.110. 
http://www.iiss.org/publications/armed-conflict-database/ 
 4
a la marginación que sufre la población tamil, minoritaria en el país 
pero concentrada geográficamente en el norte y el este del país –
zonas en las que el conflicto armado ha tenido su epicentro–, tras la 
proclamación de la independencia de la isla en 1948, así como a sus 
aspiraciones de autodeterminación y de creación de un Estado tamil 
independiente, nunca satisfechas. Durante la época de la 
colonización inglesa de la isla, los tamiles habían gozado de ciertos 
privilegios sociales y económicos que se vieron cercenados con el fin 
del periodo colonial. Con la llegada de la independencia, la 
comunidad cingalesa (etnia mayoritaria y que habita las provincias 
centrales y meridionales del país) se hace con las posiciones de 
poder e inicia un proceso de consolidación de privilegios y de 
exclusión de la minoría tamil, produciéndose una “cingalización” del 
Estado. 
 
El estallido del conflicto armado vino precedido de varios episodios 
de tensión y de violencia entre ambas comunidades. En las décadas 
previas a su inicio se produjeron graves tensiones entre cingaleses y 
tamiles, que se acentuaron a finales de la década de los 70. El 
grupo armado de oposición tamil LTTE, fundado en el año 1972, 
inicia el conflicto armado en 1983 con un ataque que causa la 
muerte de doce soldados y al que el Gobierno responde con 
represalias que causan la muerte de entre 2.000 y 3.000 personas. 
 
Desde 1983 el conflicto armado que ha asolado el país se ha 
desarrollado en cuatro fases. La primera de ellas concluyó con una 
pequeña tregua de tres meses a principios de 1990. Este periodo 
dejó un terrible legado de 20.000 personas muertas, 750.000 
desplazadas en el interior del país y algo más de 120.000 
refugiadas, que fundamentalmente huyeron a la India. En junio de 
1990, el LTTE rompió la tregua y se reinició el conflicto armado, en 
 5
una segunda fase cuyo desarrollo tendrá como consecuencia la 
división del país en tres zonas claramente diferenciadas: el Norte, 
con un 95% de población tamil; el este, donde conviven tamiles 
(42%), musulmanes (32%) y cingaleses (25%); y las siete 
provincias centrales y meridionales del país, habitadas 
mayoritariamente por cingaleses. 
 
Desde 1993 se inició un proceso informal de negociación en Europa, 
que culminó con un encuentro auspiciado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja en 1994 entre las delegaciones 
gubernamental y del LTTE. Todo este proceso exploratorio tuvo 
como resultado final un alto el fuego y la apertura de negociaciones 
en enero de 1995, situación que únicamente duró hasta abril del 
mismo año, cuando se reanudaron las hostilidades, que durarán 
hasta la firma de un alto el fuego en enero de 2002. 
 
En el año 2000, en un contexto de claro estancamiento militar en el 
conflicto después de que el LTTE hubiera obtenido importantes 
victorias militares y tuviera control sobre algunos puntos 
estratégicos en la isla, ambas partes pidena Noruega que facilite 
unas negociaciones de paz. Así pues, en febrero de 2002 se firmó 
un acuerdo de alto el fuego y se inició un proceso que duró hasta 
2006, periodo durante el cual se mantuvieron varias rondas de 
negociaciones con la mediación de Noruega en Tailandia, Japón, 
Alemania y en la propia Noruega. Además, se desplegó una misión 
de supervisión del alto el fuego integrada por los países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia). Sin embargo, 
en la decisión adoptada por el LTTE en el año 2003 suspendiendo su 
participación directa en las negociaciones de paz alegaba que el 
Gobierno estaba tratando de marginar al grupo armado del proceso 
negociador. A pesar de la retirada, se mantuvo el acuerdo de alto el 
 6
fuego y se produjeron varios intentos por parte de Noruega de 
relanzar las negociaciones de paz. 
 
No obstante, a lo largo de 2006 el deterioro de la situación en el 
país fue notable y los episodios de violencia esporádicos 
aumentaron su frecuencia y su intensidad provocando centenares de 
víctimas mortales y de población desplazada y la reanudación del 
conflicto armado. El líder tamil Prabhakaran declaró el 27 de 
noviembre que ante la evolución de la situación no le quedaba otra 
opción que presionar para la creación de un Estado independiente, lo 
que, según numerosos analistas, supuso la defunción de facto del 
acuerdo de alto el fuego. Estas declaraciones provocaron, 
paradójicamente, la oferta del Presidente, M. Rajapakse, de mantener 
conversaciones directas con el líder tamil. Sin embargo, en paralelo se 
produjeron graves violaciones de los derechos humanos por ambas 
partes en conflicto y las FFAA acusaron al LTTE de utilizar a la población 
civil como escudos humanos. 
 
La ofensiva militar iniciada por las FFAA en 2006 erosionó 
notablemente la capacidad militar del LTTE y le permitió tomar el 
control de buena parte de la región oriental del país durante el año 
2007, obligando al LTTE a replegarse a zonas selváticas y a 
abandonar feudos que había controlado en los últimos 15 años. 
Además, el líder del ala política del LTTE y principal negociador del 
grupo en los últimos años, murió en un bombardeo de las FFAA. 
Ante esta situación, a finales de noviembre el líder del LTTE, 
Prabhakaran, amenazó tácitamente con extender la violencia a todo 
el país si el Gobierno trataba de ganar posiciones también en la 
zona septentrional del país. En este sentido, el LTTE demostró una 
gran capacidad bélica cuando, por vez primera, llevó a cabo ataques 
aéreos, incluso en las inmediaciones de Colombo. 
 7
 
A finales de año, el Gobierno amenazó con ilegalizar de nuevo al 
LTTE (lo que impediría el reinicio de las conversaciones de paz) y se 
retiró formalmente del acuerdo de alto el fuego de 2002 (de hecho 
interrumpido desde 2006) alegando miles de violaciones del mismo 
por parte del LTTE. La ruptura formal del acuerdo de alto el fuego 
entre las partes se materializó en los primeros días de 2008, dando 
lugar a una escalada de la violencia sin precedentes en la isla. 
Desde que a principios de 2006 colapsara el proceso de paz y se 
reiniciaran las hostilidades entre las FFAA y el LTTE habrían muerto 
más de 5.000 personas (una quinta parte de las cuales civiles) y 
otras 200.000 se habrían visto forzadas a desplazarse. 
 
 
II. UN PROCESO DE PAZ ESPERANZADOR, UNAS 
EXPECTATIVAS TRUNCADAS 
 
El inicio de las negociaciones de paz en el año 2002 vino precedido 
de la firma de un acuerdo formal de alto el fuego. Este acuerdo 
preveía el cese total de todas las actividades militares (incluyendo el 
desarme de los grupos paramilitares); el establecimiento de 
medidas para la restauración de la normalidad (medidas de 
confianza y cese de hostilidades contra la población civil); y la 
creación de la Misión de Monitoreo del alto el fuego integrada por 
los cinco países nórdicos (SLMM, por sus siglas en inglés). El 
acuerdo de alto el fuego permitió el inicio de las negociaciones de 
paz oficiales que se formalizaron mediante seis encuentros directos 
entre las partes, con la presencia de Noruega, tres de ellos en 
 8
Tailandia, uno en Noruega, uno en Alemania y otro en Japón2. 
Además, el Gobierno retiró previamente la prohibición que existía 
sobre el LTTE para permitir los encuentros directos entre ambas 
partes. Dos años antes, la Presidenta, Chandrika Kumaratunga, y el 
LTTE habían pedido a Noruega su intervención en el proceso. 
 
Uno de los puntos más destacables de este proceso fue el acuerdo 
que alcanzaron las partes durante la celebración de la tercera ronda 
de negociaciones en Oslo. En el documento hecho público al fin de 
este encuentro, conocido como el Oslo Communiqué3 se recogía la 
intención de las partes de “explorar una solución fundada en el 
principio de autodeterminación interna en las áreas habitadas 
históricamente por la población de lengua tamil, basado en una 
estructura federal en el marco de una Sri Lanka unida”. Se trataba 
de un punto de partida satisfactorio para ambas partes, aunque no 
así para otros actores externos al proceso de negociación directa 
pero absolutamente indispensables a la hora de garantizar la 
sostenibilidad de una posible solución definitiva a este conflicto. 
 
a) La ruptura de las negociaciones 
 
 
2 Puede consultar la agenda completa de las negociaciones, así como los 
comunicados públicos efectuados al término de cada encuentro y otras 
informaciones relevantes sobre el proceso de paz, en la página web oficial del 
Gobierno de Sri Lanka sobre el proceso de paz 
http://www.peaceinsrilanka.org/ 
3 El texto íntegro puede consultarse en la página web del Secretariado de Paz 
del Gobierno de Sri Lanka. 
http://www.peaceinsrilanka.org/peace2005/Insidepage/PressRelease/RNG/RN
G5thDec.asp 
 9
En el mes de abril de 2003, el LTTE decidió abandonar las 
negociaciones de paz y suspender su participación, aunque con el 
compromiso de mantener vigente el acuerdo de alto el fuego. En 
aquel momento, en una carta dirigida al Primer Ministro, R. 
Wickremesinghe (uno de los grandes impulsores del mismo), el 
LTTE esgrimió tres motivos principales para justificar su retirada. En 
primer lugar, la sensación de que el Gobierno les estaba 
marginando en las relaciones que con la comunidad de donantes se 
estaban estableciendo4 en la búsqueda de asistencia económica 
para el país. En segundo lugar, el LTTE argüía el hecho de que el 
Gobierno no hubiera desalojado emplazamientos civiles ocupados 
por fuerzas militares, especialmente la Zona de Alta Seguridad de 
Jaffna. Por último, el LTTE apuntaba a que la estrategia establecida 
por el Gobierno de lucha contra la pobreza no había sido capaz de 
hacer frente a la situación de devastación en que se encontraba el 
nordeste de la isla después de años de conflicto armado5. 
 
Sin embargo, es importante señalar que además de estas razones 
explicitadas por el grupo armado otros factores deben ser tenidos 
en cuenta para entender el verdadero alcance y motivación de la 
ruptura. Un primer aspecto fue la sensación del LTTE de que el 
Gobierno trataba de situarse en una posición de poder desde la que 
pudiera limitar la capacidad de maniobra del grupo armado, 
poniéndose fin a la igualdad entre las partes. Como acostumbra a 
 
4 Como se explicará en el apartado relativo a la internacionalización del 
proceso de paz, los donantes han jugado un papel clave en todo este proceso, 
y a través de la creación de una conferencia de donantes copresidida por 
Noruega, Japón, EEUU y la UE, la comunidad internacional ha canalizado su 
participación y su apoyo al proceso. 
5 GOODHAND, J. and KLEM, B. et. al., Aid, Conflict and Peacebuilding in Sri 
Lanka, 2000-2005. The Asia Foundation, 2005. 
 10
ocurrir en muchas negociaciones de paz,los actores no 
gubernamentales suelen encontrarse en desventaja con respecto a 
los Gobiernos (tanto en lo que respecta a la disposición de recursos 
materiales, como de otro tipo: habilidades de negociación o el nivel 
de legitimidad como actores políticos, o reconocimiento por parte de 
la comunidad internacional, entre otros). En el caso de Sri Lanka, la 
intervención de Noruega en su papel de facilitadora del proceso 
había tratado de paliar esta desigualdad en el inicio de las 
negociaciones. 
 
Otra de las cuestiones que actuó de detonante para el abandono por 
parte del LTTE del proceso negociador fue la celebración de una 
reunión preparatoria de la Conferencia de Donantes de Tokio en 
EEUU. La inclusión del LTTE en las listas de organizaciones 
terroristas del Gobierno estadounidense imposibilitaba que el grupo 
armado asistiera a la reunión, y este impedimento alimentó la 
percepción de que estaban siendo excluidos de un proceso que la 
comunidad internacional parecía estar condicionando 
crecientemente. Así pues, se percibía que cada vez menos el 
proceso estaba en manos de los actores locales y más en manos de 
los internacionales. 
 
El LTTE sintió que esta situación les devolvía a un escenario inicial 
de asimetría, en el que su capacidad de presión para lograr sus 
aspiraciones se veía notoriamente mermada, al verse nuevamente 
encasillado en la consideración de grupo terrorista, con las 
connotaciones que este calificativo conlleva, en términos de falta de 
legitimidad y de reducción del perfil político del grupo. Es probable 
que esta sensación de que estaban siendo relegados y pasando a 
ser considerados como interlocutores de segunda llevara al grupo 
armado a lanzar su propuesta de creación de una administración 
 11
interina para el norte y el este de la isla inmediatamente después de 
su abandono de la mesa de negociaciones. Esta propuesta 
establecía la creación de dicha administración por un periodo de 
cinco años, bajo control del LTTE, periodo tras el cual se celebrarían 
elecciones. La incorporación a la agenda de las negociaciones de 
esta propuesta pasó a ser conditio sine qua non para el retorno del 
grupo armado a las negociaciones. 
 
A los detonantes inmediatos que llevaron a la ruptura de las 
negociaciones de paz hay que añadir la sensación que se estaba 
generalizando en el país de que el proceso de paz no estaba 
teniendo resultados concretos y que el único beneficio tangible 
estaba siendo el acuerdo de alto el fuego. Éste ha sido el mayor 
éxito del proceso de paz, la suspensión temporal de las hostilidades, 
pero sin embargo, el progresivo deterioro de su cumplimiento y el 
hecho de que las violaciones del mismo dejaran de ser hechos 
puntuales y aislados para convertirse en cada vez más frecuentes 
conllevó que, de manera creciente, las voces contrarias al proceso 
de paz alcanzaran notoriedad. Por otra parte, en las zonas de mayor 
oposición al proceso de paz apenas se habían percibido los 
beneficios de la paz, puesto que no se habían visto afectadas por la 
destrucción ocasionada por el conflicto armado, y por tanto no se 
habían llevado a cabo proyectos de reconstrucción. Esta 
circunstancia fue aprovechada por los sectores políticos contrarios a 
las negociaciones de paz para difundir la idea de que únicamente la 
población tamil estaba siendo beneficiada por el proceso. 
 
 
 12
III. ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER EL PROCESO DE PAZ 
 
1. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 
 
Una de las características más notables del proceso de paz iniciado 
fue su elevado grado de internacionalización que conllevó que la 
presencia de determinados actores externos al país, no sólo fuera 
continuada, sino que en ciertos momentos incluso llegó a 
condicionar el mismo. 
 
La percepción de que este proceso estaba sufriendo de una 
“sobreinternacionalización”, fue uno de los factores que llevaron al 
LTTE a abandonar las conversaciones de paz algo más de un año 
después de que éstas comenzaran. El LTTE estimó como excesiva la 
implicación de la comunidad internacional, señalando que eran los 
actores externos, particularmente los donantes, quienes estaban 
dictando la agenda, y no los protagonistas de éste, es decir el 
propio LTTE y el Gobierno. 
 
Sin embargo, cabría preguntarse si esta sobreinternacionalización 
respondía a una mera percepción por parte del LTTE o si por el 
contrario era un reflejo de la realidad de las negociaciones de paz. 
Al contrario de lo que ocurre en muchos de los conflictos armados 
contemporáneos, en el caso de Sri Lanka el conflicto armado había 
permanecido relativamente ajeno a cualquier injerencia de la 
comunidad internacional previamente al inicio del actual proceso de 
paz, con la excepción de la intervención de la India en la década de 
los 80. Tanto en el caso de Naciones Unidas como otros actores 
internacionales y diplomáticos presentes en el país, la voluntad del 
gobierno había sido la de que estos actores mantuvieran un perfil 
bajo, lo que había llevado a una intervención de la comunidad 
 13
internacional ciertamente limitada. Mención aparte merece la 
diáspora Tamil, con un papel fundamental en el sostenimiento del 
LTTE desde países como Canadá, Australia o Noruega, si bien esta 
diáspora no puede ser considerada como un actor exterior en 
sentido estricto. 
 
La firma del acuerdo de alto el fuego, auspiciada por Noruega, 
supuso un giro de 180 grados, al incorporar a los actores 
internacionales a la altura de un tercero en todo este proceso. Por 
un lado, Noruega, como facilitador del diálogo entre el Gobierno y el 
LTTE, pero también a la cabeza de la SLMM. Por otro lado, los 
donantes, agrupados en una alianza formada por la UE, EEUU, 
Japón y en la que también entra Noruega. La comunidad de 
donantes pretendía ofrecer una serie de incentivos a los actores 
enfrentados, de tal manera que se pudiera llegar a un punto de no 
retorno en el que la reanudación de las hostilidades armadas se 
convirtiera en imposible. 
 
Sin embargo esta posición de los donantes se reveló como ineficaz, 
y han sido numerosas las críticas que se han vertido desde 
diferentes sectores a la excesiva confianza que los donantes 
pusieron en el desarrollo de un proceso de paz tan marcadamente 
economicista. En primer lugar, es necesario señalar que el conflicto 
armado se encontraba geográficamente muy localizado, como ya se 
señaló con anterioridad, en el este y el norte del país. Éstas fueron, 
por tanto, las zonas que se beneficiaron en mayor medida de los 
esfuerzos económicos de reconstrucción. Se trataba de zonas que 
habían resultado ampliamente devastadas durante los años de 
violencia bélica, y cuya población era muy favorable a un proceso de 
paz que pudiera poner fin a la guerra. 
 
 14
Por el contrario, la población con una opinión no tan favorable a 
dicho proceso se encontraba en el oeste y el sur de la isla, zonas, 
que por no haber sufrido el impacto de la guerra, tampoco se 
beneficiaron de la reconstrucción y en consecuencia no mejoraron 
su opinión con respecto a éste gracias a la implementación de 
medidas de rehabilitación posbélica. Es decir, que el dividendo de 
paz trajo beneficios para quienes ya apoyaban previamente un 
proceso de negociación y apenas repercutieron de manera directa 
en los sectores más reacios a este proceso. 
 
Por otra parte, desde determinados sectores se ha criticado la 
intención de la comunidad internacional de aprovechar su posición 
de donantes para forzar determinadas reformas económicas 
encaminadas a una mayor liberalización de la economía del país y a 
la potenciación de las privatizaciones, siguiendo sus propias 
agendas y descuidando las dinámicas internas del país. La agenda 
neoliberal del Primer Ministro en aquel entonces, R. 
Wickremesinghe, y la agenda neoliberal de la comunidad 
internacional confluyeron en el procesode paz, dejando de lado las 
causas estructurales del conflicto armado y priorizando el 
crecimiento económico y la apertura de mercados. Gobierno y 
comunidad internacional coincidieron en considerar que una mejora 
de las condiciones materiales sería un incentivo suficiente para no 
retornar a los enfrentamientos armados. Algunos sectores del país 
llegaron a afirmar que la aproximación del partido del Primer 
Ministro al proceso de paz era únicamente en términos económicos, 
al considerar la paz como un escenario favorable para el crecimiento 
económico, pero que no partía de un reconocimiento a los derechos 
del pueblo tamil. 
 
 15
Hay que añadir que un punto crítico en todo este proceso ha sido la 
cuestión de la agenda de derechos humanos en la negociación. La 
comunidad internacional también condicionó su apoyo a que se 
hicieran avances en este sentido, fundamentalmente en lo que 
respecta al reclutamiento de menores soldado. El LTTE consideró la 
inclusión en la agenda de estos aspectos como una intromisión, pero 
sin embargo, desde numerosos sectores de la sociedad civil se ha 
considerado que, por el contrario, la comunidad internacional no 
presionó con la suficiente firmeza para que determinados principios 
fueran respetados. Puesto que se iba a respaldar y financiar un 
proceso de paz, la comunidad internacional quiso incluir la exigencia 
de ciertas garantías y el respeto a determinados principios 
internacionalmente aceptados. Sin embargo, primaron las 
consideraciones económicas y las cuestiones de derechos humanos 
quedaron relegadas a un segundo plano, lo que contribuyó a 
incrementar la percepción de que los donantes buscaban la 
transformación de las políticas económicas del país en su propio 
beneficio. 
 
No obstante, desde que el proceso de paz entró en su fase de crisis 
y estancamiento, la participación de la comunidad internacional se 
vio considerablemente reducida, con la excepción de la crisis 
generada por el tsunami, aunque la intervención en esas 
circunstancias adquiere unos tintes completamente diferentes. 
Desde algunos sectores involucrados en el proceso de paz se ha 
criticado esta postura, por considerar que parte de la comunidad 
internacional sólo se involucra y compromete con la construcción de 
la paz y los procesos de negociación cuando las probabilidades de 
éxito son elevadas, y por tanto aumenta el prestigio de aquellos que 
ofrecieron su acompañamiento al proceso pero que son muy pocos 
 16
los que mantienen su compromiso cuando las perspectivas no son 
tan halagüeñas. 
 
a) El papel facilitador de Noruega 
 
La consideración de que el papel de Noruega ha sido encomiable y 
de que nadie puede poner en duda su compromiso desinteresado 
con este proceso es prácticamente de consenso, con la excepción de 
los sectores más recalcitrantes e ultranacionalistas de la sociedad 
cingalesa. Las críticas vertidas a la gestión que del proceso hizo 
durante el tiempo que contó con la confianza de las partes para ello 
son ciertamente tímidas y casi siempre constructivas. Sin embargo, 
puede ser útil apuntar al menos cuáles son las recriminaciones que 
los sectores anteriormente mencionados hicieron, ya que al margen 
de que estas afirmaciones sean cuestionables, a nadie se le escapa 
que en un proceso de paz, tan importante como los hechos 
objetivos, son las percepciones, y que éstas pueden dar al traste 
con todos los esfuerzos bienintencionados que puedan llevarse a 
cabo. Efectivamente, estas críticas respondían más a percepciones, 
posteriormente instrumentalizadas por algunos sectores cingaleses, 
que a actuaciones reales o hechos objetivos. 
 
En primer lugar se acusó a Noruega de no haber tenido una postura 
imparcial y de haber favorecido al LTTE. Como se señaló 
anteriormente, en los momentos iniciales del proceso Noruega llevó 
a cabo un proceso de empoderamiento del LTTE para tratar de 
igualar a los contendientes en la mesa de las negociaciones. Por 
otra parte, la presencia de una destacada comunidad de la diáspora 
tamil en Noruega también contribuyó a acrecentar esta percepción 
de una mayor cercanía noruega hacia la comunidad tamil, y por 
extensión al LTTE. 
 17
En segundo lugar, el hecho de que Noruega desempeñara varios 
papeles simultáneamente, como los de la facilitación de las 
negociaciones y supervisión del cumplimiento del alto el fuego (a 
través de la SLMM) también añadió algunos problemas, puesto que 
se generó cierta confusión, y el mandato de la SLMM no quedó 
suficientemente claro ante la sociedad. Además estos dos roles 
conllevaban tareas contradictorias, ya que por un lado se debía 
generar confianza en las partes implicadas para el buen desarrollo 
de las negociaciones, y por el otro lado denunciarlas cuando 
incumplían el alto el fuego. Es necesario puntualizar que si Noruega 
desempeña ambos roles es porque las partes así lo han solicitado, 
pero aun a pesar de esta petición se trata de dos tareas difícilmente 
compatibles. 
 
b) La participación de las mujeres en el proceso de paz 
 
Cuando las negociaciones de paz entre Gobierno y LTTE dieron 
comienzo, la presencia de las mujeres en éstas era extremadamente 
reducida. La delegación negociadora gubernamental estaba 
conformada íntegramente por hombres y en el caso de la delegación 
del LTTE, únicamente una mujer formaba parte del equipo, que 
además era la esposa del principal líder negociador del grupo 
armado. Sin embargo, en Sri Lanka había existido un movimiento 
de mujeres por la paz así como una militancia feminista muy activa 
en los años previos, y las organizaciones de mujeres reclamaron su 
espacio en estas negociaciones, que ya en sus inicios se postulaban 
como decisivas para el futuro de la isla. Desde la década de los 80 
las organizaciones de mujeres se habían involucrado activamente en 
las cuestiones relativas al conflicto étnico y los derechos humanos, 
particularmente denunciando el impacto que este conflicto estaba 
 18
teniendo sobre las vidas de las mujeres6. A lo largo de los años 80 y 
90 surgen diversos grupos de mujeres muy activos en el ámbito 
público que se movilizan en torno a los ejes antes nombrados 
(derechos humanos e impacto de la guerra) poniendo en cuestión la 
política gubernamental respecto al conflicto armado, por una parte, 
y denunciando las consecuencias que este conflicto está teniendo 
sobre el conjunto de la sociedad de Sri Lanka, por otra. 
 
Esta situación llevo a que en el momento de iniciarse las 
conversaciones de paz existiera una cierta base social concienciada 
respecto a la importancia de la participación de las mujeres en el 
proceso formal de paz7. Como sucediera en otros procesos de paz y 
negociación8, un determinado contexto internacional acabó dando 
un impulso a las legítimas reclamaciones de las mujeres para ser 
incorporadas en dicho proceso. En el caso de Sri Lanka, fue la 
conjugación fundamentalmente de dos factores la que sirvió para 
fortalecer las reivindicaciones de las organizaciones y movimientos 
de mujeres. En primer lugar, la aprobación en octubre del año 2000 
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad. 
 
6 SAMUEL, K., “Gender difference in conflict resolution: The case of Sri Lanka” 
en Gender, peace and Conflict. 2001, PRIO. 
7 Como señala UNIFEM, es más probable que las mujeres puedan tener un 
impacto en las negociaciones de paz cuando existe una cierta base social y 
red de mujeres con una agenda común para la paz. UNIFEM, Securing the 
peace. Guiding the Internacional Community towards women’s effective 
participation throughout peace processes. UNIFEM, October 2005. 
8 En el caso de las negociaciones de paz en Guatemala en 1996, el hecho de 
que un año antes se hubiera celebrado la IV Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing, sirviópara la incorporación de las cuestiones de género a 
la agenda de las negociaciones. 
 19
Esta resolución, desde su aprobación, se ha convertido en un 
documento de referencia para las organizaciones de mujeres en 
muchos países afectados por conflictos armados, que la han 
utilizado para exigir a sus Gobiernos y a aquellos actores de la 
comunidad internacional implicados en el contexto concreto, que las 
necesidades de las mujeres fueran tenidas en cuenta, así como la 
creación de espacios propios de participación en las negociaciones 
que han llevado al fin de algunos conflictos armados. Se trata, por 
tanto, de una herramienta práctica de construcción de paz y de un 
instrumento de presión política, puesto que el cumplimiento de lo 
establecido por la Resolución es un compromiso exigible a los 
Estados miembro de Naciones Unidas. 
 
Cabe destacar que gracias a la existencia de esta resolución se 
pudieron vehicular las reivindicaciones de las mujeres con respecto 
al derecho a tener una mayor participación en las negociaciones de 
paz. Éstas, ante la inicial indiferencia del Ejecutivo dieron comienzo 
un proceso de presión y de generación de alianzas internacionales. 
Estas presiones se sumaron a la sensibilidad del Gobierno noruego 
hacia el tema, que además se sintió interpelado por la existencia de 
la resolución. 
 
La participación de las mujeres en las negociaciones de paz se hizo 
efectiva a partir de la tercera ronda, en la que se acuerda la 
creación de un subcomité que posteriormente será denominado por 
sus integrantes como subcomité de género. Las integrantes querían 
aportar una visión amplia desde una perspectiva de género y no 
únicamente de las mujeres. Cabe puntualizar, sin embargo, que se 
trató de un comité en el que únicamente participaron mujeres, cinco 
en cada delegación, aunque las representantes de la delegación 
gubernamental no eran integrantes del Gobierno sino que provenían 
 20
de los ámbitos académicos y activistas feministas. El subcomité 
estuvo facilitado por una Consejera del Gobierno noruego, A. N. 
Heiberg, antigua Presidenta de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja. A lo largo de los diferentes encuentros que las 
representantes mantuvieron, se decidió que los temas que 
formarían parte de su agenda serían los siguientes: desarrollo 
socioeconómico, participación política, reconstrucción, reintegración, 
reconciliación, salud y educación. Además, el subcomité debía 
formular pautas para la incorporación de la perspectiva de género 
en las diferentes mesas de negociación y subcomités. 
 
En el transcurso de los encuentros que las mujeres tamiles y 
cingalesas mantuvieron existió un claro acuerdo en los temas de la 
agenda. No obstante, la ruptura de las negociaciones de paz 
oficiales impidió que el subcomité de género (orgánicamente ligado 
a éstas) prosiguiera su proceso, que tal vez hubiera podido 
continuar de no haber tenido una dependencia directa de la marcha 
del proceso oficial. Las mujeres tamiles y cingalesas fueron capaces 
de elaborar una agenda común sobre la que discutir, estableciendo 
sus propias prioridades, y con un mismo punto de partida: el 
reconocimiento de los efectos devastadores que el conflicto armado 
había tenido sobre las vidas de las mujeres. Tal vez un espacio no 
tan estrechamente ligado a las negociaciones oficiales entre 
Gobierno y LTTE hubiera permitido a las mujeres continuar con su 
propio proceso de negociaciones. 
 
Algunas cuestiones que es importante apuntar es que ante la 
ausencia de las mujeres en las delegaciones oficiales, la creación del 
subcomité de género fue una solución intermedia que permitió 
garantizar un mínimo espacio de participación y además supuso el 
reconocimiento oficial por ambas partes de la importancia de las 
 21
cuestiones de género y de la participación de las mujeres. Sin 
embargo, la dinámica del proceso y su ruptura poco tiempo después 
de que se iniciara la actividad del subcomité de género, lo convirtió 
en más simbólico que otra cosa. Dado el brevísimo lapso de tiempo 
que duró es realmente difícil evaluar el impacto real de este comité 
y tampoco pueden hacerse predicciones respecto a su continuidad 
en el caso de que se produjera una reanudación de las 
negociaciones. Sin embargo, tanto el Gobierno como el LTTE, así 
como la comunidad internacional, deberían valorar como un activo 
de la máxima importancia el proceso generado a través de este 
espacio, dado el extraordinario clima de colaboración en el que 
transcurrió y el mantenimiento de manera informal de esta red de 
mujeres de ambas comunidades a pesar de la ruptura de las 
negociaciones. 
 
2. RETOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
Seis años después del inicio de este particular proceso de paz, y en 
una coyuntura en la que difícilmente se entrevé alguna oportunidad 
para que el proceso de paz pueda reanudarse, al menos en el corto 
plazo, puede ser interesante analizar algunos de los retos que 
acompañaron al frágil proceso de paz y que deberían ser 
contemplados por la comunidad internacional para preparar un 
futuro terreno favorable la reanudación de unas negociaciones que 
pudieran permitir el fin de la violencia armada. 
 
a) Retos para nuevo proceso de paz 
 
En primer lugar, cabe señalar que el principal reto es el de cómo 
restaurar la confianza entre las partes, profundamente dañada por 
los años de bloqueo y crisis y por los múltiples episodios de 
 22
violencia que han tenido lugar. Cualquier intento de reanudación de 
las negociaciones entre Gobierno y LTTE que no venga acompañado 
de una mejora en las relaciones y en la confianza entre estos 
actores podría estar condenado al fracaso. Además, la 
implementación de iniciativas destinadas a reforzar la confianza 
entre los contendientes se ha revelado como una ruta eficaz para 
llevar a los procesos de paz a un punto en el que la marcha atrás se 
haga cada vez más difícil. El proceso de paz entre India y Pakistán 
constituye el caso más paradigmático en este sentido. Cabe 
recordar que en el año 2002, el Gobierno y el LTTE llevaron a cabo 
también iniciativas en este sentido, algunas de las cuales podrían 
ser recuperadas o incluso ampliadas. 
 
En segundo lugar, un reto de enorme importancia sería el de poner 
fin a la escalada de la violencia que se ha venido produciendo en los 
dos últimos años, y fundamentalmente en los últimos meses, 
cuestión vital para resucitar el proceso. La cuestión del alto el fuego 
aparece como una de las de mayor importancia en estos momentos. 
La búsqueda de nuevos compromisos por las partes y mecanismos 
de supervisión de estos compromisos se perfilaría como un 
importante desafío, teniendo en cuenta las lecciones que puedan 
extraerse del acuerdo de alto el fuego vigente entre 2002 y 2008. 
 
En tercer lugar, y de cara a futuras posibilidades de reanudación de 
las negociaciones entre el Gobierno y el LTTE sería importante 
estudiar fórmulas para expandir la agenda de las negociaciones de 
paz hacia los temas sustantivos del conflicto, y cómo incorporar las 
diferentes propuestas que sobre la mesa se han ido poniendo en los 
últimos años, principalmente la posibilidad de explorar una solución 
federal y la propuesta de creación de una administración interina en 
las zonas norte y este de la isla, que serían dos de las tareas 
 23
pendientes cruciales para el futuro del proceso. 
 
En cuarto lugar, sería necesario crear un proceso que tenga un 
carácter más inclusivo del que ha tenido hasta ahora. Como señalan 
algunos autores9, “en la negociación han de participar todos los 
actores clave. Si no es posible, como mínimo hay que aplicar el 
principio de “inclusión suficiente”, que supone la participación de los 
actores más representativos y de aquellos que tienen gran 
capacidad de boicotear y romper la negociación”. Es evidente que 
no todo el mundo debe tener el mismo protagonismoni capacidad 
de decisión a la hora de llegar a un acuerdo final, pero sí se deben 
garantizar los espacios necesarios y suficientes para que los 
diferentes sectores implicados en el conflicto puedan expresar sus 
visiones acerca de éste, así como sus demandas y encuentren una 
manera de canalizar los sentimientos de agravio. En el caso de Sri 
Lanka, el grupo que se ha visto más afectado por la exclusión ha 
sido la comunidad musulmana, que en reiteradas ocasiones ha 
expresado su sensación de exclusión. 
 
Sería necesario también pensar en formas de incluir a otros grupos 
sociales y políticos, no necesariamente en la mesa de las 
negociaciones, sino a través de otro tipo de espacios que permitan 
al conjunto de la sociedad de Sri Lanka apropiarse del proceso de 
paz. Un proceso más inclusivo podría permitir también que se limen 
las asperezas entre las diferentes sensibilidades políticas que 
existen en la comunidad cingalesa, ya que hasta el momento, el 
partido político en el poder en cada uno de los momentos decisivos 
ha excluido a la oposición del proceso, lo que ha llevado a una 
 
9 FISAS, V. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Paidós, 
Barcelona, 2004. 
 24
creciente polarización de la sociedad y la consolidación de posturas 
cada vez más alejadas. Parecería importante, por tanto, extender la 
participación en el proceso a los dos principales partidos políticos, a 
la comunidad musulmana, a los sectores ultranacionacionalistas 
representados por los partidos JVP y JHU, además de reforzar las 
iniciativas de diplomacia paralela que se han venido desarrollando a 
lo largo de estos años10. 
 
En quinto lugar, sería necesario revisar la actuación de la 
comunidad internacional en el país en lo que respecta a su 
intervención en el proceso. Tal vez sea el momento de pensar en 
nuevas formas de facilitación. Noruega ha desempeñado una labor 
encomiable hasta el momento. Como ya se señalado anteriormente, 
ha ofrecido su colaboración desinteresada y a pesar de las múltiples 
y continuadas crisis que ha atravesado el proceso siempre ha 
garantizado su presencia y su ayuda. Sin embargo, la percepción 
por parte de ciertos sectores cingaleses de que no estaba siendo 
neutral en el ejercicio de sus funciones, sino que estaba 
favoreciendo al LTTE, por un lado, y por otro, el hecho de que ha 
llevado al mismo tiempo el sombrero de la facilitación y el de la 
supervisión del cumplimiento del alto el fuego, ha empañado estos 
esfuerzos. Pese a que la SLMM estuvo conformada por los cinco 
países nórdicos, la lideró Noruega y ante la sociedad de Sri Lanka 
siempre apareció como un organismo noruego. Por estas razones, 
una facilitación moderadamente colegiada, con el liderazgo noruego 
pero con una mayor participación de otros países o actores de la 
comunidad internacional podría servir para reducir el 
cuestionamiento que desde determinados sectores políticos y 
sociales se ha hecho de Noruega. 
 
10 GOODHAND, J. and KLEM, B. et. al., op. cit. 
 25
b) Otros factores a tener en cuenta 
 
Como no podía ser de otra manera en una coyuntura internacional 
como la actual, la cuestión del terrorismo también ha impregnado el 
conflicto armado de Sri Lanka. El primer episodio destacable tuvo 
lugar cuando a causa de la inclusión del LTTE en las listas de grupos 
terroristas de EEUU se impidió su asistencia a la reunión de 
Washington, preparatoria de la Conferencia de Donantes, lo que se 
convirtió en el detonante para el abandono de la mesa de 
negociaciones por parte del grupo armado. Un segundo momento de 
enorme importancia ha sido tras el asesinato de Lakshman 
Kardigamar que llevó a la UE a advertir al grupo armado de la 
posibilidad de ser incluido en la lista de grupos terroristas de la 
organización europea, además de la prohibición a delegaciones del 
grupo a llevar a cabo visitas oficiales a los países integrantes de la 
UE. Esta postura viene explicada no sólo por las actuaciones del 
grupo armado, sino por la coincidencia en el tiempo con la 
presidencia de turno británica, con una agenda en cuestiones de 
terrorismo más dura que la de otros países europeos. 
 
Además, era una respuesta a las demandas de amplios sectores de 
la sociedad cingalesa que consideraban que la comunidad 
internacional estaba siendo excesivamente permisiva con el grupo 
armado, y que reclamaba acciones de mayor contundencia. La 
inclusión de determinados grupos armados en las listas 
internacionales de grupos terroristas se ha revelado como un 
obstáculo para la buena marcha de las negociaciones de paz en 
 26
muchos países11 puesto que restringe la movilidad de las personas 
que deben participar en las negociaciones, y de hecho, en el caso de 
Sri Lanka llevó a la paralización de las negociaciones. Así pues, el 
mecanismo de las listas se convierte en un arma de doble filo, que 
puede generar numerosas dificultades añadidas al ya de por sí difícil 
proceso de negociar la paz y además, contribuye a la 
deslegitimación del interlocutor al restar validez a sus objetivos 
políticos. 
 
Otro segundo aspecto que cabe añadir las actuaciones que 
determinados actores que podrían ser calificados de “spoilers”12 han 
tenido hacia el proceso de paz. Se trata de los sectores más 
ultranacionalistas del espectro político cingalés, los partidos 
marxista JVP y budista JHU. La situación se ha complicado al 
tratarse de partidos que han ofrecido un apoyo clave al Ejecutivo, 
quien en cierta medida depende de ellos para poder llevar a cabo su 
tarea de Gobierno. Su actitud fue la que llevó al fracaso la iniciativa 
de gestión conjunta de la ayuda del tsunami entre Gobierno y LTTE, 
 
11 Así lo atestigua un estudio elaborado por la Escola de Cultura de Pau que 
puede ser consultado en 
http://www.escolapau.org/img/programas/procesos/05procesos011.pdf 
12 Algunos autores señalan que utilizar este concepto en el caso de Sri Lanka 
es incorrecto puesto que la oposición al proceso de paz obedece a 
motivaciones y razones muy diferentes y es necesario separar a aquellos que 
se oponen de aquellos que se han sentido excluidos del proceso. 
FERDINANDS, T., RUPESINGHE, K., SARAVANAMUTTU, P., UYANGODA, J., 
ROPERS, N., op. cit. Sin embargo, aquí se ha optado por utilizar este 
término, ya que algunas definiciones contienen ambas acepciones y 
consideran que los spoilers son líderes que con el proceso de paz ven 
amenazadas sus posiciones, privilegios, intereses o poder […] Por lo general 
se trata de grupos o personas que han quedado fuera del proceso […]. FISAS, 
V., op. cit. 
 27
lo que pone de manifiesto su capacidad de incidencia e influencia en 
la arena política del país. Ambos partidos se han mostrado en sus 
declaraciones públicas contrarios a las negociaciones con el LTTE y a 
una reorganización territorial del Estado. Su capacidad de 
movilización social, al tiempo que la dependencia del Gobierno 
respecto a estos grupos son factores nada desdeñables a la hora de 
evaluar todas las dificultades a las que se debe hacer frente para 
llevar a buen puerto las negociaciones. 
 
c) Oportunidades 
 
A lo largo de estos años en los que el proceso de paz ha 
permanecido bloqueado y en el que los canales oficiales de 
comunicación estaban rotos las iniciativas para mantener vivo el 
proceso de paz han sido numerosas y han contado con múltiples 
escenarios. Los esfuerzos diplomáticos de Noruega no han cesado 
desde que el LTTE abandonara las negociaciones de paz en el año 
2003. La comunidad internacional ha reiterado sus llamamientos y 
presiones a las partes para que se celebraran nuevos encuentros 
destinados a poner punto final a la violencia armada. El tsunami, 
paradójicamente, supuso una oportunidad (perdida en este caso)para una fórmula de colaboración entre las partes en la gestión de 
la ayuda humanitaria. Las diferentes organizaciones de la sociedad 
civil que a lo largo de estos años han desarrollado iniciativas de 
diplomacia paralela han permanecido activas favoreciendo canales 
de comunicación y espacios de discusión al margen del no siempre 
constructivo ojo público. Sri Lanka ha desaprovechado una 
oportunidad histórica que difícilmente se repetirá en el corto plazo, 
pero tal vez de este proceso puedan extraerse algunas lecciones que 
permitan que cualquier nueva oportunidad sea la definitiva. 
 28
IV. BIBLIOGRAFÍA 
 
• COOMARASWAMY, R., FONSEKA, D. (eds.), Peace Work. 
Women, Armed Conflict and Negotiation, ICES, 2004. 
• FERDINANDS, T., RUPESINGHE, K., SARAVANAMUTTU, P., 
UYANGODA, J., ROPERS, N., The Sri Lankan Peace Process at a 
Crossroads. Lessons, Opportunities and Ideas for Principled 
Negotiations and Conflict Tranformation, CPA, FCE, INPACT, SSA 
and Berghof Foundation, 2004. 
• FISAS, V. Procesos de paz y negociación en conflictos 
armados. Paidós, Barcelona, 2004. 
• GOODHAND, J. and KLEM, B. et. al., Aid, Conflict and 
Peacebuilding in Sri Lanka, 2000-2005. The Asia Foundation, 2005 
• SAMUEL, K., “Gender difference in conflict resolution: The 
case of Sri Lanka” en Gender, peace and Conflict. 2001, PRIO. 
• UYANGODA, J., Sri Lanka’s Conflict and Peace Process: 
The International Dimension, CPA, 2005. 
 29
ALGUNOS APUNTES ACTUALES SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN SRI LANKA∗ 
 
I. INTRODUCCIÓN♣ 
 
La llegada al poder del presidente Mahinda Rajapakse en noviembre 
de 2005 condujo a un deterioro de los derechos humanos en Sri 
Lanka, particularmente, en el norte y el este del país. Pese a la 
promesa electoral de traer la paz (incluso, aunque tuviera que 
“caminar una milla extra”) los acontecimientos que la sucedieron 
difuminaron, cada vez más, esta esperanza. La escasa mayoría que 
el presidente obtuvo en las elecciones parlamentarias lo obligaron a 
depender del apoyo de radicales como el Janatha Vimukthi 
Peramuna1 (JVP) y el Jathika Hela Urumaya2 (JHU), que no creían 
en una negociación pacífica para obtener un acuerdo con los 
Liberation Tigres of Tamil Eelam3 (LTTE, de ahora en adelante, 
Tigres Tamiles). Posteriormente, con acciones como el 
nombramiento de partidarios de ultraconservadores cingaleses en 
posiciones claves de poder (Primer Ministro, Comandante del 
Ejército y Consejero de Asuntos Policiales); el presidente mandó 
señales erróneas a los Tigres Tamiles y a sus militantes. El 
detonante fue el nombramiento de los hermanos del presidente, uno 
como Secretario de Defensa y el otro como Secretario de la Policía. 
 
∗ M.C.M. Iqbal fue asesor de la por entonces Comisión Nacional para los 
Derechos Humanos de Sri Lanka (National Human Rights Commission of Sri 
Lanka) y, posteriormente, coordinador del Grupo Internacional Independiente 
de Personas Eminentes (International Independent Group of Eminent Persons) 
♣ Traducido del original en inglés por Laura M. Saus. 
1 JVP, Frente para la Liberación de la Población. 
2 JHU, Partido para el Patrimonio Nacional. 
3 LTTE, Tigres de la Liberación de la Tierra Tamil. 
 30
Posteriormente, la escalada de violencia entre el gobierno y los 
militantes del norte condujo a un deterioro de los derechos 
humanos en todo el país y, en enero 2008, se ponía fin al acuerdo 
de alto el fuego. A continuación, se exponen algunas de las 
cuestiones relativas a esta situación. 
 
 
II. ESTADO DE EXCEPCIÓN 
 
Desde su independencia ahora hace ya más de 60 años, Sri Lanka 
ha estado sometido a un Estado de excepción durante más de la 
mitad de este tiempo. Durante este periodo, los derechos humanos 
de las minorías, especialmente de los tamiles, han sido 
sistemáticamente violados y éstos se han ido distanciando de la 
corriente principal de la Administración del país. 
 
La regulación del Estado de excepción (ER, por sus siglas en inglés, 
Emergency Regulation) suspende provisiones tan relevantes de la 
ley como la protección de los derechos humanos o la supervisión del 
poder judicial entorno al arresto y detención de personas. Tanto la 
ER como la Ley antiterrorista (Prevention of Terrorism Act, PTA), 
suspendidas durante el acuerdo de alto el fuego de febrero 2002, 
fueron reactivadas en agosto de 2005, después del asesinato del por 
aquel entonces ministro de Asuntos Extranjeros. Este nuevo marco 
legal permitió al gobierno desplegar las fuerzas de seguridad para 
acordonar la zona y detener libremente a cualquier persona 
sospechosa de estar implicada en actividades terroristas. La ER 
confiere un amplio poder al secretario de Defensa para detener 
sospechosos (sin cargos) durante largos periodos de tiempo. Los 
tamiles fueron masivamente acorralados en estas operaciones. Hoy 
 31
por hoy, son numerosas las desapariciones y asesinatos bajo la 
custodia de la policía o de las fuerzas de seguridad. 
 
 
III. SECUESTROS, DESAPARICIONES Y ASESINATOS 
 
La historia de Sri Lanka es una historia plagada de desapariciones 
desde 1971 y que alcanzó el punto más álgido en el periodo 1989-
90. A partir de 1995 se redujeron pero desde 2006 la cantidad de 
desapariciones ha vuelto a aumentar. Un Comité Civil se encarga de 
monitorear las desapariciones forzosas, los secuestros, los 
asesinatos extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y las detenciones 
en el país. Desde la reactivación de la ER, el comité ha recopilado 
información de varios centenares de desapariciones forzosas. 
Muchos de estos incidentes han acontecido en zonas de alta 
seguridad y durante los toques de queda; hecho que indica, 
claramente, la implicación de la policía y de las fuerzas policiales en 
la mayor parte de éstos. 
 
Sin embargo, el gobierno continúa negando la responsabilidad de la 
mayor parte de estos secuestros, testimoniados por algunas 
personas. En la mayor parte de estos casos, los secuestrados han 
desparecido, pese a que alguno de ellos haya sido hallado, 
posteriormente, bajo arresto. Ciertamente, hay una directiva, a 
cargo del presidente, por la cual debe darse a conocer la situación 
de cualquier persona arrestada bajo custodia; pero también es 
cierto que esta directiva está siendo constantemente vulnerada. La 
otra directiva que hace referencia al derecho de la Comisión 
Nacional para los Derechos Humanos de ser informada sobre el 
arresto de cualquier detenido en base a la ER en un plazo de 48 
horas, también ha sido constantemente ignorada en un 
 32
incumplimiento por el cual, por otro lado, aún no se ha detenido a 
nadie. 
 
También ha habido un incremento del número de asesinatos de 
personas bajo custodia policial cometidos por agentes que, durante 
el juicio, alegaron legítima defensa. En su informe de mayo de 
2006, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias denunció la implicación de la 
policía en las ejecuciones sumarias, así como el hecho de que no se 
hubiese abierto ninguna investigación interna en ninguno de los 
asesinatos cometidos por la policía. 
 
El relator también señaló la falta de efectividad e imparcialidad que 
suponía remitir la investigación de casos flagrantes donde miembros 
del cuerpo policial habían sido acusados de cometer tortura o 
asesinato al Departamento de Investigación Criminal (CID). 
También constató que los pocos casos remitidos a juicio muy 
raramente habían culminado en juicio y añadió que “la falta de un 
sistema procesal eficaz en los casos de violaciones de derechos 
humanos es un problema latente en Sri Lanka (…) mucha gente 
pone en duda que sus vidas estén protegidas bajo el Estado de 
excepción”. 
 
En este informe, dirigido a la Asamblea General, el relator sugería 
que muchos de los asesinatos cometidos en Sri Lanka deberían ser 
reconocidos comoviolaciones de los derechos humanos y remitidos 
a aquellos instrumentos que se encargaban de monitorear el estado 
de éstos. En muchos de los casos de asesinatos de civiles, los 
crímenes fueron cometidos por personas no identificables que se 
presentaban en los hogares de las víctimas para dispararles o 
secuestrarlos para matarlos a continuación. Muchos de estos 
 33
cadáveres aparecieron en espacios públicos. Otros fueron 
directamente asesinados en estaciones de autobuses, calles, tiendas 
u oficinas. Estos hechos han creado pánico y terror entre la 
población, especialmente en el norte y el este del país. Y, aunque la 
mayor parte de civiles asesinados tenía entre 15 y 35 años, también 
hubo muertos de más de 60 años. Los principales acusados de 
cometer estos crímenes han sido las fuerzas de seguridad 
cingalesas, los grupos paramilitares afines a éstas y los Tigres 
Tamiles. El marcado incremento de estos hechos en el norte del país 
ha comportado que muchos tamiles pidan órdenes de “custodia 
protegida” a los magistrados locales con el fin de evitar ser 
secuestrados. Por otro lado, centenares de tamiles civiles también 
han sido víctimas de los aviones de las fuerzas de seguridad 
cingalesas, la artillería pesada, etc. La BBC estima que cerca de 
3.500 personas han sido asesinadas desde enero 2006. En estos 
casos, casi todas las víctimas han sido tamiles, excepto en aquellos 
casos de bombas en el sur donde el LTTE se ha responsabilizado de 
los atentados. 
 
 
IV. NIÑOS SOLDADO 
 
Las agencias que trabajan con niños anuncian que el reclutamiento 
de niños soldados en el LTTE ha continuado una vez fracasado el 
alto el fuego. Por otro lado, el secuestro de niños a cargo de 
militantes del norte y el este – muchos de los cuales están siendo 
entrenados para ser utilizados como soldados – también ha 
aumentado desde 2005. En el este, estos raptos se están 
produciendo de la mano de un grupo militante, el Karina, que, tras 
distanciarse del LTTE, ahora colabora con las fuerzas de seguridad 
gubernamentales. El ala política de esta facción, creada con 
 34
posterioridad con el nombre de Tamil Peoples Liberation Tigers 
(TMVP, Tigres para la Liberación del Pueblo Tamil) fue dirigida, 
inicialmente, por el Karuna y, posteriormente, por el Pillayan, que 
continuó trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad. 
Este grupo ha continuado reclutando niños por la fuerza; hecho que 
el gobierno niega con rotundidad. No obstante, distintas fuentes de 
gran credibilidad reafirman que las fuerzas armadas de Sri Lanka 
han apoyado a este reclutamiento forzado a cargo del TMVP, 
sobretodo entre niños que viven en campos del este del país. El 
gobierno no puede ignorar su responsabilidad en estos incidentes, 
que están adquiriendo dimensiones alarmantes desde 2007. 
 
 
V. DESPLAZADOS INTERNOS 
 
Desde la reanudación de las principales operaciones militares en 
abril de 2006, ha habido más de 200.000 desplazados sólo en las 
provincias del este, cifras que elevan el número total de 
desplazados víctimas del conflicto a 500.000. Porcentualmente, Sri 
Lanka tiene uno de los mayores porcentajes de desplazados 
internos del mundo, de los cuales una amplia mayoría son tamiles o 
musulmanes. Son numerosas las razones que han forzado a los 
civiles a huir, como los bombardeos aéreos o las amenazas de 
bombas tanto por parte del LTTE, como de las fuerzas armadas u 
otros grupos armados. Además, muchos de estos se han visto 
obligados a migrar en múltiples ocasiones a lo largo de los años, 
abandonando sus refugios temporales por nuevos en función de los 
cambios de área de las operaciones militares. En los últimos 
tiempos, muchos migrantes han huido hacia la India, que ya ha 
acogido centenares de miles de refugiados de etapas anteriores del 
conflicto. 
 35
Las condiciones en los campos de desplazados internos, algunos de 
las cuales se hallan en escuelas, son deplorables. Además, muchos 
de estos refugios no satisfacen los estándares de seguridad y la 
provisión de alimentos es insatisfactoria. También existen informes 
regulares sobre grupos armados que no tienen demasiadas 
dificultades para acceder a estos campos y, en ocasiones, ejercer su 
control total, continuando con los secuestros, el reclutamiento 
forzado, los asesinatos y, en general, creando una atmósfera de 
pánico entre los desplazados. En lo que atañe a las fuerzas 
gubernamentales, se las considera próximas a éstas. Las fuerzas 
armadas cingalesas se han instalado, con relativa frecuencia, cerca 
de estos campamentos pero sin proteger en modo alguno a sus 
habitantes. 
 
La educación, tanto para los autóctonos como para los desplazados, 
ha sido una de las grandes damnificadas en la lucha de las 
provincias del este. También existe el temor, entre los tamiles y los 
musulmanes desplazados, de que sus hogares sean cedidos a los 
colonos cingaleses tras conocerse informaciones fiables de personas 
armadas implicadas en el saqueo de casas abandonadas. 
 
Tal y como indicó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
refugiados en marzo de 2006, ha habido un esfuerzo coordinado y 
orquestado por parte del gobierno para devolver o recolocar a los 
desplazados en áreas identificadas por éstos como inseguras. Los 
métodos de coerción testimoniados por miembros de Naciones 
Unidas y distintas ONG incluyen la amenaza, por parte de las 
fuerzas armadas y el TMVP, el negar la asistencia humanitaria o el 
provocar ataques violentos. Esta escalada de violencia, producida 
desde septiembre de 2006, se manifiesta tanto por las cifras como 
por la dureza de los métodos usados. 
 36
VI. EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE 
EXPRESIÓN 
 
En su informe del 27 de marzo de 2006 sobre Sri Lanka, el Relator 
Especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión 
mostraba su preocupación por el hecho de que los responsables del 
ataque y asesinato de cinco periodistas en los últimos cuatro años 
no hubiesen sido ni encarcelados ni juzgados. El relator apremiaba 
al gobierno a proteger a los periodistas y otros defensores de los 
derechos humanos y lo instaba a investigar y juzgar a los 
responsables de acuerdo con las normas y estándares 
internacionales para la vulneración de los derechos humanos. 
 
De acuerdo con el Sri Lankan Free Media Movement (FMM, 
Movimiento para la Libertad de los Medios de Comunicación en Sri 
Lanka), en los últimos 16 meses, seis trabajadores vinculados a los 
medios de comunicación (de los cuales, cuatro periodistas) han sido 
asesinados. No obstante, ninguno de los crímenes contra estos 
profesionales se ha esclarecido en los últimos veinte años. 
 
En algunas ocasiones, el presidente Rajapakse, el secretario de 
Defensa y el comandante del ejército han convocado a los 
representantes de los medios para advertirles de que la críticas a la 
guerra podrían afectar a la seguridad nacional, además de a la 
moral de las fuerzas de seguridad. Posteriormente, uno de los 
ministros, enloquecido, asaltó una de las estaciones de televisión 
para advertir al editor del telenoticias que no emitiese alguna de sus 
declaraciones. Este suceso fue precedido por otros ataques a 
profesionales vinculados a los medios. Así, la libertad de los medios 
de comunicación ha sido duramente reprimida con la imposición de 
restrictivos límites en cuestiones vinculadas a asuntos militares. Las 
 37
provisiones de la ER se han usado para recortar la libertad de 
prensa e, incluso, para arrestar a profesionales de los medios con 
fines políticos. Y, pese a que organizaciones como la BBC o 
Reporteros Sin Fronteras han criticado esta situación, aún no se ha 
percibido ninguna mejora. 
 
 
VII. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ACCESO HUMANITARIO 
 
Desde agosto de 2006, las personas que viven en la península de 
Jaffna lo hacen bajo constantes toques de queda que, en algunas 
ocasiones,llegan a durar de tres a cuatro días con una breve pausa 
de algunas horas. Esto afecta al tipo de vida del norte, 
particularmente de los trabajadores más pobres. Pero el toque de 
queda también facilita los raptos, las agresiones sexuales contra las 
mujeres, los robos o las desapariciones en numerosas áreas. El 
cierre de la A9, la principal vía de acceso a Jaffna cuando el 
presidente Rajapakse asumió su cargo, ha comportado un encierro 
“virtual” de sus habitantes. Hay problemas en la provisión de los 
alimentos y medicinas enviados por barcos, ya que esta vía de 
comunicación a menudo es interrumpida bien por causa de la 
siempre presente guerra bien debido a las condiciones climáticas de 
la zona. En lo que atañe al transporte aéreo, éste no es 
económicamente viable para la mayor parte de las personas que 
residen en el norte y, las pocas que se lo pueden financiar, 
necesitan la autorización previa de los militares. 
 
En muchas ocasiones, el LTTE y el gobierno han tratado de evitar 
que los civiles abandonasen estas áreas cuando, fruto del miedo, 
han intentado escapar. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la 
ciudad de Mutur en septiembre 2006 cuando, tras la distribución de 
 38
un folleto advirtiendo a los ciudadanos que abandonasen la ciudad, 
las fuerzas armadas trataron de impedirlo. De la misma manera, el 
LTTE impidió a los civiles que abandonasen la zona de retención de 
Vaharai (en su control) en noviembre/diciembre de 2006, tras el 
estallido del conflicto entre las fuerzas armadas y el LTTE. 
 
Más recientemente, se han impuesto nuevas restricciones a los 
extranjeros que viajaban hacia el norte y el este. Estas medidas 
incluyen al personal en servicio diplomático además de trabajadores 
de organizaciones internacionales y ONGs. Este hecho ha afectado 
seriamente las ayudas y el trabajo para el desarrollo, con 
consecuencias directas para las víctimas, tanto del tsunami como 
del conflicto. Estas medidas, que restringen claramente la libertad 
de movimiento, no pueden ser justificadas bajo ninguna causa 
militar. Estas restricciones han alterado la ayuda humanitaria 
recibida y han coartado la libertad del movimiento de los ciudadanos 
del norte. 
 
 
VIII. LA INSEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
Los trabajadores de organizaciones internacionales y locales, y los 
defensores de los derechos humanos individuales y colectivos viven 
bajo una gran amenaza en Sri Lanka. Algunos ministros e, incluso, 
el presidente han afirmado constantemente que aquellos que hablan 
de derechos humanos son defensores del LTTE y que, por tanto, 
deben ser tratados como traidores. Estas acusaciones se han 
dirigido incluso a los oficiales de Naciones Unidas destinados en la 
zona para señalar y difundir qué derechos humanos eran violados 
por el gobierno. 
 39
Las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales también 
han sido víctimas de estas acusaciones, provocando cierta 
adversidad en la opinión pública del país en relación a la tarea que 
realizan, de esta manera, los activistas de derechos humanos han 
arriesgado su seguridad, amenazada por las fuerzas armadas y 
ciudadanos manipulados. Desde 2004, más de 90 defensores de 
derechos humanos han sido asesinados mientras que muchos otros 
han tenido que abandonar el país por temor a ser secuestrados o 
asesinados. 
 
 
IX. EL PODER JUDICIAL COMO PROTECTOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
El poder judicial en un país tendría que ser el responsable de 
proteger los derechos de sus ciudadanos, además de ser accesible a 
todas las personas que han visto vulnerados sus derechos. Pero esto 
no es posible si los ciudadanos no tienen confianza en el proceso 
judicial. Existe, pues, la extrema necesidad de crear un sistema 
judicial creíble ya que el actual no es ni responsable ni 
independiente. En algunas ocasiones, se ha roto el principio del juez 
natural. La interferencia política en la Corte Suprema y la Comisión 
del Servicio Judicial ha minado la independencia de este poder. Se 
han producido transferencias arbitrarias de magistrados que se 
encargaban de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzosas, y estos incidentes han contribuido a minar la imparcialidad 
de los procesos judiciales. 
 
La Fiscalía General ya no es percibida como un ente independiente. 
El Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes 
 40
(IIGEP4, por sus siglas en inglés), invitado por el presidente del país 
para monitorear el funcionamiento de la Comisión de Investigación 
(CoI) sobre Violaciones de los Derechos Humanos Graves, tuvo que 
abortar la misión y abandonar el país tras emitir un informe donde 
denunciaba que la CoI no siguió ni las normas ni los estándares 
internacionales durante sus informes. También cuestionó el rol de la 
Fiscalía General en la mencionada comisión. 
 
La policía y las fuerzas de seguridad continúan violando con 
impunidad los derechos humanos de la mayor parte de los civiles y, 
en particular, de las minorías ya que el ER concede impunidad a 
todas aquellas actuaciones realizadas bajo el principio de la “buena 
fe”. Casi ninguno de los perpetradores de violaciones de los 
derechos humanos ha sido condenado por sus acciones, pese a que 
la Corte Suprema ha sostenido que, en algunos casos, sí que se ha 
producido la violación de los derechos humanos de algunos 
individuos. No obstante, pese a que se condenase a algunos 
oficiales subalternos, no se ha investigado a los altos mandos 
responsables. En palabras de un analista legal: la pérdida de la 
imparcialidad del poder judicial de Sri Lanka ha reemplazado la “rule 
of law” por la “rule of politics”. 
 
Esta afirmación es ampliamente ilustrada por las acciones del 
mismo presidente, que ignoró las provisiones del artículo 17 de la 
Constitución al nombrar personas de su elección para cargos de 
instituciones independientes, tales como la Comisión Nacional para 
los Derechos Humanos, la Comisión Policial, etc. Esto comportó una 
devaluación de dichos cuerpos, además de cuestionarse su 
imparcialidad. Y, mientras, el presidente hace oídos sordos a las 
 
4 International Independent Group of Eminent Persons. 
 41
persistentes condenas de los juristas y de las organizaciones de 
derechos humanos. Además, debido a una sentencia de la Corte 
Suprema se ha denegado el acceso a los ciudadanos del país a 
ayudas facilitadas por Naciones Unidas para las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos. Esta sentencia establece que, 
aunque Sri Lanka haya firmado el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, no tiene validez legal al faltar una ley nacional 
que lo apoye. Y a esta tensa situación, cabe añadir que el 
presidente acaba de emitir una declaración donde confiere poderes 
policiales a los militares. Esta medida ha comportado un brutal 
deterioro de los derechos humanos en el país. Visto que el país está 
viviendo una guerra y que el LTTE también está implicado en la 
violación de los derechos humanos, no hay ninguna excusa para 
condonar las violaciones de estos ni por parte de la policía ni por 
parte de las fuerzas de seguridad. Esta decisión del presidente 
indica el grado de inviolabilidad que los derechos humanos tienen en 
el país. 
 
 
X. CONCLUSIÓN 
 
Pese a que se afirme lo contrario, el gobierno de Sri Lanka quiere 
demostrar que sí está comprometido con los principios y estándares 
democráticos. Sin embargo, no ha cumplido la promesa ni de 
mantener los estándares de protección de los derechos humanos ni 
de cooperar con Naciones Unidas. De hecho, los derechos humanos 
se han deteriorado desde hace dos años. Esta afirmación fue 
confirmada en un informe a cargo del Comisario para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas a raíz de una reciente visita al país. 
 
 42
Los abusos sistemáticos de la policía y de lasfuerzas de seguridad 
son más graves de lo que se piensa y se ha afirmado que han 
proliferado los secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos, al 
tiempo que el gobierno ignora estos hechos. Por lo menos, el 
presidente habría podido mostrar respeto por la ley suprema del 
país, la Constitución, absteniéndose de violar tan flagrantemente las 
provisiones relativas a la independencia institucional recogida en el 
artículo 17, especialmente en los casos de la Comisión Nacional para 
los Derechos Humanos y la Comisión Policial. También habría podido 
mostrar preocupación por la situación de los derechos humanos, no 
tanto creando un ministerio como confiriendo a la Comisión Nacional 
poderes adicionales y dotándola de más recursos para que se 
pudiese ocupar de ello. Por otro lado, si la protección y la promoción 
de los derechos humanos en el país es una de las funciones 
recogidas en los estatutos de la Comisión, la creación de un 
ministerio al margen con el mismo objetivo es pura hipocresía. 
 
Ante la persistencia de esta falta de derechos en el país, uno se 
pregunta cómo espera el gobierno convencer a los miembros del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus sesiones 
de mayo 2008 de ser reelegidos para otro mandato. Y, si esto 
sucede, si los esfuerzos por maquillar la horrible situación de los 
derechos humanos en el país fructifican, entonces, será un pésimo 
día para todos aquellos que luchan por la defensa de los derechos 
humanos en el mundo y que se preocupan por los ciudadanos de Sri 
Lanka5.
 
5 Nota del IDHC: Afortunadamente, MCM Iqbal no se equivocaba. Los 
esfuerzos del gobierno de Sri Lanka por intentar maquillar la realidad que se 
vive en la isla fueron fallidos y el país no renovó su mandato (en favor de 
Bahrein) como miembro del grupo asiático del Consejo de Derechos Humanos. 
Sí lo hicieron Japón, la República de Corea y Pakistán. 
 43
SUEÑOS IMPOSIBLES: TRAS LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, 
LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL CONFLICTO DE 
SRI LANKA∗ 
 
I. INTRODUCCIÓN♣ 
 
Este documento incluye, en primer lugar, una visión general de la 
escalada de la cultura de la violencia que ha conducido a una grave 
violación de los derechos humanos en Sri Lanka, incluyendo el uso 
de leyes de seguridad nacional extraordinarias. La confianza 
depositada tanto en las comisiones de Investigación como en las ad 
hoc, que han tenido más éxito encontrando cuerpos que 
funcionando dentro del sistema legal, forma parte también de este 
background histórico. Este análisis contextual viene precedido por 
un análisis más detallado del procedimiento, funcionamiento y 
averiguaciones de las Comisiones de Investigación (Commissions of 
Inquiry Act, Nº 17 de 1948) que tenían que investigar los 
numerosos casos de alegaciones donde se denunciaban graves 
violaciones de los derechos humanos, particularmente, ejecuciones 
extra judiciales y desapariciones forzadas producidas en los ochenta 
y en los primeros años de los noventa1. 
 
∗ Kishali Pinto Jayawardena es abogada y asesora legal; activista y escritora; 
subdirectora de la fundación Law and Society; columnista en la publicación 
cingalesa The Sunday Times. El presente documento forma parte de una 
publicación expresa para el IDHC. 
♣ Traducido del original en inglés por Laura M. Saus. 
1 El análisis incluye un examen crítico de los actores estatales, que no tiene 
como objetivo minimizar las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas por los actores no estatales, como es el caso de los Tigres por la 
Liberación de la Tierra Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés, Liberation Tigers 
of Tamil Eelam) o de otros grupos paramilitares como la facción Karuna), sino 
 44
Algunos de los hechos más conocidos son: 
• Que las Comisiones de Investigación han sido usadas por el 
gobierno en una descarada manera de identificar los abusos 
cometidos durante un régimen político anterior o, en los casos de 
abusos cometidos por la misma administración, cubrir estas 
atrocidades. 
• Que las averiguaciones/recomendaciones de estos órganos, aún 
cuando han funcionado con crédito, no se han seguido (por lo 
menos en el sentido de que no se han celebrado procesos judiciales 
derivados de estas investigaciones). La accountability 
(responsabilidad), en el caso de violaciones de derechos humanos, 
no se ha producido. 
• Que el fracaso en el momento de garantizar esta accountability 
en el caso de graves violaciones de derechos humanos es atribuible, 
no sólo a las omisiones del Estado sino también a la impunidad, de 
jure y de facto, de la que han gozado los perpetradores de tales 
abusos. 
 
Así pues, la frecuente falta de relevancia de las Comisiones de 
Investigación en todo el proceso legal supone un grave problema. 
En este sentido, este documento se centra en el proceso judicial y la 
fiscalía; y, en particular, examina las no-acusaciones, las 
absoluciones/retractaciones, la ausencia de apelaciones en las 
absoluciones y una inadecuada política de sentencias en relación 
con las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. 
 
 
que, bajo la premisa de que, a diferencia de los grupos terroristas, el Estado 
de Sri Lanka es responsable de gobernar de manera democrática bajo el 
marco legal y de hacerlo mediante instituciones judiciales y policiales que 
funcionen. El nivel de accountability en el Estado de Sri Lanka se aleja de este 
estándar y es en esta dimensión que las acciones estatales son evaluadas. 
 45
Sin lugar a dudas, los procedimientos judiciales en Sri Lanka no 
funcionan. La falta de investigaciones independientes y un sistema 
legal hostil han conducido a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos a estar penalizadas en todas las etapas del proceso, desde 
el momento que se presentan en la comisaría de policía hasta la 
prolongada, intensa y adversa naturaleza de los procesos legales, 
que ha tenido como consecuencia que muchos testigos hayan sido 
coaccionados/obligados a cambiar sus declaraciones, hecho que, de 
nuevo, refuerza este ciclo de impunidad. 
 
El asesinato de testigos ha sido, durante mucho tiempo, una 
característica de este ineficaz sistema judicial. La fiscalía y el 
proceso judicial es, por si mismo, problemático; la falta de voluntad 
política a la hora de procesar y condenar estas violaciones es una 
evidencia. 
 
Resulta obvio que la justicia debe aplicarse de acuerdo con la ley. La 
ley establece que, en un juicio, la condena debe estar basada en 
pruebas que vayan más allá de la duda razonable. Y, si bien es 
correcto afirmar que no podemos esperar que el tribunal supla, 
motu proprio, las omisiones de la acusación, tomando en 
consideración las circunstancias sociopolíticas de la sociedad en un 
momento determinado; también es cierto que la argumentación 
judicial que se ha visto en diversas sentencias absolutorias 
derivadas de las investigaciones de las Comisiones de 
Desapariciones (Disappearances Commissions) de 1994 y 1998, 
permiten inferir la intención de absolver al acusado en base a una 
argumentación subyacente común a todos estos casos. Estas 
circunstancias parecen haber influenciado el pensamiento del juez y 
de la acusación; viz, que estos habían sido “tiempos 
extraordinarios” y que no sería justo imponer estrictos estándares 
 46
de rendición de cuentas a los agentes de la policía o de las fuerzas 
armadas. 
 
Este razonamiento se refiere, sobretodo, a los abusos cometidos en 
el conflicto con el norte y el este del país. Efectivamente, las 
personas más marginadas y perseguidas han sido las víctimas 
civiles del conflicto del norte y del este, a las que se ha traumado en 
todo momento del proceso; desde la transferencia