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TEMA
01: Cuerpo General
Administrativo de la
Administración del Estado

El personal al servicio de las
Administraciones públicas.
Régimen jurídico.
El texto refundido del Estatuto Básico
del empleado público y demás normativa
de aplicación.
Las competencias en materia
de personal.
El Registro central de personal.

Bibliografía legislativa:
 El R.D. Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el texto refundido del
Estatuto Básico del empleado
público.
 R.D. 2169/1984, de atribución de
competencias en materia de
personal.

Bloque IV. Gestión de Personal.
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ÍNDICE:

I. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ................ 3
A. Funcionario de carrera. ............................................................................... 3
B. Funcionarios interinos. .................................................................................. 5
C. Personal eventual. ........................................................................................ 7
D. Personal laboral. ........................................................................................... 8
E. Personal directivo. ........................................................................................ 9
II. RÉGIMEN JURÍDICO: EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL
EMPLEADO PÚBLICO Y DEMÁS NORMATIVA DE APLICACIÓN ...................... 10
III. LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ............................................ 15
IV. EL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL .............................................................. 30

Página 2 de 40

1. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

La regulación de dicha materia la encontramos en Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto en su Título II que lleva
por rúbrica “Personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

El propio Estatuto establece una definición de empleado público en su artículo
8: Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en la
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

Los empleados públicos se clasifican en:

1. Funcionarios de carrera.
2. Funcionarios interinos.
3. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
4. Personal eventual.

A. Funcionario de carrera.

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria
regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios
profesionales retribuidos de carácter permanente.

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones
Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los
términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se
establezca.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, clasifica los
cuerpos y escalas de funcionarios de acuerdo con la titulación exigida para
el acceso a ellos. De acuerdo con lo que sigue:

Grupo A. Divido en dos subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se exige estar en
posesión del título universitario de Grado. La clasificación en los subgrupos
dependerá del nivel de las responsabilidades de las funciones a
desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para su acceso se exige estar en posesión del título de Técnico
Superior.

Grupo C. Divido en dos subgrupos según la titulación exigida para su
ingreso.
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Subgrupo C1, exigiéndose estar en posesión de título de Bachillerato o
técnico y, subgrupo C2, siendo necesario estar en posesión del título de
graduado escolar en educación secundaria obligatoria.

Sin embargo, tal y como dispone la Disposición Transitoria tercera de la
mencionada Ley, en tanto en cuanto no se generalice la implantación
de los nuevos títulos universitarios de Grado, seguirán siendo válidos los
títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor del Estatuto.

Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en
vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de
clasificación profesional de funcionarios mencionados anteriormente y
recogidos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.
Grupo B: Subgrupo A2.
Grupo C: Subgrupo C1.
Grupo D: Subgrupo C2.

Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición
adicional sexta. Grupos para cuyo acceso no se exija estar en posesión
de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. Los
funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la
titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 de este Estatuto.

Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de
acuerdo también, con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.

Por otro lado, de acuerdo con las funciones desarrolladas, los
funcionarios de carrera se clasifican en cuerpos generales y cuerpos
especiales.

A los funcionarios de los Cuerpos Generales les corresponde el
desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad
administrativa. Son Cuerpos Generales de la Administración del Estado:

• Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Realizan
funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter
administrativo de nivel superior. Forman parte del subgrupo A1.

• Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

Colaboran inmediatamente con los anteriores, estando incluidos
en el subgrupo A2.

• Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

Desempeñan las tareas administrativas de trámite o colaboración
no asignadas a los cuerpos anteriores. Pertenecen al subgrupo
C1.
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• Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Se
dedican a trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros
similares. Forman parte del subgrupo C2

• Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado. Se
ocupan de tareas de vigilancia, custodia, porteo o análogas. Se
integran en Agrupaciones Profesionales.

Por su parte, a los funcionarios de los cuerpos especiales les corresponde el
desempeño de actividades que constituyen el objeto de una peculiar
carrera, profesión, arte u oficio.

La creación, refundición, modificación o supresión de Cuerpos o Escalas de
la Administración del Estado deberá realizarse a través de una Ley
aprobada por la Cortes Generales. La Ley de creación habrá de contener
al menos:

1. Denominación del cuerpo.

2. Grupo en el que se clasifica, titulación exigida y sistema de
selección aplicable.

3. Fuentes.

El Gobierno está autorizado para modificar la denominación de los Cuerpos
o Escalas que contengan el nombre de algún Ministerio, Organismo o título
académico cuando se haya pronunciadola de estos, a propuesta del
Departamento a que estuvieren adscritos y siempre que ello no implique
creación, modificación, refundición o supresión de los mismos.

No se podrán crear nuevos Cuerpos o Escalas, cuando su titulación y
funciones sean idénticas a las de otros que ya existan.

Todo personal al servicio de la Administración del Estado, su Cuerpos,
Escalas, Categorías y Clases tendrán dependencia orgánica del Ministro
competente en materia de función pública (Ministro de Hacienda y Función
Pública), sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada
Departamento.

B. Funcionarios interinos.

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su
cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.
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c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán
tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce
meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses.

La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas
previstas en el artículo 63 (Causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera), cuando finalice la causa que dio lugar a su
nombramiento.

En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las
plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse
en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su
nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su
amortización.

El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de
programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por
plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá
prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la
que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en
las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente,
dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa
de carácter temporal, con el límite de duración señalado, o estén
afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interino y de personal estatutario temporal, que se realizará
únicamente en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales y requerirá la previa y expresa
autorización del Ministerio competente en materia de función pública.

Los funcionarios interinos deberán de reunir en todo caso, los requisitos
generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en
las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o Escalas como
funcionarios de carrera.

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos
trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el
Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de
funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministro competente en
materia de función pública.
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Se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados
antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que
tendrá efectos retribuidos únicamente a partir de la entrada en vigor del
mismo.

A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera. Se integran en el campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad Social y también tienen derecho a la prestación por desempleo.

C. Personal eventual.

Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de
Confianza o Asesoramiento Especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que
podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá
por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones
retributivas serán públicas.

El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso,
cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de
confianza o asesoramiento.

Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público corresponde el nombramiento y cese, que será
libre, del personal eventual en la Administración del Estado al Subsecretario.
Y al Gobierno determinar el número de puestos de trabajo reservados a
personal eventual.

La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el
acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.

En cuanto a las retribuciones, recibirá las correspondientes por sueldo y
pagas extraordinarias, correspondientes al grupo o subgrupo de
clasificación al que el Ministerio competente en materia de función pública
asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan
al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe.

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios
especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual
percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo
de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen.
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D. Personal laboral.

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por
escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal
previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las
Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste
podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo
que pueden ser desempeñados por personal laboral. Mientras no se
aprueben dichas leyes, el personal laboral podrá desempeñar los siguientes
puestos de trabajo:

a) Puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades
se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y
discontinuo.

b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los
de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos.c) Los puestos correspondientes a áreas de actividad que requieran
conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos
o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación
específica necesaria para su desempeño.

d) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las tareas
de mantenimiento conservación de edificios, equipos e
instalaciones y artes gráficas, encuestas, protección civil y
comunicación social, así como los de los puestos de las áreas de
expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo,
servicios sociales y protección de menores.

e) Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas
de trámite y colaboración y auxiliares que comporten manejo de
máquinas, archivo y similares.

f) Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y
apoyo administrativo.

g) Asimismo, los organismos públicos de investigación podrán tratar
personal laboral.

Habrá que tener en cuenta, además las siguientes notas características del
personal laboral.

• La administración no puede convertir en fija o indefinida una
relación de carácter temporal.

• La contratación del personal laboral, al margen de las normas
establecidas dará lugar a responsabilidad personal de la autoridad
o del funcionario que la hubiere autorizado.
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• El personal laboral fijo, que a la entrada en vigor de la Ley 23/1988,
de 28 de julio, se halle prestando servicios a la Administración del
Estado y sus Organismos Autónomos, así como las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en puestos
reservados a funcionarios, podrán participar en las pruebas
selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos
los correspondientes puestos, siempre que posean la titulación
necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos.

El proceso de funcionarización se llevará a cabo a través del
sistema de concurso – oposición.

E. Personal directivo.

El Personal Directivo no tiene la consideración de empleado público. Lo
encontramos regulado en el Capítulo II del Título II del TREBEP, cuyo único
artículo 13 dispone que el Gobierno y los órganos de gobierno de las
comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto,
el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios
para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes
principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas
profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales
en las normas específicas de cada Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a
criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos
que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los
criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y
control de resultados en relación con los objetivos que les hayan
sido fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal
directivo no tendrá la consideración de materia objeto de
negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal
directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a
la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

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2. RÉGIMEN JURÍDICO: EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y DEMÁS NORMATIVA DE
APLICACIÓN.

Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este Real Decreto Legislativo es fruto de la autorización al Gobierno para
aprobar un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas,
aclaradas y armonizadas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y otras disposiciones en materia de régimen jurídico del
empleo público contenidas en normas con rango de ley.

El Real Decreto Legislativo cuenta con 100 artículos repartidos en ocho títulos
junto con una Exposición de motivos, 16 disposiciones adicionales, 9
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.
Se estructura de la siguiente forma:

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación.

TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

• Capítulo I. Clases de personal.

• Capítulo II. Personal directivo.

TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados
públicos.

• Capítulo I. Derechos de los Empleados Públicos.

• Capítulo II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción
interna. la evaluación del desempeño.

• Capítulo III. Derechos retributivos.

• Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación
y participación institucional. Derecho de Reunión.

• Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y
vacaciones.

• Capítulo VI. Deberes de los empleados públicos. código de
conducta.

TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

• Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación
de servicio.

• Capítulo II. Pérdida de la relación de servicio.

TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ti
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tii
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tiii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ci-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ciii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#civ
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#civ
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tiv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ci-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ci-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cii-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tv

• Capítulo I. Planificación de recursos humanos.

• Capítulo II. Estructuración del empleo público.

• Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

TÍTULO VI. Situaciones administrativas.

TÍTULO VII. Régimen disciplinario.

TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.

Respecto al objeto dispone el artículo 1 del propio Estatuto que tiene por
objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos
incluidos en su ámbito de aplicación.

Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas.

Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentosde actuación:

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción
profesional.

c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio
garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de
carrera.

f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.

g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados
públicos.

h) Transparencia.

i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.

j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y
tareas.

k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes,
en la determinación de las condiciones de empleo.

l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y
gestión del empleo público.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ci-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#cii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#ciii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tvii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&p=20151031&tn=1#tviii

Por lo que respecta al ámbito de aplicación podemos distinguir:

Supuestos de aplicación directa del mismo, previstos en el artículo 2. Dicho
artículo establece que este Estatuto se aplicará al personal funcionario y en
lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes
Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las
ciudades de Ceuta y Melilla.

c) Las Administraciones de las entidades locales.

d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

e) Las Universidades Públicas.

En segundo lugar, cabría hablar de supuestos de personal con legislación
específica propia, recogidos en el artículo 4 del Estatuto; “Las disposiciones
de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su
legislación específica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas.

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del
Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades
autónomas.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia.

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Personal retribuido por arancel.

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito.

Cabe hablar, así mismo de supuestos de aplicación con peculiaridades; “En
aplicación del Estatuto al personal investigador se podrá dictar normas
singulares para adecuarlo a sus peculiaridades”.

Y, supuestos de aplicación supletoria; dispone el apartado quinto del
artículo dos “El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el
personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de
aplicación”.
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Respecto del Personal Funcionario de las Entidades Locales dispone el artículo
3 que se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que
forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas,
con respeto a la autonomía local.

Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la
legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para
ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

En relación con el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas
el artículo 7 establece que se rige, además de por la legislación laboral y por
las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este
Estatuto que así lo dispongan. No obstante, en materia de permisos de
nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y
lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se
regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este
personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su
caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

Finalmente, el artículo 5 hace referencia al personal funcionario de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que se regirá por sus normas específicas
y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto, mientras que su personal
laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente
aplicables.

El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán
por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en
el Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III (Derecho a la carrera profesional
y a la promoción interna), los artículos 22.3 y 24 (Retribuciones
complementarias) y el artículo 84 (La movilidad voluntaria entre
Administraciones Publicas).

El texto refundido entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado. Dicho texto se publicó el 31 de octubre de 2015.

Sin embargo, hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas
reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración
Pública de las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de
recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto.

Normativa vigente en materia de Función Pública en la Administración del
Estado.

a) Leyes en materia de función pública:

1. Ley articulada de funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1.964.
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2. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
función pública.

3. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Reglamentos de desarrollo:

1. Régimen disciplinario: Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.

2. Selección, Sistemas de Provisión y Promoción Profesional: Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

3. Situaciones Administrativas: Real Decreto 365/1995, de 10 de
marzo.

4. Registro Central de Personal: Real Decreto 1405/1986, de 6 de
junio (modificado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de
diciembre).

5. Incompatibilidades: Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

6. Rehabilitación en la condición de funcionario: Real Decreto
2669/1998, de 11 de diciembre.

7. Indemnizaciones por razón del servicio: Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo.

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3. LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL.

Normativa:

A. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública y Real Decreto 2169/1984 de desarrollo.

B. Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de
competencias en materia depersonal.

C. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración general del Estado.

D. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En esta materia debemos tener en cuanta las normas de jerarquía normativa y
los reglamentos de estructura orgánica básica de los departamentos de los
distintos ministerios, en concreto en nuestro caso, del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública
dispone que todo el personal al servicio de la Administración del Estado,
tendrá dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de
la que funcionalmente tenga con cada Departamento. Téngase en cuenta
que las referencias al Ministerio o al Ministro de la Presidencia contenidas en la
presente Ley deben entenderse realizadas al Ministerio o Ministro de Hacienda
y Función Pública. (Hoy Ministerio de Política Territorial y Función Pública)

El Capítulo Primero de la citada ley lleva por rúbrica “Órganos superiores de la
Función Pública” en los siguientes términos:

El Gobierno (ver ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno):

El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración
del Estado. Corresponde en particular al Gobierno:

a) Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus
competencias en materia de personal los distintos órganos de la
Administración del Estado.

b) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los
representantes de la Administración del Estado cuando proceda la
negociación con la representación sindical de los funcionarios
públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y
eficacia a los Acuerdos alcanzados mediante su aprobación
expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para los
casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.
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c) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la
representación de la Administración del Estado en la negociación
colectiva con el personal sujeto al derecho laboral.

d) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del
régimen retributivo de los funcionarios públicos y personal al servicio
de la Administración del Estado.

e) Derogado

f) Derogado.

g) Aprobar la oferta de empleo de la Administración del Estado.

h) Aprobar la estructura en grados del personal de la Administración
del Estado, los intervalos de niveles de puestos de trabajo asignados
a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de promoción
profesional de los funcionarios públicos.

i) El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente
atribuidas.

El Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, añade a
estas funciones del Gobierno dos:

a) Aprobar, previa deliberación del Consejo Superior de la Función
Pública, los criterios para coordinar la programación de las
necesidades de personal a medio y largo plazo de las
Administraciones Públicas.

b) Aprobar, previa deliberación del Consejo Superior de la Función
Pública, los criterios de coordinación de los planes de oferta de
empleo de las Administraciones Públicas.

(Debe tenerse en cuanta, que el Consejo Superior de la Función Pública ya
no existe, por la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público).

Ministro de la Presidencia. (Ministerio de Política Territorial y Función Pública):

* Toda referencia al Ministerio de la Presidencia debe entenderse hecha al
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyen las Leyes, compete
al Ministro de la Presidencia el desarrollo general, la coordinación y el
control de la ejecución de la política del gobierno en materia de personal al
servicio de la Administración del Estado. Corresponde en particular:

a) Proponer al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen
Estatutario de los Funcionarios Públicos y los demás proyectos de
normas de general aplicación a la Función Pública. Cuando se trate
de proyectos normativos referentes a funcionarios sujetos a un
régimen singular o especial, la propuesta será a iniciativa del
Ministerio competente.
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b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes,
medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el
servicio, la formación y la promoción del personal al servicio de la
Administración del Estado.

c) Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del
Estado de las normas de general aplicación en materia de personal
y velar por la observancia en las demás Administraciones Públicas
de las Leyes o disposiciones estatales que les sean directamente
aplicables.

d) Ejercer las demás competencias que en materia de personal le
atribuye la legislación vigente.

El Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, que le
corresponde, en relación con el personal funcionario, proponer al Gobierno:

a) Los proyectos de normas de general aplicación a la Función
Pública.

b) Los proyectos de normas específicas relativas a las peculiaridades
del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios
postales y de telecomunicación y del destinado en el extranjero, a
iniciativa de los Departamentos correspondientes.

c) Los criterios de coordinación de los Planes de Oferta de Empleo de
las Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo
Superior de la Función Pública o, en su caso, de la Comisión de
Coordinación de la Función Pública.

d) La aprobación de la Oferta de Empleo Público.

e) La estructura en grados y los intervalos de niveles que correspondan
a cada Cuerpo o Escala.

f) La adscripción concreta de Cuerpos y Escalas a un Departamento u
Organismo, previo informe del Departamento al que figuren
adscritos.

g) La regulación de los contenidos mínimos homogeneizadores de los
Registros de Personal y los requisitos y procedimientos para su
utilización recíproca, previa deliberación del Consejo Superior de la
Función Pública.

h) Las normas reguladoras del Registro Central de Personal.

i) Los criterios, requisitos y condiciones con arreglo a los cuales los
funcionarios de la Administración del Estado podrán integrarse en
otros Cuerpos y Escalas de su mismo grupo.
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j) Los requisitos y condiciones para el acceso de los funcionarios
españoles de los organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas
correspondientes de la Administración del Estado.

k) La adscripción con carácter exclusivo de puestos de trabajo a
funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala, a iniciativa de los
Departamentos correspondientes.

l) La regulación de procedimientos para la adquisición de los grados
superiores de los Cuerpos y Escalas mediante la superación de
cursos de formación u otros requisitos objetivos.

m) La separación del servicio, previa la instrucción de expediente
disciplinario, a iniciativadel Departamento correspondiente.

n) Las convocatorias de pruebas unitarias de selección para el ingreso
en los distintos Cuerpos o Escalas.

o) La convocatoria de concursos unitarios de traslados para
funcionarios de diferentes Cuerpos o Escalas.

p) La unificación de Cuerpos y Escalas de igual grupo, cuando tengan
asignadas funciones sustancialmente coincidentes en su contenido
profesional y en su nivel técnico y siempre que de la unificación se
deriven ventajas para la gestión de los servicios.

q) La declaración a extinguir de Cuerpos o Escalas cuando lo exija el
proceso general de racionalización.

r) Los criterios, requisitos y condiciones para que los funcionarios de los
Cuerpos o Escalas declarados a extinguir se integren en otros
Cuerpos o Escalas.

s) La reordenación, agrupación y clasificación de las plazas no
escalafonadas integrándolas, en su caso, en Cuerpos o Escalas.

t) La clasificación e integración, en su caso, en Cuerpos o Escalas del
personal que perciba el total de sus retribuciones con cargo a
créditos de personal vario sin clasificar.

u) La jubilación anticipada de los funcionarios de Servicios Centrales o
Periféricos de Madrid, pertenecientes a Cuerpos o Escalas
afectados por el proceso de transferencias y acogidos al régimen
de derechos pasivos, previo informe de la Comisión Superior de
Personal.

v) La clasificación de las funciones ejercidas por el personal
contratado administrativo, previo informe de los correspondientes
Ministerios.

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El Ministro de la Presidencia ejercitará, asimismo, las siguientes
competencias:

a) El desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de
la política del Gobierno en materia de personal al servicio de la
Administración del Estado.

b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes,
medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento del
personal.

c) Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del
Estado de las normas de general aplicación en materia de personal,
así como la inspección sobre todo el personal sometido a su
dependencia orgánica.

d) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y acordar su
publicación, determinando los requisitos exigibles para el
desempeño de puestos de trabajo, a propuesta de los Ministerios
correspondientes.

e) La determinación de los requisitos y pruebas para el acceso desde
Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros correspondientes de
grupo superior, bien con carácter general o en las correspondientes
convocatorias, y todo ello sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quince de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

f) Administrar y gestionar los regímenes especiales de la Seguridad
Social de los funcionarios.

g) La designación de los representantes del Ministerio de la Presidencia
en las Comisiones de Análisis de los Programas alternativos de gasto.

h) Ejercer las demás competencias que en materia de personal le
atribuye la legislación vigente.

Ministro de Economía y Hacienda:

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en
el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a
que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del
Estado, así como autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda
suponer modificaciones en el gasto.

Comisión Superior de Personal:

La Comisión Superior de Personal se configura como un Órgano colegiado
de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de
la política de personal al servicio de la Administración del Estado. Ejercerá
las competencias y funciones que le atribuye la legislación vigente. El
Gobierno, por Real Decreto, regulará su composición y funciones.
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(Tener presente el Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula
la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal).

El Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, hace
referencia a otros órganos:

• Secretario de Estado para la Administración Pública.

• Dirección General de la Función Pública.

En esta cuestión tendremos en cuanta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ya que como comentábamos
anteriormente, tienen mayor jerarquía normativa. (Ver tema 7 Bloque I)

Por otro lado, mencionar el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, establece que el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

A. La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, de la
que dependen los siguientes órganos directivos:

1º. La Secretaría General de Función Pública, con rango de
Subsecretaría, de la que dependen los siguientes órganos:

a. La Dirección General de la Función Pública.

b. La Dirección General de Gobernanza Pública.

c. La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de
Dirección General.

2º. La Secretaría General de Coordinación Territorial, con rango
de Subsecretaría, de la que dependen los siguientes órganos
directivos:

a. La Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local.

b. La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y
Local.

c. La Dirección General de la Administración General del
Estado en el Territorio

B. La Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública, de la que
depende la Secretaría General Técnica.

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Por su parte, el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, desarrolla las funciones de cada uno de ellos, entre los que
destacamos:

Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública es el órgano
superior del Departamento al que corresponde, bajo la superior dirección
de la persona titular del Ministerio, el impulso, dirección y gestión de la
política del Gobierno en lo referente a la organización y actividad territorial
del Estado, a la Administración General del Estado en el territorio, así como
a las relaciones institucionales con las comunidades autónomas y las
entidades locales.

Igualmente, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio, le
corresponde el impulso, la dirección y gestión de la política del Gobierno en
materia de función pública y su régimen jurídico, empleo público, régimen
retributivo de la función pública en coordinación con el Ministerio de
Hacienda, gobernanza pública y organización de la Administración General
del Estado, régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y Altos cargos, la formación de los empleados y
empleadas públicas, el régimen de mutualismo administrativo del personal
funcionario civil del Estado, la coordinación de la política de personal entre
las distintas administraciones públicas, las relaciones con las organizaciones
sindicales en el ámbito de la función pública y la coordinación, impulso y
gestión de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el
ámbito de la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que
correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores,Unión Europea y
Cooperación.

Asimismo, corresponde a la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública el impulso y coordinación de la Conferencia de Presidentes,
así como la Presidencia de la Comisión Superior de Personal y del Consejo
de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la
vicepresidencia de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.

De la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública dependen
la Secretaría General de Coordinación Territorial y la Secretaría General de
Función Pública, ambas con rango de Subsecretaría.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de
Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de Subdirección General.

Está adscrito a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, el Instituto para la
Evaluación de Políticas Públicas.

Están adscritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, los
organismos autónomos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado e Instituto Nacional de Administración Pública.
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Secretaría General de Función Pública.

La Secretaría General de Función Pública es el órgano directivo al que
corresponde, bajo la autoridad de la persona titular de la Secretaría de
Estado de Política Territorial y Función Pública, el impulso y la coordinación
de las competencias atribuidas al departamento referentes a función
pública, administración y gobernanza públicas y en particular las funciones
que se enumeran a continuación:

a) El régimen jurídico de la función pública, así como la gestión del
régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno, altos cargos y del personal al servicio de la
Administración General del Estado, de sus organismos públicos y del
sector público estatal

b) El régimen retributivo de la función pública, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda.

c) La coordinación de la política de personal entre la Administración
General del Estado, las administraciones de las comunidades
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades
locales.

d) Las funciones de la Administración General del Estado en materia
de función pública local.

e) La gestión de talento en la Administración General del Estado y la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en
los cuerpos y escalas de carácter interdepartamental adscritas a la
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

f) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la
Administración General del Estado; la coordinación de acuerdos y
pactos en relación con la negociación colectiva de los empleados
y empleadas públicas de la Administración General del Estado
derivadas de las mesas de negociación de personal funcionario y
laboral.

g) El impulso de propuestas de reforma de la Administración Pública,
teniendo en cuenta, en particular, las iniciativas que propongan los
órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y
cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o privadas.

h) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas
de la Administración General del Estado y de sus procedimientos, así
como la inspección de servicios de dicha administración y los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

i) La elaboración de proyectos de disposición de carácter general en
materia de organización y procedimiento. Aquellas normas que
afecten a la actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos se elaborarán y tramitarán conjuntamente con
el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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j) La política de reducción de cargas administrativas y la simplificación
y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los
servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del
Estado.

k) El fomento de los programas de atención al ciudadano y la gestión
del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

l) El impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de
gobierno abierto, en iniciativas orientadas al desarrollo de los
principios de la transparencia, la participación ciudadana, la
rendición de cuentas y la colaboración.

m) La coordinación de las unidades de información de la
Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, así como dictar indicaciones
para la dinamización e impulso del derecho de acceso.

n) La formación de los empleados y empleadas públicas.

ñ) El régimen del mutualismo administrativo del personal funcionario
civil del Estado.

o) La coordinación e impulso de los asuntos de carácter internacional
que se produzcan en el ámbito de la Secretaría General, sin
perjuicio de las funciones que correspondan al Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

p) Las relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo.

De la Secretaría General de Función Pública dependen los siguientes
órganos directivos:

a) La Dirección General de la Función Pública.

b) La Dirección General de Gobernanza Pública.

c) La Oficina de Conflictos de Intereses, con rango de Dirección
General.

Dependiendo directamente de la Secretaria General, y como órgano de
apoyo y asistencia inmediata de su titular, existe un Gabinete Técnico con
nivel de subdirección general.

Dirección General de la Función Pública.

Corresponden a la Dirección General de la Función Pública las siguientes
funciones:

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a) El estudio de los proyectos y directrices en materia retributiva y de
dotaciones de puestos de trabajo y de las propuestas de
aprobación y modificación de las relaciones y catálogos de puestos
de trabajo en la Administración General del Estado, así como la
autorización de nombramientos de personal funcionario interino, de
personal estatutario temporal y de contratos de personal laboral
temporal en dicho ámbito, en coordinación con la Dirección
General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda.

b) La elaboración y propuesta de la Oferta de Empleo Público de la
Administración del Estado, la realización de estudios sobre
necesidades de personal de la Administración del Estado y sobre los
criterios de asignación eficiente de los efectivos de la misma; el
diagnóstico sobre la situación en materia de recursos humanos en el
sector público institucional estatal, la elaboración de bases
comunes y el informe de las convocatorias para el acceso a la
condición de empleado y empleada pública de la Administración
General del Estado y del sector público institucional estatal y la
convocatoria de procesos selectivos para el acceso por ingreso
libre o promoción interna del personal laboral del Convenio Único
de la Administración General del Estado.

c) La realización de estudios sobre carrera administrativa, movilidad y
desempeño profesional del personal al servicio de la Administración
General del Estado, la tramitación de los procesos de adquisición y
pérdida de la condición de empleado o empleada pública, la
autorización y, en su caso, gestión de los procesos de movilidad
interministerial y provisión de puestos de personal funcionario, el
ejercicio de las competencias atribuidasa la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Función Pública en materia de situaciones
administrativas; la gestión de los procedimientos de personal
derivados de la dependencia orgánica de los cuerpos y escalas
adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, y la convocatoria y resolución de
procesos de provisión de puestos de trabajo del ámbito del
convenio único del personal laboral de la Administración General
del Estado.

d) La autorización y, en su caso, tramitación de comisiones de servicio
y otras formas de provisión de puestos de trabajo de la
Administración General del Estado por personal procedente de
otras administraciones públicas, con la excepción de los
procedimientos de concurso y libre designación de personal
funcionario; la autorización previa para la provisión de puestos de
trabajo en otras administraciones públicas, mediante libre
designación, por personal funcionario de cuerpos o escalas
adscritos a la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función
Pública.

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e) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la
Administración General del Estado; la dirección, coordinación,
desarrollo y propuesta de acuerdos y pactos en relación con la
negociación colectiva de los empleados y empleadas públicas de
la Administración General del Estado derivadas de las mesas de
negociación de personal funcionario y laboral; el asesoramiento en
materia de negociación colectiva en el ámbito de la Administración
General del Estado y la coordinación y apoyo en los procesos de
elecciones sindicales, así como la participación en los foros
europeos e internacionales relativos a esta materia.

f) La coordinación, promoción e interlocución con organizaciones
sindicales y el impulso de la prevención de riesgos laborales en la
Administración General del Estado, en el marco de lo dispuesto en
la normativa aplicable.

g) El establecimiento, en la Administración General del Estado, en
materia de acción social, responsabilidad social corporativa e
igualdad y no discriminación de los empleados y empleadas
públicas, de criterios comunes, coordinación, promoción, impulso y
planes de formación, así como la elaboración de informes y
memorias en dichas materias y la participación en los foros
europeos e internacionales relativos a esta materia.

h) La coordinación y cooperación con los organismos competentes en
materia de función pública de las administraciones de las
comunidades autónomas, así como la participación en foros
europeos y de otros organismos internacionales que afecten a las
competencias de la Dirección General, y el estudio e informe de los
actos y disposiciones en materia de función pública emanadas de
las comunidades autónomas.

i) La emisión de informes y contestación de consultas formuladas por
otras administraciones públicas relativas a la Función Pública Local
respecto a la normativa básica estatal.

j) El ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración
General del Estado en relación con el personal funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, salvo
las que correspondan al órgano competente en materia de
Haciendas Locales, y la gestión del registro integrado de este
personal.

k) La incoación de expedientes disciplinarios a personal funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el
marco de lo dispuesto en la normativa aplicable.

l) El estudio, informe y propuesta de las medidas de ordenación y
modernización de la función pública, de la normativa básica sobre
régimen jurídico del empleo público y de la normativa sobre
régimen jurídico de los empleados y las empleadas públicas de la
Administración General del Estado.
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m) La asesoría en materia de recursos humanos del sector público
estatal, proporcionando asistencia técnica a los departamentos
ministeriales y restantes administraciones públicas, así como la
información a los empleados y las empleadas públicas de la política
de los recursos humanos.

n) La gestión del Registro Central de Personal.

ñ) El seguimiento y análisis de las retribuciones de los cargos electos y
de los puestos de empleados y empleadas públicas de las
administraciones de las comunidades autónomas y entidades que
integran la Administración Local.

o) La realización de proyectos de atracción, desarrollo y retención de
talento en la Administración General del Estado.

Dependen de la Dirección General de la Función Pública los siguientes
órganos:

a) La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y
Retribuciones, a la que corresponden las funciones contenidas en
las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en
las letras c) y d) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones Laborales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras
e), f) y g) del apartado 1 de este artículo.

d) La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en
las letras h), i) j) y k) del apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia
de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en las letras l) y m) del apartado 1 de este
artículo.

f) La Subdirección General del Registro Central de Personal, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en las letras
n) y ñ) del apartado 1 de este artículo.

Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública.

Corresponde a la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública
desempeñar las funciones enumeradas en el artículo 63 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la dirección,
impulso y supervisión de los órganos directivos y de las unidades
directamente dependientes.
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Como órgano directivo directamente dependiente de la persona titular del
Ministerio, corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría de Política
Territorial y Función Pública la representación ordinaria del Ministerio, la
dirección, impulso y coordinación general de los servicios comunes del
Departamento, el ejercicio de las competencias correspondientes a dichos
servicios comunes, así como la asistencia a la persona titular del
Departamento en la elaboración y aprobación de los planes de actuación
del Departamento y de los organismos públicos adscritos.

Especialmente, se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones:

a) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones relativas a
la participación del Departamento en los órganos colegiados del
Gobierno y en los de colaboración y apoyo al Gobierno.

b) La asistencia a la persona titular del Ministerio en el control de
eficacia del ministerio y sus organismos públicos.

c) La responsabilidad del asesoramiento jurídico a la persona titular del
Ministerio en el desarrollo de las funciones que a ésta le
corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad
normativa y en la producción de los actos administrativos de la
competencia de aquella, así como a los demás órganos del
Ministerio.

d) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos del
Ministerio y la coordinación de los correspondientes alas entidades
y organismos públicos adscritos, así como el seguimiento de la
ejecución presupuestaria y tramitación de sus modificaciones.

e) La gestión económica y financiera, así como la planificación y
seguimiento de la contratación administrativa.

f) La planificación, dirección y administración de los recursos humanos
de los servicios centrales del Departamento y las relaciones con las
organizaciones sindicales y entidades representativas del personal,
así como la gestión de los planes de formación, acción social y de
los programas de prevención de riesgos laborales.

g) La tramitación de los expedientes de compatibilidad relativos al
personal del Ministerio, así como de los organismos públicos y
entidades vinculados al mismo a los que resulte de aplicación la
normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas. Asimismo, la tramitación de los
expedientes disciplinarios del personal del Departamento.

h) La ejecución de los planes y programas de inspección de los
servicios y la evaluación del funcionamiento de los órganos y
unidades de los servicios centrales, entidades y organismos públicos
adscritos.

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i) El ejercicio de las funciones de la Unidad de Información de
Transparencia del Ministerio, según lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el apoyo en la coordinación de
las iniciativas de este Departamento en materia de Gobierno
Abierto; así como el ejercicio de las funciones de Unidad de Gestión
de Quejas y Sugerencias de los servicios centrales del
Departamento, según lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración General del
Estado.

j) El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio,
según lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se
regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del
Estado.

k) La gestión de bienes materiales, muebles e inmuebles y su
inventario, los arrendamientos, la ejecución de obras y el
mantenimiento y conservación de los edificios de los servicios
centrales del Ministerio.

l) La dirección y coordinación de los servicios de información
administrativa y de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro,
así como de los servicios técnicos, de seguridad, de reprografía y,
en general, los de régimen interior y asuntos generales de los
Servicios Centrales del Ministerio.

m) La liquidación de los extinguidos Patronatos de Casas de
Funcionarios Civiles del Estado.

n) Las funciones y tareas que el Decreto 1555/1959, de 12 de
septiembre, y las disposiciones posteriores atribuían a la Comisión
Liquidadora de Organismos.

ñ) Respecto de los servicios centrales del departamento, la
planificación, dirección y coordinación de los desarrollos de los
sistemas de información; la elaboración, preparación y propuesta
de necesidades de los recursos tecnológicos; así como la prestación
de servicios en materia de tecnologías de la información y la
dirección y coordinación del portal web, sede electrónica e
Intranet.

o) Elaboración, desarrollo y ejecución de los planes de digitalización
del departamento, así como la implantación y seguimiento de los
planes de trasformación digital de la Administración General del
Estado, respecto de los servicios centrales del departamento, en
coordinación con la Secretaría General de Administración Digital
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

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A continuación, haremos un cuadro comparativo de las cuestiones que más
dudas generales, de acuerdo con las distintas normas:

Ley 40/2015 RD 2169/1984
Libre designación Subsecretario Ministro o Secretario de Estado
Convocar concurso Subsecretario Ministro
Aprobar la oferta de empleo público Gobierno Ministro de la Presidencia
Selección y provisión de personal Subsecretario

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4. EL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL.

El artículo 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público regula los Registros de personal y Gestión integrada de recursos
humanos, en los siguientes términos:

1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se
inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2
y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de
determinados colectivos.

2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada
sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector público.

3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los
contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios
que permitan el intercambio homogéneo de la información entre
Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de
protección de datos de carácter personal.

4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de
recursos humanos.

5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad
financiera o técnica, la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos
contemplados en este artículo.

Por su parte, la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública, regula en su artículo 13 el Registro Central de Personal en el
que ha de inscribirse todo el personal al servicio de la Administración del
Estado.

“1. En la Dirección General de la Función Pública existirá un Registro Central en
el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración del
Estado, y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten
a la vida administrativa del mismo.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará las normas
reguladoras del Registro Central y el programa para su implantación
progresiva.”

En desarrollo de este precepto se dictó el Real Decreto 1405/1986, de 6 de
junio, por el que se aprobó el reglamento del registro central de personal y las
normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas,
modificado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre. Esta norma
regula su funcionamiento y establece con carácter básico una serie de
contenidos mínimos homogeneizadores para todos los Registros de Personal,
en cumplimiento del citado artículo 13 de la Ley 30/1984.
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El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la Administración
General del Estado en el que se inscribe el personal al servicio de la
administración pública, y en el que se anotan preceptivamente los actos que
afecten a su vida administrativa.

El Registro Central de Personal cumple las siguientes finalidades:

a) Garantizar la constancia registral de los expedientes personales u hojas
de servicio del personal en él inscrito, mediante las correspondientes
inscripciones y anotaciones, como garantía para los interesados y
como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos humanos
comprendidos dentro de su ámbito de inscripción.

b) Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector
públicoestatal que los órganos responsables de su planificación
necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución.

El Registro Central de Personal tiene la condición de registro único del personal
comprendido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que, dentro de
dicho ámbito, aquellos órganos que ostenten competencias en materia de
personal puedan establecer sistemas complementarios de información sobre
recursos humanos para el adecuado ejercicio de sus funciones, garantizando
en todo caso la coherencia de sus datos con los obrantes en el Registro
Central de Personal.

El Registro Central de Personal realizará las siguientes funciones:

a) Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal
comprendido en su ámbito de aplicación.

b) Llevar a cabo las actuaciones precisas para que los órganos
responsables de la ordenación, planificación y gestión de los recursos
humanos del sector público estatal dispongan de la información
necesaria al efecto.

c) Desarrollar las acciones necesarias para coordinar el Registro Central
de Personal con los Registros de Personal de las restantes
Administraciones públicas.

d) Desarrollar la gestión informática del Sistema de Información del
Registro Central de Personal.

e) Impulsar la implantación y el desarrollo de procesos informáticos de
ayuda a la gestión de recursos humanos.

Organización:

El Registro Central de Personal estará integrado en el Ministerio de
Administraciones Públicas a través de la Dirección General que determine
su Real Decreto de estructura (actualmente Dirección General de la
Gobernanza pública).
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La jefatura del Registro Central de Personal corresponderá al titular del
órgano que se determine en el Real Decreto de estructura del Ministerio de
Administraciones Públicas.

El Registro Central de Personal actúa a través de su oficina central y sus
oficinas delegadas. Éstas existirán en todos los Departamentos ministeriales y
en aquellos organismos públicos en los que el volumen o complejidad del
trabajo así lo aconsejen.

Las oficinas delegadas actúan bajo la supervisión del Registro Central de
Personal y en cumplimiento de sus directrices. Los jefes de dichas oficinas
dependerán funcionalmente, en todo caso, de la jefatura del Registro
Central de Personal.

El sistema de información del Registro Central de Personal es el instrumento
técnico para el soporte informatizado a la gestión del Registro Central de
Personal y está formado, en todo caso, por los siguientes subsistemas:

a) Base de datos de expedientes personales.

b) Base de datos de gestión de recursos humanos, que integrará las
estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo,
catálogos y plazas de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos con los expedientes personales de los efectivos
inscritos en el Registro Central de Personal.

c) Base de datos de información sobre recursos humanos del sector
público, que almacenará indicadores e información acerca de los
efectivos empleados por el sector público estatal y las restantes
Administraciones públicas.

El Sistema de información establecerá y garantizará el correcto
funcionamiento de los medios técnicos necesarios para:

a) Permitir la realización de las inscripciones y anotaciones registrales y
la consulta de los datos registrados por medios de transmisión
electrónica.

b) Garantizar que las certificaciones emitidas por el Registro Central de
Personal se correspondan íntegra y auténticamente con el
contenido de los expedientes personales conservados en soporte
óptico o electrónico, y éstos, a su vez, con los documentos
originales.

c) Permitir a los órganos competentes en materia de personal la
consulta y utilización de las tablas y formatos vigentes en cada
momento, utilizando para ello medios de transmisión electrónica.

d) Recoger y facilitar la información necesaria sobre los recursos
humanos de las Administraciones públicas y el sector público a los
órganos responsables de su planificación y gestión.
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e) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y su
normativa de desarrollo.

Ámbito registral:

1. Personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos
Autónomos.

2. El Personal civil de la Administración Militar y sus Organismos
Autónomos.

3. El Personal Funcionario de la Administración de la Seguridad Social.

4. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Dicentes Universitarios
regulados por el Estado.

5. El Personal de órganos, organismos o universidades si así se acuerda
en convenios suscritos al efecto entre el Ministerio competente en
función pública y la Administración de que se trate.

La jefatura del Registro Central de Personal podrá delegar en los órganos
competentes en materia de personal de los Ministerios u organismos la
realización de inscripciones y anotaciones.

Documentos registrales:

El Secretario de Estado para la Administración Pública aprobará los formatos
normalizados de los documentos registrales para facilitar los asientos y
garantizar su homogeneidad.

Los documentos registrales recogerán los datos personales, administrativos y
de destino del interesado, la fecha de la formalización del acto o
resolución, la fecha o condición de inicio de sus efectos, el plazo o
condición de finalización de los mismos y la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», si procediera, junto con todos los restantes datos
que sean necesarios para que los actos, resoluciones y cualquier otra
información que deba ser registrada queden perfectamente determinados.

El número de registro de personal:

El número de registro de personal se asigna por el Registro Central de
Personal previamente a la inscripción, y sirve para identificar la relación
existente entre una persona y la correspondiente Administración.

A una misma persona le corresponderán tantos números de registro de
personal como nombramientos como funcionario de Cuerpos o Escalas o
personal eventual haya tenido, o contratos laborales haya suscrito.

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El número de identificación personal:

El Registro Central de Personal asignará un número de identificación
personal, que estará basado en el número del documento nacional de
identidad cuando inscriba ciudadanos españoles. Este número será el
mismo durante toda la vida administrativa de los interesados, por lo que no
podrá ser modificado una vez asignado, salvo para corregir errores
materiales.

En ningún caso podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número,
ni podrá reutilizarse uno que hubiera sido asignado anteriormente a otra
persona, aunque ésta ya no estuviera de alta en el Registro.

Quienes al inscribirse por primera vez en el Registro Central de Personal
hubieran aportado un documento identificativo distinto del documento
nacional de identidad, por carecer de él, conservarán durante toda su vida
administrativa el número de identificación personal que se les hubiera
asignado en su primera inscripción.

Asientos registrales:

Los actos relativos al personal comprendido en el ámbito del Reglamento
darán lugar a dos tipos de asientos registrales: inscripciones y anotaciones.

a) Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el
establecimiento de cualquier relación laboral o funcionarial de una
persona con la Administración.

b) Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos