En los supuestos en que cualquier persona oferte y pretenda obtener un lucro con la prestación de servicios en materia de gestión integral de riesgos sin contar con autorización correspondiente, los obligados podrán realizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad para que realice las investigaciones correspondientes, así como ante la Secretaría misma que dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.