La obligación de respetar los convenios internacionales vigentes, que la CS le exige al Poder Ejecutivo en la situación problemática analizada, constituye: Un deber jurídico del estado Una directiva implícitamente contenida en toda delegación legal, tendiente a evitar la transgresión de un tratado internacional Un deber moral del estado Un elemento necesario tendiente a cultivar el debido respeto por el derecho extranjero Un imperativo que surge de la propia constitución nacional