Por un municipalismo democrático para que el «No pagamos la deuda ilegítima» no sea un mero canto al viento, o aún peor, el desencadenante del estrangulamiento financiero de las arcas municipales por parte de los bancos, tendrá que venir acompañado por un movimiento social amplio, así como por una declaración de desobediencia compartida por un buen número de administraciones. De forma parecida, el nivel municipal resulta a menudo demasiado estrecho como espacio de gestión democrática de bienes y servicios que o bien requieren de una gran cantidad de recursos o bien comprenden marcos territoriales más amplios. Sin necesidad de apuntar al hecho de que compartimos una misma atmósfera y un mismo ecosistema, y que este está sometido a una presión que lo arrastra a una crisis ecológica de amplias magnitudes, y que tal situación requiere de decisiones que se deben producir a escala global, a nivel propiamente local hay una innumerable cantidad de elementos en los que el municipio se queda claramente corto. Elementos esenciales como el régimen hídrico, la calidad del aire, el sistema de transportes, la prestación de servicios complejos (como la atención hospitalaria), la educación especializada y superior, sólo pueden tener una gestión adecuada a nivel regional. El municipalismo libertario que se analizaba en el primer capítulo se concibió como una «federación» de comunidades locales, pequeñas polis democráticas, que entraban en alianza de forma libre y voluntaria. El presupuesto era que la democracia se tendía a diluir a medida que se elevaba la escala territorial y la concentración de poderes. Para que este modelo de democracia construido de «abajo a arriba» fuera eficaz, se presuponía que los sujetos «federados» eran relativamente iguales, al menos en lo que se refería a su territorio y peso demográfico, cuando no al grado de riqueza y a la capacidad de generarla. Todavía en la década de 1860 esta era la situación que los republicanos federales podían imaginar. Su proyecto político se pensó para un país en el que las diferencias entre las «provincias» o «cantones» eran mucho menores que las actuales: no existían entonces grandes metrópolis, ni tampoco un sinnúmero de comarcas prácticamente abandonadas por el éxodo rural. En esa época, las diferencias entre las provincias más ricas y pobladas (como Barcelona o Madrid) y las más pobres (como Zamora o Almería) eran de uno a diez, como mucho. ¡Hoy son de uno a cien! La organización capitalista del territorio, que se despliega desde hace siglos, ha producido el fenómeno del desarrollo desigual y de los patrones centro-periferia que componen la geografía del capitalismo mundial integrado. Se trata de un proceso de desigualdad geográfica que ya se conocía en el siglo XIX, pero todavía entonces la base agraria y comercial de las sociedades de la primera industrialización, apenas habían empezado a producir los fenómenos de concentración de riqueza y de población que hoy conocemos. En términos políticos, para una región como Madrid, el proyecto municipal tiene que adaptarse a entidades territoriales que son claramente desiguales en términos de riqueza y población. Además deberá entender que los vectores económicos que producen estos patrones de desigualdad geográfica vienen determinados dentro de un marco que cuando menos tiene una escala regional. De nuevo si se considera el caso de Madrid, los proyectos de municipalismo democrático tienen que reconocer necesariamente que los municipios del sur son mucho más populosos y de menor renta per cápita que los del norte y el oeste de la región. A grandes rasgos, los primeros son las áreas de habitación de la vieja clase obrera y del nuevo proletariado de servicios de una misma gran ciudad. Y por eso, en estos se concentran la mayoría de los polígonos industriales, de las zonas logísticas y de las instalaciones contaminantes como las plantas de tratamiento de desechos (incineradoras, depuradoras, etc.). Los segundos, sin embargo, además de ubicarse en las áreas más beneficiadas en términos ecológicos y climáticos, constituyen las zonas residenciales predilectas de las clases medias y altas de esa misma gran ciudad. Al considerar el caso de la región metropolitana de Madrid, al igual que ocurre en muchas otras partes, la unidad mínima, social y económica, es antes la región o el área metropolitana que el municipio. La cuestión está en cómo un fenómeno político democrático local se organiza hasta alcanzar la escala en la que las decisiones empiezan a tener una relevancia económica suficiente. Sin duda, la apuesta municipalista tendrá que ser distinta en un municipio de 5.000 habitantes de la Sierra Norte que en una de las grandes ciudades de 200.000 habitantes del sur de la región. En ambos casos, sin embargo, se tendrá que entender que lo que se quiere gestionar es un espacio-región integrado que comprende a los dos municipios. Se colige así el anacronismo de un proyecto de constitución de Madrid de «abajo a arriba», al modo de los cantones federales, organizado a partir de la «libre asociación» de los municipios de la región. La metrópolis madrileña «viene dada» por una larga historia y unas condiciones enormemente desiguales en lo que a concentración de riqueza, población y recursos se refería. En este sentido, el verdadero municipalismo, aquel capaz de instaurar una democracia que pueda repartir la riqueza y tomar decisiones sustantivas sobre lo que verdaderamente importa, es en realidad y en primer lugar un «regionalismo democrático». Prueba de ello es que soluciones que pueden ser interesantes en el ámbito local pueden ser desastrosas en términos generales si se consideran desde una perspectiva más general. En ocasiones, movimientos de base local, muchas veces con formas impecables de democracia interna, han tendido a defender posiciones de privilegio respecto de otras comunidades. Se dirá que no se puede hacer regla de unos pocos casos. Los movimientos en defensa del territorio han logrado conservar importantes valores ecológicos y patrimoniales frente a los intereses de empresas contaminantes, infraestructuras innecesarias o grandes operaciones urbanísticas. No obstante, en algunas ocasiones han planteado un buen número de problemas. Algunos nos devuelven a la cuestión de las escalas y a la subordinación institucional y económica de los niveles más pequeños a los más grandes. Otros, sin embargo, son propiamente políticos y tienen que ver con cuestiones tan clásicas como la relación entre movimiento e institución, entre democracia y representación. Quizás el principal equívoco esté aquí en entender la democracia como algo meramente procedimental. El presupuesto es que bastaría con articular los canales de participación para que se produjera un auténtico proceso de democratización. De una u otra forma, coinciden en esta idea perspectivas tan distintas como la actual «moda de lo participativo», los proyectos de democracia 3.0 y 4.0 así como para enfrentarse a un contexto económico y político que le será hostil y que inevitablemente le arrastrará a hacer cumplir las funciones que para él han sido establecidas. Por eso las candidaturas, antes que un proyecto institucional, por muy «de izquierdas» que sea, si quieren seguir siendo «municipalistas», deberán ser «candidaturas de movimiento»; o en otras palabras, expresión del fermento vivo de una ciudadanía propensa a generar nuevas demandas, proyectos e iniciativas, y ello también de una forma muchas veces conflictiva y contradictoria con los propios gobiernos municipales. Primeras notas para un Manifiesto Municipalista Apuntar los retos y límites del municipalismo no impide reconocer la enorme potencia democratizante de la apuesta municipalista. El proceso de revolución democrática ya en curso requiere de sus propias palancas y motores de movimiento. La «cuestión municipal», como en el largo siglo XIX, puede jugar un papel relevante. Lo que sigue son apenas unas notas, que sin renunciar a un cierto «utopismo», apuntan algunos elementos de la estrategia y los contenidos posibles para reconstruir las bases de la democracia local. 1. Tomar los ayuntamientos no para gestionar y representar sino para hacer política y democracia. Los viejos anarquistas, los mismos que inspiraron la idea del Municipio Libre, distinguieron entre el «arte de gobernar» y la «política». El primero era la disciplina y la práctica orientada a la conservación del poder por parte de una clase específica; la segunda consistía en el ejercicio colectivo que empujaba la transformación. El mayor límite del municipalismo está en reconocerse únicamente como ejercicio de buen gobierno. Honestidad, comprom