No es fácil definir la responsabilidad social universitaria, siendo sus principales atributos la buena gobernabilidad, la gestión de los impactos a...

No es fácil definir la responsabilidad social universitaria, siendo sus principales atributos la buena gobernabilidad, la gestión de los impactos ambientales y sociales, el diálogo y la rendición de cuentas a las partes interesadas y las alianzas para participar en el desarrollo sostenible (Vallaeys, Cruz y Sasia, 2009). Su extensión entre las universidades españolas está siendo progresiva: Según datos del estudio coordinado desde el grupo de investigación Ingeniería y Gestión Responsable (iGR) de la Universidad de Burgos en 2010, identificaban 21 universidades que llevaban a cabo responsabilidad social universitaria (González et al, 2010); en 2014 este número ascendió a 39. Se puede explicar este creciente interés por la responsabilidad social entre las universidades españolas por sus propicias iniciativas particulares y de red en estos temas, por ejemplo, se han celebrado distintas jornadas de responsabilidad social universitaria en los últimos años (Úbeda, 2008; Castellón, 2010; Zaragoza, 2011 y Cádiz, 2014) pero también a su inclusión en la política universitaria nacional en esos años, siendo la Estrategia Universidad 2015 su principal documento programático. Esta estrategia fue una apuesta del gobierno estatal, en colaboración con las comunidades autónomas, para impulsar un mayor compromiso de las universidades con los retos sociales y los cambios económicos de nuestra sociedad. Uno de sus ámbitos principales era el de la relación con el entorno y su programa principal fue el de Campus de Excelencia Internacional, con el que se pretendía tanto mejorar el entorno como la calidad de vida de los universitarios. La atención de las autoridades universitarias acerca de la calidad de las universidades ha estado habitualmente decantada hacia las actividades docentes. Se le ha dado menor atención al concepto de calidad total, en especial a las condiciones y calidad de vida, al nivel de seguridad de los edificios docentes y de investigación, en especial de los laboratorios de prácticas y de investigación de los departamentos y facultades universitarios, y elementos de protección de la salud de los estudiantes y trabajadores. Por eso, con este programa, se pretendía fomentar actuaciones específicas de mejora de las universidades en materias como el medio ambiente, la sostenibilidad, la seguridad y la salud en los laboratorios, las actividades culturales, las viviendas y las residencias universitarias. Los proyectos deberían incluir innovaciones en el terreno de la sostenibilidad y de la gestión ambiental, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y una atención especial a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidades y, en general, de la responsabilidad social universitaria. Durante el año 2012 un equipo de investigadores liderados por la que fue coordinadora de la comisión técnica, Margarita Barañano realizó un diagnóstico pormenorizado de las experiencias de responsabilidad social en las universidades. En este estudio quedó reflejada la importancia que la dimensión ambiental tiene en cuanto a la conceptualización e implementación de las políticas de responsabilidad social en las universidades españolas, dado que las actuaciones ambientales son las más reconocidas de media como de gran avance en las universidades participantes en el estudio (Alba, Benayas y Geli, 2012). Se reconoce pues un entorno en el que la sostenibilidad universitaria es una dimensión de actividad relevante en las universidades españolas, pero cuyo tratamiento se encuentra diversificado en cuanto a enfoques y prácticas. Su carácter multidimensional e integral hace que compita, en cierta medida, con la responsabilidad social universitaria, en una discusión teórica inacabable sobre si esa incluye la sostenibilidad o viceversa. Discusión que en la práctica se traduce en acciones paralelas, a menudo repetidas, dentro de las propias universidades; imagen que dista mucho de la visión de eficiencia que persiguen y que no facilitan la consecución de una mejor conexión entre la universidad y la sociedad, la que ha de prestar servicio.