cas, ahora lo que interesa es identifi car los principales problemas con que nos hemos topado. 1. El «derecho al Derecho», como ya hemos contado, t...

cas, ahora lo que interesa es identifi car los principales problemas con que nos hemos topado. 1. El «derecho al Derecho», como ya hemos contado, trata de articular el mundo universitario con las organizaciones sociales y profesionales en un intento por asumir los objetivos comunes señalados. A pesar de los buenos resultados obtenidos, no hay que olvidar que los ritmos, condiciones de trabajo, limitaciones y condicionantes diferencian a unas instituciones de otras. Este hecho hace del proyecto un campo importante y fructífero de trabajo, y a la vez nos obliga a no olvidar este hecho diferenciador. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que la institución universitaria, a pesar de las transformaciones experimentadas en los últimos treinta años, no es un refl ejo equilibrado de la sociedad a la que pertenece. Todavía muchos sectores sociales, en especial los grupos y personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y situaciones de exclusión social, tienen escasa representación en la universidad. Esto implica, como hemos tenido ocasión de experimentar, que para estos sectores y personas la institución universitaria es una institución ajena. Pero si se puede contrastar esta situación –que continúa siendo una situación de desigualdad y generadora de desigualdades– también se puede confi rmar la otra cara de la moneda: para la institución universitaria estos sectores sociales continúan siendo en gran parte realidades ajenas. Por tanto, un punto importante para nosotros es cómo conseguir y mantener mecanismos de permeabilización de la universidad que sean reales, y no exclusivamente nominales. 2. El Derecho es un terreno de confl icto, por tanto el «derecho al Derecho» se sitúa a menudo en terrenos confl ictivos de necesidad. Esta cuestión, que tiene una vertiente teórica, también tiene su vertiente práctica, ya que las instituciones y personas forman parte de los confl ic- tos y de sus resoluciones. Dado el terreno interinstitucional en el que se sitúa el proyecto «derecho al Derecho», estos confl ictos no son extraños para nosotros. Ante esto, trabajar desde la Universidad nos da un amplio margen de libertad para asumir y defender compromisos con los principios fundamentales de un estado de derecho, democrático y social. Permi- te trabajar estos principios tanto en su dimensión más teórica como participante en dinámicas socioculturales –el aprendizaje servicio se- ría una de ellas– que contribuyen a generar y/o fomentar mecanismos de democracia, igualdad, responsabilidad y libertad. Evidentemente, el terreno en el que trabajamos es complejo y a veces lleno de ten- siones. Esta situación plantea una pregunta importante: ¿qué papel debe jugar la universidad en la defensa y promoción de los elementos fundamentales de una sociedad que se defi ne –y se entiende que tiene la voluntad de ser– como democrática y solidaria y qué compromisos reales debe tomar? Esta cuestión, que puede tener muchas respuestas, al fi nal acaba te- niendo una práctica, más allá de sus respuestas teóricas, retóricas en muchas ocasiones, que puedan darse. Debemos recordar que los com- promisos institucionales acaban teniendo mucho peso, que no son tan solo de las instituciones, sino también de las personas que en ellas trabajan. El «derecho al Derecho» trabajará inevitablemente en este terreno confl ictivo y tendrá que identifi car los confl ictos y buscar soluciones, cuestión que no siempre será sencilla. 3. Que un grupo numeroso de personas, como es el caso del proyecto, colabore conscientemente para alcanzar objetivos comunes que excedan sus estrictas obligaciones profesionales, no es una realidad que se dé muy a menudo en la universidad. No hay duda de que si no existiese este grupo de personas, el proyec- to sería imposible de desarrollar. Con tal de mantenerlo, hay una serie de aspectos que hay que cuidar. A los miembros del proyecto hay que permitirles y animarles a de-a) sarrollar la iniciativa, responsabilizándose de actuaciones que para ellos tengan sentido dentro de los objetivos comunes. El protagonismo tiene que ser compartido y colectivo. En un tiem-b) po en el que el individualismo es predominante, hay que fomentar actuaciones en las que cada uno aporte lo que pueda, sin que por eso deje de tener importancia y relevancia su colaboración. Hay que entender que las disponibilidades de las personas son dis-c) tintas en función de muchas variables –situaciones profesionales y familiares, encargos recibidos y aceptados, salud, etc.–. El principio que se debe seguir es que debe existir una rotación en las posibili- dades y el tiempo dedicado, y que es precisamente la existencia de un grupo de trabajo lo que permite continuar trabajando colectiva- mente, sin que las situaciones personales sean fundamentales para el futuro del proyecto. La formación debe llegar a todos los miembros del proyecto y las d) decisiones deben ser consensuadas. Hay que evitar la exclusión de hecho que supone quedar al margen de los procesos de toma de de- cisiones. Por eso, la comunicación y la transparencia en la actuación son criterios fundamentales. Hay que adoptar un criterio que coloquialmente se condensa en esta e) expresión: vale todo lo que suma y es coherente con los objetivos del proyecto. En lugar de estar pendiente de lo que queda y aleja, más vale, siempre y cuando no se nieguen los objetivos principales del proyecto, priorizar aquello que suma, aporta y contribuye a asumir los objetivos propuestos. «La tierra para quien la trabaja». Los méritos que se deriven de la par-f) ticipación del proyecto deben asignarse a las personas que lo hacen posible y en la medida en que lo posibilitan. Hay que mantener la coherencia en la participación de las perso-g) nas. Quiere decir esto que en el diseño, tanto de las actuaciones como de la participación de las personas, se deben buscar inicia- tivas que sean coherentes con las actuaciones que ya vienen desa- rrollando. Para quien trabaja el tema de los derechos y ya colabora con entidades sociales, lo más lógico es que su participación en derecho al Derecho le sirva para potenciar el trabajo que ya hacía. Lo mismo se pude decir en cualquier otro tema. Si la participación en el proyecto desorganiza lo que ya estaba organizado y funcio- naba bien, querrá decir que la actuación a desarrollar no ha sido bien diseñada. Hemos detectado en este último curso cierto descontento por parte h) de los estudiantes que han hecho el prácticum II-III cuando se ha dado alguna o algunas de las siguientes circunstancias: la tarea en- comendada al estudiante no se había precisado sufi cientemente y no ha tenido el seguimiento sufi ciente por parte del profesor o profesora responsable. Esta situación debe evitarse tanto por el interés del es- tudiante como del profesorado responsable y la entidad social. Si el problema fuese un exceso de cargas por parte del profesorado o de los tutores de las entidades, entonces el criterio a seguir sería el de hacer menos pero hacerlo bien. 5.7 Perspectivas de futuro Los factores que condicionarán lo que será el proyecto en un futuro inmediato, con mucha probabilidad, son los siguientes: a) la generación de una red «derecho al Derecho»; b) la creación de clínicas jurídicas; c) la incorporación al proyecto de grupos de trabajo de otras enseñanzas aparte de la de Derecho. Sería saludable que la expresión «proyecto» fuese cambiada por «red», a) red «derecho al Derecho», de manera que, manteniendo los objetivos principales, cada entidad participante aporta lo que tiene al alcance para asumirlos. Esta lógica ya existe en parte. En materia de servi- cios sociales, por ejemplo, la articulación entre entidades sociales y administraciones públicas tiene un grado de madurez que aún no se ha dado en el caso de los servicios jurídicos. La apuesta por construir una red y fortalecer las que ya existen será una de las líneas que marcarán el futuro del proyecto. En este sentido, la relevancia futura del proyecto dependerá en gran parte de su capaci- dad para impulsar, conjuntamente con las organizaciones sociales, un tipo de conocimiento y capacidades que sean utilizables por los secto- res sociales y personas que se encuentran en situación de exclusión so- cial, entendiendo por tanto que estas capacidades y conocimientos o se generan conjuntamente, incluido preferentemente por estas personas y sectores sociales, o adolecerán de una tendencia a la inefi cacia. Dentro de poco cambiarán los planes docentes de las facultades de b) Derecho. Será el momento de plantear la conveniencia de organizar institucionalmente clínicas jurídicas como mecanismos de aprendi- zaje y servicio. No está nada claro cuál será el resultado de este de- bate, ni en su caso qué modelo de clínica resultará. Muchos factores indican que inicialmente pocas facultades se animarán a introducir esta metodología de trabajo. También hay que pensar que aquellas que lo hagan obtendrán los mejores resultados en términos de apren- dizaje y servicio a medio plazo. La organización de clínicas