Mejorar la calidad democrática del desarrollo tecnológico es una exigencia pronunciada por muchos autores. Uno de ellos es la evaluación constructi...

Mejorar la calidad democrática del desarrollo tecnológico es una exigencia pronunciada por muchos autores. Uno de ellos es la evaluación constructiva de tecnologías (constructive technology assessment). Es un enfoque relativamente nuevo dentro del campo de la evaluación de tecnologías. Tradicionalmente, la evaluación de tecnologías busca anticipar las consecuencias o los impactos (directos e indirectos) de una tecnología con el fin de crear una mejor base para la toma de decisiones en las políticas públicas (Remmen, 1995; Schot, 2001). Se basa en la convicción de que un asesoramiento técnico bien informado para los mandatarios en las políticas públicas puede orientar el desarrollo tecnológico hacia los fines medioambientales y sociales deseados. La evaluación constructiva de tecnologías considera esta visión limitada, por lo que propone partir de otra visión del cambio tecnológico, que tiene en cuenta cuáles son los valores e intereses presentes en los escenarios donde tiene lugar la innovación tecnológica. La tecnología refleja los valores e intereses de los implicados en los procesos del desarrollo tecnológico, así que es obvio que en las condiciones en las que habitualmente se desarrollan los mismos van a quedar excluidos determinados aspectos sociales y ambientales. Para lograr un cambio tecnológico hacia una tecnología más respetuosa con el medio ambiente y la sociedad, el proceso de innovación debe cambiar de forma fundamental. Debe integrar la reflexión crítica en las propias actividades de innovación desde fases tempranas, y debe concebir las mismas como espacios de aprendizaje colectivo. El resultado de este proceso no puede ser predecible, tal como constata Schot: «La evaluación constructiva de tecnologías busca la ampliación como fin en sí mismo y acepta la incertidumbre sobre los resultados sustantivos» (Schot, 2001, pp. 42). Ello se debe a la incertidumbre inherente al proceso, y al hecho muy probable de que siempre surgirán nuevas visiones, posibilidades, dificultades, etc., en él. Lo cual significa también que éste no conduce necesariamente al respeto medioambiental y social. Pero insistimos en que puede contribuir a ello, por los efectos positivos para el medio ambiente que pueden tener procesos de toma de decisiones más democráticos (Platt, 2006; Van Kerkhoff y Lebel, 2006). Para que el proceso de innovación se acerque lo máximo posible al objetivo de generar tecnologías social y medioambientalmente responsables, la evaluación constructiva de tecnologías propone tres criterios fundamentales: La anticipación de posibles interacciones tecnológicas y de posibles efectos laterales adversos. Para ello, se deben integrar actividades de anticipación durante todo el proceso; éste debería estructurarse de forma flexible, permitiendo cambios. La reflexividad, que ocurre cuando los valores, visiones, opiniones presentes en el proceso se hacen explícitas. Según Schot, esto sucede casi automáticamente cuando se amplía el espectro de actores (Schot, 2001, p. 44). Asimismo, es importante que haya lugar para la controversia. La búsqueda exagerada de consenso puede suprimir la reflexividad. Aquí es muy importante el factor cultural en cuanto a las formas de llevar conflictos en una sociedad (Genus, 2006). El aprendizaje social, que describe el proceso de aprendizaje necesario para un cambio tecnológico. Debe suceder en dos niveles: en un primer nivel (first order learning) se produce un aprendizaje para articular la demanda, las preferencias de los usuarios, los requerimientos legales, normativos etc., para llegar a diseños más acertados; y en un segundo nivel (second order learning), el hecho de cuestionar las preferencias y los requerimientos existentes produce un aprendizaje crítico en los participantes. Es importante reconocer que un proceso de este tipo solamente puede ser una aproximación a un funcionamiento democrático, puesto que el número de actores será siempre un número definido, y siguiendo la lógica expuesta arriba, no se puede esperar que algunos actores representen a la sociedad amplia en general. La cuestión que se plantea aquí es dónde se pone el límite, y se argumenta que el límite tradicional responde más a las necesidades de algunos actores determinados que a la imposibilidad real de ampliar el número de actores. El hecho de que la sociedad civil no esté lo suficientemente representada parece ser consecuencia de un determinado modo de funcionar que se enmarca dentro de la lógica capitalista y no de una incapacidad de los colectivos ciudadanos de participar en procesos de innovación, o de limitaciones técnicas del proceso, tal como veremos en el siguiente apartado.