Los de los trabajos debatidos en esta parte del libro son altamente favorables a la nueva gestión pública; otros lo son mucho menos. La cuestión es por qué. El análisis de estos argumentos indica que esas valoraciones dependen de la particular teoría de las políticas de gestión pública que emplee el autor. Algunos autores están sumergidos en la nueva economía institucional; otros, en campos de la gestión, y otros más en teorías empíricas de los procesos gubernamentales. Los especialistas en administración pública, a diferencia de los economistas, aún tienen que desarrollar un marco conceptual común para analizar las políticas de gestión pública. Como un camino por delante, este libro intenta proveer una modalidad de debate sobre las políticas que no descanse exclusivamente en la nueva economía institucional. A este fin, el capítulo 4, titulado “Cómo argumentar sobre la nueva gestión pública”, ofrece pautas para la argumentación acerca de las políticas de gestión pública. A modo ilustrativo, una pauta es distinguir las teorías sobre las políticas de gestión pública de las evaluaciones de la práctica. Otra pauta es presentar los argumentos en forma cuasiformal, de manera que los lectores puedan discernir fácilmente su estructura general. El uso de dichas herramientas puede beneficiar la comunicación entre los especialistas en administración pública, en particular.6 Una tercera pauta es tomar la semántica en serio. Desplegar herramientas de análisis conceptual es esencial para clarificar intuiciones y desacuerdos acumulados, como se demostrará en los capítulos 4 y 5. El caso para seguir estas pautas descansa tanto en conceptos fundamentales de la argumentación práctica como en la relativa ausencia de debate de las políticas relacionadas con la ngp. En suma, aunque la idea de la ngp es promover la discusión entre especialistas internacionales en gestión pública, hasta el momento ni la investigación ni la argumentación doctrinaria y de políticas son completamente satisfactorias en esta materia. El capítulo final resume la propuesta de este libro para perfeccionar la investigación y el debate de las políticas de gestión pública: el aspecto de la ngp considerado aquí. Esta propuesta, como se reconocerá fácilmente, está profundamente arraigada en la tradición intelectual que Aaron Wildavsky adelantó desde el principio hasta el fin de su prolífica carrera académica. ii. estudios de caso sobre la formulación de políticas de gestión pública Este capítulo revisa la literatura de investigación empírica sobre la formulación de políticas de gestión pública en determinados países durante las décadas de los años ochenta y noventa. Los autores de la literatura reseñada son principalmente académicos de administración pública y de ciencias políticas especializados en gobierno ejecutivo. Los criterios para su inclusión en esta reseña son los siguientes. Primero, la materia prima a tratar debe ser la formulación de políticas de gestión pública en gobiernos centrales o federales. Las políticas de gestión pública se definen aquí como la suma de las reglas institucionales que guían, compelen y motivan a la función pública en su conjunto. Las políticas de gestión pública pertenecen a categorías establecidas como planeamiento de gastos y gestión financiera, función pública y relaciones laborales, contratación, organización y métodos, y auditoría y evaluación. Por lo tanto, los trabajos que se relacionan principalmente con el diseño y operación de programas (por ejemplo, Ferlie et al., 1996) están excluidos del debate. Segundo, los trabajos incluidos identifican y explican acontecimientos particulares en las políticas o los resultados de su implementación. Los trabajos cuya finalidad principal es describir políticas y ofrecer observaciones de éstas, pero no brindar explicaciones, están excluidos, como los de Metcalfe y Richards (1987), Boston et al. (1991, 1996), Pollitt (1993), Moe (1994), McSweeney (1994), Humphrey y Olson (1995), Schick (1996), Power (1997) y Clarke y Newman (1997). Este criterio también lleva a excluir estudios que explican hechos simplificados —antes que acontecimientos o resultados en las políticas— acerca de la nueva gestión pública, como los de Meyer (1983), Dunleavy (1991) y Hood y Jackson (1994). Como muchos de los trabajos que cumplen estos dos criterios se enfocan sobre los casos de uno o de dos países, el capítulo ha sido organizado por país. El examen comienza con Australia y continúa con el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suecia y Alemania. La última sección considera perspectivas para el progreso de la investigación, en caso de que la literatura profundice las presentes líneas. Al escribir esta reseña, he puesto el énfasis en el argumento explicativo de los trabajos; en el proceso, pude haber puesto palabras en boca de muchos colegas. Pido licencia poética con el fin de demostrar que una literatura descriptiva y explicativa coherente sobre la formulación de políticas de gestión pública está comenzando a tomar forma. Esta demostración es esencial para señalar el tema más amplio de que la ciencia política tiene un valioso papel que jugar en la investigación sobre la nueva gestión pública. australia El libro de Michael Pusey (1991), Economic Rationalism in Canberra, examina la formulación de políticas económicas y la reforma de la gestión pública bajo el gobierno laborista de Australia de los años ochenta. Una controversia fundamental es que las políticas en el dominio tanto de la gestión económica como de la pública derivan de un mismo paradigma político, conocido como “racionalismo económico”. Utilizando información de encuestas, el libro proporciona evidencia empírica para el postulado de que los funcionarios superiores habían abrazado los principales dogmas del racionalismo económico. Se ha dado a estos compromisos compartidos un peso sustancial para explicar el contenido de las reformas de la gestión del sector público en Australia y la facilidad con que fueron implementadas. Pusey describe los postulados del racionalismo económico de la siguiente manera. Primero, políticas nacionales dirigidas a mejorar el desempeño económico descenderían en cascada la jerarquía de las políticas, esto es, desde las políticas macroeconómicas hasta las políticas de mercado laboral y luego, más abajo, hasta las políticas de educación. Segundo, las políticas de gobierno encaminadas a mejorar el desempeño económico se traducirían en políticas conceptualmente similares orientadas a mejorar la eficiencia y efectividad del sector público. Tercero, las organizaciones de gobierno incorporarían elementos estructurales de las organizaciones del sector privado y modelarían sus procesos de acuerdo con las prácticas óptimas del sector privado (Pusey, 1991: 152). Pusey analiza con algún detalle la modernización, en 1987, de la maquinaria de gobierno, que considera como una divisoria de aguas. Entre otros cambios, la reestructuración redujo el número de departamentos gubernamentales y estableció un doble ministerio. El hasta ese momento independiente Departamento de Educación de rango ministerial, por ejemplo, quedó dentro del nuevo Departamento de Empleo, Educación y Entrenamiento. La reestructuración eliminó también las juntas estatutarias independientes que habían participado en el diseño de las políticas educativas en los niveles secundario y universitario. De acuerdo con el análisis de Pusey, estos cambios reflejaron la fuerza creciente de los miembros del “ala derecha” del gobernante Partido Laborista al conformar su tercer gobierno consecutivo. Pusey subraya el hecho de que la reorganización puso a un miembro de la facción de centro-izquierda (el ministro de Educación) bajo la autoridad de un miembro de la facción racionalista económica (el ministro de Empleo, Educación y Entrenamiento). Juegos de poder aparte, Pusey interpreta la reorganización en términos de una extensión de las doctrinas del racionalismo económico a la estructura organizativa de la función pública en Australia. La misma reorganización también eliminó la Public Service Board (Junta de la Función Pública); la autoridad formal sobre gran parte de las políticas de gestión de personal se trasladó al Departamento de Finanzas, la agencia central responsable de controlar el gasto público, mientras que la responsabilidad sobre las relaciones de trabajo entre el gobierno y los empleados públicos pasó al recién establecido Departamento de Relaciones Industriales. La eliminación de la inde-