1937 era específica para los procesos judiciales, pero se restringía a aquellos que tramitaban en la extinta Justicia Federal y que serían encaminados al STF, no incluyendo en su ámbito de aplicación los procesos judiciales en general. Las demás Constituciones brasileñas (de 1824, 1891 y 196776) no trataron la duración del proceso. Sin embargo, en cualquier sistema jurídico no basta establecer normas, es necesario hacer cumplirlas de forma eficaz. Con tales razones, a lo largo de los años, sobre todo después de la redemocratización del país empezada en 1985, la sociedad brasileña pasó a plantear una forma más eficaz de control de los órganos públicos, especialmente en cuanto a la transparencia referente a cuestiones administrativas y financieras de los órganos jurisdiccionales. Para satisfacer esta necesidad fueron establecidos mecanismos de control de las actividades en estas dos áreas del Poder Judicial, a través del CNJ, con arreglo a los artículos 92 y 103-B, 4.º, de la CRFB, alterado el primero y añadido el segundo por la EC 45/2004. 1.2.4.1.1. Creación del CNJ empezó a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial En general, los preceptos constitucionales y legislativos tienen poca utilidad sino estuvieran acompañados de normas que garanticen su cumplimiento o que, por lo menos, creen instrumentos para ello. Hasta hace poco tiempo Brasil no tenía mecanismos con tales objetivos. Fue entonces cuando, con la finalidad de alcanzar transparencia y dinamizar el Poder Judicial, fue creado el CNJ, a través del STF, que lo preside; un Ministro del STJ, por este órgano indicado; un Ministro del Tribunal Superior del Trabajo (en adelante, TST), por él indicado; un desembargador de Tribunal de Justicia, indicado por el STF; un juez estatal, indicado por el STF; un desembargador de TRF, indicado por el STJ; un juez federal, indicado por el STJ; un desembargador de Tribunal Regional del Trabajo (en adelante, TRT), indicado por el TST; un juez del Trabajo, indicado por el TST; un miembro del Ministerio Público de la Unión (en adelante, MPU), indicado por el Procurador-General de la República (en adelante, PGR); un miembro del Ministerio Público Estatal77 (en adelante, MPE), escogido por el Procurador-General de la República entre los nombres indicados por el órgano competente de cada institución estatal; dos abogados, indicados por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados del Brasil (en adelante, OAB); dos ciudadanos, de notable saber jurídico y conducta inatacable, siendo uno indicado por la Cámara de los Diputados y otro por el Senado Federal. El mismo artículo 103-B de la CRFB establece las competencias y funciones del CNJ. El párrafo 4.º prevé que compete al CNJ “el control de la actuación administrativa y financiera del Poder Judicial y el cumplimiento de los deberes funcionales de los jueces”. Entre sus poderes específicos le corresponde expedir actos, reglamentarios o recomendar providencias, velar por la legalidad de los Judicial, “pudiendo anularlos, revisarlos o fijar plazo para que se adopten las providencias necesarias al exacto cumplimiento de la ley”, según lo establecido por el artículo 103-B, 4.º, II, de la CRFB. También determina que compete al CNJ “recibir y conocer de las reclamaciones contra miembros u órganos del Poder Judicial”, entre los cuales se incluyen los jueces, pretores, desembargadores, ministros, los sujetos auxiliares del proceso y los miembros de las oficinas extrajudiciales, como los notarios y registradores que actúan por delegación del poder público u oficializados (II). En relación a todos los ejercientes de estos cargos, el CNJ puede “avocar procesos disciplinares en curso y determinar la remoción, la disponibilidad o la jubilación con subsidios o proventos proporcionales al tiempo de servicio y aplicar otras sanciones administrativas” (III). En caso de actos de mayor gravedad, el CNJ tiene poderes para representar criminalmente ante el MP (IV), “rever, de oficio o mediante provocación, los procesos disciplinares de jueces y miembros de tribunales juzgados hace menos de un año” (V). En el ámbito administrativo también cabe al CNJ “elaborar semestralmente relato estadístico sobre procesos y sentencias proferidas” en cada Estado y en el Distrito Federal, sobre todos los órganos del Poder Judicial, proponiendo “las providencias que entienda necesarias sobre la situación del Poder Judicial en el país y las actividades del Consejo” (V y VI). Dentro de las características del CNJ de ser un órgano mixto, de actuación compartida, incumbe al presidente del STF presidirlo yal ministro del STJ que lo integra ejercer la función de Ministro-Corregidor. A este incumbe, aun de las funciones correccionales previstas en el Estatuto de la Magistratura, las atribuciones de “recibir las reclamaciones y denuncias de cualquier interesado, relativas a los magistrados y a los servicios judiciarios”. También puede hacer inspección y corrección general, solicitar y designar magistrados, delegándoles atribuciones, y solicitar funcionario78 de juzgados o tribunales, incluso en los Estados y DF (párrafo 5.º, I, II y III, CRFB). En esa perspectiva de actuación compartida, corresponde al Procurador-General de la República y al Presidente del Consejo Federal de la OAB oficiar junto al CNJ (párrafo 6.º). Con la finalidad de permitir la democrática fiscalización de las actividades de los miembros del Poder Judicial, cuya tarea siempre fuera desarrollada por sus propios integrantes, por lo tanto sujeta a tendencias corporativas,79 ahora la CRFB estableció medios para la creación de un sistema de auditoría de fácil acceso. El párrafo 7.º de su artículo 103-B determina que la Unión, incluso en el DF, creará auditorías de Justicia, competentes para recibir reclamaciones y denuncias de cualquier interesado contra miembros u órganos del Poder Judicial, o contra sus servicios auxiliares, representando directamente al CNJ. Además de estas auditorías, el CNJ estableció en su sitio en internet una auditoría, como “un servicio puesto a la disposición del ciudadano para que esclarezca dudas, reclame, denuncie, elogie o presente sugerencias sobre los servicios prestados por el CNJ”. Sin duda, una de las más eficaces alteraciones legislativas realizadas en el Poder Judicial no sólo en los últimos 20 años sino en toda la Historia brasileña, se destaca la creación del CNJ. Fue este organismo el que combatió el empleo, sin concurso público, de parientes y amigos de los integrantes del Poder Judicial; lo hizo enfrentando las tenaces resistencias de los miembros del sistema judicial. Esta era una práctica común, de cierta forma acepta por el censo común teórico de la población y que venía desde el Brasil colonial, por lo tanto arraigada en