Conforme a las informaciones de la Tabla 6, en las Justicias Estatal, Federal y del Trabajo habían 59.166.724 casos pendientes en 2010, ingresaron en el mismo año 24.227.727 casos nuevos, indicando una MAPT de litigiosidad correspondiente a 11.536 procesos por 100 mil habitantes en las tres Justicias investigadas. Por supuesto, se tramitaban en 2010 un total de 83.394.451 procesos, siendo 65.704.515 (78,79%) en la Justicia Estatal, 11.094.053 (13,30%) en la Justicia Federal y 6.595.883 (7,91%) en la Justicia del Trabajo. Los números indican que ha habido en Brasil un pequeño crecimiento de procesos en tramitación en 2010, comparado con 2009, cuando eran 82,9 millones en las tres justicias investigadas (y no 86,6 millones como fue inicialmente divulgado por el CNJ y después corregido). Sin embargo, hubo un expresivo crecimiento del porcentaje de procesos en los últimos años, pues en 1998 ingresaron 350.000 casos nuevos y 10 años después ya llegaban a 8.500.000, aumentando 24 veces el número de procesos en apenas una década. La suma entre casos nuevos y procesos resueltos y bajados es un punto que contiene datos alentadores para la perspectiva de la razonable duración del proceso, pues indica que ingresaron menos procesos que el número de procesos bajados en 2010. En este año, las tres Justicias examinadas recibieron 24.227.727 casos nuevos y bajaron 25.316.950, expresando una reducción correspondiente a 1.089.223 procesos, equivalente al 1,3% del total de procesos que tramitaban en 2010 (83.394.451). La reducción ocurrió en todas las Justicias examinadas. En la Justicia Estatal ingresaron 17.743.996 y fueron bajados 18.476.308, significando una reducción de 732.312 procesos en tramitación y el 104,13% del total de casos nuevos. La Justicia Federal recibió 3.163.766 procesos nuevos y bajó 3.386.186 en el mismo año, lo que representa una reducción de 222.420, bajando el 107,03% del número de casos nuevos. Semejante dato tuvo la Justicia del Trabajo en la cual ingresaron 3.316.965 y fueron bajados 3.454.456 procesos, equivaliendo a una reducción de 137.491, correspondiente al 104,15% del total de casos nuevos. Expresándosela MAPT de las justicias investigadas se obtiene el porcentaje positivo de 4,5% de diferencia entre procesos bajados y casos nuevos, indicando que en veinte años Brasil podrá llegar a niveles ideales de congestionamiento de proceso, en caso de que mantenga los resultados de 2010. La situación se torna todavía más alentadora porque hacía menos de 10 años se preveía en Brasil de “quiebra del sistema judicial”, en razón al elevado número de procesos en tramitación, referido al aumento vertical de demandas a partir de 1988, año en que fue aprobada la nueva CRFB, la cual amplió el acceso a la justicia, sobre todo para las personas de baja renta. Basta ver que en 1988 el número de casos nuevos en todo el país se limitaba a 350.000 y 10 años después llegaba a 8.500.000, aumentando en el 2.328,57% el número de procesos en una década, período en que la población brasileña creció apenas el 11,33%. Sin embargo, un aspecto que preocupó al CNJ en 2010 fue la tasa nacional de congestionamiento muy alta, acumulada a lo largo de los años, equivalente a una MAPT del 57,8% en los procesos de conocimiento en primer grado, la estratosférica MAPT de 81,7% en las ejecuciones en primer grado y el 49,2% en los procesos en segundo grado. Conforme señala la Tabla 6, las mayores tasas pertenecían a la Justicia Estatal, poseyendo el 60%, 85,6% y 48,2%, respectivamente. Cercano estaba la Justicia Federal, con el 58,2%, 84,6% y 68,3%, y por fin la Justicia del Trabajo, presentando las menores tasas, con el 35,8%, 38,8% y 27,7%, respectivamente, en los procesos de conocimiento en primer grado, las ejecuciones en primer grado y los procesos en segundo grado. Hay otros aspectos que llaman atención en la Tabla 6. Uno de ellos se refiere al Tribunal de Justicia de Goiás, que consiguió reducir la tasa de congestionamiento en segundo grado del 20% en 2009 a solamente el 1,10% en 2010. Debe subrayarse que la media de esta tasa en la Justicia Estatal era del 48,20% en el mismo año. Entre los TRTs, destaca la Decimocuarta Región (Estados de Rondônia y Acre)en cuanto a la tasa de congestionamiento. En 2010 quedó reducida al 0,7% en los procesos de conocimiento en primer grado y al 3,6% en segundo grado. Se percibe, así, que la tasa de congestionamiento acumulada hace varios años es todavía superior en la ejecución y que las Justicia del Trabajo la poseía en porcentaje inferior a las demás justicias investigadas, lo que se justifica porque trata de derechos laborales, sobre todo de naturaleza alimentaria que necesitan ser satisfechas con más urgencia. Cierto es que, siendo posible, todos los derechos deben ser satisfechos tempestivamente, pero siempre con prevalencia para los derechos de naturaleza alimentaria. Otros datos de la Tabla 6 también merecen ser analizados. Estos indican que la población del Estado de Rio Grande do Sul fue en 2010 la que más demanda per cápita propuso entre todos los Estados brasileños, haciéndolo en todas las Justicias. En la Justicia Estatal, el TJRS poseía en aquel año 18 casos nuevos de cada 100 habitantes, teniendo el CNJ subrayado que el “indicador es superior al doble de la media de la Justicia Estatal (8,6 casos por cada cien habitantes)”. Sin embargo, en el caso específico no se puede olvidar que ciertamente una parte significativa de los casos nuevos tuvieron origen en el incumplimiento de derechos salariales de los funcionarios públicos, ocurridos desde 1996 en el respectivo Estado, siendo posible que este hecho no se reproducirá en los próximos años. En razón a este aspecto incluso el Estado do Rio Grande do Sul se convirtió en el principal litigante del país ante la Justicia Estatal, con el 7,73% de todas las demandas que tramitaron en 2010 en todo el Brasil. Entre tanto, aun con la reducción que va a ocurrir, muy probablemente la población del Rio Grande do Sul continuará siendo, proporcionalmente, la que más litigue en todo el Brasil, porque así lo ocurre hace muchos años, por ser esta una de sus características específicas e históricas. Tanto que su alta tasa de litigiosidad se constata también en la Justicias Federal y del Trabajo. En todas ellas el Estado integra tribunales de gran porte. El TRF de la Cuarta Región (con