En razón a su expresión en el contexto del sistema judicial español, algunos datos de la Tabla 7 merecen ser subrayados. De modo general, España te...

En razón a su expresión en el contexto del sistema judicial español, algunos datos de la Tabla 7 merecen ser subrayados. De modo general, España tenía el 31 de diciembre de 2009, sumados todos los datos de sus TSJs, el número de 3.039.051 casos pendientes. Esto es considerablemente bajo, correspondiente a poco menos de una tercera parte de los casos nuevos (9.301.606). Pero fue alta la tasa de litigiosidad en 2010, alcanzando a los 19.880 casos nuevos por 100 mil habitantes. Por supuesto, sumados los casos pendientes de 2009 y los casos nuevos, se tramitaron en 2010 un total de 12.340.657 procesos en España, de los cuales 9.162.525 fueron resueltos. Consecuentemente, el congestionamiento alcanzó en el año una MAPT del 25,7%, que, a pesar de ser alta, es significativamente inferior a la de Brasil, equivalente al 58,8% en procesos de conocimiento y 81,7% en ejecución y 49,2% en segundo grado. Analizándose los datos estadísticos por CA, los números indican que el TSJ de Andalucía tenía en 2010 la mayor cantidad de casos pendientes (580.437) y también la más alta tasa de litigiosidad (23.090), incluso superior a la constatada en el TSJ de Madrid, que es la capital del país, con 22.320 casos pendientes. La Rioja, al contrario, presentó no solo el menor número de casos pendientes (13.442) sino también la menor tasa de litigiosidad (13.610), seguida por el País Vasco (95.978 y 14.110, respectivamente de casos pendientes y litigiosidad). La más alta tasa de congestionamiento de 2010 fue obtenida por el TSJ de Murcia (31,9%) y la menor por el del País Vasco (20,2%), que presentó en 2010 la segunda menor tasa de litigiosidad y el menor índice de congestionamiento. Además, fue el único TSJ de CA que resolvió más procesos (321.853) que casos nuevos interpuestos (307.418). Un dato importante de la investigación realizada por el Poder Judicial español se refiere a que los procesos nuevos de 2010, en todas las jurisdicciones, fueron un 2,2% inferiores a los ingresados en 2009, reducción alcanzada después de 10 años de crecimiento. En 1999 ingresaron 6.483.215 procesos, número que fue aumentando cada año hasta llegar la cantidad de 9.562.280 en 2009, siendo finalmente reducido en 2010 a 9.355.526.454 Son datos alentadores en la perspectiva de alcanzar la razonable duración del proceso en el futuro, aunque sea un objetivo distante. Otro aspecto positivo sobre el sistema judicial español es que no fueron solamente los casos nuevos los que aumentaron en los años anteriores a 2010. Ocurrió también con los procesos resueltos. En el año de 1999 estos eran 6.411.293 y llegaron a 9.217.395 en 2010, representando un crecimiento del 43,7% en 11 años. En contrapartida, el número de procesos en trámite al final del año también aumentó en los últimos seis años. En 2004 eran 2.089.592 y al final de 2010 sumaron 3.225.063, expresando un crecimiento del 54,3% en siete años. Después de un rápido análisis de los datos de España sobre litigiosidad y congestionamiento, es posible compararlos con las informaciones de Brasil. Brasil presentó en 2010 una litigiosidad inferior y una congestión superior a España. Comparando los dos sistemas en estudio, se constata que la tasa de litigiosidad de España correspondía en 2010 al total de 198,8 casos nuevos (o procesos ingresados como se denominan en España) por mil habitantes, o, para comparar con Brasil (que adoptó el parámetro de 100 mil habitantes), 19.880 casos nuevos por 100 mil habitantes. En el mismo año Brasil alcanzó el número de 11.536 casos nuevos por 100 mil habitantes, estableciendo litigiosidad inferior a la de España, de solamente el 58% de esta. Sobre el tema merece resaltarse que los datos estadísticos de Brasil no incluyeron las demandas ingresadas en la Justicia Militar, Justicia Electoral, Tribunales Superiores (STJ, TST, TSE y STM) y el STF, este con la función de Suprema Corte del País. Solamente algunos datos del STJ y STF fueron publicados por el CNJ en Justiça em Números 2010. Si fuesen ampliadas estas informaciones, aunque previsiblemente no muy expresivas, ciertamente aumentarían algunos millares de casos nuevos brasileños. Comparando los números disponibles en Justiça em Números 2010, ingresaron en Brasil 24.227.727 casos nuevos y fueron resueltos 25.316.950 procesos. Los datos expresan una significativa reducción en el año, correspondiente a 1.089.223 procesos y el 4,49%, conforme números expuestos en la Tabla 6. Si fueran comparados con los datos sobre los mismos temas en España, insertados en la Tabla 7, se percibe que ingresaron en el sistema español 9.301.606 y fueron resueltos 9.162.525, representando un déficit del 1,49% en 2010. Quiere decir esto que solamente el 98,51% de los procesos que ingresaron en 2010 fueron resueltos en el mismo año por los TSJ del Poder Judicial español, mientras Brasil resolvió el 102,53% del número de casos nuevos. En general de segundo grado (Tabla 6), mientras España alcanzó MAPT de congestionamiento equivalente al 25,7%. Por supuesto, el congestionamiento de Brasil en 2010 llegó al doble del constatado en España. La situación de congestión en las ejecuciones del sistema judicial español es todavía superior que en los procesos de conocimiento, semejante a lo que se constata en Brasil. Conforme a los datos estadísticos, aquel alcanzó en 2010 el porcentaje de 25,7% en los asuntos en general, siendo superior en ejecución de sentencias. Fueron registradas 1.241.467 ejecuciones de sentencias en todos los asuntos, que sumadas a los procesos en tramitación al final del año anterior (2.205.227) llega a 3.446.694, de los cuales solo 1.048.356 fueron resueltos, restando congestionamiento de 2.591.449 procesos de ejecución de sentencias al final de 2010. Equivale a una tasa de congestionamiento del 69,5% en las ejecuciones en general, englobando todos los asuntos. El área civil es el principal responsable de la congestión de procesos de ejecución de sentencias en España, pues en 2010 fueron registradas 712.380 y resueltas apenas 435.223, restando en trámite al final del año el total de 1.761.792. Así, fueron resueltas solo el 61% del número de ejecuciones de