En este capítulo resalto la importancia de examinar los aspectos regulatorios en los contextos nacional y subnacional, debido a que el crecimiento en el consumo de bebidas gaseosas en México ha coincidido con fenómenos políticos, una correlación que es poco discutida. El expresidente de México en el periodo 2000 a 2006, Vicente Fox Quesada, fue presidente de FEMSA, la empresa mexicana que embotella Coca-Cola. La explosión en el surgimiento de tiendas de conveniencia OXXO (también de FEMSA) es preocupante de igual manera, sobre todo por la amplia gama de servicios que han empezado a ofrecer estas tiendas, incluyendo pago a bancos, pago de servicios e incluso transferencias monetarias a otros países. Adicionalmente a los factores que mencionan Hawkins, Potter y Race, el desarrollo del “gusto por el agua embotellada” que indica Biro, la débil infraestructura de transportación de agua hacia los hogares que demuestran Prasetiawan y colaboradores, y el vacío institucional y regulatorio que indica Pacheco-Vega, es importante indicar que existe una racionalidad privada acerca del agua embotellada (Viscusi, Huber y Bell, 2015). Esto significa que hay una razón individual por la cual los consumidores consideran que les conviene más ingerir el vital líquido en su forma empaquetada que arriesgarse a una potencial enfermedad gastrointestinal (Hawkins, 2017; Prasetiawan, Nastiti y Muntalif, 2017). Es una manifestación de la “cuarentena invertida” que propone Szasz, en la que en lugar de que las personas se alejen de los elementos que pudieran causarles daño (es decir, ponerse en cuarentena), aíslan los productos que consumen para poder evitar que éstos se pongan en contacto con agentes alergénicos o potencialmente tóxicos (Szasz, 2007). Ello significa que ponen en un tipo de cuarentena a los productos que consumen. Este tipo de cuarentena inversa genera el aislamiento del individuo de los alergenos o tóxicos potenciales. Ciertamente, esta racionalidad privada no es tan extrema como en los casos en el continente africano donde el consumo de agua embotellada en sachets es básicamente la única forma en la que las poblaciones de dichos países pueden ingerir el vital líquido sin arriesgarse a una enfermedad entérica (Stoler, 2017). Este tipo de decisión de consumo, si bien es llevado al máximo en países africanos, es también típico en otros países, tales como la República Dominicana (McLennan, 2015a), Australia y Nueva Zelanda (Ragusa y Crampton, 2016) y los Estados Unidos (Parag y Roberts 2009), no siendo éstos los únicos países en los que ocurre este tipo de fenómeno de transformación del consumo de agua de la llave al líquido envasado. Esto pasa hasta en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como demuestran Johnstone y Serret. El análisis de datos obtenidos de encuestas realizadas en 10,000 hogares en 10 países de la OCDE (Australia, Canadá, República Checa, Francia, Italia, Corea, México, Holanda, Noruega y Suiza), demostró que la preocupación por el sabor y calidad del agua es un factor determinante en el consumo de agua embotellada y en la decisión de elegir el vital líquido en su forma empaquetada por encima del recurso hídrico que emana de los grifos del hogar (Johnstone y Serret, 2012). Esta preocupación va más allá de la decisión de elegir agua embotellada “gourmet” o “de alto nivel”, como las analizadas por Biro en su estudio del menú de aguas (Biro, 2017). Es notorio que en el análisis de Johnstone y Serret se incluye a México, pero en el análisis no se reportan datos individuales en la escala subnacional, dado que comparativamente, los países de la OCDE en los cuales se realizó el análisis no pertenecen realmente al grupo de países sub-desarrollados donde se pudiera tener un estado de derecho debilitado, como es el caso de México (Pacheco-Vega, 2015). Esta racionalidad privada no está asociada, por supuesto, con la irracionalidad de consumir agua embotellada de Fiji, Noruega o Texas (específicamente de la popular marca de agua mineral Topo Chico). La existencia de un intercambio transaccional que es de naturaleza completamente trasnacional es una de las grandes paradojas que tiene asociada el agua embotellada como fenómeno sociopolítico (Pacheco-Vega, 2016a). 4. Derecho humano al agua y agua embotellada: ¿las dos caras de Jano? Para quienes realizan activismo en países en desarrollo en busca de la implementación del derecho humano al agua debería resultar bastante problemático que exista una industria del agua embotellada. ¿Cómo es posible que una actividad comercial cuyo fundamento es la extracción y empaquetado de un recurso no renovable y altamente escaso, se considere una industria no solamente viable sino también legítima? En esta sección examino la situación que guarda el concepto del derecho humano al agua, y argumento que la producción de agua embotellada representa un proceso de mercantilización y commodificación del mismo que conlleva, por lo mismo, el “empaquetamiento del derecho humano al agua”. Sin embargo, como mencionaré en secciones posteriores, en México los activistas por el derecho humano al agua no han tomado el estandarte de la batalla contra el agua embotellada y la mercantilización del vital líquido. Es importante diferenciar, como hago en esta sección, entre consumo de agua embotellada por “placer” (es decir, cuando no es fundamentalmente necesario) y cuando lo es por necesidad. En este caso, este tipo de consumo se convierte en el mismo derecho humano al agua. Por ejemplo, en África, el uso de sachets es precisamente lo que permite a ciudadanos en comunidades vulnerables poder acceder al vital líquido (McLennan, 2015b; Stoler, 2017; Valentin, 2010). En teoría, el derecho humano al agua no es compatible como tal con el negocio del agua embotellada. A pesar de que el enmarcamiento (framing) de las discusiones sobre el derecho humano al agua y la mercantilización del recurso hídrico ha estado principalmente enfocado en los procesos de privatización de la operación de las agencias gubernamentales encargadas del suministro de agua (organismos operadores), es importante recalcar que la existencia de una industria que tiene ganancias millonarias a costa de la extracción de un recurso escaso y de acceso común se contrapone directamente con el derecho de todo ser humano a acceder al menos a 50 litros de agua por día, como indica la resolución de las Naciones Unidas de julio de 2010, y como establece la reforma de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Más aún, a pesar de la existencia de los grandes consorcios que se dedican al embotellamiento del vital líquido en envases individuales de 500 mililitros hasta garrafones de 20 litros, ha surgido un gran número de pequeños emprendedores que operan sistemas de tratamiento y filtración para el rellenado de garrafones. Efectivamente, estos emprendedores funcionan como competidores de las multinacionales como Coca-Cola, Danone, Nestlé y PepsiCo.3 Es claro que la preocupación de las organizaciones ambientalistas mexicanas enfocadas en materia del derecho humano al agua es detener la tendencia privatizadora de los organismos operadores, particularmente porque el gobierno mexicano ha manifestado un interés en abandonar sus obligaciones fundamentales del suministro de agua potable en las ciudades mexicanas y, en su lugar, crear mercados de apropiación de licencias y subrogaciones de la operación de los sistemas de extracción y transporte de agua a los hogares.4 Y de nuevo, curiosamente, los objetivos de los activistas mexicanos no incluyen presionar ni a los grandes consorcios embotelladores ni a los pequeños emprendedores que rellenan garrafones. Mucho menos ponen atención en las pequeñas empresas que realizan la extracción y producción de marcas propias (como es el caso de la empresa Agua Purificada Nevado de Ciudad Guzmán, cuya operación se extiende ya por tres generaciones y que emplea a alrededor de 45 personas).5 Como indican Sultana y Loftus, el derecho humano al agua tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es la necesidad de aprender de nuestros errores y de las fallas que hemos tenido en la implementación del mismo (Sultana y Loftus, 2015). Sobre todo, resulta preocupante que la delimitación del derecho humano al agua se ha enfocado en la obligación del Estado (como gobierno) de ofrecer el servicio, sin tomar en cuenta cómo se realiza dicha entrega, si los organismos operadores municipales de agua tienen la infraestructura o la capacidad financiera para realizar sus actividades en el diario devenir. Sin embargo, en este capítulo y, específicamente en esta sección, en