Es indispensable el reconocimiento de la diversidad cultural, y los derechos de los pueblos indígenas como base de la reestructuración política del estado. Entre los avances de toda una nación debe destacar el hecho de que la esfera pública se encuentre abierta a la participación, representación y toma de decisión de los pueblos indígenas. La ONU reconoce que hay dos niveles de derechos para que se respete a los pueblos indígenas: los derechos de los individuos que comparten con todas las demás personas, indígenas o no, y los derechos propios de los pueblos como colectividades a su cultura, a sus territorios, a sus formas de organización, así como a ser consultados y a dar su consentimiento con respecto a cualquier decisión que afecte sus bienes o su territorio, debemos recordar siempre, que los pueblos indígenas son parte integrante y esencial de nuestra nación. Si comparamos a México con otros países de América Latina, que han vivido un proceso similar, que tienen una historia de colonialismo, de discriminación y exclusión, nuestro país se ha quedado atrás en materia de reconocimiento y también de implementación de los derechos. El principal derecho por el que luchan los pueblos indígenas, y por el que siempre han luchado, es por su autonomía, el cual debe ir acompañado de políticas consecuentes que realmente reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho que pueden tomar decisiones con base en su cultura y formas de organización social. Una de las principales formas de discriminación que padecen los pueblos indígenas es la socioeconómica ya que la mayor parte de las personas que se consideran indígenas no tienen recursos económicos, y se encuentran en la franja de población más pobre en general dentro del país. Hoy en día el tema de la diversidad cultural ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial debido a los procesos de reconocimiento que han impulsado los pueblos indígenas, a fenómenos sociales como la migración interna y externa que se vive y al desarrollo de las tecnologías de la información, así como a fenómenos derivados del proceso de globalización. La promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo es una de las prioridades para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que con el fin de asegurar la preservación y promoción de dicha diversidad, el 2 de noviembre de 2001, en la trigésima primera reunión de la Conferencia General aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y proclamó el 21 de Mayo como “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”. Hoy en día la información y el saber son transformados cada vez más en recursos privados susceptibles de ser controlados, vendidos o comprados, como si fueran simples mercaderías y no componentes indispensables para la organización y el desarrollo social. Así, reconocemos que es urgente encontrar soluciones a estos problemas, a los cuales las sociedades de la información y de la comunicación se confrontan en primer lugar. Si se admite que la posibilidad de que la sociedad se autogobierne requiere de un estado democrático, entonces se revela como objetivo privilegiado la propia publicación del Estado y, en particular, de los mecanismos a través de los cuales se delimitan los contenidos específicos de la agenda pública y se formulan formalmente las políticas públicas. Por otra parte, se acepta que la esfera de satisfacción de necesidades públicas que no está sujeta a las reglas del estado ni del mercado, constituye también otra dimensión de la institucionalidad publica, su preservación y fortalecimiento deberán constituirse en objetos expresos de atención. Mas aún si puede tener una incidencia sobre la propia posibilidad de conformar un estado y una sociedad democráticos. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Desde una perspectiva integral, la ciudadanía implica un compromiso recíproco entre el poder público y las personas. El primero debe respetar la autonomía individual, permitir y promover la participación ciudadana y brindar posibilidades de bienestar social. La segunda es que debe contribuir con su participación a enriquecer el ámbito público. En este sentido, la ciudadanía entraña una ampliación de la esfera pública frente a la fuerza que tiene actualmente la esfera privada, como una manera de crear más sociedad, generar una conciencia más difundida sobre las responsabilidades de los individuos y los grupos e impulsar su participación directa en la generación y pueda disfrutar de bienes públicos y bienes de valor social. La participación social surge como uno de los problemas de la recuperación y la ampliación de lo público, no puede