La reforma del año 2015, además de ampliar el ámbito competencial del Consello de Contas con la atribución de esa competencia específica, adopta una sería de medidas de tipo organizativo y de funcionamiento para mejorar la eficacia del control que inciden en esta materia y suponen un avance en el procedimiento fiscalizador:
La necesaria defensa de su candidatura de los aspirantes a conselleiros de Contas en comparecencia parlamentaria.
La creación de una comisión mixta con el órgano de control interno de la Xunta de Galicia para el efectivo seguimiento de las recomendaciones formuladas en los informes.
La atribución de la condición de autoridad a los auditores de la Institución en el ejercicio de las actividades de control de las ayudas públicas.
La habilitación de las denuncias de particulares como instancia para que el Pleno del Consello dé apertura a un procedimiento de fiscalización.
La competencia de fiscalizar y controlar la actividad económico-financiera de las formaciones políticas que perciban subvenciones de la Comunidad Autónoma, en el marco establecido en la normativa del Estado.
La competencia de fiscalizar la evolución de los bienes patrimoniales de las personas que ocupen altos cargos en el sector público autonómico.
El refuerzo de las funciones consultivas del Consello de Contas, que se extienden al ámbito de la prevención de la corrupción.
En el ámbito organizativo, se creó para el desarrollo de esta función la Sección de Prevención de la Corrupción, con la asistencia de una Comisión Técnica formada por auditores de los distintos departamentos, y se incorporó a la organización interna una Unidad de Prevención de la Corrupción. Una de las primeras actuaciones en esta materia fue la aprobación del Código Ético de la Institución.