Las Bahamas aplican TFS a través de las legislaciones IOEMA y ATA. Sobre la base de la legislación, el marco jurídico de la jurisdicción es limitado para abordar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ocupan de TFS. Hay deficiencias señaladas en la legislación incluyendo la falta de un mecanismo y procedimientos poco claros para la designación en el país; Y la falta de un mecanismo oportuno de congelación y procedimientos de exclusión. Como resultado de estas deficiencias Las Bahamas no tienen un sistema efectivo. No ha habido casos de congelación de bienes terroristas y, como tal, Las Bahamas no pueden demostrar la aplicación efectiva de las Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables a TFS.