Dado que el arancel de aduanas afecta el consumo de las personas se podría afirmar que ese impuesto es regresivo, pues las personas de menores ingresos tienen una relación consumo/ingreso superior a la que se observa en las personas de mayores ingresos. No obstante, es preciso señalar que en términos de regresividad, las barreras cuantitativas al comercio de alimentos son más regresivas. Esto se debe a que la política comercial impide que puedan importarse libremente productos agropecuarios, que representan una parte importante del consumo total de la población más pobre. De esa manera, se observa que el precio de los alimentos que enfrentan los pobres es considerablemente superior al que percibirían en una economía más abierta. En la actualidad los impuestos sobre los ingresos representan un 18.0% del total de ingresos, lo cual contrasta con el nivel alcanzado en los años ochenta. La evolución de los impuestos sobre los ingresos muestra que entre 1982 y 1989 hubo un comportamiento ascendente de esa figura impositiva. Las recaudaciones pasaron de 2.3% a 3.0% del PIB. A partir de 1989, esta participación se reduce, pues la estructura tributaria existente y la aceleración de la tasa de inflación incentivó la evasión impositiva. No fue sino hasta la reforma tributaria de 1992, cuando se simplifica el impuesto y se reducen las tasas, que el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB aumenta ligeramente; no obstante, la aparición de otras figuras recaudatorias -como el diferencial- provoca que la participación del impuesto sobre la renta en el total de ingresos tributarios continúe reduciéndose. En términos del PIB, las recaudaciones se mantuvieron relativamente estables en el período 1993-1996. En 1997 ésta se eleva a un 2.8% del PIB debido a la aplicación de medidas transitorias que incentivaron a los contribuyentes a realizar pagos adicionales a lo declarado a cambio de no ser fiscalizados posteriormente por la Administración Tributaria. Para 1998, la participación de estos ingresos en el PIB se mantuvo relativamente constante (2.8%). El Impuesto sobre la Renta tiene un nivel de ingreso anual exento alrededor de US$ 6,000 dólares (a la tasa de cambio oficial de 15.33 pesos por dólar), y establece tres tramos impositivos con tasas marginales de: 15%, 20% y 25%. Esto último sugiere que ese impuesto es relativamente progresivo, pues cada peso adicional percibido por un contribuyente es gravado en una mayor proporción. Asimismo, la exención de US$ 6,000, en una economía con un salario mínimo anual equivalente a US$ 1,888, pone de manifiesto que una parte importante de los asalariados no está sujeto al impuesto. No obstante, es preciso señalar que el Impuesto sobre la Renta de las personas jurídicas -el cual tiene una tasa única de un 25%- tiene agujeros fiscales que permite a los grandes contribuyentes utilizar la depreciación y los gastos de intereses para evadir el pago de sus obligaciones tributarias. Esto disminuye el grado de progresividad del impuesto, pues en términos relativos los grandes contribuyentes tienden a pagar menos que los contribuyentes de tamaño mediano. Por otra parte, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el cual entró en operaciones en 1984, mantuvo un comportamiento ascendente hasta 1987, alcanzando un 1.6% del PIB. A partir de ese año ese impuesto como porcentaje del PIB se mantiene relativamente constante hasta 1992 cuando se eleva la tasa en 2 puntos porcentuales, al pasar de 6% a 8%, llegando los ingresos por concepto del ITBIS a representar un 2.1% del PIB. En 1997, debido a la aplicación de algunas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia administrativa, las recaudaciones por ese concepto se incrementan a 2.9% del PIB, lo cual son intensivos en empleo. Esta estrategia se tradujo en un aumento de los sueldos de maestros, médicos y enfermeras, entre otros. Además, se le dio una mayor importancia a la modernización de la burocracia estatal, incrementándose los gastos en sueldos y salarios, así como los suministros indispensables para mejorar la administración pública. En adición, se otorgó un mayor peso a las transferencias de recursos como aportes corrientes a las empresas estatales deficitarias hasta lograr su capitalización o privatización. Sector Monetario El balance no deficitario de las finanzas públicas permitió al Banco Central cumplir con su principal objetivo: la estabilidad de precios. La política monetaria se expresó en un crecimiento de la emisión de dinero que mantuvo una estrecha relación con el aumento de la demanda de los agregados monetarios, por lo que no hubo presiones sobre la tasa de inflación. La emisión monetaria se elevó en un 19.6% y la oferta monetaria en sentido amplio (M2) en un 24%. Los bancos comerciales recibieron un 24.6% de depósitos adicionales en 1997 en relación a 1996. La expansión de los depósitos a plazo del sector privado (22.9%), unida al aumento de los certificados a plazo (30.2%), sugiere que la unificación cambiaría de diciembre de 1996 redujo las expectativas de depreciación del tipo de cambio y, por lo tanto, aumentó la demanda de dinero real.