Como resultado de acuerdos intertemporales a largo plazo entre los actores partidarios clave, mediante los cuales se delega la autoridad en materia de políticas a entidades autónomas, se han salvaguardado importantes áreas de política contra la inestabilidad y la incoherencia que de otra manera se hubieran producido como resultado de la alternancia en el gobierno y de conflictos entre los partidos. El país cuenta también con una Corte Suprema de Justicia independiente que hace cumplir estos acuerdos reafirmando repetidas veces en sus fallos la autonomía de las instituciones, como lo hizo especialmente durante los años sesenta. El deseo de los políticos de recuperar cierto control sobre esta gran porción del aparato estatal dio lugar a la reforma constitucional de 1968 y a otras reformas jurídicas en los años setenta, que consolidaron la autoridad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para fijar la política general en los sectores y permitieron nombramientos en las direcciones generales más basados en las afiliaciones partidistas. No obstante, en su mayoría, las instituciones retuvieron su autonomía presupuestaria y administrativa.