y prácticas del juego político nacional, en el cual las agendas a corto plazo a menudo tienen prioridad sobre todo acuerdo intertemporal, dejando poco espacio para el desarrollo institucional a largo plazo. Cuando en 2002 Argentina suspendió la paridad cambiaria, profundizando la recesión económica, los contratos que regían la privatización de las compañías les habrían permitido mantener las tarifas invariables en dólares (indexados), lo cual significaba casi el triple de su valor actual en pesos. El Congreso aprobó una ley que dejó sin efecto la cláusula contractual relativa a los reajustes en dólares, prohibió la indexación basada en índices de otros países (o cualquier otro mecanismo de indexación) y fijó las tarifas en pesos, basándose en el antiguo tipo de cambio de un peso por dólar. La ley también autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar contratos de servicios públicos, estableciendo una Comisión de Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos. Como consecuencia de estas medidas, el sector de las telecomunicaciones cayó en una crisis profunda, varias compañías suspendieron los pagos de la deuda y otras dejaron de operar. La política en materia de servicios públicos en Argentina ha sido muy volátil. Durante unos 20 años se ha aplicado una política de participación del sector privado en el suministro de servicios públicos sin el desarrollo de instituciones regulatorias en gran medida independientes del sistema político. En algunos casos esto ha llevado a cierto grado de captación por las compañías reguladas. En los casos en que la organización institucional produjo un ente regulador más independiente (como en las áreas de la electricidad y el gas en los años noventa), no hubo captación pero se tomaron algunas decisiones y medidas que impusieron pérdidas financieras a los proveedores privados y, por consiguiente, equivalieron a cierto grado de expropiación. Esta situación se vio agravada por la dificultad de recurrir al sistema judicial para resolver casos complejos. El sistema político no estaba dispuesto a perder su capacidad discrecional con respecto a estos sectores. Por lo tanto, las instituciones regulatorias creadas como parte del proceso de privatizaciones fueron incorporadas rápidamente en la órbita política, lo cual a su vez limitó sus áreas de responsabilidad, su capacidad técnica y sus recursos financieros. En este contexto, es discutible si las agendas especiales y los intereses políticos de los agentes vinculados al proceso regulatorio tuvieron más influencia en las decisiones adoptadas (por ejemplo, en el rebalanceo de las tarifas de telecomunicaciones, la prórroga de los períodos de exclusividad y la demora en la introducción de competencia) que el interés público general. Los cambios sucesivos de gobierno a fines del siglo provocaron un cambio sustancial en la política. Se pasó de una situación de relativa captación por las compañías reglamentadas a una de conflicto abierto con los proveedores privados (vinculada a la pesificación de los contratos), que se convirtió en un ejemplo paradigmático de volatilidad de la política. Las reformas de los años noventa cambiaron profundamente el PFP de Argentina en el ámbito sectorial. Las compañías privatizadas, en su mayoría firmas multinacionales con grandes capitales en el sector a nivel internacional, se convirtieron en los principales actores. Los organismos regulatorios se perfilaban como actores potencialmente importantes pero institucionalmente débiles, sin suficiente financiamiento. Al principio la opinión pública estaba a favor de la reforma debido a las deficiencias de los servicios. Sin embargo, a medida que el proceso de regulación fue avanzando, cundió la percepción de que los organismos regulatorios habían sido captados y de que el proceso regulatorio estaba redundando en grandes beneficios para las compañías a expensas de los consumidores. Esto llevó a la aparición de actores tales como el defensor del pueblo, asociaciones de consumidores e incluso grupos de legisladores que se oponían a la forma en que se habían abordado los problemas tarifarios. El shock económico de 2002 fue claramente desfavorable para los inversores y se produjo en un momento en que las compañías privatizadas tenían una mala imagen, en tanto que la respuesta al shock redundó en importantes beneficios políticos. Por consiguiente, en un contexto político e institucional en gran medida desfavorable para los acuerdos intertemporales, el resultado ha sido una gran volatilidad de las medidas de política para los servicios públicos.