LA GÉNESIS DEL MODELO PER-SUBSIDIO La formación de este modelo fue a la vez consecuencia de una traición y compensación por ella. En los principios de la reforma del franquismo y la Transición (1974-1978), la reivindicación de la Reforma Agraria — entendida, en primer lugar, como expropiación de los latifundios— estaba de plena actualidad en Andalucía como exigencia nacional y especialmente como demanda social en el medio rural andaluz. Era la vía sentida como natural y legítima para resolver las carencias seculares andaluzas, asegurando trabajo decente y regular a las masas de jornaleros desempleados y la palanca para sostener otro modelo de desarrollo para Andalucía. Sin embargo, resolver este agravio histórico —atacando a la propiedad privada de la tierra— no era compatible con el proyecto de Transición política estatal pactado entre las jerarquías del régimen franquista y las direcciones de la izquierda reformista española. La nueva democracia española —según habían diseñado— no podía integrar ni la Reforma Agraria ni la autodeterminación de las nacionalidades. La tarea de reconducir esta situación fue asumida en Andalucía por la sucursal andaluza del PCE, entonces ampliamente implantado y hegemónico entre la izquierda. Directamente y a través de su control sobre CCOO, el PCE reorientó y desvió las luchas jornaleras andaluzas en todo lo que le fue posible, abandonando exigencias calificadas como utópicas o desestabilizadoras y optando por reivindicaciones razonables, que fueran soportables por el régimen al tiempo que paliaran las condiciones de necesidad en el campo andaluz. De ahí nacieron las protestas en demanda de Fondos de Empleo Comunitario, es decir, fondos que arbitrariamente distribuían los gobernadores civiles entre los pueblos para dar trabajo haciendo faenas y que, repartidos pueblo a pueblo, permitían subsistir a los jornaleros en paro. Otras fuerzas, como el SOC, que intentaron mantener viva la reclamación de Reforma Agraria con luchas radicales u ocupaciones de fincas, fueron superadas finalmente por la alianza entre el gobierno español y el PCE (a la que muy pronto se sumaría el PSOE, anteriormente inexistente). Precisamente iba a ser el PSOE el beneficiario político esencial de este trabajo sucio realizado por el PCE (en el que, por cierto, participaron directamente algunos de los que todavía hoy dirigen su sucursal andaluza). A la altura de 1980, la Reforma Agraria aún estaba lo suficientemente vigente como para ser incluida en el catálogo retórico de objetivos a cumplir, recogidos en el texto estatutario andaluz; aun a sabiendas de que la proyectada autonomía constitucional no dispondría de competencias políticas para ejecutarla. Fernando Soto — entonces secretario general de la sucursal andaluza del PCE y diputado a Cortes— tuvo entonces el cinismo de explicar expresamente que lo de menos era su viabilidad política y que lo importante era que figurara como referencia, para poder así justificar ante los trabajadores rurales en las plazas de los pueblos el apoyo al texto estatutario consensuado con la derecha que estafaba las aspiraciones nacionales de soberanía del pueblo andaluz. Todavía en 1982, el primer gobierno del PSOE en Andalucía aprobaba una llamada Ley de Reforma Agraria Andaluza. Esa Ley se reducía a una propuesta de fomento de la productividad, acompañada por mecanismos de arrendamiento temporal del uso de la tierra. Se atenía escrupulosamente a los límites establecidos por UCD en su Ley española de Fincas Manifiestamente Mejorables. Además aparecía encorsetada por la legalidad constitucional y estatutaria que prohíbe al gobierno andaluz la posibilidad de imponer una legislación de expropiación propia, quedando esta competencia en manos del gobierno español. En resumen, una Ley que se limitaba a compilar y agrupar disposiciones precedentes de leyes estatales orientadas a favorecer la productividad agraria, sin afectar a la estructura de la propiedad de la tierra. Aun así, la decisión del presidente Escuredo de impulsar esta Ley condujo a su sustitución por el PSOE. La Ley fue olvidada. La columna vertebral de la política del PSOE para el campo andaluz va a ser la sustitución del sistema del Empleo Comunitario por el del Subsidio Rural. Este último se concede individualmente, teniendo en cuenta el número de peonadas firmadas por los patrones. Ata pues a los jornaleros a la benevolencia de cada patrón, presionando a la baja los convenios, que se tienden a incumplir. Al ser más vital la firma que el jornal, el trabajo se convierte en instrumento para recibir el subsidio, con lo que prácticamente desaparecen las luchas en las temporadas tradicionales, disminuyendo sustancialmente la conflictividad. Además, la extendida necesidad de completar las firmas con peonadas de los ayuntamientos revierte en extensión clientelar del PSOE, que es quien distribuye las partidas que hacen posible esas peonadas. Si con el [Empleo]