A este recurso pueden asociarse dos «utilidades» principales. La primera se refiere a la capacidad que poseen los actores públicos para administrar directamente un servicio o para imponer de manera más o menos directa limitaciones al uso del mismo en el caso de que el Estado o la entidad pública sea el propietario o administrador de un bien. En este sentido aparece como más sencillo prohibir al público el acceso a un sitio considerado sensible desde el punto de vista ambiental cuando este espacio es de propiedad pública. En la Francia de la posguerra o en la de principios de los años ochenta, la política de nacionalización de grandes empresas correspondía a esta voluntad de asentar las políticas públicas del Estado en empresas directamente controladas por el mismo (SNCF y EDF en 1945; empresas del sector químico en 1982, por ejemplo). Las olas de liberalización y de privatización que surgieron hacia finales de los años 1980 -especialmente incentivadas por la Unión Europea y la Organización Mundial del comercio cuestionaron seriamente esta opción estratégica. La segunda «utilidad» concierne a la capacidad de comunicación que tales infraestructuras permiten a los actores del sistema político-administrativo. El patrimonio administrativo incluye un amplio conjunto de equipamientos físicos necesarios para gobernar y, en la jerga del análisis de políticas públicas, para producir los actos de aplicación en la interfase de contacto entre el Estado y la sociedad civil. Las características de tales infraestructuras dependen en gran medida del uso que los actores que administran los recursos organizacional y cognitivo les quieran dar. Así, los edificios administrativos representan un área de producción que permite llevar a cabo una multiplicidad de comunicaciones entre los individuos miembros de la organización administrativa en cuestión con los grupos-objetivo y los beneficiarios finales. Un gran abanico de equipamientos administrativos facilita así la comunicación en las administraciones modernas, y ello se hace a través de todo tipo de recursos e instalaciones: papel, formularios, programas para ordenadores y equipos de informática, objetos de arte, plantas, servicios de restauración o de seguridad, equipos antiincendio o conserjerías. Todo lo cual, al menos desde la perspectiva de su uso oficial, sirve para facilitar la comunicación entre los actores públicos y la sociedad. Sin embargo, este recurso patrimonial no se limita a las infraestructuras o equipo material. Los edificios administrativos constituyen también la encamación física de la interfase entre las políticas públicas y el mundo real. El edificio es, por decirlo de algún modo, el lugar en el que se efectúa la comunicación entre el Estado y sus ciudadanos. Si lo entendemos así, forman parte también de los recursos de infraestructura los instrumentos de comunicación externa tales como los sistemas de (tele)comunicaciones individuales (teléfonos, correo, correo electrónico, fax) y colectivas (salas de reunión, salas de conferencia, redes de difusión televisiva, etc.). Estas infraestructuras administrativas son cada vez más complejas y su gestión, como recurso público, resulta cada vez más importante. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que un número creciente de políticas públicas opera a través de instrumentos de tipo persuasivo y que, además, gran cantidad de actos administrativos formales deben actualmente acompañarse de una comunicación explicativa. La disponibilidad de recursos logísticos, patrimoniales y comunicativos varía en el tiempo y el espacio. Su ausencia puede, sobre todo en situaciones de catástrofe o crisis, poner en peligro una política pública en su totalidad (por ejemplo ante la incapacidad de los servicios públicos, dada la falta de medios de telecomunicación, de anunciar u ordenar la evacuación de una región afectada imaginemos por la repentina llegada de un huracán, como de hecho ocurrió no hace demasiado tiempo en New Orleans). Asimismo, el no disponer de una sala o de un programa informático, que en un momento o lugar determinados sean necesarios para la puesta en marcha de negociaciones con los actores que se oponen a una política, puede hacer peligrar seriamente el éxito de la misma (lo que puede ocurrir cuando, por ejemplo, se carece de una sala para albergar simultáneamente a varios cientos de personas que se oponen a la construcción de una carretera, o cuando no se dispone de un programa de ordenador que permita mostrarles rápidamente un diseño alternativo para un tramo de la carretera en cuestión). Asimismo, la ausencia de una adecuada representación de la administración central en los distritos/ provincias/ barrios/ etc. o si esa red territorial es inapropiada, puede alejar a los ciudadanos (grupos-objetivo y/o beneficiarios finales) de su administración creando así un distanciamiento físico entre la política pública y el mundo real, situación que puede acabar siendo muy perjudicial para el éxito de las negociaciones. Todos estos ejemplos demuestran el rol crucial que juegan los recursos patrimoniales en las políticas públicas. Este hecho ha sido ampliamente reconocido por las administraciones públicas en los últimos años, y, por tanto, desde hace tiempo está creando funciones específicas tales como los servicios (centralizados o descentralizados) de informática, de prensa, de construcción de edificios administrativos (civiles y militares), de telecomunicaciones propios del Estado (civiles y militares), etc.