De acuerdo a las reglas del estado de derecho democrático, cada política pública requiere, para su puesta en marcha o para modificar considerablemente su contenido, bases legales aprobadas por la mayoría de las instituciones parlamentarias correspondientes. Esta aprobación confiere a la política una legitimidad primaria. La forma en que se aprueben dichas bases legales nos informa, en el momento en que se produce, del apoyo político del que goza la política pública en cuestión y gracias al cual los actores mayoritarios pueden imponerse a los grupos sociales minoritarios.