Según las cifras oficiales del año 2002, en Guatemala la proporción indígena de la población total asciende solamente al 40% ó 42%. En cifras absolutas, se trata de aproximadamente 4,4 millones de personas de un total de 11,2 millones de guatemaltecos, aúnque generalmente se parte de una subvaloración en comparación con la población indígena real, la cual muy probablemente constituya la mayoría de la población de Guatemala. Los garífunas componen adicionalmente un 0,4% y los xincas otro 0,7% de la población, aúnque ellos mismos no se identifican como pueblos indígenas. Oficialmente se reconocen 22 pueblos indígenas que cuentan con su propio idioma, los cuales sin embargo representan solamente el 81% de la población indígena total (PNUD 2005: 63). Según estas cifras, un 30% de los mayas no habla español hasta hoy en día. Muchos pueblos son relativamente pequeños y en cada municipio con población indígena se hablan varios idiomas mayas. Puede decirse que Guatemala constituye un caso especialmente curioso, ya que –con ayuda internacional – cuenta con algo parecido a una política nacional oficial para los pueblos indígenas. Sin embargo, al mismo tiempo, la implementación de esta política encuentra relativamente poco apoyo en la población y a nivel político en general, y poca prioridad en la agenda política. El inestable y desordenado panorama institucional público, su escaso respaldo legal y su bajo nivel de sostenibilidad, así como el posicionamiento poco claro del movimiento indígena, han llevado a que–hasta el día de hoy– Guatemala no cuente con una institución pública principal responsable de coordinar las políticas a favor de los pueblos indígenas. En su lugar se formó una especie de red de mini-instancias públicas, responsables de la formulación e implementación de diferentes partes de las políticas públicas para los pueblos indígenas contenidas en los Acuerdos de Paz, cuya lógica y coherencia entre sí es sumamente difícil de comprender. Por ese motivo se dificulta una orientación sistemática de los procesos en curso y las visiones de futuro, así como una actualización e implementación coherente de las políticas públicas para los pueblos indígenas. En realidad, desde el regreso de Guatemala a la paz y a la democracia, dichas políticas aún no cuentan con una agenda nacional propia, y no se observa mayor entusiasmo respecto de su implementación o su reciente repriorización. Hasta el año 2005, los recursos humanos y financieros destinados a las políticas públicas para los pueblos indígenas fueron realmente escasos.