El estado y su participación en los asuntos educativos

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El estado y su participación en los asuntos educativos 
El Estado ha sido un actor relevante en la difusión de la educación durante el 
último siglo. 
Sin embargo, desde distintas perspectivas, a veces se cuestiona su papel. 
Se argumenta, por ejemplo, que no es necesario delegar la función educativa en el 
Estado, puesto que hay distintos agentes como la familia o las asociaciones 
comunitarias- que pueden desempeñarla adecuadamente. 
Otro de los argumentos frecuentes contra la participación del Estado en la 
educación se apoya en la posibilidad por parte del Estado de impedir cambios en 
la sociedad, ya que el Estado organiza las funciones educativas para mantener un 
determinado orden político y social. 
Sabemos que, a través de una institución como la escuela, no sólo se imparten 
conocimientos técnicos, sino también valores, visiones del mundo, maneras de 
organizar el pasado y el presente. 
Entonces, sostienen los críticos, la intervención del Estado podría afectar la 
capacidad de libre discernimiento de las personas. 
Es cierto que el control de la escuela por parte de un Estado autoritario afecta la 
libertad de pensamiento, en tanto transforma esta institución en un espacio de 
adoctrinamiento, de difusión de una única visión de la realidad. 
En cambio, en un Estado democrático, en el que las instituciones están 
conformadas por representantes del pueblo y expresan las diferencias existentes 
en esa sociedad, el papel del Estado en la educación es difícil de cuestionar. 
Es cierto que el control de la escuela por parte de un Estado autoritario afecta la 
libertad de pensamiento, en tanto transforma esta institución en un espacio de 
adoctrinamiento, de difusión de una única visión de la realidad. 
En cambio, en un Estado democrático, en el que las instituciones están 
conformadas por representantes del pueblo y expresan las diferencias existentes 
en esa sociedad, el papel del Estado en la educación es difícil de cuestionar. 
En este caso, no es un grupo minoritario, sino la misma sociedad –a través de 
representantes– la que decide cómo se organizará el sistema educativo. 
Como por ejemplo que contenidos, qué metodología y qué recursos son 
prioritarios en la enseñanza, cómo se integran las distintas perspectivas y cómo se 
respeta la diversidad de creencias. 
Por otro lado, un sistema democrático permite la creación de instituciones 
educativas privadas, que pueden impartir -además de los contenidos básicos 
acordados por el conjunto de la sociedad- otras enseñanzas que interesen al 
grupo o al sector que sostiene esa institución; por ejemplo, principios religiosos o 
la lengua de una determinada comunidad. 
En general, en los países democráticos contemporáneos hay un ciclo mínimo de 
obligatoriedad de la enseñanza, que se debe cumplir en una institución formal. 
En un contexto democrático, las decisiones sobre la necesidad de un ciclo 
obligatorio y sobre los contenidos que se deben enseñar en las escuelas no son 
arbitrarias. Son el resultado de la discusión y el acuerdo del conjunto de la 
sociedad.