De acuerdo a las reglas del estado de derecho democrático, cada política pública requiere, para su puesta en marcha o para modificar considerableme...

De acuerdo a las reglas del estado de derecho democrático, cada política pública requiere, para su puesta en marcha o para modificar considerablemente su contenido, bases legales aprobadas por la mayoría de las instituciones parlamentarias correspondientes (o por la población directamente vía referéndum). Esta aprobación confiere a la política una legitimidad primaria (diferente de la legitimidad secundaria basada en la valoración que los grupos sociales hagan de sus prestaciones; véase el punto 4.1.6). La forma en que se aprueben dichas bases legales nos informa, en el momento en que se produce, del apoyo político del que goza la política pública en cuestión y gracias al cual los actores mayoritarios pueden, de agotarse todos los demás recursos, imponerse a los grupos sociales minoritarios. Sin embargo, todo observador o actor de una política pública puede comprobar que si bien el parlamento, en un determinado momento, puede que haya aceptado sin muchos contratiempos las bases legales de una política pública, ésta puede atravesar periodos de crisis durante los cuales corre el riesgo, en caso de que el parlamento deba pronunciarse nuevamente sobre el tema, de perder este apoyo mayoritario. Podemos pues distinguir entre la legitimación primaria con la que parte una política de la legitimación de hecho de que dispone esa política en fases posteriores. Lo que denominamos como recurso de «apoyo político» se refiere a este segundo aspecto de la legitimación primaria y consiste en la aceptabilidad potencial de la política pública, a lo largo de las distintas fases de su despliegue, por parte de una mayoría parlamentaria o popular. Es evidente que una política pública puede sufrir intensos cuestionamientos en ciertos momentos de su desarrollo, y ello generalmente se manifiesta en términos de pérdida de consenso en relación con su puesta en práctica. Una política pública puede perder su carácter de aceptable para una mayoría si sus prestaciones y sus productos se cuestionan debido a efectos perversos o no previstos (por ejemplo, la aplicación de la ley federal suiza sobre la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros que ha evidenciado diferencias considerables en su tratamiento de un cantón al otro, véase Delley et al., 1983; o los efectos especulativos que han provocado en España las modificaciones en la legislación del suelo promovidas a principios del nuevo siglo). Puede también darse que el despliegue de la política genere efectos contrarios a sus objetivos (pérdida de coherencia de la política, por ejemplo la sobreproducción agrícola en Europa), que se constaten déficits evidentes en la implementación, o que un cambio de valores o costumbres en el ámbito de intervención de la política en cuestión, la ponga en entredicho (por ejemplo, la penalización del consumo de las drogas denominadas suaves, el reconocimiento jurídico de la convivencia de homosexuales, el aborto o la eutanasia activa). La pérdida efectiva del recurso «apoyo político» puede deberse al debate público de casos individuales (sobre todo en los medios de comunicación) o a través de intervenciones parlamentarias bajo la forma de interpelaciones o mociones que exigen modificaciones a las políticas públicas, particularmente cuando éstas se caracterizan por elevados grados de enfrentamiento ideológico (los debates en España o Francia en